Agilizar la tramitación del proyecto de concesiones

En nuestro país existen cuatro subsistemas eléctricos: el del Norte Grande, que es principalmente Tarapacá y Antofagasta; el Sistema Central, y los dos subsistemas de Coyhaique y el de Magallanes.

El concepto de “concesión eléctrica” no es un unívoco, sino que admite modalidad o tipos diversos, según su objeto, creando derechos y obligaciones para un particular que difieren conforme al tipo de actividad de que se trata. Así, la clase de concesión que se conceda otorgará a su titular el derecho a establecer centrales productoras de energía eléctrica o subestaciones y líneas de transporte de dicha energía, o establecer, operar y explotar las instalaciones de servicio público de distribución. A su turno, el acto administrativo concesional impondrá a su titular ciertas obligaciones que se desprenden de su sujeción a la  normativa eléctrica.

Uno de los problemas más serios que tiene Chile es, sin duda, la falta de energía y el alto valor que esta tiene, situación que ha sido reafirmada por todos los invitados que en la Comisión de Minería y Energía tuvo con motivo de este proyecto.

Estos dos problemas tienen su causa en el retraso y en el rechazo de varios proyectos, no solo térmicos sino también hídricos y de energías renovables. Pero, además -y este es justamente el objetivo de este proyecto-, es porque la generación de energía eléctrica suele no estar en el lugar de mayor consumo, necesitando ser transportada por líneas que no existen o que no son capaces de conducir la energía que se necesita.

Pero aquí se presenta un conflicto potencial. Ello porque, por un lado, la concesión eléctrica es un instrumento esencial para el desarrollo de las actividades relacionadas con la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica, y para su funcionamiento esta no puede prescindir de la imposición de servidumbres para determinados trazados y terrenos, y por otro, los particulares propietarios de los predios que resultan gravados con las eventuales servidumbres administrativas forzosas, cuya constitución se desprende del acto concesional eléctrico, ostentan derechos que deben ser también cautelados. Ante este conflicto, el ordenamiento debe velar por que el procedimiento concesional otorgue garantías a todas las partes y de él emane una correcta tasación de los costos que irroga la imposición de la servidumbre eléctrica, de modo de resguardar que los perjuicios ocasionados sean oportuna y eficazmente resarcidos.

Todo esto también cuidando el interés común, que estos procesos no se eternicen, como está ocurriendo hoy día y es lo que ha hecho obligatorio para este Gobierno enviar este proyecto.

En la actual realidad energética el valor de la energía puede llegar a ser el doble en un extremo del Sistema Interconectado Central y la mitad en la otra punta. Es así como la energía en la Octava Región llega a costar entre 50 y 70 dólares el mega, mientras que en Regiones como Atacama, que es la Región que represento en este Senado, alcanza 200 dólares y más el mega, incluso llegando hasta 260 y 270 en el año pasado.

Hay sectores en el país que tienen en este minuto un serio problema de “cuello de botella” para poder transmitir la energía. Y es así que, a modo de ejemplo, al sur de Charrúa se cuenta con una capacidad de generación eléctrica del orden de los 3 mil 600 megas, y la demanda local es solo de 900 mega. Así, la energía exportable hacia el norte sería de unos 2 mil 700.

Lamentablemente, y producto de la falta de líneas o de líneas que no son capaces de poder transportar la energía sobrante, quedan entonces mil 170 megas que no pueden ser transferidos a pesar de su necesidad en el norte del país.

 La actual situación está produciendo hoy problemas serios en distintos proyectos productivos. Además, podemos ver cómo los costos de la energía en la minería del cobre respecto de Argentina, Brasil, México, Perú y el resto del mundo son realmente muchos mayores y en forma artificial, porque responden más bien a una falta de líneas de transmisión.

A partir del año 2014, el atraso de la puesta en servicio de la línea Ancoa-Alto Jahuel implicará enfrentar un nivel de precios no competitivos en la zona central del Sistema Interconectado. De mantenerse esta situación no podrán efectuarse a tiempo las inversiones en transmisión, como sería el caso de las líneas que van de Santiago al norte. Un atraso en la ejecución de este proyecto tendrá un efecto directo en la competitividad de precios de energía en la zona norte.

Si a todo esto le sumamos que se ha proyectado por técnicos un crecimiento de la demanda de un 5,9% de la energía anual, lo que aumentará los requerimientos de suministro en cerca de 100 mil gigas adicionales para el 2030 (hoy en Chile hay unos 62 mil gigas), se concluye que Chile necesita más energía y energía más barata y limpia para ser competitiva. Y por eso que es fundamental disponer de un sistema de transmisión seguro, sin “cuellos de botella”, que permita llevar la energía desde lugares en que se produce a donde se consume sin estos problemas.

El proyecto sobre concesiones eléctricas va en la línea correcta para permitir agilizar la transmisión de concesiones y servidumbres requeridas para la materialización de las líneas, cumpliendo, por supuesto, con toda la legislación vigente. Acorta los plazos y no vulnera los derechos.

Hoy día en la legislación vigente se establece un plazo de 120 días para obtener una concesión, pero en la práctica, el promedio de esto ha llegado a los 700 días. La causa de estas demoras son principalmente dos: la primera, la notificaciones, especialmente cuando los dueños son variados, y la segunda, las negociaciones y tiempo extra que toma la entrada al predio para la construcción de las obras.

Este proyecto de ley tiene por objeto facilitar el acceso a los terrenos a un justo precio; aportar a la resolución de los conflictos; disminuir los riegos de los proyectos; redundar en menores costos de la energía, y mejorar la seguridad global del sistema.

La Comisión de Minería y Energía, que presido, coincide -y así lo han hecho todas las personas que han asistido a ella- en la urgencia y en la necesidad de abordar de este problema, que no solo es económico, sino que también es de una importante generación de empleos, que hoy día no se están pudiendo hacer producto de la suspensión de estos proyectos.