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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 366ª
Sesión 88ª, en martes 15 de enero de 2019
Ordinaria
(De 16:23 a 19:25)
PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor Alberto Espina Otero; Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Medio Ambiente, señora María Carolina Schmidt Zaldívar.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios de Defensa, señor Cristián de la Maza Riquelme; para las Fuerzas Armadas, señor Juan Francisco Galli Basili, y General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 84ª, ordinaria, en 8 de enero de 2019; 85ª y 86ª, especiales, y 87ª, ordinaria, en 9 de enero de 2018, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor MONTES (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Nueve de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los cinco primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:

1.- El que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio (boletín Nº 9.303-11).

2.- El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines Nos 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).

3.- El que modifica la ley Nº 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), y su régimen de subvención, y el decreto ley Nº 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica (boletín Nº 11.657-07).

4.- El que crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica (boletín Nº 11.951-31).

5.- El que sanciona a quienes impidan el acceso a playas de mar, ríos y lagos (boletín Nº 12.333-20).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- La que modifica la ley Nº 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y otros textos legales que indica (boletín Nº 8.466-07).

2.- La que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica (boletín Nº 11.621-04).
Con el penúltimo hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres (boletín Nº 11.970-34).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica (boletín Nº 9.014-03).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto que modifica el artículo 3º del decreto ley Nº 3.059, de 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjera en los casos que señala (boletín Nº 9.656-15) (con urgencia calificada de "suma").
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el segundo comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de ley que modifica el Código Penal con el propósito de sancionar la difusión no autorizada de material o imágenes con contenido o connotación sexual (boletines Nos 11.923-25 y 12.164-07, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite sentencia de control de constitucionalidad del proyecto de ley que otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica (boletín Nº 11.570-06).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.
Adjunta sentencias dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
-Artículo 28, numerales 2 y 30, del decreto ley Nº 3.538, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros.
-Artículo 1º, inciso segundo, de la ley Nº 18.216.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
-Artículo 277 del Código Procesal Penal.
-Artículos 464, 472, 473, 481, 482, 497, 500 y 501 del Código de Procedimiento Penal.
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda archivar los documentos.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1º, inciso segundo, de la ley Nº 18.216.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
-Artículos 195, incisos segundo, tercero y final; 197, inciso final, parte final, en relación con el artículo 196 bis, reglas 2 y 5, y 196 ter, todos de la ley Nº 18.290.
-Artículo 205 del Código de Procedimiento Penal.
Adjunta resolución recaída en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Diputados respecto de la Glosa 13, asociada a la Asignación 036, Ítem 03, Subtítulo 33, Programa 29, Capítulo 01, Partida 09, del Ministerio de Educación; de la Glosa 19, asociada a la Asignación 036, Ítem 03, Subtítulo 33, Programa 30, Capítulo 01, Partida 09, del Ministerio de Educación; y de la Glosa 02, asociada al Subtítulo 22, Programa 01, Capítulo 31, Partida 05, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2019 (boletín Nº 12.130-05).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
A solicitud del Senador señor Pugh, informa sobre medidas adoptadas por la Cancillería tras la realización del Seminario Internacional sobre Migraciones del Pacífico y Navegaciones Ancestrales, realizado en noviembre del año 2018 en Isla de Pascua.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero da respuesta a una consulta del Senador señor De Urresti sobre el estado de avance de la restauración del fuerte San Luis de Alba de Cruces, comuna de Mariquina.
Con el segundo informa la petición del Senador señor Lagos sobre las iniciativas cursadas para un tren rápido Santiago-Valparaíso.
Con el tercero responde inquietud del Senador señor García sobre el estado del proyecto de alcantarillado en la localidad de Nehuentúe, comuna de Carahue.
Diez del señor Ministro de Salud:
Con el primero atiende preocupación del Senador señor Girardi sobre la regulación de productos de tabaco calentado, sistemas electrónicos de administración de nicotina y productos para pipas de agua.
Con el segundo responde inquietud del Senador señor Latorre respecto de la capacidad de los centros de salud que atienden a las comunas de Quintero y Puchuncaví; la proyección de mejoramiento de esos centros, y las medidas que ese Ministerio implementará para detectar enfermedades en esas comunas y sus tratamientos.
Con el tercero adjunta, a solicitud del Senador señor Kast, información respecto a las listas de espera quirúrgicas en el Servicio de Salud Araucanía Sur, y la posibilidad de disminuirlas por la vía de incorporarlas al plan Impulso Araucanía.
Con el cuarto da respuesta a consulta del Senador señor De Urresti sobre la situación del vertedero privado de lodos orgánicos ubicado en el sector de Cachillahue, de Río Bueno.
Con el quinto atiende consulta del Senador señor Latorre sobre la implementación del programa de educación sanitaria ambiental dirigido a los profesionales de la salud de Concón, Quintero y Puchuncaví, destinado a identificar síntomas de intoxicación e impetrar medidas para enfrentar episodios de contaminación.
Con el sexto, a solicitud del Senador señor Chahuán, detalla las acciones de entidades públicas emprendidas para enfrentar la situación medioambiental de Quintero y Puchuncaví.
Con el séptimo responde una consulta del Senador señor Navarro sobre los siniestros ocurridos en el Centro de Medicina Mapuche Parque Ruka Lawen, ubicado en los terrenos del Hospital de Peñablanca.
Con el octavo remite información, requerida por la Senadora señora Provoste, sobre las condiciones sanitarias de los barrios de emergencia de la Región de Atacama.
Con el noveno adjunta antecedentes sobre vertederos y rellenos sanitarios ubicados en las Regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, solicitados por el Senador señor De Urresti.
Con el décimo informa sobre los puntos de extracción, metodología empleada y resultados obtenidos de la toma de muestras de agua realizadas en el mes de julio del año 2018, en el estero Coihuico, por el Servicio de Salud de Los Ángeles, antecedentes solicitados por el Senador señor Navarro.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:
Absuelve consulta del Senador señor De Urresti sobre la disponibilidad de terrenos fiscales para emplazar un cuartel para la Quinta Compañía de Bomberos de Nueva Esperanza, del sector Crucero.
Del señor Ministro de Agricultura:
Remite antecedentes sobre fiscalización de predios que indica, ubicados en la Región de Los Ríos, en los cuales se infringió la normativa forestal sobre manejo de bosque nativo, información solicitada por el Senador señor De Urresti.
Dos del señor Ministro de Bienes Nacionales:
Con el primero absuelve consulta del Senador señor De Urresti acerca de la disponibilidad de terrenos fiscales para emplazar un cuartel para la Quinta Compañía de Bomberos de Nueva Esperanza, del sector Crucero.
Con el segundo da respuesta a una inquietud del mismo señor Senador respecto del estado de la solicitud de la Junta de Vecinos Carlos Anwandter, de Valdivia, para acceder al inmueble fiscal que indica.
Dos de la señora Ministra del Medio Ambiente:
Con el primero responde al Senador señor De Urresti con relación a los motivos por los cuales nuestro país no firmó el Acuerdo de Escazú.
Con el segundo remite antecedentes solicitados por la Senadora señora Órdenes sobre la creación e integración de la Red de Parques de la Patagonia.
De la señora Seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Ríos:
Atiende consulta del Senador señor De Urresti respecto al avance del proceso de saneamiento del terreno ubicado en Las Tórtoras Nº 707, Población Menzel, sector CORVI, de la comuna de Valdivia.
Dos del señor Superintendente de Servicios Sanitarios:
Con el primero adjunta datos solicitados por la Senadora señora Allende relativos a permisos y normativa aplicable a los tubos emisarios ubicados cerca del estero San Jerónimo y del mirador Tunquén, en las playas de Algarrobo.
Con el segundo remite antecedentes pedidos por la Senadora señora Órdenes acerca del contexto del próximo proceso de fijación de tarifas sanitarias en la Región de Aisén.
Del señor Superintendente del Medio Ambiente (s):
Informa sobre procesos de fiscalización en materia de vertimiento de riles en el lecho de la comuna de Calera, y sus resultados, antecedente requerido por la Senadora señora Allende.
Del señor Director del Fondo Nacional de Salud:
Responde a inquietud del Senador señor Navarro con relación al gasto del Fondo Nacional de Salud como consecuencia del rechazo de la aplicación de los beneficios que la ley Nº 16.744 extiende a los trabajadores.
Del señor Alcalde de la Municipalidad de Corral:
Comunica el estado de tramitación de la solicitud de la Junta de Vecinos del sector Huape, de la comuna de Corral, relativo al cambio de la cláusula que impide la entrega en comodato del terreno de esa organización vecinal a la municipalidad, información requerida por el Senador señor De Urresti.
Del señor Tesorero Regional de Arica y Parinacota:
A solicitud del Senador señor Insulza, indica la cantidad de contribuyentes bonificados para la contratación de mano de obra según la ley Nº 19.853 en la Región de Arica y Parinacota, los rubros económicos a los que pertenecen y el monto al que ascendió el beneficio.
Del señor Jefe de la Oficina Regional Valparaíso de la Superintendencia de Servicios Sanitarios:
Responde consulta de la Senadora señora Allende acerca del servicio que presta la planta de tratamiento de aguas servidas de Olmué.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile:
A solicitud del Senador señor García, informa sobre la adquisición de una nueva patrulla para la Tenencia de Carabineros de Puerto Saavedra.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, para revocar la nacionalidad chilena, por gracia, otorgada a don Riccardo Ezzati Andrello (boletín Nº 11.763-17).
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que concede, en forma póstuma y por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Douglas Tompkins (boletín Nº 12.158-17).
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sanciona a quienes impidan el acceso a playas de mar, ríos y lagos (boletín Nº 12.333-20) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que interpreta el Código del Trabajo en relación con el ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral (boletines Nos 12.322-13, 12.327-13 y 9.476-13, refundidos).
Nuevo informe complementario del segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.451, con el objeto de incentivar la donación de órganos (boletines Nos 11.849-11, 11.872-06 y 11.893-11, refundidos) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para tabla.
Moción
Del Senador señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de ley que faculta a las policías para solicitar las listas de pasajeros a las empresas de transporte y modifica el artículo 90 del Código Aeronáutico (boletín Nº 12.378-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores
señor Letelier, señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Rincón y Von Baer, y señores Allamand, Araya, Chahuán, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Quinteros y Sandoval, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, realice las gestiones políticas, diplomáticas y judiciales necesarias para dar auxilio al señor Carlos Cardoen Cornejo ante INTERPOL por la mantención ilegal de la Alerta Roja, y plantee ante ese organismo su preocupación por la falta de adecuación de sus prácticas institucionales a los estándares internacionales de derechos humanos (boletín Nº S 2.042-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señor Araya y señora Órdenes, que grava con impuesto específico la actividad de las plantas desalinizadoras de agua de mar para uso industrial.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de ley que debe tener origen en la Cámara de Diputados y que es de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo disponen los incisos segundo y cuarto, número 1º, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Solicitud de archivo
De la Comisión de Obras Públicas, con la que propone, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 bis del Reglamento de la Corporación, previa consulta a la Cámara de Diputados, proceder al archivo del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.525, que regula los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias (boletín Nº 3.264-09).
--Se accede a lo solicitado y se manda recabar el acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados.
Solicitud de desarchivo
Del Senador señor Chahuán, con la que solicita el desarchivo del proyecto de ley que tipifica el delito de sicariato (boletín Nº 6.977-07).
--Se accede a lo solicitado, volviendo la iniciativa al estado en que se encontraba al momento de archivarse, de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 36 bis del Reglamento del Senado.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento han llegado a la Mesa dos oficios de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que exige que en el decreto promulgatorio de la ley conste el nombre de los autores del proyecto cuando se trate de una moción parlamentaria (boletín Nº 11.441-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.
Con el segundo informa que ha aprobado el proyecto de ley que renueva el mecanismo transitorio de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para empresas de transporte de carga (boletín Nº 12.363-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
El señor MONTES (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar a conocer los acuerdos de Comités.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos

1.- Tratar como si fuera de Fácil Despacho en la sesión ordinaria de hoy el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.451, con el objeto de incentivar la donación de órganos (boletines Nos 11.849-11, 11.872-11 y 11.893-11, refundidos), que tiene urgencia calificada de "discusión inmediata".

2.- Tratar en Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 16, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece sanciones a quienes impidan el acceso a playas de mar, ríos y lagos (boletín Nº 12.333-20), también con urgencia calificada de "discusión inmediata".

3.- Autorizar a la Comisión de Hacienda para sesionar hoy simultáneamente con la Sala, a fin de abocarse al estudio del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que renueva el mecanismo transitorio de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para empresas de transporte de carga (boletín Nº 12.363-05), e incluir dicha iniciativa en el Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 16, siempre que estuviere informada por la mencionada Comisión.

4.- Tratar en el Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana miércoles el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que interpreta el Código del Trabajo en relación con el ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral (boletines Nos 12.322-13, 12.327-13 y 9.476-13, refundidos).

5.- Disponer que el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica (boletín Nº 11.951-31), que tiene urgencia calificada de "discusión inmediata", sea conocido por la Comisión de Hacienda una vez emitido el primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

6.- Citar a sesión extraordinaria el miércoles 23 del presente, de 11 a 13:30 horas, para tratar asuntos de tabla.

7.- Fijar el siguiente calendario de semanas regionales para el año 2019 y enero de 2020:
Marzo: desde el lunes 25 hasta el viernes 29.
Abril: desde el lunes 29 hasta el viernes 3 de mayo.
Mayo: desde el lunes 27 hasta el viernes 31.
Junio: desde el lunes 24 hasta el viernes 28.
Julio: desde el lunes 29 hasta el viernes 2 de agosto.
Agosto: desde el lunes 26 hasta el viernes 30.
Septiembre: desde el lunes 16 hasta el viernes 20.
Octubre: desde el lunes 28 hasta el viernes 1 de noviembre.
Noviembre: se pospone para la semana comprendida desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de diciembre.
Diciembre: desde el lunes 23 hasta el viernes 27.
Enero 2020: desde el lunes 27 hasta el viernes 31.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Gracias, señor Secretario.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya, sobre la Cuenta.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, se declaró inadmisible una moción que presenté junto con la Senadora Ximena Órdenes, que buscaba gravar con impuesto específico la actividad de las plantas desalinizadoras de agua de mar para uso industrial.
Ante ello, quiero pedir, por su intermedio, que se oficie al Ejecutivo a fin de que tenga a bien estudiar la posibilidad de gravar la actividad de la desalación, sobre todo considerando que hoy constituye una modalidad muy usada por la gran industria minera, la cual sabemos que actualmente está ocasionando algunos problemas en el uso del borde costero en distintas regiones del país.
Por eso creemos que llegó el minuto de contar con un estatuto sobre la desalación.
A partir de lo anterior, queremos que el Gobierno se abra al debate correspondiente.

El señor MONTES (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por el señor Senador.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, pido que se establezca un nuevo plazo para presentar indicaciones -basta con media hora- para la iniciativa de ley miscelánea sobre educación (boletín Nº 11.621-04), que en este minuto se encuentra en la Comisión de Hacienda, a efectos de que el Ejecutivo pueda formular una indicación que fue discutida hoy en la mañana en el mencionado órgano.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo?

El señor LETELIER.- Mejor hasta las 18 horas.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Le parece, señora Senadora, ampliar dicho plazo hasta las 18?

La señora VON BAER.- Muy bien.
--Así se acuerda.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.



MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO PARA EXIMICIÓN DE NORMAS TÉCNICAS A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DE CUERPOS DE BOMBEROS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, en sesión de 17 de octubre de 2018 se aprobó en general el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para eximir a los vehículos de los Cuerpos de Bomberos y otros vehículos de emergencia del cumplimiento de las condiciones técnicas que indica, iniciativa respecto de la cual no se han presentado indicaciones en el plazo fijado al efecto, por lo que correspondería aprobarla también en particular, a menos que se solicite un nuevo plazo para formular indicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.787-22) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 53ª, en 25 de septiembre de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 57ª, en 9 de octubre de 2018.
Discusión:
Sesión 61ª, en 17 de octubre de 2018 (se aprueba en general).

El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la iniciativa en particular.
--El proyecto queda aprobado en particular, reglamentariamente, y despachado en este trámite.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, quería preguntar si se va a ver ahora el proyecto que incentiva la donación de órganos.

El señor MONTES (Presidente).- Inmediatamente. Así se especificó en los acuerdos de Comités que leyó el señor Secretario.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, solo deseo solicitar el acuerdo de la Sala para trasladar desde la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hacia la Comisión Especial del Adulto Mayor los siguientes proyectos de ley:
Primero, el que modifica el Código Penal para sancionar el abandono de adultos mayores, y
Segundo, el que enmienda el artículo 1182 del Código Civil para declarar incapaz de suceder al difunto a quien ejerce violencia contra el adulto mayor.
Y solicito lo mismo para la iniciativa que está en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización que certifica la calidad de los centros de larga estadía de adultos mayores para su funcionamiento.
Hago presente que, en lo sucesivo, hay que hablar de "personas mayores", ya no más de "adultos mayores".

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para trasladar los proyectos especificados desde las instancias mencionadas a la Comisión Especial del Adulto Mayor?
--Así se acuerda.
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El señor MONTES (Presidente).- Se encuentran en las tribunas don Alejandro Quezada y la señora María Angélica Stodart, quienes representan a la asociación Chilean Adoptees Worldwide, que reúne a personas que fueron forzadamente llevadas al exterior y adoptadas de modo irregular, condiciones que están recién enfrentando.
¡Bienvenidos al Congreso Nacional!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor MONTES (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para el ingreso del Subsecretario de la SEGPRES, don Claudio Alvarado; el Subsecretario de para las Fuerzas Armadas, don Juan Francisco Galli, y el Subsecretario de Defensa, don Cristián de la Maza.
--Se autoriza.
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El señor MONTES (Presidente).- Antes de entrar al Orden del Día, hago presente que hay once proyectos de acuerdo para el Tiempo de Votaciones.
¿Les parece que votemos dos de ellos ahora?
Acordado.



INSTALACIÓN DE CENTROS DE MEMORIA EN TODO EL PAÍS PARA IMPLEMENTACIÓN COMPLETA DE PLAN NACIONAL DE ALZHEIMER Y DEMENCIA. PROYECTO DE ACUERDO

El señor MONTES (Presidente).- Entonces, corresponde ocuparse del primer proyecto de acuerdo, que se refiere al Plan Nacional de Alzheimer y Demencia.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.017-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 56ª, en 3 de octubre de 2018.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El proyecto fue presentado por los Senadores señor Sandoval, señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Van Rysselberghe y Von Baer y señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Huenchumilla, Kast, Latorre, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens,
Pugh, Quintana y Quinteros.
El propósito de la iniciativa es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva promover, desde el Ministerio de Salud y demás órganos competentes, la completa implementación del Plan Nacional de Alzheimer y Demencia, a través de la instalación de centros de la memoria en todo el país que constituyan una respuesta efectiva y multidisciplinaria a los desafíos y requerimientos de la ciudadanía en materia de control y tratamiento del mal de Alzheimer y otras demencias.

El señor MONTES (Presidente).- En votación.
¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
--Se aprueba el proyecto de acuerdo.


CREACIÓN DE MINISTERIO DEL ADULTO MAYOR. PROYECTO DE ACUERDO

El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Navarro, señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes y Rincón y señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, García-Huidobro, Girardi, Huenchumilla, Moreira, Ossandón, Quinteros, Sandoval y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.019-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 60ª, en 16 de octubre de 2018.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, disponga la creación del Ministerio del Adulto Mayor.

El señor MONTES (Presidente).- En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (20 votos a favor y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz y Provoste y los señores Bianchi, Castro, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Kast, Letelier, Montes, Ossandón, Prohens, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvieron los señores Insulza, Latorre y Pizarro.
El señor MONTES (Presidente).- Además, se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Harboe, Elizalde y Chahuán.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, dado el cambio en el procedimiento relativo a los proyectos de acuerdo, que estamos obligados a presentar con más de la mitad de los Senadores, la pregunta es por qué no se tratan ahora los otros que también han cumplido dicha formalidad, aprovechando que tenemos el quorum para despacharlos.

El señor MONTES (Presidente).- Señor Senador, es facultad de la Mesa poner en tabla, en el momento que estime prudente, los distintos proyectos de acuerdo. Por esa razón se han ido colocando al ritmo que corresponde.
Vamos a votar los restantes el día de mañana y a lo mejor, en un rato, algunos otros más.

El señor LETELIER.- Gracias por la aclaración, señor Presidente.
V. ORDEN DEL DÍA



INCENTIVOS PARA DONACIÓN DE ÓRGANOS


El señor MONTES (Presidente).- Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde tratar en el primer lugar del Orden del Día el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.451 con el objeto de incentivar la donación de órganos, con segundo informe complementario de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (11.849-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Girardi, señora Aravena, señores Kast y Quintana):
En primer trámite: sesión 28ª, en 3 de julio de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (11.872-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República):
En primer trámite: sesión 31ª, en 10 de julio de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (11.893-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Chahuán y señora Goic):
En primer trámite: sesión 31ª, en 10 de julio de 2018 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Salud: sesión 40ª, en 14 de agosto de 2018.
Salud (segundo): sesión 65ª, en 7 de noviembre de 2018.
Hacienda: sesión 65ª, en 7 de noviembre de 2018.
Salud y Hacienda, unidas (nuevo segundo informe): sesión 78ª, en 18 de diciembre de 2018.
Salud y Hacienda, unidas (nuevo informe complementario del segundo informe): sesión 88ª, en 15 de enero de 2019.
Discusión:
Sesiones 40ª, en 14 de agosto de 2018 (se aprueba en general); 66ª, en 13 de noviembre de 2018 (la iniciativa vuelve a las Comisiones de Salud y Hacienda, unidas, para elaborar un nuevo segundo informe sobre los artículos transitorios); 83ª, en 2 de enero de 2019 (la iniciativa vuelve a las Comisiones de Salud y Hacienda, unidas, para elaborar un informe complementario).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que la iniciativa en discusión fue aprobada en general por el Senado en su sesión de 14 de agosto de 2018, y fue discutida y aprobada en particular en su sesión de fecha 13 de noviembre de 2018, salvo en lo relativo a sus artículos transitorios, respecto de los cuales la Sala acordó que debían ser informados por las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, en los términos en que fueran aprobados por la Comisión de Hacienda, trámite que aquellas evacuaron el día 12 de diciembre del mismo año.
Posteriormente, el 2 de enero de 2019, la Sala acordó enviar los boletines refundidos a un informe complementario de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, otorgándoles plazo hasta el 15 de enero.
Las Comisiones unidas introdujeron enmiendas, por mayoría, en el número 2 del artículo único, y por unanimidad en el artículo primero transitorio, respecto del texto que habían propuesto en su nuevo segundo informe.
Las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna Senadora o algún Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de las Comisiones o existieren indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en que se transcriben las modificaciones introducidas por las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, y el texto como quedaría al aprobarlas.

El señor MONTES (Presidente).- El acuerdo es tratar el proyecto como si fuera de Fácil Despacho. Por lo tanto, debería hablar un señor Senador por una posición y otro por la posición contraria.
En discusión particular el proyecto.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, en las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, se construyó un acuerdo unánime para despejar las dudas que habían surgido en torno al proyecto.
Les recuerdo que el objetivo de la iniciativa es abordar el Registro Nacional de No Donantes que existe, el cual agrupa a alrededor de 3 millones 950 mil personas y que está validado y en manos del Registro Civil. La idea es, bajo el criterio de que todos somos donantes universales, permitir u obligar a las personas que integran el referido registro a que ratifiquen si seguirán siendo no donantes.
Dado que el anterior texto presentado generó controversia, las Comisiones unidas determinaron un mejor procedimiento para resolver el punto. En definitiva, se acordó que el Ministerio de Salud enviará, vía cartas, comunicaciones a todos los inscritos en el Registro Nacional de No Donantes para plantearles que tienen la posibilidad, dentro del plazo de dos años, de ratificar su condición, ya sea ante el Registro Civil o en una notaría.
La propuesta que nos permitió llegar al acuerdo fue de autoría del Senador José García, quien propuso un mecanismo para que todas las personas que figuren en el registro estén debidamente informadas, que era la mayor inquietud que tenían algunos señores Senadores que pidieron otro informe.
Adicionalmente a ese acuerdo global, donde habrá un plazo de dos años para que los inscritos en el registro ratifiquen su condición de no donantes a través del Registro Civil o de una notaría, previo envío de una carta certificada, se abordó una segunda materia planteada por el doctor Santelices, Ministro de Salud, relacionada con la forma de garantizar el respeto a la voluntad de las personas, sean donantes o no, en aquellos casos en que no haya duda.
Y lo que se explicitó es que los médicos deben respetar la voluntad de la persona, esté en el Registro de Donantes o en el de No Donantes, y que nadie puede modificar su voluntad. Solo en aquellos casos donde existan dudas razonables, producto de la presentación de documentos contradictorios, se llevará a cabo un proceso de consulta a los familiares. Cuando no se plantee una duda razonable, se respetará lo ya decidido por cada uno de los ciudadanos, independiente de que estén en una categoría u otra, de forma tal que los médicos sepan cómo proceder en cada caso.
Todo lo anterior responde a un acuerdo unánime al que llegaron los integrantes de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma, quien se abstuvo en una de las votaciones realizadas en dichos organismos.

El señor COLOMA.- Así es, señor Presidente.
En primer lugar, quiero decir que, aunque se ha resuelto tratar este proyecto como si fuera de Fácil Despacho, la verdad es que él ha sido una iniciativa de trámite complejo. Así que ello podría generar alguna duda, dado que aquí ya estamos en la parte final.
Con todo, me gustaría explicar la fórmula que permitió llegar a un acuerdo, pues varios manifestamos, con toda razón, muchas inquietudes con respecto al texto original.
Aquí se ha legislado de varias formas en materia de donación de órganos. Se han dictado al menos tres leyes, la penúltima de las cuales permitió, hasta el año 2013, que las personas manifestaran su voluntad de ser donantes o no donantes al momento de renovar su cédula de identidad o su licencia de conductor. Contra todos los pronósticos, la relación numérica fue de más o menos la mitad: cerca de 4 millones manifestaron su deseo de no ser donantes.
Ello generó una gran duda respecto de cómo se había generado dicha situación y el Registro Civil fue a las Comisiones a asegurar la transparencia de dicha instancia. Luego de eso se cambió la ley y se aprobó, por acuerdo del Parlamento, la idea del donante universal, en virtud de la cual todos pasaban a ser donantes, con una excepción obvia: quienes ya habían manifestado en su momento una voluntad contraria.
Lo que hacía originalmente este proyecto, entonces, era establecer un plazo de seis meses para que estas últimas personas concurrieran a una notaría a ratificar su deseo de no ser donantes. Honestamente, a mí me parecía que esta medida no defendía la autonomía de la voluntad y el derecho de las personas a disponer con libertad de sus propios cuerpos, por importante que resultara incentivar la donación de órganos.
Esto pasó por varias etapas, en la penúltima de las cuales se aprobó, también por unanimidad -es un tema complejo-, una fórmula que significaba establecer un plazo de cuatro años para que, cuando las personas tuvieran que renovar su carné de identidad o su licencia de conductor, se les volviera a preguntar, especialmente a las declaradas no donantes, en términos de generar un nuevo espacio.
Pues bien, esta proposición, acordada, como digo, por unanimidad, fue traída a la Sala, en la que motivó un gran debate que hizo que la iniciativa volviera a las Comisiones unidas, donde, finalmente, se planteó, dadas las circunstancias y aunque a mí me gustaba más otra fórmula, un sistema distinto, que me parece razonable, en términos de que las personas que se hayan declarado como no donantes deberán ser notificadas por el Ministerio de Salud para que ratifiquen su voluntad. Esto es bien importante. Y el Registro Civil señaló que mantiene los datos de estos ciudadanos, sea por la vía de su domicilio o de su correo electrónico, los cuales tendrán que ser notificados para que, en un plazo de dos años, en una notaría, en el Registro Civil o al momento de renovar su cédula de identidad, manifiesten su voluntad de permanecer en el Registro de No Donantes o de cambiar su decisión. Ahora, si transcurren dos años sin que hayan cumplido este trámite y habiendo sido notificadas, se entiende que estas personas pasan a formar parte de la regla general.
Probablemente, no es la fórmula ideal, pero, dada la necesidad de buscar acuerdos y de establecer un sistema razonable, se respeta un principio básico frente al cual varios planteamos nuestras dudas -estoy mirando a algunos- en cuanto a por qué, si alguien había expresado su voluntad en determinado sentido, se debía presumir una voluntad diferente.
En consecuencia, la fórmula consiste en que tales personas serán notificadas por el Ministerio de Salud. E insisto: el Registro Civil sostuvo que contaba con los datos y las condiciones para poder notificarlas, toda vez que esa fue otra duda que se manifestó. En definitiva, se establece esa obligación para el Ministerio de Salud, luego de lo cual se genera la opción de que la persona manifieste una voluntad favorable o contraria a la donación de sus órganos.
Ese es el acuerdo al que arribamos, el cual me parece bien.
Respecto de la parte en que yo me abstuve, no pido repetir toda la discusión, sino solamente dejar constancia de mi posición en cuanto a que lo acordado no soluciona un problema de origen, que es muy importante: qué pasa cuando una persona se ha declarado donante y después su familia dice que no lo es o se niega a donar sus órganos.
Es un tema bien complejo, porque para donar un órgano la persona debe estar con algún grado de latidos en el corazón y con muerte cerebral, es decir, tener dos "encefalogramas planos", como se los denomina. Es una situación -tenemos que entenderlo- compleja, porque entra a tallar lo que la persona pudo haber planteado y la sensación de la familia en cuanto a que aún se pueden hacer más esfuerzos. Ahí es cuando se produce la discusión.
A mí me parece que ese es un tema abierto, que no quedó bien resuelto. Y por eso me abstuve; no porque sea contrario a la idea, sino porque creo que el texto aprobado puede llegar a ser, al final, más motivo de confusión que de solución.
En todo caso, quería esclarecer y explicar, dado que hubo un largo debate, que duró varias sesiones, cuál fue el sentido del acuerdo al que llegaron las Comisiones unidas.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías abrir la votación, dado que también se ha inscrito para intervenir la Senadora Carolina Goic?
Acordado.
En votación particular el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor MONTES (Presidente).- Habíamos quedado en que intervendrían solo dos oradores.

La señora GOIC.- Sí, señor Presidente, solo quiero señalar -el Senador Coloma ya se refirió a ello- que este es un mucho mejor texto que los anteriores y que el valor que le incorporamos dice relación con el respeto a la voluntad de las personas en cuanto a ser donantes o no donantes.
Me parece que ese es el aporte adicional que se hizo en las Comisiones.
No señalaré nada más.
El señor MONTES (Presidente).- Gracias, señora Senadora.

El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor MONTES (Presidente).- Señor Senador, habíamos quedado en que solo intervendrían dos oradores, pero veo que usted viene llegando.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me gustaría saber si la voluntad de un donante puede ser cambiada por sus familiares.

El señor LETELIER.- ¡No!

El señor COLOMA.- No.

El señor NAVARRO.- Porque el problema de fondo es ese.
Si algunos abogan por el individualismo y por que se respete la libertad de una decisión adoptada por una persona en vida, en forma consciente y estando en sus cabales, la voluntad de un donante no puede ser cambiada por su familia.
Si eso es así, mi voto será favorable, pues pienso que el principal motivo de la disminución de donantes obedece a que las familias no aceptan, de buena fe, por el cariño profundo y el amor que le tienen a su pariente, la voluntad que este ha expresado y se la cambian.
Si eso ha sido corregido y se respeta siempre la decisión de alguien que ha manifestado querer ser donante, sin que la familia pueda revertirla, me pronunciaré a favor.
Voté en contra la última vez, cuando se establecía el cambio a cuatro años.
Ahora, si algún miembro de las Comisiones unidas pudiera aclarar la situación, dado que no fui parte del acuerdo a que se llegó ahí, se lo agradecería.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kast.
Tal como lo hice en los casos anteriores, quiero recordarle que se había resuelto que solo hablaran dos oradores.

El señor KAST.- Sí, señor Presidente. Seré muy breve.
Simplemente quiero valorar el avance que significa pasar de cuatro a dos años, aun cuando sigo pensando que el plazo es demasiado largo. Espero que la Cámara de Diputados vuelva a los seis meses y tengamos efectivamente un procedimiento más rápido.
Creo que no es necesario esperar dos años. Se puede hacer exactamente lo mismo, con las cartas y todo, sin tener que mantener ese plazo.
Sin embargo, voy a votar a favor, pues considero que el texto que se nos presenta constituye un avance y porque espero que la Cámara de Diputados arregle el problema a que me he referido.
Gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor QUINTEROS.- ¡Cómo, señor Presidente! ¿No era de fácil despacho el proyecto?

El señor BIANCHI.- ¡Exactamente!

El señor LAGOS.- ¡Yo también voy a hablar, entonces...!

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, simplemente quiero agradecer la propuesta que hizo el Senador José García, la cual nos permitió resolver una situación compleja al interior de las Comisiones unidas, en términos de instaurar una fórmula basada en el envío de una carta.
En dicha instancia recibimos al Registro Civil y pudimos finalmente sacar un acuerdo que, esperamos, haga posible aumentar el potencial número de donantes.
Muchas gracias.

El señor MONTES (Presidente).- El último inscrito es el Honorable señor Insulza.

El señor INSULZA.- Únicamente para expresar, como ya lo han hecho otros, señor Presidente, que la fórmula propuesta me parece aceptable en la medida en que realmente se envíe una comunicación a todos los interesados y exista un plazo razonable para responder.
Creo que es bueno que salgamos de este tipo de problemas con el mayor consenso posible.
Lamento que no se haya respetado el acuerdo de que solo hablaran dos oradores, pero, por la misma razón, he considerado necesario dar los motivos de mi cambio de voto.
Gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto, con las modificaciones introducidas por las Comisiones de Salud y de Hacienda, unidas (33 votos favorables), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Provoste y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
El señor MONTES (Presidente).- Además, se deja constancia de los votos afirmativos de los Senadores señores Ossandón y Pizarro.

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El señor MONTES (Presidente).- Antes de pasar al siguiente proyecto, agradecemos la presencia del Ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina; del Subsecretario para las Fuerzas Armadas, señor Juan Francisco Galli, y del Subsecretario de Defensa, señor Cristián de la Maza.



NUEVO MECANISMO DE FINANCIAMIENTO PARA CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE DEFENSA NACIONAL


El señor MONTES (Presidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, con informe y nuevo primer informe de la Comisión de Defensa Nacional, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.678-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 27ª, en 19 de junio de 2012 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Defensa Nacional: sesión 84ª, en 8 de enero de 2019.
Defensa Nacional (nuevo primer informe): sesión 84ª, en 8 de enero de 2019.
Hacienda: sesión 84ª, en 8 de enero de 2019.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es, fundamentalmente, regular un mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, de carácter transparente, eficiente, estable y sometido al control democrático, mediante la creación del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa -que tendrá garantizada una asignación mínima permanente- y del Fondo de Contingencia Estratégico.
Para tal efecto, se deroga la ley N° 13.196, denominada "Reservada del Cobre", aun cuando el gravamen del 10 por ciento que afecta a determinadas ventas de Codelco subsistirá por un período e irá disminuyendo paulatinamente hasta completar doce años.
La Comisión de Defensa Nacional discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 31 de julio de 2018.
Cabe recordar que dicho órgano técnico aprobó unánimemente la idea de legislar el 4 de marzo de 2013, con los votos conformes del Senador señor Pérez Varela y de los entonces Senadores señores Baldo Prokurica y Patricio Walker. Luego, siguiendo la tramitación otorgada a su ingreso a la Corporación, el proyecto fue derivado para su estudio a la Comisión de Hacienda.
Posteriormente, el 31 de julio de 2018 los Comités acordaron volver el proyecto a la Comisión de Defensa Nacional para un nuevo informe, autorizándola, además, para discutir la iniciativa en general y en particular.
Los miembros presentes de la Comisión, Senadores señores Bianchi, Elizalde, Pérez Varela y Pugh, reiteraron, en forma unánime, su parecer favorable a la idea matriz del proyecto y lo aprobaron en particular con las enmiendas y votaciones que se consignan en el informe de dicho organismo.
La Comisión de Hacienda, por su parte, discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Letelier y Pizarro.
Cabe hacer presente que los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° permanentes y todas las disposiciones transitorias de la iniciativa son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables.
Asimismo, los artículos 99, incisos cuarto y quinto; 100, inciso final; 101, inciso tercero; 102, incisos segundo y tercero; 104, 105 y 106 -incluidos en el artículo 1° de la iniciativa- deben ser acordados con quorum calificado, por lo que requieren para su aprobación 22 votos favorables.
El texto de la iniciativa que se propone aprobar en general se consigna entre las páginas 92 y 102 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Le ofrezco la palabra al Senador señor Bianchi, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, el señor Secretario me ha ahorrado mis primeros comentarios sobre este informe.
Quiero agregar que respecto a esta iniciativa, que en su último trámite fue votada favorablemente en la Comisión de Hacienda, se ha logrado algo que, desde la óptica de los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, es un paso importante: existen acuerdos, se está trabajando sobre el particular.
Si bien hoy vamos a votar en general el proyecto, en el mes de marzo nos abocaremos a su análisis en particular, para dar el correspondiente tratamiento a algunas modificaciones que es necesario llevar adelante.
El objetivo de esta iniciativa, en segundo trámite constitucional, es regular un mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional de carácter transparente, eficiente, estable y sometido al control democrático, mediante la creación del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, que tendrá garantizado una asignación mínima permanente, y del Fondo de Contingencia Estratégico.
Para tal efecto, se deroga la ley N° 13.196, denominada "Reservada del Cobre", aun cuando el gravamen del 10 por ciento que afecta a determinadas ventas de Codelco, que actualmente beneficia a las Fuerzas Armadas, subsiste a beneficio fiscal por un período, disminuyendo paulatinamente hasta completar los doce años.
A través del nuevo mecanismo se pretende superar las deficiencias más graves del actual sistema, que a grandes rasgos están representadas por:
-Una insuficiente discusión democrática de las decisiones que se adoptan en torno a las inversiones en material bélico.
-Una ineficiente asignación de recursos, que deriva de la vinculación de los fondos disponibles para la defensa con la cantidad y precio de las exportaciones del cobre.
Las medidas concretas que en el proyecto se propone implementar son, entre otras, las siguientes -si me permiten hablar los señores Senadores-:

1.- Creación de un Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa.
-Este fondo solventará las adquisiciones de material bélico e infraestructura asociada, y sus gastos de sostenimiento, sobre la base de un programa cuatrienal de inversiones. Este último estará diseñado de acuerdo a la planificación del desarrollo de la fuerza, la que, a su vez, deberá ajustarse a la política de defensa, a la política militar, y a las demás políticas públicas del rubro.
-El fondo será administrado por un órgano técnico colegiado, integrado por tres funcionarios o agentes públicos civiles designados por el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y el Ministro de Defensa Nacional. Sus miembros serán de exclusiva confianza de las autoridades que los designen y estarán sujetos a estrictas normas que aseguren la probidad de sus actuaciones.

2.- Creación de un Fondo de Contingencia Estratégico.
Este fondo cubrirá las inversiones militares en tres hipótesis:
a) Situaciones de guerra externa o de crisis internacional.
b) Casos de material bélico e infraestructura asociada destruidos o severamente dañados como consecuencia de catástrofes.
c) Supuestos de oportunidad para anticipar una compra, por motivos de precio, características o disponibilidad.

3.- Derogación de la ley N° 13.196, denominada "Reservada del Cobre".
-Casi la totalidad de ese cuerpo normativo perderá su vigencia en cuanto entre en vigor el texto en análisis.
-El único precepto que subsistirá temporalmente será el que establece el gravamen que se aplica a las ventas al exterior de la producción del cobre de Codelco, el cual comenzará a ser depositado a beneficio fiscal, eliminándose de esta forma el financiamiento de la defensa por esta vía. Así, durante nueve años se continuará aplicando una tasa del 10 por ciento sobre esas operaciones, porcentaje que luego disminuirá por tres años sucesivos, en 2,5 por ciento anualmente, hasta su supresión.
Durante el estudio del proyecto la Comisión de Defensa Nacional recibió a autoridades del Ministerio del ramo, de las Fuerzas Armadas, de la Contraloría General de la República, de la Dirección de Presupuestos y de la Corporación Nacional del Cobre, y a diversos académicos expertos en la materia.
Entre los miembros de esta instancia legislativa hubo consenso respecto a la pertinencia de crear un mecanismo cuatrienal para cubrir las necesidades atingentes a las capacidades estratégicas, toda vez que estas exigen una planificación de mediano y largo plazo que solo es posible en la medida que exista claridad en cuanto a los recursos disponibles a futuro. Adicionalmente, este sistema permite mantener una mejor relación con proveedores internacionales y obtener así mejores condiciones contractuales.
Gracias al trabajo conjunto efectuado entre representantes del Ejecutivo y de la Comisión, se introdujeron una serie de modificaciones que han permitido perfeccionar la iniciativa, especialmente en cuanto a dos figuras. Por una parte, se incorporaron enmiendas referidas a la composición, responsabilidad y requisitos del órgano técnico colegiado encargado de la administración del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas. Por otro, se precisaron las características de las denominadas "compras de oportunidad" que podrán efectuarse con cargo al Fondo de Contingencia Estratégico.
Con todo, señor Presidente, aún quedan por examinar profundamente algunos elementos centrales de la proposición de ley, tales como:
-Los montos mínimos asegurados para los dos Fondos que se crean.
-La idoneidad o no de las herramientas de control que comprende la redacción actual,
-La participación del Congreso Nacional en las decisiones de adquisición del material bélico.
-La regulación de los gastos reservados.
La Comisión de Defensa Nacional que presido llegó a la convicción de la necesidad de abrir el debate en el Senado, con altura de miras, en relación con estos asuntos que forman parte de una política de Estado.
En consecuencia, hago un llamado a aprobar en general este proyecto de ley a fin de avanzar en esta discusión, para la cual la democracia de nuestro país ya se encuentra suficientemente madura.
Llamo a votar a favor de este proyecto.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier, Presidente de la Comisión de Hacienda.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, la "Ley Reservada del Cobre", como se ha conocido históricamente, es el objeto que debatimos hoy.
Se han presentado varios proyectos de ley en el Congreso. Sin embargo, esta es la primera vez que llegamos a un punto tal que podemos efectivamente generar una inflexión en un período de nuestra historia.
El Ministro Espina presentó una iniciativa; el entonces Ministro de Defensa Nacional, el Senador Allamand, otra; el Gobierno de la Presidenta Bachelet también abrió un debate sobre estos temas.
Pero lo cierto, señor Presidente, es que esta es la ocasión en que más hemos avanzado con relación a esta materia.
¿Cuáles son los fines de este proyecto? En esencia, dos.
Primero, desvincular de Codelco el financiamiento de la Defensa Nacional.
Y, segundo, someter a un control democrático la definición del presupuesto de la defensa nacional tanto en lo relativo a la Partida de la Ley de Presupuestos pertinente como en lo tocante al instrumento vinculado a la adquisición de armamentos.
Señor Presidente, en primer lugar, el proyecto del Ejecutivo desvincula a Codelco del financiamiento de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, mantiene por 10 años la carga de Codelco en el sentido de seguir entregando el 10 por ciento de sus ventas al Tesoro Público, lo que después de ese período se irá reduciendo.
En opinión de varios de nosotros esto es muy malo, es muy peligroso para la empresa, y no tiene que ver con la defensa nacional. Se trata de una discusión que hay que dar separadamente, sacando de esta iniciativa todo lo relativo a Codelco. Esta empresa hoy día hace la mayor inversión de la gran minería del cobre a nivel planetario, con más de 20 mil millones de dólares en inversiones, por lo que esta carga adicional evidentemente le generaría una restricción brutal en los flujos de caja, en los costos de los créditos que paga. Son más de 600 millones de dólares los que Codelco cancela en intereses al año por su nivel de endeudamiento, que supera los 14 mil millones de dólares.
Este es uno de los temas de esta propuesta legislativa: la desvinculación, en el sentido de que, una vez promulgada esta ley en proyecto, Codelco no aportará nada más a la Defensa Nacional, y sus aportes al Tesoro Público serán materia de otro debate, en cierta forma.
Eso sí, algunos deseamos que se desvincule y no se mencione a Codelco en este proyecto, porque mantener una referencia en una ley relativa a la defensa perjudica la posibilidad de que se asocie con otros países que no quieran hacer tratos con una empresa con esa carga, con esa vinculación.
Yendo a lo sustantivo de la iniciativa, señor Presidente, el Gobierno propone la creación de dos fondos: uno plurianual, con un piso, y otro de contingencia, para enfrentar situaciones o de catástrofe o de guerra o algo que se llama "compras de oportunidad". Se crea también una institucionalidad para administrar las adquisiciones, un estamento tripartito constituido por representantes del Presidente de la República y de los Ministros de Hacienda y de Defensa Nacional.
Sin embargo, a juicio de algunos de nosotros, hay una tremenda ambigüedad respecto a esta institucionalidad tanto acerca de quiénes van a administrar los fondos como de los que tomarán las decisiones de compra.
Señor Presidente, varios no compartimos la propuesta del Ejecutivo, y nuestro voto en general apuntará precisamente a generar las condiciones para que exista un debate en esta materia. Y deseo ser muy franco. Nuestra bancada, y muchos miembros de la Oposición, no estaremos en condiciones de votar a favor del proyecto en particular, a menos que existan cambios sustantivos.
Dichos cambios sustantivos pasan, primero, porque la iniciativa de ley debe contemplar la definición de "Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa" sometida al control democrático. Es decir, en esta definición debe participar el Congreso Nacional. En segundo término, se deben discutir y definir las capacidades estratégicas de la defensa nacional con el Parlamento.
Eso es lo que permite justificar la existencia de un presupuesto plurianual que dé estabilidad al financiamiento de la defensa y seguridad nacional, considerando un concepto de aportes basales, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa y con lo que serán las capacidades estratégicas.
Permítame recordar, señor Presidente, que la clase política chilena renunció hace más de cinco décadas a su responsabilidad de comprometerse con la defensa nacional y la definición de estrategia de defensa nacional. Probablemente, desde los tiempos de Carlos Ibáñez del Campo la clase política renunció a asumir su responsabilidad de producir este bien público: la defensa nacional.
Nosotros planteamos, como condición para avanzar en la discusión, que sea motivo de debate político una política de defensa nacional, a partir de la definición de los desafíos, las amenazas y las hipótesis de conflictos que Chile enfrente en el presente siglo.
El proyecto presentado por el Gobierno, contrario a lo que consideramos esencial, omite o llega a obviar y no somete al control democrático lo que, a nuestro juicio, le da legitimidad a los gastos en la defensa nacional, que es precisamente la definición de la estrategia de defensa nacional.
Para aprobarlo en particular, entonces, lo anterior constituye un tema central: el control civil de la definición de la capacidad estratégica del país. Y, una vez definida esta, se ha de establecer en forma transparente en la Ley de Presupuestos qué vamos a incluir: los gastos corrientes; las inversiones; los gastos de mantención y de operación. Y de modo separado habrá qué debatir sobre el fondo plurianual para las adquisiciones bélicas que nuestro país necesita, con el objeto de tener capacidad de estrategia de defensa.
En el presupuesto plurianual, que es para adquisiciones, el proyecto de ley deberá precisar y diferenciar entre adquisiciones, material bélico, así como sistemas de armas, gastos de mantención, gastos de operación, inversiones asociadas a aquello.
Señor Presidente, no tenemos ninguna objeción en aprobar un fondo plurianual, pero no es posible construirlo sin definir claramente sobre la base de qué se genera el guarismo pertinente.
Permítanme en esto ser muy franco. Algunos de nosotros no estamos dispuestos a una renuncia democrática en este ámbito. La idea de "pisos" para definir los presupuestos de futuro, con base en hechos pasados, es inaceptable. Para nosotros es una renuncia democrática.
Entendemos que hoy estamos ad portas de, quizás, una de las últimas tareas necesarias de la transición y de contar con una nueva definición de las relaciones cívico-militares. En este sentido, deseo subrayar que es voluntad de la mayoría de los miembros de la Comisión que trató el proyecto poder abordar bien esta materia.
Respecto al fondo plurianual, se tiene que definir quién lo va a administrar y cómo, con qué transparencia -serán otros los que tratarán este punto de mejor forma- y, aparte de ello, quiénes decidirán, independiente de la administración del fondo, qué material bélico se compra, cuándo y a quién.
En esto quizás seré majadero, señor Presidente. Para nosotros, la idea de un piso es un resabio de la desconfianza a la autoridad civil, a las fuerzas democráticas. Es la expresión del quiebre cívico-militar. Es la evidencia de que no se cree en que los representantes legítimos de nuestro pueblo tienen un compromiso con la Defensa Nacional.
Nosotros, el Congreso Nacional, debemos garantizar la producción de varios bienes públicos: educación, salud, medio ambiente y, también, defensa nacional. Y será nuestra responsabilidad como país definir, claramente, cuánta defensa necesitamos y de qué tipo.
Este no es un problema de monto de gastos, señor Presidente. Se trata de un problema del principio democrático. Chile es el único país que ha planteado la idea de un piso para financiar las adquisiciones militares. Algunos dirán que hay uno que nos copió, pero se trata de un vecino que lo hizo porque nosotros establecimos este principio tan inadecuado.
Señor Presidente, tenemos toda la voluntad de construir un acuerdo para que esto sea una política de Estado, una política permanente, una política compartida para tener una estrategia de defensa nacional, con capacidades estratégicas de defensa. Pero someter este debate al control democrático es una condición necesaria. Adicionalmente, deseamos que los mecanismos de administración de los recursos que se aporten a esos fines sean transparentes.
Concédame un último segundo, señor Presidente, para plantear una interrogante.
Se ha de transparentar cómo se van a constituir los fondos que se anuncian en el proyecto. El Gobierno propone crear un fondo de contingencia. Yo, en lo personal, tengo grandes dudas sobre si ello es necesario para las adquisiciones de oportunidad. Me parece absolutamente improcedente. No se trata de que uno vaya a comprar armas así nomás, sino que todo debe ser parte de una planificación.
No compartimos del todo la existencia de este segundo fondo. Y, por cierto, tenemos grandes dudas sobre el concepto "adquisiciones de oportunidad".
Hay que definir, en la transición que se generará a partir de la aprobación del proyecto, cómo se obtendrán los recursos para cubrir esos dos fondos. Todos sabemos que hay una "Cuenta 4", que administra el Banco Central, con cuantiosos recursos, y una parte de estos contribuirá a financiar los citados fondos. ¿Cuánto será? Lo tendremos que definir en forma transparente.
¿Cuánto volverá al Tesoro Público? Eso es parte del debate que esperamos tener sobre la materia. Asimismo, deseamos estar en condiciones de construir un acuerdo transversal que nos permita cerrar este capítulo tan importante de la transición cívico-militar, y establecer en el siglo XXI nuevas relaciones cívico-militares respecto a la producción de este bien público.
He dicho.

El señor HUENCHUMILLA.- ¿Me permite, señor Presidente, una cuestión de Reglamento?

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría, para un punto de Reglamento.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, hemos escuchado los informes de los Presidentes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda. Sin embargo, al revisar la documentación que tenemos a la vista, echo de menos el informe financiero respecto de las cifras involucradas en esta iniciativa.
La Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y la Constitución Política son claras en el sentido de que debemos contar con dicho informe: ¡cifras, señor Presidente!

El señor MONTES (Presidente).- Senador señor Letelier, ¿la Comisión de Hacienda vio lo relativo al informe financiero?

El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría para aclarar el punto.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, el informe financiero presenta evidentes vacíos frente a la discusión que tenemos por delante. Ello, por un asunto que no se halla relacionado -lo digo honestamente- con la voluntad de omitir el debate sobre esta materia.
Lo que ocurre acá es que hay una doble situación.
Una parte de los recursos se consigna en la Ley de Presupuestos, en la Partida Ministerio de Defensa Nacional.
Ahora, cuánto se va a meter en esa Partida es una discusión que se encuentra pendiente.
Hoy día tenemos las cifras de las ventas anuales de Codelco y la forma como debe aportar a la defensa.
En los últimos años, las Fuerzas Armadas no han alcanzado a gastar el 10 por ciento de los dineros que reciben de dicha empresa entre otras razones porque se registró un alza muy grande en el precio del cobre. Por eso, adicionalmente, se generó una Cuenta Cuatro en el Banco Central, que tiene varios miles de millones de dólares, a la cual ya le hemos restado recursos en dos ocasiones. Hemos pedido que nos entreguen la cifra exacta. Pero estamos hablando de una gran cantidad de dinero que no se está usando en adquisiciones de armas aún.
En tal sentido, una cuestión que deberemos debatir es si se van a destinar o no todos los recursos de la Cuenta Cuatro a los nuevos fondos que se crean mediante la ley en proyecto.
Señor Presidente, solo puedo entregar cifras aproximadas, pues la situación no es igual todos los años. Ello depende de las adquisiciones. Por ejemplo, cuando Chile decidió comprar los aviones F-16 registramos un salto en el gasto plurianual de la época.
Me parece que hemos estado pagando entre 400 y 450 millones de dólares anuales. Quizás el señor Subsecretario pueda precisar mejor este asunto.
En todo caso, la mayor parte de esos recursos no se encuentran en el gasto corriente que se ha estado realizando, sino en el fondo que existe, que sirve para el gasto plurianual: la Cuenta Cuatro del Banco Central.
El señor MONTES (Presidente).- Debo señalarle al Senador señor Huenchumilla que anexo al informe de la Comisión de Hacienda se halla el informe financiero.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, tal como se ha informado, al menos en nuestra Comisión hemos realizado un debate con el Ministro de Defensa y su equipo para resolver los nudos, las diferencias que tenemos respecto de este proyecto de ley, que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa. Ello, con el fin de que podamos construir una política transversal sobre un nuevo sistema para las compras en las Fuerzas Armadas, a propósito de la derogación de la Ley Reservada del Cobre.
A nuestro juicio, este principio de diálogo y de acuerdo transversal en cuanto al financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas contiene dos ejes.
El primero tiene que ver con algo que hemos definido como necesario: la construcción de una estrategia nacional de defensa con la participación real del Congreso Nacional.
El segundo se relaciona con ser capaces de diseñar una nueva institucionalidad para el adecuado financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa que contenga separación clara de funciones y transparencia; estabilidad en el financiamiento, y rendiciones de cuentas periódicas ante el Parlamento.
Sobre esa base hemos establecido un diálogo técnico.
A ello se hacía referencia cuando se decía que, de aprobarse la idea de legislar respecto de este proyecto, esperábamos que el trabajo que estamos realizando pueda traducirse en indicaciones que se presenten en un plazo que no exceda del 25 de marzo.
Ciertamente, hay puntos que debemos resaltar en el debate en general para la construcción de los referidos acuerdos.
En tal sentido, nos parece fundamental superar la actual situación de ausencia de controles civiles y democráticos sobre el gasto en financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas, lo que ha generado malas prácticas y corrupción que debemos erradicar tanto en ellas como en las instancias policiales.
Pensamos que nuestro país no merece que persistan estos hechos de corrupción en cuestiones tan delicadas como la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas.
Por eso hemos dicho que es esencial construir una nueva institucionalidad, en la que efectivamente existan controles civiles y democráticos al rol de las instituciones militares y policiales que garanticen la implementación de políticas nacionales, de verdaderas políticas de Estado que tengan un respaldo muy muy mayoritario de la población y de los sectores políticos de nuestra nación.
En materia de financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, consideramos importante que ellas estén vinculadas a una estrategia nacional de defensa dialogada y construida con el Congreso Nacional, a través de la participación de las Comisiones de Defensa, de Hacienda y de Relaciones Exteriores, que permita establecer un diseño institucional en que haya separación de funciones entre quienes definen los requerimientos de equipamiento; los que administran técnicamente los recursos financieros del Fondo (en nuestra opinión debiera ser el Banco Central), y los que efectúan los procesos licitatorios de compras y administran los contratos largos que implican la adquisición de material para la defensa (en países desarrollados y con bajos niveles de corrupción esto siempre lo realizan agencias de compras altamente profesionalizadas y sometidas a férreos controles).
También se halla la necesidad de un sistema de fiscalización ex post autónomo vía Contraloría General de la República.
Sobre estos asuntos, estrategia nacional de defensa elaborada con el Congreso y diseño de una nueva institucionalidad altamente profesionalizada que permita el control civil, hemos iniciado la construcción de un acuerdo con el Ministerio de Defensa al objeto de posibilitar la existencia de un proyecto de ley transversal que marque el hito histórico de reinstalar en el nuevo Chile una cuestión delicada: que el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas esté supeditado al poder civil.
Esperamos que el diálogo y el trabajo técnico permitan que en la segunda quincena de marzo tengamos ya más en detalle estos principios de acuerdo que reflejen lo que ha sido hasta ahora esta discusión.
También estamos disponibles a debatir respecto de un mecanismo de estabilidad de los recursos para gastos generales que no sea -como se señaló- el piso mínimo del gasto de 1989, lo que da cuenta de una realidad pasada y no de los desafíos actuales y futuros del presente siglo. Por lo tanto, estimamos que debemos tomar como base el gasto del último decenio vía los presupuestos aprobados por el Parlamento, así como lo del fondo plurianual extrapresupuestario.
Asimismo, nos parece que la regulación de los gastos reservados no debiera estar en esta iniciativa, y valoramos que el Ejecutivo haya retirado los aspectos referentes a esa materia. El Gobierno había asumido el compromiso de ingresar un proyecto de ley separado -y así lo hizo- a fin de derogar los pisos mínimos para los gastos reservados, asunto que debatimos en la Ley de Presupuestos de 2019 y que generó el requerimiento de un grupo de Diputados ante el Tribunal Constitucional sobre el particular. Los resultados ya los conocemos.
Al eliminar el piso mínimo de los gastos reservados en las Fuerzas Armadas y las policías, el Gobierno ha compartido nuestra visión en el sentido de que pisos mínimos en gastos reservados habían sido derogados por la ley N° 19.863, la que expresamente en sus artículos 3°, 4° y 5° así lo señaló.
Señor Presidente, sobre la base de que podemos acordar indicaciones o llegar a textos más definitivos en estas materias, es decir, nueva institucionalidad para un sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, definición de un plan estratégico nacional de la defensa, derogación de pisos mínimos del año 1989, es que anunciamos nuestra voluntad de aprobar en general este proyecto de ley.
De acogerse la idea de legislar, solicitamos que la Sala fije como plazo para la presentación de indicaciones el 25 de marzo próximo.

El señor MONTES (Presidente).- Podríamos tomar ese acuerdo de inmediato.
¿Les parece establecer como plazo para la presentación de indicaciones la fecha señalada por Su Señoría?
Acordado.

El señor LETELIER.- Abra la votación, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación, manteniendo los tiempos?

El señor LAGOS.- Sí.

El señor PIZARRO.- Sí, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, participo en este debate con mucha satisfacción, pues -según se recordó- me correspondió en 2011 -estamos en el año 2019- presentar el proyecto sobre derogación de la Ley Reservada del Cobre y establecimiento de un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas.
Durante la primera Administración del Presidente Piñera se avanzó bastante. Posteriormente, se produjo un bache en el Gobierno anterior, en que no hubo ningún progreso. Y ahora estamos retomando esta materia tan importante.
Quisiera, simplemente, hacer algunas referencias generales respecto de esta iniciativa; y, por supuesto, dejar para la discusión particular algunos de los aspectos que aquí se han señalado.
En primer lugar, es bueno que nos preguntemos todos juntos por qué es razonable, cuál es el fundamento de este proyecto.
En verdad, no es sensato que el Congreso Nacional esté absolutamente excluido, sin intervenir en todo lo referente a la adquisición, mantenimiento, sostenimiento y renovación del material bélico y, en general, de nuestras capacidades estratégicas.
Nosotros somos una democracia madura y consolidada. Y, en consecuencia, no pueden existir espacios de políticas públicas vedadas para la deliberación democrática.
En segundo lugar, tampoco es lógico que el gasto en capacidades estratégicas esté vinculado precisamente al precio volátil que pueda tener el cobre, más allá de los impactos que ello pueda generar en Codelco.
Por consiguiente, estamos frente a un proyecto que aporta mayor transparencia, mayor control democrático, mayor eficiencia y, sobre todo, mayor compromiso de todos los sectores con la política de defensa. Esto, por una razón muy simple: cuando todos participan en la elaboración de una política, todos se sienten comprometidos con ella.
Ahora bien, en cuanto al proyecto mismo, debo señalar que si bien se mantienen la estructura y la lógica de la iniciativa original, las indicaciones que se le han introducido sin duda constituyen avances significativos respecto de lo que había.
Deseo destacar algunos de los puntos más relevantes y participar de alguna manera en el debate que se ha insinuado.
Primero, el proyecto distingue -como lo hacía la iniciativa primitiva- entre lo que son las actividades generales de la defensa, que se hallan financiadas por el Presupuesto de la Nación, y las capacidades estratégicas, cuyo financiamiento se hará conforme a la ley en proyecto.
En seguida -y esto ha surgido aquí, en el debate-, el proyecto original establecía que la adquisición y el mantenimiento de las capacidades estratégicas tenían que estar vinculados a una estrategia nacional de seguridad y defensa. Sin embargo, lo relativo a esta estrategia, que ahora debe analizar el Senado, no ha tenido mayor cambio durante la tramitación de esta iniciativa. Por lo tanto, se optó por hacer referencia a la "planificación del desarrollo de la fuerza", como un elemento que le da coherencia a las adquisiciones.
Quiero explicar en qué consiste esto y por qué es necesario.
La estrategia nacional de seguridad y defensa o la planificación del desarrollo de la fuerza son documentos relacionados con la planificación primaria, esencialmente política, determinada por la autoridad civil donde se establecen los objetivos que ha de tener la política de defensa.
Las adquisiciones que se hagan de material bélico o de capacidades estratégicas deben estar empalmadas, alineadas con esa política, que se puede expresar en distintos documentos.
¿Por qué es importante aquello? Por una razón muy simple: porque en el pasado muchas veces la adquisición de capacidades estratégicas o de material bélico se hacía fundamentalmente con el impulso que surgía de las instituciones armadas, pero sin una referencia a este documento o a esta definición del país que es esencialmente política, pues proviene de la autoridad civil.
¿Por qué es relevante esto? Por ejemplo -y lo voy a señalar-, si nuestro país resuelve políticamente que debemos mantener presencia en la zona austral y nuestra proyección hacia la Antártica, o si decide que en el futuro las operaciones de paz las vamos a realizar con Cruz del Sur, que es una fuerza binacional que conformamos con Argentina, entonces, las adquisiciones de material bélico que se hagan tienen que estar alineadas con esas definiciones.
Aquello es particularmente significativo.
Después, señor Presidente, el proyecto original establecía un presupuesto plurianual de cuatro años, de modo que a la ejecución del año uno se le agregaba un año quinto para que siempre existiera este horizonte.
Ahora, en vez de este presupuesto plurianual, se crea un fondo, pero que en definitiva tiene la misma lógica y el mismo objetivo.
¿Por qué es necesario este fondo? Por algo muy simple: porque las adquisiciones en defensa no son de corto plazo. Habitualmente, incluso el período de cuatro años puede ser breve para la adquisición de material bélico, considerando todo lo relacionado con los estudios, las licitaciones, las adquisiciones, y luego, con la disposición de aquel.
Si no tenemos un horizonte del gasto disponible, es muy difícil la planificación de defensa.
De otro lado, este proyecto, al igual como lo hacía la iniciativa original, se refiere a la asignación mínima, estableciendo, sí, una diferencia en el cálculo para determinar su monto.
Soy consciente de que este es uno de los temas más polémicos y que va a requerir mayor elaboración para tratar de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, hay que dejar constancia acerca de cuáles son los motivos para tener una asignación mínima.
No es una cuestión de desconfianza que pueda existir con relación al poder político o al Congreso Nacional. Hay a lo menos tres razones contundentes para que nuestro sistema disponga de una asignación mínima.
En primer término -tal como lo señalé-, no basta con decir que habrá un horizonte de cuatro años para la adquisición de material bélico. El horizonte simplemente no tendrá contenido si no se le agrega una cantidad. O sea, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa deben saber con qué recursos van a contar y con cuáles no en determinada extensión de tiempo.
Señor Presidente, es completamente imposible hacer una planificación para el fortalecimiento de las capacidades estratégicas o para la adquisición del material bélico si no existe a lo menos un horizonte de tiempo y, simultáneamente, claridad acerca de los recursos disponibles.
El hecho de tener que discutir todos los años en la Ley de Presupuestos cuáles son los recursos disponibles es absolutamente contradictorio con la factibilidad de planificar adecuadamente las adquisiciones.
En segundo término, establecer una asignación mínima, lejos de ser un elemento de desconfianza, es justamente lo contrario: es la expresión de confianza que tiene el Parlamento con respecto a su política de defensa; es un compromiso con ella.
Y, en tercer término, la asignación mínima es claramente un elemento disuasivo que se incorpora a los otros mecanismos de disuasión que existen para la defensa nacional.
Entonces, hay buenas razones para que exista una asignación mínima.
Por otro lado, señor Presidente, el Fondo de Contingencia Estratégico es extraordinariamente importante para abordar en forma expedita situaciones particularmente especiales como las crisis externas o las catástrofes naturales que dañen seriamente los materiales.
También existe un mejoramiento en el actual sistema de rendición de cuentas del Ministerio de Defensa al Congreso Nacional. A contar de la ley pertinente que despachó el Parlamento en 2010, ya existe un mecanismo mediante el cual el Ministro de Defensa debe rendirle cuenta al Congreso Nacional, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. Pero aún más importante es que en esta oportunidad todo ese sistema se perfecciona.
Antes de concluir, quiero hacer presente que estamos frente a una política de Estado y, ciertamente, debemos alcanzar un acuerdo en esta materia, pues sería absolutamente inimaginable que una política de defensa fuera objeto de una votación en la que se terminara ganando por unos pocos votos.
Por lo tanto, aquí estamos compelidos como clase política, como clase dirigente, a alcanzar un acuerdo al respecto.
Y hay que reconocerle en justicia -nobleza obliga- la constancia que ha tenido el Presidente Piñera para impulsar este proyecto, porque, la verdad de las cosas, como aquí se ha dicho, esta es una modernización democrática importante, respecto de la cual se habló durante mucho tiempo, pero donde finalmente los gobiernos anteriores -o algunos de ellos- no avanzaron.
Por último, señor Presidente, quiero hacer una referencia general sobre algo que nos tiene que enorgullecer como país.
A mi juicio, la construcción de capacidades estratégicas que Chile ha experimentado desde el retorno a la democracia es absolutamente ejemplar. Y este es un mérito compartido por los gobiernos de la Concertación, de la Nueva Mayoría y de la Centroderecha.

El señor MONTES (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto adicional.

El señor ALLAMAND.- Como señalaba, nuestro país ha contado durante todos estos años con elementos disuasivos extraordinariamente importantes, que nos han permitido defender nuestra soberanía, nuestra integridad territorial. En definitiva, se trata de elementos necesarios para nuestra política exterior y de defensa.
Muchas veces se sostiene, en forma completamente injustificada, que durante estos casi 30 años desde el retorno a la democracia ha existido un exceso de gasto militar. Creo que eso es totalmente infundado. Este gasto ha sido coherente, razonable y ha permitido que nuestro país cuente con las capacidades que hoy día exhibe.
Las capacidades estratégicas no se generan de la noche a la mañana. Además, ellas están siempre sometidas a la obsolescencia. Por lo tanto, sería absolutamente absurdo que, habiendo generado tales capacidades -son multidisciplinarias, sirven también para la paz y no solo para eventuales conflictos- y realizado un tremendo esfuerzo, hoy simplemente lo tiráramos por la borda.
Chile posee las capacidades estratégicas que le corresponden a su nivel de desarrollo, y debemos mantenerlas porque ello está en directo interés de nuestro país.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Muchas gracias, señor Presidente, por ofrecerme la palabra ahora mismo.
Agradezco los buenos oficios del Presidente de la Comisión de Hacienda en tal sentido.

El señor MONTES (Presidente).- Es que debe concurrir a una reunión de dicha Comisión, por eso le concedí la palabra, señor Senador.

El señor LAGOS.- Exactamente.
Señor Presidente, seré muy breve.
Creo que el Senador Letelier me interpretó en buena parte, y algo de lo que dijo el colega Allamand, también.
Pero hay una discusión en particular, de aquí a marzo, que no va a tomar mucho tiempo. Porque una cosa es la modificación formal que vamos a hacer. Hoy día el presupuesto de las Fuerzas Armadas tiene dos fuentes: el Presupuesto general de la nación, para sus capacidades generales; y la Ley Reservada del Cobre, en lo grueso, para las llamadas "capacidades estratégicas", que se refieren -para que lo entiendan quienes ven el canal del Senado- a la compra de material bélico y pertrechamiento.
Tendremos que asegurarnos en paralelo de que Codelco no siga teniendo una merma. Pero lo más importante es contar con un presupuesto de las Fuerzas Armadas de Chile que esté autocontenido, con un marco único, y en el cual -y esto es lo fundamental, el meollo del asunto- haya una capacidad tutelar del poder civil. Me dirán que hoy día existe en los hechos. Pero queremos que se formalice de manera muy explícita y, sobre todo, que el poder civil, expresado en este Congreso, tenga una opinión y derecho a pronunciarse acerca de las decisiones que adopte un gobierno en particular.
¿A qué me refiero, señor Presidente?
Aquí van a intervenir todos los estamentos. Entonces, la dificultad que estamos viendo -por eso se demoró un tanto en la Comisión de Hacienda la aprobación en general del proyecto- se refiere a la definición de quién tiene la última palabra en cuanto al tipo de capacidades estratégicas que se requieren.
Es cierto, como decía un Senador que me antecedió hace un rato, que el poder civil puede plantear ser parte del operativo Cruz del Sur; extenderse hacia la Antártica; efectuar operaciones de paz o de contención en otros continentes. Y se necesitarán ciertas capacidades que, tal vez, no se requerirían si no se decidiera eso.
Pero cabe preguntarse si, habiéndose hecho tales definiciones, solo basta la opinión de las Fuerzas Armadas para tomar la decisión. ¡No, pues! Y eso no está claro en el proyecto. Debe quedar muy nítido el rol que jugará el poder civil en dichas definiciones.
En segundo lugar, se establecen los criterios de los pisos mínimos.
Sé que en Chile hemos hecho cosas que a veces no realizan otros países, y estoy orgulloso de eso. Pero en general en el tema de defensa yo tiendo a mirar también qué hacen otras naciones que ya han transitado por esto. Estoy pensando en Australia, en Nueva Zelandia, en países europeos, en la OTAN.
¿Qué sistemas hay allí? ¿Cómo conversan los Ejecutivos, los Parlamentos, con las Fuerzas Armadas en función de sus planes de desarrollo nacional; del rol que le asignan a las instituciones castrenses, como hacemos nosotros en nuestra Constitución, y cómo se toman esas definiciones?
Y me atrevería a decir que allí casi no existen los pisos mínimos. Puede haber fondos, que se van constituyendo; o aportes basales. Pero un piso mínimo como el que se haya establecido en nuestro país, mediante el cual, a partir de una fórmula de indexación del IPC de 1989, se reajustan las capacidades generales o las capacidades estratégicas, no existe en ninguna nación, por una razón bien sencilla: no hace sentido a todo el argumento que se esgrime acerca de que acá debe haber una planificación en función de los modelos que se quieren.
Entonces, si decido cambiar mi política de defensa y exterior y no voy a participar más en operaciones de paz, tal vez no requeriré cierto material. En consecuencia, ¿por qué debe haber un piso mínimo para eso?
Por tanto, lo que se trasunta es un elemento mencionado acá y que hay que abordar.
He conversado con personas que tienen mucho interés en esto, que merecen mi máximo respeto -tanto del ámbito civil como del lado de las Fuerzas Armadas, incluidos algunos que ya están retirados- y que sé que toman decisiones importantes en estas materias. Y ellos me han expresado su genuina preocupación por una suerte de desconfianza en las decisiones que se tomen a nivel político que pudieran dejar en una situación precaria o frágil a nuestras Fuerzas Armadas, no en el día de hoy, sino pensando en el mañana.
A mi juicio, lo anterior hay que abordarlo derechamente.
Acá dicen que eso no es una realidad. Pero yo creo que sí lo es. Y me han expresado tales preocupaciones, de manera elegante, delicada, educada.
Por lo tanto, debemos hacernos cargo de eso en este proyecto. Porque en una democracia como aquella a la que yo o muchos aspiramos, con balance de poderes y donde el poder civil tiene la definición final sobre el uso y tenencia de las armas, sobre la ordenación de la política de defensa, ciertamente el poder civil adopta tales definiciones escuchando a los expertos, que son las Fuerzas Armadas. Pero la determinación final debe estar clara desde el punto de vista del proceso, de la formalidad.
Y ello ocurre en todos los países, incluidos los más poderosos del mundo, en que la última persona que tiene la facultad para decidir el uso de la fuerza es el Presidente de la República, resolviendo si se aprieta o no un botón.
Eso no tiene que ser cuestionado en ninguna parte.
Y también veo en esos otros países que el Parlamento desempeña un rol importante. No digo que repliquemos lo que ocurre en otras partes. Pero en otras naciones el Senado define cuál es la política nuclear, cuál es el tipo de armamento que se va a adquirir. Allí se rinden cuentas a sus Comisiones de Hacienda y de Defensa. Estoy pensando, por ejemplo, en Estados Unidos.
Por lo tanto, existe una política distinta a la que tenemos acá.
Yo valoro el esfuerzo que se está haciendo ahora, porque finalmente parece que vamos a abordar este asunto, pues en la Comisión se aprobó la idea de legislar, lo que no habíamos logrado antes por diversas consideraciones.
Pero estamos ad portas de dar un paso importante.
Por último, me referiré al tema de Codelco, a cuyos representantes invitamos también a la Comisión de Hacienda. Sobre el particular, me parece que debemos tener muy claro que a dicha Corporación hay que liberarla -suena feo el término, tal vez es muy fuerte-, hay que alivianarla desde el punto de vista de los recursos, sacándole la responsabilidad de esta especie de hipoteca.
Termino con esto, señor Presidente.
Revisando experiencia comparada, me preocupé de ver qué ocurre con la OTAN.
Dicha organización tampoco tiene pisos mínimos, sino fondos. Y han pedido ahora a los países aumentar su contribución en un 2 por ciento del PIB. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hay una situación difícil con Rusia, y porque Estados Unidos no quería seguir siendo el país que financiaba la mayoría de la OTAN.
Pero, así y todo, el poder civil sigue teniendo la última palabra; el poder civil no otorga pisos mínimos, sino que establece criterios que se resolverán a nivel del Parlamento.
Entonces, si creemos que tenemos la madurez suficiente, plasmémoslo en un proyecto de ley que nos deje a salvo esa situación y que signifique un paso cualitativo.
Señor Presidente, acá hay un compromiso. Se aprobó la idea de legislar porque estamos trabajando con el Ministerio de Defensa. Se está reuniendo permanentemente los jueves un equipo técnico. Tendremos hasta el 25 de marzo para presentar las indicaciones. Y, ciertamente, si no llegamos a acuerdo, se ejercerán las mayorías, como corresponde en la discusión de un proyecto legislativo.
Pero siento que están dadas todas las condiciones para contar con un proyecto de ley que permita que las Fuerzas Armadas de Chile cumplan con la labor encomendada por la Constitución; que disponga que el poder civil tiene una clara tutela sobre ellas, y que les dé tranquilidad a nuestros profesionales de las instituciones armadas en orden a que tendrán los recursos y las capacidades para salvaguardar nuestras fronteras y representarnos en el exterior en las misiones que les encomendemos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señoras y señores Senadores, hay once inscritos.
Dejaremos los tiempos de intervención en cinco minutos, puesto que nos encontramos en votación. Y si alguien necesita explayarse más...

El señor NAVARRO.- Pero, señor Presidente, ¡si dijimos que eran diez minutos!

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si usted desea utilizar los diez minutos, no habrá problemas, señor Senador.
Si le parece a la Sala, se acordará lo que señalé anteriormente.
Acordado.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo al Ministro de Defensa, presente en la Sala, y a los Subsecretarios.
Es muy importante que tengamos la oportunidad quizás por primera vez de terminar -si alguna vez lo logramos efectivamente- con la Ley Reservada del Cobre, mediante la cual se estableció una fórmula sin control para que las Fuerzas Armadas compraran su armamento. Ello, obviamente, las dejó en una situación muy anómala, si uno puede llamarla de alguna manera.
Hoy día tenemos la oportunidad -es lo que se espera- de eliminar la llamada "Ley Reservada del Cobre", de contar con los dos fondos de los que se ha hablado, como una forma de financiamiento.
Sin embargo, no puedo dejar de expresar que tenía la esperanza de que de verdad estábamos terminando con la denominada "Ley Reservada del Cobre" para financiar las compras de armamento.
Si bien estamos hablando de un proyecto que guarda relación con el financiamiento de las Fuerzas Armadas, me siento en la obligación de señalar que es lamentable que la fórmula encontrada sea ¡mantener a Codelco con la carga que significa el 10 por ciento por un plazo de doce años!
Señor Presidente, hace unos días, como Comisión de Minería, junto con la Senadora Provoste y el Senador Guillier, estuvimos en Chuquicamata, quizás uno de los desafíos de ingeniería más grandes del mundo. Pocas veces se ha visto un caso en que una mina a rajo abierto se transforme en una mina profunda.
Y es un orgullo decir que no es el único proyecto estructural de Codelco. La empresa hoy día tiene a lo menos cinco proyectos estructurales de tremenda magnitud, que implican un gran desafío para la ingeniería y para nuestras capacidades, pero que permitirán que Codelco siga siendo, en principio, la empresa individual productora de cobre más grande del mundo.
No obstante, si no logramos concretar esos proyectos estructurales, Codelco va a pasar a ser, con suerte, una empresa mediana. ¡Con suerte!
Me podrán decir que ese 10 por ciento no va a las Fuerzas Armadas. ¡Pero va al erario! ¡No podemos seguir poniendo a Codelco en esta situación! ¡Esto es lamentable!
Esta empresa estatal registra hoy una deuda de sobre los 14 mil 500 millones de dólares. ¡Paga una barbaridad por intereses!
Recuerdo perfectamente bien que en la Administración pasada tuvimos que sacar una suerte de "ley express" para impedir que Codelco se endeudara más para entregar el 10 por ciento de las ventas a que estaba obligada por la Ley Reservada del Cobre, porque no había llegado a esa cantidad. O sea, debía endeudarse para cumplir con aquello.
¡A ese nivel de absurdo hemos llegado!
Por otro lado, como todos sabemos, aquí hubo un período de boom del precio del cobre, de una magnitud insospechada para nuestro país, que duró algunos años. Y eso ha significado que exista una Cuenta 4, como señalaba el Presidente de la Comisión de Hacienda, respecto de la cual no se tiene claridad exacta acerca de su monto. Y tampoco se dice con certeza en el proyecto qué se va a hacer con ella, cómo se va a transparentar, en qué se va a gastar y cómo se va a distribuir.
Señor Presidente, me siento profundamente decepcionada al constatar que, en cierta manera, no vamos a terminar con la llamada "Ley Reservada del Cobre", salvo en lo que dice relación con el financiamiento de las Fuerzas Armadas, pero no respecto de la carga para Codelco. Y estamos cometiendo un acto que no voy a acompañar.
Realmente, no corresponde sino hacernos cargo, como país, de lo que significa para nosotros Codelco, que es la empresa que nos entrega los mayores recursos fiscales, y gracias a eso podemos implementar políticas públicas.
Y, como mencioné, estamos en un proceso de inflexión, porque o salimos adelante con los proyectos estructurales o la empresa estatal pasa a ser otra.
Entonces, es lamentable decir que la situación no variará. Aquí vamos a seguir poniéndole a Codelco esta mochila, que resulta imposible de cargar para cualquier empresa del mundo.
Asimismo, no deja de ser complejo para una compañía de la importancia de Codelco que todo el mercado internacional conozca que con la cuantiosa cantidad de recursos que le corresponde entregar se financien las compras de las Fuerzas Armadas. Obviamente, no es la mejor imagen para una empresa que debe competir en un mercado internacional, como hoy día se da.
En tal sentido, me parece que es un mal pie, como yo lo vivo, como yo lo siento.
Además, no sé si este proyecto va a cumplir con lo que aquí se ha dicho, lo que es propio de un país con el grado de madurez que estamos alcanzando, en que supuestamente ya hemos logrado avanzar en nuestra relación civil-militar: establecer un sistema de financiamiento democrático, transparente y adecuado para las Fuerzas Armadas.
En cuanto a lo que propone el Gobierno, en los gastos permanentes no se elimina el piso mínimo establecido por el régimen militar en 1989.
Como aquí se ha dicho, ello no se justifica. Hay muchos países que no tienen pisos mínimos. Existen aportes basales, lo que es lógico, como ocurre en salud, en educación y en otras áreas, pero no necesariamente debería existir un piso mínimo en este ámbito.
Sí entendemos que se cree el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, que financiará la adquisición de armamentos; y el Fondo de Contingencia Estratégico, al que después me referiré.
El Fondo Plurianual considera un programa de planificación de compras de armamento a cuatro años. Aquí nuevamente se establece un piso mínimo del aporte fiscal, que no podrá ser menor al 70 por ciento del promedio de gastos realizados en virtud de la Ley Reservada del Cobre en el período 2010-2017.
Evidentemente, no estamos de acuerdo con la forma en que ello está establecido.
Pero, además, ¿quién administra este Fondo Plurianual? Un órgano técnico. ¿Y quiénes lo integran? Tres miembros: un representante del Ministerio de Defensa, uno del Ministerio de Hacienda y uno nombrado por el Presidente de la República.
¿Ese es un organismo técnico?
¿Sabemos el perfil de esas designaciones?
¿Podrá nombrarse a exmilitares?
¿Cómo aseguramos que no haya conflicto de intereses?
Respecto al Fondo de Contingencia Estratégico, este se destinará a enfrentar situaciones de crisis o catástrofe. Pero, ¡claro!, en el proyecto se plantea que también servirá -algo que es más inentendible para mí- cuando surja una oportunidad para anticipar la compra en el mercado de material bélico.
Señor Presidente, un Fondo Plurianual debe estar asociado, por cierto, a una mirada estratégica, a la mirada de país y, como aquí se ha dicho, debe administrarse ¡con la más absoluta transparencia!
Así como están las cosas, si el proyecto no cambia en la discusión particular, yo por lo menos no lo voy a apoyar.
Creo que es fundamental que no exista este piso mínimo y que no se recurra a este órgano técnico, sino que más bien sea el Parlamento, con su Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el que tenga la información y la tutela claras, como sucede en la mayor parte de los países democráticos.
A mi juicio, es obvio que no se justifica una Ley Reservada del Cobre.
Como dijo el Senador Allamand, en su calidad de Ministro él presentó en su momento el proyecto sobre derogación de la Ley Reservada del Cobre. Lo conversamos. Yo lo apoyaba. Pero no llegamos a término. Reconozco que el Gobierno pasado no avanzó, no salió adelante. Lamento profundamente que hayamos dejado pasar esa oportunidad. Reconozco que este Gobierno sí está haciendo el esfuerzo, que por lo menos estamos dando un paso del que no fuimos capaces nosotros. Pero pienso que no es suficiente.
¡Creo que necesitamos pasar el test democrático!
Considero fundamental que el control de las compras militares esté en el poder civil. No es posible que ello se establezca con esta debilidad.
En tal sentido, me gustaría que realmente termináramos de verdad con la Ley Reservada del Cobre, para no seguir cargando la mochila de Codelco.
Por lo señalado, me abstengo.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, en realidad, para nosotros es difícil oponerse a este proyecto, en particular porque desde hace demasiados años venimos exigiendo la derogación de la Ley Reservada del Cobre. Esta es un baldón para nuestro sector, a pesar de todos los años de transición, de cambios, de proceso democrático.
Por lo tanto, cuando el Ministro Espina me dijo: "Vamos a terminar con la Ley Reservada del Cobre", me puse muy contento. Debo reconocerlo. Siempre he sostenido que es un objetivo principal.
¡Hay que terminar con la Ley Reservada del Cobre!
Además, si estamos de acuerdo en que las imágenes públicas que se transmiten a veces no dicen la verdad, más de alguien podría señalar: "Miren, los partidos de Oposición se negaron a la derogación de la Ley Reservada del Cobre; querían mantener todo igual".
Pero, por desgracia, a pesar de que uno quiere evitar esos problemas -y aquí tomo lo que manifestó la Senadora Allende, para no alargarme mucho-, resulta que en muchos casos queda todo igual. O sea, les estamos cambiando el nombre a las cosas.
Este ejercicio contable de que ahora, en lugar de pasarle la plata directamente a Codelco, se le entregará a las Fuerzas Armadas a través del Presupuesto nacional, la verdad es que no engaña a nadie.
¡Esa es la realidad!
Primero -y no voy a abundar en esto, pues lo señaló muy claramente la Senadora Allende-, se mantiene el financiamiento que Codelco entrega a las Fuerzas Armadas para la adquisición de material.
Segundo, tenemos un piso -¡todavía existe un piso!-; por tanto, más allá de lo que hagamos o digamos en cada Presupuesto, el dinero le llegará igual a las instituciones castrenses. ¡El traspaso se va a producir de todas maneras!
Tercero, en cuanto al uso y administración de los recursos, la situación es bastante poco clara, sobre todo cuando se nos habla de un Fondo de Contingencia, en el cual están las compras de oportunidad. Bueno, ya hemos conocido tales compras en estos años: se adquirieron aviones belgas y cierta cantidad de otros elementos que no fueron otra cosa que negociados que se concretaron sin que nosotros pudiéramos hacer nada al respecto.
En definitiva, señor Presidente, este proyecto de ley mantiene todo los vicios que existen ahora.
Ante ello, quiero decir claramente que yo por lo menos no voy a votarlo en contra, porque no estoy disponible a que después se diga que la Oposición o los socialistas nos negamos a cambiar la Ley Reservada del Cobre. Pero quiero asegurar que en todas las votaciones respecto del traspaso de fondos de Codelco y del Fisco a las Fuerzas Armadas; respecto de la forma en que se van a administrar los recursos y del uso que se les va a dar; respecto de la existencia de un piso y de un Fondo de Contingencia que no se justifica de forma alguna, yo me voy a pronunciar en contra en la discusión en particular.
Y espero que todos mis compañeros de bancada y de sector hagan lo mismo. No podemos aceptar una futura ley que aparenta cambiar las cosas y que, en realidad, no cambia absolutamente nada.
Gracias.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, en primer lugar, es un poco paradójico que el debate sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas ocurra en un momento en que la opinión pública, este mismo Congreso y las autoridades del Estado se han visto impactados por sucesivas denuncias e investigaciones judiciales que afectan a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, lo que pone en evidencia que no hemos hecho bien nuestro trabajo.
Todo ello ha ido en desmedro de las instituciones de la Defensa Nacional y de las policías, puesto que cada organismo tiene sus funciones y, cuando una de las partes no las cumple, genera estos escenarios a los que no estábamos acostumbrados. O, por lo menos, no se sabía de ello.
En segundo lugar, es evidente que para hablar del financiamiento del gasto militar requerimos criterios de Estado y miradas de largo plazo, una suerte de gran consenso político y, también, de la opinión pública. Finalmente es la ciudadanía la que hace el esfuerzo para que se obtengan los recursos que permiten financiar a dichas instituciones.
Por lo tanto, es legítimo para la ciudadanía que las instancias fiscalizadoras puedan transparentar de buena forma la utilización de esos fondos, a fin de que se conozcan mejor las decisiones sobre gastos militares. Se debe fiscalizar con celo no solo la decisión de esos gastos, sino también su ejecución.
Eso nos obliga a hacer un esfuerzo por empoderar definitivamente y sin complejos a la autoridad civil en materias del ámbito militar mediante órganos de fiscalización independientes y autónomos del sector castrense.
Ahora bien, en este debate salta a la vista la insuficiencia de algunos temas. Por ejemplo, no hemos hecho un análisis acerca de los llamados "pisos mínimos" de gasto en defensa. ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos de la Defensa? ¿Qué tenemos que proteger?
Ese aspecto ni siquiera aparece en el proyecto. Por consiguiente, estamos hablando de montos y de pisos sin saber para qué se usarán.
Es una típica discusión en este Congreso: muchas veces planteamos porcentajes y cifras y no logramos armarnos una dimensión de los porqué ni los para qué, sino que solamente nos limitamos a decir "sí" o "no".
Me parece que no es necesario replantearse hoy una visión histórica, hacia atrás, de cuánto se ha gastado. Este no es un tema de rutina, de hábito ni de derechos adquiridos, porque no se trata de un sindicato, sino de las Fuerzas Armadas.
Tenemos que ver cuáles son las necesidades y demandas de las instituciones castrenses para asegurar la defensa y cuáles son los riesgos de los que nos deben proteger.
Por consiguiente, es preciso abordar esa materia con un criterio justificado, en función de una visión estratégica del mundo. Y esa visión es esencialmente política, pues tiene que ver con los desarrollos del país, con los objetivos de la política exterior y con la seguridad, lo que está ausente, por supuesto, en este proyecto de ley.
Además, hace muchos años que la comunidad, en materia de defensa, juega un rol marginal, si es que aún juega alguno. En realidad, el mundo civil está totalmente ausente del debate respecto de cuáles son los objetivos de la Defensa Nacional con relación a las tareas que la sociedad y el Estado les otorga a las instituciones militares para que definan qué deben proteger, cómo hacerlo y con qué recursos.
Ese debate no está presente, y toda la discusión sobre los pisos mínimos apunta simplemente a que son derechos adquiridos, parte de ellos en contextos no democráticos.
Son dos pisos mínimos: el primero plantea asignar a las Fuerzas Armadas un presupuesto que no puede ser menor que lo asignado en 1989, último año del Régimen militar, corregido de acuerdo al IPC, y el segundo considera para la adquisición de material no menos del 70 por ciento de lo entregado por Codelco entre 2010 y 2017, años récord en el precio del cobre, dicho sea de paso.
¿Por qué son tan altos los pisos de financiamiento para estas instituciones? ¿Hay nuevos riesgos? ¿Cómo lo sabemos si este Congreso ni siquiera ha discutido ese tema y menos se ha dado un debate entre la clase dirigente, los intelectuales y las universidades, ni ha habido diálogo entre los políticos y los militares?
Por otro lado, parece extraño que se pretenda sacar al Banco Central de la gestión de esos cuantiosos recursos para reemplazarlo por un comité de tres personas que no tienen dependencia alguna con la Administración del Estado, que son de la confianza exclusiva de la autoridad. Además, las decisiones de inversión se harán por decreto supremo reservado, ¡exentos de la toma de razón!
En vez de avanzar en el control civil y en la fiscalización, estamos retrocediendo.
Además, en cuanto a los controles del poder civil en la ejecución de los recursos, pasa lo mismo: no aparece la Contraloría con un rol efectivo. A este respecto, el propio Contralor en la Comisión de Defensa ha dicho más de alguna vez que ellos se limitan a recibir una hoja que dice que se gastó lo estimado de la manera determinada. ¡"Póngale el timbre", y hasta ahí llegó el rol de la Contraloría!
¡Eso es absurdo!
¡Es un daño para las propias Fuerzas Armadas!
Tenemos que ayudarlas a ser más transparentes, más eficaces y a que realicen mejor su trabajo.
Por otro lado, en el proyecto se observa que el Ministerio de Defensa no mejora su participación en la generación de los presupuestos -se mueve más o menos en lo que ha sido los últimos años- ni se garantiza un adecuado financiamiento específico al Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Por cierto, impulsamos la modernización de las Fuerzas Armadas con la creación del Estado Mayor Conjunto, ¡y aquí ni siquiera aparece mencionado!
¡Ni hablar de la alta restricción al control del Congreso Nacional, que no es mencionado ni siquiera en los acápites temporales!
Finalmente, señor Presidente, creo que tenemos que discutir de verdad sobre la Ley de las Fuerzas Armadas y su financiamiento a largo plazo, pero previo debate del mundo civil y cuidando que los gastos militares correspondan a necesidades objetivas y no a promedios históricos ni a derechos adquiridos.
Por tales razones, pensaba abstenerme. Pero entiendo que el Ministro, durante el plazo para la formulación de indicaciones -hasta el 25 de marzo-, está dispuesto a debatir todos estos temas. En ese contexto y con esa condición, he decidido apoyar el proyecto en debate.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ha pedido la palabra el señor Ministro de Defensa, pero estamos en votación.
¿Habría acuerdo de la Sala para que pueda intervenir?
Acordado.
Tiene la palabra, señor Ministro.

El señor ESPINA (Ministro de Defensa Nacional).- Muchas gracias.
Señor Presidente, he escuchado atentamente las opiniones de las señoras y los señores Senadores, a quienes deseo reiterarles los principios con los cuales nosotros hemos llevado adelante esta iniciativa, cuyo objetivo es cambiar el mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas.
En primer lugar, hago presente que acá se está votando la idea de legislar respecto de la iniciativa que busca poner término al financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas mediante el 10 por ciento de las ventas de cobre de Codelco.
Hago en este punto la salvedad de que en verdad las Fuerzas Armadas no han recibido ese 10 por ciento. Eso dice la ley, pero no es lo que efectivamente han aportado los gobiernos: por ejemplo, en el año 2017 el 10 por ciento llegó a 1.062 millones de dólares y las Fuerzas Armadas recibieron solo 350 millones; en 2016 el 10 por ciento, 917 millones y las Fuerzas Armadas, 350 millones.
Hago esta precisión, señor Presidente, solo para aclarar un hecho: las instituciones militares de nuestro país quieren definitivamente terminar con un financiamiento que no tiene ninguna justificación en un sistema democrático.
En concreto, a través de una empresa del Estado, se financia la Defensa Nacional, que significa el resguardo de nuestra soberanía e integridad territorial y el cuidado de nuestros intereses territoriales: los 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar (nuestra zona económica exclusiva), los 4,5 millones de kilómetros cuadrados de cielo y los más de 750 mil kilómetros cuadrados de territorio terrestre.
Y no queremos que se financie si no es a través de un sistema que sea democrático, transparente, estable, fiscalizado y respecto del cual el Parlamento conozca en detalle cómo se lleva adelante.
No puede ser un compartimento estanco.
Las Fuerzas Armadas no pertenecen a un sector político. Lo digo mirándolos a la cara -los conozco a ustedes desde hace años-: no sería Ministro de Defensa si tuviese el objetivo de que las Fuerzas Armadas fueran utilizadas por un sector político. ¡Ellas son patrimonio de todos los chilenos!
Sus 80 mil integrantes, incluidas 15 mil mujeres, son profesionales que quieren servir a su patria; que provienen de distintas regiones, de distintas etnias; que probablemente profesan diversas ideologías, y solo aspiran a que se les permita cumplir su noble misión, que es defender la soberanía, la integridad territorial y ser garantes de la independencia política de Chile, pues la protección de nuestra soberanía hace posible que no dependamos de otro país para tomar las decisiones democráticas que nos corresponden dentro del Estado de Derecho.
Yo veo plena coincidencia en los principios, y estamos abiertos, absolutamente, a buscar los mecanismos de entendimiento. Pido excusas a aquellos con quienes no tuve oportunidad de reunirme, junto con mis dos Subsecretarios, en una labor prelegislativa. Nos juntamos prácticamente con todos ustedes -por lo menos el 80 por ciento del Senado- y les explicamos en detalle cuáles eran nuestros principios.
Muchas de las aprensiones que se han planteado aquí las compartimos. Pero les recuerdo que se está votando la idea de legislar.
Quiero señalar por qué coincidimos en los principios.
En primer lugar, no he visto a nadie aquí poner en duda -y eso me parece muy bueno- el hecho de que las Fuerzas Armadas requieren un financiamiento estable. No es posible la defensa nacional si no existe estabilidad en los recursos que se otorgan, porque las inversiones, que son todas polivalentes -¡polivalentes!-, se efectúan con el propósito no solo de ser capaces de enfrentar un conflicto, sino también, como ocurre hoy en día, de hacer frente a las emergencias y catástrofes. Tal política de Estado, como bien se dijo anteriormente, ha sido aplicada por muchos gobiernos.
Para nosotros es clave que se acuerde el mecanismo que este Senado estime conveniente para que exista estabilidad en esas inversiones. La adquisición de nuestras capacidades estratégicas, de nuestra infraestructura, de nuestro entrenamiento a efectos de actuar adecuadamente requiere estabilidad, porque son inversiones que pasan de un gobierno a otro.
Les pongo un ejemplo: el buque antártico fue iniciado en su adquisición bajo la primera Administración del Presidente Piñera; fue comprado en el Gobierno de la Presidenta Bachelet; va a seguir siendo financiado bajo la actual Administración, pero va a ser inaugurado por el próximo Gobierno.
¿Qué significa eso? Que se ha podido hacer la inversión de uno de los buques más modernos que van a existir en nuestro país para fines científicos porque se ha contado con la estabilidad necesaria para llevarla adelante.
La manera como lo hagamos depende del talento, el ingenio y la capacidad de este Senado, y esas son las instrucciones que me ha dado Su Excelencia el Presidente de la República.
En segundo lugar, cuando se habla de un procedimiento plurianual, estamos diciendo que requerimos un financiamiento que sea no solo estable, sino también de mediano y largo plazo.
Les doy otro ejemplo, para transparentar el punto.
Como dije, tenemos que custodiar 3,5 millones de kilómetros cuadrados de nuestra zona económica exclusiva, donde el 40 por ciento corresponde a áreas protegidas de recursos marítimos, en distintos grados. Y, para ello, hay dos fragatas, que están quedando absolutamente obsoletas.
¿Cómo vamos a adquirir otras?
Es necesario contar con una seguridad financiera en el tiempo para efectuar una inversión que nos permita adquirir ese tipo de embarcaciones tan elementales y vitales para proteger nuestros recursos naturales -no estoy pensando en la guerra-, dada la calidad de polivalentes de nuestras Fuerzas Armadas.
Entonces, creo que coincidimos en la estabilidad, en los presupuestos de largo plazo y en el control democrático.
Como Ministro de Defensa, quiero decir que nos interesa tener el mayor control democrático respecto de las inversiones de las Fuerzas Armadas. Ellas no se pueden hacer en una pieza oscura; se deben definir con un amplio consenso nacional. Y el país tiene que resolver, a través de sus representantes, qué tipo de Defensa quiere.
Hago presente a los distinguidos Senadores y Senadoras -por su intermedio, señor Presidente- que el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional señala, entre las obligaciones del Ministro -norma vigente dictada por este Parlamento-, la de "Informar al Congreso Nacional respecto de las políticas y planes de la defensa nacional. Le corresponderá, especialmente, informar sobre la planificación de desarrollo de la fuerza y los proyectos específicos en que se materialice.".
Más adelante, el artículo 35 señala que el Ministro de Defensa debe informar a ambas Cámaras, a través de sus Comisiones específicas:
"a) La planificación de desarrollo de la fuerza, incluyendo la planificación financiera asociada, y el estado de avance en su ejecución.
"b) Los proyectos de adquisición e inversión en sistemas de armas aprobados," -¡proyectos de adquisición e inversión en sistemas de armas aprobados!- "incluyendo su financiamiento, en todo aquello que revista el carácter de secreto o reservado.".
Nosotros vamos a cumplir y a hacer cumplir al pie de la letra esta obligación, por instrucciones de Su Excelencia el Presidente de la República.
No solo eso. En el proyecto en debate se contempla una norma que establece que el Ministro de Defensa estará obligado, todos los años, cuando se discuta el presupuesto de las capacidades estratégicas, a venir a las Comisiones de Defensa de la Cámara Baja y del Senado para dar a conocer cuáles son las capacidades estratégicas que Chile requiere y cuáles las inversiones que se van a realizar.
¡Pero cómo no va a ser lógico que en un país democrático el Parlamento sepa hacia dónde se orienta la Defensa de nuestro país, qué queremos en este ámbito!
¡No hay que temer a este debate! Lo tienen todas las sociedades democráticas. Yo no tengo temor a discutir en el Congreso, con argumentos, que Chile necesita contar con una Defensa que garantice la disuasión, la polivalencia y cumplir con nuestra misión, que es representar a todos los chilenos frente a las realidades que acabo de señalar.
Respecto de la situación de Codelco, ustedes comprenderán que esta es una norma que viene del Ministerio de Hacienda. Pero quiero decir...

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Ministro.

El señor ESPINA (Ministro de Defensa Nacional).- ¿Me concede dos minutos para concluir mi intervención, señor Presidente?

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- De acuerdo.

El señor ESPINA (Ministro de Defensa Nacional).- Respecto de la situación de Codelco, quiero decir que el Presidente del Directorio expresó que esta era una norma neutral respecto de la empresa, porque lo que no se retiraba por el 10 por ciento, que se mantiene para un Fondo de Inversión Social, finalmente se distribuye como utilidad. Pero la verdad es que no es una materia propia de la Cartera de Defensa Nacional, sino de la de Hacienda. Y el Ministro de esta ha expresado, junto con el Director de Presupuestos, toda la voluntad para llegar a los acuerdos que el caso amerite.
Termino señalando lo siguiente.
Tengan plena confianza -nos conocemos desde hace demasiados años- de que cuando vengo para acá y les digo de frente que vamos a desarrollar en conjunto un proyecto que modernice a nuestras Fuerzas Armadas, de manera democrática, con fiscalización, con transparencia y con información, es porque lo vamos a hacer entre todos. Y les pido su apoyo para ello. Sin su apoyo la modernización de la Defensa no será posible.
Ingresamos el proyecto relativo a la carrera militar, que llegará posteriormente al Senado, y espero que sea esta legislatura la que logre sacar adelante estas dos iniciativas, que son un paso muy importante para tener un sistema de defensa democrático, a la altura de lo que Chile se merece.
Gracias, Su Señoría.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, creo que resulta indispensable que el país aborde una discusión que está pendiente desde hace décadas. Y, escuchando al Ministro del ramo, me parece relevante que esa discusión venga aparejada de una definición respecto de cuál será la estrategia de Defensa Nacional que tendrá nuestro país y, por lo tanto, cuánto debe gastar en este sector, y no asumir, como dato indiscutible, el monto actual y una estrategia desconocida y, probablemente, no compartida por la gran mayoría de los chilenos y las chilenas.
Hace una semana estuvimos debatiendo en esta Sala sobre reformas institucionales en Carabineros. En esa oportunidad, también hice uso de la palabra planteando algo que considero urgente: que el Gobierno dé señales claras y rotundas de su voluntad política para generar una nueva institucionalidad, en que exista una clara subordinación al poder civil.
Yo me alegro de escuchar al Ministro de Defensa en orden a entender que las Fuerzas Armadas nos pertenecen a todos los chilenos y no son patrimonio de un sector exclusivo de nuestra política partidaria.
También creo que aquí no pueden existir cajas negras en las que no haya control ni fiscalización del Congreso y de la Contraloría General de la República. El país no puede seguir enterándose de fraudes gigantescos, como el llamado "Milico-gate". Según ciertas informaciones públicas, el Ministerio Público y la justicia militar investigan ahora facturas duplicadas de la contabilidad del Ejército que alcanzan un monto de hasta 200 millones de dólares. Y esto ocurrió en un modelo de institucionalidad donde las Fuerzas Armadas funcionaban con una autonomía que no corresponde a un régimen democrático moderno, como lo indicó el propio Ministro en su intervención.
Sin embargo, señor Presidente, quedo con una preocupación adicional a raíz de la intervención del mismo señor Ministro y de lo que ha sido el aporte real de la Ley Reservada del Cobre a las Fuerzas Armadas. Mientras él exponía, fui de inmediato a ver el último estado financiero de Codelco que se ha publicado, en cuya página 14 -hasta ahí alcancé a ver mientras el Ministro Espina hacía uso de la palabra- se señala que todas las ventas de ese período estuvieron afectas y gravadas con el 10 por ciento establecido en la ley N° 13.196, que es la Ley Reservada del Cobre. Creo que esto abre una nueva investigación: ¿dónde quedaron finalmente tales recursos?
Al igual que la Senadora Allende, que de alguna manera lo dijo en su intervención, yo esperaría que en este Congreso existiera la misma disposición, la misma fuerza y un espíritu muy transversal en términos de ser capaces de mantener el liderazgo de la cuprífera estatal, de manera de no seguir tensionando a Codelco con esta obligación de tener que entregar el 10 por ciento de sus ventas.
Señor Presidente, es un eufemismo decir que con esta normativa estamos derogando la Ley Reservada del Cobre. ¡Por favor! ¡Si le estamos manteniendo a Codelco la misma carga de tener que entregar dicho porcentaje de sus ventas al erario!
Creo que es importante que seamos capaces de dejar atrás esta fórmula. La Ley Reservada ha sido permanente fuente de tensión y de endeudamiento para la cuprífera estatal. Los aportes calculados sobre las ventas en lugar de sobre las utilidades, e independientemente del nivel que alcance el precio del cobre, han significado una fuerte presión sobre los excedentes de la empresa.
Mantener el liderazgo de Codelco requiere de una atención y de un compromiso de este Parlamento, del Estado y de la sociedad en su conjunto.
Considero importante también reconocer los enormes esfuerzos que ha hecho la cuprífera por reducir sus costos bajo la administración de su Presidente Ejecutivo, Nelson Pizarro.
La Ley Reservada del Cobre nos ha llevado a que, entre los años 2016 y 2017, prácticamente no contemos con excedentes, porque se obliga a dicha Corporación a entregar el 10 por ciento de sus ventas. Y, como todos conocemos la evolución del precio del cobre, se la ha obligado a endeudarse para poder cumplir con lo que está establecido en la mencionada ley.
La combinación de nulos excedentes y la insistencia de seguir gravando a la cuprífera con la exigencia de entregar tal porcentaje de sus ventas ponen en juego un liderazgo que es importante que todos nosotros cuidemos. Debemos cuidar a Codelco como una empresa del Estado, de todos los chilenos y las chilenas, con la misma claridad que debemos tener de que las Fuerzas Armadas nos pertenecen a todos.
En ese sentido, considero necesario que miremos aquellos aspectos que claramente no se condicen con el avance democrático y con la preservación de instituciones tan relevantes como la Corporación del Cobre, porque son sus excedentes los que nos permiten financiar políticas sociales en educación, salud y vivienda, entre otros sectores.
Estamos seguros de que no se pueden repetir los desfalcos que hemos visto en las Fuerzas Armadas, lo cual requiere poner mayor nivel de control democrático, del poder civil, de este Congreso, en donde se juegue un rol activo en la rendición de cuentas.
Nos parece conveniente -el Ministro lo ha señalado en las discusiones y así lo han reiterado quienes nos representan en la Comisión de Hacienda- que la agencia de compras propuesta funcione, como ocurre en muchos países de la OCDE. Que sea altamente profesionalizada y se vincule con las autoridades democráticas es un paso en la dirección correcta, pero resulta indispensable -insisto- que el país aborde una discusión que está pendiente desde hace décadas: cuál es nuestra estrategia de defensa nacional y, por lo tanto, cuánto debe gastar el país en este sector, y no asumir, como dato indiscutible, que el gasto actual debe mantenerse para sostenerla.
Voy a votar favorablemente el proyecto, con la confianza de que en la discusión particular seremos capaces de liberar definitivamente a Codelco de esta exigencia de entregar el 10 por ciento de sus ventas, pues, ya sea que este porcentaje vaya a las Fuerzas Armadas o se mantenga por 12 años en el presupuesto fiscal, significa mantener la misma presión sobre la empresa.
Votaré a favor, con la esperanza de que en la discusión particular avancemos realmente en más transparencia, en una discusión democrática y en un poder claro de las fuerzas civiles en las decisiones sobre una estrategia en materia de defensa nacional.
He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señoras y señores Senadores, el Orden del Día llega hasta las 19:20 y todavía quedan diez oradores inscritos.
La idea es agotar el debate hoy día, para no tener que seguir mañana.
Por eso, les pido ser lo más sucintos que puedan en sus intervenciones.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, seré muy breve, pues no quiero ser reiterativo de lo que ya han manifestado la Senadora Allende y el Senador Insulza.
Solamente quiero recordar, porque me hizo mucho sentido lo que expresó el Ministro de Defensa Nacional hace un rato, que él mismo dijo algunos meses atrás en la Comisión de Hacienda lo siguiente (y leo a la letra): "existe voluntad para tratar el presente proyecto de ley como una política de Estado, pues son temas que requieren de un amplio consenso. Con dicho propósito, propuso a los parlamentarios formar equipos de trabajo, con el fin de buscar la fórmula más acertada y evitar así que este nuevo intento fracase".
Y creo que eso es lo que debe primar: tratar de que este proyecto de ley no fracase.
He escuchado acá varias intervenciones que representan puntos de vista razonables -para algunos; para otros seguramente no-, pero considero que llegó el momento de que pensemos que esta es una política de Estado y que debemos aunar todos los esfuerzos para legislar en buena forma.
Porque es verdad: en esta iniciativa confluyen asuntos tan complejos como el financiamiento de las capacidades estratégicas de nuestras Fuerzas Armadas y el control democrático que debe ejercer el Congreso Nacional. Es decir, el proyecto atañe a la política de defensa, como política de Estado, pero asimismo apunta a la normalización de nuestra democracia, que durante largos años ha estado ausente de este debate.
Sin duda, este constituye un paso necesario para nuestras Fuerzas Armadas y para nuestra democracia, y por ello voy a votar a favor de la idea de legislar. Pero existen aspectos que deben ser resueltos de mejor manera, ojalá antes de la discusión particular en la Sala. Por eso señalaba que sería deseable llegar a un acuerdo en los equipos o en las comisiones de trabajo que se estarían constituyendo afuera.
En particular, en cuanto a la asignación mínima y al Fondo de Contingencia Estratégico creado para administrar el superciclo del cobre, parece excesivo en el actual contexto mantener pisos y Fondo, tal como acá se ha manifestado. Se debería dejar el Fondo y eliminar los pisos. Si se optara por lo inverso, entonces parecería razonable mantener la gestión de estos recursos a cargo del Banco Central.
Pero lo más relevante para mí es fortalecer la voluntad de continuar con reformas estructurales adicionales; en primer lugar, en el traspaso de los procesos de compra desde las Fuerzas Armadas hacia el Ministerio de Defensa Nacional mediante la creación de una agencia especializada, responsable de la política de desarrollo tecnológico, de la industria militar y de las adquisiciones.
Para concluir, debo señalar que se requiere continuar el sistema integrado de evaluación de proyectos iniciado el 2017 y reponer el proyecto que reforma el gobierno corporativo de las empresas de la Defensa.
Acá se ha hablado mucho de la derogación de la Ley Reservada del Cobre. Sin duda, es un avance, pero se debe avanzar aún más en el fortalecimiento de Codelco y en la eliminación de los impedimentos que obstaculizan su desarrollo, en especial, como dijo la Senadora Allende, su plan de inversiones, necesario para mantener su posición relevante en la producción de cobre en el mundo y su contribución decisiva al erario.
Termino, señor Presidente, haciendo un llamado al Congreso Nacional a realizar todos los esfuerzos para sacar una buena ley, que favorezca tanto a nuestras Fuerzas Armadas como a nuestro país.
He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este es un debate relevante que aborda una de las materias más significativas que nos toca enfrentar, como es la defensa nacional y el garantizarle a la nación toda, a través de la legislación que dictemos, que la paz, la integridad territorial, la manera de enfrentar las catástrofes y el modo de cuidar nuestro océano y nuestro espacio aéreo van a contar con instituciones adecuadas y eficaces para protegerlos y defenderlos.
Hace pocos días se celebró en el canal Beagle un aniversario más de un momento dramático vivido en nuestra historia, producto del conflicto que tuvimos con Argentina. Ello sucedió, básicamente, porque nuestras capacidades estratégicas eran de una precariedad indiscutible en nuestra historia. Y estuvimos a punto de ser arrastrados, contra la voluntad del país, a un enfrentamiento bélico.
Por lo tanto, las capacidades estratégicas resultan fundamentales para la paz y para la tranquilidad de nuestra ciudadanía. Y, a mi juicio, este proyecto es absolutamente coherente con ello, porque, en definitiva, Chile no tiene ningún interés usurpador ni ninguna demanda territorial, sino que simplemente busca proteger su integridad territorial.
¿Por qué, entonces, se establecen los mecanismos del piso y del Fondo de Contingencia Estratégico? Porque hay un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho Chile en los últimos años para tener capacidades estratégicas que le permitan garantizar la paz. Y esas capacidades estratégicas fueron concretadas y llevadas adelante particularmente en los gobiernos de la Concertación, sobre todo en el del Presidente Lagos. Ahí se construyeron las bases de las capacidades estratégicas de nuestro país, que nosotros debemos mantener.
No es este el momento para hablar de la situación del Gobierno militar ni del proceso que se inicia o termina en 1989, sino de mantener lo que se ha ido construyendo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y también con talento durante los últimos gobiernos. No hacerlo sería, sin duda, una irresponsabilidad.
Por eso, escucho con cierta frustración algunas intervenciones en esta discusión. Una Senadora habló de abrir una investigación, pues, según ella, el Ministro dijo que las Fuerzas Armadas recibían 350 millones de dólares y ella vio en un libro que Codelco había entregado 1.200 millones de dólares, y que, por lo tanto, había que investigar este hecho escandaloso. A mi parecer, no podemos entregar ese tipo de información o de datos en un debate de la importancia del que ahora nos ocupa.
Efectivamente, a las instituciones castrenses no se les ha entregado, por parte de los distintos gobiernos, el 10 por ciento correspondiente a las Fuerzas Armadas. Por eso existe la cuenta 4. Porque al Ministro de Hacienda lo que le preocupa mucho es el gasto.
Por lo tanto, seamos responsables con lo que expresamos para evitar que estemos proporcionando informaciones que son, a mi juicio, absolutamente erradas.
Ello me frustra, porque esto requiere claramente un acuerdo, avanzar entre todos para lograr que se cumplan objetivos fundamentales: la paz, la integridad territorial, la tranquilidad ciudadana. Y eso se ha hecho bien en los últimos años: en gobiernos de la Concertación, en gobiernos de la Nueva Mayoría y en gobiernos de Chile Vamos. Porque tenemos una capacidad estratégica como nunca antes la tuvo el país en su historia.
Lo que está haciendo la Administración del Presidente Piñera es validar un sistema de financiamiento donde el Congreso Nacional, el Senado y la Cámara de Diputados, dispongan de capacidades fiscalizadoras, capacidades decisorias y un control democrático como nunca antes las Fuerzas Armadas tuvieron en Chile. Y eso constituye un avance fundamental.
Por otra parte, aquí se ha afirmado que el rol de la Contraloría General de la República es prácticamente inconducente. ¡Oiga, leamos el proyecto! De hecho, las observaciones que puede formular dicha institución a la adquisición de material bélico la obliga a comunicarlas al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público y a pedir a la Cámara de Diputados que aplique sus facultades de fiscalización. ¡No digamos que aquí falta control democrático!
Se ha hablado mucho de derogar la Ley Reservada del Cobre, se ha hablado mucho en los últimos años de un control democrático. Y ha sido durante los Gobiernos del Presidente Piñera, primero con el Ministro Allamand y ahora con el Ministro Espina, en que hemos avanzado en este tema. Valoremos ese hecho, valoremos lo que estamos construyendo, pero, por sobre todas las cosas, valoremos lo que hemos realizado en los últimos años en materia de defensa nacional, porque ese potencial es el que nos ha permitido sortear ciertos conflictos internacionales, de los cuales todos hemos oído, sin tener prácticamente ninguna turbulencia en materia militar. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades estratégicas han garantizado a todos los chilenos esa tranquilidad. Y esta iniciativa les dice a todos los chilenos que vamos a hacer el esfuerzo para que dichas capacidades estratégicas se mantengan y garanticemos la paz y la tranquilidad a todos.
He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, más allá de la disposición del señor Ministro y de todo lo que han expresado algunos señores Senadores y señoras Senadoras, considero que acá tenemos un problema político que es bueno sincerar.
En nuestro país tenemos un problema de confianza entre el mundo de las Fuerzas Armadas y el mundo político, que es producto de nuestra historia. Y si nosotros queremos resolverlo, más allá de la buena voluntad que podemos tener todos los actores, debemos entrar en un proceso de "institucionalización de los problemas".
Desde la crisis civil del año 1931 en adelante, tenemos una profunda desconfianza en la relación entre las Fuerzas Armadas y el mundo político.
Esto se quebrantó con la interrupción del régimen democrático el año 1973, con la vigencia de una normativa de financiamiento de las Fuerzas Armadas basada en el secretismo; en la nula participación del mundo civil, a través del Parlamento, en las políticas de defensa respecto a su visión estratégica y a la parte operativa del sistema de compra de armas, etcétera.
Entonces, considero que existe un problema cultural entre el mundo político y las Fuerzas Armadas, y también de instituciones.
Debemos superar y cortar ese "nudo gordiano" para que, de una vez por todas, nos encontremos y convengamos en que en nuestro país, que es de todos, no pueden darse las desconfianzas que hay actualmente, de ambos lados. Así, por una parte, el mundo político piensa que el manejo de los dineros involucrados en esta materia pertenece a un ámbito secreto al que no tenemos acceso; y por otra, tampoco se nos permite participar en las grandes definiciones de una política de defensa.
¡Digamos las cosas como son! Otros países del mundo, como Estados Unidos o Europa, han tenido experiencias dramáticas que los han hecho caminar hacia el otro lado. Pero en Chile hace 140 años que no existe algún conflicto bélico externo. ¡Son bastantes años!
Uno podría pensar que a lo mejor eso se debe a que hemos tenido una buena política disuasiva que nos ha impedido tener conflictos externos.
En consecuencia, la pregunta es cómo seguimos ahora, qué debemos hacer.
A mi juicio, el objetivo político de las Fuerzas Armadas, de las autoridades de Gobierno, de los partidos políticos, de los parlamentarios en nuestro país es caminar a entender que la única manera de solucionar esta problemática es tener instituciones fuertes, más allá de lo que piense cada uno de nosotros, en el sentido de dar un cauce de participación y de encuentro en un destino común a todos los chilenos. En esto los políticos tenemos algo que decir y debemos participar.
Cuando entre todos, en conjunto, podamos diseñar políticas de defensa, objetivos estratégicos, objetivos nacionales, un buen sistema de financiamiento y de adquisición de armas, caminaremos hacia otro Estado. Necesitamos avanzar hacia una situación diferente.
Por eso, quiero confiar en que aquí, tal como han señalado los señores Senadores de las Comisiones de Hacienda y de Defensa, se trabajará con un conjunto de asesores, de expertos; con los señores Senadores y el Gobierno para tratar de generar una iniciativa que supere algunas carencias que tiene en particular. Y que podamos caminar hacia un estado de confianza entre las Fuerzas Armadas y el Parlamento.
De esa manera, esto tendrá legitimidad. Porque, mientras sigamos viviendo en compartimentos estancos, siempre existirá un problema de confianza entre nosotros.
Quiero dar un solo ejemplo que refleja que esto debe corregirse.
El Fondo de Contingencia es la mejor demostración de que no estamos haciendo las cosas bien. Porque los eventos que se señalan en él son de muy difícil ocurrencia.
¿Sabe lo que pienso, señor Presidente? Aquí hay una norma que dispone que habrá un reglamento en virtud del cual las platas del Fondo de Contingencia podrán pasar al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa. Me parece que simplemente el Fondo de Contingencia es un pretexto. Porque las platas no se usarán nunca en los eventos que allí se indican, como catástrofes o crisis externas, sino que nuevamente irán a parar al Fondo Plurianual.
Debemos sincerar este punto. Decir francamente qué buscamos con este fondo.
Proporciono un ejemplo en el sentido de que si le ponemos empeño al trabajo, podemos sacar una buena iniciativa y superar una larga noche de la historia que nos persigue, esta desconfianza que existe respecto a las instituciones.
Si superamos eso, habremos dado un paso importante como país.
Muchas gracias.
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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señores Senadores y señoras Senadoras, la Mesa quiere informarles -recién me lo comentaba nuestro Presidente- que este jueves se va a celebrar el diálogo "El Senado frente a la realidad actual y la necesidad de fortalecer la democracia: orientaciones y caminos de transformación y desarrollo", en Valparaíso, desde las 14 horas aproximadamente, en que se recibirán los aportes, las ideas y las sugerencias de los Senadores, los funcionarios y todo el mundo. Y también se realizará en Santiago el próximo lunes, a las 9:30 horas.
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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley, cuyo origen es un mensaje presidencial enviado a este Congreso Nacional por el Presidente Piñera durante su primer mandato, está basado en una política de Estado de transparencia en todas las cuentas y gastos fiscales, de forma tal que los chilenos puedan tener la seguridad de que los recursos públicos son adecuadamente dispuestos.
Las Fuerzas Armadas de Chile conforman uno de los pilares fundamentales de nuestra patria. Y por ello es nuestra obligación, como Poder Legislativo, dotarlas de todas las herramientas necesarias para un adecuado fortalecimiento.
El concebir un nuevo marco para el financiamiento de sus capacidades estratégicas debe ser entendido como la forma de garantizar que su funcionamiento en materia administrativa se encuentre basado en principios de transparencia y adecuado control.
Los problemas administrativos puntuales, que en el último tiempo han sido de conocimiento de la opinión pública, no pueden dañar la esencia de estas instituciones, garantes de nuestra soberanía, y en ello todos debemos contribuir.
Este proyecto de ley debe dotar de mecanismos de eficiencia al funcionamiento de las Fuerzas Armadas, y no ser concebido, como algunos pretenden, como un instrumento de intervencionismo y politización.
Por otro lado, hay un alto porcentaje de la defensa que se financia por la Ley de Presupuestos. Por lo que no se justifica seguir con la vía de financiamiento de recursos especiales, es decir, a través de la Ley Reservada del Cobre. Es más, en los últimos tres años, la defensa nacional se ha financiado en un 85 por ciento a través de la Ley de Presupuestos y solo en un 15 por ciento por la Ley Reservada del Cobre.
La defensa nacional es tremendamente importante porque hoy día las Fuerzas Armadas tienen más funciones de las que poseían anteriormente. En emergencias y catástrofes obviamente son claves para salvar vidas y atender personas en situación de urgencia. Y también realizan acciones de apoyo a la comunidad, a través de operativos médicos en zonas aisladas, en los que se ha atendido a más de 86 mil pacientes en los últimos diez años.
Por eso, tenemos que cuidar el buen funcionamiento y la capacidad técnica de nuestras Fuerzas Armadas. Estas son patrimonio de nuestro país y, como tales, deben ser objeto de la más absoluta preocupación y dedicación.
En atención a ello, manifiesto mi aprobación al proyecto. Y, obviamente, quedo muy atento a lo que será la discusión en particular.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, este proyecto no es fácil y quiero decirlo de inmediato, porque da la sensación de que, probablemente, va a obtener una votación muy mayoritaria en general, pero que en particular no será así. Y el Ministro sabe y tiene conciencia de que está dando un paso relevante y de que debe tratar de convencer a ciertas mayorías para concretarlo.
Para ese efecto, quiero ser superfranco en el diagnóstico, porque si este es diametralmente distinto es factible que las consecuencias sean también muy dispersas o diferentes.
Por eso quiero señalar aquí, en la Sala del Senado, que la actual ley, que contempla los gastos -digámoslo genéricamente- en materia de armamento y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, está bien concebida y ha sido exitosa.
No quiero que quede duda alguna al respecto. ¡No! Yo por lo menos -y hay varios; los he oído- creo que esta ley ha sido exitosa, pues permitió a nuestro país enfrentar momentos dramáticos con nuestros vecinos de una manera segura.
A mí no me cabe duda de que la preparación de la defensa de nuestras Fuerzas Armadas fue decisiva para que en otro momento no llegáramos a situaciones bélicas que habrían sido extraordinariamente lamentables.
Porque también hay que decirlo: no siempre las relaciones con nuestros vecinos han sido amables -ojalá fueran siempre amistosas-, y responden a lógicas que van variando y que, en la mayoría de las oportunidades, no dependen de decisiones propias, sino de otros que generan situaciones de incertidumbre.
Yo me acuerdo de que hace quince años un distinguido Ministro de Hacienda de la Concertación hizo referencia a esta normativa legal como la garantía que tiene Chile para darle prioridad a la defensa y al equipamiento de las Fuerzas Armadas, lo cual fue decisivo en momentos muy complejos.
Ese es por lo menos mi punto de partida.
El Ministro nos dice que es posible mejorar y modernizarse. A eso no me voy a oponer. Si un sistema tiene una lógica mejor en materia de piso y de plurianualidad, yo no tengo ningún inconveniente en explorarlo y hacer un esfuerzo máximo, pues obviamente uno siempre tiene que estar dispuesto a hacer las cosas mejor, pero -no me pierdo- en la medida que existan un piso y una plurianualidad.
El piso es de la esencia.
Además, yo miro lo que hacen otros países.
Quiero plantear, con toda sinceridad, que Perú y Bolivia cuentan con normativas parecidas a las que nosotros tenemos en lo que respecta al cobre en relación con los elementos productivos que ellos poseen, y están haciendo lo mismo que nosotros hicimos para tener seguridad en sus fronteras.
Entonces, no entiendo bien que no exista la necesidad de un piso para sustentar una inversión potente hacia delante.
Y la plurianualidad me parece de la esencia.
El día en que un Ministro de Hacienda o un Presidente de la República, sea de allá o de acá, llegue a decir "Bueno, ¿cuánto cuesta una fragata o cuánto cuesta un avión versus cuánto cuesta un hospital?", me temo que esa defensa no va a ser fácil, pues la famosa discusión sobre "cañones o mantequilla" no la inventamos nosotros, sino que es muy antigua.
Entonces, tienen que coexistir ambos elementos, pues son propios de la historia.
Quiero traer a colación un informe superpotente -me lo preparó mi asesora Carolina Infante y se lo agradezco- acerca de la historia de la legislación respectiva.
Esto empezó en 1938 con la Ley de Cruceros. En 1942 se estableció lo relativo a los recursos del sistema extrapresupuestario. En 1958 se promulgó la Ley Reservada del Cobre -¡en 1958!-; y después se modificó a la forma actual.
O sea, las nutrientes no son algo nuevo.
¿Me concede dos minutos más, señor Presidente, por favor?

El señor MONTES (Presidente).- Por supuesto, señor Senador.

El señor COLOMA.- Gracias.
Entonces, yo por lo menos quiero fijar un criterio.
¡Bienvenido, Ministro! Lo vamos a ayudar todo lo posible, porque sé de su espíritu y su ánimo para mejorar y modernizar un sistema que fije un piso y una plurianualidad con relación al gasto de las Fuerzas Armadas, su material bélico, sus necesidades ante las emergencias y todos los elementos que hemos analizado en la Comisión de Hacienda durante seis importantes reuniones.
En ese entendido, por lo menos desde mi punto de vista, no quiero que pase a la historia como alguien que cambió una ley para que las Fuerzas Armadas tuvieran que enfrentar una situación de emergencia desguarnecidas o que carecieran de una garantía total para una buena defensa.
Podemos cambiar la ley para que no sea Codelco la que provea los recursos para estos efectos y buscarlos, por ejemplo, en la Ley de Presupuestos, en la medida en que existan buenas normas, pero siempre que pasemos a algo para mejor, pues por lo menos contamos con una garantía: una legislación que ha funcionado.
Es efectivo que no todo se gasta en las Fuerzas Armadas y queda una cuenta ahorrada, cosa que siempre es importante para el país.
Esa es mi modesta visión de las cosas.
Podemos llegar a todos los acuerdos del caso y, como lo cortés no quita lo valiente, quise precisar mi posición sobre esta materia.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, por fin en las palabras del Senador Coloma tenemos la opinión de la UDI (su bancada es mayoría en este Senado), que es muy dura y distante de la del Ministro de Defensa.
Estamos discutiendo el financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, y yo entiendo las capacidades estratégicas siempre ligadas al pueblo.
La soberanía de un país no recae en las Fuerzas Armadas, sino en el pueblo soberano.
Sin embargo, después de muchos años, hoy día seguimos teniendo en Chile una familia militar; seguimos teniendo una salud militar; seguimos teniendo pensiones militares; seguimos teniendo un distanciamiento entre el pueblo y las Fuerzas Armadas.
¡Yo abogo por estrechar, en un solo corazón, al pueblo con las Fuerzas Armadas, tal como lo hacemos en Talcahuano con la Armada!
¡Talcahuano y la Armada, un solo corazón, un mecanismo que se viene forjando desde bastante antes del 27F de 2010!
¿Pero qué hacemos para aplicar ese concepto? Porque cuando haya que defender al país y a nuestra soberanía se defenderá al pueblo, a los ciudadanos.
Creer que la soberanía radica en el tutelaje de las Fuerzas Armadas sobre el poder civil, que todavía se mantiene, es un grave error.
Por lo tanto, tal como muchos lo han planteado, mientras no se devuelva el poder a los civiles, a la ciudadanía, y mientras no exista un tutelaje del poder civil, este proyecto va a ser una mera ley de financiamiento. Y a mí me parece que no debe serlo.
Yo aspiro a que lo relativo a los generales sea discutido en el Senado de la República, porque eso es una muestra de confianza. Hoy día existe una profunda desconfianza. En los países democráticos de la OCDE -por ejemplo, en Estados Unidos-, que son reflejo del neoliberalismo, lo concerniente a los generales y sus ascensos se debate en el seno del Senado, al igual que la compra de armamentos.
Hay tres proyectos de mi autoría en la Comisión de Defensa Nacional que han dormido durante los últimos diez años, porque -digámoslo francamente- no hubo voluntad alguna de los Gobiernos de la Nueva Mayoría ni de la Concertación para avanzar en estos veintiséis años.
Al contrario, en lo que sí hemos avanzado, desde el 2010 hasta la fecha, es en la deuda de Codelco.
En el 2011 esta empresa mantenía una deuda de cuatro mil millones de dólares; a la salida del primer Gobierno del Presidente Piñera esa cifra subió a 14 mil millones.
¡Hemos endeudado a Codelco!
Entonces, si esta ley en proyecto trae aparejada más transparencia, ¡bienvenida sea! Pero dejar al Banco Central de lado y radicar el poder de administración en tres personas me parece un retroceso.
Si se va a crear un fondo de contingencia, a mí me gustaría uno que tuviera por objeto enfrentar los desastres naturales y las emergencias nacionales.
Está el 2 por ciento constitucional.
Sin embargo, uno podría alegar que es más necesario tener un fondo de contingencia para las catástrofes, los terremotos, los tsunamis, los incendios forestales, que ocurren todos los años, que un fondo de contingencia en un país que hace 140 años no combate en una guerra.
Entonces, tenemos que contar con un fondo de contingencia para enfrentar las calamidades que afectan a la nación y que, lamentablemente, son a diario y muy continuas.
¿Qué es la defensa nacional, señor Presidente? La defensa nacional somos todos.
Y está ocurriendo una situación grave con Codelco, tal como lo han hecho presente varias bancadas. Y, en sus declaraciones, Óscar Landerretche, ex Presidente de Codelco, señaló que sería desafortunado que los chilenos se hicieran a la idea de que la derogación de la Ley Reservada del Cobre resuelve los severos déficits y retrasos en el financiamiento y capitalización de Codelco. No es así en absoluto.
Codelco requiere una ley de capitalización estructural.
Yo me pregunto qué va a pasar con la Corporación Nacional del Cobre en los próximos 12 años.
Y le digo al Ministro: ¡Creo en usted!
Creo en el Ministro de Defensa, pero no en el Gobierno.
Porque, después de escuchar al Senador Coloma, tendremos un gran debate y terminaremos con votos cruzados, y Codelco seguirá sometido al tutelaje de esta carga, de esta mochila que significa entregarles a las Fuerzas Armadas el 10 por ciento de sus ventas, o vamos a ver que las decisiones sobre qué armas se compran las van a continuar tomando solo los militares, por lo que la desconfianza se va a profundizar.
¡Por eso digo que esta era una gran oportunidad para efectuar un debate profundo acerca de otras materias!
El Ministro no lo ha dicho. Pero si se presentó este proyecto es para cambiar el tutelaje. Porque, en verdad, cuando les pasamos las armas a las Fuerzas Armadas en 1973 fueron usadas contra el pueblo. ¡Lo masacraron! ¡Asesinaron a miles de chilenos!
Entonces, tenemos una ideología instalada en nuestro país respecto de nuestras Fuerzas Armadas que tiene que ver con la seguridad nacional, cuyos miembros eran formados en la Escuela de las Américas.
Ya lo sé: ahora no van a dicha Escuela. ¡Y bienvenido sea eso! Nuestros oficiales ya no se forman allí. Pero subsiste ese proceso que es necesario eliminar. Hay que avanzar -y aquí se ha dicho- como lo hacen las naciones del resto del mundo, donde existe una estrecha relación entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, primero, porque estas emergen desde el pueblo.
En Chile todavía tenemos una elite.
Señor Presidente, me siento orgulloso de haber iniciado un proyecto de ley que posibilita, por ejemplo, que un joven proveniente de un liceo municipal pueda ingresar a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y llegar a ser general o almirante. Ello, porque creo que sus integrantes no deben provenir de una sola clase social: tienen que interpretar de verdad la diversidad de las clases sociales existentes en Chile.
Eso ha comenzado a ocurrir y será inevitable.
Solo la permanencia de la pluralidad del pueblo en las Fuerzas Armadas garantiza una estrecha correlación.
Señor Presidente, creo necesario avanzar en la materia.
Tal como lo han dicho muchos Senadores, si esto no cambia, vamos a votar negativamente todo, y haremos campaña en contra de la ley en proyecto.
Voy a hacer un acto fe al votar favorablemente esta iniciativa señalándole al señor Ministro que confiamos en que pueda sacar adelante un proyecto que de verdad termine con la Ley Reservada del Cobre, que favorezca a Codelco y que estreche la relación cívico-militar en un país donde la única salida para enfrentar a un adversario es la unidad cívico-militar del pueblo con sus Fuerzas Armadas.
Voto a favor.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, este proyecto establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas para Chile, pues, básicamente, ellas le permiten seguir creciendo en forma tranquila y continuar siendo el árbitro de la paz.
Quizás esta sea la forma de reconocer lo que hizo el Presidente Lagos cuando parte el siglo XXI, específicamente a contar del año 2000, en que se tomaron dos decisiones estratégicas.
La primera fue comprar equipamiento usado de buena calidad afuera, que es una forma para proveerse de medios; y la segunda -muy importante también-, emplear el estándar europeo de la OTAN para planificar y ejecutar las operaciones.
Quizás esos son los dos elementos que debemos tener a la vista a fin de entender este mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas.
¿Qué ocurre, entonces? Aparece el concepto de "planificación del desarrollo de la fuerza", que es una concepción de la OTAN para precisamente dar aquello que las naciones requieren. ¿Y cómo? Definido, obviamente, con sus políticas: la política de defensa y la política militar, que son mencionadas en la ley en proyecto.
Ese es el gran acuerdo que debemos alcanzar.
Porque si hay algo que esta Corporación tiene son justamente Senadoras y Senadores capaces de trascender el gobierno de turno, de lograr acuerdos que puedan mantenerse, y así definir hacia dónde debe ir nuestro país.
En consecuencia, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿Chile tiene que seguir comprando equipamiento usado, de segunda, o va a iniciar, como se ha planteado en ejemplos anteriores, una industria nacional de defensa?
¿Por qué? Porque los Parlamentos que definen qué se va a comprar son de las naciones que poseen una industria de defensa grande, donde los parlamentarios están representando a sus Estados, y, obviamente, quieren que los proyectos vayan a esos lugares.
Por eso es una decisión política.
Sin embargo, nuestro país debe seguir en un mercado secundario externo.
Por lo tanto, aparecen los requerimientos de alto nivel, que corresponden a la forma de traspasar esa concepción abstracta de una política a algo que se pueda ubicar. ¿Por qué? Porque no se compra a gusto, sino específicamente lo que se requiere. Y se debe trabajar por años con miles de exigencias, con sistemas asistidos por computadores para que los procesos de selección de alternativas no sean contaminados por intereses particulares de algunos grupos: de cualquiera. ¿Por qué? Porque ello debe obedecer a una respuesta técnica.
Por esa razón los procesos de selección pueden permitir proteger y dar la tranquilidad a nuestra nación en el sentido de que esas inversiones se están haciendo como corresponde, y que el germen de la corrupción no se hará presente.
¿Pero dónde radica la esencia del problema? En el costo de ciclo de vida.
¿Y qué es el costo de ciclo de vida? Es el costo total que tiene una inversión de activos de capital, pues no solo se trata de la fragata, del avión de combate o del tanque: es todo lo que se halla asociado a ello. No solo es la compra, sino también los mantenimientos mayores; incluso, la baja.
Cuando uno compra un misil y no se ocupó, se debe desactivar. Hay un costo final quince, veinte, treinta años después que también se debe asumir. Ello debe estar considerado en el proyecto completo, porque esa es la forma de hacer bien las cosas, a fin de no traspasarles a futuras administraciones costos adicionales.
Por lo tanto, aquí hablamos de un mecanismo, de una forma de entender que Chile posee una estatura estratégica grande; que es respetado en la región, no solo en el continente, en el Pacífico, donde están nuestros mayores intereses.
Eso ha llevado a que potencias de primer nivel hayan invitado a nuestro país a dirigir los ejercicios más importantes, no por una muestra de confianza, sino por nuestro conocimiento, pues tenemos capacidades estratégicas que sabemos operar y mantener.
Operar y mantener, entonces, son dos condiciones esenciales, porque también hay que considerar en estos costos, que son flujos permanentes, aquellas cosas que son propias.
Una capacidad estratégica es un sistema. En algunos casos, se da entre una máquina y un hombre o una mujer, y no se pueden separar. Por ejemplo, un avión de combate: las horas de vuelo se pueden realizar en cualquier aeronave; sin embargo, un piloto de F-16 solo se puede formar en este tipo de avión.
Por consiguiente, ese diferencial de costo para operar una capacidad estratégica mayor ha de estar considerado, ya que no es normal.
Así, señor Presidente, podemos dar muchos ejemplos que nos permiten entender por qué existen estos flujos garantizados.
También se halla lo relativo a la depreciación, y cualquier economista lo va a entender. Cuando uno posee activos importantes, debe hacer la reserva necesaria para poder remplazarlos. Y eso igualmente se encuentra considerado.
Esos son los elementos que constituyen lo que quizás de una manera no tan didáctica se ha llamado "el piso". ¿Y qué es? Es un costo fijo, que ya existe.
Tenemos que asumir esa realidad. ¿Cuándo partió? A contar del año 2000, cuando Chile logra alcanzar ese despegue que le permite obtener las capacidades estratégicas necesarias para vivir tranquilo.
¿Cuál es la buena noticia? Estas capacidades son multifuncionales, polivalentes. No solo sirven para administrar la paz, sino también para hacerse cargo de todas aquellas situaciones particulares: el aislamiento territorial, las catástrofes, los incendios.
Por lo tanto, esta es una buena forma de transparentar qué se hace. Por ello, considero que se reúnen todas las condiciones para establecer un buen mecanismo de finamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas.
Voto a favor.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, considero que la votación de hoy, y en particular el debate respecto de este proyecto de ley, es una muy buena ocasión para efectivamente actualizar nuestra legislación en una materia tan relevante.
Independientemente de los reparos que se han planteado al contenido específico de esta iniciativa, creo que tenemos la oportunidad de avanzar en la derogación de una ley que, de acuerdo a los estándares democráticos actuales, no tiene sentido.
Por tanto, quiero valorar el proyecto que se presentó durante el primer Gobierno del Presidente Piñera, cuando el Senador Allamand era Ministro de Defensa, y también el rol que ha desempeñado el Ministro Espina, al promover el diálogo para los efectos de progresar en la tramitación de esta iniciativa.
Asimismo, la Presidenta Bachelet envió en su Administración un proyecto de ley con ese mismo objetivo.
Ahora, señor Presidente, el Senador Huenchumilla señaló algo que me parece fundamental reiterar.
Cuando hablamos de la necesidad de remplazar dicha normativa, debemos plantear con claridad que ella no es propia de los regímenes democráticos, pero tiene que ver con la historia de Chile, y no con la reciente.
La desconfianza entre el mundo militar y el mundo civil es bastante remota. Y el distanciamiento del mundo político y su preocupación por la defensa también son muy antiguos, incluso de antes del golpe de Estado y de la dictadura.
Ya desde 1942 se empezó a establecer una legislación con respecto a esta materia. Pero la crisis del islote Snipe develó algo fundamental y que fue la expresión de ese distanciamiento e interés del mundo político por la defensa: la falta de financiamiento.
Se trataba de una defensa subfinanciada y subequipada, y, por tanto, era necesario contar con una normativa que diera cuenta de ese desfinanciamiento.
Por ello se estableció un impuesto a la gran minería del cobre, en aquel entonces en manos extranjeras. Esto fue previo al proceso de chilenización del cobre del Presidente Frei Montalva y de nacionalización del cobre del Presidente Allende Gossens.
Ahora, durante la dictadura se efectuaron una serie de reformas que son expresión de la desconfianza en la soberanía popular, en la voz de la mayoría y, en particular, en la capacidad del sistema democrático de responder con altura de miras sobre diversos puntos de vista, fundamentalmente los de la defensa.
Por eso creo que aquella es una legislación anómala que es necesario derogar y remplazar para los efectos de garantizar que la decisión en cuanto a esta materia quede radicada en el lugar que corresponde: en el Congreso Nacional, donde se halla la representación del pueblo de Chile.
Sin embargo, esto no obsta a que se establezca un mecanismo que garantice que en la defensa se asigne lo adecuado para mantener la capacidad persuasiva del Estado, que es aquello que permite resguardar la paz. Por tanto, el debate de cuánto se asigna no es irrelevante.
Lo que hoy día discutamos tampoco va a ser irrelevante sobre lo que ocurra para el futuro con respecto a nuestros países hermanos limítrofes. Porque ellos, como respuesta a nuestra Ley Reservada del Cobre, han ido estableciendo normativas de esa misma naturaleza, fijando pisos para el gasto que en alguna medida generan una dinámica que no es constructiva en la lógica de bajar los gastos en defensa, entendiendo que esto es imprescindible en un contexto de acuerdo regional que garantice la paz. Ello, porque siempre es necesario preservar, por cierto, nuestra soberanía y la capacidad persuasiva del Estado de Chile.
Sin lugar a dudas, el debate que generemos hoy puede que no tenga un efecto inmediato en lo que realicen otras naciones. Pero bajo el efecto espejo podría contribuir a establecer una dinámica distinta para el futuro.
Ahora, a mí me parece que en ese marco, obviamente, es necesario resaltar, en primer lugar, la necesidad de que Codelco deje de cargar esa pesada mochila. Ciertamente, la Corporación Nacional del Cobre, como empresa estatal, financia el gasto fiscal. Pero es preciso que deje de llevar ese gravamen sobre sus hombros al objeto de poder desarrollar las inversiones que requiere y su capitalización para ser más competitiva y, por tanto, producir más ingresos para el Estado que permitan financiar el gasto público y, particularmente, el gasto social.
Entonces, no es irrelevante el referido cambio, porque Codelco deja de estar asociada al financiamiento de labores de defensa, y, en consecuencia, aquello posibilita que esta empresa invierta en países limítrofes sin que exista algún tipo de cuestionamientos en la materia.
Pero es preciso debatir acerca de los pisos y si tiene sentido, de acuerdo con los estándares democráticos, que exista uno. Y ello -quiero ser categórico-, bajo ninguna circunstancia, significa dejar de asumir la responsabilidad de financiar las capacidades persuasivas que tiene Chile, pues esa es la forma -ya lo he señalado- de garantizar la paz. Además, cuando hay un compromiso sobre todo en cuanto a la adquisición de recursos de esta índole, es necesario al menos otorgar el financiamiento pertinente para mantener dichas capacidades.
Conocemos experiencias de países limítrofes bastante dolorosas, como lo que ocurrió en Argentina a propósito del submarino que se hundió hace tiempo. Fue un hecho terrible, en que murió un número significativo de marinos del país hermano.
Sin duda, ese accidente da cuenta de que cuando se realizan este tipo de adquisiciones es preciso comprometer, en una perspectiva de mediano plazo, el financiamiento para la mantención de lo que se adquiere y, también, para la renovación a fin de preservar las capacidades que posee nuestra nación.
Señor Presidente, un segundo aspecto tiene que ver con el debate sobre la institucionalidad, en particular con la forma de administrar los fondos que se crean; con la forma como se toman las decisiones para la adquisición de material bélico, y cuáles son los mecanismos de control internos y externos que garanticen un gasto eficiente, conforme a la normativa que se establece. Esto -reitero-, preocupándose de que Chile resguarde la paz con un gasto acorde a nuestras necesidades.
La reflexión de fondo, señor Presidente, es que la derogación de la mencionada ley no puede ser solo simbólica. Por lo tanto, debe dar cuenta de un cambio de mirada sustantivo. De ahí la aprensión que han manifestado algunos Senadores de nuestras bancadas, en la medida en que se plantea que, conforme a la nueva normativa, incluso podría subir el piso.
Pero aquello es parte del debate que se va a generar cuando se discuta en particular la ley en proyecto.
Valoro la actitud de diálogo que ha tenido el Ministro Espina. Me parece que es la forma constructiva de avanzar efectivamente en la materia.
Por consiguiente, compartiendo el principio fundamental de que la mencionada ley debe ser derogada y remplazada por un mejor instrumento jurídico para nuestra democracia y para las necesidades de nuestra defensa, voy a votar a favor de este proyecto en general.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar en primer lugar al señor Ministro, al señor Subsecretario y a quienes nos han acompañado en esta discusión.
Uno se alegra de estar debatiendo en el Parlamento, democráticamente, la modernización de las Fuerzas Armadas, principalmente en lo concerniente a su financiamiento.
Me parece que hemos tardado demasiado tiempo en llevar a cabo una discusión de fondo, en un Estado democrático, en un Estado que se quiere comparar con los países de la OCDE, que -como muy bien lo señaló el Senador Pugh- establece ciertos estándares en materia de financiamiento y dotación, o con las naciones de la OTAN, sobre la manera de avanzar, con una visión objetiva, fuera del mundo ideológico, en cuanto a lo que deben ser las Fuerzas Armadas.
A mi juicio, aquí debemos aplicar un principio básico: la supremacía del control civil sobre las Fuerzas Armadas.
Por desgracia, vivimos un episodio en tal sentido hace dos semanas, cuando el Presidente de la República, Sebastián Piñera, le pidió la renuncia al General Director de Carabineros, quien se negó a ello y fue necesario llamarlo a retiro mediante un decreto fundado, informando previamente al Parlamento de esa decisión.
El mismo procedimiento debe realizarse con relación a las Fuerzas Armadas.
Ahora, señor Presidente, ha habido una anomalía al indexar a Codelco el piso de los ingresos que debe entregar a las Fuerzas Armadas.
Aquello es algo absolutamente anormal.
Si deseamos avanzar y tener Fuerzas Armadas profesionales, con un financiamiento discutido en el Parlamento, por el soberano, hagámoslo de esa manera, pero sin subterfugios, sin pisos mínimos, sin situaciones dadas.
El Congreso Nacional posee madurez suficiente como para entender la necesidad de contar con Fuerzas Armadas profesionales.
Aquí se hablaba de las compras. ¡Por favor! Si no ha habido compra en la cual no se haya procesado a alguien. ¡Todos los comandantes en jefe que han salido en el último tiempo se hallan formalizados o ad portas de formalizaciones, por derechos humanos, por compras indebidas o por hechos vinculados a gastos reservados!
Entonces, hay algo que no está funcionando.
Dejémonos de hablar de la normalidad en las Fuerzas Armadas, de esta situación impoluta cuando claramente dentro de ellas se ha establecido una casta, una familia militar que cuenta con privilegios inadmisibles en un Estado democrático.
Yo me alegro de que el Ministro Espina haya presentado ayer el proyecto para extender la carrera militar. Con ello nos sacaremos esa mochila que en el fondo se traduce en que cuesta más mantener a los pasivos que a los activos de las Fuerzas Armadas, situación absolutamente anómala.
¡Abordemos ese asunto de una vez por todas!
¿Queremos Fuerzas Armadas profesionales? Sí, lo deseamos.
¿Con alta capacidad técnica y de material? ¡Absolutamente!
Pero que ello no se haga con una línea de continuidad respecto de lo que ha existido hasta ahora.
Tenemos una democracia madura, robusta. Hay convicción en el sentido de llevar adelante los cambios necesarios, pues no podemos seguir manteniendo ese tipo de privilegios.
Las Fuerzas Armadas poseen un sistema previsional distinto porque -según me señalan- van a la guerra.
¡Por favor! Hace 140 años que no van a la guerra. La última guerra para algunos fue la interna, contra chilenos. ¡Y vaya que costó a muchos de los nuestros!
Entonces, no me vengan a hablar de que cumplen una función y que por eso deben tener un tratamiento especial: salud y hospitales especiales; previsión; poblaciones; barrios.
¡Clasismo dentro de las instituciones!
Hablamos sobre ello a propósito de Carabineros.
¿Cuándo vamos a tener escuelas únicas? ¿De dónde viene esa tradición inveterada de establecer una Escuela de Oficiales y otra de Suboficiales? Una para ricos, para los privilegiados, para los dueños de fundo como era antiguamente, y otra para el pueblo.
Revisemos esta situación, señor Presidente.
Yo no me niego a ver ningún aspecto. Pero tampoco voy a impedir que el debate se haga efectivamente a fondo.
Yo creo que hay privilegios, hay abusos, hay anomalías que un país democrático que quiere avanzar debe abordar.
Insisto: conozco al Ministro Espina y no tengo dudas de su intención, de su convicción de llevar adelante cambios en esta materia. Pero hay mucho que conversar y mucho que debatir, como los pisos y el desarrollo de la industria asociada a este sector.
Se refirió en un momento el Senador Pugh -valoro sus opiniones, porque conoce del tema- a la necesidad de desarrollar la tecnología y la capacidad instalada. Hasta el día de hoy esperamos que, de una vez por todas, en la Ley de Presupuestos se considere el financiamiento para el dique 3 de ASMAR. ¡Cuánto tiempo se ha esperado! Debemos tener ahí fuerza, capacidad de producir nuestras embarcaciones y también de prestar servicios. ASMAR es una institución que ha podido trabajar en ello. Y eso no lo vemos desarrollado.
Acá simplemente se quiere establecer un piso garantizado, un Fondo de Contingencia Estratégica.
Pienso que este es un elemento que hay que madurar y sobre el cual tenemos que seguir discutiendo.
Creo que hay que sacarse estos prejuicios, estas visiones, y entender que las Fuerzas Armadas somos todos, no son de un sector del país.
El Ejército nació en el pueblo de Chile. El pueblo quiso y quiere a su Ejército, pero no a los privilegiados, no a los que han abusado de ese uniforme o de esa condición.
Queremos Fuerzas Armadas profesionales, que defiendan el país, que sean parte integrante de él.
Por ello, me abstengo, a la espera de lo que consignará el articulado del proyecto.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor y 4 abstenciones); se deja constancia de que se reúnen los quorums constitucionales exigidos, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 25 de marzo.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron la señora Allende y los señores De Urresti, Latorre y Quintana.


El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ESPINA (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, quiero agradecer a las señoras y a los señores Senadores por haber aprobado la idea de legislar y por la confianza que han tenido en la voluntad que hemos expresado de sacar adelante esta iniciativa de ley con un amplio acuerdo del Parlamento, en este caso, del Senado.
Si somos capaces de avanzar en la modernización de la defensa y de las Fuerzas Armadas, dejaremos un gran legado para nuestro país.
Por lo tanto, espero que durante el plazo para formular indicaciones los equipos de trabajo del Ministerio de Defensa -liderado por el Subsecretario Juan Francisco Galli-, de los parlamentarios y del Ministerio de Hacienda podamos llegar a acuerdos, de manera de hacer que este proyecto realmente signifique el término a una segunda transición dentro de las Fuerzas Armadas.
Estas instituciones, señor Presidente, tienen el monopolio de la fuerza. Y, por lo mismo, les corresponden dos grandes obligaciones. La primera de ellas es el respeto irrestricto a los derechos humanos. La segunda, exhibir los más altos estándares de probidad.
Y a quienes no son miembros de las Fuerzas Armadas les corresponde tener el respeto y la consideración hacia instituciones que han sido durante todos estos años, particularmente desde el retorno a la democracia y en el último tiempo, un ejemplo de servicio al país y de defensa de nuestra soberanía e integridad territorial.
Nuevamente quiero agradecer, en nombre del Presidente de la República y del Gobierno, por la confianza que el Senado ha tenido en nosotros para aprobar la idea de legislar respecto de este proyecto.
Gracias, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Por el conjunto de las intervenciones, queda claro que quedamos a la espera de las indicaciones, fundamentalmente del Ejecutivo, para seguir avanzando en la tramitación de esta iniciativa.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, solicito la venia de la Sala para que la iniciativa que estaba en el tercer lugar del Orden del Día de hoy quede en el primer lugar de la tabla de la sesión de mañana.
Se trata del proyecto que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas (boletín N° 11.317-21), y se relaciona con la pesquería en general. Creo que el momento que estamos viviendo, que es bastante conflictivo, amerita un mensaje de tranquilidad para todo el mundo.

El señor MONTES (Presidente).- Señor Senador, en este momento no tenemos quorum para tomar una decisión.

El señor QUINTEROS.- Lo dejo planteado.

El señor MONTES (Presidente).- En todo caso, consideraremos su proposición para la tabla de mañana.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, asistí a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde por unanimidad se aprobó el proyecto de ley que establece el 27 de junio como día nacional del trabajador del transporte público (boletín N° 9.448-13). Esa instancia acordó solicitar que la iniciativa fuera enviada a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones antes de que viniera a la Sala, para un debate más profundo.
Le solicito que se acuerde ese traspaso.

El señor MONTES (Presidente).- Señor Senador, eso ya está acordado.

El señor NAVARRO.- Por la Comisión.

El señor MONTES (Presidente).- Fue acordado aquí, en la Sala.

El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa el informe de la Comisión de Educación y Cultura recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre acoso sexual en el ámbito académico (boletines Nos 11.750-04, 11.797-04 y 11.845-04, refundidos).
--Queda para tabla.
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El señor MONTES (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, para que proporcione antecedentes sobre ACTIVIDADES DE REGIMIENTO CORACEROS DURANTE SU EMPLAZAMIENTO EN SECTOR LAS SALINAS, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, CON RELACIÓN A ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y OTRAS ACCIONES EVENTUALMENTE CONTAMINANTES.
Del señor DE URRESTI:
A los señores Ministro de Economía, Fomento y Turismo y Presidente del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, pidiéndoles informar respecto de ESTADO ACTUAL DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUD HECHA POR EMPRESA WATTS ANTE SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA OBTENER MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESA COLÚN.
A la señora Ministra de Educación y a los señores Director Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y Director Nacional del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, para que remitan antecedentes acerca de CONVENIO ENTRE INDAP Y JUNAEB EN EL MARCO DE LA INSTALACIÓN DE UNA POLÍTICA DE COMPRAS LOCALES ESTABLECIDA POR LA SEGUNDA ENTIDAD COMO PARTE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
Y a los señores Ministro de Agricultura e Intendente de Los Ríos, a fin de que entreguen información relativa a MATERIALIZACIÓN DE VINCULACIÓN COMERCIAL DE COOPERATIVA CORDICOOP, DE LA UNIÓN, EN EL MARCO DE PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIONAL DE POLÍTICA SILVOAGROPECUARIA REGIONAL.
Del señor NAVARRO:
A los señores Ministro de Salud, Gobernador de Chiloé y Alcalde de Ancud, solicitándoles información relacionada con PRONTAFECHA DE CESE DE UTILIDAD DE VERTEDERO DE HUICHA, COMUNA DE ANCUD.
A los señores Ministro de Vivienda y Urbanismo, Intendente del Biobío y Gerente General de la Empresa Nacional del Petróleo, planteándoles diversas consultas respecto de RELOCALIZACIÓN DE VECINOS DE EL TRIÁNGULO, COMUNA DE HUALPÉN.
Y a los señores Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y a los señores General Director de Carabineros y Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, pidiéndoles información acerca de PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE COLEGIOS PARTICULARES, PARTICULARES SUBVENCIONADOS Y MUNICIPALES QUE INGRESARON A ESCUELA DE OFICIALES DE SU INSTITUCIÓN EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
De la señora ÓRDENES:
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, para que remita antecedentes relativos a ALCANCE DE CITACIÓN A POBLADORES DE TORTEL RELATIVA A OCUPACIÓN DE SUS INMUEBLES y concernientes a PROCESOS DE REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES EN CURSO EN DICHA COMUNA.
Del señor SANDOVAL:
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Vivienda de Aisén, consultándole por ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE PASAJES DE VECINOS PERTENECIENTES A COMITÉ DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA "PATEANDO PIEDRA DE COYHAIQUE".
Y a la señora Directora del Servicio de Salud Aisén, para que informe si dicho Servicio ha analizado POSIBILIDAD DE CONTAR CON PEDIATRA EN CONSULTORIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ.
Del señor SORIA:
Al señor Ministro de Obras Públicas, requiriéndole diversos antecedentes relativos a OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PUERTO DE IQUIQUE.
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El señor MONTES (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:25.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante