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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 366ª
Sesión 11ª, en miércoles 18 de abril de 2018
Ordinaria
(De 16:16 a 19:38)
PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrió, además, el Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Nicolás Monckeberg Díaz.
Asimismo, se encontraban presentes el Asesor Jurídico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Manuel José Errázuriz Tagle, y el Coordinador Legislativo del Ministerio del Trabajo, señor Francisco del Río.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 21 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor MONTES (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 8ª y 9ª, ordinarias, en 10 y 11 de abril del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor MONTES (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
De Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el que ha resuelto retirar la solicitud de acuerdo del Senado para nombrar Directores de la Empresa Televisión Nacional de Chile a los señores Sebastián Guerrero Valenzuela, Jorge Juan Pedro Saint-Jean Domic y Gonzalo Rodrigo Cordero Mendoza, por el periodo que indica (boletín (N° S 1.972-05).
--Se toma conocimiento y se manda devolver los antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 25 y 27 de este mes para dirigirse a la República Argentina, en visita oficial, y a la República Federativa de Brasil, en visita de Estado.
Informa que durante su ausencia será subrogado por el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública con el título de Vicepresidente de la República.
--Se toma conocimiento.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que esa Corporación accedió a la solicitud del Senado para proceder al archivo de los siguientes proyectos de ley:

1.- El que establece normas para asegurar el derecho a la no discriminación de los usuarios y consumidores en las operaciones de crédito (boletín Nº 2.987-03).

2.- El que modifica la ley N° 19.496 y el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, de Hacienda, con el fin de establecer la obligación para bancos e instituciones financieras de fundar por escrito la negativa a una solicitud de crédito (boletín Nº 3.814-03).

3.- El que modifica la ley N° 19.496, sobre protección al consumidor, estableciendo la obligación de informar la tasa anual equivalente (TAE), en operaciones de crédito (boletín Nº 4.730-03).

4.- El que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, respecto de las facultades del Servicio Nacional del Consumidor, y el que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, estableciendo que la denuncia ante el Servicio Nacional del Consumidor interrumpe el plazo para presentar acciones judiciales (boletines N° 6.973-03 y N° 7.047-03, refundidos).

El señor MONTES (Presidente).- Es conveniente que Sus Señorías los vean, pues se trata de varios proyectos importantes que se van a archivar, con acuerdo de la Cámara de Diputados, y que estaban radicados en la Comisión de Economía, fundamentalmente.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Con el segundo oficio la Cámara de Diputados señala que no accedió a la solicitud del Senado para archivar el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de rotulación en alimentos transgénicos (boletín N° 3.818-11).
--Se toma conocimiento, se manda agregar a sus antecedentes y se devuelve el proyecto a la Comisión de Salud.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, y artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798, que establece el control de armas.
-Artículos 11; 24, inciso primero; 110, 111, 318, 320, 322; 351, inciso primero; 457, 459, 464, 481, 482, 485, 486, 488, 496, 497; 527, inciso primero, y 528, inciso primero, del Código de Procedimiento Penal.
-Artículo 403 ter del Código Penal.
-Inciso primero del artículo 4° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
-Artículo 195, incisos segundo y tercero, y artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la ley N° 18.290, de Tránsito.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor MONTES (Presidente).- Son temas bien importantes que sería bueno que la Comisión evaluara.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Se han recibido, además, los siguientes dos oficios:
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Contesta solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor Navarro, acerca de instituciones localizadas en zonas de riesgo de inundación en el país.
Del señor Director Nacional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero:
Responde petición, expedida en nombre del Senador señor De Urresti, sobre fiscalizaciones realizadas por la Municipalidad de Valdivia en sector individualizado de esa comuna.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, e informes de la Comisión de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento y de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (boletín N° 10.482-21) (con urgencia calificada de "simple").
Informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios (boletín N° 11.288-06).
--Quedan para tabla.

El señor MONTES (Presidente).- El proyecto correspondiente al SERNAPESCA será puesto en la tabla de la sesión del 2 de mayo.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Continúo con la lectura de la Cuenta, señor Presidente:
Moción
De los Senadores señora Goic y señor Sandoval, señora Muñoz y señores Chahuán y Quinteros, con la que inician un proyecto de reforma al Reglamento del Senado para crear una Comisión Especial del Adulto Mayor, Familia y Discapacidad, para la tramitación de las iniciativas legales relativas a dichas materias (boletín Nº S 1.975-09).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Solicitud de desarchivo
Del Senador señor Navarro, con la que solicita el desarchivo del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza con el fin de regular la revalidación de títulos y grados académicos y la convalidación de estudios realizados en el extranjero (boletín N° 5.513-04).
--Se accede a lo solicitado, volviendo el proyecto al estado en que se encontraba al momento de archivarse, de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 36 bis del Reglamento del Senado.
En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados para niños y niñas en situación de discapacidad (boletín N° 9.701-14).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Con el segundo comunica que, respecto de la solicitud del Senado para archivar las iniciativas de ley que se indican, acordó consultar a Su Excelencia el Presidente de la República, quien manifestó su intención de perseverar en la tramitación de tales proyectos, que son:

1.- El que establece el sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal (boletín Nº 8.189-04).

2.- El que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público (boletín N° 8.335-24).
--Se toma conocimiento, se manda agregar a sus antecedentes y se devuelven los proyectos a la Comisión de Educación y Cultura.

El señor MONTES (Presidente).- Respecto del proyecto número 1, el fundamento para solicitar su archivo fue que ya se había legislado sobre la materia en la ley sobre carrera docente.
Por lo tanto, sería bueno que la Comisión de Educación revisara el asunto.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- El último documento que figura en la Cuenta agregada es el siguiente:
Solicitud de permiso constitucional:
De la Senadora señora Goic, para ausentarse del país a contar del próximo 25 de abril.
--Se accede a lo solicitado.
El señor MONTES (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en mi calidad de miembro de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y en virtud del acuerdo a que arribó dicha instancia en su sesión de hoy, vengo en solicitar a la Sala, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la refundición de 24 iniciativas legales, todas modificatorias de la Ley de Tránsito y en primer trámite constitucional, cuya discusión se halla pendiente en dicho organismo.
Hago presente que el listado de proyectos se encuentra en la Mesa de la Corporación, a disposición de los Honorables señores Senadores, en caso de que deseen conocer su contenido específico.
La refundición se pide por una cuestión de economía procesal, de modo de generar un solo cuerpo legal modificatorio de la Ley de Tránsito.

El señor MONTES (Presidente).- La solicitud parece bastante razonable, dado que todas las iniciativas tienen que ver con las mismas materias y modifican las mismas disposiciones.
Por lo tanto, si no hay objeción, se procederá en la forma propuesta.
--Se accede a la refundición solicitada.


RENOVACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE ACTUAL EDECÁN DEL SENADO

El señor MONTES (Presidente).- Por otra parte, de conformidad con la facultad que me entrega el inciso tercero del artículo 12 del Reglamento del Personal de la Corporación, y después de haberlo conversado y concordado con los jefes de bancada, propongo a la Sala la renovación, por un año, del nombramiento como Edecán del Senado del Capitán de Navío en retiro señor Roberto Berardi Gaete.
--Así se acuerda.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa una solicitud de la Comisión Especial de Zonas Extremas para modificar un acuerdo anterior de la Sala, con el objeto de que el proyecto de ley que prohíbe y sustituye las bolsas de polietileno y otros polímeros artificiales no biodegradables en la Patagonia chilena, radicado en el referido organismo, sea conocido en su segundo informe por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, la proposición provino de Senadores de la propia región, y yo la agradezco, porque me parece de toda razón y justificación, pues ya estamos viendo el tema en la Comisión de Medio Ambiente. De hecho, ayer asistió a ella la Ministra del ramo y estuvimos analizando la situación.
Para ilustrar bien a la Sala, debo aclarar que la idea es refundir las distintas mociones existentes sobre la materia, que son varias, incluida una que viene de la Cámara de Diputados. Y la Ministra va a trabajar una indicación sustitutiva que considerará todas las iniciativas ya presentadas o en tramitación y que vamos a discutir el primer martes después de la semana regional.
Dejo constancia, señor Presidente, para que la Mesa lo tome en cuenta, de que el objetivo es lograr un texto que recoja -tal es el compromiso que adquirió la señora Ministra- el mejor aporte de cada una de las diversas mociones, a fin de darle al asunto la tramitación que se requiere.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Usted desea fundamentar la solicitud, Senador Durana?

El señor DURANA.- Sí, señor Presidente.
Quiero mencionar que el acuerdo fue adoptado por todos los componentes de la Comisión de Zonas Extremas.
Y comparto lo dicho por la Senadora Allende en cuanto a que se van a recoger todas las opiniones, de tal manera que en la historia de la ley no quede absolutamente nadie fuera de la propuesta.
Eso es todo, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Bien.
Entonces, si le parece a la Sala, se acogería la solicitud de la Comisión de Zonas Extremas en orden a que el proyecto pase a la Comisión de Medio Ambiente para su segundo informe y se fusione con otras iniciativas presentadas sobre la misma materia.
Así se acuerda.
Pasamos al Orden del Día.
V. ORDEN DEL DÍA



EJECUCIÓN MUNICIPAL DIRECTA DE OBRAS PROVISORIAS DE EMERGENCIA EN ACERAS Y CALZADAS


El señor MONTES (Presidente).- En primer lugar, corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.288-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 87ª, en 6 de marzo de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 11ª, en 18 de abril de 2018.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es permitir que los municipios ejecuten obras provisorias de emergencia en forma inmediata, tratándose de reparaciones urgentes de aceras y calzadas, a fin de hacer más eficiente y expedita la realización de las mismas.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Aravena y señores Montes, Navarro, Sandoval y Soria, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.


El señor MONTES (Presidente).- En la discusión general, le doy la palabra al Senador señor Navarro, para que, como Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, explique lo fundamental de la iniciativa,

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta es una moción originada en la Cámara Baja por los Diputados Jenny Álvarez, Maya Fernández, René Manuel García, Carlos Abel Jarpa, Iván Norambuena, Alejandra Sepúlveda y Leonardo Soto, y los ex Diputados Claudio Arriagada, Guillermo Ceroni y Jaime Pilowsky.
Su texto dice relación con un hecho esencial: una resolución de la Contraloría que sancionó a los municipios por haber desarrollado obras de reparación de pavimentos. La Entidad Fiscalizadora los reprochó por haber efectuado gastos y utilizado funcionarios para reparar pavimentos rotos que causaban graves perjuicios. Cabe señalar que las municipalidades han recibido múltiples demandas civiles que en algunos casos superan los 60 millones de pesos,
La legislación actual solo las obliga a señalizar el bache. Si existe uno en una calle (sea de pavimento, asfalto u otro material), la ley obliga a los municipios a señalizarlo. Sin embargo, cuando han cumplido con esta obligación pero alguien ha retirado la señalética y se han producido accidentes, con daños para los vehículos, los tribunales les han dado la razón a los automovilistas y, como consecuencia, los municipios han tenido que enfrentar demandas civiles de alto costo.
Parece absolutamente absurdo que solo se los obligue a señalizar y que, en caso de ocurrir un accidente producto del bache, cuyo arreglo es responsabilidad del SERVIU, los municipios tengan que pagar, a pesar de estar impedidos de reparar el pavimento.
Por ello, el proyecto permite que, en situaciones extraordinarias, calificadas y siempre que la intervención no supere los 50 metros cuadrados, los municipios puedan proceder a la reparación, sea a través de terceros o con personal propio.
Esto fue consultado con las dos asociaciones de municipalidades que hay en Chile, con el propio SERVIU y con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y existe consenso en que aquella es una facultad que se debe entregar a los municipios.
En la Comisión se dio un amplio debate para determinar quién debe pagar. La iniciativa no involucra costo, pues, de lo contrario, sería declarada inadmisible. Las municipalidades y los exalcaldes que hoy están en el Senado, algunos de ellos muy destacados, manifestaron que la experiencia indica que cuando los municipios asumen dicho gasto, el Estado no se los devuelve, y que el Parlamento, en su conjunto, ha aprobado muchas leyes -comparto esta apreciación- sin financiamiento y responsabilizando a los cuerpos edilicios de acciones que les significan un gravamen sobre sus ingresos y recursos.
El Senador Quintana me ha planteado la situación concreta y real de que municipios pequeños, teniendo la facultad que se entrega mediante el presente proyecto de ley, sean presionados para realizar acciones de reparación sin contar con los recursos necesarios. O sea, la normativa podría derivar en que, más que presionar al SERVIU, se termine presionando a los municipios para que cumplan una labor que es propia de esa entidad.
Lo concreto es que actualmente ni el Servicio de Vivienda y Urbanización ni los municipios lo pueden hacer, y a veces pasan largos meses sin que los hoyos sean reparados.
Si el Ejecutivo comparte el objetivo de esta moción, claramente se debe avanzar en una fórmula de financiamiento que permita la reparación por parte de los municipios en casos debidamente calificados, urgentes y que representen un grave riesgo para los vehículos o también para las personas, puesto que son personas quienes van arriba de ellos. Cabe recordar, además, que los municipios son responsables por los accidentes que estas sufran debido al mal estado de las aceras. De hecho, varios han perdido demandas de este tipo.
En la Comisión se hizo presente que luego de otorgar la facultad de reparar de manera extraordinaria calles y pavimentos, que los municipios no poseen actualmente, se debe evaluar la entrega de los recursos necesarios para que efectúen la reparación de aceras y veredas; preocuparse -ese fue el debate en dicho organismo- no solo de que los autos tengan buenos pavimentos, sino también de que las aceras se hallen en buenas condiciones, pues por ahí es por donde camina la gente y particularmente las personas de tercera edad, que cada día se accidentan más por el pésimo estado de aquellas.
En síntesis, la iniciativa introduce la facultad ya comentada mediante una modificación a la ley N° 8.946 y plantea, como elemento de discusión entre la Sala y el Ejecutivo, que la reparación de los pavimentos sea financiada a través de los gobiernos regionales o por derivación del propio SERVIU. Sin embargo, en casos especiales los municipios tendrán que actuar para prevenir daños mayores.
En suma, se agrega una facultad respecto de la que hubo amplio acuerdo en la Comisión y que los municipios deben tener en forma regulada y acotada, pero es necesario enfrentar el tema del financiamiento, por cuanto el hábito y la costumbre pueden llevar a lo que ya conocemos: que el SERVIU comience a descansar en que el costo de las reparaciones sea asumido por los municipios, lo cual sería tremendamente injusto. Por eso, debemos evitarlo.
Esta preocupación podría ser salvada a través de indicaciones consensuadas con el Ejecutivo, particularmente tratándose de municipios pequeños que no cuentan con recursos, los que, de lo contrario, van a seguir limitándose a señalizar ante la imposibilidad de poder reparar.
En este momento no tenemos a ningún representante del Gobierno en la Sala. Sin embargo, el Subsecretario de Vivienda, don Guillermo Rolando, estuvo presente durante todo el debate, y el señor Ministro de Vivienda también concurrió al inicio. Y concordamos en que este era un proyecto que había que despachar porque es de alta conveniencia ciudadana y viene a subsanar un problema real, que tiene que ver con la seguridad vial para todos los chilenos.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor MONTES (Presidente).- ¡Veo que hemos vuelto...!
Aprovecho de saludar a la alcaldesa de San Bernardo, señora Nora Cuevas, quien ha sido una de las impulsoras del presente proyecto y se encuentra en este momento en las tribunas.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
También se halla en las tribunas el asesor jurídico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Manuel José Errázuriz Tagle.
Si le parece a la Sala, le podríamos pedir que se incorporara al debate para que entregara los fundamentos de dicha Cartera respecto de la iniciativa.
¿Habría acuerdo para tal fin?
--Así se acuerda.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, tal como lo acaba de expresar el Senador Navarro, todos vivimos y sufrimos a diario, y para qué decir en nuestras regiones y comunas, como vecinos y transeúntes, el mal estado de calles y caminos.
Lo anterior obviamente genera dificultades y accidentes para las personas, con la agravante de que, de alguna manera, se sindica como responsables de aquello a las municipalidades, que, incluso, tienen que hacerse cargo si se entablan demandas. Además, esta situación implica daños, por cierto, a los vehículos motorizados, retrasa los tiempos de viaje, en fin, hay un efecto en la calidad de vida de los ciudadanos.
Por eso resulta tan importante ir reparando nuestros caminos, calles y vías, cuyo estado a veces es bastante vergonzoso.
De ahí que cuanto más avancemos en ello, enhorabuena.
Tengo que destacar que tiempo atrás se hizo una inversión importante para la reparación de baches en Valparaíso que superó los 1.200 millones y que se solventaron con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y lo más relevante hoy día, por supuesto, es el asfaltado que se está haciendo en la Avenida España, vía fundamental que no solo comunica las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, sino que sirve de conexión con otras comunas, en este caso Quilpué, Villa Alemana, Quillota.
¿Qué me interesa destacar, señor Presidente? Lo que aquí se ha señalado, que resulta sumamente significativo.
Hoy día, para que la municipalidad pueda reparar cualquier bache en algún camino -llamados "eventos", una palabra muy curiosa que alguna vez surgió- ha de pedir la autorización del SERVIU, lo que significa un retraso de tres a cuatro meses a lo menos para efectos de evaluación. Aquello es obligatorio. Y, como lo he reiterado en varias oportunidades, la Contraloría, a través de una auditoría, descubrió que no necesariamente se estaba cumpliendo con la normativa vigente.
Entonces, es evidente que se produce el efecto de que los vecinos le reclaman al municipio, exigiendo la reparación de esa calle que presenta hoyos o baches. Pero el alcalde, que debiera actuar en forma rápida, obviamente está impedido de hacerlo si tiene que pedirle al SERVIU que emita la respectiva autorización.
Por lo tanto, considero que con la ley actual se atrasa la solución al solicitar la aprobación del SERVIU.
Ya llegó la hora de que seamos capaces de hacer el salto a fin de que no sea necesario para los municipios pedir la autorización respectiva cuando se trate de intervenciones de emergencia para la reparación de aceras y calzadas que eviten daños a personas y bienes y que no superen los 50 metros cuadrados por bache. Es bien importante dicho procedimiento porque da la posibilidad de actuar frente a una emergencia y de reaccionar con más rapidez ante el sentimiento de la ciudadanía, que evidentemente se dirige al municipio.
Ahora, en cuanto a la duda que surgió acá acerca de la calificación o no de obra provisoria, por supuesto que esto será responsabilidad del Director de Obras Municipales.
Por eso que apoyo esta moción, porque me parece bien importante dotar a los municipios de la facultad pertinente, saltándose, en el caso de obras de emergencia "menores" -por llamarlas así-, el tener que acudir al SERVIU.
Sin embargo, la duda surgida a raíz de la intervención del Presidente de la Comisión no la entiendo. Porque, si supuestamente el municipio tiene la voluntad de arreglar una calzada en mal estado, debe pedir la autorización respectiva; o sea, ya tiene respaldada -yo supongo- en sus finanzas la decisión adoptada. Por algo va a solicitar la venia. Es decir, ya debería tener establecida la forma de pago o los recursos implicados.
Entonces, entiendo que esta moción que viene de la Cámara de Diputados no solo es admisible, sino que, en el fondo, está saltándose una tramitación que lo único que hace es dilatar una respuesta que se exige que sea más rápida. Y no necesariamente implica gastos, pues los dineros los iba a invertir igual el municipio, solo que antes debía pedir autorización al SERVIU.
Por esas razones, señor Presidente, estimo que es importante aprobar el proyecto. Considero muy positivo que nosotros otorguemos a los municipios la capacidad de actuar con más rapidez (con menos demora en los trámites), de ser más eficientes y sobre todo de responderles a los vecinos, quienes, naturalmente, siempre son los más afectados, y que con toda razón reclaman, pues con la cantidad de accidentes que muchas veces se producen en este país al andar por las veredas, las calzadas, y ni digamos los caminos, ello se ha vuelto cada vez más una verdadera aventura azarosa.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, tengo bastantes dudas respecto de este proyecto, como se lo expresé al Presidente de la Comisión, partiendo por aquellas de constitucionalidad. Porque, si bien los municipios disponen de atribuciones para actuar en la vialidad urbana y también responden, como señalaba quien encabeza el órgano técnico, el Senador Navarro, respecto de accidentes que se producen en la ciudad, aquí se les están entregando atribuciones y no se los está proveyendo de los recursos respectivos.
Entonces, tengo una duda, aquí, de constitucionalidad.
Me gustaría que estuviera el Ejecutivo en la Sala, que pudiera pronunciarse y que, eventualmente, pudiera darle su patrocinio a la iniciativa. Porque precisamente usted, señor Presidente -y me parece muy bien; aplaudo la medida-, señaló hace algunos días que el Senado ha de ser extremadamente riguroso en los controles de constitucionalidad y que ante cualquier duda, como puede surgir acá, debe ver cómo se puede resolver. Creo que, eventualmente, esto podría solucionarse mediante el patrocinio pertinente.
Mis dudas son bien de fondo, pues nosotros aquí, el 2005, introdujimos modificaciones y son los gobiernos regionales los que hoy día poseen atribuciones, unidades técnicas y recursos para abordar los temas de emergencia.
¿Qué ocurre? Que el año pasado aquí se discutió largamente el traspaso de competencias. Incluso hubo muchas críticas porque se pensaba que algunos querían demorar la ley de gobiernos regionales. ¡Todo lo contrario! Hablábamos de traspaso de competencias.
A partir de ahora, en los gobiernos regionales existe una División de Infraestructura y Transportes, que se estableció justamente para abordar este tipo de materias.
También debiéramos ceñirnos a las razones por las cuales se producen estos hoyos, estos eventos que tanto daño causan. En eso, comparto todo lo señalado en la Comisión: aquí hay un problema por resolver. Considero que el remedio que estamos estableciendo no es lo central.
Por ejemplo, es muy distinto lo que pasa en el sur a lo que ocurre en las ciudades grandes. Yo entiendo que la moción corresponde a una petición que ha formulado no solo San Bernardo, sino también Vitacura, Las Condes, que son municipios que tienen batantes recursos.
Pero ¿por qué se producen estos eventos?
Primero, por exceso de precipitaciones. Evidentemente, no es lo mismo lo que pasa en la Región Metropolitana que lo que ocurre en cualquier comuna del sur de Chile.
Y también por el paso de camiones pesados. Yo no veo que por Vitacura, por Providencia circulen camiones cargados de trozos de madera y de celulosa. Eso sí sucede en el sur y eso daña los caminos.
Lo que vamos a tener ahora es que los SERVIU, en la práctica -y aquello independiente de quiénes sean sus titulares, de cuál sea el Gobierno de turno-, se van a desentender de esta atribución y les van a entregar la responsabilidad a los municipios. La demanda ciudadana (con razón, porque la gente necesita solución) se va a trasladar automáticamente a los municipios. E insisto: estos no disponen de recursos.
Señor Presidente, considero que estamos equivocando el camino. La alternativa para esto es la Ley de Presupuestos. Estimo que la expertise que poseen los SERVIU no la podemos soslayar ni perder. Ellos son unidad técnica hoy día en los pavimentos participativos, y en todas estas cosas, y perfectamente aquí podría establecerse un convenio -e incluirse en la Ley de Presupuestos- donde el SERVIU fuera la unidad técnica y el Gobierno regional financiara. Y eventualmente podría ser también unidad técnica, como sucede en casos de electrificación rural, de caminos y en muchas otras materias. Probablemente sea una cuestión más sencilla que la anterior.
Entonces, señor Presidente, digo: no desconozcamos lo que hicimos hace tan solo un año, cuando les entregamos atribuciones a los gobiernos regionales, justamente en el traspaso de competencias, para abordar asuntos de esta naturaleza.
Aquí vamos a hacer como que resolvemos un problema y vamos a trasladar la competencia pertinente a los municipios, los cuales no disponen de recursos en el caso de la inmensa mayoría de los más chicos. Yo he conversado con alcaldes y me han señalado que no es un tema que se haya abordado en la asamblea de la Asociación Chilena de Municipalidades, por lo que vamos a generar una tremenda dificultad a gran parte de los municipios del país.
Por tal razón, señor Presidente, a menos que haya un nuevo informe de la Comisión, que recoja algunos de los elementos que se han planteado, no estoy en condiciones de respaldar la presente iniciativa.

El señor MONTES (Presidente).- Su Señoría está pidiendo que posteriormente haya un nuevo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, sin perjuicio de que siga el debate, que precise y acote los términos que usted está señalando.
Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en la Comisión se generó un debate sobre este proyecto precisamente porque se origina en una moción en que, para evitar la inadmisibilidad -como ocurre en otros casos en que es típico que así se haga-, se elabora un texto que empieza a alambicar la forma de enfrentar el problema. Y esta alambicada vuelta se traduce más en una buena intención que en un resultado concreto para resolver el asunto de fondo.
Efectivamente, los municipios -y quiero saludar aquí a nuestra Alcaldesa de San Bernardo, la señora Nora Cuevas, quien ha estado presente en la Comisión- están preocupados de estos temas; porque frente a los accidentes que afectan a la población en este tipo de casos la ley responsabiliza tanto al municipio como al Fisco para responder civilmente.
Pero, por otro lado, la ley N° 8.946 prohíbe a los municipios acceder a ese tipo de soluciones. Y cuando lo han hecho -por lo demás, en muchos casos tuvieron que pagar cuantiosas indemnizaciones por estos accidentes-, la Contraloría ha realizado observaciones.
Por lo tanto, por un lado se establece la responsabilidad de los municipios y, por otra, una ley diferente les impide solucionar el problema. ¡Y quedamos en una tierra de nadie!
En tal sentido, la iniciativa va en una dirección absolutamente correcta.
Sin embargo, yo creo que esta sí es un arma de doble filo. Efectivamente, no hay financiamiento para efectuar el bacheo, por muy situaciones de emergencia de que se trate. Y hay que considerar que los 50 metros cuadrados no dejan de ser una exigencia y de tener un costo asociado.
Incluso más -personalmente lo planteé en la Comisión de Vivienda-, con esta normativa en proyecto, quiérase o no, los municipios se verán enfrentados el día de mañana a la presión de la ciudadanía para efectuar el bacheo, porque se les entrega la posibilidad de hacerlo en caso de reparaciones de emergencia.
Con el Ejecutivo conversamos sobre este particular, frente a la rapidez con la cual se votó tanto en general como en particular, y se mencionó la intención de formular una indicación a objeto de corregir algunos puntos en este sentido.
Primero, en cuanto a la técnica legislativa, lo que se plantea involucra una modificación al artículo 10 de la ley N° 8.946, que se refiere básicamente al registro de contratistas de empresas. Y el Gobierno sugiere trasladar dicha disposición al artículo 77 (como una especie de artículo 77 bis), dado que se refiere más bien a las obras propiamente tales.
Por otro lado, se plantean dos o tres sugerencias muy atingentes, pues es necesario perfeccionar algunas normas. Por ejemplo, el artículo 10 señala expresamente que los trabajos de pavimentación deberán ser efectuados por personas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda. Si el municipio lo resuelve, se encontrará con la misma limitación: tiene que participar gente inscrita en ese registro.
En consecuencia, me parece razonable que el Gobierno proponga una modificación en ese sentido, y que se omitan, en esa circunstancia, aquellas obras declaradas de emergencia.
Hablábamos no hace mucho con el Ejecutivo acerca de que, más allá de este tema, evidentemente los municipios enfrentan una realidad que ya no es propia de las grandes ciudades solamente, sino de todo el país.
Y, señor Presidente, asumiendo también las aprensiones que se manifestaron con respecto al financiamiento el día martes recién pasado, efectivamente, querámoslo o no, no me cabe la menor duda de que la aprobación de esta norma va a hacer exigible en el futuro, por parte de cualquier comunidad, el cumplimiento de la obligatoriedad que le entregamos a los municipios por una vía indirecta.
Yo creo que deberíamos resolver esa situación.
Otro aspecto de lo relativo al financiamiento es cómo lo abordamos. Algunos municipios con más empeño, con más ganas, han enfrentado este problema, pero han recibido observaciones de la propia Contraloría.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que habría que darle una vuelta más al proyecto: podríamos votarlo en general y, en la discusión en particular, dejarlo para un nuevo informe de la Comisión de Vivienda.

El señor MONTES (Presidente).- Entonces, Senador señor Sandoval, su propuesta es que esto se vote ahora en general, y que un nuevo informe precise los distintos aspectos que se vienen planteando.
Tiene la palabra el Honorable señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, quiero tratar de aclarar un par de dudas que han surgido acá.
Primero, este proyecto va en la línea correcta. Y, además, soluciona un problema que hoy día es una realidad. Los hoyos, o los famosos "eventos", ya no los tapa el SERVIU en las grandes ciudades. Casi cien por ciento de las obras pertinentes las ejecutan los municipios.
Además, la iniciativa regulariza una política de Estado, porque los gobiernos regionales de todo el territorio han financiado máquinas bacheadoras para los municipios, las cuales son, según la normativa actual, absolutamente ilegales. No podrían funcionar porque no están autorizadas, al no cumplir con lo preceptuado por el SERVIU.
La ley en proyecto, señor Presidente, lo único que hace es regularizar una situación que hoy día ocurre. Y lo digo por experiencia: cuando la gente es afectada por la existencia de un hoyo o una vereda en mal estado, siempre le exige al municipio su reparación. Lo hace hoy día, lo hacía antes, y lo va a seguir haciendo en el futuro.
El problema es que en la actualidad, para poder cumplir con el deseo de los vecinos, el Alcalde y el Consejo caen en una ilegalidad.
Por algo esta iniciativa habla de obras provisorias, de emergencia y, además, de 50 metros cuadrados. Ni siquiera sirve para reparar una esquina.
Esta modificación a la ley no quita las facultades que hoy día tiene el SERVIU, como entidad técnica; porque estamos hablando solo de obras menores. Y creo que esta es una forma de respaldar la autonomía municipal.
En la práctica, no le estamos cargando ninguna nueva responsabilidad al municipio pues la tiene de hecho, no legalmente, y la ha ejecutado por años.
Yo les aseguro que la mayoría de las soluciones de emergencia desarrolladas en las ciudades y pueblos de Chile al día de hoy son realizadas por los municipios. Ninguna por el SERVIU.
Este organismo tenía plantas asfálticas en varias partes de Chile. Hoy están casi todas cerradas. ¿Por qué? Porque los municipios empezaron a usar máquinas bacheadoras, porque los municipios empezaron a usar asfalto en frío, porque los municipios empezaron a trabajar con contratistas para bachear. Y al final, se encontraron con la problemática a que me refiero.
Para que ustedes sepan, la municipalidad sí puede, desde el punto de vista de su normativa, gastar dinero para asfaltar, y también para contratar personal con ese fin.
¡Lo que no puede hacer es ejecutar la obra sin permiso del SERVIU! Eso requiere un proyecto de ingeniería.
Esta iniciativa soluciona este último aspecto.
Y para dejar tranquilo al Senador Quintana, de la bancada del frente, los Programas de Pavimento Participativo siempre se aplican en obras y pasajes nuevos. Por lo tanto, este proyecto no aborda los casos a que él se refirió. Esos Programas son objeto de concurso, de proyectos de ingeniería y desarrollo, y siempre son para superficies mayores de 50 metros.
Así que llamo a todos mis colegas a apoyar esta iniciativa. Es muy necesaria para los municipios. Parece de poca importancia, pero tiene gran relevancia.
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El señor MONTES (Presidente).- Aprovecho de Saludar a la delegación del Colegio Cristiano de Quilpué que se encuentra en las tribunas.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, yo, siendo parte de la Comisión de Vivienda, vengo a refrendar lo que han dicho mis antecesores en torno a que es importante que se sepa que el 2016 la Contraloría General de la República inspeccionó a los municipios de la Región Metropolitana respecto a esta materia y determinó que el 76 por ciento de ellos estaban reparando los baches en forma autónoma. Por lo tanto, no cumplían la norma.
En ese contexto, quiero felicitar a la Alcaldesa Nora Cuevas, que hoy nos acompaña, quien nos explicó en detalle que efectivamente hay 26 municipios, entre los cuales se encuentra el que dirige, que fueron multados el año 2017 por esta situación.
Y, además de eso, nos entregó un dato bien relevante: la señalización de los baches tiene el mismo costo que su arreglo.
Entonces, es lamentable que muchas veces elaboremos un proyecto de ley justamente cuanto tenemos el problema. Porque, evidentemente, municipios con tan pocos recursos deben tomar la decisión en forma obligada. ¿Por qué? Porque la Ley de Tránsito los responsabiliza en caso de que las personas sufran daños vinculados a baches o a defectos en calzadas o calles.
Por lo tanto, la municipalidad no tiene mucha alternativa de decisión frente a otra normativa que la obliga a arreglar las vías públicas, pues, de no hacerlo, puede ser objeto de multas en caso de que los ciudadanos sufran algún accidente producto del mal estado de aquellas.
Entonces, más allá de las complejidades relacionadas con el financiamiento, que son evidentes, aquí tendría que haber un compromiso del Ejecutivo para la incorporación de una nueva glosa presupuestaria al objeto de abordar el problema de los baches y los arreglos de emergencia.
Ahora bien, otro asunto muy importante tiene que ver con que el trámite para que el Servicio de Vivienda y Urbanización autorice el arreglo pertinente dura ochenta días. O sea, como señalé, la señalización tendría el mismo costo del arreglo, y más encima, el municipio deberá esperar ochenta días para que pueda proceder con las reparaciones.
En estricto rigor, durante ese tiempo la municipalidad correría el riesgo de que alguna persona sufriera un accidente que la obligara, además, a pagar la multa correspondiente.
En ese contexto, considero razonable aprobar este proyecto.
Sin embargo, estimo que habría que analizar por qué la Municipalidad de Santiago desde 1953 tiene la facultad para realizar el arreglo del pavimento dentro de su territorio.
Entiendo que se trata de una ley muy antigua. Pero igualmente señalo la importancia que reviste el que los municipios tengan potestad para reparar las vías públicas en sus respectivas comunas, no solo a través del programa Pavimentos Participativos, sino también mediante el establecimiento de una normativa que les permita hacerse cargo de este asunto, con recursos administrados directamente por ellas. Esto, sin duda, haría más eficiente el uso de los dineros, y la ciudadanía no tendría que estar expuesta -como se ha señalado acá- a trasladarse por calles intransitables y a enfrentarse a situaciones en verdad impresentables.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, como todos sabemos, la ley N° 8.946 entrega a los Servicios de Vivienda y Urbanización la ejecución, renovación, conservación y administración de las obras de pavimentación de aceras y calzadas urbanas, con excepción de las que se realicen en la comuna de Santiago, cuestión que no deja de ser discriminatoria y que constituye una prueba más del centralismo que nos aqueja.
Sin embargo -según se señaló-, en paralelo, la propia Asociación Chilena de Municipalidades dejó constancia en la Comisión que la ley N° 18.290 las hace responsable civilmente de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas; es decir, las multan, e incluso las sancionan civilmente, lo que las obliga a reparar los daños producidos, en circunstancias de que no se les entregan los elementos mínimos para arreglar las aceras y calzadas urbanas.
Cada vez que llueve o que se producen aluviones las ciudades de nuestro país se llenan de problemas.
La Contraloría realizó una auditoría, y constató que en el 76 por ciento de los proyectos tomados en la muestra -para variar, en la Región Metropolitana- no se cumplía estrictamente con las disposiciones legales sobre la materia.
Ello, por un sentido práctico, tal como lo expresó el Senador Ossandón.
Los argumentos vertidos por los municipios y que fueron observados por el Órgano Contralor son los siguientes.
Primero, los plazos de los trámites para hacer frente a las situaciones de emergencia son extensísimos, y mientras tanto se corren riesgos. Por lo menos, en el 20 por ciento de los casos que se investigaron la respuesta del municipio tenía que ver con aquello: la urgencia.
La Contraloría insiste en que es el Servicio de Vivienda y Urbanización el que debe proponer mejoras en el proceso.
En la Región que represento, el SERVIU se halla situado en la ciudad de Antofagasta. Entonces, de ahí a que se vaya a preocupar de lo que pasa en Tocopilla o en Taltal, ¡pueden pasar años...!
Segundo, los bacheos se realizan para cumplir con la Ley de Tránsito, específicamente con el artículo que les impone a los municipios responsabilidad en la materia.
Acá la Contraloría simplemente señaló que aquello no excluía a las municipalidades de cumplir con las disposiciones legales vigentes.
Entonces, señor Presidente, aquí tenemos una iniciativa de ley para regularizar esta situación y resolver un problema que también es práctico.
Al respecto, quiero manifestar que dentro de sus propuestas se enmarca la urgencia de radicar en los municipios la facultad de ejecutar en forma inmediata en casos de urgencia las reparaciones necesarias, mínimas. Estamos hablando de situaciones en las que, además, hay riesgo para transeúntes, vehículos, ciclistas, en fin.
Aquí se califica cuáles son las obras de emergencia, a fin de evitar conflictos, superposición de facultades.
Además, en los hechos -ya lo dijeron quienes han sido alcaldes-, las municipalidades están obligadas a realizar aquello, pues así lo exige la ciudadanía. Y eso significa un costo.
Esto se resolvería traspasando recursos desde el gobierno regional a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para que los municipios puedan efectuar las reparaciones viales.
Pero seamos objetivos, ese presupuesto va a quedar sometido a un ítem; y cuando sobrevienen grandes dificultades, la situación amerita una respuesta con urgencia.
Resulta absurdo que la burocracia termine superponiéndose frente a las urgencias de la ciudadanía.
A mi juicio, señor Presidente, este debate se inserta dentro del proceso descentralizador.
¡No puede ser razonable que tapar un hoyo en una esquina tenga que ser resuelto en la capital regional!
El centralismo no solo se da entre Santiago y las regiones: también existe al interior de estas. Muchas veces las ciudades o comunas más pequeñas sufren problemas de discriminación en materia de asignación de recursos o en la priorización de sus problemas. Jamás un gobierno regional va a andar preocupado del hoyo de tal esquina que se produjo porque simplemente se rompió una cañería o hubo una dificultad en la aducción de agua potable o en el alcantarillado.
El municipio tiene capacidad de reacción rápida.
Entonces, señor Presidente, hagamos las cosas en función de la gente y no de los reglamentos burocráticos. Si todos coincidimos en que tenemos ese problema, resolvámoslo legalmente.
Eso es lo que se está proponiendo acá. Y si es necesario el patrocinio del Ejecutivo para evitar un eventual problema de constitucionalidad, habrá que pedirlo. Ello, para cumplir con la formalidad pertinente.
En verdad, acá hay que privilegiar la solución de los problemas en situaciones de emergencia y en casos perfectamente acotados.
Por todo lo expuesto anteriormente, apoyo esta iniciativa.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, en general estoy a favor de este proyecto de ley, el cual permitirá a los municipios atender lo que la ciudadanía necesita: sus problemas reales.
Cuando hay baches en las calles, que afectan a todos quienes transitan en la vía pública, desde automovilistas hasta peatones, obviamente es positivo que las municipalidades dispongan de la facultad pertinente. Sin embargo, estas deben contar con los recursos necesarios para llevar a cabo las obras respectivas; es decir, que no solo sea una obligación para ellas, ya que finalmente podemos generarles mayores responsabilidades sin permitirles dar pronta solución a situaciones puntuales.
La iniciativa que nos ocupa, mediante su artículo único, propone agregar dos incisos en el artículo 10 de la ley N° 8.946.
El referido artículo dispone que "Los trabajos de pavimentación deberán ser efectuados por personas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la especialidad y categoría que corresponda al tipo y monto de la obra por ejecutar.".
Sobre el particular, deseo formular los siguientes comentarios.
Primero, el proyecto de ley libera a los municipios de la obligación de ejecutar estos trabajos a través de personas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Segundo, las obras son calificadas como "provisorias" por los propios municipios, no estableciéndose un plazo perentorio para que dichas obras puedan ser calificadas o certificadas como "definitivas", ni tampoco se señala a quién corresponde tal calificación: ¿al municipio o al SERVIU?
Tercero, no queda claro si esas intervenciones serán realizadas directamente por la municipalidad mediante sus funcionarios o trabajadores, o bien ella podría subcontratar. En esta última hipótesis, es decir, la contratación de terceros en el ámbito del proyecto, los municipios podrían contratar personal que no tuviera ningún aval técnico. Esto se estima complicado, puesto que la inscripción en el Registro Nacional de Contratistas da un ámbito de seriedad a quienes ejecutan este tipo de obras.
Cuarto, esta iniciativa establece un límite de extensión de las obras: 50 metros cuadrados por bache.
Entonces, si en una misma cuadra hay cuatro baches, ¿lo autorizado puede sumar 200 metros cuadrados, y así, ilimitadamente, en función de los hoyos existentes?
Quinto, la notificación ex post al Servicio de Vivienda y Urbanización es tardía.
¿Qué podría hacer el SERVIU después de ejecutadas las obras? Si están mal ejecutadas, ¿quién asume los costos de la mala ejecución? No existe un plazo de evaluación y/o aprobación de las obras.
En consecuencia, este proyecto debiera ser ajustado considerando parámetros y responsabilidades para la ejecución de las obras.
Además, se deben establecer limitaciones en cuanto a la extensión total de ellas para baches o eventos que sucedan en un mismo lugar. Y también es preciso clarificar la forma de calificación de quienes las ejecuten y las funciones de supervisión y control del SERVIU en este tipo de obras.
Por último, creo que en esta materia se necesita el patrocinio del Ejecutivo, pues de una u otra forma acá no puede haber solo responsabilidad de las autoridades electas, como en el caso de los municipios, haciendo vista gorda de quienes forman parte del Ejecutivo, independiente del Gobierno que sea.
Creo que esa es la manera en que debiera quedar consignado esto: no solo la responsabilidad de las municipalidades, sino también la de aquellos a los que por ley les corresponde: los Servicios de Vivienda y Urbanización.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Les parece abrir la votación?

El señor QUINTEROS.- Sí, señor Presidente.

La señora VON BAER.- ¿La votación es en general?

El señor MONTES (Presidente).- Sí, señora Senadora.
Se trata de una propuesta. Ese es el espíritu que por lo demás se tuvo en la Comisión. Sin embargo, hay distintas opiniones.

El señor COLOMA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, no tengo problema en acceder a su planteamiento. Pero aquí se le han formulado consultas al Ejecutivo.
Usted señaló, con buen criterio, la necesidad de que estuvieran presentes sus representantes. Si se abre la votación, no podrán intervenir.
Entonces, yo sugiero que primero le demos la palabra a alguien del Gobierno, y luego, que procedamos como sugiere.

El señor MONTES (Presidente).- Esperaremos a que los señores Senadores terminen de formular sus observaciones, y al final le daremos la palabra al Ejecutivo.

El señor COLOMA.- Pero antes de la votación.

El señor MONTES (Presidente).- Sí, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, seré muy breve, pues, en realidad, pensaba pedir que se abriera la votación.
Los argumentos esgrimidos acá me convencen claramente en el sentido de que el proyecto debe aprobarse.
Como señaló un señor Senador que me precedió: al que le preguntan por qué hay un hoyo en la vía pública es al alcalde.
Eso pasa a diario en todas las ciudades y pueblos de nuestro país.
Ello no solo ocurre en este ámbito.
Por ejemplo, al Alcalde de Arica le preguntan por qué los semáforos que se instalaron hace más de cinco meses todavía no comienzan a funcionar. Y ello acontece porque no se tiene el visto bueno de la unidad operativa de control de tránsito de Santiago. Y si un alcalde quiere anunciar la importante medida de instalar mecanismos de vigilancia en la ciudad debe pedir autorización del Ministerio del Interior. Incluso, colocar basureros en un parque también debe ser autorizado desde la Capital.
Entonces, acá se plantea un caso más de la centralización que afecta a nuestras ciudades, sean pequeñas o grandes.
La diferencia entre los Senadores estriba en que algunos provienen de regiones con grandes sectores urbanos, y otros, no.
Por eso, la forma de enfocar este asunto es distinta.
Pero que este asunto debe ir a parar a los municipios, y en el peor de los casos, a los gobiernos regionales, no cabe ninguna duda.
Lo que estamos haciendo acá es desafectar un tema obvio de la posibilidad de que sea vetado, tramitado y paralizado desde el centro.
Esa es la realidad.
Por esa razón, más allá de los asuntos concretos que se verán en la discusión particular, voy a votar a favor de este proyecto.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, la primera pregunta que uno debe hacerse frente a un proyecto es si resulta necesario o no. Y, honestamente, creo que el que ahora nos ocupa es muy necesario.
Comparto lo que ha planteado parte importante de los Senadores, y reconozco también el mérito que ha tenido la Alcaldesa señora Nora Cuevas en cuanto a insistir en esta iniciativa e incentivar a su aprobación.
En tal sentido, quiero contarles que hace algún tiempo me tocó ayudar a un alcalde que fue demandado simultáneamente por dos motivos: primero, por los daños que un evento -como le dicen ahora- le provocó a un automovilista; y segundo, por proceder a la reparación de la vía pública (la que causó el evento) sin haberlo hecho en concordancia con las normas del Servicio de Vivienda y Urbanización.
La verdad es que algo tan ridículo como lo que describo pasa.
Traté, pues, de ayudarlo. Pero al final la cosa no resultó como lo habría esperado, por la legislación pertinente.
Entonces, a esta altura es difícil que alguien pueda objetar una iniciativa de esta naturaleza, sobre todo -y es la lectura que uno puede hacer- porque se trata de algo facultativo, en que cada uno verá cómo lo hace.
En seguida, quiero hacerme cargo del aspecto constitucional, cuestión que me importa mucho.
En verdad, no entiendo dónde podría estar la inconstitucionalidad acá. Supongo que se refiere a alguna facultad que se estaría traspasando, toda vez que se trata de una iniciativa de ley que aborda materias que tienen que ver con los municipios y con el Servicio de Vivienda y Urbanización.
En consecuencia, este proyecto me parece necesario y es perfectamente constitucional.
En tercer lugar -y aquí está la cuestión de fondo-, sí creo que esta iniciativa es mejorable.
Entiendo que esa fue la idea del Ejecutivo al plantearla: básicamente, para establecer con claridad en qué circunstancia puede decidirse la ejecución de las obras.
Acá me hace fuerza la ubicación que tiene esto en el articulado.
Porque una cosa es que actualmente esté en el artículo 10 de la ley N° 8.946, que dispone que los trabajos de pavimentación deberán ser efectuados por personas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas; y otra, que se inserte en su artículo 77 -a mi juicio, es donde la norma queda de mejor manera-, que señala a quién corresponde fijar las características técnicas de los pavimentos y los anchos de las calzadas.
Existe un buen concepto desde la perspectiva de la innovación, que busca brutalmente avanzar en la descentralización. Porque el absurdo acá es que el SERVIU esté a cargo de las obras de pavimentación de aceras y calzadas y que el municipio sea responsable de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas (evento), amarrándose la posibilidad de resolver esta situación.
Eso no tiene mucho sentido. Y, obviamente, les da más poder a las personas.
No creo que esto tenga que ver con un cambio de interés por parte del SERVIU. Al final, se trata de un incentivo al revés. Porque la idea es que, en la medida que este Servicio no tenga la capacidad, o no haya prioridad, o no exista interés para realizar obras de pavimentación, se faculte a los municipios para ejecutarlas y así puedan darles solución a los problemas de las personas.
Por eso, señor Presidente, considero que este proyecto es necesario, constitucional y mejorable.
En función de lo instalado hoy día en el artículo 10 de la ley N° 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, veo que resulta pertinente que aquello se incorpore adicionalmente a su artículo 77, que es el que se preocupa específicamente de las características técnicas de los pavimentos y la responsabilidad en la materia, que es lo que en el fondo se está modificando mediante esta iniciativa.
Por eso, me parece correcto aprobarla.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, al escuchar las opiniones que se han vertido en la Sala, me asaltan dudas en el sentido de que estemos leyendo el mismo proyecto.
Ello, porque acá de repente se habla del centralismo. Y, en verdad, se trata de decisiones que ocurren en las regiones: no son consultas que desde una comuna se hacen a Santiago, a menos que sea en la Región Metropolitana.
En segundo lugar, hay que entender que la excepción de la Municipalidad de Santiago se generó porque era de los municipios que tenían los recursos suficientes para efectuar intervenciones: de 345 municipios, probablemente 300 habitualmente no tienen dinero para efectuar este tipo de obras.
Hay un debate a evaluar.
Lo único que plantea este proyecto, en forma muy acotada, es que los municipios puedan intervenir, primero, ejecutando obras con empresas que no estén inscritas en el Registro Nacional de Contratistas.
Se establece la excepción.
Porque, es cierto, aquí se ha dicho que las municipalidades pueden tener los recursos; pero no les es factible realizar los trabajos pertinentes con personas que están fuera de ese registro.
Los municipios quieren contar con la facultad para operar con sus propios trabajadores. De hecho, muchos lo hacen así.
Por ejemplo, está el caso de un alcalde del norte que incluso pavimentó parte de la ruta Panamericana, saltándose la ley.
Los alcaldes a veces proceden de esa manera. Lo que desean es tener la facultad de actuar en ciertas condiciones.
Eso es muy relevante.
Hay que ver bien qué se entiende por "obras provisorias de emergencia". Debiéramos concentrarnos en esa definición.
Por otra parte, lamento que el proyecto incluya a las aceras, porque no es atribución del SERVIU determinar qué empresas intervienen en ese ámbito. La norma es distinta en este punto. Yo, por lo menos, así la entiendo, y he visto que se aplica en tal sentido. El problema son las calzadas, no las aceras, a diferencia de lo que aquí se plantea.
Me parece que el espíritu de la iniciativa es correcto.
Comprendo la inquietud de un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, quien hizo presente que se les va a traspasar una nueva responsabilidad a los municipios, pese a que la ciudadanía cree que estos ya la tienen.
Lo que está en discusión no es quién financia habitualmente esas obras, sino si la empresa que las realiza debe estar inscrita en el registro pertinente. No estarlo -insisto- permite que las municipalidades actúen con mayor flexibilidad.
Por lo general, la mayoría de los directores de Obras de nuestro país son profesionales. Ello, en las comunas que disponen de esos departamentos. Este es el segundo reparo que hago al proyecto: hay comunas donde estos no existen, lo que hace todo más complejo; por ende, se requerirá una indicación a ese respecto.
Pero -reitero- los directores de Obras son profesionales muy serios y van a tener la capacidad de evaluar dónde se interviene.
Creo que la idea está muy bien inspirada, muy bien orientada.
Es cierto que hay municipios que no cuentan con los recursos económicos necesarios, pero ese no es el asunto que se está discutiendo aquí. Aquellos pueden tener fondos aprobados por el Gobierno Regional respectivo, a través de un FRIL, para hacer bacheo o pueden firmar un convenio conjunto con ese mismo fin; pero el problema es que están obligados a lidiar con la burocracia del SERVIU, al que recargamos con un trabajo que, en verdad, muchos directores de Obras están en condiciones de realizar. Y se trata de algo bastante acotado: de obras provisorias de emergencia.
Señor Presidente, propongo que nos centremos en el alcance de este proyecto, que me parece muy bueno, bien inspirado.
Solo le haría dos observaciones: eliminar la intervención en aceras como un ámbito en el que el SERVIU tenga alguna incidencia para calificar qué empresa ejecuta la obra -no tiene esa atribución exclusiva- y pensar en qué pasa cuando no hay director de Obras, que es el caso de muchos municipios chicos de nuestro país.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, aquí estamos frente a uno de los ejemplos más claros de lo que produce la superposición de normas en nuestro país, caso que nos permite ver, además, lo que pasa muchas veces en los municipios: las personas se dirigen a ellos ante cualquiera de los problemas que enfrentan en la vida cotidiana. Ellos son la primera puerta de entrada.
En el caso de los baches en las calles, a quien culpa la gente es al alcalde. Eso lo hemos vivido todos. O sea, el reclamo por el mal estado de las calles en una ciudad recae directamente en el alcalde. Y este tiene, de hecho, las manos atadas por una problemática de burocratización con el SERVIU.
La superposición aquí es sumamente clara. Ya lo han dicho los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra: por una parte, la Ley de Pavimentación Comunal entrega la ejecución, renovación y conservación de las obras de pavimentación de aceras y calzadas en áreas urbanas con fondos fiscales al SERVIU y, por otra, la Ley del Tránsito establece que los responsables de los daños materiales y personales debido al mal estado de las vías, calzadas y aceras son los municipios. Y, en efecto, han sido estos últimos los que han debido pagar, vía fallos judiciales.
Ante ello, las autoridades comunales, por presión ciudadana, pero también por mandato de la Ley del Tránsito y de los jueces, que los han hecho responsables, han decidido solucionar el problema. Sin embargo, por tales acciones han sido sancionados por la Contraloría. Un ejemplo de ello lo vivió la Alcaldesa de San Bernardo, quien nos acompaña hoy día en las tribunas.
Por eso necesitamos el cambio legal propuesto, que -en eso coincido con el Senador Letelier- es bastante acotado. Se refiere solo a emergencias. En caso de ocurrir alguna, los municipios podrán hacer obras que, en verdad, ya están haciendo.
En ese sentido, tenemos que creer mucho más en los municipios y ver cómo podemos permitirles realizar de manera mucho más fácil la tarea que les está demandando la ciudadanía.
Me preocupa, sí, que con esto empecemos a responsabilizar a los municipios de la pavimentación comunal sin que les entreguemos los fondos para llevar a cabo tales obras. Entiendo que este proyecto no avanza en esa dirección; solamente estamos hablando de un tema de emergencia.
Pero, más allá del objetivo puntual, que apoyo totalmente -creo que la iniciativa apunta en el sentido correcto respecto de las emergencias con el fin de mejorar la situación de los alcaldes y resolver las demandas de los ciudadanos en esta materia-, me parece que aquí se arroja una luz sobre un problema que es evidente: en relación con la pavimentación de calles -y también en otros casos-, se advierte un enredo institucional más o menos importante. La ciudadanía cree que la responsabilidad es del municipio, y no lo es, al menos no directamente. Es del SERVIU.
¡Pero quien paga los costos políticos y sociales es el alcalde!
En torno a ese tema tendremos que seguir pensando en quién debiera ser finalmente el responsable no de la emergencia, sino de la pavimentación. El municipio puede contar con los fondos y la iniciativa a ese respecto, pero ello no necesariamente significa que no tendrá que cumplir con los estándares. Lo señalo en el sentido en que lo planteaba el Senador Quintana: puede ser que el municipio sea el responsable de llevar adelante la obra de emergencia; no obstante, la fiscalización de ella debiera estar en manos del SERVIU. Eso es perfectamente posible.
Sin embargo, es imprescindible que quien es visto como el responsable política y socialmente al final del día pueda hacer algo, lo que hoy día no necesariamente sucede.
Esta es una de las temáticas que, a mi juicio, pueden entrar en una agenda de descentralización real, que nos permita ir avanzando hacia los municipios, hacia los gobiernos regionales.
Señor Presidente, voy a votar a favor. Entiendo que, por la manera en que está planteado el proyecto y por haberse originado en una moción, surgen dudas de constitucionalidad. Espero que el Ejecutivo nos entregue alguna respuesta al respecto con miras a su tramitación futura.
En ese sentido, creo que hoy debiéramos votar la iniciativa solo en general y no en particular, de manera que puedan ser subsanados los problemas constitucionales que se han manifestado, para que luego no surjan complicaciones en una propuesta legislativa que, según entiendo, cuenta con el apoyo transversal de la Sala.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, seré breve, porque la mayoría de los Senadores que se han referido al proyecto interpreta lo que pienso sobre él: es necesario que los municipios cuenten con la facultad que se plantea.
Pero hay un problema más de fondo: esta iniciativa desnuda absolutamente el centralismo que vivimos y muestra la precariedad y debilidad de la institucionalidad municipal vigente en nuestro país.
Y es nuestro deber perfeccionar y fortalecer esa institucionalidad.
¿Qué estamos haciendo hoy día, en definitiva? Estamos autorizando al municipio para que tape un hoyo. Y, para ello, debemos discutir una iniciativa de ley y llevar adelante toda una tramitación. Y, además, se ha dicho que pueden existir problemas de constitucionalidad.
Por otra parte, con la redacción del proyecto, el día de mañana un alcalde podría verse cuestionado si alguien dice: "Esto no era una emergencia, porque, para que lo sea, el hoyo debe ser causal de peligro o daño a los bienes y a las personas". Por lo tanto, si así está definido el asunto, es posible enfrentar hoyos que no provoquen esos problemas.
Entonces, la discusión puede ser de distinta naturaleza.
¡Pero fortalezcamos a los municipios!
Señor Presidente, creo que el país está en una situación que le permite transformar a las municipalidades en verdaderos gobiernos comunales. De hecho, sus principales autoridades son elegidas por el pueblo. ¡El alcalde y los concejales son elegidos por el pueblo!
En la tribuna está la Alcaldesa de San Bernardo, quien ha obtenido amplia mayoría de votos en las tres últimas elecciones y dirige una comuna compleja y difícil. Mirándola a ella, debiéramos fortalecer el accionar de los ediles y no entregarles migajas.
Yo sé que todos los alcaldes -así me lo han hecho saber los de mi zona- aprueban este proyecto, porque en verdad los critican por los eventos, hoyos o las roturas de pavimento y la Contraloría dice que no es de su competencia repararlos.
Resolvamos ese problema, pero concordemos en que, con esta iniciativa, estamos avanzando mínimamente.
No hay duda de que los municipios debieran contar con la atribución que se propone, pero también con otras mucho más significativas y sustantivas en materia de urbanismo y de pavimentación, pues de las obras en esas áreas depende el desarrollo de las ciudades.
Cuando alguien llega a una ciudad y esta se encuentra limpia y bien pavimentada, ¿qué dice? "Aquí el alcalde hace una buena labor". Pero en realidad no le hemos dado atribuciones para que realice verdaderamente esas funciones. Por el contrario, seguimos insistiendo en facultar en ese ámbito a otro organismo, distinto de la municipalidad.
Por ejemplo, en la Región de Ñuble le decimos al Alcalde de Yungay que vaya a Chillán o en la Octava Región, al Alcalde de Alto Biobío que se dirija a Concepción para hablar con el Director Regional del SERVIU con el fin de lograr que se preocupe de la reparación de calzadas, cuando este Servicio está abocado a otros asuntos, como al desarrollo habitacional, al combate a los campamentos, a la protección del patrimonio familiar, a proyectos de parques, etcétera.
La municipalidad, verdaderamente, no tiene ni la fuerza ni la potencia para realizar obras que son obvias.
Señor Presidente, ¿hay algo más obvio que la necesidad de que el pavimento en las calles de nuestras ciudades, de nuestras comunas, esté en buen estado?
¡Absolutamente obvio!
Y esa obviedad hace que uno sostenga que el municipio debe contar con todas las atribuciones para avanzar en esa materia.
Por lo tanto, creo que este proyecto va en la línea correcta.
Esperamos que el Gobierno presente indicaciones para perfeccionarlo, y así despacharlo en buena forma.
No hay duda de que esta propuesta legislativa nos obliga a mirarnos al espejo, pues estamos absolutamente al debe en lo relativo al fortalecimiento de los gobiernos municipales.
En consecuencia, señor Presidente, voto a favor la idea de legislar y confío en que nuestro Gobierno trabaje con talento y dedicación para fortalecer la acción de los municipios en todas las comunas del país.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Galilea.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, hace algunos minutos un Senador se preguntaba a sí mismo si era necesario legislar sobre esta materia. Y se respondía que era muy necesario.
En mi opinión, no es muy necesario, sino urgente.
La situación que busca solucionar este proyecto no nace de un problema de descentralización o de centralismo. Surge de la total incapacidad del SERVIU, en cada una de las regiones, para reparar los hoyos o eventos en las calzadas de una ciudad.
El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, de alguna manera ha solucionado esto a través de las globales. Quien se adjudica uno de estos contratos debe, entre otras cosas, mantener las calzadas y hacerse cargo de los eventos y hoyos que se generen en estas.
Pero el SERVIU no tiene un mecanismo similar al ya señalado, por lo cual hemos llegado a una completa anomalía: las municipalidades son responsables de los accidentes que ocasionan esos eventos, pero no cuentan con la facultad para repararlos.
Cuando se producen esas desalineaciones legislativas, ¿qué ocurre? La fuerza de los hechos manda: a las municipalidades no les queda otra que resolver.
Los gobiernos regionales financian bachadoras. Normalmente se entregan a municipalidades grandes, pues se trata de maquinarias caras de operar, en términos de materiales y de personal.
En consecuencia, debemos solucionar urgentemente una situación de completa ilegalidad, que funciona en buena parte de las municipalidades del país.
Por lo demás, señor Presidente, en esta iniciativa de ley no se establece un traspaso de competencias. Por tanto, el SERVIU deberá seguir a cargo de la tuición de las calles, lo que obligará, a mi parecer, a una buena coordinación entre este Servicio y los municipios.
Insisto: el SERVIU no tiene ninguna posibilidad de hacer frente a todos los hoyos que hay en una región. Pero, al menos, podrá coordinarse de mejor manera con las municipalidades y, quizás, atender mejor a las más pequeñas.
Quiero dejar planteadas dos cosas para analizarlas durante la discusión en particular del proyecto.
Primero, me parece que el artículo que se debe modificar es otro, no el número 10.
Segundo, debe existir una expresa mención a las rutas que se encuentran dentro del área urbana de una municipalidad y que están bajo la tuición de Vialidad. Hay calles al interior de las ciudades que son de competencia de este último órgano y no del SERVIU. A la hora del debate en particular sería bueno abordar este punto, a fin de que los eventos se puedan solucionar tanto en calles de responsabilidad del SERVIU como en aquellas en áreas urbanas que son competencia de Vialidad.
Me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo en esas dos materias.
En términos generales, señor Presidente, reitero que no solo es muy importante, sino urgente sacar adelante esta iniciativa, a fin de abordar las emergencias en nuestras calles.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, los alcaldes efectivamente son quienes están más cerca de las personas. Así lo demuestran las encuestas. Y la gente demanda a sus autoridades estar presentes en esta discusión.
Quiero saludar -por su intermedio, señor Presidente- a la Alcaldesa de San Bernardo, señora Nora Cuevas, y a todos quienes la acompañan en las tribunas, porque ellos están buscando hacer realidad lo que las personas quieren: soluciones concretas.
Cada región se compone de una cantidad de comunas diferentes. En Valparaíso son 38. De consiguiente, es muy difícil para un organismo centralizado estar haciéndose cargo de 38 problemas simultáneos.
Es importante destacar que el espíritu del proyecto ataca una situación de emergencia tendiente a corregir algo que puede producir no solo daño a un vehículo, sino también accidentes a las personas. Por lo tanto, es un tema de seguridad pública aprobar esta mejora legislativa.
Una obra provisoria de emergencia no debe perder su sentido: es provisoria. Con ello no se está vulnerando el trabajo técnico de reparación.
Una obra provisoria de emergencia permite -y este es el primer argumento que quiero exponer- que cualquier evento o situación que se produzca sea contenida en el menor tiempo posible. Esta es una medida de eficacia.
En Magallanes, por ejemplo, durante el invierno las calles se congelan, y esa agua rompe el pavimento. Si se actúa inmediatamente, se corrige la rotura y no incurrimos en gastos mayores. Por tanto, la oportunidad de intervenir al más breve tiempo con una obra de emergencia es un elemento de costo-efectividad que debemos tomar en cuenta para mejorar nuestras leyes.
Lo más curioso es que la misma ley Nº 8.946, en su artículo 75, señala que son precisamente las municipalidades, de conformidad a su ley orgánica constitucional, las que ordenan romper los pavimentos. Entonces, ¿por qué esas mismas municipalidades no están autorizadas para repararlos?
Por todo lo anterior, me sumo al apoyo a esta iniciativa.
He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, abrigo varias dudas sobre el proyecto, pero parto por consignar lo muy bienintencionados que han sido sus autores.
Lo primero que observo es que se trata de enmendar la ley N° 8.946, que debe de datar de la década de los cuarenta del siglo XX. O sea, tiene más o menos ochenta años. Resulta curioso que no le haya llamado la atención a ningún legislador durante ese período y no haya sido modificada.
Cabe preguntarse si estará o no vigente. En efecto, la Carta de 1925 cambió; una nueva Constitución contempla una estructura y un régimen diferentes para gobiernos regionales y locales, y existen distintas categorías de cuerpos legales. La que he citado es una ley simple y las municipalidades se encuentran regidas por una de carácter orgánico constitucional, de otro rango. A mí me surge una interrogante acerca de una normativa tan antigua, respecto de la cual nos damos cuenta ochenta años después, en el siglo XXI, que no está funcionando.
Entonces, algo no me cuadra, desde el punto de vista jurídico, con la moción.
En seguida, el artículo 10 de esta ley de la década de los cuarenta del siglo pasado no dice que los municipios no pueden realizar las obras: expresa que los trabajos de pavimentación deberán ser efectuados por personas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas. No determina que los primeros se encuentren impedidos de llevar a cabo acciones de pavimentación urbana o de superación de baches. Dispone que, en el evento de verificarse una obra por un privado, este tiene que hallarse inscrito.
Sin embargo, es preciso tener presente algo muy importante para legislar bien. Hoy día se halla vigente la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo artículo 5° expresa:
"Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales:
"m) Elaborar, aprobar, modificar y materializar los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público".
En consecuencia, cuentan con facultades.
¿Cuál es el problema, a mi juicio? Que, si se buscan otras disposiciones, el artículo 8° del mismo cuerpo legal manifiesta que todos los contratos que excedan de doscientas unidades tributarias mensuales requerirán necesariamente un llamado a licitación. Porque en la actualidad rige la ley de Chile Compra, en virtud de la cual ninguna institución del Estado puede recurrir a un trato directo a menos que el ordenamiento lo autorice. Cualquier obra está sujeta a licitación, entonces, por un motivo de transparencia y probidad. La norma se halla contemplada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, de rango muy superior a la ley N° 8.946, que es de la década de los cuarenta -repito- del siglo pasado.
Ahora, el mismo artículo contempla la posibilidad de no llamar a licitación y hacer un trato directo. Expresa que si la cuantía de los contratos o el valor de los bienes involucrados o los derechos o prestaciones a pagarse son inferiores a lo señalado, se podrá llamar a propuesta privada, y que "Igual procedimiento se aplicará cuando, no obstante que el monto de los contratos o el valor de los bienes involucrados exceda de los montos indicados en dicho inciso, concurran imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas por el concejo, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto favorable de la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio".
Es decir, si la municipalidad tiene que superar una emergencia, el alcalde, con la autorización del concejo, puede saltarse las normas de Chile Compra y hacer un trato directo con las personas que estime conveniente.
A mí me interesa que podamos legislar bien. Porque una alta autoridad de una importante institución del Estado manifestó el otro día que no estamos haciendo adecuadamente las cosas. Y fíjese, señor Presidente, que me encuentro con que la letra m) del artículo 5°, relativa a que las municipalidades podrán "Elaborar, aprobar, modificar y materializar los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público", fue introducida por la ley N° 20.958, de 15 de octubre de 2016, hace poquito tiempo. Pero una nota de la Editorial Jurídica expresa: "No es posible realizar la modificación establecida en el artículo 1°, N° 2), letra a), de la Ley N° 20.965, de 4 de noviembre de 2016, toda vez que fue realizada anteriormente en los mismos términos por la Ley N° 20.958, de 15 de octubre de 2016". O sea, dos cuerpos legales se superpusieron respecto de la misma materia y el texto oficial señala especialmente el problema. Mi pregunta es a qué apuntamos con una enmienda, entonces, si se trata de algo normado.
Otra cosa es que alguien pueda decir: "Las municipalidades no tienen plata". Hay múltiples fuentes de financiamiento. La Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional contempla expresamente la posibilidad de que las municipalidades concurran a pedir recursos para este tipo de obras.
Aún más, si se recurre a la Ley de Presupuestos y se consultan las glosas -o sea, la letra chica- del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de cada una de las regiones, se encontrará que se señala en forma expresa que los gobiernos regionales podrán entregar directamente plata a las municipalidades para realizar todo tipo de pavimentaciones urbanas.
Fui alcalde, y tal vez por eso es que domino el detalle.
No quiero aparecer en contra de una buena idea. Pido considerar el asunto, porque a lo mejor nos estamos ocupando en algo ya legislado. Por eso es que los jefes comunales ejercen la atribución. El derecho administrativo municipal es muy complejo. No es fácil interpretar todo este tipo de normas. Sugiero, modestamente, que podamos dar una vuelta a la cuestión. No vaya a ser que nos equivoquemos modificando una ley de antigua data y que nos representen: "¡Cómo no se dieron cuenta en ochenta años de que había un problema!".
En consecuencia, llamo a adoptar las medidas correspondientes.
No sé si se podrá pedir una opinión a la Comisión de Constitución con el objeto de que podamos ver toda esta complicada normativa a la cual me he referido, para que no nos equivoquemos y ninguna otra autoridad del Estado nos diga que estamos haciendo mal las cosas.
Esa es mi sugerencia.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Agradezco la intervención de Su Señoría. Se ha aclarado un punto tremendamente importante.
Entiendo que ya un señor Senador pidió segunda discusión hace un buen rato.
Puede intervenir el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, creo que la idea es buena, pero que ha sido muy mal resuelta.
A mi juicio, estaríamos eliminando la obligación de que un trabajo de pavimentación sea efectuado por personas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¡Eso estaríamos haciendo, no facultando a los municipios para pavimentar en las situaciones señaladas, que son más bien de emergencia!
Si queremos que exista la atribución, tenemos que llevarla a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Deseo recordar que su artículo 3°, en el Párrafo 2°, establece funciones privativas, es decir, que solo ellas pueden desarrollar -¡ningún otro órgano del Estado!-, entre las cuales no se incluye la pavimentación de calzadas.
A su vez, el artículo 4º dispone que "Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con:
"f) La urbanización y la vialidad urbana y rural;".
¿Los municipios pueden hoy día reparar calzadas? Sí. Solo que tienen que hacerlo en convenio con el Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo.
Por lo tanto, si queremos que actúen directamente, sin ese convenio, es preciso modificar el artículo 3º o el artículo 4º.
Voy a votar a favor de la idea de legislar, porque juzgo que se ha puesto el dedo en la llaga. Estimo que las municipalidades deben contar con la facultad, pero que el asunto se halla mal planteado y mal resuelto. A través del proyecto de ley no las estamos autorizando para proceder. Como dije, lo que hacemos es simplemente expresar: "Cuando un municipio repare una calzada, el que lo lleve a cabo no necesitará estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda". Creo que eso también es malo.
En consecuencia, me pronuncio por la aprobación, mas espero que la anomalía sea corregida en la discusión particular y que entreguemos directamente la atribución mediante una enmienda del artículo 3º o del artículo 4º de la ley Nº 18.695.
Gracias.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, resulta claro que asignar la facultad a las municipalidades no es viable si no va acompañada de un presupuesto.
Juzgo complejo un acuerdo político ahora, en un período de restricción -el Gobierno anunció un recorte de 500 millones de dólares en todos los Ministerios, y el de Vivienda y Urbanismo no quedará exento-, para incorporar un financiamiento inmediato.
Todo indica que se contará con recursos para este efecto en el Presupuesto de 2019. Por lo tanto, lo más factible, durante la discusión de esa materia, es una glosa para asignarlos, como una primera partida, en particular tratándose de la presentación de obras con calificación de "urgentes".
El Ejecutivo tendrá la ocasión en los próximos días de formular una indicación.
Si coincidimos en que la facultad tiene que estar financiada para 2019, una glosa -repito- puede salvar la situación. Es decir, podemos votar con un protocolo de acuerdo, suscrito por los Ministros de Vivienda y de Hacienda, en el sentido de que ella será contemplada. Y se discutirá cuál será la mejor, proporcional entre la Región Metropolitana y el resto, de manera que la participación se conforme a la proporcionalidad de cada una de las demandas de las regiones.
Lo que no puede ocurrir es que la iniciativa se empantane y dejemos a los municipios como se encuentran en la actualidad. Estuvimos con la alcaldesa de San Bernardo y el alcalde de Independencia, y la experiencia es variada. Algunas municipalidades han sido sancionadas por la Contraloría -reitero lo que expuse al inicio- y, además, demandadas civilmente.
Mientras más tardemos en aprobar el proyecto y no dar una solución expresa, oportuna y eficiente, nos alejaremos de lo que la ciudadanía espera del Senado: que resuelva los problemas con un cuerpo legal y no cree otros.
Si hoy día tiene lugar una dilación y los efectos reales y concretos se registrarán a partir de marzo de 2019, estaremos despachando una ley que no dará resultado alguno hasta al menos nueve o diez meses más, durante los cuales se mantendrá la exposición de los alcaldes al pago de demandas civiles o a una sanción por la Contraloría.
Entonces, frente a problemas urgentes, soluciones urgentes. Una mayor demora carece de sentido.
El texto volverá a la Comisión de Vivienda, al parecer, donde podemos resolver que se invite al Director de Presupuestos a fin de que nos informe si hay voluntad política en el Gobierno en el sentido de incorporar una glosa presupuestaria para 2019 y si existe algún mecanismo, cuando los alcaldes cuenten con la facultad una vez verificada la promulgación, que permita la participación en fondos concursables, al igual que en muchos otros proyectos. Pero no es posible dictar una ley con efectos en un año más, porque la necesidad urgente se plantea hoy.
Por suerte, no ha habido desgracias personales que lamentar. Mas puede ocurrir un accidente por un hoyo no tapado o fallecer alguien, y se dirá: "El Congreso aprobó un cuerpo legal para un año más, y sus integrantes, existiendo la atribución y el diagnóstico acertado, fueron incapaces de poner recursos con los cuales una vida se hubiera salvado".
Además, al existir la facultad, los jefes comunales serán demandados civilmente. Podrían actuar con fondos propios, ya sea a través de terceros o de funcionarios municipales. Les estamos haciendo un flaco favor. Varias personas en la Sala desempeñaron el cargo. Si hay un accidente, un abogado podrá sostener que el alcalde disponía de la atribución para reparar y no lo hizo. "¡Es que no tenía dinero!". ¡Pero no lo hizo!
Quedarían en una situación peor que la actual, en que solo se les permite señalizar. La defensa, frente a las demandas civiles, es que deben hacerlo y el SERVIU reparar.
Repito que se aprobaría una ley sin recursos inmediatos para lo urgente. Porque cincuenta metros cuadrados es bastante. Muchos de los principales baches son inferiores a un metro cuadrado, o sea, exactamente donde cabe la rueda de un vehículo. Si se pretendiera resolver los problemas expuestos por los alcaldes, relativos a la seguridad automovilística, así como también financiera por las demandas civiles, debiese tener lugar un efecto práctico en el menor plazo posible.
Entonces, encontrándose presente el asesor del señor Ministro de Vivienda y tratándose de un asunto que demanda prontitud, pido, si el proyecto vuelve a la Comisión de Vivienda, que contemos con la voluntad positiva del Gobierno para asistir y que lo despachemos a la brevedad con el compromiso de una glosa, además de un ajuste presupuestario que les permita a los alcaldes concursar por recursos, sin exponerlos durante un año a acciones civiles por la circunstancia de que ahora les damos la atribución que nos ocupa, a la que acompaña la responsabilidad consiguiente.
Los abogados en la Sala pueden corroborar que sobrevendrán demandas, salvo que se redacte que la facultad se hará efectiva una vez recibido el financiamiento. Espero que ello lo analicemos a la brevedad en la Comisión de Vivienda.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Se trata del pronunciamiento en general, después del cual el proyecto volverá al órgano técnico. Esa es la situación.
Acordado.

El señor SANDOVAL.- Que intervenga también el Ejecutivo, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor MONTES (Presidente).- Puede usar de la palabra el Honorable señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, a mí me parece muy interesante la discusión, pero, por la vehemencia del debate, pensé que estábamos ante una reforma constitucional. ¡Tal vez lo único que falta es pedir un estudio de impacto ambiental...!
Esto da cuenta del absoluto anacronismo de nuestro Estado, de la burocracia.
¡Es una vergüenza que para que un municipio pueda tapar un hoyo se tenga que hacer todo este debate! O sea, ¡en qué mundo estamos! ¡Estamos en el siglo XXI, no en la Edad Media!
Yo quisiera poner énfasis en eso.
¡Cómo un municipio no va a poder tapar un hoyo!
Da la impresión de que se necesitaran ingenieros o un saber particular para tapar un hoyo. No es así: ¡lo hace la gente!; ¡lo hace cualquiera!
Entonces, en primer término, debemos decir las cosas como son: tenemos un Estado totalmente anacrónico. Y esta discusión expresa, justamente, que la manera en que estamos haciendo las cosas ya es totalmente insostenible.
En segundo lugar, evidentemente debemos facultar a los municipios para que les sea posible tapar un hoyo. ¡Esto es de sentido común!
Ahora bien, a mí me parece que hoy día tenemos un problema.
La ciudad le pertenece a las personas, le pertenece a los peatones, le pertenece al ciclista, le pertenece a la familia, le pertenece al transporte público.
Yo creo que debemos cambiar la prioridad. Muchas veces los alcaldes corren y llaman a la televisión para tapar un hoyo en la calle. Pero mucho más importante -y valoro que se haya incorporado acá- son las veredas en mal estado. ¡Por ellas transita la gente! ¡Por ellas transitan los peatones!
Debemos tener presente que la sociedad se está envejeciendo. A futuro habrá muchos más adultos mayores que, más que andar por la calle, necesitan trasladarse por buenas veredas.
Por consiguiente, señor Presidente, apoyo el proyecto de ley. Pero me cuesta entender la complejidad que tiene todo esto, en circunstancias de que es tan evidente dotar de todas las facultades necesarias al municipio. Por pequeña que sea una municipalidad, no requiere ningún control ni ninguna asistencia para tapar el hoyo de una calle o para reparar una vereda dañada.
Me parece que debiéramos avanzar por ese camino.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, parece bien increíble que hoy día estemos debatiendo un proyecto como este cuando, en realidad, debiéramos tender a terminar con las administraciones comunales y fortalecer los gobiernos comunales.
El brazo más cercano que tiene el Estado hacia el ciudadano es el municipio. Es ahí donde la gente llega a pedir ayuda, por ejemplo, para solicitar que tapen los hoyos de las calles o que reparen las viviendas luego de alguna emergencia; o para pedir -en los municipios más pobres- la canasta de alimentos o la plancha de zinc tras un aluvión o una lluvia extrema, etcétera.
Me parece increíble -¡increíble!- que gran parte de esas ayudas básicas estén centralizadas. Y no digo centralizadas necesariamente en Santiago, sino en organismos centralizados, donde el municipio debe enviar el informe Alfa, después este pasa a la gobernación, luego a la ONEMI, etcétera. ¡Es una tramitación burocrática enorme! En verdad, en los municipios debiesen estar las ayudas permanentemente, para evitar la dilación o la falta de oportunidad para obtener el apoyo.
En este punto pasa exactamente lo mismo.
En la Región de Ñuble tuvimos hace un tiempo una disputa. El alcalde de Chillán compró una máquina -¡compró una máquina con recursos municipales!- para arreglar las calles. ¡Y no la podía usar!, a pesar de que ella fue adquirida con recursos municipales, ya que el SERVIU no lo autorizaba porque la reparación de las calles correspondía a una de sus facultades.
Entonces, obviamente, lo que uno hace es señalarle al SERVIU: "Si ustedes no quieren que el municipio lo haga, ¡háganlo ustedes, pues!". Pero ellos responden: "¿Sabe lo que pasa? De acuerdo con el plan regional, tenemos una prioridad en otra comuna". O sea, ¡no lo hace y no deja que otro lo haga!
Pensemos un minuto: el Estado que tenemos no da cuenta de la realidad. Y parte de la indignación ciudadana tiene que ver con la falta de servicio. ¡Si para que los autos circulen, se requieren calles en buen estado! ¡Para que los adultos mayores, para que los niños circulen por las veredas, se requieren veredas en buen estado!
¡Qué mejor que descentralizar!
Hoy día estamos descentralizando la facultad, la competencia. Pero falta algo muy importante: los recursos.
Espero que todos los Senadores y las Senadoras, que hoy día con tanto entusiasmo estamos votamos, obliguemos al Gobierno para que en la Ley de Presupuestos -la discutiremos a partir de septiembre- se incorporen recursos para transferir a los municipios a fin de que estos puedan efectivamente tapar los hoyos. Porque estos no se reparan solo con facultades: se requieren la facultad y los recursos.
Esta es la primera parte.
Esto casi no debiera tener discusión. El proyecto en examen tendría que ser más bien de Fácil Despacho.
Y, como en este caso, hay decenas de facultades que habría que transferir directamente a los municipios.
¿Qué posibilidad tienen municipios pequeños, como el de Ranquil, como el de Coelemu, para tapar los hoyos si sus presupuestos alcanzan solo para financiar el gasto municipal?
Aquí se abre una discusión de fondo, que hemos planteado con la bancada de Senadores del Partido Por la Democracia: ¡no podemos seguir con un sistema de financiamiento municipal como el que tenemos!
¡No es posible que la comuna de Vitacura tenga para invertir 883 mil pesos por habitante y la comuna de Los Álamos, en la provincia de Arauco, tenga para invertir 43 mil pesos por habitante! Esto no se condice con la realidad, porque los ciudadanos de la comuna de Los Álamos requieren mucho más al municipio, porque sin él no pueden satisfacer sus necesidades básicas.
Por lo tanto, al final del día, esto se trata de crear un sistema de financiamiento municipal más equitativo, a fin de que los municipios puedan ir en ayuda de sus vecinas y vecinos.
Hoy día damos un pequeño paso, pero -insisto- solo respecto de facultades.
Concurro con mi voto favorable porque me parece que esta debiera ser la tónica en esta materia -reparación de calles- y también en muchas otras acciones que tendrían que realizar los municipios, dejándole al SERVIU, principalmente, la construcción de viviendas para los cientos o miles de allegados o personas que están actualmente en los diferentes comités de vivienda o cooperativas, como hay en la ciudad de Iquique.
En definitiva, señor Presidente, creo que debemos avanzar hacia un Estado mucho más descentralizado.
Hoy día entregar estas facultades al municipio es el piso de la discusión, con miras a que cuenten con muchas más facultades. Pero también es imprescindible otorgarles más recursos.
Por eso, por el derecho de los municipios a tener más facultades y también más presupuesto para arreglar las calles para sus vecinos y vecinas, voto a favor.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
¿Un bache nuevo, señora Senadora...?

La señora RINCÓN.- ¡No, un evento nuevo, señor Presidente...!
Cuando fui intendenta, me tocó ser testigo del drama que viven las comunas por la falta de recursos.
Además, participé en la discusión respecto de quién tenía la responsabilidad en este tema.
Y como parlamentaria he visto el drama de los municipios ante la imposibilidad de enfrentar la solución directa de estas situaciones.
Por lo tanto, a mi juicio, es un evento el hecho de que estemos aprobando este proyecto, que entrega facultades -y espero que también recursos- a los municipios.
Voto a favor.

El señor MONTES (Presidente).- Consulto al representante del Ministerio si quiere responder algunas de las interrogantes.

El señor ERRÁZURIZ (Asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo).- Esperaremos el debate en Comisión, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.

Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron los señores Huenchumilla, Latorre y Quintana.
--(Aplausos en tribunas).


El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará plazo para formular indicaciones hasta el 4 de junio, tiempo suficiente para presentar las propuestas planteadas en el debate.
--Así se acuerda.
)--------------(

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Comunicación
De la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con la que señala que ha elegido Presidente al Senador señor Juan Pablo Letelier Morel.
--Se toma conocimiento.



PERFECCIONAMIENTO DE CAUSAL DE DESPIDO DE DOCENTES MUNICIPALES POR SALUD INCOMPATIBLE


El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, para perfeccionar la causal de término de la relación laboral de los docentes municipales, determinada por salud incompatible, con nuevo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.322-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 61ª, en 21 de noviembre de 2017 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 85ª, en 24 de enero de 2018.
Trabajo y Previsión Social (nuevo): sesión 10ª, en 17 de abril de 2018.
Discusión:
Sesión 3ª, en 20 de marzo de 2018 (se solicita nuevo informe).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que la Sala del Senado, en sesión de 20 de marzo pasado, analizó los principales objetivos del proyecto y, sin pronunciarse a su respecto, acordó que la Comisión de Trabajo y Previsión Social efectuara una revisión del contenido de la iniciativa, en un nuevo informe, para que posteriormente fuera conocido por la Comisión de Hacienda. A este último respecto, la Comisión de Trabajo, teniendo presente que las disposiciones aprobadas no inciden en materias presupuestarias o financieras del Estado, acordó que no se requeriera informe de la Comisión de Hacienda y solicita a la Sala proceder en ese sentido.
Los principales objetivos de la iniciativa son los siguientes.
Armonizar la normativa del Estatuto de los Profesionales de la Educación, en materia de término de la relación laboral por salud incompatible, con la consagrada en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. En consecuencia, el alcalde o el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública podrá ejercer la facultad por dicha causal, requiriéndose previamente a la COMPIN la evaluación del profesional docente respecto a la irrecuperabilidad de su salud.
La declaración de irrecuperabilidad generará el retiro del profesional, al que se le pagarán todas las remuneraciones correspondientes al empleo durante seis meses, siendo ello de cargo del sostenedor.
La Comisión de Trabajo discutió el proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, aprobándolo por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señoras Goic y Muñoz y señores Allamand y Durana), con la enmienda que consigna en su informe.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión general y particular.

Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, efectivamente, el 20 de marzo la Sala acordó que la Comisión de Trabajo y Previsión Social emitiera un nuevo informe del proyecto, y así lo hicimos.
La iniciativa busca terminar con una arbitrariedad existente en el caso de los profesores, en que se faculta al alcalde o a la autoridad competente para que decida que el docente que haya presentado licencias médicas por más de seis meses en un período de dos años, ya sea en forma continua o discontinua, sea despedido aduciendo que tiene salud incompatible con el cargo. Ello, a diferencia de lo que sucede con la declaración de salud irrecuperable, en que la COMPIN establece esa condición, lo cual da lugar a una indemnización por seis meses.
Cabe recordar que el año pasado ya se había modificado el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, cuando se aprobó la ley que otorgó reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público. En esa oportunidad se relacionó la causal de salud incompatible y el despido del funcionario municipal con la obligatoriedad de un informe previo de la COMPIN por salud irrecuperable.
Como he señalado, se modificó la norma para el Estatuto Administrativo y para el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, pero ello no se hizo respecto de los profesores. Por lo tanto, hoy día estamos armonizando las disposiciones sobre la materia.
La propuesta original -esta es una moción que venía de la Cámara de Diputados- establecía un procedimiento distinto, vía juzgados del trabajo. Sin embargo, durante la tramitación en la Comisión de Trabajo se conversó con el Colegio de Profesores, con el Ministro del ramo y con su equipo, y se acordó que era preferible que el Ejecutivo presentara una indicación sustitutiva. Así ocurrió, y se propuso una norma que establece un procedimiento igual al establecido el año pasado.
Deseo destacar aquí el rol que ha jugado el Colegio de Profesores y su Presidente, quienes han estado presentes en las discusiones del proyecto.
Esta iniciativa surge de una situación muy dolorosa que se vivió en la comuna de Lo Espejo, donde fueron despedidos varios profesores. Por lo tanto, entiendo la relevancia que para ellos tiene completar la tramitación del proyecto.
También destaco la disposición del Ministro del Trabajo para buscar un acuerdo y zanjar cualquier duda de admisibilidad, patrocinando la indicación presentada.
En consecuencia, con esta propuesta se dispone que el alcalde o el director ejecutivo del Servicio Local de Educación, para poder aplicar la causal de salud incompatible, está obligado a requerir previamente de la COMPIN la evaluación del docente respecto a la irrecuperabilidad de su salud. Por lo tanto, solo puede haber despido si hay un informe favorable de irrecuperabilidad de la salud del docente. Y en caso de que esta se declare, el profesor cuenta con un plazo de seis meses para dejar el servicio. En ese lapso no está obligado a concurrir a trabajar y sí gozará de las remuneraciones y los pagos correspondientes, los cuales, por supuesto, serán de cargo del sostenedor.
Asimismo, en la Comisión de Trabajo revisamos algo que se planteó en la Sala, en cuanto a la necesidad de que el proyecto sea tratado también por la Comisión de Hacienda. Al respecto, en la discusión se tuvo a la vista el informe financiero emitido por el Ministerio de Hacienda, que planteaba que las modificaciones propuestas no representan un mayor gasto fiscal, por cuanto la indicación simplemente reproduce la normativa vigente con el solo fin de entregar una mayor certidumbre para su aplicación. Por ello, consideramos innecesario que el proyecto vaya a la Comisión de Hacienda.
Como he señalado, esta iniciativa armoniza la materia con lo ya aprobado en dos Estatutos el año pasado a propósito de la discusión sobre el reajuste. Eso se dio en el contexto de un acuerdo con la mesa del sector público, en que, probablemente, no estuvo representado el Colegio de Profesores. De manera que hoy día se incluye al personal docente municipalizado para dar certeza respecto a esta situación tan arbitraria -es lo que hay de fondo-, en el sentido de que un profesor pudiera ser despedido por haber hecho uso de licencias médicas por seis meses en el lapso de dos años. Puedo nombrar varias enfermedades que requieren ese tiempo de recuperación, y no es posible que esto quede al arbitrio de la autoridad.
En la Comisión de Trabajo hemos conocido situaciones concretas de abusos en las que se ha aplicado ese procedimiento.
Recuerdo a Karen, una chiquilla abogada que tuvo un cáncer de mamas y que después de una licencia médica de más de seis meses volvió a trabajar. Lo hizo por varios meses y luego la despidieron. Igual situación han vivido algunos profesores en la comuna de Lo Espejo.
Por consiguiente, la Comisión recomienda aprobar el proyecto en los mismos términos en que ella lo hizo, a fin de que pueda completar su tramitación en la Cámara de Diputados.

El señor PIZARRO.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
En votación.
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El señor MONTES (Presidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Coordinador Legislativo del Ministerio del Trabajo, señor Francisco del Río.
--Se accede a lo solicitado.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, como acaba de informar la Presidenta de la Comisión, el órgano especializado hizo un trabajo que, al menos, tomó en cuenta las observaciones que formulamos en la Sala.
Está claro que todos deseamos la estabilidad y la seguridad laboral para nuestros profesores. Pero en la oportunidad anterior en que discutimos esta moción nos dimos cuenta de que tenía ciertas falencias legislativas y de tramitación, porque, si bien se otorgaba atribuciones a los juzgados del trabajo, no se había solicitado la opinión de la Corte Suprema, pero lo más importante es que el tema de la calificación de la causal de término de contrato por salud irrecuperable establecida en el Estatuto Docente ya había sido solucionado por la Ley de Presupuestos del año pasado, cuando se reformó el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales en términos de que la calificación de dicha causal por parte del alcalde necesita el informe correspondiente de COMPIN.
Como el Estatuto Docente se remite a dicho ordenamiento para la regulación de tal circunstancia, en cierta manera el problema ya estaría solucionado. Sin embargo, es importante que el Ejecutivo haya propuesto la homologación de las dos normativas.
Con ello, el alcalde podrá efectuar la calificación de salud irrecuperable cuando un trabajador haya hecho uso de licencia en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, excluyendo los casos de accidente laboral o de licencia maternal. Pero, para ello, el alcalde (o el director ejecutivo de uno de los futuros servicios locales) deberá contar con un informe de COMPIN.
El otro cambio importante es que con el nuevo artículo 72 ter queda claro que el trabajador va a recibir sus remuneraciones durante seis meses, que corresponden al plazo dentro del cual deberá retirarse de la municipalidad.
Es relevante que hayamos terminado de solucionar bien la situación, para darles estabilidad y seguridad a nuestros profesores, que es lo que nosotros buscábamos, al igual que el Colegio de la Orden, preocupado, en su caso, de aquellos colegas que podían ser despedidos por el alcalde al volver a su trabajo después de una larga enfermedad, quedando en estado de vulnerabilidad laboral.
Por eso, considero que con este proyecto damos un paso positivo. Y me alegro de que haya sido bien resuelto por la Comisión de Trabajo, lo cual lo deja en condición de ser aprobado por la Sala.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, esta es una iniciativa que nos correspondió ver hace algún tiempo en la Cámara de Diputados. Y me alegra que nuestra legislación se actualice y vaya avanzando en el camino de hacer mayor justicia.
No existía ninguna razón para no entregar a los funcionarios municipales una adecuación importante, que en nuestra opinión va en la dirección de reconocer que un trabajador o trabajadora puede enfermarse, pero también recuperarse.
La causal de salud irrecuperable contenida en el Estatuto Docente, particularmente en su artículo 72, junto con invisibilizar la realidad de que los trabajadores pueden sufrir una enfermedad prolongada, no contempla la posibilidad de que su salud mejore.
Sin embargo, muchos empleadores invocan dicha causal por uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años para desvincular a un trabajador o trabajadora sin derecho a indemnización.
Por eso, me alegro de que hoy día se incorpore, junto a los funcionarios municipales y a los regidos por el Estatuto Administrativo, a los profesores y profesoras a través del Estatuto Docente.
Precisamente, en este Senado se encuentra en discusión ahora, en su segundo trámite, el Estatuto para los Asistentes de la Educación Pública. Por lo tanto, no existe ninguna razón para que trabajadores que se desempeñan en un mismo establecimiento y tienen un mismo empleador tengan causales de despido distintas.
Voy a votar a favor de este proyecto de ley, porque -insisto- creo que va en la dirección de avanzar en mayor justicia y reconocimiento hacia los profesores, pero también quiero dejar constancia de que la misma consideración debiésemos mostrar hacia los asistentes de la educación, quienes, a propósito del debate de la iniciativa de Nueva Educación Pública, que establece un empleador distinto, como es la Dirección de Educación Pública, deben tener los mismos beneficios.
Así que voto a favor, consignando la precaución de que igualmente debemos adecuar nuestra legislación a la situación que viven otros trabajadores y trabajadoras que se encuentran en los mismos espacios laborales.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Castro.

El señor CASTRO.- Señor Presidente, la ley N° 21.050, de diciembre del año recién pasado, introdujo modificaciones a la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y a la ley N° 18.883, que corresponde al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
Hoy el proyecto que estamos discutiendo, que modifica la ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, se remite, precisamente, a la ley N° 18.883.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que aprobar o rechazar este proyecto de ley no tiene ninguna importancia, por cuanto el tema ya está resuelto, pero, como lo que abunda no daña, voy a votar a favor.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, seré muy breve, porque ya se ha indicado lo que yo quería decir.
El Estatuto Docente tiene como normativa supletoria la ley N° 18.883. Y lo que hoy se nos presenta para su aprobación ya fue modificado, como se acaba de señalar, por la ley N° 21.050, en diciembre último.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, la enmienda planteada ya se encuentra vigente y en ejercicio.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Trabajo, adhiero a la aprobación de la modificación a la ley N° 19.070, que perfecciona la causal de término de la relación laboral de los docentes municipales determinada por salud incompatible.
Si bien en el marco del proyecto le sigue correspondiendo al alcalde considerar que las licencias médicas por los períodos establecidos ameritan la calificación de salud incompatible, lo más importante es que deberá requerir previamente un informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que corrobore la condición de irrecuperabilidad de salud del trabajador y que dicha condición de salud irrecuperable le impide seguir ejerciendo el cargo.
En consecuencia, el alcalde no podrá tomar una decisión arbitraria, pues deberá contar en forma previa con la opinión especializada de la COMPIN, lo cual resulta sumamente importante.
Al respecto, hago un llamado al Senado y al Ejecutivo, porque considero que lo que hoy estamos legislando en beneficio de los profesores de la educación municipalizada es perfectamente válido para los profesores de la educación particular subvencionada. Si bien estos últimos se encuentran acogidos al Código del Trabajo, siendo la educación uno de los elementos más relevantes, uno de los que han estado más en la discusión y el que genera proyectos de progreso y desarrollo para el país, en el marco de lo que son las fundaciones y corporaciones de educación particular subvencionada, pero, fundamentalmente, por el respeto que merecen los profesores, se debiera plantear a futuro que a ellos se les aplique la misma normativa, dado que no existen docentes de primera y de segunda categoría.
Ojalá que el día de mañana estemos legislando a favor de la gran cantidad de profesionales de la educación que no se encuentran incluidos en las disposiciones de la presente iniciativa y que igualmente necesitan contar con la posibilidad de tener una salida digna, como la que hoy se les ofrece a los profesores del sector municipalizado.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, este es un proyecto importante y corresponde a una demanda que el Colegio de Profesores viene haciendo desde hace mucho tiempo.
Su principal objetivo es evitar la arbitrariedad y dar cierta certeza a los trabajadores. Evidentemente, en el proceso docente hay situaciones donde las patologías generan cuadros que necesitan licencias médicas. Por desgracia, en muchas ocasiones los sostenedores mal usan el hecho de que alguien pida licencia para desvincularlo. Y es lo que se quiere evitar con el procedimiento propuesto.
Se trata de algo que ya se ha conversado a propósito de otros marcos legales donde la idea es generar cierta certeza jurídica.
Con respecto a este tema, lo único que la bancada del Partido Socialista quiere subrayar es la importancia de modernizar la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, cuestión que, por su intermedio, señor Presidente, le pedimos al señor Ministro.
Hay un grupo de trabajadores a los que, en general, les va a ir bien en la COMPIN, pero a la gran mayoría que recurre a esta instancia les va mal. No hay protocolos; tampoco procedimientos. A personas operadas del corazón o de la columna, todavía en rehabilitación, no les pagan las licencias.
Por ende, este proyecto, que resulta evidente que debemos apoyar, significa un gran logro para el Colegio de Profesores y para los educadores, pues impide arbitrariedades.
Entonces, aprovechando la presencia del Ministro del Trabajo, habría que analizar -lo cual representa, a mi juicio, un desafío país-, en el marco de la modernización del Estado, cómo actualizar la COMPIN. Y para ello se requieren al menos protocolos garantizados para personas operadas, para quienes se encuentran sometidas a tratamiento, con el objeto de que no se generen cuadros muy abusivos.
Aquí se va a garantizar un derecho de los profesores. ¡Enhorabuena! Pero esperamos que todos los trabajadores chilenos tengan iguales garantías frente a la COMPIN.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Señor Ministro, ¿usted va a intervenir a propósito de este proyecto?

El señor MONCKEBERG (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Brevemente, señor Presidente.
Primero, quiero agradecer la buena disposición de la Mesa, de los Senadores y particularmente de los miembros de la Comisión de Trabajo para lograr un texto que finalmente permitirá homologar las tres legislaciones existentes sobre la materia.
Si bien es cierto que, por derivación, ya se aplican las normas del Estatuto Administrativo, el hecho de que no se hallen explícitas en el Estatuto Docente podría generar algún tipo de interpretación distinta.
Por eso, valoro la buena disposición para escuchar al Colegio de Profesores, para ponerse de acuerdo y para llegar a un texto común.
En segundo lugar, deseo aprovechar la intervención del Senador Letelier para contarles a Sus Señorías que estamos iniciando un estudio que esperamos que termine con la presentación de un proyecto de modernización de la COMPIN, lo cual es un anhelo que hemos sentido en todas las regiones y, me atrevería a decir, una necesidad urgente en nuestro país.
Gracias, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Consulte, señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador o alguna señora Senadora no ha emitido su voto?

El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (34 votos afirmativos) y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria.
El señor MONTES (Presidente).- Además, se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Chahuán y Lagos.




DESIGNACIÓN DE DEFENSOR DE LA NIÑEZ


El señor MONTES (Presidente).- En el tercer punto de la tabla se halla la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para designar al Defensor de la Niñez.
--Los antecedentes sobre la designación del Defensor de la Niñez (S 1.974-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 11ª, en 18 de abril de 2018.

El señor MONTES (Presidente).- El acuerdo de la Sala y de los Comités era que hubiera un certificado sobre la materia, pero, dado que ya estamos muy encima de tomar la determinación correspondiente, solicito el asentimiento de la Corporación para que la Presidenta del referido organismo rinda un informe verbal.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Puede hacer uso de la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, la Comisión de Derechos Humanos, que se ha constituido durante todo este mes para abocarse al mandato de la ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, ha resuelto hoy día, por mayoría de votos, proponer a la Sala a la señora Patricia Muñoz García como titular de dicha entidad.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Podría entregar algunos antecedentes más a la Sala, señora Senadora?

La señora MUÑOZ.- Aunque no los tengo a mano, voy a indicar los más relevantes.
La señora Muñoz, que fue fiscal, se ha dedicado durante toda su carrera profesional a temas de la infancia, a la defensa de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, de femicidio.
Ella intervino ayer en la Comisión y a mí, en lo personal, y a varios de sus integrantes nos causó una muy buena impresión su propuesta con relación a lo que podría ser, bajo su liderazgo, la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Fue una propuesta bastante robusta y concreta y, como digo, tuvo una muy buena acogida entre los integrantes de la Comisión.
Debo decir que los diez postulantes que se presentaron eran de la máxima calidad profesional, con mucha experiencia en la materia, con harto trabajo en organismos nacionales e internacionales destinados a la infancia, así como con una labor fuerte y concreta a nivel territorial en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Quiero agradecer la participación de todas las personas que postularon al cargo y confiaron en el criterio del Senado, mandatado por la ley para designar a quien ocupará dicha función.
Podría mencionar más antecedentes pero, lamentablemente, ahora no los tengo a mano, dado que la reunión de la Comisión terminó hace muy poco. Sin embargo, si la Secretaria del organismo me hace llegar un resumen del currículum de la señora Patricia Muñoz, podría entregar a la Sala mayores detalles.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía propone a la señora Patricia Muñoz García para ocupar el cargo de Defensor de la Niñez.
Cabe tener presente que el acuerdo del Senado para nombrar a la señora Muñoz requiere dos tercios de los Senadores en ejercicio, esto es, 28 votos favorables.


El señor MONTES (Presidente).- Entiendo que algunos Senadores quieren conocer el currículum con mayor detalle.

La señora ALLENDE.- Abra la votación, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
Mientras tanto, pido a la Secretaría que nos haga llegar el currículum de la candidata, si es posible.
En votación la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos para nombrar Defensora de la Niñez a la señora Patricia Muñoz García.
--(Durante la votación).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Entiendo, señor Presidente, que se va a dar a conocer el currículum de la persona propuesta.

El señor MONTES (Presidente).- La Senadora señora Muñoz ya hizo una síntesis, pero se mandó a buscar el documento para que sea conocido de manera completa por la Sala.
A continuación, para fundamentar su voto, tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, creo que la decisión que debe tomar hoy día el Senado es tremendamente relevante, pues no solo estamos poniéndole rostro a una institución creada por el Estado, sino también relevando un tema de interés en nuestro país y en el Parlamento.
Como Ministra de la SEGPRES me tocó dar los primeros pasos para la creación de la Defensoría. Y por eso quiero felicitar el trabajo de la Comisión y la participación de quienes postularon al cargo, por sus exposiciones y por su transparencia.
Pienso que hoy el Senado tiene la posibilidad de relevar una institución y el tema de la infancia a través de una tremenda profesional.
Varios de los candidatos, por no decir todos, efectuaron sus exposiciones con conocimiento, fundadamente y con propuestas.
No obstante lo anterior, los miembros de la Comisión -a mí solo me tocó acompañarlos, pues integro la Comisión Especial sobre Infancia y no me correspondía decidir en esta oportunidad- pusieron de relieve el nombre de quien hoy es sometida a la consideración de la Sala: la señora Patricia Muñoz García, abogada de regiones, mujer por lo demás, quien hizo un planteamiento sólido respecto de cómo ve la institucionalidad, los desafíos que enfrenta y cómo el tema de la niñez no empieza ni termina en los niños vulnerados o privados de libertad, sino que es mucho más amplio.
Creo que hoy día, con el respaldo de la Sala, estamos consolidando la institucionalidad, pero también elevando el estándar de quienes deben estar a cargo en esta materia, que es fundamental y relevante para nuestro país.
Deseo felicitar a los miembros de la Comisión por el debate que sostuvieron y a quienes concursaron. En esta profesional encontramos un tremendo nombre para ser la defensora de los derechos de la niñez.
Por eso, voto a favor.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, Honorable Sala, no me cabe duda de que se va a respaldar la propuesta que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos. Creo que corresponde hacerlo. La magnitud y significación de lo que se está proponiendo amerita el más amplio consenso.
Anuncio mi voto a favor, respetando el acuerdo planteado por la Comisión, y solo quiero dejar una constancia.
Considero -y es importante que quede registrado en la Versión Oficial al momento de la votación- que estamos en presencia de un procedimiento inédito en materia de asignación de cargos unipersonales de nuestra sociedad e institucionalidad.
Al igual que en otros casos, como la elección de ministros de la Corte Suprema, ministros del Tribunal Ambiental, Contralor General de la República y distintas autoridades, nosotros estamos expuestos a un trabajo previo de presentación de una terna, de una quina, o a otro tipo de proceso.
Me ha tocado recibir y escuchar a una serie de postulantes. Y todos tienen una enorme capacidad. E independiente del candidato por el que haya optado la Comisión, y que se somete a votación, me parece que existen decenas de otros buenos postulantes que expusieron ante el órgano técnico y los parlamentarios o que estuvieron disponibles.
Señor Presidente y Honorable Senado, solo deseo hacer una referencia respecto al procedimiento. No considero correcto ni que sea la situación más adecuada que la primera presentación a la postulación sea abierta. Debiera haber una instancia previa. Si hemos optado por la Comisión de Derechos Humanos, me parece bien y creo que cualquier otra tiene la misma competencia; pero reitero que no debiera existir un proceso anterior que sea abierto. Porque, al final, cada uno de los postulantes termina siendo su propio candidato. Y eso no corresponde, ya que los expone en su legítima capacidad a tener que interactuar con esta Cámara política con antelación a una selección.
Observamos en las presentaciones de hombres y mujeres a candidatos con enormes currículums, con enormes capacidades y con enormes y loables objetivos para llevar adelante este importante cargo, pero estimo que debemos estudiar el procedimiento. Dejo abierta esa discusión.
Insisto en que no existe otro procedimiento que tenga esta forma de postulación, y eso no es bueno. La existencia de instancias de la Alta Dirección Pública o de organismos técnicos que propongan a esta Cámara política una terna, una quina o determinado número de postulantes permitiría que ellos tuvieran una mejor situación -considerando también su dignidad- y lograr un éxito del más alto estándar para su selección.
Dejo constancia de que valoro el trabajo de la Comisión. Sé que ha sido arduo, pero quería dejar sentada esta observación de procedimiento para que no se nos exponga ni a los parlamentarios ni menos a los candidatos y candidatas, quienes, independiente de la persona que se ha propuesto, son de enorme importancia. Considero que respecto a ese punto tenemos que hacer una observación. Su responsabilidad es la defensa de la infancia en toda su línea. Este un paso significativo, pero como legisladores debemos perfeccionar el procedimiento, si corresponde, en el marco de lo que he señalado, y si a alguien le parece que se debe proceder de otra manera, es importante debatirlo.

El señor MONTES (Presidente).- Le solicito a la Senadora señora Muñoz que nos informe sobre el currículum de la candidata. Y, a su vez, quiero felicitar a toda la Comisión por haber encontrado una solución. Posteriormente, le daré la palabra al Honorable señor Kast para hacer una referencia.
Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en realidad yo comparto el reconocimiento que usted hace a nuestra Comisión, sobre todo porque no fue un tema fácil de resolver. Ya lo ha narrado el Senador De Urresti.
Me parece que la iniciativa somete a una Comisión del Senado a tomar una difícil decisión, sobre todo considerando que se trata de una propuesta uninominal. No es una quina ni una terna. Y ha sido muy complejo llegar a elegir un nombre por la calidad que tienen todas y todos los postulantes.
Deseo reconocer en el Senador Kast, en la Senadora Van Rysselberghe y en los jefes de Comités de Chile Vamos la disposición a encontrar un acuerdo que no fue fácil. Su disposición y responsabilidad permite que hoy estemos presentando este nombre a la Sala.
Así que le agradezco mucho a la Senadora Van Rysselberghe por todo su aporte y al Senador Kast por su importante decisión de apoyar esta propuesta.
Patricia Muñoz García es abogada y tiene 41 años. En 2002 egresa de la Universidad Católica de Temuco. Es magíster en Docencia Universitaria en la Universidad del Desarrollo. Desde 2016 a la fecha se ha desempeñado como Gerente de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional. Es responsable de un equipo de 19 personas y de la gestión de proyectos críticos que permiten al Fiscal Nacional la generación de políticas en atención y protección de víctimas, testigos y usuarios del Ministerio Público en general, que den cumplimiento a las exigencias de los estándares internacionales de derechos humanos en materia de testigos y víctimas.
En 2000 inicia su carrera como Procuradora del Departamento Jurídico de la Intendencia de la Región de La Araucanía, y Abogada de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal.
En 2003 comienza su carrera en el Ministerio Público desempeñándose como Abogada Asistente de la Fiscalía de Puerto Montt.
De 2004 a 2013 asume como Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de La Florida, Macul y Peñalolén, especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, actual unidad especializada en derechos humanos, violencia de género y delitos sexuales.
De 2013 a 2016 se desempeña en Pudahuel, a cargo de la misma unidad, como Directora Nacional.
En relación con sus estudios, entre 1998 y 2017 realizó diversos cursos, diplomados, seminarios y talleres, entre los cuales nombra los siguientes:
-Diplomado Justicia, Género y Violencia. Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
-Curso de formación virtual modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género. Alto Comisionado de Naciones Unidas.
-Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos y Políticas Públicas en la Práctica Forense. Instituto Internacional Henry Dunant.
-Diplomado sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial. Universidad Católica.
-Seminario sobre la pericia psicológica en delitos sexuales, las dudas de la justicia, efectuado en el año 2005.
En materia de docencia, ella participa en lo siguiente:
-Curso de formación inicial para entrevistadores investigativos. Ministerio Público y Fundación Amparo y Justicia.
-Curso Abuso Sexual Infantil: Fenómeno Psicosocial y Marco Regulatorio. Academia Judicial.
-Diplomado sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial. Universidad Católica.
-Diplomado Estrategias Jurídicas en Abuso Sexual Infantil. Fundación para la Confianza.
-Diploma de postítulo Derechos Humanos y Mujeres: Estrategias Jurídicas para la Incidencia. Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos.
En relación con las relatorías, ella menciona su participación en diversos seminarios y jornadas. Entre otros, nombra los siguientes:
-Red de Asistencia a Víctimas. Región de los Ríos.
-Seminario Violencia contra la Mujer en Pareja.
-IV Jornada de Trabajo: Trata de Personas y Explotación Sexual Infantil. Coihaique, 2014.
-Delitos Sexuales en el Sistema Criminal: un necesario cambio de paradigma, 2014.
-Servicio Nacional de la Mujer, Concepción: Justicia, Género y Agresiones Sexuales contra Mujeres, 2013.
También ha representado al Ministerio Público en el grupo especializado en temas de género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, y ante la OEA, en la Quinta Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas, celebrada en Washington.
Ha sido integrante del Comité de Género, cuyo objetivo es la institucionalización del enfoque de género en el Ministerio Publico, además de Coordinadora de la Mesa Interna de Trata de Personas.
Publicaciones:
Artículo: "Valoración del testimonio de preescolares en el proceso judicial". Revista Jurídica, Ministerio Público, 2015.
Asimismo, ha recibido los siguientes reconocimientos:
-Presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, 2009-2010.
-Abogada del Mes, Revista Empresas & Poder, octubre de 2013.
-Fue elegida entre los 100 jóvenes líderes del Bicentenario en 2010.
Además, es socia fundadora de la Asociación de Abogados de Chile y de la organización Hay Mujeres.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Bien contundente el currículum.
Reitero el agradecimiento a usted y a toda la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Kast, quien fue muy decisivo para encontrar una solución, junto con la Honorable señora Van Rysselberghe.

El señor KAST.- Señor Presidente, simplemente quiero celebrar el hecho de que el día de hoy podamos comenzar con esta nueva institucionalidad y también agradecer a todos los postulantes que se hicieron parte del proceso.
En verdad, si hay algo que ocasionó que la decisión fuese compleja fue que teníamos una serie de candidatos para el cargo -ayer, en una jornada extensa, los fuimos escuchando uno a uno-, y con distintas características.
Siento que el trabajo que realizó la Comisión, y que finalmente concluye con el acuerdo para proponer a la Sala a la futura Defensora de la Niñez, está marcando también una forma de hacer política que espero que podamos mantener.
Y lo que ha planteado el Presidente Sebastián Piñera en el sentido de que los niños van primero en la fila, principio que ha transformado en un eje de su Gobierno, ojalá sea algo que nos mantenga en esa línea.
Reitero mi agradecimiento -y felicitaciones, si finalmente esta Sala opta por aceptar la propuesta de la Comisión- no solamente a la futura Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, sino además a los otros candidatos que hicieron una presentación de primer nivel.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, en verdad, el efectuado fue un proceso bastante inédito en esta Corporación, producto de que son pocas las ocasiones en que una Comisión del Senado debe decidir por un candidato para que venga propuesto a la Sala.
Los candidatos que se presentaron tenían distintos perfiles, pero eran todos muy buenos y competentes. Y finalmente la Comisión de Derechos Humanos decidió presentar a una persona para su ratificación.
Creo que acá ha primado, más allá de las preferencias personales o de la visión de cada uno en torno al perfil que debía reunir quien fuese Defensor de la Niñez, el hecho de construir un acuerdo sobre lo que creemos que se requiere hoy día: unidad para enfrentar la defensa de los derechos de los niños.
Por lo tanto, no nos queda más que celebrar que se haya podido construir un acuerdo, que este Senado dé una muestra de altura de miras y de una conducta cívica capaz de ir más allá de las diferencias u opiniones personales, buscando el bien superior de los niños.
Y, si finalmente es ratificada por la Sala, quiero desearle a quien va a ser la futura Defensora de la Niñez el mejor de los éxitos en su gestión, porque, sin duda, esta política pública va a requerir del empuje no solo de la sociedad civil, del estamento público, ni de la nueva institucionalidad que tiene el deber de marcar, sino además del empuje y del compromiso de cada uno de nosotros para poder resguardar los derechos de los niños, sobre todo de aquellos que son más vulnerados.
Muchas gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Le reitero, a nombre de la Mesa, el agradecimiento por su aporte para encontrar una solución.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez incorporó la responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado para la búsqueda de un nombre de consenso para el cargo de Defensor de la Niñez.
Los diez candidatos que nos tocó entrevistar, a uno de ellos vía digital desde Concepción, reunían méritos más que suficientes (algunos con ciertas debilidades, eso sí) y presentaban muchas virtudes en torno a una inédita construcción de un defensor de la infancia.
Yo espero que dentro de poco podamos tener un ombudsman, un Defensor del Pueblo; es decir, un defensor de los abusos del Estado contra cualquier chileno o chilena.
En este caso hemos desarrollado una tarea histórica: construir el defensor de la infancia, que tiene por objetivo defender a todos los niños y las niñas de Chile y generar un marco referencial, conceptual, legal que permita permear a la sociedad acerca de que la violación de los derechos de los niños constituye un delito y que hoy día habrá -y me asiste convicción plena- una Defensora capaz de enfrentar y de sensibilizar a la sociedad.
Si bien la ley presenta limitantes y las sanciones legales son para la persecución de causas relevantes, las causas emblemáticas siempre tienen trascendencia.
La búsqueda de una decisión entre tantos candidatos y candidatas con muchos méritos no ha sido fácil, porque la experiencia del Senado en torno a pronunciamientos siempre ha conllevado una mirada política. En esencia, este es un Senado político. Y nos tocaba decidir sobre candidaturas que debían presentar la menor politización y, por cierto, la mayor capacidad.
Creo que la actual resolución ha sido la adecuada.
Espero que, más allá de las diferencias manifestadas en el legítimo debate y que respondían a la convicción de cada cual por una opción u otra, tengamos unanimidad en la Sala, toda vez que el fortalecimiento de la figura del Defensor de la Niñez es clave.
Habría lamentado profundamente que hubiera venido a la Sala un nombre sin consenso y que se rechazara. Eso determinaría la prórroga de la decisión por 40 o 45 días más y que se cayera básicamente el concepto de que los niños están primero: el interés superior del niño se venía abajo.
Estimo que ha primado una extraordinaria sensibilidad en los miembros de la Comisión. El debate fue arduo, intenso, pero eso ya es cosa del pasado. Yo solo espero que estén los votos necesarios.
Por cierto, no quedarán todos contentos y habrá quienes pensarán que algunos de los candidatos mostraban mejores condiciones.
A mi juicio, Patricia Muñoz se merece la oportunidad por parte de todo el Senado y de todo Chile de demostrar cómo se construye la institucionalidad y cómo se busca la mejor opción para que la sociedad chilena se eduque en la defensa, protección y respeto a los derechos de los niños.
Me queda la duda, después de la experiencia de dejar en manos de una Comisión la decisión correspondiente, de si aquel procedimiento es el más apropiado.
Todas las nominaciones que ratifica el Senado son fruto de un acuerdo político entre los Comités parlamentarios. No es resorte de una Comisión. Así ocurre con el Contralor General de la República, con el Directorio de Televisión Nacional de Chile, con el Directorio del Banco Central, con el Fiscal Nacional del Ministerio Público, cuyos nombramientos son parte de un debate, de un acuerdo en pos, por cierto, de lo mejor para el país.
Considero que la discusión habida fue suficiente. Nadie duda de aquello. Y puedo dar fe de que todas las candidaturas -y había algunas más preferidas por unos y otros- reunían las condiciones requeridas. Nadie puede sentirse dolido por la decisión adoptada.
Yo participé junto con los miembros de la Comisión en la audiencia pública. Todas las candidatas y los candidatos mostraron una profunda convicción en el sentido de que si asumían la Defensoría de los Derechos de la Niñez darían lo mejor de sí. Y aquello significa pisar callos, quebrar huevos, enfrentarse con la institucionalidad, con el establishment y, por cierto, con el Estado.
Espero sinceramente que el resto de los candidatos y las candidatas puedan sumarse de manera decidida y generosa en la tarea de respaldar la gestión de la Defensora, cuyo nombramiento hoy día ponemos en votación.
No sé si están los votos, señor Presidente. Ojalá estén, y que podamos señalar que tenemos una Defensora de la Niñez y que contamos con la mayoría de quienes fueron candidatos, quienes demostraron adhesión a un lema que es intransable: los niños están primero y se debe perseguir su interés superior. Si eso es así, y tenemos Defensora, habremos dado cumplimiento a una difícil relación en política: la comunión del decir con el hacer.
José Martí manifestaba que la mejor manera de decir es hacer. Y siento que la sociedad...

El señor MONTES (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Puede redondear la idea.

El señor NAVARRO.- Decía que siento que la sociedad no nos ve ni nos cree solamente diciendo, sino que diciendo y haciendo.
Hoy día, espero que lo que hemos señalado también lo hagamos, y con un respaldo amplio, decidido -y también en materia presupuestaria-, en lo que respecta a apoyar la nueva institucionalidad y en particular a la nueva Defensora de la Niñez, que anhelo sea el resultado de la presente votación.
Voto a favor de Patricia Muñoz.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, me tocó entrevistar a la postulante señora Patricia Muñoz, así como a varios otros candidatos. Y ella mostró una especial vocación por trabajar de manera colaborativa con sus competidores.
Una de las cosas que me llamaron la atención de la señora Muñoz fue que se manifestó dispuesta a colaborar con personas que tenían perfiles distintos, como académicos, gente con trayectoria en organizaciones sociales, en fin. Por ejemplo, Francis Valverde; Nicolás Espejo, quien trabajó en UNICEF; Mónica Jeldres.
O sea, se trata de una persona que viene con una actitud de colaboración, de búsqueda de articulación y de legitimidad en todo el sistema social.
Además, se trata de una mujer joven.
Entonces, para esta nueva institucionalidad en el ámbito de los derechos humanos, que tiene que construir equipos, fortalecerse, me parece una buena señal, además en un momento histórico, de crisis en materia de infancia, que la señora Patricia Muñoz pueda asumir como Defensora de la Niñez.
Coincido con lo señalado por mis colegas de la Comisión de Derechos Humanos, en el sentido de que a todos nos dejó muy conmovidos el testimonio que nos presentó ayer. Además, no solo habló de su trayectoria, sino también dio a conocer una propuesta muy completa acerca de la Defensoría de los Derechos de la Niñez.
Por lo tanto, con toda confianza les pido a Sus Señorías el apoyo para que lleguemos a un acuerdo transversal respecto a esta nominación.

El señor MONTES (Presidente).- También felicito al Senador señor Latorre por su aporte en el trabajo de la Comisión, por cuanto fue su primera experiencia en una decisión de este tipo.
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en la misma línea de lo que han planteado los distintos Senadores, la verdad es que durante el año pasado en la Comisión Especial de Infancia -y también en la Sala- llevamos a cabo un largo debate con relación al proyecto que presentó la Presidenta Bachelet, sobre creación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez.
La discusión tenía que ver fundamentalmente con la forma como íbamos a abordar este procedimiento.
No era habitual -lo señaló la Senadora Rincón durante su intervención- que el Senado tuviera que llamar a un concurso. Por lo tanto, eso tenía sus complejidades.
No obstante, toda la evidencia que hay hasta el momento, todos los informes que se han entregado indican que, al parecer, se trata de un proceso ejemplar, impecable, al que se presentaron diez grandes postulantes con vasta experiencia en materia de infancia.
Las exigencias que pusieron la Comisión y el Senado eran bastante elevadas, en orden a la experiencia que se debía tener en materia de infancia desde el punto de vista académico, de lo institucional, de los aspectos administrativos, que van a ser muy importantes.
Siento que ello se suma a una agenda que también el actual Gobierno, del Presidente Piñera, ha hecho suya.
Creo que el paso que estamos dando es más importante incluso que muchos de los anuncios que se han conocido en el último tiempo.
Lo relativo a la infancia no solo debe ser un eslogan, sino que ha de traducirse en acciones concretas de defensa de la niñez vulnerada.
La decisión que está tomando el Senado de elegir a la abogada Patricia Muñoz García justamente constituye un referente en materia de infancia. Es contribuir a establecer un nuevo interlocutor, pues en la Comisión Especial de Infancia que me ha correspondido integrar en el último tiempo muchas veces no hemos podido conversar con entes especializados. En general, se trata de materias nuevas en el ámbito judicial.
Por lo tanto, tener una institución altamente especializada, como lo será la Defensoría, desde luego ayuda a que el Senado también vaya generando mejores leyes; pero esencialmente, va en auxilio de los niños que hoy día requieren apoyo de la justicia.
Muchas veces hemos discutido sobre el rol del SENAME.
Bueno, aquí tendremos la posibilidad de efectuar un mejor diagnóstico, a fin de determinar qué niños realmente necesitan la acción de la justicia.
Varios colegas se han referido a los aspectos profesionales de Patricia Muñoz.
Ella es una destacada y joven abogada que se inició profesionalmente en la Región de La Araucanía, y ha desempeñado distintos roles en la División de Atención a Víctimas y Testigos, de la Fiscalía Nacional.
La referida entidad nos ayudó mucho en la Comisión Especial de Infancia cuando discutimos sobre el proyecto que establece la imprescriptibilidad del encubrimiento de delitos sexuales contra menores de edad, que hoy día se encuentra en la Comisión de Constitución, pero que fue aprobado unánimemente por nosotros.
Entiendo que habría posibilidad de que el Ejecutivo patrocinara esa iniciativa. Me he comunicado con el Presidente de la Comisión de Constitución, el Senador Huenchumilla, quién también estaría dispuesto a darle movimiento a su tramitación, en la perspectiva de que tengamos todos estos referentes bien instalados.
Más aún, la propia UNICEF señaló que Chile ha avanzado bastante lento. Desde hace veinte años (hay una Declaración de los Derechos de la Infancia) nos ha costado mucho dar pasos.
Por eso, uno debe destacar lo que ha pasado en los últimos años: se legisló en materia de maltrato infantil; se estableció la Subsecretaría de la Niñez, que deberá implementarse ahora en el Ministerio de Desarrollo Social; y, desde luego, se creó la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que se corona -yo diría- con éxito con la elección de la profesional Patricia Muñoz.
Que ella sea abogada, sin desmerecer a los otros postulantes, contribuye a la búsqueda de justicia en la materia, pues habrá muchos aspectos normativos en el quehacer de dicha institución.
Por todo lo expuesto, voto a favor. Asimismo, respaldo el rol que han tenido los distintos miembros de la Comisión de Derechos Humanos, encabezados por la Senadora Adriana Muñoz, quienes han realizado un gran trabajo para llegar a esta propuesta final.
--Se aprueba la designación de la señora Patricia Muñoz García como Defensora de la Niñez (39 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum legal requerido.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval y Soria.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).


El señor MONTES (Presidente).- Reitero nuestro agradecimiento a la Senadora señora Muñoz y a todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Conozco desde hace bastantes años a Patricia Muñoz, y creo que va a ser una gran Defensora. Será la primera persona en demostrar lo que puede hacer una mujer en un cargo como este.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor MONTES (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor DURANA:
A la señora Ministra de Energía, con el objeto de que informe acerca de AVANCE DE PROGRAMA DE RECAMBIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA.
Al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, solicitándole información relativa a PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN PROVINCIA DE PARINACOTA.
Del señor GARCÍA:
Al señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social, consultándole si corresponde PAGO DE BONO MARZO A SEÑOR CARLOS HERALDO GARRIDO ESPARZA POR CARGA FAMILIAR EN LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017, y solicitándole REVISIÓN DE SITUACIÓN PREVISIONAL DE DON LÁZARO MATAMALA CONTRERAS.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de La Araucanía, requiriéndole MEJORAMIENTO DE ACCESO VIAL A PITRELAHUE, COMUNA DE PADRE LAS CASAS.
Y al señor Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de La Araucanía, para pedir EVALUACIÓN DE TRÁNSITO EN VILLAS DE KILÓMETRO 3,5 DE CAMINO TEMUCO-CHOLCHOL, CON MIRAS A AMPLIACION DE RECORRIDO DE LÍNEA 6 A TRONCAL.
Del señor GARCÍA-HUIDOBRO:
A la Dirección del Servicio de Salud O'Higgins, a fin de que informe sobre PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE HA SIDO PARTE RESPECTO DE NEGLIGENCIAS MÉDICAS EN RED HOSPITALARIA EN ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.
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El señor MONTES (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido Socialista.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.


PLANTEAMIENTO ANTE RECHAZO POR CONTRALORÍA DE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE CONCÓN, QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ FORMULADO POR ANTERIOR GOBIERNO. OFICIOS

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, la Encuesta Nacional de Medio Ambiente indica que la contaminación atmosférica es el principal desafío para la autoridad ambiental y para nuestro país.
Por ello, se realizan planes de descontaminación del aire. Durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet se presentaron catorce, entre ellos, el que favorece a las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.
Al respecto, debo señalar que por muchos años dichas comunas han sido zona de sacrificio ambiental y han tenido que recibir las emisiones de centrales termoeléctricas, de la Fundición Ventanas de CODELCO y de la Refinería Aconcagua ENAP. Por lo tanto, hay allí una concentración de chimeneas y de emisiones que llevó a que fueran declaradas zona saturada.
Con el paso del tiempo, y dado que como país hemos establecido normas de emisión para las centrales termoeléctricas y, en este caso, también para las fundiciones de cobre, hemos logrado la disminución de las emisiones en dichas comunas gracias a la inversión muy muy grande que ha hecho fundamentalmente CODELCO (División Ventanas).
Ello ha permitido que hoy día ya no se hable de zona saturada, sino latente. Así lo estableció la Superintendencia del Medio Ambiente: ahora serían zona latente por material particulado 2,5, como concentración diaria, y por material particulado 10, como concentración anual.
En tal sentido, quería señalar que el plan de descontaminación pertinente que se presentó en su momento fue rechazado por la Contraloría General de la República por una diferencia con respecto a los valores técnicos que lo sustentaban.
El lunes pasado me entrevisté con el Contralor, para tener certeza en cuanto a qué había ocurrido, e intercambiamos información sobre la materia.
Ayer nos reunimos con la Ministra del Medio Ambiente, señora Cubillos. Y lo primero que nos señaló en su presentación es que no van a dejar a un lado el plan, sino que lo van a tomar, lo revisarán y van a introducirle las modificaciones que consideren necesarias para los efectos de completarlo. Luego tendrán que presentarlo a la Contraloría, la que deberá aprobarlo para que pueda aplicarse.
Asimismo, nos indicó que pretenden incorporar algunas medidas que no habían sido contempladas. Por ejemplo, prohibir el uso de calefactores a leña, lo cual me parece interesante, pues a veces nos equivocamos al no considerar lo que significa la utilización de esos artefactos, más allá de las emisiones de las termoeléctricas, de las fundiciones, en fin.
Asimismo, la Ministra nos explicó que se establecerán mayores exigencias en cuanto al monitoreo de la calidad del aire, lo que nos pareció interesante, y estamos de acuerdo en ello. Es decir, se hará un rediseño de la actual red de monitoreo. ¿Por qué? Porque el sistema vigente tiene más de veinte años y necesitamos asegurar la fidelidad de los datos.
Acá quiero detenerme, señor Presidente, para referirme a la desconfianza de la ciudadanía.
Si yo les dijera a los habitantes de Concón, de Quintero y de Puchuncaví que hoy ya no son zona saturada, sino latente por cuanto los niveles de emisiones han mejorado, no me van a creer. Y con toda razón. ¡Por años han vivido en una zona saturada! ¡Por años han sido zona de sacrificio ambiental! ¡Por años han tenido que permanecer en un ambiente absolutamente contaminado, nocivo para la salud!
Entonces, resulta sumamente importante que apoyemos la existencia de una nueva red de monitoreo -la Ministra incluso habló de pedir asesoría o certificación internacional- que ayude a romper la desconfianza que hoy día tiene la ciudadanía.
Ello me parece una cuestión muy central, pues si las personas no nos creen, seguiremos generando este ambiente de desconfianza hacia la autoridad, cualquiera que sea, y no habrá un diálogo fructífero que permita -y es lo más importante- llegar a soluciones reales.
También se habla de incorporar exigencias de compensación a cualquier proyecto nuevo que se presente o a aquellos que existían con anterioridad a la dictación de las normas sobre emisión.
Con todo -y esto se lo pregunté a la Ministra-, considero importante recalcar que existe la intención de avanzar -durante el Gobierno pasado, con el Ministro Mena, no se logró hacer- en la dictación de una norma de calidad primaria de dióxido de azufre horaria. O sea, nosotros tenemos que adecuarnos a los actuales estándares internacionales en la materia.
Si nos sujetamos al promedio anual, lo que haremos será invisibilizar los efectos contaminantes, por cuanto muchas veces se producen eventos particulares asociados a gases tóxicos, los cuales se conocen como emanaciones del tipo "puf". ¿Qué significa esto? Una salida rápida de gas con una alta concentración de contaminantes que son muy nocivos para la salud.
Por consiguiente, la única forma que tenemos para llegar a mediciones más precisas y acordes a los estándares internacionales es incluir una norma de calidad primaria de dióxido de azufre horaria.
Aquella es una buena línea de trabajo, y la compartimos.
Señor Presidente, si en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví logramos cambiar de zona saturada a zona latente, superemos también -y esto es lo que más me interesa-, con el plan de descontaminación, la zona de latencia para que las referidas comunas dejen de ser zona de sacrificio ambiental. Ello, a fin de no seguir maltratando a sus habitantes, quienes con toda razón se han sentido dejados de lado, olvidados, porque siguen viviendo con niveles de contaminación realmente impresentables.
Nosotros tenemos que pensar en seguir avanzando hacia la solución del problema de la contaminación atmosférica. Porque se calcula -y esto es dramático- que ella es responsable de aproximadamente 4 mil muertes prematuras a nivel nacional.
Como país, eso es algo inaceptable.
De otro lado, si somos capaces de salir adelante frente a este desafío, con planes de descontaminación, en los próximos años no solo estaríamos velando por la salud de quienes viven en las grandes ciudades de la zona centro sur de nuestro país: también se generarían beneficios valorizados en alrededor de 8 mil millones de dólares al año, principalmente en materia de salud.
Señor Presidente, las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, que en conjunto tienen una población de más de 90 mil habitantes, merecen una nueva oportunidad.
Reitero: la intención del Gobierno pasado era que se aprobara el plan de descontaminación que se presentó; pero ello no fructificó.
Quiero decirle a la Sala que estamos apoyando lo que nos ha planteado la nueva autoridad del Ministerio del Medio Ambiente, concretamente la Ministra Cubillos.
Por lo tanto, pido que se oficie a dicha Secretaria de Estado a fin de que nos informe sobre plazos concretos y metas específicas para llevar adelante el referido plan de descontaminación, el cual -como mencioné- debe ser aprobado por la Contraloría General de la República.
Eso está claro: tienen que efectuarse los ajustes necesarios al referido plan para que el Órgano Contralor lo autorice y pueda aplicarse.
Nos interesa mucho que nos dé a conocer aquello, al objeto de tener la certeza de que efectivamente se va a estudiar esta materia para avanzar en la norma de calidad primaria de dióxido de azufre (SO2) horaria, puesto que, a juicio de los expertos internacionales, es la única manera de ver los verdaderos índices de contaminación, sin esconder las cifras, como ocurre cuando realizamos mediciones anuales, lo cual impide llegar a datos más precisos.
Espero confiada en que vamos a dar un paso significativo en la materia. Ello es importante para las tres comunas que mencioné, pues sus habitantes merecen esta nueva oportunidad.
Por eso, quiero relevar que sentimos que es factible avanzar en una buena línea de trabajo, con compromiso, seriedad y responsabilidad, para resolver una dramática situación que se ha vivido por años.
Tenemos que reconocer que las termoeléctricas y CODELCO hicieron grandes inversiones, lo que ha permitido disminuir los niveles de contaminación.
Pero ello no ha ocurrido con ENAP, que a mi juicio está en deuda.
Pienso que debemos ser más exigentes con dicha empresa.
Por lo tanto, deseo que se oficie también a la Empresa Nacional del Petróleo, para que, de un lado, nos indique cuánto le falta para cumplir con la normativa sobre emisiones; y del otro, nos entregue información sobre el último derrame de petróleo y las medidas que ha tomado al respecto.
Hemos sufrido varios derrames que han perjudicado a nuestros pescadores artesanales, a las comunas de Quintero, de Concón, en fin. Y esto no lo podemos seguir permitiendo. La población está muy encima de los sectores afectados.
Sabemos que ENAP es muy antigua. Pero no puede quedarse rezagada, pues mucha gente vive cerca de sus instalaciones. De modo que es urgente que dé un salto adelante y se ponga a tono con lo que han hecho, con inversiones importantes, CODELCO (Fundición Ventanas) y las termoeléctricas.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.

El señor MONTES (Presidente).- En el tiempo del Comité Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.
SOLICITUD A FISCAL NACIONAL DE INFORME RELATIVO A ACTUACIONES EN MARCO DE LEY SOBRE CONDUCTAS

TERRORISTAS EN REGIONES DE LA ARAUCANÍA, DEL BIOBÍO, DE LOS LAGOS Y DE LOS RÍOS. OFICIO

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, solicito que se oficie al Fiscal Nacional del Ministerio Público a fin de que informe a esta Honorable Corporación sobre lo siguiente:
1. Qué cantidad de investigaciones se han aperturado en las Regiones de La Araucanía, del Biobío, de Los Lagos y de Los Ríos por infracción a la ley sobre conductas terroristas entre los años 2000 (La Araucanía) y 2003 (Biobío, Los Lagos y Los Ríos).
2. En ese orden de ideas, que se indique cuáles fueron las figuras penales contempladas en la ley N° 18.314 que fueron investigadas.
3. Cuántas de las investigaciones desarrolladas en las Regiones de La Araucanía, del Biobío, de Los Lagos y de Los Ríos por infracción a la ley sobre conductas terroristas se iniciaron:
a) De oficio por la Fiscalía.
b) Por medio de querella o requerimiento del Ministerio del Interior.
c) Por querella de la víctima.
4. En cuántas de las investigaciones realizadas al amparo de la ley N° 18.314 los imputados pertenecían a pueblos originarios.
5. En cuántas de las investigaciones respecto de las cuales se solicita información se presentaron los siguientes aspectos:
a) Imputados en prisión preventiva.
b) Imputados absueltos.
c) Imputados condenados.
d) Interceptaciones telefónicas.
e) Archivo Provisional.
f) Decisión de no perseverar en el procedimiento.
6. Cuántos fiscales fueron destinados por el Ministerio Público en forma anual a investigar delitos contenidos en la ley N° 18.314 entre los años 2000 (La Araucanía) y 2003 (Biobío, Los Lagos y Los Ríos), con detalle de cada año y número de causas asignadas, e indicando, además, la existencia de equipos de apoyo al fiscal en esas investigaciones.
7. En cuántas investigaciones desarrolladas por delitos contemplados en la ley N° 18.314 existió desistimiento de querella o recalificación jurídica por parte del querellante (Ministerio del Interior, Intendencia Regional, Gobernación Provincial). Informar la fecha de aquellas y el fiscal que se encontraba a cargo de dicha investigación.
8. En las investigaciones formalizadas, indicar cuál fue el plazo de investigación concedido por el juzgado de garantía; tiempo que medió entre la presentación de la acusación y la audiencia de preparación del juicio; si se efectuaron suspensiones de aquella audiencia y los motivos de dicha situación.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor MONTES (Presidente).- ¡Bastante maciza su solicitud, señor Senador...!
En el turno del Comité Partido PAIS e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Navarro.


INCORPORACIÓN DE ABDOMEN FLÁCIDO A PLAN AUGE Y FINANCIAMIENTO PARA PLAN PILOTO SOBRE ABDOMINOPLASTÍA. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en la comuna de Coronel, Región del Biobío, encabezada por el alcalde Boris Chamorro, nos hemos sumado a una campaña de una agrupación creciente, de carácter nacional, denominada "Guatita de Delantal".
Dicha organización, que reúne a las mujeres que sufren de lo que se denomina "abdomen flácido", busca incorporar al plan AUGE la manga gástrica y la abdominoplastía como una forma de recuperar la dignidad para cientos y cientos de mujeres, madres de varios hijos, quienes, sometidas a cesáreas -de moda creciente en Chile (los partos naturales han ido decayendo)-, han pagado la consecuencia en su cuerpo de haber dado a luz.
Es una situación que hoy las tiene expuestas a daño psicológico, a maltrato, a discriminación, a depresión, a abandono de las parejas y, además, les genera complicaciones de salud: diabetes, colesterol, presión alta, tiroides, hígado graso y dermatitis, producto de esa bolsa de piel que hasta puede adquirir mal olor. Incluso, puede producirse un cáncer a la piel con la cuarta dermatitis, caso en el cual se convierte en crónica.
Esa es la experiencia de cientos de mujeres de la Región del Biobío. Dejando de lado cualquier consideración -hasta podría llamarse "rubor"-, ha prevalecido la autoestima.
Ellas les han dicho a esa Región y a Chile que van a luchar.
Señor Presidente, son 70 mujeres aproximadamente -también hay hombres-, quienes han concordado que la abdominoplastía debe ser incorporada al plan AUGE.
Con ello las mujeres vuelven a nacer.
Las que disponen de dinero, por cierto, se hacen la intervención, y recuperan parte importante de su dignidad.
El problema afecta a las mujeres de escasos recursos, pero también a las de otros niveles socioeconómicos. La diferencia radica en la capacidad financiera para costear el procedimiento.
Las mujeres profesionales del sector privado, las que tienen una buena situación económica, pueden pagar la cirugía, con lo cual -insisto-recuperan buena parte de su dignidad.
Sin embargo, otras deben soportar con resignación esta carga. En algunos casos esta guatita de delantal, este abdomen flácido, pesa cinco, seis, siete y más kilos, lo que conlleva a una afección de la columna vertebral, a una desviación en el caminar; pero, sobre todo -reitero-, a un daño en su dignidad.
Reconocer públicamente esta situación es ya un mérito más que suficiente para todas estas valientes mujeres.
Quiero señalar que se aprobó un proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que este asunto sea materia de ley. Y la Comisión de Salud del Senado ha conocido esta solicitud. Solo resta decir que vamos a actuar.
Mirta Espinoza, vocera nacional de esta agrupación, ha señalado que están dispuestas a caminar, a marchar, a denunciar.
Yo les he dicho: "Chiquillas, compañeras, ciudadanas, debemos levantar una demanda".
Así como hubo un programa llamado "Sonrisa de Mujer", que fue exitosísimo; así como hay un plan del buen vivir, encabezados por las Primeras Damas de varios gobiernos, "Guatita de Delantal" puede ser parte de un programa piloto que ayude a devolverles la dignidad a muchas personas.
Miles y miles de mujeres recuperaron su dentadura y volvieron a sonreír. Luego de ello, muchas consiguieron pareja. Antes no tenían, debido a que su problema era un lastre, una carga emocional determinante.
Señor Presidente, no estamos pidiendo cirugía plástica o hermosear el cuerpo, sino otorgarle dignidad a personas que dieron todo por lo más grandioso en la vida: dar a luz, procrear.
Por ello, solicito enviar un oficio al Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín, a fin de que evalúe la inclusión de una glosa en el Presupuesto para 2019 con el objeto de financiar, como plan piloto, la práctica de la abdominoplastía.
Asimismo, pido que se oficie al señor Ministro de Salud para que gestione la incorporación del abdomen flácido en el plan AUGE. Así, formará parte de los programas de salud.
Podrá ser un promedio de casos, lo cual habrá que regular. Pero está claro que necesitamos más información.
Incorporando tal condición al AUGE, se generará una gran demanda. ¡Veamos entonces cómo lo hacemos! ¿Cuántos casos seremos capaces de resolver durante el 2018?
Requerimos una estadística. En los hospitales de Chile y, particularmente, en los consultorios, en la atención primaria, hay datos.
¿Cuántas mujeres padecen de abdomen flácido? ¿Cuántas de ellas son operables? ¿Cuánto cuesta la intervención?
¿Cuántos médicos están preparados para hacer este tipo de cirugía sin esperar una gran recompensa? ¿Es posible contar con la solidaridad de los médicos de Chile para atender estos casos?
Esta operación, que no está exenta de riesgos, precisa de la debida evaluación médica. Quien la realice debe tener la clara percepción de que con ello está recuperando una vida.
Necesitamos que los servicios de salud y el Ministerio hagan esas estadísticas.
Necesitamos capacitar a los médicos y generar becas para que se especialicen en este tipo de operaciones.
Señor Presidente, solicito al Ministerio de Hacienda la disponibilidad de fondos -partamos con un plan piloto; ¡hagámoslo!- y al Ministerio de Salud la incorporación del abdomen flácido al AUGE y la preparación de los médicos.
Dicha condición debiera ser tratada en nuestros hospitales como parte de las demandas de atención, porque afecta a la salud psicológica y, también, física.
Para la organización "Guatita de Delantal", la abdominoplastía y la manga gástrica, como elementos propios del bienestar mental y físico, deben ser incorporadas en nuestra legislación sobre protección en salud.
Este movimiento va a crecer. Había estado oculto. Costaba que las mujeres reconocieran públicamente su condición.
Se ha levantado la voz desde la Región del Biobío, a través de Mirta Espinoza, gran dirigenta, y de todas las mamás y mujeres de Coronel, para llevar este programa de Arica a Punta Arenas.
La primera gran decisión fue reconocer que tenían este problema. Hacerlo frente a sus pares y a la sociedad.
No ha sido fácil. ¡No ha sido fácil!
Como Parlamento que asigna recursos, que determina los presupuestos y que cuenta con alguna capacidad de decisión, no nos queda más que comprometernos a llevar adelante esta demanda.
Las integrantes de la agrupación me señalaron que, en reunión con la doctora Andrea Guerrero, se planteó la posibilidad de incorporar al AUGE el abdomen flácido.
Por cierto, es un tema económico. Yo espero que se pueda evaluar.
Señor Presidente, pido que se envíen los oficios a los Ministros que he indicado.
Además, deseo resaltar que nuestros hospitales tienen capacidad de pabellón libre. En el Hospital Doctor Guillermo Grant Benavente, de la Región del Biobío, el hospital más grande Chile, hay capacidad de pabellón.
Muchos cirujanos plásticos, que ganan altos ingresos producto de su especialidad, van a estar disponibles para brindar horas de trabajo solidario para este tipo de operaciones. Solo basta establecer un reconocimiento legal. Así estarían protegidos, pues realizarían los procedimientos dentro de un marco de legalidad, es decir, del Plan AUGE.
Aunque el costo pueda ser conversado, tengo la absoluta certeza de que quienes han hecho una carrera profesional como cirujanos plásticos van a disponer de su tiempo de manera solidaria para ayudar a las mujeres más humildes, de menores ingresos, que están en esa situación.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.


PREOCUPACIÓN POR DETERIORO DE ACERAS Y CALLES EN CHILE. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, del mismo modo, solicito que se oficie al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a las dos asociaciones de municipios de carácter nacional, para que se pronuncien en torno a la situación de las aceras en Chile.
Hemos aprobado hoy un proyecto de ley que otorga facultades a los alcaldes para reparar provisoriamente las calzadas. Pero quiero llamar la atención sobre el desastre nacional que significa el deterioro de las aceras.
Existen personas de la tercera edad que están "secuestradas" en sus casas, imposibilitadas de salir por la dificultad de caminar por veredas que representan un riesgo enorme. Son verdaderas trampas mortales para muchos ancianos.
Por tanto, señor Presidente, solicito que se oficie a las municipalidades del país para que proporcionen información.
Los alcaldes han dicho que están dispuestos a elaborar estadísticas en ese sentido, y muchos ya las tienen. La idea es que cada uno de los 345 municipios de Chile, a través de sus Direcciones de Obras, informen cuánto dinero han invertido en reparación de aceras en los últimos diez años -o bien, en los últimos cinco-; cuántos recursos han recibido del Estado, particularmente del Ministerio de Vivienda y del Gobierno Regional, para tal efecto; cuántos metros cuadrados hay de veredas en mal estado que necesariamente deben ser reparados; cuántas son las denuncias judiciales o criminales que han enfrentado producto de accidentes causados por aceras deterioradas; cuánto han tenido que cancelar por haber perdido esos juicios.
Creo que en este último punto nos vamos a llevar una gran sorpresa: son muchos los millones que los municipios han debido pagar en demandas civiles por ese tipo de accidentes.
También solicito que se envíe un oficio al Ministerio de Desarrollo Social, particularmente al Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), para que nos dé a conocer sus políticas de educación peatonal. En especial, deseo saber si este organismo posee informes con relación a las barreras de impedimento para que los adultos mayores puedan acceder a los espacios libres a través de las veredas.
Se requiere hacer un informe en detalle.
Yo espero que en el Presupuesto del 2018 podamos ajustar recursos para hacer una evaluación de carácter nacional en esta materia, de manera de tener una visión realista de sus alcances. La operación por una cadera quebrada a raíz de un solo resbalón significa para un adulto mayor de setenta o más años un costo altísimo en salud. Y, lamentablemente, ello ocurre día a día.
Los recursos que el Estado está invirtiendo a través del AUGE y, particularmente, de FONASA son elevadísimos. Resulta más barato reparar las veredas antes de que se produzcan los accidentes. Es necesario derrotar la cultura de ir a repararlas una vez que la persona de la tercera edad o el niño se han accidentado.
Señor Presidente, solicito que se oficie a cada uno de los municipios del país para que entreguen las estadísticas que he señalado y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a fin de que nos informe sobre los dineros destinados a la reparación de aceras en todo el país, la asignación correspondiente a través de los municipios y gobiernos regionales y las estadísticas de que dispone en cuanto al número de calles en mal estado.
Asimismo, como efectivamente hay una responsabilidad municipal, pero también del SERVIU, en materia de reparación de calles, solicito que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos informe si tiene una estadística de la situación de las vías de tránsito de automóviles y su necesidad de reparación en cada una de las regiones del país.
Termino, señor Presidente, agradeciendo al PPD por la cesión de su tiempo, lo que me ha permitido hacer esta intervención más extensa en la hora de Incidentes.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor MONTES (Presidente).- En Incidentes, los Comités Partido Evópoli y Partido Revolución Democrática no harán uso de sus tiempos.
Al Comité Partido Unión Demócrata Independiente le corresponden 13 minutos.
Se han inscrito para intervenir la Senadora señora Ebensperger y el Senador señor Durana.
¿Ustedes se distribuyeron el tiempo?

La señora EBENSPERGER.- Sí.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra a la Senadora señora Ebensperger.


PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO PARA REGIÓN DE TARAPACÁ. OFICIO

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, los decretos Nos 1.242, 1.243, 1.233, todos del año 2014, y el 625, de año 2015, aprueban un Plan Especial de Desarrollo para las regiones extremas de Aisén, Magallanes y Arica, para la provincia de Palena y para la comuna de Cochamó.
Se fundan dichos planes en el deber que tiene el Estado de promover el fortalecimiento de la regionalización y el desarrollo de los territorios de modo armónico y equitativo, y en que es necesario que los diversos territorios que conforman el Estado alcancen niveles de desarrollo que permitan a sus habitantes la máxima realización material y espiritual posible. Para ello, los territorios ubicados en los extremos geográficos o en zonas de difícil conectividad requieren políticas públicas especiales que faciliten su desarrollo.
Por su parte, el Programa de Gobierno 2018-2022 del Presidente Sebastián Piñera ha definido dentro de sus énfasis de desarrollo programático: "Disminuir el rezago y aislamiento: Fortalecer la Política Nacional de Localidades Aisladas, y proponer una política de Territorios Rezagados que permita disminuir las brechas entre localidades que requieren una mayor oportunidad de inversión y gestión".
Es preciso señalar que la Región de Tarapacá es una zona extrema y que, además, tiene comunas y localidades aisladas cuyo desarrollo está lejano al de otras similares en el país: sin agua potable, alcantarillado y luz eléctrica, con un desarrollo precario y con casi nula actividad económica para su sustento, lo que hace que tales lugares hoy se estén despoblando.
No pueden existir en nuestro país chilenos de primera y segunda categoría, dependiendo de dónde nacieron y de dónde viven.
Las ubicaciones geográficas de dichas localidades son también estratégicas al ser la mayoría de ellas fronterizas.
En ellas, además, existe una gran historia, cultura y patrimonio que no pueden desaparecer.
En virtud de lo anterior, señor Presidente, quiero solicitar, por intermedio de esta Corporación, que se oficie al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Felipe Salaberry Soto, con copia al Intendente de Tarapacá, don Miguel Ángel Quezada, para que dicha Subsecretaría, en conjunto con el Gobierno Regional, estudie y proponga un Plan Especial de Desarrollo para la Región de Tarapacá.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.

El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Durana.


SITUACIÓN DE JARDINES INFANTILES PARTICULARES SUBVENCIONADOS DE MENOS DE CINCUENTA NIÑOS. OFICIO

El señor DURANA.- Señor Presidente, producto de la reforma a la educación, se han generado ciertas injusticias respecto de los jardines infantiles que albergan a menos de cincuenta niños.
Estos establecimientos parvularios fueron creados con reconocimiento ministerial. Son particulares. Ellos atendían niños de los niveles medio menor y medio mayor (de dos a tres años y de tres a cuatro años, respectivamente), y hoy solamente se han quedado con los niveles de prekínder y kínder. Por lo tanto, se genera un problema sobre el que debiera informar el Ministerio de Educación.
La situación en concreto es la siguiente: esos jardines son particulares en tanto atienden niveles de medio menor y medio mayor -obviamente son privados-, pero para poder atender a niños de prekínder y kínder han tenido que constituirse en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro.
Hoy, cuando tenemos la absoluta necesidad de entregar mejor educación y con más calidad a nuestros niños desde la cuna, estamos generando una situación irregular.
Los padres efectivamente buscan llevar a sus niños ojalá donde haya la mínima concurrencia, para así lograr una educación de mejor calidad.
Lamentablemente, esos jardines infantiles poseen una situación tributaria especial. Finalmente estamos hablando de un colegio que tiene un RUT como particular y que a la vez es una fundación o corporación.
Por un lado, eso está siendo observado tributariamente por el Servicio de Impuestos Internos y, por otro, no lo permite el Ministerio.
Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministerio de Educación para que evalúe, en el marco de la reforma educacional, cómo proteger la educación de nuestros niños desde el minuto en que ellos ingresan al nivel de medio menor, sin tener que alterar la responsabilidad en la educación de esos colegios.
Por lo tanto, agradeceré que remita el oficio que he pedido, de manera que podamos dar una respuesta a estos jardines infantiles, que hoy se ven absolutamente complicados en su propósito de seguir siendo colaboradores de la educación del Estado.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor MONTES (Presidente).- En el turno del Comité Partido Renovación Nacional e Independientes, tiene la palabra al Senador señor Pugh.


LIBERACIÓN DE CABOTAJE DE PASAJEROS Y DESARROLLO DE TERMINALES DE CRUCEROS. OFICIO

El señor PUGH.- Señor Presidente, el mundo vive hoy la economía de las experiencias, y en ella Chile tiene una oportunidad extraordinaria en lo referente a su potencial turístico, básicamente.
El turismo atrae a mucha gente y, además, es una industria muy democrática: les permite a todos -a los más pequeños y a los más grandes- coexistir y realizar un aporte considerable.
También genera un encadenamiento productivo y contribuye -ello adquiere más relevancia- a la imagen de país. Quienes conocen y visitan Chile y ven cómo somos demandan después productos nuestros.
Por lo tanto, constituye un significativo motor de desarrollo.
Una parte del turismo se realiza por mar. El Congreso está tratando precisamente una moción para poder liberar el cabotaje de pasajeros en el territorio nacional. Un asunto de tanta trascendencia requiere, sin embargo, discusión e información sobre la base de hechos concretos y de nuestra realidad, a lo que se suma lo que nos dicen expertos extranjeros.
En Miami, en marzo recién pasado, durante Seatrade Cruise Global -la industria de cruceros-, los especialistas en turismo internacional hicieron ver a Chile su importancia como destino.
Ello dice relación, en particular, con los lugares conocidos como home ports -puertos base-, donde los grandes cruceros no llegan por hora, sino que pueden quedarse un día, y en que otro más resulta muy atractivo, probablemente. Pero requieren terminales especializados, oceánicos, de los cuales el país no dispone, y tienen que competir con espacios de carga, que no proporcionan las mejores condiciones.
En ese sentido, y para poder contar con mejores elementos para la discusión de la moción, solicito que se oficie al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y, a través de ello, al Sistema de Empresas Públicas y a los puertos, para el efecto de formular dos preguntas.
La primera se refiere a un análisis de si la liberación del cabotaje para pasajeros impulsará una mayor actividad económica, con cifras y datos precisos que permitan tomar una decisión basada en evidencia.
Y la segunda es si se ha considerado la instalación de terminales de cruceros, especializados en la industria, y de qué lugares se trataría, a qué plazos y a qué costo.
Chile crece y tenemos que estar a la altura de las grandes potencias de turismo en el mundo. Hoy, el turismo en cruceros atrae gente dispuesta a quedarse en nuestro país y -lo más importante- a volver. Nuestra industria, entonces, tiene que desarrollarse mejor, y preparar mejor gente, pero también progresar en una mejor infraestructura.
Por eso, es fundamental contar con los antecedentes mencionados para así poder apoyar nuestra decisión.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Pugh, conforme al Reglamento.

El señor MONTES (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:38.
Sergio Cereceda Leins,
Jefe de la Redacción subrogante