REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 366ª
Sesión 78ª, en martes 18 de diciembre de 2018
Ordinaria
(De 16:15 a 19:21)
PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Economía, Fomento y Turismo, señor José Ramón Valente Vias.
Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, señora Susana Tonda Mitri.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor MONTES (Presidente).-
Las actas de las sesiones 75ª, ordinaria, en 11 de diciembre de 2018; 76ª, especial, y 77ª, ordinaria, ambas en 12 de diciembre de 2018, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
El señor MONTES (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Ocho de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los tres primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1. El que establece pago a treinta días (boletín N° 10.785-03).
2. El que crea el Consejo Fiscal Autónomo (boletín N° 11.777-05).
3. El que modifica la ley N° 19.451 con el objeto de incentivar la donación de órganos (boletines Nos 11.849-11, 11.872-06 y 11.893-11, refundidos).
Con el cuarto hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (boletín N° 12.250-25).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1. La que adecua los cuerpos legales que indica, en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias (boletines Nos 11.126-07 y 11.522-07, refundidos).
2. Proyecto de acuerdo que aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Chile, en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017 (boletín N° 11.730-10).
Con los dos últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1. El que sustituye la denominación del Aeropuerto La Florida, ubicado en la ciudad de La Serena, por "Aeropuerto Gabriela Mistral" (boletín N° 10.425-24).
2. Sobre eficiencia energética (boletines Nos 12.058-08 y 11.489-09, refundidos).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero comunica su ausencia del territorio nacional el día 1 de enero de 2019, para participar en la ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial de la República Federativa de Brasil.
Informa que durante su ausencia será subrogado por el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick, con el título de Vicepresidente de la República.
--Se toma conocimiento.
Con el segundo solicita la ratificación del Senado para nombrar como integrantes del Consejo Consultivo Previsional a la señora María Cecilia Cifuentes Hurtado y al señor Andras Uthoff Botka, por un período de seis años (boletín N° S 2.036-05) (con la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De la Honorable Cámara de Diputados:
Con el que comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del Sector Público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 12.291-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica (boletín N° 12.107-04).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Acompaña copia de la resolución dictada en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado respecto del "artículo 3 bis, contenido en el artículo primero cinco)" del proyecto que sustituye el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados (boletín N° 10.696-07).
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1° de la ley N° 18.216.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798.
-Artículo 3°, inciso final, de la ley N° 19.880.
-Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la ley N° 18.290.
-Artículo 199 del Código Civil.
-Artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal.
-Artículos 478, 481, 482 y 488, todos del Código de Procedimiento Penal.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Da respuesta a requerimiento, formulado en nombre del Senador señor Quintana, relativo a las negociaciones del acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP11).
Informa acuerdo del Senado por el que se solicitó implementar un órgano de planificación estratégica nacional de carácter permanente, con el objeto de desarrollar una planificación estratégica nacional para las macrozonas norte, sur y los territorios insulares (boletín N° S 2.026-12).
Del señor Ministro de Desarrollo Social:
Remite antecedentes sobre el financiamiento del Hogar del Adulto Mayor de Victoria; consulta realizada por el Senador señor Quintana.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Responde petición del Senador señor De Urresti, para informar sendos requerimientos sobre la reposición del puente de acceso sur a San José de la Mariquina y de la situación de los planes maestros de aguas lluvia del país.
Del señor Ministro de Salud:
Contesta los siguientes oficios:
-Acuerdo del Senado, por el que se solicitó crear un examen nacional aplicable a todos los egresados de la carrera de odontología del país (boletín N° S 2.015-12).
-De la Senadora señora Goic, en cuanto a la reducción de fondos del convenio oncológico que se señala en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
-De la Senadora señora Órdenes, respecto de los montos que representan las medidas adoptadas para que el Servicio de Salud de Aisén cuente con una cabina de fototerapia.
-Del Senador señor Letelier, sobre la figura del delegado ministerial en el Servicio de Salud de O'Higgins.
-Del Senador señor De Urresti, en sendos requerimientos relacionados con el vertedero municipal de un sector de la comuna de Río Bueno, y con las acciones dispuestas con ocasión de los murciélagos con rabia en Valdivia, Lago Ranco y La Unión.
De la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones:
Indica datos sobre la presentación efectuada por la empresa de transportes que se señala, de la ciudad de Calama, en cuanto a la tramitación de un perímetro de exclusividad en esta localidad; petición enviada en nombre del Senador señor Araya.
Consigna antecedentes de la licitación de servicios nuevos de zonas aisladas que beneficiaría a la comuna de La Unión; materia requerida en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Intendente de la Región de Los Ríos:
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Senador señor De Urresti, relativa al vertedero privado de lodos orgánicos de la comuna de Río Bueno.
Del señor Director de la Dirección General de Aeronáutica Civil:
Comunica antecedentes referidos a las medidas implementadas para la seguridad del transporte aéreo en el Aeródromo Carriel Sur por la presencia de aves silvestres; materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
De la señora Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso:
Entrega información sobre el oficio solicitado por la Senadora señora Allende, relativo al proyecto de remodelación de la avenida Argentina y el borde costero del sector Barón de esta ciudad.
De la señora Gobernadora de la Provincia de Valparaíso:
Informa en cuanto a la orden de desalojo en contra de vecinos del sector de Rodelillo; requerimiento expresado en nombre del Senador señor Latorre.
Del señor Alcalde de Coronel:
Anuncia datos relativos al humedal del sector Calabozo de esta localidad; pregunta formulada en nombre del Senador señor De Urresti.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que exige que en el decreto promulgatorio de la ley conste el nombre de los autores del proyecto cuando se trate de una moción parlamentaria (boletín N° 11.441-07).
Nuevo segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.451 con el objeto de incentivar la donación de órganos (boletines Nos 11.849-11, 11.872-11 y 11.893-11, refundidos) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que establece pago a treinta días (boletín Nº 10.785-03) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos relacionados con los niños, niñas y adolescentes, recaído en el proyecto que modifica la ley N° 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), y su régimen de subvención, y el decreto ley N° 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica (boletín N° 11.657-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señora Muñoz y señores Galilea, Insulza, Moreira y Pizarro, con la que inician un proyecto de ley que focaliza trabajo del Comité de Auditoría Parlamentaria (boletín N° 12.309-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
De los Senadores señoras Goic, Muñoz y Rincón y señores Latorre y Letelier, con la que inician un proyecto de ley que interpreta el Código del Trabajo en relación con el ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral (boletín N° 12.322-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los Senadores señor Navarro, señora Provoste y señores Latorre, De Urresti y Quintana, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que establece la cesación en los cargos de Presidente de la República, Senador, Diputado, Consejero Regional, Alcalde y Concejal por la difusión, promoción o financiamiento de noticias falsas (boletín N° 12.314-07).
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de ley que sanciona la responsabilidad penal de los encargados de piscinas públicas, en el caso que indica (boletín N° 12.315-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señor Quintana, señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens y Quinteros, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, envíe un proyecto de ley que disponga la distribución gratuita de productos de higiene menstrual en establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado, establecimientos de salud públicos, cárceles y albergues, y a personas en situación de calle (boletín N° S 2.034-12).
De los Senadores señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes y Provoste y señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana y Quinteros, por el que se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva reconsiderar la decisión del Gobierno de Chile de no concurrir a la suscripción del Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular (boletín N° S 2.035-12).
--Quedan para ser votados en su oportunidad.
Declaración de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Navarro, que quita al Servicio Nacional de Aduanas la exclusividad para ejercer la acción penal por el delito de contrabando.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Comunicaciones
Del Senador señor Guillier, por la que informa acerca de su participación en la reunión del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, realizada en Montevideo, Uruguay, los días 17 y 18 de mayo de 2018.
De los Senadores señora Órdenes y señor Ossandón, por la que informan acerca de su participación en la Conferencia Parlamentaria Internacional sobre Migración, realizada en Rabat, Marruecos, los días 6 y 7 de diciembre del presente año.
--Se toma conocimiento.
El señor MONTES (Presidente).-
En todo caso, cualquier Senador o Senadora puede solicitar copia de estos antecedentes.
Terminada la Cuenta.
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El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, el miércoles de la semana recién pasada la Comisión de Educación terminó la tramitación de la denominada "ley miscelánea", proyecto que contiene un conjunto de iniciativas de importancia para el mundo educativo.
Como la Secretaría aún no tiene listo el informe y la idea es que dicho proyecto pueda ser visto por la Comisión de Hacienda en lo que resta de esta semana legislativa, solicito que se faculte a la de Educación para emitir solamente un certificado.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo?
El señor COLOMA.-
¿Se requiere unanimidad, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).-
Sí, Su Señoría. Y al parecer no la hay.
Me ha pedido la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, la colega Von Baer viene entrando a la Sala.
La Presidenta de la Comisión de Educación ha solicitado, dado que existe cierta demora para evacuar el informe de la "ley miscelánea", que la Comisión de Hacienda pueda conocer el proyecto con un certificado y no con el informe completo, a fin de despacharlo el día de mañana.
El señor MONTES (Presidente).-
Recabé recién el asentimiento de la Sala en tal sentido y algunos señores Senadores se opusieron. Así que voy a reiterar la petición para que la Comisión de Educación pueda emitir un certificado para que la de Hacienda pueda ver y despachar el proyecto el día de mañana.
La señora VON BAER.-
De acuerdo, señor Presidente. No hay problema.
El señor MONTES (Presidente).-
Acordado, entonces.
--Se faculta a la Comisión de Hacienda para emitir un certificado.
El señor LETELIER.-
Por otro lado, señor Presidente, quiero solicitar dos cosas más.
En primer lugar, que se fije un plazo de 15 minutos para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo y se permita a la Comisión de Hacienda sesionar en paralelo con la Sala a partir de las 16:30 para ver esa materia.
Y, adicionalmente, que se autorice a la Comisión de Trabajo para tratar en general y particular a la vez los proyectos presentados sobre tutela laboral.
--Se accede a lo solicitado.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario para dar a conocer los acuerdos de Comités.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Incluir, en el primer y segundo lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, respectivamente, los siguientes asuntos:
-Informe de la Comisión Mixta formada para resolver las divergencias suscitadas en la discusión del proyecto de ley que establece pago a treinta días (boletín N° 10.785-03), iniciativa que tiene urgencia calificada de "discusión inmediata".
-Proyecto que modifica la ley N° 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), y su régimen de subvención, y el decreto ley N° 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica (boletín N° 11.657-07).
2.-
Considerar, en el tercer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, la iniciativa contemplada en el número 1 de la tabla, o sea, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A." (boletín N° 11.554-05).
3.-
Tratar, en el cuarto lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, el asunto signado con el número 3 de la tabla, esto es, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura con el objeto de regular la captura de la jibia (boletín N° 9.489-21).
4.-
Considerar, en el quinto lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, la materia contemplada en el número 4 de la tabla, es decir, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental en los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las zonas que indica (boletín N° 11.912-12).
5.-
Contemplar, en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 19 de diciembre, el proyecto de ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo (boletín N° 11.777-05), iniciativa que tiene urgencia calificada de "discusión inmediata".
6.-
Efectuar el homenaje, previamente acordado, en memoria del ex Diputado señor Andrés Aylwin Azócar, al inicio de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 19 de diciembre.
7.-
Postergar, hasta una nueva fecha que se comunicará en su oportunidad, la sesión especial citada para mañana, 19 de diciembre, sobre la situación de Televisión Nacional del Chile.
FIJACIÓN DE NORMAS DE PLAZO Y DE PROCEDIMIENTO DE PAGO EN RELACIÓN CON PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor MONTES (Presidente).-
Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde analizar, en primer lugar, el informe de la Comisión Mixta formada para resolver las divergencias suscitadas en la discusión del proyecto de ley que establece pago a treinta días, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.785-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Allamand, De Urresti, Moreira y de los entonces Senadores señores Tuma y Zaldívar):
En primer trámite: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 47ª, en 4 de septiembre de 2018.
Informes de Comisión:
Economía: sesión 78ª, en 4 de enero de 2017.
Economía (segundo): sesión 83ª, en 23 de enero de 2018.
Hacienda: sesión 83ª, en 23 de enero de 2018.
Economía: sesión 60ª, en 16 de octubre de 2018.
Mixta: sesión 78ª, en 18 de septiembre de 2018.
Discusión:
Sesiones 87ª, en 7 de marzo de 2017 (se aprueba en general); 85ª, en 24 de enero de 2018 (se aprueba en particular); 61ª, en 17 de octubre de 2018 (se rechazan algunas enmiendas de la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte del Senado, en el tercer trámite constitucional, de las siguientes enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.
-Las recaídas en los números 1 (numeral 2 de la Cámara de Diputados) y 2 (numeral 3 de la Cámara de Diputados), ambos del artículo 1°.
-La consistente en la supresión del artículo 2°.
-La incorporación de los nuevos artículos 2° y 3°.
-La sustitución del artículo transitorio por otro denominado artículo primero transitorio.
-La incorporación de un artículo segundo transitorio, nuevo.
-La incorporación de un artículo cuarto transitorio, nuevo.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que comprende las normas en controversia y otras disposiciones de la iniciativa, así como las adecuaciones correspondientes a los ajustes formales requeridos por el texto contenido en la proposición.
La Comisión acordó la proposición con las votaciones que consigna en cada caso en su informe.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran la proposición de la Comisión Mixta y el texto como quedaría de aprobarse el informe del órgano bicameral.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VALENTE (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).-
Gracias, señor Presidente.
Quiero decir que estamos muy cerca de aprobar el proyecto de "pronto pago para las pymes", como se lo conoció originalmente, el cual después fue llamado "proyecto de pago oportuno" y, finalmente, "proyecto de pago a treinta días", que regula, en realidad, los plazos de pago para empresas de todo tipo.
Si uno hace un poco de historia, se dará cuenta de que esta propuesta lleva, como idea, quince años en Chile. Ha habido distintas iniciativas -algunas del Ministerio de Economía, otras de acuerdos voluntarios-, hemos conocido varios intentos por legislar sobre la materia, pero nunca se había llegado a esta instancia de estar al borde de despachar un proyecto de ley sobre el particular.
Esta normativa, como ustedes saben, es de mucho interés para las más de un millón de pymes que existen en nuestro país y para un grupo cada vez mayor de emprendedores. De hecho, hoy el 78 por ciento de los chilenos jóvenes declara que desea ser emprendedor.
Lo que estamos viendo, básicamente, es la posibilidad de convertir en ley lo que alguna vez fue una moción presentada, hace varios años, por los entonces Senadores Tuma y Zaldívar y los Senadores Allamand, De Urresti y Moreira. Menciono sus nombres para darles el reconocimiento que se merecen.
Nosotros, como Gobierno, tomamos este proyecto cuando ya estaba en el segundo trámite constitucional. Presentamos indicaciones sustantivas que lo actualizaron y lo mejoraron significativamente y que fueron ampliamente discutidas, primero, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y luego, en el tercer trámite en el Senado, para luego pasar a la Comisión Mixta.
A mi juicio, el sentir de todos los parlamentarios que participaron en este órgano bicameral es que llegamos a un muy buen acuerdo y a un muy buen texto. Nunca será el que a cada uno de nosotros, individualmente, le gustaría. No es el proyecto ideal del Gobierno ni de un parlamentario en particular, pero es una muy buena normativa para las pymes y los emprendedores de nuestro país.
En lo sustantivo, lo que hace es establecer que el plazo existente en Chile para el pago de los compradores a sus proveedores pase a ser de treinta días, como norma general, con un artículo transitorio que dispone que durante los primeros veinticuatro meses de la entrada en vigencia de esta ley será de sesenta días para luego ajustarse al plazo de treinta.
Pero, como señalaba, adicionalmente le introdujimos modificaciones importantes a la normativa actual, tratando de entender en su real y total dimensión qué es la cadena de pago de proveedores y compradores en nuestro país. Han de saber todos ustedes que se emiten más de un millón de facturas diarias en múltiples sectores y, por lo tanto, con múltiples características.
Cuando estudiábamos esta materia, nos dimos cuenta de que lo que se había discutido tradicionalmente, que era el plazo de pago de las facturas, resultaba insuficiente para regular efectivamente lo que nosotros queríamos: un pago oportuno. Ante eso, por ejemplo, introdujimos la exigencia de una guía de despacho electrónica, para que, de tal manera, el Servicio de Impuestos Internos controle efectivamente que se cumpla la ley en lo relativo a las facturas, a fin de que sean emitidas antes del décimo día del mes siguiente en que las mercaderías fueron entregadas.
También agregamos la inoponibilidad, es decir, que no sea modificable la factura, con el fin de evitar que cuando exista una nota de crédito esta sea hecha sobre una factura que ha sido cedida, cosa extremadamente importante para que ese documento, que tiene el proveedor, pueda ser descontado en el mercado financiero a tasas de interés muchísimo más bajas de las que hoy día se aplican y así aliviar la situación financiera de los proveedores, sobre todo de los más pequeños.
La tasa de interés que se incluye es corriente, es decir, una tasa de interés bastante alta para las empresas grandes y no tan alta para las empresas pequeñas. En ese sentido, se beneficia particularmente a las empresas de menor tamaño.
Por cierto, incluimos al Estado como parte de esta ley, de tal manera que tenga que cumplir de la misma forma que el sector privado, pagando sus propias obligaciones también a treinta días.
Y dejamos, obviamente, una ley que incluye la posibilidad de que las partes puedan pactar condiciones diferentes, para que las particularidades que tiene la cadena de pago se vean bien reflejadas en el proyecto.
Señor Presidente, no me voy a extender en esta cuenta.
Lo que sí quiero es agradecer el paso de esta iniciativa por la Cámara de Diputados, donde tuvimos una discusión que, en mi opinión, enriqueció el texto. Lo mismo ocurrió en el Senado, y, particularmente, durante los últimos meses en la Comisión Mixta, en que logramos un muy buen acuerdo con la participación activa de cada uno de los parlamentarios de ambas Corporaciones.
Por último, les pido que voten favorablemente este proyecto, pues creo que es un aporte muy significativo para la institucionalidad económica de nuestro país, y más importante aún, para las pymes y los emprendedores de Chile.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
Ha solicitado que se autorice su ingreso a la Sala el Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado.
¿Habría acuerdo?
--Se accede a lo solicitado.
El señor MONTES (Presidente).-
Asimismo, ha formulado una solicitud en igual sentido el Subsecretario de Economía, don Ignacio Guerrero, para participar en este debate.
El señor DE URRESTI.-
No, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
No hay acuerdo.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, en la Comisión Mixta encargada de resolver las diferencias en la tramitación del proyecto de ley de pago a treinta días, se hicieron arreglos de forma y de fondo.
No quiero extenderme. Pero debo decir que, en materia de modificaciones, en dicha Comisión Mixta, que fue bastante breve, básicamente se reemplazó en el numeral 2 el artículo 2° por el siguiente:
"La obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura deberá ser cumplida de manera efectiva en el plazo máximo de treinta días corridos contado desde la recepción de la factura.".
Aquí hay una precisión más bien de forma, que era importante hacer desde el punto de vista de los plazos, porque se señala la efectividad del pago y que los días tienen que ser corridos.
Y se incorpora en el artículo 2°, en reemplazo del numeral 2, los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que disponen:
"En casos excepcionales, las partes podrán establecer de común acuerdo un plazo que exceda el referido en el inciso anterior -aquí hay una modificación de fondo, señor Presidente, atendidas las especificidades de los distintos sectores-, siempre que dicho acuerdo conste por escrito, sea suscrito por quienes concurran a él y no constituya abuso para el acreedor.
"Estos acuerdos deberán ser inscritos dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la celebración del mismo, en un registro que llevará al efecto, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, identificando a los contratantes, su rubro o actividad económica, fecha de celebración y plazo de pago, en la forma que establezca el reglamento.
"Las estipulaciones referentes al plazo de pago excepcional o que no cumplan con todos los requisitos exigidos por esta norma, contenidas en los acuerdos que no hayan sido inscritos en conformidad al inciso anterior, se tendrán por no escritas y regirá como plazo de pago los treinta días establecidos en el inciso primero.
"En todo caso, cualquiera sea el plazo convenido por las partes, no producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones que intenten demorar indebidamente el pago de la factura al vendedor o prestador del servicio. En especial, las cláusulas o estipulaciones que:
"1. Otorguen al comprador o beneficiario del servicio la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato, sin requerir del consentimiento previo y expreso del vendedor o prestador del servicio, sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen.
"2. Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad que puedan privar al vendedor o prestador del servicio de su derecho de resarcimiento frente a incumplimientos contractuales.
"3. Establezcan intereses por no pago inferiores a los que se establecen en el artículo siguiente.
"4. Establezcan un plazo de pago contado desde una fecha distinta de la recepción de la factura.
"5. Las demás que establezcan las leyes.
"En ausencia de mención expresa en la factura y su copia transferible del plazo de pago, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura.".
Señor Presidente, hago mención a un artículo transitorio que dispone que pasado un año de la entrada en vigencia de estas modificaciones habrá una evaluación, un informe que deberá ser evacuado en sesenta días y que entregará las modificaciones necesarias en caso de existir abuso o anomalía producto de esta norma en particular, que lleve a las correcciones y modificaciones que merezca la ley.
En el numeral 3, la Comisión Mixta modificó los artículos 2° ter, quáter y quinquies por los siguientes:
"Artículo 2° ter.-
El comprador o beneficiario del bien o servicio que esté en mora deberá pagar una comisión fija por recuperación de pagos equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado".
"Artículo 2° quáter.-
Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos afectos a las normas de la ley N° 19.886, los pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán establecer un plazo de hasta sesenta días corridos en las bases de licitación respectivas, tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos, tratándose de contratación directa, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados. En este caso, deberán informar a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, establecido en el Capítulo IV de la ley N° 19.886.
"El cumplimiento de lo dispuesto en este artículo será verificado por la unidad de auditoría interna de cada organismo público o por aquella que cumpla tales funciones.
"Artículo 2° quinquies.-
Si no se efectuare el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo anterior, se generarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 2° bis y 2° ter.
"Las sanciones administrativas previstas en este artículo serán aplicadas por la autoridad competente, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas pertinentes. Con todo, la Contraloría General de la Republica, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan.".
En cuanto al artículo 2°, se acoge la norma aprobada por el Senado, sustituida por la siguiente:
"Reemplázase el literal i) del artículo 4º de la ley N° 20.169, que regula la competencia desleal, por el siguiente:
`i) El establecimiento o aplicación de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de los proveedores, el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos o de los plazos dispuestos en la ley N° 19.983 para el cumplimiento de la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura'.".
Se incorpora un artículo 3° al artículo 2°, nuevo, formulado por la Cámara de Diputados. Se modifica el artículo 54 del decreto ley N° 825. Y se intercala...
El señor MONTES (Presidente).-
¡Silencio, por favor, en la Sala!
La señora RINCÓN.-
Gracias, señor Presidente.
Y se intercala, a continuación de la expresión "compra", la de "guías de despacho". Se elimina la frase "Las guías de despacho y". Se agrega, después del punto que sigue a los vocablos "en papel", la siguiente oración: "Los contribuyentes que solo emitan documentos en papel podrán emitir guías de despacho que no importen ventas por este mismo medio.".
Además, se modificaron y se agregaron normas en los artículos transitorios.
El artículo primero dice: "La presente ley, salvo las excepciones contempladas en los incisos siguientes, entrará en vigencia a partir del cuarto mes de publicada en el Diario Oficial.".
Los cambios más relevantes dicen relación con el plazo, siendo el que más se discutió el relativo a la entrada en vigencia para los organismos de salud y los municipios, que bajó a 28 meses.
Hubo un debate largo en el Senado y en la Cámara de Diputados, hasta que finalmente se aprobaron por unanimidad en la Comisión Mixta los 28 meses de vacancia.
Sobre la consulta que muchos se hacen respecto de qué manifiestan los gremios, debo decir que nos reunimos con todos ellos.
Además, escuchamos -y tuvimos reuniones previas a la votación de la Mixta- a todos los actores -¡absolutamente a todos!-. Y la verdad es que, sin ser una iniciativa que nos deje enteramente satisfechos en cuanto a las normas que finalmente se aprueben, significa un gran avance.
Creemos que es importante que este proyecto sea aprobado, sobre todo por lo que se establece respecto a los plazos, a la evaluación en un año y a las sanciones que se contemplan.
Quiero decir que el diálogo que llevamos a cabo con los gremios fue esencial. Por primera vez tuvimos a todos los actores sentados en una misma mesa.
Gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Sus Señorías, se ha solicitado recabar la autorización de la Sala para abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
El señor MOREIRA.-
Sí, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Acordado
En votación.
--(Durante la votación).
El señor MONTES (Presidente).-
Le ofrezco la palabra al Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, qué buena noticia es esta para el país, para las pymes y para uno, como parlamentario, cuando se concreta un proyecto de ley después de varios años de haberlo presentado.
Como dije al aprobar esta iniciativa en general la vez pasada, esta nació del aporte conjunto de los Senadores Eugenio Tuma -en esa oportunidad yo era Presidente de la Comisión de Economía-, Andrés Allamand, Andrés Zaldívar y, también, de mi querido colega Alfonso de Urresti. Y siento un profundo y particular orgullo de que empezáramos a conversar, a tratar de darle forma a un proyecto de ley de esta naturaleza, que se discutió durante 15 años, para que algún día se concretara.
Y así ocurrió finalmente en la Cámara de Diputados, donde se aprobó unánimemente.
Estoy muy contento, como partidario del Gobierno, de que haya sido este el que acogió esta iniciativa; de que sea el Presidente Piñera quien la promulgue.
Quisiera pedirle formalmente -por su intermedio, señor Presidente, ¡o del Vicepresidente, que sí está escuchando...!- al Ministro de Economía -¡señor Ministro, por favor, yo escuché atentamente cada una de sus palabras!- que ojalá el Presidente Piñera pueda promulgar lo antes posible como ley esta idea, que acogió, que perfeccionó nuestro Gobierno junto con los demás parlamentarios, lo cual sería un muy buen regalo de Pascua y de Año Nuevo para las pymes.
Además, le pido que no se olvide de invitar a aquellos parlamentarios que participaron con nosotros en este proyecto, como el Senador Eugenio Tuma y el Senador democratacristiano Andrés Zaldívar.
Sería una grata ocasión de reencuentro con una iniciativa de esta naturaleza.
Respecto a su texto, la Comisión Mixta ha logrado obtener un acuerdo que es muy realista y muy concreto. Este ofrece plazos, pero también asegura un mejor presente para nuestras pymes, que dan casi el 50 o 60 por ciento del trabajo remunerado en nuestro país.
Se ha acordado que durante los primeros 24 meses de la aplicación de la ley, el plazo máximo para el pago de las facturas sea de 60 días; y que, pasado el mes 25, sea de solo 30 días, sin distinción del tamaño de la empresa.
Sin embargo, el Estado se obliga a empezar a pagar dentro de los 30 días de vigencia de esta ley, lo que ya constituye un incentivo y un piso mínimo para el resto de los proveedores.
Atendida la situación de nuestros servicios de salud y también de las municipalidades, con un alto nivel de retraso en el pago de sus obligaciones, se les ha otorgado un plazo mayor para incorporarse, privilegiando el pago a las pequeñas empresas, las que, al mes 29 de vigencia de esta ley, deberán comenzar a recibir su dinero en 30 días, seguido por las grandes empresas, que lo harán al mes 40.
Algunos dirán, y con cierta razón, que aquí faltó el tema del IVA Crédito, o que se podrá acordar un plazo mayor de común acuerdo.
Sin embargo, este último acuerdo queda sujeto a la inscripción en un registro del Ministerio de Economía, que debiera ser la excepción. Para verificar que ello sea así, el proyecto determina que en el plazo de un año el Ministerio deberá evaluar esta situación.
Respecto del IVA Crédito, atendido que se emiten 10 millones de facturas al día, el Servicio de Impuestos Internos se compromete a estudiar su factibilidad e informar en el plazo de un año.
Este proyecto -si me da 30 segundos, señor Presidente-, que beneficia a tantas pequeñas y medianas empresas, debe ser un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja pensando en Chile en forma transversal, y esperamos que esto ponga fin a la tortuosa cadena de pagos a la que deben someterse para obtener el pago de sus clientes.
Yo creo que hoy día se logra un avance significativo, un avance real, en beneficio de la libertad de nuestros emprendedores por todo Chile, y de nuestros trabajadores.
Quisiera señalar que, así como hoy día le estamos exigiendo a los privados que sean buenos pagadores, el Estado debiera dar obviamente el ejemplo.
Por eso se ha otorgado un tiempo razonable para que las entidades del Estado también paguen oportunamente.
Reitero: es un avance para que no se sigan cometiendo abusos en contra de las pymes. Y queremos que estas tengan un buen comienzo en este nuevo año con un proyecto de ley que favorecerá a cientos, a miles de emprendedores de nuestro país.
Por esta razón, y muy contento, voto a favor.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprovecho para saludar a la Senadora señora Van Rysselberghe por los resultados que obtuvo recientemente. ¡La vida dirá lo que significan...! Pero la felicito.
--(Aplausos en la Sala).
Tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.-
Señor Presidente, el proyecto de ley en trámite de Comisión Mixta permite que hoy tengamos la oportunidad de contar con una herramienta que busca dinamizar nuestra economía a través de la certeza jurídica, la cual implica saber que una factura emitida entre privados o a una entidad pública será pagada dentro del plazo razonable de 30 días, salvo las excepciones que la misma iniciativa establece.
Durante su discusión en la Comisión de Economía del Senado y en la Comisión Mixta respectiva, el proyecto ha sido enriquecido con la participación de diversos sectores que nos hicieron llegar su opinión.
En el caso de la Región de Arica y Parinacota, su texto fue socializado con representantes de entidades privadas y públicas, quienes manifestaron su interés y expectación por esta iniciativa legislativa.
Dentro de sus estipulaciones, es conveniente destacar los siguientes aspectos que se entregan:
La certeza en el pago de las facturas a 30 días, contados desde su recepción.
El respeto por la libertad contractual, estableciéndose que, por acuerdo escrito de las partes, en forma excepcional se podrá determinar un plazo mayor de pago.
-El mayor plazo de pago así acordado no puede constituir abuso para el acreedor ni demora indebida en el pago de la factura.
-En el sector público, un plazo mayor para pago debe tener carácter excepcional; no es factible que sea indeterminado, y ha de encontrarse consignado previamente en las bases de licitación respectivas.
-La obligación de pagar una comisión moratoria, intereses corrientes, daños y perjuicios en caso de incumplimiento.
-El incumplimiento sistemático del pago de facturas será considerado competencia desleal.
-El avance de la digitalización de las operaciones comerciales, que envuelve la obligatoriedad de la emisión de órdenes de despacho en forma electrónica, implica indiscutidos avances para una economía ágil y que otorga seguridad jurídica a sus agentes. Estaremos atentos y vigilantes para saber cómo funciona el referido proceso en algunos sectores de la economía y, ciertamente, en aquellas regiones carentes de luminosidad digital. Obviamente, esperamos de los servicios públicos el criterio necesario a los efectos de no dañar ni impedir el adecuado avance en este ámbito.
Es evidente que los cambios introducidos por esta normativa afectarán algunos usos y costumbres que en nuestra relación comercial se encontraban muy arraigados y que conllevaban la nociva práctica del no pago oportuno de facturas, cuestión que afectaba principalmente a los pequeños empresarios.
Sin duda, no va a ser fácil su implementación. Pero para ello esta misma iniciativa dispone algunas medidas.
La más importante es que en un año más tendremos la oportunidad de evaluar la ley en proyecto a través de la facultad y compromiso que adquiere el Servicio de Impuestos Internos a fin de facilitar los recursos tecnológicos que posibiliten su plena implementación.
También es preciso mencionar la reglamentación que debe emitir el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para implementar el registro de facturas que establezcan plazos mayores de pago y la obligación de informar al Senado sobre la marcha y resultados que se alcancen con la aplicación de la futura ley.
Por último, cabe relevar la determinación de plazos en materia de implementación que buscan adecuar procedimientos y generar espacios de socialización de la normativa propuesta.
Todo lo señalado precedentemente permite que hoy contemos con un proyecto equilibrado, cuya transversalidad política en su generación es destacable. Esperamos, pues, que sea un factor de modernización, eficiencia, oportunidad, seguridad para nuestra economía y, en especial, para quienes producen más y mejores empleos.
Voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, este proyecto ha recibido un importante nivel de respaldo durante su tramitación: se aprobó primero en nuestra Corporación -fue iniciado en moción de varios Senadores- y, posteriormente, en la Cámara de Diputados. No obstante, se produjeron diferencias entre ambas ramas del Parlamento, lo que derivó en que termináramos en una Comisión Mixta.
El sentido de esta iniciativa es básicamente poner fin al abuso que pueda existir sobre todo de las grandes empresas respecto de las pequeñas cuando operan como proveedoras al no cancelarles lo convenido dentro de un plazo razonable e imponer, dada su posición en el mercado, sus condiciones al momento de determinar la forma de pago. Ello, sin duda, les genera a las pequeñas y medianas empresas problemas tanto de liquidez como financieros que pueden afectar su desarrollo futuro.
De ahí la necesidad de fijar una disposición clara en materia de plazos de pago: en este caso, son treinta días.
Esa es la norma general que aprobó la Comisión Mixta, que se consigna en el informe que estamos votando esta tarde.
Ahora bien, en cuanto a las discrepancias, la primera fue acerca de la transición. El proyecto establece un período en el cual se plantea la posibilidad de pagar, no dentro de treinta días, sino de sesenta, a cuyo término se aplica la norma general (la de los treinta días).
La segunda discrepancia se relaciona con la situación del sector público. Básicamente, en este caso se requiere una modificación institucional tanto en el ámbito de los hospitales como en el municipal para que estén en condiciones de cumplir la normativa que se está proponiendo. Y se trata de cambios no solo en los procedimientos internos, sino también en la arquitectura institucional con que se efectúan los desembolsos del Estado, desde la provisión de los recursos al respectivo servicio o municipio hasta el pago final.
Se discutieron, pues, tales cuestiones.
Sin embargo, quiero referirme a una materia que me parece fundamental tener a la vista al momento de votar este informe, sobre todo pensando en que deberemos estar en condiciones de evaluar en un año más: la norma de excepción.
La regla general se determinó: treinta días. Pero se establece una norma de excepción mediante la cual, por acuerdo suscrito entre las partes, se puede ampliar el plazo de pago.
Aquí se introdujo un elemento a mi juicio muy relevante: para que el pacto que se determine tenga valor, se requiere que sea inscrito en un registro que el Ministerio de Economía va a constituir especialmente al efecto, el cual va a funcionar a través de Internet.
Entonces, cada vez que se establezca un plazo que exceda al dispuesto en la ley en proyecto, el acuerdo pertinente deberá quedar inscrito en ese registro.
¿Qué es lo relevante en esta materia?
Que el referido registro va a permitir constatar si la norma de excepción es -valga la redundancia- una excepción o un bolsillo de payaso (sé que esta expresión no es muy elegante), donde quepa todo, que transforme la excepción en regla general y, por tanto, se termine burlando el sentido y espíritu con que se aprueba esta iniciativa.
De ahí la importancia de estar muy alertas en torno al funcionamiento del mencionado registro y a la evaluación que realizará en su momento el Ministerio de Economía. Ello, por si fuera necesario introducir eventuales correcciones al marco legal que hoy día estamos despachando, para que efectivamente se aplique y no se convierta en una herramienta para evadir el sentido de la ley en proyecto, cuyo propósito se halla claramente establecido en su denominación, por cuanto se trata de una iniciativa sobre pago a treinta días; es decir, que por regla general los pagos se realicen dentro de treinta días y que la excepción no sea utilizada para abusar o para eludir el sentido de la normativa propuesta.
Creo que debemos estar atentos respecto de cuál va a ser la aplicación práctica de este cuerpo legal. El Gobierno ha manifestado su mejor disposición para que se lleve a cabo una evaluación objetiva sobre su impacto.
Por todo lo anterior, voto a favor del informe de la Comisión Mixta, pero remarcando la importancia de permanecer alertas para los efectos de disponer de una evaluación que nos permita, de ser necesario, corregir el texto de la ley en proyecto, a fin de que se cumpla con el espíritu y sentido con que la estamos aprobando.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, este proyecto (estamos votando la propuesta de la Comisión Mixta) tuvo su origen -como bien se señaló- en una moción que presentamos cinco Senadores. Al respecto, quiero destacar la autoría intelectual del entonces Senador Tuma, quien durante mucho tiempo impulsó y estuvo preocupado de este tipo de iniciativas. De manera que considero necesario darle el debido reconocimiento por lo que se consigna en la normativa propuesta.
En tal sentido, estimo relevante recalcar cuál es la idea matriz del proyecto; por qué nace y por qué se genera un consenso para llevar adelante una iniciativa de esta naturaleza.
Ella se origina por la tremenda asimetría que existe en nuestro ordenamiento jurídico, principalmente en las relaciones comerciales entre los proveedores y los grandes compradores. Y quiero referirme en especial a los supermercados, a las tiendas que hoy día concentran el consumo de los productos generados por los pequeños emprendedores.
Ahí es donde se genera el abuso, pues el pequeño productor de frambuesas, de huevos, en fin, termina en definitiva dándole crédito a la gran empresa, la que le paga a 30, 40, 60, 80, 120 o más días: ¡cuando ella lo desee! Esta es, simplemente, la teoría del abuso, mediante la cual le señalan al pequeño emprendedor: "¡Si no quiere aceptar ese plazo, venda sus productos en otro lugar!". Y muchas veces se trata de bienes perecibles, por lo que a este le es imposible resistirse a las condiciones impuestas y buscar otros compradores.
Entonces, mediante una buena intención se ha distorsionado el objetivo original de este proyecto. Y quiero hacer referencia -pedí los antecedentes pertinentes- a lo que se consignaba primitivamente en el número 2, letra a), donde se establecía que el plazo máximo de pago será de 30 días corridos, y se disponía que: "En todo caso, el plazo pactado nunca podrá ser superior a 45 días contados desde la fecha en que el deudor haya recibido la factura o la solicitud de pago.".
Ahora, ¡sorpresa! El texto que remplaza el artículo 2° de la ley N° 19.983 -y aquí está la letra chica, donde yo entiendo que el Ministro cuida los intereses de los poderosos- señala que: "En casos excepcionales, las partes podrán establecer de común acuerdo un plazo que exceda el referido en el inciso anterior, siempre que dicho acuerdo conste por escrito, sea suscrito por quienes concurran a él y no constituya abuso para el acreedor.".
Señor Presidente, me gustaría que se aclarara -porque hay que ser precisos en cuanto a los términos que se están estableciendo en la ley en proyecto- lo relativo a la última frase: "y no constituya abuso para el acreedor.".
Yo me pregunto -y está presente el Ministro de Economía, José Ramón Valente, hombre de calle, que conoce de estas situaciones- dónde está la definición de que "no constituya abuso para el acreedor".
¿Alguien me va a señalar que el supermercado Lider, que estas grandes empresas no van a abusar -ni lo han hecho- de los pequeños proveedores; que con la normativa propuesta, con esta suscripción de acuerdos, con la tremenda letra chica que se ha establecido no van a continuar los abusos?
¡Por favor! Seamos claros, Ministro: ¡diga a quién favorece aquello! Porque se trata de una indicación del Ejecutivo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Diríjase a la Mesa, señor Senador.
El señor DE URRESTI.-
Por intermedio de la Mesa, le señalo al Ministro que la referida disposición viene a distorsionar esta iniciativa. Siento que ella no se halla en sintonía con el proyecto que el entonces Senador Tuma nos invitó a firmar: altera absolutamente la fórmula.
Establecemos un período de observación; señalamos que después de un año se hará un análisis, en fin. ¡Por favor! Sabemos cuál es el abuso; conocemos cómo las grandes empresas les pagan a los pequeños proveedores. Les dicen: "¡Si no les gusta, váyanse a otro supermercado!".
¡Pero no hay otro lugar donde ellos puedan vender sus productos!
Entonces, quisiera, ya que no podemos votar por separado este artículo en particular, pues se trata de un informe de Comisión Mixta, que se explicara detalladamente el alcance de esta normativa. Porque no podemos estar aprobando una iniciativa en que, habiéndose hecho el esfuerzo y logrado voluntad transversal para llegar a un acuerdo, queda un forado tremendo.
Porque no me digan, además, que habrá posibilidad de negociación entre las partes: ¡el Lider con el proveedor de cerezas de la comuna de Linares...!
¿Hay allí simetría de negociación? ¿Existe capacidad para establecer acuerdos? ¿Hay desarrollo efectivo de la norma propuesta en el sentido de que no constituya abuso para el acreedor?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Puede continuar, Su Señoría.
El señor DE URRESTI.-
Creo que ahí estamos generando el germen del abuso; con ello estamos institucionalizando el abuso. Hecha una norma, mediante la cual se señala que el plazo para pagar será de treinta días -es decir, pago oportuno y efectivo-, se fija una cláusula, que en la práctica hará que las grandes empresas le señalen al pequeño productor: "Si usted no firma esto, no le recibo nada". Y establecemos la obligación de inscribir los acuerdos; planteamos que se haga una evaluación en un año más, en fin.
Pienso que aquello es colocar una letra chica que no se condice con la voluntad de quienes suscribimos esta moción y que hoy crea -insisto- una tremenda duda.
Acá vemos la asimetría que se da en la posición dominante de una empresa respecto de otra.
¡Ese es el abuso! ¡Ahí es donde se generan los abusos!
Señor Presidente, la ley en proyecto -varios de sus autores me han dicho que la votaron un poco con la nariz apretada- no va por el camino correcto. Esta puede ser una mala señal, que provoque una enorme frustración en cuanto a lo que se persiguió originalmente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, ciertamente, el Senador Tuma y todos quienes presentaron el proyecto en su oportunidad estaban constatando un hecho real, que ocurre todos los días: el retraso del pago por los deudores les genera a los pequeños proveedores, a los pequeños empresarios, una afectación en su capacidad para dar cumplimiento a sus obligaciones diarias (sueldos, cotizaciones, IVA, en fin).
Por lo tanto, en dicha ocasión se planteó la idea de establecer un plazo de pago. Porque seamos claros: hoy día no existe un plazo de pago, de modo que los pequeños empresarios están en el peor de los mundos, ya que el deudor, haciendo gala de su poder, paga cuando quiere. Eso significa muchas veces la destrucción de pequeñas empresas y, por cierto, la imposibilidad de los emprendedores de desarrollar nuevos negocios.
Hoy día la ley en proyecto, por primera vez en la historia, va a poner un plazo de pago: en régimen, es de treinta días. Existe un período de transición: durante los primeros 24 meses será de sesenta días. En el caso del Estado, tendrá 28 meses para adecuarse al período de pago que se plantea.
¿Cuál es el punto central de esto?
El Senador que me antecedió en el uso de la palabra señaló que aquí se podía generar un problema con la excepción.
Pero veamos qué ocurre en la práctica.
A todos nos encantaría que se pagara en treinta días. Pero hay negocios, desarrollo de industrias, de mercados que no admiten la posibilidad de pagar en ese plazo.
Voy a poner un ejemplo de la zona que represento: la exportación de frutas. El exportador no va a recibir el pago del intermediario, ni aun del comprador al otro lado del mundo en treinta días.
¡Qué sacamos con establecer una norma de esa naturaleza si no se va a cumplir!
Ese es un primer punto.
En seguida, ¿qué pasa con el pequeño comerciante?
Pensemos en el pequeño productor de uva. A él le compran su producto; pero, a su vez, debe pagar, por ejemplo, los herbicidas. ¿Podrá cancelarlos en treinta días?
O veamos el caso del local comercial de una comuna pequeña (en Maipú, en Coihueco, en Arauco, en fin), ese que tiene que vender bebidas. ¿Su dueño va a poder pagarlas en treinta días?
¡Todos ellos tienen un problema!
Entonces, planteamos una norma de excepción que en el fondo le dice a quien adquiere un producto o un servicio: "Usted tiene la obligación de pagar en treinta días. Pero si no lo va a hacer por cualquier consideración, para exceptuarse de ella deberá inscribir su contrato en un registro del Ministerio de Economía.".
¿Qué va a ocurrir? Quedará constancia de ese acuerdo en el registro establecido al efecto, y se observará si esa excepción se ajusta o no a la ley en proyecto, o si es abusiva. Si lo es, déjenme decirles que habrá un conjunto de sanciones.
¿Qué hemos hecho para evitar que aquello sea la norma general?
En primer lugar, a quien incumple con el pago se le aplicará el interés corriente para operaciones por montos superiores a doscientas unidades de fomento. En segundo lugar, se establece una comisión moratoria (son todas acumulativas). En tercer lugar, aquello puede considerarse competencia desleal, pues modificamos la ley vigente. Y, en cuarto lugar, si se trata de una gran empresa, de las que señaló el Senador que me precedió, que por ejemplo tiene acciones, la factura pendiente de pago se considerará dentro de la denominada "deuda financiera neta"; es decir, va a impactar en su capacidad de crédito. Porque hoy día la factura no aparece como parte del pasivo, de sus obligaciones. Cuando ello ocurra, obviamente se afectará su capacidad para endeudarse.
Todas estas son medidas de resguardo. Pero entendamos que la ley en proyecto, que es una innovación desde el punto de vista de las relaciones comerciales -todos queremos que se pague en treinta días, porque ese es el objetivo final-, debe admitir tal excepción. Y vamos a ver cómo opera.
Por eso se establece el plazo de un año, para observar su funcionamiento. Y si tenemos que hacer una adecuación, habrá que introducirla.
Sin embargo, lo más importante aquí es que por primera vez se fija un plazo máximo de pago para los pequeños proveedores y para los emprendedores. La diferencia entre pagarles a treinta o a sesenta días es la posibilidad de que mantengan o no su negocio, de surgir o de fracasar.
Por ello estamos determinando normas a ese respecto.
Pero también el legislador ha de tener la capacidad para comprender que el desarrollo de los mercados y de las industrias no necesariamente corre a favor de lo que planteamos. Esa es la razón por la cual debemos incorporar una norma de excepción, con los debidos resguardos. Y así lo hemos hecho.
Señor Presidente, habiendo conocido bastante al Senador Tuma en su momento y trabajado en muchos proyectos sobre protección de los derechos del consumidor -soy autor de numerosas mociones sobre la materia-, no me cabe ninguna duda de que esta iniciativa de ley va a mejorar las condiciones de nuestros pequeños empresarios, de nuestros emprendedores, que son tan importantes para el desarrollo económico y la generación de empleo en nuestro país.
Voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.-
Señor Presidente, seré bien breve. Sin embargo, no puedo dejar de felicitar a los autores de esta iniciativa, que viene a hacer justicia a las micro y pequeñas empresas. Además, se trata de un proyecto anhelado durante muchos años por todos los gremios, principalmente del comercio.
Por otro lado, también considero importante -ya lo señalaron algunos Senadores- lo relativo al capital de trabajo, el cual, como muchos otros problemas, probablemente es una de las cuestiones que genera más dificultades a la hora de competir. De modo que la ley en proyecto les permite a aquellas obtener una liquidez que hoy día no tienen.
Aquí hay que ser honestos: quienes hacen contratos, en particular las micro y pequeñas empresas, con el retail y con el Estado de Chile son las que tienen más problemas: hay condiciones de pago que, en mi opinión, son abusivas.
En el caso del sector público, muchas veces aspectos burocráticos no permiten pagar a tiempo, y ello afecta principalmente a los micro y pequeños empresarios de las mismas localidades donde han sido contratados. Y en el caso del retail, evidentemente, se trata de volúmenes tan grandes que estas micro y pequeñas empresas muchas veces se invisibilizan.
También es importante destacar que el Estado y los legisladores tenemos la labor de emparejar la cancha y hacer más sana la competencia en nuestro país. La distribución del ingreso en Chile es bastante deplorable y debemos realizar un esfuerzo grande en ese sentido.
Ciertamente, la micro y la pequeña empresa tiene un rol muy importante en la generación de empleo. Y si nosotros somos capaces de establecer condiciones más igualitarias y de mayor competencia, sin duda que el país entero va a aumentar su desarrollo.
Por otro lado, hay un aspecto que no es menor. Probablemente, quienes nos están escuchando, cuando se encuentren en sus casas, van a decir: "¿Y qué sucede con el Internet?". Señalo esto porque hoy día estamos incorporando de lleno la factura electrónica y las guías de despacho electrónicas. ¿Pero qué pasa en algunos sectores? En La Araucanía existen muchas comunas y localidades rurales sin Internet. También se ha pensado en ello y se agradece que ahora los contribuyentes puedan ir al Servicio de Impuestos Internos e informar y acreditar que no cuentan con acceso a Internet. Por lo tanto, a ellos les será posible mantener su estructura de emisión de boletas, facturas y guías de despacho de manera manual, y serán supervisados de esa forma por Impuestos Internos.
Sin duda, el texto tiene áreas que se pueden mejorar. Pero han pasado demasiados años y la ciudadanía sigue esperando. Por consiguiente, valoro que nuestro Gobierno haya generado agilidad en una iniciativa tan anhelada. Obviamente, habrá un espacio de prueba que permitirá hacer adecuaciones y reformas a la futura ley.
En consecuencia, doy mi voto favorable, y nuevamente entrego mis felicitaciones por este proyecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, este es de los proyectos de ley que en un mundo ideal, ojalá, nunca tendrían que existir. Porque si se ocupara siempre la buena fe comercial, cuando alguien compra un servicio o un producto lo normal sería que se pagara en un plazo razonable.
No existe un plazo establecido a priori, pero siempre se ha entendido que uno cercano a 30 días es un plazo razonable para pagar las facturas conforme a las cuales uno ha comprado algo.
Lamentablemente, el mundo ideal parece no existir y Chile ha tenido que legislar sobre esto, al igual como lo han hecho muchos otros países. Varias naciones de la Unión Europea y de la OCDE cuentan con normas que buscan proteger a las empresas de este riesgo de pago. Recordemos que las empresas pequeñas, medianas y grandes normalmente no quiebran por falta de venta, sino por problemas de caja. Cualquiera que haya estado en el mundo comercial sabe que ese es el problema que lleva finalmente a que una empresa cierre las cortinas, situación que, ojalá, ocurriera muy poco.
En consecuencia, este proyecto de ley intenta arreglar este problema.
La norma general de una venta de bienes o de servicios será el pago a 30 días. Esto habitualmente no se consigna por escrito nunca. El normal de las transacciones comerciales no tienen un contrato; simplemente quedan a la buena fe de "Yo entregué; tú me tienes que pagar". Ese plazo de pago -el no escrito-, a contar de ahora, quedará establecido en 30 días.
Pero, además, había que resolver problemas reales de la economía, y en particular de la economía agraria de nuestro país, que funciona a más de 30 días.
En la Región del Maule, en la de O'Higgins, en la de Ñuble, en la de La Araucanía, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con granos funciona mucho más que a 30 días. El productor o el agricultor recibe las semillas, los insumos, la asesoría, los herbicidas. ¿Y cuándo paga todo eso? Lo paga contra cosecha.
Señalo lo anterior porque es muy fácil pensar siempre en el supermercado o en la gran tienda que abusa del pequeño empresario. Pero esta norma se aplica también al revés, porque muchas veces son los pequeños los que les compran a los grandes. Y, por lo tanto, había que salvaguardar el caso en que una pequeña empresa, una pyme, tenía que pagar igualmente a 30 días.
Eso quedó salvado.
Por su parte, el proceso exportador también es largo, de mucho más de 30 días: pueden ser 90, 120 o 180 días.
Y la solución para esta problemática fue decir que la norma general será a 30 días, pero los contratos que se inscriban van a tener validez y estarán bajo observación a fin de que el Ministerio de Economía pueda verificar que estos rubros excepcionales estén justificados y que el pago a más de 30 días no sea una cuestión arbitraria, por una posición negociadora mejor, de quien está comprando.
A mi juicio, este proyecto de ley está salvaguardando ambos aspectos.
Eso es lo primero.
En segundo lugar, se incorpora la guía de despacho electrónica. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la fecha en que se va a facturar tomará certidumbre, porque antes uno podía enviar una guía y le decían "No facture, no facture, no facture". Pero ahora, por el seguimiento electrónico, el que emite una guía en un mes está obligado a facturar al mes siguiente.
En ese punto yo tuve mis aprensiones, porque me asisten dudas en cuanto a si en el mundo rural, aquel alejado de los lugares de consumo habituales, el pequeño productor de tomates o de papas tiene la capacidad de manejo, incluso de su teléfono, para emitir una guía de despacho electrónica. Pero el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de Economía creen que eso será superado. Espero que así sea; y si no es así, deberemos tener la amplitud de mirada para tratar de resolver ese tema.
También se incorpora al Estado en esta obligación. Hay dos servicios que son particularmente agudos en el atraso del pago de sus facturas: el Ministerio de Salud y las municipalidades. Y ellos también tendrán que someterse a esta regla.
Por lo tanto, en mi opinión, esto va por buen camino.
Además, se establecen sanciones, como la comisión moratoria del 1 por ciento e intereses, que -ojo- son mucho más caros para las empresas grandes que para las pequeñas. Si bien es el mismo interés, para las empresas pequeñas su interés de mercado normalmente es mucho más alto que el interés corriente; y para las empresas grandes este interés corriente es bastante más alto que aquel al que acceden habitualmente. Por lo tanto, para las empresas grandes debiera ser siempre un incentivo pagar antes que someterse a este tipo de multas.
A la vez, la competencia desleal será sancionada. Es el caso, por ejemplo, de que se descubra que una empresa paga sistemáticamente las facturas a más de 30 días para obtener una mejor posición de mercado.
Termino mi intervención, señor Presidente, esperando que el informe del Servicio de Impuestos Internos respecto de la posibilidad de que no se pueda aprovechar el crédito del IVA mientras no se pague la factura sea una realidad.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, lo que estamos analizando tiene una doble vía.
En primer lugar, están los pequeños, quienes pueden recibir el pago por sus productos en 30 días, aunque no hay plazo máximo de pago si no hay acuerdo, ¡no hay plazo máximo de pago si no hay acuerdo!
Pero, en verdad, dicho acuerdo es una negociación en la que se da una situación de disparidad muy compleja. Porque hay una asimetría profunda entre los pequeños y los grandes para -comillas- lograr ese acuerdo. En general, será una negociación en la que la mejor posición, la mayor fuerza la tendrá el más grande.
Por tanto, lo que aquí se debe cuidar -estaba leyendo el informe- es que la excepción no se convierta en la regla general. Y, conociendo a nuestros empresarios más grandes, todo indica que van a usar esta norma como una regla general y no como una excepción.
La apuesta del Ministro Valente es que él cree en los empresarios, confía en ellos, en su buena fe, en que los más grandes tienen sensibilidad social a la hora de los negocios.
Esa pareciera ser la apuesta del Ministro de Economía.
¡Vamos a ver!
El Ministro propone un año para evaluar la norma. Yo no sé dónde van a guardar las miles y miles de facturas que van a ser remitidas al Ministerio de Economía. Esto va a requerir una infraestructura y una eficiencia muy grandes. ¡Vamos a ver cómo camina eso!
Al no existir plazo de pago máximo, esto puede terminar desvirtuado.
Por el contrario, cuando el pequeño quiera comprar, por ejemplo, madera y pagarla en un plazo más allá de 30 días porque no puede asumir el gasto, hará el acuerdo, pero en los términos que le imponga el vendedor, quien determinará el interés, las condiciones que el mercado actual permite.
¿Dónde está la naturaleza del avance de esta norma para evitar el abuso con los pequeños?
Creo que esto va a generar un proceso de desarrollo. Hay que mirar la OCDE. El plazo máximo en ese organismo, el club de los países ricos, donde está Chile, es de 120 días para el pago, ¡120 días para el pago!
La Senadora Rincón me señalaba que, al parecer, se va a realizar el descuento del IVA como crédito. Esto resulta fundamental, porque lo que les sucede a muchos pequeños empresarios es que tienen que pagar el IVA ¡y el comprador no les paga! ¡Y a veces los dejan metidos con el IVA! O sea, al final, cuando los estafan, la gente se queda con el IVA cancelado y no reciben el pago por el producto. ¡Y la verdad es que Impuestos Internos no perdona, salvo a los grandes! Seamos francos: aquí los perdonazos no han existido para las mipyme, para la CONAPYME; han estado siempre para Johnson, para los grandes.
Entonces, ¿cuál es la situación del pequeño frente a la estafa cuando ha tenido que pagar el IVA y la factura no ha sido cancelada? ¿Qué salvavidas le damos?
Esta era una buena ocasión -se lo digo a los autores del proyecto y al señor Ministro, por su intermedio, señor Presidente- para definir qué hacemos para salvar al pequeño emprendedor cuando es estafado, no le pagan su producto y, más encima, queda endeudado con el IVA. Y como queda endeudado con Impuestos Internos, con la Tesorería General de la República, no puede volver a emprender, ¡no puede volver a emprender! ¡Y lo liquidamos!
En tal sentido, esta era una gran oportunidad también para señalar que aquí necesitamos una política especial de rescate de la pequeña y la microempresa cuando enfrente situaciones de desmedro, de abuso, de estafa en condiciones comprobadas.
Señor Presidente, al igual que muchas dueñas de casa y profesionales, muchas mipyme viven de la tarjeta de crédito, se endeudan en la tarjeta de crédito. Ahí consiguen plata a 12, 24 y 48 meses. Esa es una realidad que se verá reflejada.
Pero lo más grave, señor Presidente -y quiero advertirle al Ministro- es que en el Gobierno regional del Biobío, cuando tienen que pagarles a los camiones que transportan el agua potable a 41 comunas, ¡les pagan a nueve meses! ¡El Estado se demora nueve meses en cancelar a los proveedores de agua potable para las comunas donde no hay!
Y el SERVIU se demora tres, cuatro, seis y más meses en pagarles a las empresas constructoras o a los prestadores de servicios.
En consecuencia, el Estado tiene que hacerse una profunda revisión. De lo contrario, deberá pagar multa del uno por ciento y tendrá que disponer de una gran caja por este concepto. Hay un gran desafío para la calidad de pagador del Estado, que es un mal pagador. Y eso va a requerir más de un año.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva constitución, ahora!
¡No más AFP!
Me abstengo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pugh.
El señor PUGH.-
Señor Presidente, quiero reconocer el trabajo previo efectuado por los Senadores que prepararon esta moción, la cual, efectivamente, es un anhelo de más de un millón de pequeñas y medianas empresas que prácticamente viven del capital que van generando.
Pero también -por su intermedio, señor Presidente- deseo felicitar al Gobierno, que ha tomado esta iniciativa, la ha mejorado, la ha transformado en una realidad.
Del mismo modo, felicito a la Comisión Mixta, que ha sido capaz de salir adelante con una propuesta de acuerdo. Y finalmente hoy, en "discusión inmediata", tenemos la posibilidad de darles esta gran tranquilidad a aquellos que se ganan el sustento con su trabajo diario, un trabajo bien hecho y que, en la entrega de productos o servicios, tienen que ser sometidos a una realidad, que es el flujo de caja.
Es el costo que tienen los activos financieros cuando no les pagan en la fecha. Y ellos deben utilizar esas facturas en otros medios para conseguir dinero. Es así como aparece el factoring, que ha permitido a muchos tener la caja necesaria para pagar los sueldos, pero asumiendo un costo financiero que no les corresponde, que no es parte del giro del negocio y que otro les ha traspasado.
Esta, quizás, es la justicia; la justicia de que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde.
Por lo tanto, entender como país que es necesario este pronto pago, este pago a 30 días, resulta fundamental.
Ahí es donde el Estado debe dar el ejemplo, porque tiene los recursos y cuenta con la capacidad.
Pero el Estado también ha de ser capaz de proveer los medios necesarios para lograr esta transformación digital, porque si hay algo accesorio a esta medida de carácter financiero es, precisamente, que aparece una nueva modalidad de control. ¿Y cuándo? Cuando se genera la guía de despacho. Sale del sistema un papel más, que podía ser ocupado de forma muy particular, y aparece un proceso transaccional que captura en el momento mismo en que se produce el hecho económico, vale decir, la entrega de un producto. Y, por lo tanto, esto se puede controlar, se puede medir y, en el tiempo, se puede evaluar.
Quizás lo más valioso es contar con un mecanismo de control que le permita a nuestro país saber exactamente cómo funciona el Estado, si está pagando realmente como dice; cómo funcionan los privados, cómo reconocer a aquellos que tienen la sensibilidad necesaria para entender que, teniendo la caja o la capacidad financiera, pueden hacerse cargo de ello.
Obviamente, el sistema debe ser flexible. Por eso, es necesario para las partes darle forma de un contrato, de un acuerdo, que también va a estar controlado.
Por lo tanto, esta es una legislación moderna, acorde a los tiempos.
Exige, eso sí, como parte de esta transformación digital, llegar con la capacidad para iluminar zonas que hoy son oscuras. Y cuando hablábamos de que hay regiones que se han quedado atrás, es probablemente porque la distancia digital a la que se encuentran es mucho mayor a la de quienes disfrutamos de las conurbaciones o las grandes urbes.
Eso es hacer justicia con las regiones, darles la misma capacidad de acceso a todos sus habitantes para que en el nuevo entorno del comercio digital mundial ellos sean partícipes.
Esto requiere recursos, y esos recursos están. Este mismo Senado, en la Ley de Presupuestos, aprobó 90 mil millones de pesos para avanzar en conectividad de fibra óptica. Yo espero que los Senadores, en sus respectivas regiones, sean capaces de darle sentido para conectarlas.
Por lo tanto, creo que, tal como ha quedado especificada, esta es una normativa que va a contribuir no solo a emparejar la cancha, sino que a darles certeza y tranquilidad a muchas familias que no tendrán que recurrir a otros mercados para conseguir los recursos que necesitan, y así impulsar y desarrollar este emprendimiento, que es propio de las pequeñas y las medianas empresas.
Voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, hay que felicitar a los colegas Allamand, De Urresti, Moreira y a los ex Senadores Tuma y Zaldívar.
A uno le gustaría que las cosas siempre fueran perfectas. Y si me preguntaran qué destaco de este proyecto de ley, o de esta ad portas ley de la república, serían aspectos que no son precisamente el pago a 30 días. Parece curioso que lo diga, pero las normas que me parecen más destacables son las siguientes.
Primero, que se hace obligatorio el pago oportuno para los organismos públicos. Esta disposición será tremendamente relevante. La Contraloría General de la República emitió dictámenes respecto de este tema y, pese a ello, no había un cumplimiento en este orden. Y aun cuando los servicios públicos contaban con los presupuestos para pagar, no lo hacían. Por lo tanto, que la ley en proyecto se extienda a los servicios públicos me parece tremendamente relevante.
Considero que la norma de competencia desleal, que mis colegas han citado y descrito, también es muy muy importante, y la debatimos largamente en la Comisión de Economía del Senado y en la Comisión Mixta.
El que se precise que el incumplimiento sistemático de los plazos dispuestos en la ley N° 19.983 se considere una práctica de competencia desleal creo que también es muy relevante.
El plazo especial de entrada en vigencia de la normativa para las municipalidades y para el sector salud, que fue un precepto largamente debatido en la Comisión y donde hubo unanimidad, también lo considero relevante.
Pero, pienso que todos los sectores coincidirán en que la disposición más importante -y lamento que no la hayamos podido traducir en una norma positiva- es la que dice relación con el informe de crédito IVA.
Muchos de nosotros veíamos aquí la fuerza de la futura ley y creíamos que ella tendría todo su sentido si hubiésemos traducido esto en el crédito IVA. Pero al menos logramos que hubiera un compromiso para que el Servicio de Impuestos Internos emitiera un informe en un plazo máximo de doce meses de publicada la ley.
¿Por qué? Porque creemos que aquí está la fuerza del pago y que en el avance en tecnología que tiene nuestro país -ya lo decía el Senador Kenneth Pugh- es donde puede radicar la diferencia. Porque muchas veces -lo señalaba el Senador De Urresti- la fuerza del grande sobre el chico va a hacer que no haya queja acerca del exceso en el plazo de pago.
Entonces, que podamos tener un crédito IVA hace que exista una diferencia. Y por eso insistíamos tanto al Gobierno y al Ejecutivo -el Ministro Valente nos daba las razones; no voy a repetir las frases que usó, aunque eran bastante buenas- en que era tan importante que el contribuyente pudiera hacer efectivo su crédito para cobrar lo que no se le hubiese pagado.
Pienso que es aquí donde se puede marcar la diferencia. Y por eso resulta tan significativo -el Senador Navarro me preguntaba qué pasaba con esto- lo que vayamos a tener de aquí a un año plazo en materia de informe.
El avance nuestro como país en el ámbito de la tecnología nos hace pensar que el Servicio de Impuestos Internos puede, en un plazo razonable, realizar dicho informe. Ese es el desafío y el progreso que podemos experimentar con esta ley.
Voto favorablemente porque hoy día no tenemos una norma. Y, sin lugar a dudas, este proyecto materializa sustantivamente un mejoramiento en materia de derechos para nuestros medianos, pequeños y, también, grandes empresarios.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, este es un proyecto que, como todo, es perfectible. Pero quiero recordar un incidente que ocurrió el presente año. En el primer cuatrimestre, la Minera Escondida anunció sorpresivamente en la Región de Antofagasta que iba a volver a pagar a sus proveedores a tres o cuatro meses plazo. Dicha resolución obviamente despertó la reacción de todos los proveedores del cluster local -porque no lo aplicó a nivel internacional-, sobre todo en consideración a que las empresas que constituyen Escondida, como BHP Billiton y otras, en Australia pagan a un mes. Eso generó -como digo- la natural reacción por la discriminación. Y lo que pretendía Escondida era simplemente usar un mecanismo de presión contra sus proveedores para obtener mejores ventajas y porque le habían molestado algunas críticas a su desempeño.
En suma, la actual situación es de tal grado de abuso que todo lo que podamos avanzar va a ser positivo.
Creo que, efectivamente, todos los contratos implican acuerdos donde hay asimetría. Pero establecen un piso, fijan criterios, generan condiciones que permiten a los más débiles ejercer algún tipo de presión, sea en calidad de proveedores o de consumidores. Y a la propia autoridad le dan un criterio para poder actuar y separar claramente el abuso de lo que son simplemente las particularidades de un emprendimiento productivo o de un sector de la economía, que obviamente habrá que evaluar.
Pero también el Estado, muchas veces por problemas de burocracia e ineficiencia, se atrasa bastante más que las propias empresas privadas, a las que se supone que debe fiscalizar. Eso tiene que ver con ineficiencia, con falta de digitalización de sus sistemas, y constituye una traba al avance de la productividad del país.
Por lo mismo, este proyecto de ley, aun con sus deficiencias, no solo favorece al millón de pymes; favorece a toda la economía chilena, porque la obliga a ponerse en un nivel de eficiencia y productividad muy superior al que estamos acostumbrados, y le va fijando objetivos y metas.
En consecuencia, esperamos que la iniciativa genere un efecto positivo.
Queda algo pendiente: la tendencia crónica a la letra chica. Cuando se hace algo, siempre se deja una salida. Es verdad que eso se incorporó en el proyecto -no venía en el texto original-, pero una vez que el sistema entre en régimen se podrán evaluar aquellos aspectos que resulten innecesarios o contradictorios con la iniciativa, y se podrán mejorar.
Pero al menos empezamos a tener un piso, a definir algún criterio, y por esa razón, señor Presidente, voy a apoyar el proyecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, ante todo, quiero saludar al Ministro Valente, quien nos está acompañando hoy día, y valorar el esfuerzo que han hecho él y el Gobierno del Presidente Piñera por sacar adelante un proyecto tan anhelado durante tantos años, sobre todo por los pequeños y medianos empresarios.
En primer lugar, considero que la iniciativa va en el camino correcto, pero quiero traer a colación el ejemplo de la implementación de la factura electrónica.
Uno de los problemas que tenemos para la guía de despacho electrónica es la falta de un país digital, equitativo, donde dispongamos de internet en los lugares más apartados.
Obviamente, en las zonas urbanas va a ser mucho más fácil operar con la guía electrónica -eso es razonable-, pero no ocurre lo mismo en las zonas aisladas. Por tanto, valoro la decisión de la Comisión Mixta en cuanto a haber mantenido la posibilidad de la guía de despacho manual, porque, si no, el incentivo a la evasión sería muy grande.
Hay que dejar algún espacio con ese fin. Las personas, sea por razones de conectividad digital o por temas culturales, puede que no estén entregando la guía de despacho electrónica.
En segundo lugar, señor Presidente, efectivamente el proyecto va en el camino correcto en cuanto a acortar los plazos de pago. Porque ¿qué hace una pequeña o una mediana empresa hoy día si no le pagan en el momento que esperaba o a corto plazo? Va a un factoring, cuyos intereses son altísimos.
El propósito de esta iniciativa, en el fondo, es acortar el plazo y, a la larga, ayudar a ese pequeño empresario para que se le pague en el momento adecuado, de manera que no deba factorizar o conseguir lo que necesita para pagar el IVA, las imposiciones, los insumos que requiere su empresa.
Por lo tanto, señor Presidente, el proyecto va en el camino correcto.
Quiero señalar que hay sectores -estoy hablando de la pequeña minería, de la agricultura y de otros- donde efectivamente es imposible que se reciban los recursos inmediatamente. Y tal como lo manifestaba uno de los miembros de la Comisión de Economía, el Senador Galilea, la situación también funciona a la inversa. Muchas veces puede afectar a los pequeños productores que tienen un crédito más largo con algunas empresas.
El punto creo que se abordó bien en la Comisión Mixta. En definitiva, se podrá disponer de contratos que permitan que ese pequeño empresario no pierda los beneficios que había logrado a lo largo del tiempo.
Por eso, señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto. Y valoro a quienes presentaron hace muchos años esta idea, con el objetivo de que podamos darle a nuestra economía un mayor incentivo, un mayor movimiento y una mayor certeza en el pago a quienes les corresponde recibirlo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra
el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, muchas veces en este Congreso se ha hablado de la importancia que tienen las pymes como motor del crecimiento, del desarrollo y del empleo. Y si uno analiza en detalle muchas de las normas que se plantean para fortalecerlas, advierte que hasta ahora han estado más bien enfocadas en las lógicas tributarias o en materia de mejoramiento de la capacidad incubadora de ideas.
Lo que tiene una pyme, en el fondo, son ideas, trabajo y capital. Y lo que más escasea, en esta triple lógica, es el capital.
Considero que en las pymes sobran las ideas -al final, siempre es bueno modernizarlas- y el espíritu de trabajo, pero lo que siempre falta es el capital. Y la gran diferencia que existe entre un país desarrollado versus uno que no lo es, es que en el primero hay la capacidad de dotar de capital a aquellos motores que finalmente son decisivos en materia de crecimiento y empleo.
El sentido, el ADN del proyecto tiene que ver con que las pymes sean capaces de recuperar su capital de trabajo en forma más rápida y barata. Esa es la esencia de la iniciativa. Se trata de ver cómo hacer para que una vez invertidos en un proyecto las ideas, el trabajo, pero sobre todo el capital, este no tenga que pasar muchos meses empozado por las dificultades de pago, como ocurre hasta el día de hoy.
Algunos señores Senadores señalaron que se iban a abstener. Tienen todo el derecho a hacerlo. Pero mantener lo que hay actualmente me parece que sí es una dificultad muy importante para que la pequeña y mediana empresas se puedan desarrollar.
Este es un círculo virtuoso. Establecer el pago a treinta días como regla general significa que el capital debe ser recuperado en forma mucho más rápida de lo que ocurre hoy. Y, a mi juicio, ese es el mérito central del proyecto.
Agrego la relevancia de que los organismos públicos sean obligados en esta materia. En su momento, me tocó reemplazar a un Senador de la Comisión de Economía. Y uno observa que las mayores dificultades y lentitudes para pagar se encuentran en el mismo Estado.
Lo que hace la iniciativa es generar exigencias severas para que el pago sea en forma adecuada, con normas particulares respecto de los municipios y del sector salud en materia de tiempos. Me gustaría que los plazos fueran mucho más breves. Pero claramente aquí se instala -y era necesario hacerlo- la capacidad de ser exigente con quien es el mayor comprador de productos: el Estado.
Entonces, esa es la gracia profunda de la iniciativa, que tiendo a pensar que es mucho más importante e histórica que lo que a veces uno oye aquí. Porque es fácil limitarse a hacer la denuncia o a plantear los problemas como cosas que nunca tienen solución. Lo que es bastante más difícil -y estimo que en esto el Congreso tiene un gran mérito- es ser capaces de idear fórmulas -obviamente, están sujetas a plazos, transiciones-, modelos que nos permitan que ese capital de trabajo, que representa el bien más escaso, sea mucho más posible de lograr.
También destaco -porque creo que corresponde hacerlo- el mérito que ha tenido el Ministerio de Economía en esta tarea; particularmente, el Ministro Valente.
Se necesitaba un agente, un instrumento y, a su vez, un motor para que esta iniciativa pudiera salir. Ella lleva harto tiempo en tramitación. Ha habido voluntades no solo del actual Gobierno, sino del anterior, en términos de entender que existía un objetivo por buscar. Pero una cosa son los objetivos, de los cuales está plagado este Congreso, y otra diferente es llegar a los resultados. Para lograrlos hay que tener energía, hay que tener voluntad, hay que tener talento y hay que tener fuerza.
Me alegro de que el Ministro Valente haya logrado reunir una cantidad de votos y de voluntades muy amplia: virtualmente, todos.
Llegar a acuerdos y a entendimientos es un gran mérito en un país que suele estar en discrepancia.
Por eso, señor Presidente, no solo voto a favor de este acuerdo, fruto del trabajo de la Comisión Mixta, sino mucho más que eso: lo valoro, lo subrayo y lo felicito.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, me parece que hay dos cosas que son meridianamente ciertas en el proyecto: el abuso al que eran sometidas muchas pymes, muchos pequeños empresarios, por los grandes proveedores, en relación con el plazo para realizar los pagos; y la evidente intencionalidad de los autores de esta moción.
Yo voy a votar a favor, pero quiero señalar que tengo algunas aprensiones respecto de esto. Porque lo que estamos haciendo aquí es ni más ni menos que meternos en el corazón del modelo económico neoliberal, en el orden público económico que se establece en el artículo 19, numerales 21°, 22°, 23° y 24° de la Constitución. Y aquel orden económico establece que en Chile existe libertad de contratación absoluta.
Lo que nosotros estamos diciendo por medio de esta ley es: "Mire, usted que contrata, el precio debe pagarlo a treinta días".
Es decir, nos estamos involucrando en la libertad de contratación que tienen las partes. Es una innovación muy importante. Porque le estamos dando una señal al país respecto a que si podemos regular el plazo del precio de la factura, el día de mañana sería factible que reguláramos otro tipo de plazos, otros precios, otras compraventas.
Entonces, es una gran innovación. Y me parece relevante, pero no es sencilla.
Ahora, lo lógico hubiera sido que la moción incidiera en el Código de Comercio, en el que se contienen los contratos de compraventa comerciales; o tal vez en el Código Civil, en el artículo en que se tratan la compraventa y el precio.
Pero se hizo de una manera enrevesada. Se tomó la norma del mérito ejecutivo de las facturas. Es decir, lo hicieron un poquito de lado, tal vez con miedo por la materia en que se estaban metiendo.
Resulta que hay normas en el Código Civil y en la Constitución que establecen claramente que las partes tienen absoluta libertad de contratación. Y el Código Civil indica que se puede renunciar a ciertos derechos en la medida en que se mire a un interés particular.
Por eso es que precisamente el más grande le impone los plazos al más chico; porque el chico renuncia al ver que los plazos le corren exclusivamente a su favor.
En cambio, ahora nosotros estamos diciendo: "Mire, de aquí para adelante usted va a tener que pagar la factura a treinta días". Está bien. Pero a fardo seguido, el artículo inmediatamente posterior indica: "Pero usted podrá, excepcionalmente, fijar otro plazo".
El temor que tengo es que la excepción se convierta en la regla general. Porque la excepción dice que para que el acuerdo sea válido, debe inscribirse en alguna parte. Y señala que si no se inscribe, se tendrá por no escrita la cláusula en que se establece un plazo distinto.
Y yo digo: ¿qué pasa si el acuerdo simplemente no se inscribe? Y si aquello sucede, ¿cuál es el efecto jurídico que produce?
Señor Presidente, quiero dar dos argumentos a favor del proyecto, para sustentarlo jurídicamente. Porque considero que esta podría llegar a ser una buena intención que al final termine totalmente judicializada. Entonces, le estamos dando una señal a las pymes de que sí, es bueno, es positivo. Pero usted sabe que los abogados son muy imaginativos y las grandes empresas tienen buenos abogados. Y yo no quiero que generemos falsas ilusiones respecto de esto a muchos pequeños emprendedores a lo largo de Chile.
El artículo 19, numeral 21°, permite que la ley regule el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Indica expresamente que ese derecho tiene que ejercerse respetando las leyes que la regulen.
Con el proyecto estamos normando los actos de compraventa y los plazos de la factura, porque nos da pie a ello la frase final del inciso primero del referido número 21º.
Por lo tanto, tenemos facultades para regular esa materia.
Digo eso para darles seguridad a los emprendedores, mediante una buena interpretación del sentido de la ley.
Lo otro que quiero dejar consignado es que tales derechos se encuentran establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental, los cuales no son absolutos, ni siquiera el derecho a la vida.
Eso se discutió en su minuto en la Comisión que estudió la nueva Constitución. Se dio como ejemplo el hecho de que en Chile está permitida la pena de muerte en la medida que se disponga a través de una ley de quorum calificado.
Por consiguiente, dado que no hay derechos absolutos, es posible regular el derecho de las partes a fijar plazo de pago del precio convenio. Las normas constitucionales así lo autorizan.
En consecuencia, creo que esto es un avance.
Estamos regulando al Estado también. Y para el Estado esas disposiciones son obligatorias, pues se trata de normas de Derecho Público. ¡Siempre tiene que cumplirlas!
Espero que en el sector privado no se susciten los problemas que he enunciado. Por eso sugiero que anclemos esta futura ley en las normas constitucionales que he señalado.
Mejor habría sido que hubiéramos entrado en el tema del crédito del IVA. Pero no fue posible.
Con las prevenciones descritas, voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
No hay más señoras y señores Senadores inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición de la Comisión Mixta (40 votos favorables y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Navarro.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
)------------(
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
El Senador señor Girardi desea solicitar la incorporación a la tabla de un proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, varios Senadores presentamos un proyecto de acuerdo sobre migración. Queremos pedirle a la Sala poder votarlo ahora, porque hoy es el Día Internacional del Migrante.
Cada Senador podrá votar a favor o en contra -está en su derecho-, pero queremos que nos den la posibilidad de expresar nuestra opinión, sobre todo considerando que hoy es un día muy particular ante un tema global y relevante.
Yo sé que hay distintas opiniones al respecto y me parece bien que podamos expresarlas.
Por ese motivo, pedimos que nos permitan votar el referido proyecto de acuerdo. Cada cual se pronunciará como le parezca.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Si no se acepta la solicitud del Senador Girardi de votar dicha iniciativa en esta parte del Orden del Día, la dejaremos para otra oportunidad.
Para ello se requiere unanimidad.
¿Habría acuerdo?
El señor COLOMA.-
No, señor Presidente.
La señora EBENSPERGER.-
No.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
No hay acuerdo.
Entonces, pasamos al siguiente proyecto.
AUMENTO DE SUBVENCIÓN BASE Y MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CENTROS RESIDENCIALES DEL SENAME
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), y su régimen de subvención, y el decreto ley Nº 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, con informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.657-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 72ª, en 27 de noviembre de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes: sesión 78ª, en 18 de diciembre de 2018.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión Especial encargada de tramitar proyectos relacionados con niños, niñas y adolescentes señala que los principales objetivos del proyecto son los siguientes:
-Modificar las disposiciones legales citadas en el nombre del proyecto para aumentar la subvención base que podrán recibir las instituciones colaboradoras del SENAME que ejecutan sus acciones como centros residenciales. Asimismo, se incorpora como máxima a seguir por parte del referido Servicio y de las aludidas entidades la administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos fiscales que conforman la subvención.
-Establecer con mayor profundidad los criterios de evaluación de los convenios que el SENAME celebra con tales organismos y facultar al primero para que, frente al incumplimiento de las obligaciones contenidas en dichos instrumentos, pueda emitir instrucciones a fin de que los colaboradores las ejecuten en el plazo que el Servicio fije al efecto.
-Reforzar las atribuciones relativas a las facultades del órgano de poder poner término anticipado de tales convenciones, fijándose como causal en este ámbito el incumplimiento de las mencionadas instrucciones.
-Definir y diferenciar a las entidades coadyuvantes del resto de los organismos del sector y facultar al SENAME para supervigilarlas y requerir antecedentes de ellas.
La Comisión Especial deja constancia de que, pese a estar autorizada para tratar esta iniciativa en general y en particular, la discutió solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señoras Allende, Rincón y Von Baer, y señores Ossandón y Quintana.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 38 a 44 del primer informe de la Comisión.
Nada más, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Me han pedido abrir la votación de inmediato.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación el proyecto en general.
--(Durante la votación).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ossandón, para rendir el informe de la Comisión Especial.
El señor OSSANDÓN.-
Señor Presidente, primero deseo plantear un tema reglamentario: si esta iniciativa es aprobada, la Sala tendrá que decidir una fecha para la presentación de indicaciones, y habíamos acordado sugerir que ese plazo fuera el 4 de enero.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Primero aprobemos el proyecto, señor Senador, y después vemos ese tema.
El señor OSSANDÓN.-
Okay.
Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa (boletín Nº 11.657-07) modifica la ley Nº 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), y su régimen de subvención, y el decreto ley Nº 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica.
La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y, como su nombre lo dice, introduce enmiendas a dos cuerpos legales: a la ley Nº 20.032, que establece el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de órganos colaboradores, y a la Ley Orgánica Constitucional del SENAME.
Lo más importante es que se aumenta la subvención a los organismos colaboradores: el rango de 8,5 a 15 unidades de subvención SENAME (USS) mensuales se sustituye por 15 a 30 USS mensuales. O sea, se dobla.
El informe financiero estima que en el primer año de aplicación el límite máximo de la subvención se incrementará en un 25 por ciento. Es decir, pasará de 15 a 18,75 USS.
Lo anterior implica un mayor gasto fiscal de más de 9.771 millones de pesos.
A su vez, se proyecta que el mayor gasto fiscal, en caso de alcanzar el límite máximo del rango para la línea de centros residenciales, es de 30 USS, lo cual da un total, en régimen, de 39.108 millones de pesos.
Asimismo, en el proyecto se precisan algunos principios rectores.
Se prohíbe, por ejemplo, que directores, representantes legales, gerentes y administradores de los organismos llamados "OCAS" figuren en el registro de personas que hayan sido condenadas por delitos sexuales.
También se limita la forma como debe ser reconocida la acreditación de los organismos colaboradores, así como también la fiscalización y la manera en que se puede quitar dicha calidad.
Por eso nosotros acordamos apoyar este proyecto en forma unánime.
Esperamos que se fije un plazo corto para presentar indicaciones, señor Presidente, de modo que podamos aprobarlo y que salga del Senado durante enero del 2019.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Vamos a acoger su solicitud respecto del plazo para indicación, señor Senador.
El señor QUINTANA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor QUINTANA.-
No sé si está todavía en el Senado la Directora del SENAME. Recién estuvimos con ella en la Comisión Especial sobre Infancia.
Sería bueno que se encontrara presente en esta discusión junto al Ministro de la SEGPRES.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala la Directora Nacional del SENAME?
El señor PÉREZ VARELA.-
Sí.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Kast.
El señor KAST.-
Señor Presidente, primero, quiero valorar que la Comisión Especial sobre Infancia haya puesto un plazo para el despacho de este proyecto, que es una prioridad.
La verdad es que esta iniciativa es muy sencilla y viene a hacer justicia respecto de un tema que es bien brutal.
Hoy día tenemos niños en el SENAME que están siendo atendidos en situaciones de una precariedad brutal: sin terapeutas, sin acompañamiento, a cargo de funcionarios que reciben sueldos de 350 mil pesos.
¡Es de una injusticia tremenda!
Por ejemplo, los niños que están en centros operados en forma directa por el Estado reciben para su cuidado del orden de 2 millones de pesos; y los que son atendidos por otras instituciones, como María Ayuda o el Hogar de Cristo, se encuentran funcionando con menos de 400 mil pesos.
Hoy tuvimos una sesión en la Comisión Especial sobre Infancia, donde escuchamos testimonios realmente desgarradores acerca de cómo esos organismos luchan por entregar dignidad, inclusión, cariño. Pero, desgraciadamente, los recursos que reciben del Estado ni siquiera alcanzan para financiar los sueldos de los funcionarios, quienes en esa realidad deben trabajar en situaciones muy muy precarias.
Lo hemos dicho siempre: para nosotros la infancia debiera ser la primera prioridad nacional.
Creo que nos equivocamos en el pasado, cuando partimos destinando lo recaudado en una reforma tributaria a la gratuidad universitaria y no al cuidado de la infancia, que es donde se generan las mayores desigualdades en nuestro país.
Los niños que nacen en familias en las que sus derechos, desgraciadamente, muchas veces son vulnerados, una vez que llegan a instituciones del Estado, ven cómo esos derechos siguen siendo quebrantados.
Por lo mismo, quiero agradecer a la Comisión que haya aprobado este proyecto de ley en forma unánime.
A diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, donde se demoraron más de ocho meses en despachar esta sencilla iniciativa, a sabiendas de que en paralelo existen otras propuestas legislativas que son parte de las 94 medidas acordadas en la Mesa de la Infancia (como el proyecto que establece el sistema de garantías de los derechos de la niñez, que es fundamental, y el que nos ocupa, que aumenta los recursos y exige mayor grado de transparencia y fiscalización a las organizaciones colaboradoras), en el Senado existe voluntad para acelerar la tramitación de esta iniciativa, que debió estar aprobada hace mucho tiempo.
Felicito al Presidente de la Comisión y a cada uno de sus cinco miembros, quienes, en un clima de apoyo transversal en esta materia, han entregado su respaldo unánime. Obviamente esto vuelve a dicho órgano técnico para su discusión en particular, pero el compromiso es tratarlo con celeridad.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, sabemos que los niños y las niñas de nuestro país necesitan una mejor atención. Por eso es necesario legislar y, para ello, votaré a favor de este proyecto. Así lo hicimos, por unanimidad, en la Comisión Especial sobre Infancia, pues entendemos que existe una situación compleja en este ámbito.
Una parte importante de la atención de nuestros niños está radicada en los llamados "OCAS", o sea, en organismos que vienen de la sociedad civil y no del Estado, como los CREAD, que son bastante menos en número y, sobre todo, en cantidad de niños que atienden, aunque muchas veces reciben los casos más difíciles y más complejos enviados por los jueces.
Es claro que los OCAS requieren más recursos. Hoy día reciben un cuarto de lo que se les transfiere a las residencias que dependen directamente del Estado (los CREAD). Por lo tanto, es fundamental apoyarlos, como aquí se ha explicitado.
Pero, al mismo tiempo, para nosotros es tremendamente importante que se eleven los estándares y las exigencias a la hora de trabajar con nuestros niños.
En la Comisión, la Directora del SENAME señaló que en el año 2017, en el 74 por ciento de los casos, las licitaciones residenciales se declararon desiertas por falta de oferentes. Obviamente, algo aquí no está funcionando bien, y eso es complicado.
Por eso mismo, en forma unánime decidimos darle prioridad a este proyecto, apoyarlo y sacarlo en lo posible durante el mes de enero. Todos estamos convencidos de su necesidad.
Al mismo tiempo, necesitamos contar con instrumentos que nos permitan dar verdaderamente una mejor atención, a fin de conseguir que sea como corresponde. Hay que garantizar no solo una buena atención, sino también una debida fiscalización.
En tal sentido, el SENAME debe jugar un rol muy importante: fijar las orientaciones, el marco y los plazos en los convenios respectivos. Esto significa que los convenios deben cumplirse y, en el caso de que no se respeten las condiciones establecidas, podrán ser revocados.
Son relevantes las observaciones que se agregaron en la Cámara de Diputados, que fueron mencionadas por el Presidente de la Comisión: por ejemplo, que las personas que trabajen en dichos organismos no tengan juicios laborales o sexuales pendientes como requisito para acreditar a estas instituciones.
También es muy significativo lo que ha planteado la Directora del SENAME, lo cual forma parte de este proyecto, que es muy sencillo y ahora estamos viendo en general: que exista una mejora en la supervisión. Nosotros esperamos revisar este punto más en detalle, a través de indicaciones, en la discusión particular.
Se requiere un mejor modelo, mucho más integrado y que conste de una supervisión técnica, además de una financiera.
Asimismo, la Directora nos señalaba que deben existir nuevos mecanismos de control: auditorías; fiscalización a distancia; una consulta nacional a niños, niñas y adolescentes; visitas en terreno; espacios para que ellos den sus opiniones. Esto es muy importante porque, normalmente, los menores nunca son consultados. No es menor el tema.
Por cierto, hay que supervisar las carpetas o los perfiles individuales de los niños, las niñas y adolescentes en las modalidades residencial y ambulatoria; de igual modo, realizar rendiciones de cuentas. Tal supervisión debe ser llevada a cabo con todas las mejoras indicadas y con los nuevos inspectores ya incorporados.
¿Qué queremos? ¡Que esos niños reciban mejor atención!
A veces ello no se logra claramente por una cuestión de recursos, pero también por la falta de una mirada más integral y por la incapacidad de coordinarse con instituciones -se necesita una política interinstitucional- que aborden ámbitos como la salud, el deporte, la educación, entre otros.
Hemos recibido testimonios de personas que indudablemente se esfuerzan por brindar una atención de calidad.
Otro tema al que habrá que prestarle atención -lo conversamos con la Directora del SENAME; no sé si quedará incluido en este proyecto- es el que se refiere a los niños con discapacidad o a los que llegan a ser adultos con discapacidad. ¡En algunos casos llevan veinte años internados, porque nadie se ha hecho cargo de ellos y han quedado completamente abandonados!
¡Obviamente, eso requiere un financiamiento mucho mayor, un respaldo!
Me interesa harto destacar este punto, porque impacta.
Sé que estamos discutiendo la iniciativa en general, pero debemos anticiparnos a un debate mayor que será necesario y que hay que comprender mejor.
¡Cómo no entender que niños o adultos con discapacidad van a requerir evidentemente más recursos y una atención especializada!
En ese sentido, tenemos que dar todo nuestro apoyo. Debemos comprender que a veces es complejo para las instituciones brindar calidad de ayuda, si carecen de los recursos necesarios.
El Estado de Chile descansa en organismos privados y delega en ellos esta responsabilidad. Por lo mismo, debe ser bastante eficiente a la hora de hacer cumplir los requisitos, a la hora de generar supervisión, a la hora de trabajar en conjunto y efectuar una buena colaboración con la sociedad civil.
Evidentemente, a todos nos interesa mejorar. ¡Que nunca más seamos objeto, como ha ocurrido, de críticas por parte de organismos internacionales que nos han formulado observaciones!
También, indudablemente, habrá que preguntarse en el futuro, en caso de que el SENAME llegue a cerrar anticipadamente un convenio con un OCA por falta de cumplimiento, dónde van a quedar esos niños y niñas. Son temas que, por supuesto, será necesario resolver en su momento: si hay planes específicos, si hay planes de contingencia, en fin.
Para nosotros, lo más importante es ir en ayuda de esos niños y niñas. Y claramente vamos a estar disponibles para lograr una mejor atención para ellos, partiendo por generarles mayores recursos, siempre tan necesarios, y, al mismo tiempo -reitero-, elevando los estándares de exigencias en cuanto a calidad y fiscalización, con el fin de alcanzar aquello que nos hemos propuesto: una mejor atención para nuestros niños, lo que hasta ahora no hemos conseguido.
Voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pugh.
El señor PUGH.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, los niños, especialmente los vulnerados, son los más frágiles, porque no tienen ninguna otra alternativa u oportunidad, a diferencia de un adulto.
Por eso es tan importante aportar recursos del Estado para hacerse cargo de su situación. Si bien este no tiene toda la infraestructura, sí posee muchos organismos colaboradores, conocidos como OCA, en cada región, en algunas incluso con cierta tradición. Es el caso particular de la de Valparaíso, que represento en este Senado, donde está el Refugio de Cristo, el cual hace un esfuerzo tremendo con la actual subvención para tratar casos complejos. ¿Por qué? Porque los niños que han sido vulnerados requieren una atención especial, distinta. Por eso los costos se disparan. Son costos de apoyo directo hacia ellos, algunas veces por problemas de salud y, específicamente, problemas de salud mental, de comportamiento y conductuales.
Por lo tanto, es una tarea compleja, muy difícil de llevar a cabo con escasos recursos. De ahí que se crea la unidad de subvención del SENAME, cuyo valor al día de hoy es de 15.840 pesos. La asignación actual, de 237.600 pesos por niño, no les alcanza y deben efectuar esfuerzos gigantescos y pedir apoyo a la comunidad, inscribiendo socios para cubrir la diferencia. El problema es que la diferencia no se alcanza a cubrir. Y es imposible sostener los gastos con los recursos disponibles.
Ahí viene el dilema: o empezar a cerrar centros, o recibir a menos niños y niñas, o realizar pocas cosas para poder salir adelante con los pocos niños que queden. Es algo muy duro.
En consecuencia, el Estado debe concurrir con sus recursos, con el objeto de darles, a quienes están más desprotegidos y desvalidos, un mejor futuro. ¡De eso estamos hablando! De tratar de brindarles una oportunidad para que puedan salir adelante y después ser un ejemplo para otros. Esos casos existen y son muchísimos, bastante más de los que creemos.
Por consiguiente, esta es una inversión temprana que se hace en ellos. Sin embargo, se requiere, obviamente, producir recursos. Y es por eso que el país necesita crecer. ¡Si, finalmente, el financiamiento de estos centros va a salir de los impuestos! Se requiere reparar su infraestructura, generar condiciones adecuadas en ellos, así como controlarlos y transparentar la información.
Por eso la obligación de la transparencia activa, también considerada en el proyecto, resulta muy adecuada. Permite, a todos quienes lo deseen, ver, mediante un control democrático, qué se está haciendo con los recursos. Igualmente se establece una rendición de cuentas, de tal manera que, antes de asignar nuevas remesas, se cuente con todos los respaldos que permitan garantizar su buen uso.
El proyecto, tal como está redactado y en la forma en que se nos presenta, es un instrumento adecuado para hacernos cargo de la situación de todos los niños y niñas que requieren nuestro apoyo. Que no solo haya discursos, que no solo nos llamen la atención cuando ocurran hechos graves o violentos, sino que estén contemplados y sean parte del Presupuesto, asegurándole a cada uno de ellos que recibirá lo mejor que podamos entregarle.
Porque esto lo construimos todos. Todos los chilenos pagamos impuestos; todos pagamos, por ejemplo, el IVA. Y una parte de estos tributos va a ir, específicamente, en ayuda de estos niños.
Siempre es importante ver la fuente de financiamiento, tener claro de dónde salen los recursos, cómo se puede llevar a cabo una tarea de este tipo, de modo de entender la relevancia que significa pagar los impuestos. Solo así haremos posible que estos niños y niñas tengan un futuro mejor. Ojalá que así podamos adecuarnos y adaptarnos, entendiendo que el costo para atender los problemas propios de su situación puede incluso aumentar.
Con un buen mecanismo de control será factible, entonces, conocer cuál es la demanda real y así poder satisfacerla.
Por tales motivos, y estando en la discusión general, voto a favor de la iniciativa.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, en realidad pedí la palabra para expresar que, como lo han demostrado las distintas intervenciones, existe una gran cantidad de elementos con los cuales se puede enriquecer el proyecto y que, en ese sentido, el plazo para formularle indicaciones hasta el 4 de enero próximo parece insuficiente, más aún si, como se ha dicho, la Cámara de Diputados demoró nueve meses en despacharlo.
Es cierto que queremos sacar los proyectos antes de que empiece el receso legislativo, y a lo mejor establecer alguna forma de acortar los debates en la Sala resultaría muy útil. Hace un rato hablaron 28 Senadores a propósito de un proyecto que se aprobó por 40 votos a favor y una abstención. A mí, francamente, me parece un exceso. Creo que estamos exagerando la cantidad de discursos para el público que hacemos, tanto en la discusión general como en la discusión particular.
Dicho lo anterior, quiero señalar que efectivamente este proyecto plantea una serie de observaciones que es importante tener presentes.
Estoy de acuerdo en establecer garantías que aseguren que los fondos serán gastados de manera correcta, pero tal vez habría que incorporar algunos estándares de probidad y transparencia mínimos, como la incompatibilidad de distintas líneas de financiamiento, normas sobre conflictos de intereses. Habría que verificar que la subvención y el aumento no se entreguen a todo evento. Habría que verificar también que haya nuevas competencias de control, etcétera. Hay varias cosas que revisar. Pero, señor Presidente, no podemos decirlas en la discusión general y después volver a reiterarlas en el debate en particular.
Por lo tanto, me limito a lo ya dicho, haciendo un llamado a que realmente tratemos de despachar más de dos proyectos por sesión, porque ya se están acumulando demasiados en la tabla, en circunstancias de que en muchos casos no existe ninguna discrepancia al respecto. Pienso que con algunas intervenciones y el voto bastaría.
Voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, me voy a tomar un poco de tiempo porque creo que estamos ante una iniciativa superrelevante y pienso que en la discusión general hay que informar a la Sala de qué se trata. De otra manera, estaríamos votando sin tener claridad respecto de una normativa tremendamente importante.
Primero, hay que decir que este no es un proyecto que solamente aumenta la banda de subvenciones, sino que, tal como el Senador Insulza comentaba, contempla también otras medidas: de probidad, de transparencia, para impedir el conflicto de intereses, y para aumentar la fiscalización del SENAME a sus organismos colaboradores.
Hay que señalar igualmente que hoy en muchas regiones, entre las cuales incluyo la de Los Ríos, no existe ningún organismo del Estado que se haga cargo de los niños, niñas y adolescentes que son separados de sus familias. En muchas regiones de nuestro país solamente existen organismos colaboradores, los que, dicho sea de paso, son los primeros que aparecieron para encargarse de los niños a lo largo y ancho del territorio nacional cuando todavía el Estado no disponía de las facilidades para hacerlo a través del SENAME.
Por lo tanto, acá, en vez de ser los organismos colaboradores los que vienen a ayudar al Estado, la situación es al revés: es el Estado el que aparece mucho más tarde para hacerse cargo de la situación de los niños, niñas y adolescentes a lo largo del país.
¿Qué hace esta iniciativa? Se trata de un proyecto de ley corta que se enmarca dentro de la discusión de otras iniciativas, de tal manera que, si nosotros no tenemos claras cuáles son esas otras iniciativas que se están discutiendo, costará entender la finalidad de la que estamos viendo ahora y tal vez queramos que se encargue de aspectos que ya han sido recogidos en otros proyectos.
Tenemos, específicamente, el que crea el Servicio que se hará cargo de toda la línea de hogares del SENAME, tanto para niños que sufrieron violaciones a sus derechos como para aquellos que cometieron algún delito.
Por otra parte, está el que crea el sistema de garantías de los derechos de la niñez, donde se le entregan asimismo atribuciones al Servicio Nacional de Menores para fiscalizar a sus organismos colaboradores.
En el caso del proyecto que ahora nos convoca, lo primero que se hace es pasar de la banda de 8,5 a 15 unidades de subvención que hoy se entrega a los organismos colaboradores a una nueva banda de entre 15 y 30 unidades de subvención. El valor de una unidad de subvención del año 2018 es de 15.840 pesos. Y el aumento no viene de golpe, sino escalonado, con una primera etapa que se establece en el articulado.
Quiero decir, señor Presidente, que uno de los objetivos del proyecto es que tanto el SENAME como los OCAS aseguren las condiciones que otorguen el necesario bienestar biopsicosocial, así como la efectividad de los derechos y las condiciones ambientales y oportunidades que los niños, niñas y adolescentes requieren según su etapa de desarrollo, mediante una intervención oportuna y de calidad.
Adicionalmente, se faculta al Servicio Nacional de Menores para impartir instrucciones particulares a los organismos colaboradores en caso de incumplimiento de los convenios.
Y, además, se incorporan nuevas causales para el término anticipado de los convenios que celebre el SENAME con los organismos colaboradores acreditados, de tal manera que si alguno de ellos incurre en algún incumplimiento el Servicio puede terminar el trabajo que realiza a través de él.
Por lo tanto, no solamente se aumentan las capacidades de fiscalización del Servicio Nacional de Menores, sino que también se permite el término anticipado de los convenios que no se cumplan.
Por una parte, tenemos el aumento de la subvención, que es absolutamente necesario -así lo ha establecido no solo el Gobierno, sino las distintas entidades que hemos escuchado-, y por la otra, se le entregan al SENAME mayores posibilidades de fiscalización, fuera de la facultad para terminar anticipadamente los convenios con alguno de los organismos colaboradores.
¿Por qué es importante el aumento de la subvención, señor Presidente? Porque el monto que el Servicio entrega hoy a las instituciones colaboradoras cubre alrededor del 50 por ciento de los costos que irroga un niño, niña o adolescente en cuidado residencial. Estamos muy lejos de lo que se requiere para que una entidad pueda hacerse cargo en buena forma de las necesidades de los menores. Esto resulta especialmente preocupante si se considera que actualmente el 90 por ciento de las plazas residenciales es ejecutada por organismos colaboradores.
¿Qué ha sucedido? Tal como señalaba la Senadora Allende, los organismos colaboradores no se están presentando a las licitaciones que realiza el SENAME porque no saben si podrán cumplir con los estándares requeridos dada la subvención que se les entrega, lo cual ha llevado a que en algunas regiones de nuestro país nos quedemos sin hogares, situación que, desde luego, vulnera los derechos de los niños.
¿Por qué es una vulneración a los derechos de los niños? Porque familias que por decisión del tribunal entregan a su hijo en Arica, al final se encuentran con que él está en San Felipe, dada la inexistencia de un hogar que pueda hacerse cargo de los menores en el norte del país. Y lo mismo ocurre en el sur. Por lo tanto, la revinculación de esos niños con su familia resulta mucho más compleja, pues la familia queda lejos de ellos. ¿Por qué? Porque no hay ningún organismo colaborador que se haya presentado a licitación en ese territorio.
Esto sucede también dentro de las regiones. Finalmente, terminamos con hogares solo en las capitales regionales, sin ningún organismo colaborador que se pueda hacer cargo de los sectores más alejados de ellas.
En tal sentido, el hecho de que el 2017 el 74 por ciento de las licitaciones se haya declarado desierto por falta de oferentes y que cerraran diecisiete residencias a lo largo del país es una muy mala noticia para nuestros niños, niñas y adolescentes.
¿Qué significa este 25 por ciento de aumento en la subvención? Significa incrementar el monto por niño de 390 mil a 490 mil pesos, en promedio. Sin embargo, todavía es una diferencia muy importante con lo que el Hogar de Cristo ha dicho que se necesita por niño: 2 millones de pesos.
Hoy los CREAD, que son los hogares estatales, reciben alrededor de esa cantidad. Y con este proyecto estamos aumentando recién de 390 mil a 490 mil pesos el aporte a los organismos colaboradores, aún muy por debajo de lo que realmente se necesita para acercarnos un poquitito más a lo que se requiere por niño.
Termino, señor Presidente, diciendo que con este aumento en la subvención también estamos haciéndonos cargo de los puntos específicos que señaló la Organización de las Naciones Unidas en el duro informe que entregó respecto de la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en hogares del Servicio Nacional de Menores en nuestro país.
--(Manifestaciones en tribunas).
Este proyecto se hace cargo de los números 32, 38, 48 y 126 de dicho informe, referidos, por ejemplo, a la necesidad de infraestructura y equipamiento, pero, sobre todo (el número 48), a...
--(Manifestaciones en tribunas).
Señor Presidente, yo sé que el Senador Insulza hizo de buena forma una observación respecto a la extensión de las intervenciones, pero, en mi opinión, el tema de los niños es muy relevante. Y si nosotros, como Senado, hemos decidido discutirlo hoy, pido que por favor se me respete.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Obviamente que debe ser respetada, señora Senadora.
La señora VON BAER.-
Allá arriba también, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Les quiero pedir a quienes nos acompañan en las tribunas que tengan el respeto que corresponde, les agrade o no la intervención que se esté efectuando.
La señora VON BAER.-
No fue decisión mía que este proyecto se discutiera hoy día.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
¡Por supuesto que no!
Ahora, igualmente entiendo a quienes están en las tribunas, que vienen de distintos lugares del país.
La señora VON BAER.-
Está bien. Pero eso no es problema...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Estamos haciendo todo lo posible para que se pueda votar hoy el proyecto cuya discusión han venido a escuchar.
Hay muchos inscritos para intervenir acerca de esta otra iniciativa, por lo que aquello será bastante difícil.
Puede continuar, señora Senadora.
Se le restituirá el tiempo que ha perdido.
La señora VON BAER.-
Gracias, señor Presidente.
Solo quería terminar diciendo que en el duro informe que la Organización de las Naciones Unidas presentó respecto a la situación de los menores del SENAME, en el punto 48 declara lo siguiente: "Los recursos asignados al sistema residencial de las OCAS (denominado `auxilio económico')" -y esto lo señala la ONU, no el Gobierno o alguno de los organismos colaboradores- "muestran una visión caritativa de la acción del Estado. La máxima subvención permitida por ley es el 65% del coste, pero sólo se da extraordinariamente. Los OCAS deben pues financiar el resto organizando actividades filantrópicas. El mismo nombre de `auxilio económico' demuestra una visión de ayuda subsidiaria muy lejos de la obligación jurídica de poner los recursos necesarios para garantizar los derechos. Durante la visita al país, las máximas autoridades expresaron la idea de que la acción de protección de los niños, niñas y adolescentes abusados en sus derechos es considerada caridad y no un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes y una obligación jurídica del Estado".
Señor Presidente, considero que este aumento de subvención es una obligación jurídica del Estado, por lo tanto de todos nosotros, y además un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, sé que hay otros temas que debemos abordar esta tarde que también son relevantes, pero nuestros niños no dejan de ser importantes para todos y cada uno de nosotros.
Hoy escuchamos a María Ayuda y al Hogar Belén, que es un hogar de Talca que atiende a niños, a niñas, a adolescentes y también a adultos. Todos ellos en situación de discapacidad, de vulnerabilidad, señor Presidente.
Uno de los niños, Tomás, requiere una inversión mensual de un millón 200 mil pesos para poder sobrevivir. El pronóstico de vida cuando llegó al Hogar Belén era de no más de nueve meses, y la verdad es que cuando uno lo mira ahora, al pasar de los años, piensa que es un milagro lo que se ha hecho con él. Y ha sido gracias al amor, a la entrega y a los cuidados que ahí le han dado.
Sin lugar a dudas, cuando uno observa la cantidad de recursos que maneja ese hogar se da cuenta de que ha sido a punta de esfuerzos, de creatividad, de ingenio y de cariño. Los proyectos que ha sacado adelante han posibilitado que esté en las condiciones óptimas que hoy exhibe.
Sus integrantes viven y conviven con la comunidad en la población Carlos Trupp, de Talca, que es vulnerable y de alto riesgo.
Ese hogar probablemente es la muestra de muchos otros.
Cuando uno mira este proyecto de ley, surgen numerosas preguntas.
No podemos resolver la situación de nuestros niños y niñas solo a través del incremento de la subvención. ¡Eso no basta!
Cuando escucho a mis colegas, y a la intervención de la Senadora Von Baer, en particular, sin lugar a dudas pienso que es insuficiente el aumento de 237 mil 600 a 475 mil 200 pesos al mes por cada niño.
¡Debiera ser mucho más!
Pero no podemos reducir la discusión solo a aquello; hoy día lo veíamos al escuchar a María Ayuda y al Hogar Belén.
Tenemos que fijar estándares, como lo decía la Senadora Isabel Allende; hacer exigencias mínimas a quienes están a cargo de los hogares, pedir ciertas garantías. Tenemos que preguntar qué pasa con la transparencia en el manejo de los recursos, con los controles de drogas, de alcohol, con las certificaciones.
También debemos hacernos preguntas nosotros, porque creo que les llamó la atención a mis colegas la cantidad de fiscalizaciones y requisitos que exigimos a los hogares; va uno y otro y otro servicio probablemente a preguntar las mismas cosas, que en numerosas oportunidades son una pérdida de tiempo e implican desfocalizar respecto del cuidado de los niños.
Hay mucho mucho que mejorar.
Hoy día no podemos negar la aprobación en general del proyecto de ley que nos presenta el Gobierno; pero, y lo hemos conversado con la Senadora Allende y el Senador Quintana, vamos a formular indicaciones que diferencien; que vayan elevando el estándar de los hogares, porque los menores son y deben ser nuestra prioridad.
Si queremos ir cambiando nuestro país, tenemos que partir por nuestros niños; tenemos que entregarles lo mejor.
Por eso hemos presentado otros proyectos. Y agradecemos al Presidente y a la Comisión por haberse ido aprobando iniciativas que son importantes.
Por tal razón, vamos a respaldar el texto que se propone.
Reitero: no basta solo con el dinero, también hay que poner el acento en aquellas otras cosas que hacen que se utilice de modo adecuado: que lo ocupen quienes efectivamente son responsables en el uso de los recursos; que vaya a las instituciones que cumplen con los estándares, que dan buena cuenta de su uso y en donde los niños salen adelante.
Gracias, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, tengo una contradicción profunda con este proyecto de ley; porque, en definitiva, lo que estamos haciendo es entregar más recursos a los organismos colaboradores, sin los cuales el SENAME no podría efectuar su labor.
El 90 por ciento de los niños (son seis mil 500, aproximadamente) están en manos de los organismos colaboradores; solo el 10 por ciento está en manos del SENAME.
En la etapa previa a formación de la Comisión de Infancia -tengo el orgullo y la humildad de decir que la propuse-, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, durante nueve sesiones en la Sala del Senado, a lo largo de meses, con 70, 80 y 90 invitados, dijimos que el sistema íntegro ha fallado.
El Estado no está protegiendo a los niños; el Estado vulnera sus derechos; el Estado ha abandonado su función de protección. Y ello involucra a todo el sistema de protección, también a los organismos colaboradores.
La principal responsabilidad sigue estando en el SENAME. ¡Allí hay una crisis profunda!
Señor Presidente, en este proyecto de ley se nos pide que aumentemos la subvención. Y voy a votar a favor porque sigue siendo exigua, reducida, insuficiente, para asumir la tarea enorme de valor, de corazón, de proteger a los niños, desde la colaboración del sector privado. Pero se le da la responsabilidad a un SENAME en crisis.
¡El SENAME está agotado, completamente agotado!
En mi opinión debería surgir una nueva institucionalidad.
El sistema de protección falló en Chile, y lo estamos pagando pues el 56 por ciento de los presos y condenados en las cárceles de Chile proviene de hogares del SENAME.
Falló en su formación y protección, y luego el remedio es la encarcelación.
El costo de formación en el CERECO de Coronel, en mi Región, es de cinco millones de pesos mensuales por cada niño. Hay 60 jóvenes y 219 funcionarios. En los CREAD es de un millón 800 mil mensuales, y en las cárceles, un reo cuesta 860 mil pesos al mes.
Entonces, hay una falla del Estado.
¡El SENAME tiene que ser disuelto, señor Presidente! ¡Tiene que surgir una nueva institucionalidad!
Hay que ver en la OCDE, en el mundo, cuál es el sistema que logra la protección de los niños en la cooperación público-privada, pues lo privado va a seguir siendo muy importante.
Cuál es la institucionalidad del Estado que logra dar certeza de que los recursos van a la protección de los jóvenes, no solo a tenerlos en un lugar en donde no causen problemas.
Esta iniciativa de aumento de los recursos alivia en parte el problema, pero no toca su fondo.
El 2012, en esta misma Sala, redacté una carta abierta al Presidente Piñera, en su primer Gobierno, en que le decía: "El SENAME está colapsado; hay pedofilia en los hogares; se viola a los niños; están más seguros en la calle que dentro de un hogar, porque pueden arrancar, pedir protección. Adentro están solos, están atrapados.".
Sin embargo, esta situación se mantiene.
Entonces, vamos a votar a favor de estos recursos.
Quisiera que se valorara el elemento de que si hay prácticas antisindicales y si alguien tiene alguna relación con la pedofilia, se termina el contrato.
Señor Presidente, se requiere que los hogares privados, pero también el SENAME, cumplan con su función.
Son cuatro mil funcionarios en esta institución, y mil están con licencia médica. Es decir, ¡hay un ausentismo laboral de 25 por ciento!
Y sobre eso no estamos haciendo nada.
En este momento damos un paso, pero total y absolutamente insuficiente.
El SENAME y el sistema de reinserción están fracasados. Lo dijeron los propios organismos colaboradores en la Sala, en la Comisión de Derechos Humanos; lo dijo la Policía de Investigaciones; lo dijo Carabineros. ¡Lo dijeron todos los actores!
El sistema ha fracasado. Necesitamos una revisión profunda de este.
Los niños de los hogares no tienen atención privilegiada en los centros de salud cuando los llevan de urgencia. En los hogares del SENAME todos los días hay intentos de suicido, ¡todos los días, señor Presidente!
En el CERECO de Coronel hay tres, cuatro, cinco agresiones con cuchilla a jóvenes que deben ser internados para su recuperación.
Por tanto, estamos en deuda.
Ya no basta la condena de las Naciones Unidas, ni de la Comisión Interamericana de Derechos del Niño. El Estado chileno tiene que tomar nota.
Voy a votar a favor de este proyecto que aumenta los recursos porque vamos -entre comillas- a "fiscalizar". Pero ¿quién va a fiscalizar si el SENAME está cuestionado?
Se le pide al organismo que está en crisis que fiscalice a los privados. ¡No puede ni fiscalizarse a sí mismo!
Esa misión no la va a cumplir; no está en condiciones.
Deberá haber tareas adicionales.
Voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Quiero pedir lo siguiente a la Sala.
Quedan seis señores Senadores por hacer uso de la palabra. Perdón, siete, se acaba de inscribir otro más.
Estamos en la discusión de un proyecto de enorme importancia -nadie podría decir lo contrario-, y luego debemos tratar sí o sí la iniciativa que tiene que ver con la intermediación financiera, a la que el Ejecutivo ha puesto urgencia en su tramitación y respecto de la cual deben efectuarse dos votaciones, que requieren quorum de ley orgánica, es decir, 24 votos favorables.
El Orden del Día termina a las 19:20 y tenemos en tribunas la presencia de señores dedicados a la pesca artesanal, que han venido de distintas regiones del país -y yo sé lo complejo que es llegar hasta acá- a ver la discusión del proyecto que regula la captura de la jibia.
Por lo tanto, me gustaría que todos colaboráramos para darle dinámica a los debates, cosa de alcanzar a votar antes del término del Orden del Día, y así podríamos también tratar la iniciativa sobre la jibia, que igual es importante, dando cumplimiento a todo lo que teníamos previsto.
¿Habría acuerdo para agilizar las intervenciones?
En caso contrario, pediría después el acuerdo de la Sala para prorrogar el cierre del Orden del Día por algunos minutos más para pronunciarnos sobre el último proyecto al cual me he referido, por respeto y consideración a quienes han llegado de muchos lugares del país, lo cual me parece tremendamente respetable.
Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, me parece que usted tiene toda la razón en cuanto a las personas que se encuentran acá, pues sería lamentable no alcanzar a tratar la iniciativa que les interesa.
Pero eso no significa que tengamos que ver a tontas y a locas los demás proyectos. Debemos respetar los tiempos.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Señora Senadora, por favor, yo no he dicho que veamos los proyectos a tontas y a locas, y jamás se me ocurriría plantear algo así.
Estamos analizando la iniciativa en debate con la premura, el tiempo y el nivel que requiere la discusión.
La señora EBENSPERGER.-
¡Eso es lo importante!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Obvio.
Y en caso de no ser factible lo que he propuesto, pediré a la Sala la prórroga del Orden del Día...
La señora EBENSPERGER.-
No hay problema en eso, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
... para alcanzar a votar también el proyecto de la jibia.
Tiene la palabra el Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, solo deseo informarle que a la Comisión de Seguridad Pública, que se encuentra citada hoy, a las a las 19, concurrirán el Ministro del Interior, el General Director de Carabineros y el Director General de Investigaciones.
Nosotros vendremos a votar en el momento que sea oportuno, pero desgraciadamente tenemos que presentarnos dentro de pocos minutos a dicho organismo técnico.
Gracias.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Está bien.
Luego pediremos a la Sala la autorización para que pueda sesionar dicha Comisión.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, hace algunas semanas concurrí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar la grave situación en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes del SENAME, luego de la presentación de varias querellas por quien habla, junto con otros parlamentarios, como Yasna Provoste, que hoy día nos acompaña. Y estas permitieron formalizar a nueve funcionarios del CREAD de Valparaíso, ¡nueve funcionarios del CREAD de Valparaíso!, por delitos que llegan incluso hasta la tortura.
La fiscalía demoró dos años en formalizarlos. Pero logramos avanzar en el tema.
¿Y qué pedimos en dichas querellas?
Primero, que se pronunciara el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo cual realizó el 1° de junio del año en curso.
¿Y qué dice su informe?
Que Chile viola en forma grave y sistemática ¡más de doce artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño!
Además, aparte de señalar que esa violación es grave y sistemática, llama en virtud del artículo 39 de la referida Convención a una inmediata reparación. Y también establece ese informe, emitido en razón de nuestras querellas, que debe cerrar inmediatamente el CREAD de Valparaíso.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero hacer presente al Ministro Blumel, que hoy día nos acompaña, que ya han pasado seis meses y entiendo que el Gobierno del Presidente Piñera ha dispuesto el cierre del CREAD de Valparaíso y la posibilidad de reemplazarlo por un nuevo modelo residencial de viviendas, que alberguen entre doce y quince niños, duplicando el entorno familiar, lo cual me parece que va en la dirección correcta.
Pero, por cierto, acá hay un tema de fondo.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos -que va a secundar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual viene en enero del próximo año a efectuar una labor de acompañamiento, en virtud de las querellas que presentamos algunos Senadores presentes en la Sala-, señaló que se deben establecer medidas de carácter provisional para hacerle un seguimiento a la grave situación de los niños, niñas y adolescentes, producto de la vulneración de sus derechos en nuestro país.
Pues bien, se trata de una materia compleja.
Dentro de los temas que también se abordan en el informe figura el cuestionamiento que hicieron la ONU y la Organización de Estados Americanos al sistema de financiamiento que hoy día tienen los hogares colaboradores del SENAME.
En la actualidad -como ustedes bien saben, ya que esto forma parte de los argumentos de este proyecto-, en promedio se destinan 270 mil pesos por niño, aproximadamente, en circunstancias de que por un niño que está en un CREAD se entrega mensualmente un millón 950 mil pesos, más o menos, para su debida atención.
Los estudios independientes hablan de que los niños deberían tener a lo menos un financiamiento de 800 mil pesos.
Y estamos viviendo una crisis.
Imaginen, de acuerdo a lo que aprobamos hace algunas semanas respecto de los lactantes entre cero y tres años, que aunque un juez de familia quisiera que alguno fuera a un hogar, no podría hacerlo porque no hay ningún hogar colaborador del SENAME disponible en la Región de Valparaíso.
Lo anterior es demostrativo de una situación de crisis.
Por tanto, debemos resolver el problema enfocándolo de distintas maneras.
La primera es mantener las querellas presentadas. Yo me voy a encargar de aquello, por lo menos de las que interpusimos junto con la Senadora Yasna Provoste.
Y en tal sentido quiero agradecer en forma muy especial al abogado Juan Carlos Manríquez, por haber patrocinado dichas causas; y al ex director del SENAME de Valparaíso, Esteban Elórtegui, con los cuales hemos trabajado en forma mancomunada para develar la situación de grave vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ahora, más allá del discurso, corresponde desarrollar acciones concretas, como la conformación en su oportunidad de la Comisión de Infancia y la necesidad de levantar una serie de proyectos de ley en esta materia, pero además se debe perseguir la responsabilidad penal de los cuidadores.
Antes de concluir -en aras del tiempo-, debo señalar que lo propuesto va en la dirección correcta: hay que elevar el monto de los recursos, para que los hogares colaboradores del SENAME puedan disponer de ellos.
Además, hay que fiscalizar estos hogares adecuadamente. Y nosotros estamos pidiendo que la Contraloría General de la República pueda efectivamente hacer las fiscalizaciones correspondientes, para garantizar que los recursos públicos sean bien invertidos.
Los estudios independientes dan cuenta de que los hogares colaboradores del SENAME, incluso con la cifra propuesta, no podrán financiar completamente la adecuada atención que merece un niño.
¿Y por qué lo planteo? Porque tenemos déficits en varias materias.
En primer término, respecto de horas psiquiátricas infantiles, cuyo déficit es importante desde el punto de vista profesional.
En tal sentido, nuestra idea es convertir el CREAD de Valparaíso en el primer centro de atención para niños que viven una compleja situación, que ya tiene el apoyo del Ejecutivo, del Gobierno Regional, del Ministerio de Salud, el cual se va a transformar en un modelo piloto a nivel nacional.
Pero adicionalmente a eso, ¿en qué estamos trabajando? En terminar con las ¡100 mil dosis! de SOS que se usan hoy día para contener a los niños.
La dignidad de los niños requiere más recursos para su adecuada atención, y a eso también nos estamos dedicando.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, yo también comparto lo señalado hace algún rato por el Senador José Miguel Insulza respecto de que el tiempo utilizado en la discusión anterior del proyecto sobre pago a 30 días, que llevaba años en el Congreso, fue claramente desmedido.
Sin embargo, el debate que estamos sosteniendo ahora sobre la iniciativa en debate -lo considero de la máxima importancia-, que aborda temas de infancia, lleva tan solo dos semanas en este Senado.
Por lo tanto, debemos proceder a su análisis conforme a su mérito.
Acá se han registrado distintas intervenciones: de miembros de la Comisión de Infancia, pero también de otros señores Senadores, y siento que todos los elementos planteados son fundamentales para la discusión en particular del proyecto, que tendrá lugar posteriormente.
Es bueno poner también estas cosas en contexto, señor Presidente.
En Chile tenemos 4 millones 415 mil niños, niñas y adolescentes.
Y hoy día estamos hablando de una realidad -no quiero minimizarla, todo lo contrario-, por eso es positivo poner las cifras en perspectiva, más aún cuando el esfuerzo de la Directora Nacional del SENAME, Susana Tonda, ha sido -yo diría- muy favorable en esa dirección: de que hay 6 mil 600 niños en residencias en todo Chile. De ellos, mil 200 se hallan en hogares del Servicio Nacional de Menores, en los CREAD, que son administrados directamente por el Estado, y 5 mil 400 están en residencias privadas.
Ahora bien, aquello no significa que la labor del SENAME y el beneficio que generaría el incremento a la subvención vayan solo a esos 6 mil 600 niños: también existen otros programas ambulatorios.
Asimismo, es bueno señalar que este debate se está haciendo por distintas razones. Se trata de una discusión sistémica. ¿En qué sentido? El Gobierno anterior creó la Subsecretaría de la Niñez; y envió para su tramitación tal vez el proyecto más robusto que vamos a tener en todo este período, el que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, proyecto marco respecto del cual la actual Administración envió indicaciones que ahora se empiezan a debatir. También está la agenda que dio a conocer y la prioridad que ha señalado para tratar estas materias, que todos conocemos.
Por lo tanto, se trata de una discusión que hay que mirarla en ese contexto, en particular el proyecto que ahora estamos votando, que aumenta la subvención a las instituciones colaboradoras del SENAME, que debe mirar a fondo qué está ocurriendo sobre el particular.
Por eso comparto lo que señalaron recién las Senadoras Allende y Rincón, en el sentido de que aquí no se trata solo de recursos.
Nosotros sostuvimos un debate muy mal planteado hace uno o dos años, en períodos políticos difíciles. En algunas fundaciones y hogares he conversado incluso con niñas, niños y adolescentes; y lo que más resienten es que el mundo político se aprovechó de esta situación.
Aquí se estigmatizó a estos menores.
Por eso, valoro el tono de la discusión que está teniendo lugar tanto en la Comisión Especial de Infancia como la que se está llevando a cabo en esta Sala; valoro lo que ocurrió la semana pasada, en que constatamos que de estos 6 mil 600 niños que se hallan en residencias, mil son menores de tres años, que no tienen nada que hacer en residencias: ¡hay que sacarlos de ahí!
Entonces, señor Presidente, lo primero acá es poner las cosas en contexto, y mirar que en la última década ha muerto una cantidad importantísima de niños.
Al respecto, es bueno decir que la gran mayoría de esos menores no fallecieron, como se cree, en los centros del SENAME administrados directamente por el Estado, los CREAD. ¡No! En ellos murieron muy pocos niños; se registraron muy pocos casos allí.
Tampoco fallecieron en las residencias privadas.
La gran mayoría de los menores que murieron estaba en manos de programas ambulatorios, también privados.
¿Qué significa eso? ¡Que había una familia a cargo!
Por consiguiente, en la perspectiva de poner todos los elementos sobre la mesa, también debemos decir que estos 6 mil 600 niños que hoy día requieren una fuerte atención de todos nosotros, del Estado, han sido abandonados por sus padres. No llegaron a las residencias porque a una jueza de familia se le ocurrió de la noche a la mañana que a esos menores había que sacarlos del hogar y llevarlos ahí. ¡No! Se trata de niños abandonados por sus padres; son menores agredidos psicológica, sexual y físicamente al interior de sus hogares.
Eso nos lleva a esta situación tan dramática, que -insisto- es bueno reflejarla también en cifras, para saber cómo debemos abordarla.
Hoy día los representantes de la Corporación María Ayuda y del Hogar Belén, de Talca, nos dijeron que muchos de sus problemas son reflejo de la falta de financiamiento. Por ejemplo, tienen una alta rotación de los equipos, de las duplas psicosociales, de los profesionales encargados de la atención directa de los niños.
Señor Presidente, acá tenemos un tema no menor: hoy día los requerimientos de salud mental no están cubiertos en gran parte de estos centros ambulatorios y residenciales (probablemente lo estén en las entidades administradas directamente por el Estado: los CREAD).
Entonces, la pregunta que surge es: ¿qué porcentaje de esos niños requiere ayuda para tratar enfermedades mentales, que en muchos casos han terminado en suicidio?
También estamos al debe en materia de intervención con la familia de egreso, cuestión fundamental. Porque el objetivo no es que estos niños se queden para siempre -como se ha dicho- en las residencias. La idea es buscar, ojalá, a la familia de origen. Luego están la familia de acogida extensa; la familia de acogida especializada; la familia adoptiva, y, en último término, las residencias, a las que hoy día les vamos a incrementar los recursos.
Señor Presidente, creo que hay muchos asuntos que resolver en la discusión particular. Algunos de ellos -como lo señaló la Senadora Von Baer- deben abordarse muy bien. Por ejemplo, la regulación que se debe establecer; lo relativo a evitar conflictos de intereses; lo tocante a la fiscalización, sin que ello signifique agobio.
Porque, evidentemente, si vamos a incrementar recursos -es lo que vamos a aprobar ahora-, tienen que existir los contrapesos correspondientes y debe haber un cumplimiento estricto de las obligaciones. Ello, para evitar situaciones irregulares como las que hemos visto.
Voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, seré muy breve.
En primer lugar, debo señalar que concurriremos con nuestro voto favorable a esta iniciativa.
En seguida, deseo manifestar -tal como lo hizo el Senador Chahuán- que ha sido largo el camino para visibilizar el hecho de que a lo largo de los años nuestro país, el Estado, no ha estado a la altura de la responsabilidad de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, cuestión que se le confirió a través de la red del Servicio Nacional de Menores.
Efectivamente, junto al entonces Diputado Aldo Cornejo y con el apoyo del abogado Juan Carlos Manríquez presentamos una querella, porque en esa oportunidad veíamos que muchos de los esfuerzos del Servicio Nacional de Menores estaban concentrados en sacar a quien buscaba generar transformaciones importantes y colocar a los niños, niñas y adolescentes en el centro de su preocupación: me refiero al ex Director Regional del SENAME de Valparaíso Esteban Elórtegui. Aprovecho la ocasión para reconocer su trabajo, así como también el que llevó a cabo la Corporación La Matriz.
Señor Presidente, es del caso relevar que hoy día el esfuerzo que debemos hacer como sociedad ha de estar vinculado con el respeto de las convenciones internacionales que Chile ha suscrito en materia de derechos del niño y de la niña.
En tal sentido, no solo tenemos que colocar la mirada en lo que hoy ocurre en las residencias, pues debemos ser capaces de cautelar también lo que está sucediendo actualmente con el conjunto de iniciativas que lleva adelante el Servicio Nacional de Menores.
Sobre el particular, quiero poner mi mirada especialmente en el Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil.
Deseo aprovechar este espacio para denunciar lo que hoy día está aconteciendo. Porque, ¡claro!, cuando ponemos nuestra atención solo en este aumento de la subvención, el cual -lo señaló muy bien el Senador Navarro- todavía es muy escaso, bastante exiguo respecto de lo que se requiere, nos apartamos de una realidad que se halla invisibilizada.
Me refiero a los planes que forman parte de la oferta programática del SENAME, como el programa de intervención psicoterapéutica y social, orientado a generar procesos de reparación del daño en niños, niñas y adolescentes que han sufrido maltrato físico o psicológico, agresiones sexuales, en fin.
En la actualidad, en la provincia de Huasco hay más de 300 niños y niñas que forman parte de esos programas, que hoy no tienen financiamiento. ¡El SENAME no les ha entregado recursos a las instituciones que llevan adelante esos procesos y atenciones!
Chile suscribió la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y se comprometió a entregar cada una de las atenciones que precisan los niños y sus familias, que han sido gravemente vulnerados en sus derechos, con el objeto de poder superar esta difícil situación.
Sin embargo, el Programa PRM Barak, de la provincia de Huasco, no recibe el financiamiento comprometido por el SENAME ¡desde agosto de este año!
Señor Presidente, las dificultades que hoy día enfrentan los menores no se reducen solo a los centros de atención directa: el problema lo tenemos mucho más instalado en la estructura del SENAME.
La ley en proyecto nos hace concentrar la mirada en lo que ocurre en una parte de esa oferta programática.
Cuando señalamos que el problema es estructural, lo estamos haciendo con conocimiento de causa, pues se han hecho un conjunto de gestiones al objeto de lograr reponer los recursos y continuar con la atención de cerca de 300 niños que han sido vulnerados en sus derechos.
Por lo tanto, me pronunciaré favorablemente sobre este proyecto en general. Pero de la misma forma, esperaría una respuesta concreta del Servicio Nacional de Menores para apoyar y proteger a los niños, niñas y adolescentes que forman parte de su red a través de los referidos programas, que hoy están a la deriva al menos en la provincia de Huasco. Como señalé: el Programa PRM Barak no recibe recursos desde agosto del año en curso para seguir con este tipo de intervenciones.
Voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, voy a ser breve por respeto a los pescadores que han venido desde distintas partes de Chile, pues habían visto que desde el viernes pasado estaba para ser tratado en el tercer lugar de la tabla de esta sesión el proyecto de ley que regula la captura de la jibia. Probablemente, dado los tiempos, no lo alcancemos a ver hoy. Ojalá hagamos el esfuerzo para prorrogar el Orden del Día a fin de ocuparnos ahora de dicha iniciativa.
En cuanto al proyecto que estamos votando, tengo dudas, porque, por un lado, contiene elementos favorables vinculados con exigir a las OCAS mantener a disposición del público información fidedigna y transparente; también existen aspectos que tienen que ver con calificaciones técnicas del personal; estructura y miembros del directorio; balances tributarios; calidad de la atención; administración transparente de los recursos, en fin.
Asimismo, se le otorga al SENAME capacidad para fiscalizar y no solo supervisar las actuaciones de las OCAS, y se lo faculta para impartir instrucciones generales vinculantes a los organismos colaboradores acreditados luego de las acciones de supervisión y fiscalización.
Sin embargo, también este proyecto ha sido objeto de muchas críticas que han hecho ver organizaciones de la sociedad civil y distintos especialistas que trabajan en el tema de la infancia.
La iniciativa, además, tuvo un largo trámite en la Cámara de Diputados, ya que no solo se busca aumentar los recursos del Servicio Nacional de Menores, sino también incrementar el monto de las subvenciones a los organismos colaboradores privados, en muchos de los cuales se han detectado graves problemas de violación a los derechos humanos, que ya fueron registrados.
Durante la discusión de este proyecto en el Parlamento se cuestionó el sistema de financiamiento y se intentó modificarlo sin el apoyo del Ejecutivo, pues incentiva el mantener a los niños, niñas y adolescentes institucionalizados, contraviniendo las recomendaciones de priorizar la revinculación familiar o la búsqueda de una familia de acogida con apoyo del Estado.
También hubo una resistencia a incrementar los recursos a instituciones que han sido cuestionadas por no rendir cuentas a tiempo de la inversión de los montos transferidos; además, han empozado cuantiosas sumas de dinero en sus cuentas corrientes, las cuales debiesen haber sido invertidas en mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. Es decir, se siguen aumentando recursos a operadores que han exhibido malas prácticas financieras y, también, malos tratos para con los menores.
Esta iniciativa presenta, asimismo, graves falencias en materia de transparencia financiera; faltan exigencias sobre estándar de calidad antes de que se reciban estos nuevos recursos y, también, mayores mecanismos de fiscalización. Por lo mismo, se intentó dejar fuera a algunas organizaciones que han cometido graves vulneraciones a los derechos humanos, y el Gobierno no accedió a esa medida.
Entonces, creemos que acá se está desaprovechando una oportunidad. Si bien fue largo el trámite en la Cámara de Diputados, se pudo haber hecho esfuerzos mayores, porque era el momento: estaban el clima social y la voluntad ciudadana para introducir reformas estructurales al SENAME. Fueron ocho meses de tramitación en que pudieron establecerse cambios importantes, junto con inyectar más recursos.
Por lo tanto, en esta ocasión, dado que nos hallamos en la discusión general y que en el debate en particular podremos incorporarle mejoras a este proyecto, me voy a abstener.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.-
Señor Presidente, el aumento de la subvención a los organismos colaboradores corresponde a un proyecto de ley contemplado en el programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en orden a mejorar el Servicio Nacional de Menores y su red de colaboradores y a tomar medidas al respecto.
En concreto, se busca un incremento de financiamiento para los organismos que desarrollan la línea de centros residenciales. Por esa razón, a esta iniciativa se la ha denominado "ley corta de subvenciones".
Su principal objetivo es establecer medidas de fiscalización y supervigilancia para los organismos colaboradores, como una forma de garantizar que de verdad esos recursos van a ser utilizados adecuadamente en la atención de niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado.
En seguida, quiero destacar aquellas modificaciones positivas.
Se establece que el Servicio Nacional de Menores debe fiscalizar y supervigilar la administración de los recursos otorgados a modo de subvención a los organismos colaboradores.
Se señala que el SENAME está facultado para impartir instrucciones generales y particulares a dichos organismos, exigiéndoles subsanar las deficiencias que se presenten. En caso de no ser corregidas, tiene la atribución para revocar anticipadamente sus convenios.
Se instaura el principio de transparencia activa, que va a obligar a la comunidad a estar permanentemente vigilante acerca del buen uso de los recursos y del adecuado funcionamiento de los organismos colaboradores.
Cabe tener en consideración que en la Ley de Presupuestos existen recursos para que el SENAME aumente el número de fiscalizadores, quienes realizarán tareas de control y supervigilancia de los organismos colaboradores.
También es preciso señalar que los colaboradores de la red del SENAME se han visto apremiados por el tiempo que este proyecto permaneció en la Cámara de Diputados, y requieren este aumento de subvención, porque con lo que reciben no alcanzan a cubrir ni siquiera la mitad de los gastos que generan. De modo que esta es, efectivamente, una oportunidad para nuestros jóvenes.
Sin embargo, ahora que estamos votando esta iniciativa en general, quiero connotar que el organismo que se encuentra a cargo de todo este proceso es el Servicio Nacional de Menores, sabiendo que es ahí donde se han producido las mayores violaciones y vulneraciones de derechos humanos a niños, niñas y adolescentes, en Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD).
Por lo tanto, deseo hacer mención de la preocupación que existe respecto de este proyecto, que si bien no soluciona el problema de fondo, sí implica una ayuda importante para muchos organismos colaboradores que están a punto de cerrar por falta de recursos. Sobre el particular, debemos considerar que lo más grave de ello, es que esos niños, niñas y adolescentes no tendrán un hogar que los acoja, pues no hay más instituciones que los puedan recibir: es decir, quedarán absolutamente a la deriva, en la calle.
En consecuencia, para dar una solución definitiva en materia de infancia, esperamos con mucha expectación -tengo confianza en que así será- la tramitación de proyectos de ley como el que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez; el que crea el Servicio de Protección de la Niñez; el que establece el Servicio de Reinserción Social Juvenil; el de reforma integral al Sistema de Adopción, y, por supuesto, el de reforma integral al Servicio Nacional de Menores.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, seré muy breve.
"Los niños están primero", dijo el Presidente Sebastián Piñera, y ha actuado en consecuencia, ocupándose de esta materia, generando en un comienzo no solo una mesa de trabajo, sino también diversos proyectos de ley, entre los cuales se encuentra el que ahora estamos votando.
No voy a repetir todo lo que se ha dicho acá. Pero, sí, quiero señalar que la ley en proyecto persigue tres objetivos.
En primer lugar, busca aumentar la subvención, que es muy importante para el financiamiento de los organismos que desarrollan la línea de centros residenciales, que son entidades colaboradoras del Servicio Nacional de Menores.
En segundo lugar -y esto también es muy relevante-, establece normas de fiscalización respecto de estos organismos para que funcionen de mejor manera, en forma más transparente. Además, se incorporan más fiscalizadores (se aumentan en 26). Incluso se dispone la facultad para poner término a los convenios en caso de que no se rinda adecuada cuenta de la inversión de los montos transferidos, o estos no se utilicen para los fines que se asignaron.
También se contemplan principios de transparencia activa con relación a los centros colaboradores, lo cual me parece de la mayor trascendencia.
Señor Presidente, aquí se ha dicho reiteradamente que este proyecto por sí solo no soluciona los problemas que como país, como sociedad y como Gobierno debemos abordar. Pero, ciertamente, es uno más de los que actualmente se hallan en tramitación, vinculados con temas de infancia, que van en el camino correcto.
Entonces, pensando en que toda iniciativa puede ser mejorada en su discusión particular, voy a votar a favor de la idea de legislar.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, deseo recordar que solo estamos votando en general este proyecto, el cual, entre otras cosas, aumenta los recursos para los centros residenciales del Servicio Nacional de Menores.
Recuerdo aquello porque, como se levantan críticas que señalan que a esta iniciativa le falta tramitación, más análisis, más discusión; que se requiere mejorar algunos de sus aspectos, debo connotar que eso es justamente lo que podremos hacer durante el debate en particular. Ahora -reitero- solo estamos votando la idea de legislar.
A mi juicio, este proyecto es necesario, indispensable.
Tenemos la necesidad de incrementar los recursos. También se precisa aumentar las exigencias técnicas para el buen funcionamiento de estos centros residenciales.
Pero la pregunta es: ¿Podemos elevar las exigencias con los actuales recursos?
Yo creo, francamente, que no.
Por eso, considero que este proyecto está logrando un buen equilibrio. Por un lado, aumenta los recursos -además, es un incremento paulatino, porque el primer año es solo de un 25 por ciento y no de un cien por ciento, que es lo que se hará en un mediano plazo-, y, al mismo tiempo, eleva las exigencias técnicas.
Ahora bien, señor Presidente, lo importante -se trata de una preocupación presente en todas las intervenciones- es cómo vamos a fiscalizar mejor que los mayores recursos se destinen precisamente al objetivo de atender bien a los menores; de tratarlos como corresponde; de entregarles todos los servicios, no solo el de alimentación, el de alojamiento, sino también los relacionados con su recuperación emocional, que es tan tan fundamental para que puedan reinsertarse plenamente en la sociedad.
Y para eso necesitamos aumentar la supervisión.
Como se ha mencionado, en la Ley de Presupuestos para el año 2019 se considera un incremento de supervisores técnicos (veinte más) y también de supervisores financieros (otros veinte). ¿Será suficiente? Yo mucho me temo que no.
Por eso, creo que en la discusión en particular deberemos seguir profundizando, conociendo las deficiencias que tienen estos programas de residencia, que cumplen una labor ¡fundamental!, ¡cumplen una labor fundamental!
Señor Presidente, durante muchos meses hemos escuchado una serie de situaciones irregulares en varios establecimientos que atienden a menores. Por supuesto que las rechazamos categóricamente: ¡los niños están para ser queridos, para ser bien atendidos, no para ser abusados!
Pero también es verdad que no podemos ni debemos generalizar. En la inmensa mayoría de los centros residenciales sus funcionarios son personas que reciben bajos sueldos, que se dedican con amor, con cariño a cumplir la tarea. Y convengamos que tienen una tarea muy muy difícil, porque los niños vienen tremendamente afectados por distintas situaciones.
En consecuencia, tengamos cuidado cuando hacemos aseveraciones. En los centros de residencia del SENAME la gran mayoría de sus funcionarios son personas valiosas, completamente entregadas a la rehabilitación de nuestros menores.
Y, por supuesto, el Estado tiene que hacer el esfuerzo de poner mayores recursos donde hay más necesidades. ¡Y qué duda cabe de que en estos centros residenciales es donde existen más necesidades!
Voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (39 votos a favor y una abstención).
Votaron
por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Latorre.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se fijará plazo para presentar indicaciones hasta al 4 de enero.
Acordado.
Estamos llegando al término del Orden del Día.
Pido la unanimidad de la Sala para prorrogarlo y continuar con los demás proyectos.
¿Habría acuerdo?
Me señalan que no hay acuerdo para prorrogar...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Señor Presidente, como aquí se ha señalado en varias oportunidades, han asistido a esta sesión una gran cantidad de dirigentes de los pescadores de distintas zonas. Y encuentro muy lamentable que se haya torpedeado la tramitación de la iniciativa sobre regulación de la pesca de la jibia, porque se nos ha instalado un proyecto tras otro.
Ahora usted menciona que el Gobierno puso con "discusión inmediata" otro proyecto que no estaba concordado para hoy.
Entonces, si no vamos a tener...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Fue acordado en reunión de Comités hoy día.
La señora MUÑOZ.-
Perdón, señor Presidente, pero si ahora no existe acuerdo para prorrogar el Orden del Día, solicito que mañana se analice en el primer lugar de la tabla el proyecto sobre la pesca de la jibia y que no vengan con otras urgencias sobre tabla, como ocurrió hoy. Porque ello lo considero una falta de respeto para dirigentes que han venido de todo el país porque sabían que hoy se vería el proyecto...
--(Aplausos en tribunas).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Señora Senadora,...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
... ya se adoptó un acuerdo en el sentido de tratar el proyecto sobre el Consejo Fiscal Autónomo, que tiene urgencia de "discusión inmediata", en el primer lugar de la tabla de mañana.
Lo que menos podemos hacer acá es engañar con relación a una votación tremendamente relevante, como la del proyecto sobre la jibia. Por eso, siempre hemos pedido respeto, sobre todo para las mujeres y hombres que se dedican a esta noble actividad.
No se ha otorgado el acuerdo para prorrogar el Orden del Día y votarlo hoy día. Lo lamentamos. Pero, con toda seguridad, mañana se votará.
Por haberse cumplido su objetivo, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Salud, para que, por su intermedio, solicite a la Subsecretaría de Redes Asistenciales investigar y pronunciarse a la brevedad sobre SITUACIONES OCURRIDAS AL INTERIOR DEL HOSPITAL DE COMUNA DE PUERTO NATALES "DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS".
Del señor DE URRESTI:
A los señores Ministros de Desarrollo Social, de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, Director Nacional (S) de la CONADI y Presidente del Consejo Regional de Los Ríos, a fin de que remitan antecedentes acerca de POSIBLE TÉRMINO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y CASETAS SANITARIAS PARA SECTOR DE ISLA HUAPI (COMUNA DE FUTRONO).
A la señora Ministra Secretaria General de Gobierno, con el propósito de que informe respecto de TALLERES DE CORPORACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE LEÑA Y OTROS PRODUCTOS DE BOSQUE NATIVO, CON SEDE EN VALDIVIA, TRAS ADJUDICACIÓN DE 10 MILLONES DE PESOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO (FFOIP).
A los señores Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Director Nacional de Gendarmería (S), para que remitan antecedentes acerca de ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE COMUNA DE RÍO BUENO.
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director Nacional de Obras Hidráulicas, solicitándoles antecedentes sobre posibilidad de CONOCIMIENTO EN TERRENO POR DOH DE TRABAJO DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PITREÑO (COMUNA DE LAGO RANCO), PARA EVALUACIÓN DE SU INCORPORACIÓN A PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL DE ESA UNIDAD, Y DETRABAJO DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CRUCERO (COMUNA DE RÍO BUENO), PARA EVALUACIÓN DE SU INCORPORACIÓN EN CARTERA DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE SERVICIOS DE APR.
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director Nacional de Vialidad, pidiéndoles información acerca de POSIBILIDAD DE REPARACIÓN DE RUTA T-395, ENTRE CIUDAD DE PANGUIPULLI Y SECTOR BALNEARIO CHAUQUÉN, y de ESTADO DE CAMINO IDENTIFICADO COMO "MELOSA", ENTRE SECTOR DE COMUNIDAD INDÍGENA MAIHUE Y PUENTE UBICADO EN COMUNA DE FUTRONO.
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director Nacional de Vialidad, requiriéndoles información sobre POSIBILIDAD DEINCORPORACIÓN DE CAMINO SANTA CLARA (COMUNA DE LOS LAGOS) EN PROGRAMA DE MANTENCIÓN PERMANENTE DE RUTAS; ESTADO ACTUAL DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PURULÓN-HUEIMA (COMUNA DE LANCO), EN ATENCIÓN A QUIEBRA DE EMPRESA A CARGO DE SU REALIZACIÓN; FACTIBILIDAD DE LLEVAR A CABO PAVIMENTACIÓN RESTANTE DE CAMINO ENTRE SECTOR LONCOPÁN (COMUNA DE FUTRONO) Y SECTOR LAS QUINIELAS; PROYECTO DE REPOSICIÓN DE PUENTE DE MADERA CERRO LA MARINA (COMUNA DE MARIQUINA), INDICANDO MONTO DE INVERSIÓN, CRONOGRAMA DE OBRAS Y MEDIDAS QUE GARANTICEN TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL MIENTRAS DUREN LAS REPARACIONES.
Al señor Ministro de Agricultura, a la señora Ministra de Energía y a los señores Director Nacional del INDAP y Director Ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, solicitándoles antecedentes acerca de PRIMER PROYECTO FOTOVOLTAICO INYECTADO A LA RED, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA, QUE BENEFICIA A PRODUCTORES DE BERRIES DE PROVINCIA DEL RANCO.
A los señores Ministro de Bienes Nacionales y Comandante en Jefe de la Armada, consultándoles por ACCIONES Y RESULTADOS DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ACCESO LIBRE A PLAYAS DE PROVINCIA DEL RANCO.
A los señores Ministro de Bienes Nacionales y Alcalde de Corral, para que informen por ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS DE SECTOR HUAPE, COMUNA DE CORRAL, PARA MODIFICAR CLÁUSULA QUE PROHÍBE ENTREGA DE TERRENO EN COMODATO.
Y a la señora Ministra del Medio Ambiente y al señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, requiriéndoles antecedentes relativos a OTROS PROYECTOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN CURSO DE RÍO SAN PEDRO, ESPECIALMENTE EN SECTORES DE MALIHUE, QUINCHILCA Y PUREY.
Del señor GARCÍA:
Al señor Jefe de la IX Zona Araucanía de Carabineros, solicitándole NUEVO CARRO POLICIAL PARA COMUNIDAD DE PUERTO SAAVEDRA.
Del señor GUILLIER:
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, pidiéndole hacer llegar ANTECEDENTES SOBRE POSTULACIÓN DE COOPERATIVA CERRADA DE VIVIENDA "CONSTRUYAMOS JUNTOS", DE ANTOFAGASTA, A INMUEBLE FISCAL PARA FINES SOCIALES O DE DESARROLLO.
Del señor QUINTEROS:
Al señor Ministro de Salud, haciéndole ver NECESIDADES DE HOSPITALES DE CHAITÉN, FUTALEUFÚ Y PALENA.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, requiriéndole MAYORFRECUENCIA DE VUELOS HACIA COMUNAS DE FUTALEUFÚ Y PALENA.
Y al señor Director Nacional de Aduanas, a fin de exponerle respecto de PRECARIA SITUACIÓN DE INSTALACIONES ADUANERAS EN PASOS FRONTERIZOS DE FUTALEUFÚ Y PALENA.
Del señor SANDOVAL:
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, pidiéndole informar sobre ESTADO ACTUAL DE CONCESIONES DE TERRENOS ENTREGADOS DE 2010 A LA FECHA EN REGIÓN DE AISÉN, CON INDICACIÓN DE RUT DE DESTINATARIOS FINALES.
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El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó la sesión a las 19:21.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante