| Por José García Ruminot, senador por la Región de La Araucanía
Expropiación de fondos previsionales
Por José García Ruminot, senador por la Región de La Araucanía
Publicado el: 31/03/2017

Imagen foto_00000002A finales de julio, a raíz de las masivas movilizaciones convocadas por el grupo No+AFP, la Presidente anunció en cadena nacional que iba a conversar con todos los actores posibles para llegar a un acuerdo trasversal por las pensiones, y que las cotizaciones pasarían del 10 al 15% de las remuneraciones. A pesar de la gran cantidad de reuniones que sostuvo la Presidenta, y a la urgencia que da la naturaleza largoplacista del sistema, se mantiene la incertidumbre; aún no hay propuesta del ejecutivo, y ni siquiera tienen acuerdo al interior de su coalición.

 

En el último discurso de 21 de mayo, la Presidente de la República manifestó que pondría suma urgencia al proyecto que crearía la AFP estatal. Esta medida no favorecería a ningún beneficiario de la Pensión Básica Solidaria actual (103 mil pesos), y de ser exitosa, sus resultados se harían visibles en 20, 30 o 40 años. No se volvió a hablar de la AFP estatal y la vuelta al sistema de reparto fue descartada tras los jubilazos de Gendarmería.

 

Los senadores de RN, manifestamos a la Presidente que el pilar solidario debe ser financiado con recursos fiscales, respetando el compromiso que asumió el Gobierno para la aprobación de la reforma tributaria de 2014, y que el 5% de cotización extra debe ir a las cuentas individuales de ahorro, ya que si se destinara al pilar solidario, operaría como un impuesto al trabajo, generando un efecto contrario al deseado; aumentaría el no pago de cotizaciones, la sub cotización y la informalidad en el mundo del trabajo.

 

El delicado escenario fiscal, lamentablemente hace difícil financiar el pilar solidario con fondos estatales ante lo cual el Gobierno estaría barajando la opción de que la cotización adicional destinada a las AFP no sea heredable, para así transferirla a un fondo solidario. Eso es una expropiación. El resto del dinero iría a una administradora estatal, cuyo funcionamiento aún no se ha dado a conocer.

 

El Gobierno debe acabar con la incertidumbre; han generado expectativas y la ciudadanía clama por conocer cómo se van a mejorar sus pensiones. Además el ejecutivo debe velar por la rentabilidad y la seguridad de los fondos, y cuidar la situación del empleo, que se ve sostenida por el empleo por cuenta propia.

 

No podemos permitir que la ilusión generada por el anuncio en cadena nacional se transforme en una nueva frustración.