Uso medicinal de Cannabis: senadores escuchan opiniones a favor y en contra

Escuchar a todo aquel que tenga algo que decir del tema. Con esa política, los integrantes de la Comisión de Salud iniciaron la discusión en general del proyecto en segundo trámite, que modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis, más conocida como marihuana.

En la jornada desarrollada en las dependencias del ex Congreso Nacional en Santiago, se reunieron los actores que están a favor de terminar la criminalización del cultivo de esta hierba que realizan pacientes que la usan con fines medicinales, como así también quienes advierten que, en ningún caso, el cannabis contribuye a la salud, y por el contrario, siempre genera dependencia y un deterioro cognitivo importante.

Entre los primeros, hicieron uso de la palabra representantes de la Fundación Daya, Fundación Mamá Cultiva y el magistrado Lamberto Cisternas. Desde la otra vereda, intervinieron médicos neurólogos y pediátricos, como así también un investigador en el tema. Asimismo se relató la experiencia de la Municipalidad de Valparaíso respecto al uso que realizan de esta hierba, los pacientes adultos mayores.

Cabe consignar que el proyecto busca resolver un problema práctico. Si bien es cierto hoy la legislación permite el uso terapéutico del cannabis, los pacientes que cultivan son perseguidos por las policías, quienes interpretan la siembra y cosecha de dichas cepas como un delito consignado en la Ley 20.000.

En ese sentido, el proyecto introduce precisiones en cuanto a la autorización para el consumo médico. Así plantea que “tratándose de los productos estupefacientes, psicotrópicos y demás substancias que produzcan efectos análogos, que provengan de cualquier especie, subespecie o variedad del género cannabis destinados a la atención de un tratamiento médico, deberán ser prescritos por un profesional de la salud habilitado, mediante la correspondiente receta expedida de conformidad a lo dispuesto en el citado código y reglamentos vigentes”.

Agrega que, la receta recién mencionada, “constituirá autorización suficiente para lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 20.000, cuando especifique las dosis necesarias, el tiempo de duración del tratamiento y corresponda a alguna de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos”.

En ese sentido, el documento describe que “corresponderá al médico tratante fundamentar en su diagnóstico la pertinencia del tratamiento indicado en la receta médica; y que, además, no se considerarán como falsificados los productos naturales derivados de cannabis, siempre que su uso sea prescrito con fines medicinales”.

El primero en intervenir fue el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, quien ha fallado en diversos casos, a favor de los pacientes que utilizan el cannabis. “En lo personal respeto el derecho de las personas el elegir una terapia que los haga sentir mejor. Si una persona tiene acceso a ciertas hierbas y eso le produce buen efecto con respaldo médico, no hay razón para impedir que opten por ello”, comentó.

“Las personas que hoy consumen cannabis por terapia, ven perjudicada su presunción de inocencia porque no hay sistema que las proteja. Este proyecto  establece una fórmula para acreditar el uso medicinal y ello se respete. Lo que se hace acá es separar el cultivo que está destinado a fines terapéuticos, quedando  fuera de la sanción penal”, explicó mostrándose a favor de la propuesta en debate.

Luego, la directora de la Fundación Daya, Ana María Gazmuri se refirió a la experiencia que ha tenido esta organización en más de cinco años ayudando a niños con epilepsia refractaria (patología que no responde a los medicamentos convencionales), cáncer y dolor crónico, mediante derivados de la marihuana.

“En la práctica los pacientes y sus familias son criminalizados aun cuando la ley protege el consumo terapéutico y recreativo personal. Necesitamos dar tranquilidad a las personas que hacen uso de la marihuana no por gusto, sino por necesidad (…) Contamos en todo Chile con una red de especialistas, 49 de los cuales son médicos generales, neurólogos y siquiatras que atienden a más de 25 mil pacientes que requieren esta terapia. De hecho un 36% de los menores con epilepsia tiene refractaria”, describió.

Luego fue el turno del presidente de la Asociación Chilena de Pediatría, el doctor Humberto Soriano, quien aseguró que “la estandarización y el estudio de todos los casos analizados es lo único que sirve para dar testimonio y respaldo a esta ley.  Hoy la cannabis debe investigarse al igual como en el siglo pasado se hizo con el opio que está presente en diversos medicamentos”.

Insistió en que “la medicina debe basarse en evidencia. El consumo del cannabis en niños es perjudicial porque baja el coeficiente intelectual y perjudica el rendimiento académico. Uno de cada 6 adolescentes que fumaron se hicieron adictos. El debate en Chile ha banalizado el uso. Se ha incrementado el consumo escolar de la marihuana en la medida que ha bajado la percepción de riesgo. El aceite de marihuana daña y una ley como esta es perjudicial para la salud”.

Desde la otra vereda, la fundadora de Mamá Cultiva, Paulina Bobadilla relató la experiencia de su hija que fue diagnosticada de pequeña con epilepsia refractaria,  la que por años vio deteriorada su condición física con la medicina convencional hasta que conoció la fundación Daya.

“Sabemos que la marihuana no cura, pero nos permite aliviar la vida de los niños que sufren producto de una enfermedad que les arrebata su paz y tranquilidad con numerosos ataques. Ellos ven cambios favorables en pocos días de comenzar el consumo. Queremos una ley de cultivo seguro”, demandó.

En tanto, la neuróloga Verónica Burón fue enfática en señala que “el día que haya evidencia de los beneficios que produce el cannabis, lo vamos a recetar a nuestros pacientes. Para mí como médico, es imposible prescribir una sustancia de la que no tengo certeza. No sé cuánto estoy dando de Canabidiol, y THC, por tanto no sé qué efectos genera”.

“Debo reconocer que en algunas personas he visto efectos positivos tras el consumo, pero también tengo muchos pacientes que han iniciado la terapia y no ha funcionado. Acá no se trata de estar en contra los pacientes, sino de queremos proteger. Nuestra misión es dar un tratamiento seguro y proteger a toda la población”.

A su vez, la encargada de la línea cannabis de la alcaldía ciudadana de la Municipalidad de Valparaíso, Gissela Johnson reconoció que “en la red de farmacias populares de Valparaíso, un 86% de los usuarios corresponden a adultos mayores que demandan fármacos para el alivio del dolor. Nos preocupa que recurran al mercado negro, por lo que hay un acceso desinformado al cannabis. Además en las visitas domiciliarias que realizan las asistentes sociales, se ha detectado auto cultivo en este segmento”.

Luego el médico de la Fundación Epistemonikos, el doctor Gabriel Rada comentó el rol que ha jugado como investigador en esta materia. “Nos hemos dedicado a recabar experiencia científica con asociaciones aplicando altos estándares en ensayos controlados. La idea es probar si una sustancia tiene efectos terapéuticos.  Acá lo importante es reconocer que puede que la razón la tengan los pacientes que se han beneficiado de esta hierba, o por el contrario, aquellos que la usaron y se hicieron adictos. No nos podemos dar el lujo, de tomar esa decisión hoy porque falta evidencia seria”, planteó.

Finalmente, el neurólogo de la Fundación Daya, Jorge Harán, se refirió a los cambios que busca introducir el proyecto. “Nos parece sumamente necesario que se entregue la debida importancia a la receta médica como medida de resguardo pensando en la incautación de cannabis.  Estoy de acuerdo que la receta debe tener diagnóstico claro, indicar el tipo de cepa prescrita, especificar su formato y la dosis a consumir”, declaró.