Analizan fortalecer regulación post empleo en proyecto sobre probidad en función pública

Continuando con el debate de la idea de legislar del proyecto, en segundo trámite, sobre probidad en la función pública, la Comisión de Gobierno abordó mejorar la regulación de aquellos funcionarios públicos que se desempeñaron en cargos sensibles como fiscalización y que luego, laboran en el sector privado.

Así lo explicó el presidente accidental de la instancia, senador Hosaín Sabag, quien agregó que a la Comisión expusieron el presidente del Consejo de la Transparencia, Alejandro Ferreiro y el fiscal del Banco Central, Miguel Ángel Nacrur.

En ese sentido, el legislador comentó que “escuchamos al fiscal del Banco Central, quien entregó la opinión de dicha entidad sobre el texto legal. Él sostuvo que, en general, están de acuerdo con todas las modificaciones que se están haciendo en la Ley de Probidad. Pero objetó una modificación que se realiza a la Ley Orgánica del Banco Central y que prohíbe a los consejeros participar en organizaciones sociales sin fines de lucro”.  

Añadió que “el representante del Banco Central indicó que dicha disposición lo considera un exceso. Naturalmente, dichas apreciaciones las tendremos presente cuando votaremos el articulado primero en la Comisión de Gobierno y luego, en la Sala”.

REGULACIÓN

A su vez, el presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, señaló que en general “nos parece correcto este proyecto de ley, porque regula de mejor manera la obligación de declarar bienes de intereses, y se obliga también a una actualización de ambas declaraciones”.

Recordó que “antes estas declaraciones se depositaban e iban a la Contraloría General de la República, pero el acceso público al contenido de éstas era muy dificultuosa. Hoy se hace transparencia respecto de las declaraciones que era todo el sentido que ellas tenían”.

Agregó que “durante la sesión, hicimos observaciones técnicas menores de perfeccionamiento a este texto legal.  Echamos de menos un tema que todavía no está regulado y tiene que ver con la fiscalización de post empleo o “puerta giratoria”. Es decir, las personas deberán tener provisiones especiales, cuando realizan funciones sensibles, de regulación o fiscalización del ámbito privado, y luego dejan la actividad pública y se incorporan laboralmente al sector privado que previamente supervisaron”.

Precisó que “en la actualidad, nuestro país cuenta con una regulación muy frágil que establece seis meses de prohibición, pero sin sanciones efectivas, con lo cual esa materia en el campo de la probidad, a nuestro juicio está pendiente. No está en las ideas matrices del proyecto, pero queremos que sobre esa materia se pueda avanzar, con el fin de evitar que las personas confundan la función pública con la privada”.