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Sesión 4ª, Ordinaria, miércoles 23 de marzo de 2022

Se realizó de 16:12 a 20:46 horas, con la asistencia de 49 senadores. Presidieron la sesión, el senador Álvaro Elizalde, presidente, y la senadora Luz Ebensperger, vicepresidenta. La Secretaría estuvo a cargo del Secretario General del Senado, Raúl Guzmán y el Secretario abogado subrogante, Julio Cámara.

23 de marzo de 2022

CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DEL SENADO

 

Se aprobó la propuesta formulada por el presidente del Senado, respecto de la composición de las Comisiones Permanentes y Especiales, las que quedaron integradas de la siguiente manera:

- Gobierno, Descentralización y Regionalización: Senadores Luz Ebensperger, Manuel Jose Ossandón, Rojo Edwards, Esteban Velásquez y Álvaro Elizalde.

- Relaciones Exteriores: Senadores Jaime Quintana, José Miguel Insulza, Ximena Rincón, Iván Moreira y Francisco Chahuán.

- Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: Senadores Matías Walker, Alfonso De Urresti, Pedro Araya, Luz Ebensperger, y Rodrigo Galilea.

- Economía: Senadores Carmen Gloria Aravena, Loreto Carvajal, José Miguel Durana, Francisco Huenchumilla y Manuel Jose Ossandón.

- Hacienda: Senadores Juan Antonio Coloma, Felipe Kast, Daniel Núñez, José García, y Ricardo Lagos.

- Educación y Cultura: Senadores Yasna Provoste, Jaime Quintana, Fidel Espinoza, Gustavo Sanhueza, y José García.

- Defensa Nacional: Senadores Francisco Huenchumilla, Pedro Araya, Gastón Saavedra, Javier Macaya y Kenneth Pugh.

- Obras Públicas: Senadores Alfonso De Urresti, Jorge Soria, Sergio Gahona, Alejandra Sepúlveda yMaría José Gatica.

- Agricultura: Senadores Carmen Gloria Aravena, Juan Antonio Coloma, Juan Castro, Iván Flores y Alejandra Sepúlveda.

- Medio Ambiente y Bienes Nacionales: Senadores Isabel Allende, José Miguel Durana, Sergio Gahona, Juan Ignacio Latorre y Paulina Núñez.

- Trabajo y Previsión Social: Senadores Luciano Cruz-Coke, Iván Moreira, Gastón Saavedra, Rodrigo Galilea y Loreto Carvajal.

- Salud: Senadores Juan Luis Castro, Francisco Chahuán, Iván Flores, Felipe Kast, y Javier Macaya.

- Minería y Energía: Senadores Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, José Miguel Durana, Rafael Prohens y Esteban Velásquez.

- Vivienda y Urbanismo: Senadores Fidel Espinoza, María José Gatica, Felipe Kast, Claudia Pascual y David Sandoval.

- Transportes y Telecomunicaciones: Senadores.Juan Luis Castro, Iván Flores, Alejandro Kusanovic, Ximena Órdenes y Enrique Van Rysselberghe.

- Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: Senadores Gastón Saavedra, Pedro Araya, Fabiola Campillai, Gastón Saavedra y Gustavo Sanhueza.

- Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: Senadores Fidel Espinoza, Alejandro Kusanovic, Iván Moreira, Daniel Núñez y Jorge Soria.

- Revisora de Cuentas: Senadores José Miguel Durana, Rodrigo Galilea y José Miguel Insulza.

- Ética y Transparencia: Senadores Kenneth Pugh, Luz Ebensperger, Sebastian Keitel, Matías Walker y Fabiola Campillai.

- Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía: Senadores Isabel Allende, Yasna Provoste, Juan Castro, Karim Bianchi y Juan Ignacio Latorre.

- Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes (Infancia): Senadores Manuel Jose Ossandón, Carlos Kuschel, Iván Moreira y Fabiola Campillai.

- Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, Senadores: Claudia Pascual, Isabel Allende, Gustavo Sanhueza y Paulina Núñez.

- Especial del Adulto Mayor, Senadores: David Sandoval, Sebastian Keitel, Esteban Velásquez y Alejandro Kusanovic.

 

PRESIDENCIA DE COMISIÓN

 

La Comisión de Hacienda informó que ha elegido como su presidente, al Senador Juan Antonio Coloma.

 

PRÓRROGA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE EMERGENCIA, EN LAS ZONAS DEL NORTE DEL PAIS QUE SEÑALA

 

Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada por el presidente de la República al Congreso Nacional, ya aprobada por la Cámara de Diputados, para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de Arica y Parinacota, en la Región de Arica y Parinacota, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Arica; la provincia de Tamarugal, en la Región de Tarapacá; y, la provincia de El Loa, en la Región de Antofagasta, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Calama (Boletín Nº S 2.254-14).

 

El artículo 39 de la Constitución Política, faculta la restricción del ejercicio de los derechos y garantías que ésta asegura, sólo bajos las situaciones excepcionales que indica, entre las cuales se contempla el “estado de emergencia”, el cual, conforme lo dispone el artículo 42 de la Constitución, puede ser decretado por el Presidente de la República, en aquellos casos de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, debiendo determinarse las zonas afectadas por dichas circunstancias; y sin que pueda extenderse por más de quince días, sin perjuicio de lo cual, el Presidente de la República puede prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional.

 

En este contexto, con fecha 15 de febrero pasado, el ex presidente de la República, señor Sebastián Piñera, mediante el DS 35/Ministerio del Interior y Seguridad Pública, decretó el estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, determinando como zonas afectadas, las provincias de Arica y Parinacota, en la Región de Arica y Parinacota, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Arica; la provincia de Tamarugal, en la Región de Tarapacá; y, la provincia de El Loa, en la Región de Antofagasta, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Calama.

 

En dicho decreto se fundamenta la medida excepcional señalando que, “el control de las fronteras en materia migratoria y su protección contra el crimen organizado transnacional, dedicado al tráfico de migrantes y la trata de personas es un problema que guarda relación tanto con la seguridad interna, como con la defensa nacional, …”. “De esta manera, la Política de Defensa Nacional de Chile, califica de amenazas de tipo híbridas a los flujos migratorios no regulados y el crimen organizado transnacional, respecto de las cuales las Fuerzas Armadas contribuyen a la Política Exterior de Chile mediante acciones tales como “el intercambio de información” con organismos nacionales e internacionales y “el control de fronteras”.”.

 

Señala además que, “…de igual manera, al desconocerse la identidad de las personas que ingresan clandestinamente las policías no pueden ejercer adecuadamente el control migratorio y de orden público que les corresponde, lo que afecta seriamente el orden público y pone en riesgo la seguridad de la Nación, frente a lo cual el Estado debe asegurar la integridad, seguridad y tranquilidad de sus habitantes, requiriéndose de medidas extraordinarias orientadas a la protección de las personas y sus bienes.”.

 

En virtud de todo lo cual, señala el referido decreto supremo, se hace necesaria la dictación del correspondiente estado de excepción constitucional.

 

Posteriormente, mediante el decreto supremo del Ministerio del Interior N° 40, de fecha 24 de febrero pasado, se prorrogó el estado de excepción constitucional de emergencia, en las mismas zonas, por un plazo adicional de 15 días, a contar del vencimiento del período previsto en el primer decreto ya individualizado.

 

Con fecha 11 de marzo en curso, mediante el oficio GAB PRES N° 366, el Presidente de la República, Gabriel Boric, dando cumplimiento al artículo 42 de la Constitución Política, ha solicitado al Congreso Nacional su autorización para prorrogar el referido estado de excepción, señalando que éste “…ha permitido disponer de medidas para asegurar la integridad, seguridad y tranquilidad de los habitantes de las zonas fronterizas y ha contribuido a la protección de las personas migrantes y refugiadas que han ingresado al territorio nacional.”. En virtud de la autorización otorgada, mediante el en virtud decreto supremo N° 138, de 16 de marzo de 2022, se prorrogó por 15 días más el referido estado de excepción.

 

En esta ocasión, mediante el oficio GAB PRES N° 381, del 22 de marzo en curso, el Presidente de la República, ha solicitado una nueva prorroga de dicho estado de excepción, a partir del 1° de abril, y por 15 días más, “…con el fin de adoptar, en el más breve plazo, medidas que apunten a la gestión de una migración segura, ordenada y regular que proteja la seguridad, dignidad y derechos humanos de todas las personas que habitan el país, considerando particularmente las necesidades de las comunidades de acogida.”.

 

Previa a la discusión y votación de la solicitud, hizo uso de la palabra el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien junto con señalar que no habrá más solicitudes de prórrogas del estado de excepción, anunció reuniones con autoridades y representantes de las zonas de las regiones del norte, afectadas por las situaciones migratorias en la zona, a objeto de dar a conocer los planes del Gobierno en la materia.

 

Intervinieron los senadores José Miguel Durana, Luz Ebensperger, Esteban Velásquez, José García, Paulina Núñez, Alejandro Kusanovic, Yasna Provoste, Alejandra Sepúlveda, Kenneth Pugh, Felipe Kast, Francisco Chahuán, Matías Walker y David Sandoval.

 

En consecuencia, procede comunicar al presidente de la República, el acuerdo otorgado por el Congreso Nacional a la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en el territorio señalado.

 

AJUSTA SUBSIDIO GENERADO POR EL MECANISMO DE ESTABILIZACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES (MEPCO)

 

Por unanimidad, se aprobó en general y en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que extiende la cobertura del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, creado por la ley N° 20.765 (Boletín N° 14.851-05). Con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

 

El proyecto de ley, iniciado en mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto hacer frente al fuerte incremento que ha experimentado el precio del petróleo en los últimos meses, el cual, agudizado por la invasión de Rusia a Ucrania, se ha incrementado en más de un 30%, con una alta volatilidad, llegando en algunos días a aumentos de más del 60% de los valores observados a principios de año, situación que provoca graves consecuencias para la economía del país; y que hace urgente implementar una fórmula que permita lograr un efecto estabilizador en los precios internos de los combustibles, permitiendo así, contener las fluctuaciones de precios que enfrentan las familias chilenas.

 

Con este mismo propósito, en el año 2014, mediante la ley N°20.765, se creó un Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) que opera sobre la base de incrementos o rebajas a las tasas impositivas de los impuestos específicos a los combustibles establecidos en la ley Nº18.502, concretamente al componente variable, que se incorpora para el cálculo de dichos impuestos, de modo tal que, conforme la aplicación de la fórmula que se estableció en dicha ley, y las fluctuaciones del componente variable, los impuestos pueden bajar, y consecuentemente, los precios de los combustibles.

 

Sin embargo, esta baja en la tasa impositiva se traduce en una merma en la recaudación fiscal, razón por la cual en la misma ley se estableció un monto máximo de perdida que hace que el mecanismo de estabilización sea fiscalmente sustentable, y que correspondía a la suma equivalente, en pesos, a US$ 500 millones, de modo que, al momento que se acumule una diferencia en recaudación respecto a la que se obtendría de no operar el MEPCO, el componente variable del impuesto específico se llevará gradualmente hasta cero, dejando de operar el sistema.

 

Fue la amenaza de concretarse esta última situación, debido al aumento del precio del petróleo y sus derivados durante el año 2021, que en la Ley N°21.420 de 2022 incrementó el límite definido para la operación del Mecanismo, de US$500 millones a US$750 millones.

 

Sin embargo, el ajuste antedicho se ha vuelto insuficiente ante las nuevas fluctuaciones de los combustibles en el mercado internacional; de hecho, desde el inicio del periodo de funcionamiento del Mecanismo hasta febrero de 2022, el menor recaudo del MEPCO acumula un monto de US$610 millones, cifra que de acuerdo con las estimaciones internas, el techo de US$750 millones que contempla actualmente la ley se podría superar a fines de marzo o principios de abril de este año, por lo cual el precio de los combustibles debería converger, en un plazo menor a 12 semanas, al nivel que tendría si no estuviera operando el MEPCO, lo que para las gasolinas de 93 y 97 octanos podría traducirse en alzas de al menos $250 por litro.

 

Para evitar lo anterior, y en línea con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de buscar formas para suavizar el alza de los precios de energía, se vuelve necesario establecer un límite máximo adecuado para los próximos años, que evite que la inflación futura lo desactualice rápidamente y permita al Mecanismo mantener una trayectoria que contenga los movimientos de los precios de los combustibles que enfrentan las familias chilenas.

 

Contenido del proyecto de ley

- Se introduce una modificación al techo máximo de subsidio desde la entrada en vigencia del MEPCO hasta la fecha, pasando de US$750 millones a US$1.500 millones, lo que permitirá mantener un techo adecuado por los próximos años, sin que la inflación futura lo desactualice rápidamente, y permitiendo al mecanismo mantener una trayectoria contenida en los movimientos de los precios de los combustibles que enfrentan las familias chilenas.

 

Intervinieron los senadores Juan Antonio Coloma, Iván Flores, José García, Daniel Núñez, David Sandoval, Ximena Rincón, Yasna Provoste, Iván Moreira, Gastón Saavedra, Rojo Edwards, Sergio Gahona, Carmen Gloria Aravena, Gustavo Sanhueza, Isabel Allende, Alejandro Kusanovic, José Miguel Durana, Francisco Chahuán, Karim Bianchi y Alfonso De Urresti.

 

En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados para que ésta comunique al Ejecutivo su aprobación por el Congreso Nacional.

 

SOBRE ACOSO SEXUAL

 

Por unanimidad se aprobó en particular, el proyecto de ley en primer trámite constitucional, sobre acoso sexual (Boletín N° 11.907-17).

 

El proyecto de ley, iniciado en moción de las senadoras Isabel Allende, Ximena Órdenes y Ximena Rincón, del senador Juan Ignacio Latorre, y de la exsenadora Adriana Muñoz, tiene por objeto sancionar penalmente, como complemento de la normativa laboral, la conducta de acoso sexual en el ámbito de relaciones de trabajo, educacionales o docentes, militares, deportivas, de prestación de servicios, de subordinación o en el cumplimiento de funciones públicas.

 

Contenido del proyecto de ley:

- Modifica una de las conductas propias del delito de prevaricación, precisando que incurren en esta los miembros de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales y los fiscales judiciales cuando soliciten o exijan la realización de un acto de connotación sexual a una persona imputada o que litigue ante ellos, eliminando las expresiones vagas actualmente utilizadas.

- Sanciona, en el delito de abusos contra particulares, al empleado público que solicite o exija la realización de un acto de connotación sexual a persona que tenga solicitudes pendientes de su resolución o acerca de las cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su superior.

- Modifica el tipo penal aplicable en aquellos casos en que el sujeto pasivo fuere una persona sujeta a guarda del empleado público en razón de su cargo.

- Sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días), al que, prevaliéndose de su posición en el ámbito de una relación laboral, educacional, militar o policial, deportiva, de prestación de servicios u otra análoga, de relación jerárquica o desigualdad de grado, solicitare o exigiere un acto de connotación sexual, sin mediar consentimiento de la víctima, capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante, para sí o para un tercero.

- Aumenta la pena en el caso anterior, a presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años), cuando la solicitación o exigencia de un acto de connotación sexual se realizare como condición para experimentar una mejora o para no sufrir un menoscabo en su evaluación o situación actual, o para evitar el despido, aun cuando no llegare a concretarse.

- Elimina para la tipificación del acoso sexual, la exigencia que las conductas que lo constituyen se realicen en lugares públicos o de libre acceso público.

- Dispone que comete acoso sexual el que realizare, sin mediar consentimiento de la víctima, un acto de connotación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante y que no constituya una falta o delito al que se imponga una pena más grave, y que consistiere en:

1.- Actos de carácter verbal o, ejecutados por medio de gestos. En este caso se impondrá́ la pena de prisión en su grado mínimo o multa de 1 a 3 UTM; o

2.- Conductas consistentes en acercamientos o persecuciones, o actos de exhibicionismo de contenido sexual explícito. En cualquiera de estos casos se impondrá́ la pena de prisión en su grado medio a máximo y multa de 5 a 10 UTM.

 

Intervinieron las senadoras Isabel Allende, Claudia Pascual y Paulina Núñez; y el Senador Gustavo Sanhueza.

 

En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

 

HOMENAJE

 

El senador Francisco Chahuán rindió un homenaje a la memoria del destacado empresario textil y deportista, don Espir Aguad Abusada, fallecido el 6 de febrero del presente año.

 

INCIDENTES

 

Durante la hora de incidentes, hicieron uso de la palabra, para referirse a diversos temas de relevancia nacional o de sus circunscripciones:

El senador FIDEL ESPINOZA, solicito diversos oficios sobre las siguientes materias:

Al Ministerio de Educación para que informe sobre la situación del CFT de Llanquihue, el que se ha visto afectado en su desarrollo, por una mala gestión de su rector, sin que se hayan iniciado las obras de construcción del Centro, afectando las posibilidades de formación de los jóvenes de la zona;

A la JUNJI, denunciando la situación que afecta al Jardín Infantil “el Centro del Chucao” de la localidad de Chaitén, en donde se habría designado, por parte de la dirección nacional de la Junji, a una dirigente gremial que tiene 44 horas gremiales, lo que, sin perjuicio del derecho a la actuación de los gremios, ello impedirá que pueda dedicarse a la atención de los niños y niñas de la zona, que requiere una particular preocupación, atendidas las complejidades tanto climáticas como geográficas de la región.

Finalmente, expresó su pesar por el deceso, en los últimos días, de cuatro ilustres ciudadanos de la Región de Los lagos: la ex concejala de Chaitén y matrona señora Lilian Soto Guerrero; de don Adrián Villaroel Velásquez, destacado militante socialista y folclorista de Calbuco; María Otilia Alvarado Benavides, una esforzada madre y dirigente social de la zona de Río Negro; y de don Javier Oliva Ángel, destacado dirigente campesino de la zona de Purranque y Fresia.

 

La senadora YASNA PROVOSTE manifestó su preocupación por las situaciones que les han compartido personas que conforman las comunidades educativas de distintos establecimientos educacionales de la Región de Atacama, referidos a problemas graves que han debido enfrentar, en lo que va del mes de marzo, relacionados con situaciones de convivencias al interior de los mismos, falta de movilización pública para llegar a los mismos, o poca claridad respecto de los protocolos de retorno a la presencialidad en las clases, entre otros temas, los que constituyen algunos de los graves problemas que enfrenta la educación pública, tanto en los servicios locales del Huasco como  en los de Atacama.

En términos generales efectuó una reflexiva enumeración de los problemas, de protocolos y de infraestructura que están afectando a diversos establecimientos escolares de la Región de Atacama, lo que está dificultando o retrasando el correcto desarrollo de las clases, o simplemente impidiendo que ello se inicie y, lo que es más grave, a los programas de alimentación escolar. Por todo ello solicitó oficiar a diversas autoridades a objeto que se informe sobre los planes de manejo de estas situaciones y sus prontas soluciones.

 

La senadora ALEJANDRA SEPÚLVEDA expreso su preocupación por la situación, que afecta a la Escuela “Cardenal Raúl Silva Enríquez”, en la comuna de Litueche, Región de O’Higgins, en donde, conforme lo que le expresaran los padres y apoderados de la mismas, no se están dando las condiciones mínimas para su funcionamiento, al no contar con la infraestructura mobiliaria necesaria para que los niños y niñas puedan asistir a clases, ni tampoco puedan recibir alimentación como corresponde, dado que los comedores se encuentran inhabilitados, sin inmobiliario; además de problemas sanitarios por la insuficiencia y mal estado de los baños. Situación señaló, se replica en diversos establecimientos escolares de la zona. Potr todo ello solicitó oficiar al Ministerio de Educación para que informe sobre las medidas que se implementarán para poner pronta solución a estos problemas, así como también las acciones que realizará el sostenedor de estas escuelas que es el DAEM de Litueche.

En otro tema, solicitó oficiar a la Dirección de Obras Hidráulicas, respecto de la situación de la APR “El Soldado, de la misma comuna de Litueche, que abastece a 50 familias usuarias, el que no sólo estaría disminuyendo su capacidad hídrica sino que, además, el agua presenta uin problema de PH.

 

El senador KENNETH PUGH expresó la necesidad general de efectuar periódicas revisiones de la calidad de las leyes, y en este contexto efectuó un extenso y acabo análisis de la situación de la Ley N° 16.258, de 1965, que creo los Fondos de revalorización de pensiones y de auxilio social, además de la Comisión Revalorizadora de pensiones de la Defensa Nacional, respecto de lo cual solicitó oficiar al vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional para que informe cual es la estimación de tiempo que tiene la Caja para poder seguir aplicando esta ley, atendido que, conforme sucesivas modificaciones de la misma han ido restringiendo su operatividad.

 

 

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