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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 366ª
Sesión 94ª, en martes 5 de marzo de 2019
Ordinaria
(De 16:20 a 19:45)
PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; de Desarrollo Social, señor Alfredo Moreno Charme, y del Trabajo y Previsión Social, señor Nicolás Monckeberg Díaz.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade; de Evaluación Social, señora Alejandra Candia Díaz; de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarreal Bardet, y el Coordinador Legislativo del Ministerio del Trabajo, señor Francisco del Río.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 90ª, ordinaria, en 22 de enero de 2019; 91ª, extraordinaria, 92ª, especial, y 93ª, ordinaria, todas en 23 de enero de 2019, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor MONTES (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Treinta y cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero manifestó que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental respecto del proyecto de ley que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio (boletín N° 9.303-11).
--Se toma conocimiento, y se mandó comunicar al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica (boletín N° 11.951-31).
Con los veintiún siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos:

1.- El que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores (boletín N° 6.956-07).

2.- El que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior (boletín N° 8.996-13).

3.- El que establece el Estatuto Chileno Antártico (boletín N° 9.256-27).

4.- El que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín N° 9.404-12).

5.- El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines Nos 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).

6.- El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (boletín N° 11.174-07).

7.- El que implementa un sistema táctico de operación policial (boletín N° 11.705-25).

8.- El que perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión (boletín N° 11.747-03).

9.- El que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos (boletín N° 11.818-25)

10.- El que modifica la ley que establece bases de los procedimientos administrativos en materia de documentos electrónicos (boletín N° 11.882-06).

11.- El que fortalece la integridad pública (boletín N° 11.883-06).

12.- El que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población (boletín N° 11.913-25).

13.- El que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (boletín N° 11.919-02).

14.- El que modifica la ley N° 4.808, que reforma la ley sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación (boletín N° 12.018-07).

15.- El que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento (boletín N° 12.025-03).

16.- El que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario (boletines Nos 12.026-13, 11.655-13 y 11.671-13, refundidos).

17.- El que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia y modifica normas legales que indica (boletín N° 12.027-07).

18.- El que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia (boletín N° 12.118-04).

19.- El que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (boletín N° 12.250-25).

20.- El que establece la Ley Nacional del Cáncer (boletín N° 12.292-11).

21.- El que modifica la ley N° 20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras (boletín N° 12.324-08).
Con los doce subsiguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- La que reforma el Código de Aguas (boletín N° 7.543-12).

2.- La relativa a migración y extranjería (boletín N° 8.970-06).

3.- La que modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (boletín N° 9.170-23).

4.- La que adecua los cuerpos legales que indica en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias (boletines Nos 11.126-07 y 11.522-07, refundidos).

5.- La que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (boletín N° 11.175-01).

6.- La que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A." (boletín N° 11.554-05).

7.- La que modifica la ley que establece bases para los procedimientos administrativos en materia de documentos electrónicos (boletín N° 11.882-06).

8.- La que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia (boletín N° 12.008-13).

9.- La tocante a eficiencia energética (boletines Nos 12.058-08 y 11.489-09, refundidos).

10.- La que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest (boletín N° 12.192-25).

11.- La que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (boletín N° 12.234-02).

12.- La vinculada con delitos ambientales y daño ambiental (boletín N° 12.398-12).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República:
Con fecha 20 de febrero recién pasado comunicó su ausencia del territorio nacional durante los días 22 y 23 de ese mes con motivo de una visita de trabajo a la ciudad de Cúcuta, República de Colombia, para la entrega de ayuda humanitaria de Chile a Venezuela.
Además, informó que en su ausencia sería subrogado por el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick, con el título de Vicepresidente de la República.
--Se toma conocimiento.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha aprobado el proyecto de ley que crea el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia y modifica normas legales que indica (boletín N° 12.027-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo comunica que prestó su aprobación al proyecto de ley que asigna al gimnasio municipal de la ciudad de Talca el nombre de "Gimnasio Regional Manuel Herrera Blanco de Talca" (boletín N° 11.877-29).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
De la Excelentísima Corte Suprema:
Emite su parecer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, sobre el proyecto de ley relativo a delitos ambientales y daño ambiental (boletín Nº 12.398-12).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta sentencia dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 199, inciso segundo, del Código Civil.
Comunica sentencia definitiva sobre control de constitucionalidad del proyecto de ley que establece sanciones a quienes impidan el acceso a playas de mar, ríos y lagos (boletín N° 12.333-20).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda archivar los documentos.
Remite resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículos 1°, inciso tercero, 485 y 506 del Código del Trabajo.
-Artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798.
-Artículo 171 del Código Tributario.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República:
Envía información, solicitada por el Senador señor De Urresti, relativa a una denuncia efectuada por los dirigentes del Comité de Agua Potable Rural de Mantilhue respecto del proyecto de construcción de casetas sanitarias en dicha localidad.
Atiende inquietud del Senador señor Guillier sobre el fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional caratulado "Navarrete con I. Municipalidad de San Miguel", que declaró inaplicable para los funcionarios públicos el procedimiento de tutela laboral.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Responde consulta del Senador señor Bianchi sobre solicitudes de pensiones de gracia para los integrantes de la Federación de Trabajadores Portuarios de Punta Arenas.
Remite protocolos de actuación de Carabineros de Chile, requeridos por la Senadora señora Rincón, tocantes al buen trato y debido respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven en la zona de conflicto de La Araucanía, especialmente aquellos pertenecientes a la etnia mapuche y que residen en la comunidad Temucuicui.
Contesta cuatro oficios del Senador señor Pugh relacionados con los siguientes asuntos:
-Situación que afecta a los connacionales continentales por su residencia o permanencia en Isla de Pascua.
-Primer Seminario sobre Migraciones del Pacífico y Navegaciones Ancestrales.
-Tramitación del reglamento de la ley Nº 21.070, que regula el ejercicio del derecho a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua.
-Presentación de 36 familias agrupadas en Honui con la Comunidad Indígena Polinésica Ma'u Henua, que recibió la administración del Parque Nacional Rapa Nui.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Absuelve, de manera reservada, las inquietudes planteadas en el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Chahuán; señoras Aravena, Ebensperger, Rincón, Von Baer y Van Rysselberghe, y señores Allamand, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria, por el que expresan su repudio al Gobierno de Venezuela; lo exhortan a liberar a los presos políticos, a poner fin a la usurpación de la Presidencia de la República y a realizar elecciones libres, y solicitan a la Cancillería chilena hacer especial seguimiento a las investigaciones de la Corte Penal Internacional dirigidas contra Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos (boletín N° S 2.045-12).
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Atiende preocupación expresada en el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Pugh; señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes y Van Rysselberghe, y señores Araya, Bianchi, Castro, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens y Soria, por el que piden implementar un órgano de planificación estratégica nacional, de carácter permanente, formado por representantes de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Desarrollo Social y del Senado, con el objeto de desarrollar una planificación estratégica nacional para las macrozonas norte, sur y los territorios insulares (boletín Nº S 2.026-07).
Del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos:
Responde inquietud expresada en el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Rincón, Aravena, Ebensperger, Órdenes y Von Baer y señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Montes, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria, por el que se solicita adoptar las medidas de reparación urgente para los niños y niñas vulnerados dentro del sistema de protección del Estado, así como las administrativas, judiciales y financieras esenciales que permitan sacarlos de dicho sistema (boletín N° S 2.003-12).
Del señor Ministro de Salud:
Responde consulta del Senador señor Elizalde relativa a las medidas adoptadas en favor de 48 menores de los sectores rurales de las comunas de Talca y de San Clemente, a quienes se les detectó presencia del plaguicida prohibido que indica.
Comunica su parecer respecto del proyecto de acuerdo aprobado por la Sala del Senado, presentado por los Senadores señor Sandoval; señoras Aravena, Goic, Órdenes, Provoste y Von Baer, y señores Bianchi, Castro, Durana, De Urresti, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Kast, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh y Soria, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, implemente las políticas públicas y adopte las medidas necesarias para el tratamiento adecuado del mal de Alzheimer en nuestro país (boletín N° S 2.010-12).
Emite pronunciamiento sobre el proyecto de acuerdo aprobado por la Sala del Senado, presentado por los Senadores señoras Rincón, Aravena, Ebensperger, Órdenes y Von Baer y señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Montes, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria, por el que se solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas de reparación urgente para los niños y niñas vulnerados dentro del sistema de protección del Estado, así como las administrativas, judiciales y financieras esenciales que permitan sacarlos de dicho sistema (boletín N° S 2.003-12).
Adjunta respuesta a la inquietud de la Senadora señora Allende respecto de la calidad del agua que evacua la planta de tratamiento de aguas servidas de Olmué hacia el estero de la misma comuna.
Absuelve consulta del Senador señor Latorre relativa al campo ocupacional posible para los estudiantes de la carrera de Técnico en Fisioterapia.
Envía información, solicitada por el Senador señor Navarro, sobre las medidas adoptadas para el traslado y tratamiento de residuos tóxicos de la industria salmonera de Chonchi al relleno sanitario Hidronor, ubicado en la localidad de Copiulemu, comuna de Florida.
Atiende preocupación del Senador señor Navarro relacionada con la falla ocurrida en la planta Santa Fe el 21 de octubre de 2018.
Del señor Ministro de Agricultura:
Informa, a requerimiento del Senador señor De Urresti, respecto de las medidas alternativas al sistema de quemas agrícolas.
Remite antecedentes, solicitados por el Senador señor Navarro, relativos a la ampliación de la planta de tratamiento de lodos ubicada en la comuna de Cabrero y su eventual efecto adverso para la producción frutícola de exportación.
Contesta requerimiento del Senador señor De Urresti acerca de programas de capacitación en materia de apicultura disponibles para el año 2019.
Hace llegar datos solicitados por el Senador señor Navarro sobre cría de ganado bovino para la producción lechera, y remite detalle de los planes de reforestación en las distintas regiones de nuestro país.
Informa acerca del curso de la denuncia efectuada por vecinos y por el municipio de la comuna de Los Lagos relativa a la eventual contaminación de una vertiente destinada al uso y consumo de los habitantes del sector Las Juntas proveniente del manejo de residuos industriales lecheros de la empresa Manuka S.A: antecedentes solicitados por el Senador señor De Urresti.
Responde consulta del Senador señor De Urresti sobre Programas de Extensión y Transferencia para la implementación de Sistemas Biodigestores Prediales en la Agricultura de Los Ríos.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo:
Contesta requerimiento del Senador señor De Urresti relativo al plan de modernización de la División de Asociatividad y Economía Social.
Envía antecedentes solicitados por el Senador señor Navarro sobre exportaciones de fruta a Estados Unidos que han pasado por el sitio de inspección fitosanitaria de Cabrero.
De la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones:
Da respuesta a petición del Senador señor Quinteros vinculada con el aumento de frecuencia de vuelos hacia las comunas de Futaleufú y Palena.
Atiende solicitud del Senador señor Navarro tocante al perímetro de exclusión del Gran Concepción.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales:
Anuncia la ejecución de un proyecto de conservación y restauración de los torreones Del Barro o Picarte y Los Canelos, ubicados en la ciudad de Valdivia: cuestión planteada por el Senador señor De Urresti.
Informa, a requerimiento del Senador señor Navarro, acerca de los terrenos fiscales traspasados a cooperativas de vivienda.
Envía antecedentes solicitados por el Senador señor Elizalde respecto del procedimiento sancionatorio seguido contra la Sociedad Arquitectura y Paisajismo Río Maule Limitada.
Indica, a petición del Senador señor Navarro, la situación del Fundo la Escalera, ubicado en el Santuario de la Naturaleza de la península de Hualpén.
Remite copias solicitadas por la Senadora señora Órdenes de los decretos que desafectan la Reserva Nacional Lago Jeinimeni y la Reserva Forestal Lago Cochrane y del que crea el Parque Nacional Patagonia.
Adjunta información requerida por el Senador señor Insulza respecto de las exploraciones que la empresa minera Río Tinto estaría realizando en terrenos fiscales de la comuna de Putre.
Explica, a petición del Senador señor Guillier, el Plan de Licitaciones 2018, que considera la justificación, fundamento técnico, calendarización y modalidad de traspaso de 179 bienes fiscales.
Del señor Ministro de Desarrollo Social:
Con el primero envía catastro solicitado por el Senador señor Navarro de personas en situación de calle en el último decenio.
Con el segundo identifica, a requerimiento del Senador señor De Urresti, a los participantes de la delegación de emprendedores mapuches que viajaron al Foro Mundial de Negocios Indígenas realizado en Nueva Zelanda.
De la señora Ministra de Energía:
Remite antecedentes pedidos por el Senador señor De Urresti relativos a las 22 empresas que actualmente cuentan con el sello de eficiencia energética a nivel nacional.
Da cuenta de la presentación hecha por el Senador señor Durana en la que expresó la necesidad de dotar de energía eléctrica a la comuna de General Lagos.
De la señora Ministra del Medio Ambiente:
Adjunta información, requerida por el Senador señor Latorre, sobre las investigaciones y las medidas administrativas adoptadas con ocasión de la emergencia sanitaria y ambiental por la operación industrial en la bahía Quintero-Puchuncaví.
De la señora Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio:
Atiende inquietud del Senador señor Araya respecto de los criterios empleados por la Secretaría Regional Ministerial de esa Cartera de Estado en Antofagasta para la entrega de fondos a las asociaciones que indica.
Informa sobre planes de conservación, mejora y restauración del edificio de la Planta Hidroeléctrica de Chivilingo: antecedentes solicitados por el Senador señor Navarro.
De la señora Ministra del Deporte:
Contesta petición de antecedentes, formulada por el Senador señor Navarro, sobre diversas situaciones relativas a jugadoras y jugadores de equipos de fútbol profesional y amateur, y absuelve consulta relativa a situación que afectó a la gimnasta Makarena Pinto.
Del señor Ministro (S) de Defensa Nacional:
Remite, de manera reservada, información solicitada por el Senador señor Navarro acerca del porcentaje de estudiantes provenientes de colegios particulares, particulares subvencionados y municipales que han ingresado a las escuelas de oficiales en los últimos cinco años.
Atiende consulta del Senador señor Guillier tocante a la cantidad de integrantes del alto mando en cada una de las ramas que componen las Fuerzas Armadas, y remite copia del Convenio de Colaboración para la Ejecución del Programa de Apoyo al Cumplimiento, celebrado entre la Contraloría General de la República y el Ministerio de Defensa.
Del señor Ministro (S) de Minería:
Remite información requerida por el Senador señor Insulza sobre las exploraciones que la empresa minera Río Tinto estaría realizando en la localidad de Belén, comuna de Putre, de la Región de Arica y Parinacota.
Del señor Ministro (S) de Transportes y Telecomunicaciones:
Responde el planteamiento del Senador señor Navarro relativo a la necesidad de adoptar medidas para abordar la congestión vehicular en la ruta 160 Concepción-San Pedro-Coronel y provincia de Arauco.
Informa, a solicitud del Senador señor Navarro, con relación a las alzas de tarifa de los taxibuses en el Gran Concepción y a las acciones adoptadas por el Gobierno respecto del paro de trabajadores portuarios eventuales ligados a la empresa concesionaria del Terminal Pacífico-Sur.
Del señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura:
Envía antecedentes pedidos por el Senador señor Navarro relativos a la población del delfín chileno y la temperatura mensual promedio del agua en el archipiélago de Chiloé en los últimos cinco años.
Del señor Subsecretario (S) de Educación:
Responde requerimiento del Senador señor Latorre acerca del número de estudiantes matriculados en la carrera de Fisioterapia en el Instituto Profesional DUOC-UC; allega antecedentes tocantes a la continuidad futura de la carrera, efectividad de la suspensión de la matrícula de primer año, e informa sobre prácticas profesionales para los estudiantes y tasas de deserción y de titulación.
Atiende inquietud del Senador señor Latorre con respecto al estado del proceso de postulación de una trabajadora de la comuna de Concón al plan de incentivo al retiro para asistentes de la educación establecido en la ley N° 20.964.
De la señora Subsecretaria (S) de Justicia:
Contesta oficio del Senador señor Guillier relativo a la posibilidad de incluir en el beneficio que indica a los funcionarios de Gendarmería de Chile de las promociones 1989 y 1990.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios:
Responde consulta de la Senadora señora Allende sobre la normativa y los permisos vigentes aplicables a los tubos emisarios ubicados cerca del estero San Jerónimo y del mirador de Tunquén en el litoral de la comuna de Algarrobo.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles:
Remite respuesta a una consulta del Senador señor Navarro relativa al financiamiento del sistema de transmisión eléctrico, al despeje de la vegetación cercana a las líneas de alta tensión y al peso que soportan los postes de tendido eléctrico.
Con el segundo envía informe solicitado por el Senador señor Durana sobre el corte de energía eléctrica que tuvo lugar en la Región de Arica y Parinacota el 14 de diciembre de 2018.
Del señor Superintendente de Educación:
Atiende preocupación de la Senadora señora Provoste acerca de las expresiones de algunos sostenedores de establecimientos educacionales, quienes han señalado que las disposiciones de la ley N° 21.109 no se aplicarían a los asistentes de la educación que no han sido traspasados a los servicios locales.
Del señor Superintendente (S) del Medio Ambiente:
Remite información solicitada por el Senador señor Elizalde relativa al cronograma del procedimiento sancionatorio contra la Sociedad Arquitectura y Paisajismo Río Maule Ltda., titular de los proyectos "Plan de adecuación del vertedero de residuos sólidos domiciliarios y asimilables San Roque" y del "Plan de cierre progresivo y sellado del vertedero San Roque, comuna de San Clemente".
Hace llegar los antecedentes pedidos por el Senador señor Navarro vinculados con el vertedero industrial de Mocopulli, de Dalcahue, a cargo de la empresa ACONSER SpA.
Envía datos requeridos por el Senador Navarro sobre la fuga de salmones desde las instalaciones de la empresa Productos del Mar Ventisqueros S.A., comuna de Quemchi.
Comunica antecedentes solicitados por el Senador señor De Urresti acerca de procesos administrativos sancionatorios contra las instalaciones del Centro de Gestión de Residuos Biológicos y Desechos Derivados de Recintos Clínicos y Hospitalarios ubicado en la comuna de Paillaco.
Atiende preocupación del Senador señor Navarro tocante a la necesidad de contar con un estudio de impacto ambiental respecto del denominado "Puente Bicentenario", de Concepción.
Remite información solicitada por los Senadores señora Allende y señor Latorre sobre las investigaciones y procesos de fiscalización iniciados por esta Superintendencia a causa del derrame de relave minero que afectó al torrente del río Blanco.
De la señora Directora del Servicio Nacional de Menores:
Responde, de manera reservada, la inquietud de la Honorable Senadora señora Rincón referente al debido respeto o situación de vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven en la zona de conflicto de la Región de la Araucanía, especialmente aquellos pertenecientes a la etnia mapuche, involucrados en casos relacionados con el conflicto mapuche en calidad de imputados, víctimas o testigos.
De la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura:
Remite normativa elaborada por la Gobernación Marítima de Castro sobre la regulación de la navegación de embarcaciones en la Patagonia Norte destinada a evitar la colisión de las naves con cetáceos: antecedentes solicitados por el Senador señor De Urresti.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos:
Envía información consultada por el Senador señor Navarro respecto de la nómina de funcionarios de esa repartición que participaron en el último catastro y revalúo de propiedades.
Del señor Director Nacional del Fondo Nacional de Salud:
Reporta solicitud de la Senadora señora Goic sobre cobertura de salud para personas donantes de órganos.
Del señor Director (S) del Servicio de Impuestos Internos:
Envía datos solicitados por el Senador señor Navarro relativos a condonaciones de deudas tributarias de los últimos veinte años, desagregados por año y por grandes, medianas, pequeñas y micro empresas.
Del señor Director Nacional (S) del Servicio de Geología y Minería:
Remite antecedentes acerca de los procesos de investigación y fiscalización de la suspensión preventiva del suministro de agua potable en la comuna de Los Andes motivado por el derrame de relave minero que afectó al torrente del río Blanco.
Del señor Director Nacional (S) del Servicio Nacional de Aduanas:
Informa, a solicitud del Senador señor Quinteros, sobre la condición de las instalaciones aduaneras ubicadas en las comunas de Futaleufú y Palena.
Contesta la petición del Senador señor Bianchi referida a la normativa aplicable a la admisión y salida temporal de vehículos desde y hacia la República de Argentina.
Del señor Director (S) del Instituto de Desarrollo Agropecuario:
Absuelve inquietud del Senador señor De Urresti relativa a la construcción y operación de biodigestores en la provincia de Valdivia.
Del señor Presidente del Consejo de Monumentos Nacionales:
Envía antecedentes solicitados por el Senador señor De Urresti sobre el proyecto de construcción de la piscicultura Antilhue, en la comuna de Los Lagos.
Del señor Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de Los Ríos:
Envía información requerida por el Senador señor De Urresti relativa al proyecto de agua potable y casetas sanitarias para los habitantes de la Isla Huapi, comuna de Futrono.
De la señora Intendenta Regional de Aisén:
Atiende preocupación del Senador señor Sandoval referida a la implementación de los Juzgados de Policía Local de las comunas de Lago Verde, Guaitecas, Cochrane, O'Higgins, Tortel, Chile Chico y Río Ibáñez.
Del señor Gobernador de Chiloé:
Informa, a requerimiento del Senador señor Navarro, sobre el cese de funcionamiento del vertedero Huincha, de la comuna de Ancud.
De la señora Alcaldesa de Providencia:
Remite antecedentes solicitados por los Senadores señores Elizalde, Insulza y Montes concernientes a la actividad de los inspectores municipales en la comuna de Providencia.
Del señor Alcalde de Curarrehue:
Responde consulta del Senador señor Sandoval acerca del funcionamiento del Juzgado de Policía Local de esa comuna.
Del señor Alcalde de Río Bueno:
A requerimiento del Senador señor De Urresti, envía resultado del proceso de fiscalización iniciado por denuncia del Club de Boteros de Río Bueno.
Del señor Alcalde de Perquenco:
Responde consulta del Senador señor Sandoval vinculada con el funcionamiento del Juzgado de Policía Local de esa comuna.
Del señor Secretario General de la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
Atiende consulta del Senador señor Navarro relativa a las denuncias sobre incumplimiento de las exigencias mínimas que deben cumplir los locales que prestan servicios educacionales para ser reconocidos como cooperadores de la función educacional del Estado en cada una de las comunas de la Región del Biobío.
Del señor Secretario Ejecutivo (S) del Consejo Regional de los Ríos:
Informa sobre el posible término del proyecto de agua potable y casetas sanitarias en el sector de Isla Huapi, comuna de Futrono: antecedentes solicitados por el Senador señor De Urresti.
Responde consulta del Senador señor De Urresti con respecto al retraso en la entrega de recursos provenientes del Fondo Regional de Inversión Local a las municipalidades de la Región a causa de brechas de capacidad técnica a nivel comunal.
Del señor Gerente General (S) de la Empresa Nacional del Petróleo:
Da respuesta a consulta del Honorable Senador señor Chahuán sobre operaciones de adquisición de petróleo a la República Islámica de Irán.
De la señora Jefa (S) de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
Atiende inquietud del Senador señor De Urresti relativa al eventual conflicto de intereses que afectaría al señor Coordinador Nacional de la Unidad de Mediación de esa Secretaría de Estado.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile (boletín N° 6.110-24).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión (boletín N° 11.747-03) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señor De Urresti, señora Goic y señor Bianchi, con la que inician un proyecto de ley para limitar las obras de urbanización en las áreas silvestres protegidas (boletín Nº 12.410-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
De los Senadores señor Harboe; señoras Aravena, Muñoz y Rincón, y señor Elizalde, con la que inician un proyecto de ley para permitir a las municipalidades dictar ordenanzas orientadas al control de perros asilvestrados (boletín Nº 12.411-11).
De la Senadora señora Goic, con la que inicia un proyecto de ley sobre acoso sexual en las atenciones de salud (boletín Nº 12.412-11).
--Pasan a la Comisión de Salud.
De los Senadores señora Provoste y señores Latorre, Montes y Quintana, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe acerca de las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles (boletín N° 12.415-04).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Proyecto de Acuerdo
De los Senadores señor De Urresti; señoras Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón, y señores Bianchi, Chahuán, Elizalde, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros y Sandoval, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya a los Ministros de Educación; de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; de Relaciones Exteriores, y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para que coordinen, organicen y desarrollen actividades en conmemoración y difusión de la obra del científico Alexander von Humboldt, con motivo de cumplirse próximamente 250 años de su nacimiento y, asimismo, sumen a nuestro país a las actividades internacionales que se realicen para este mismo efecto (boletín N° S 2.050-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señor Chahuán, señora Órdenes y señores Bianchi, García-Huidobro y Letelier que establece un sistema automático de notificación del término de servicios de telecomunicaciones.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de ley de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Solicitud de desarchivo
Del Senador señor Bianchi, por la que pide el desarchivo del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de dirección técnica de las farmacias ubicadas en localidades aisladas (boletín N° 10.736-11).
--Se accede a lo solicitado, volviendo el proyecto al estado en que se encontraba al momento de archivarse, conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 36 bis del Reglamento del Senado.
Comunicación
De la Senadora señora Rincón, con la que informa acerca de su participación en la Cumbre Parlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición y otras actividades de representación realizadas en Italia y España entre los días 25 y 30 de octubre de 2018.
--Se toma conocimiento.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Informes
De las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica (boletín N° 11.951- 31) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
-Quedan para tabla.
El señor MONTES (Presidente).- Terminada la Cuenta.

El señor GIRARDI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, le pido que recabe la autorización de la Sala para que el proyecto del Ejecutivo contenido en el boletín N° 12.398-12 se agregue a las iniciativas de origen parlamentario incluidas en los boletines Nos 5.654-12; 9.367-12; 11.482-07; 12.121-12, y 8.920-07, que ya se encuentran fusionadas.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Votar solo en general hoy día el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral y aplazar hasta mañana su votación en particular (boletines Nos 12.322-13, 12.327-13 y 9.476-13, refundidos).

2.- Tratar en segundo y tercer lugares del Orden del Día de esta sesión ordinaria los siguientes asuntos:
-Proyecto, en primer trámite constitucional, que establece la Ley Nacional del Cáncer (boletín N° 12.292-11), iniciativa signada con el número 13 de la tabla.
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A." (boletín Nº 11.554-05), iniciativa que se encuentra en el número 2 de la tabla.

3.- Tratar en primer, segundo y tercer lugares del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 6 de marzo, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica (boletín N° 11.951-31).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica (boletín Nº 11.621-04).
-Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Goic y señor Quinteros, en primer trámite constitucional, que deroga la tabla de factores para la fijación de precios de las isapres (boletín Nº 12.146-11).

4.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín 7.550-06), hasta las 18 de mañana, miércoles 6 de marzo, en la Secretaría de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
Nada más, señor Presidente.
V. ORDEN DEL DÍA



ÁMBITO DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL


El señor MONTES (Presidente).- Corresponde iniciar la segunda discusión general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de las Senadoras señoras Goic, Muñoz y Rincón y de los Senadores señores Latorre y Letelier; en moción de las Senadoras señoras Allende, Goic y Muñoz y de los Senadores señores Latorre y Letelier, y en moción del Senador señor Letelier, de la Senadora señora Allende y de los Senadores señores De Urresti, Harboe y Lagos, sobre tutela laboral (boletines Nos 12.322-13, 12.327-13 y 9.476-13 refundidos), con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (12.322-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Goic, Muñoz, Rincón y señores Latorre y Letelier):
En primer trámite: sesión 78ª, en 18 de diciembre de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (12.327-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Allende, Goic, Muñoz y señores Latorre y Letelier):
En primer trámite: sesión 79ª, en 19 de diciembre de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (9.476-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Allende y señores De Urresti, Harboe, Lagos y Letelier):
En primer trámite: sesión 35ª, en 5 de agosto de 2014 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 88ª, en 15 de enero de 2019.
Discusión:
Sesión 93ª, en 23 de enero de 2019 (el proyecto queda para segunda discusión en general).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que la Comisión, atendida la fusión de las tres iniciativas precedentemente mencionadas, acordó proponer a la Sala que se sustituya la denominación original de cada una de ellas por la siguiente: "proyecto de ley relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral".
Asimismo, es del caso señalar que la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó en general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus integrantes (Senadoras señoras Goic y Muñoz y Senadores señores Allamand, Durana y Letelier), y que, por la misma unanimidad, coincidió en que, dada la fusión de tres iniciativas de ley cuyas ideas matrices tienen entre sí una relación directa, el texto que se propone a la resolución de la Sala del Senado es el que declara la interpretación del inciso primero del artículo 485 del Código del Trabajo.
El texto que se sugiere aprobar se consigna en la página 21 del informe.
El señor MONTES (Presidente).- En la segunda discusión, tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Senadora señora Goic.


La señora GOIC.- Señor Presidente, esta iniciativa, que refunde tres mociones firmadas por Senadoras y Senadores, dice relación con los derechos fundamentales de los trabajadores, y, en forma específica, con los de los trabajadores del sector público, y el reconocimiento de dichos derechos con la aplicación del procedimiento de tutela laboral establecido en los artículos 485 y siguientes del Código Laboral.
Ya en 2014 el Senador Letelier recogió lo dispuesto por el fallo de la Corte Suprema en el juicio que denominamos "Bussenius con CENABAST", que estableció la aplicación del procedimiento de tutela laboral a los funcionarios públicos, para lo cual en su iniciativa de ley propuso modificar el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.
El Tribunal Constitucional, en fallo de 6 de diciembre de 2018, recaído en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por la Municipalidad de San Miguel respecto del inciso tercero del artículo 1° y del artículo 485 del Código del Trabajo, resolvió que comprender a los funcionarios públicos en el ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral desvirtúa el régimen constitucional y legal que le es propio, amén de abrir la intervención de los juzgados de letras del trabajo sobre una materia en que no han recibido expresa competencia legal.
En sesiones de 18 y 19 de diciembre de 2018, en conjunto con las Senadoras Muñoz y Rincón y los Senadores Latorre y Letelier; y la Senadora Allende junto con las Senadoras Goic y Muñoz y los Senadores Latorre y Letelier formulamos las otras dos mociones, fundamentadas en que los funcionarios públicos también son trabajadores a los que se les deben resguardar sus derechos fundamentales frente al empleador, doctrina que los tribunales de justicia han sostenido sistemáticamente desde el año 2014.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social acordó por la unanimidad de sus integrantes aprobar en general y en particular el proyecto de ley que se halla en discusión hoy día en la Sala, luego de escuchar los planteamientos de tres expertos en materias de Derecho del Trabajo y derechos fundamentales de los trabajadores.
Es así como el profesor y doctor en Derecho señor Juan Pablo Severín destacó que el artículo 485 del Código del Trabajo cumple un rol esencial en la protección de los derechos fundamentales de todos los trabajadores y, en especial, de los funcionarios públicos, ya que los incisos primero y tercero del artículo 1° de ese cuerpo de leyes hacen aplicable a estos últimos las normas del Código Laboral en los aspectos o materias que no están regulados en sus respectivos estatutos.
Por su parte, el profesor Claudio Palavecino aludió como una razón suficiente para defender la doctrina que hace aplicable la tutela laboral a los funcionarios del Estado, la aplicación del principio pro homine o pro libertate, conforme al cual, en los conflictos que dicen relación con derechos fundamentales, el intérprete debe preferir siempre aquella lectura de las normas que proporcione eficacia a los derechos fundamentales frente a la interpretación que debilite tal eficacia. Y el Estado, conforme se desprende del artículo 5° de la Constitución Política, no solo debe respetar, sino además promover los derechos fundamentales.
Finalmente, la abogada laboralista señora Ana Fullerton opinó que el derecho al juez laboral y a la tutela judicial efectiva emana de las normas constitucionales que garantizan la igualdad de acceso a las vías jurisdiccionales y a la calidad de trabajadores -igual que el resto de los trabajadores de nuestro país- que les cabe a los funcionarios públicos, a quienes sus normas estatutarias se remiten en un sinnúmero de disposiciones al Código del Trabajo, del mismo modo que el referido Código se les aplica completamente respecto, por ejemplo, de las normas sobre protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar.
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social es que la Sala apruebe como texto del proyecto de ley, dada la fusión de las tres iniciativas anteriormente aludidas, aquel que interpreta el inciso primero del artículo 485 del Código Laboral, por cuanto permite que el Congreso Nacional reafirme el criterio sostenido por los tribunales superiores de justicia en una materia que se encuentra regulada en el Código del Trabajo para resolver, en lo sucesivo, la situación de los funcionarios públicos, cuyos derechos fundamentales son de la misma calidad que la de los demás trabajadores de nuestra nación.
Quiero agregar que a solicitud de la Sala, en forma previa a que el proyecto fuera visto en la sesión anterior, escuchamos también a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado.
Eso fue lo que se nos solicitó, y cumplimos.
Ella hizo sus planteamientos, nos dejó información al respecto y manifestó su preocupación por la cantidad de demandas de tutela laboral y los montos que podrían verse implicados.
Ante esto, la Comisión reiteró su criterio en el sentido de que lo que estamos estableciendo acá es una norma interpretativa que reafirma la jurisprudencia que existe en los tribunales y que cautela el derecho al procedimiento de tutela laboral de los funcionarios públicos.
Creo que aquí -y fue parte de la discusión- sin duda está presente una reforma más amplia que tiene que ver, probablemente, con muchos aspectos administrativos. Pero lo que hoy día estamos discutiendo dice relación con garantizar a los funcionarios públicos un derecho laboral que actualmente se halla consagrado en nuestra Constitución.
Por eso, la Comisión de Trabajo aprobó esta iniciativa por unanimidad.
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El señor MONTES (Presidente).- Solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de la SEGPRES, señor Claudio Alvarado; el Subsecretario de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarreal, y la Subsecretaria de Evaluación Social, señora Alejandra Candia.
¿Les parece a Sus Señorías?

El señor MOREIRA.- Sí, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Acordado.
También les quiero informar a Sus Señorías que hoy día está de cumpleaños el Senador señor Guillier.
¡No sabemos cuántos años son...!
--(Aplausos en la Sala).
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreira.
¡Bienvenido, señor Senador!

El señor MOREIRA.- ¡Bienvenido usted, señor Presidente, en estos últimos días...!
Como bien lo señaló quien me antecedió en el uso de la palabra, la Senadora Goic, la idea principal del proyecto que nos ocupa es, indudablemente, ampliar la aplicación del procedimiento de tutela laboral a los trabajadores del sector público mediante una ley interpretativa.
La causa estriba en un fallo del Tribunal Constitucional que determinó que dicho procedimiento no era aplicable al sector público.
Nuestra Constitución Política establece que los órganos del Estado solo pueden actuar dentro de las atribuciones que la propia Carta y la ley les permiten.
El reciente fallo del Tribunal Constitucional que declaró la inaplicabilidad del procedimiento de tutela laboral a los trabajadores del sector público ha causado mucha preocupación. Incluso, ha generado un ambiente que deja al descubierto la desprotección que tienen nuestros funcionarios públicos con relación a la defensa de sus derechos y garantías constitucionales.
La protección de los derechos de los trabajadores, ya sean privados o públicos, debe ser una prioridad para cualquier gobierno.
El proyecto de ley en su actual redacción busca interpretar los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo para permitir que se extienda este beneficio a los trabajadores del sector público, siguiendo la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema, que ya había fallado en tal sentido.
¿Por qué es necesario hacer extensivo este procedimiento a nuestros funcionarios públicos?
Porque ellos merecen la misma protección que los trabajadores del sector privado.
Porque no puede haber dos miradas respecto de la protección de derechos y garantías constitucionales.
Y, también, porque no existe un mecanismo adecuado y expedito para realizar esta defensa dentro del procedimiento administrativo.
Esta falta de procedimiento nos debe hacer reflexionar acerca de la precariedad que existe en muchos niveles de la administración pública.
Nuestros funcionarios públicos, precarizados con contratos a honorarios y contratas que se extienden a través de los años, enfrentan un nivel de indefensión que debe ser abordado y solucionado de manera integral, no mediante medidas de parche. Hemos estado hablando durante mucho tiempo acerca de la necesidad de darles a las personas a contrata o a honorarios la oportunidad de ser parte de una planta.
El Gobierno del Presidente Piñera se ha comprometido a mejorar esta situación y se está trabajando para ello.
Ahora bien, legislar también debe implicar sacar buenas leyes. Cuando hablamos de legislar, siempre tenemos que pensar en hacer la mejor ley.
Me preocupa que este proyecto no se haga cargo de las diferencias que existen entre los trabajadores del sector privado y los del sector público en relación con los requisitos para la aplicación del procedimiento de tutela. Por ejemplo:
¿Podrá ser aplicado a los funcionarios que prestan servicios bajo el disfraz de honorarios?
¿Qué ocurrirá con la norma que obliga a sancionar con una multa de seis y once veces la remuneración mensual?
¿Se podrá aplicar a los funcionarios públicos la figura subsidiaria del despido injustificado?
¿Se creará un conflicto con las funciones que tiene actualmente la Contraloría General de la República?
Yo estoy por apoyar la iniciativa, pero tengo que dejar constancia de que temo que las dudas que he manifestado se conviertan en un problema de difícil solución a futuro. Y tenemos que asumir esto. No hay ley perfecta, pero son interrogantes que deben ser contestadas con la mayor rapidez posible.
Anuncio mi voto a favor.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, votaré a favor de la idea de legislar en esta iniciativa.
Dicho eso, quiero señalar que lo que estamos haciendo es extender derechos propios de trabajadores del sector privado a trabajadores del sector público. Como bien se ha explicado, hay fallos de la Excelentísima Corte Suprema que avalan la decisión que estamos tomando.
Pero, naturalmente, esto tiene una implicancia financiera; representa para el Fisco una nueva responsabilidad.
¿Cuántos recursos significa eso? Creo que es bueno saberlo.
Yo simplemente quiero proponer -sé que el acuerdo de los Comités es votar mañana el proyecto en particular- que veamos la iniciativa en la Comisión de Hacienda, que podamos citar al Director de Presupuestos, a fin de saber cuál es el compromiso financiero que representa la iniciativa. No sé si es posible hacerlo de aquí a mañana para cumplir con los Comités, pero creo que es un trámite necesario.
En consecuencia, pido a la Sala que este proyecto sea visto por la Comisión de Hacienda del Senado antes de que lo votemos en particular.
El señor MONTES (Presidente).- Señor Senador, esta materia fue bastante discutida en Comités, y el acuerdo fue que esperaríamos hasta mañana la propuesta del Gobierno, que traerá el Ministro. A partir de ello, podríamos incluso evaluar su solicitud.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, a raíz de alguna intervención que se hizo hace un momento, debo recordar que mucho se ha debatido sobre el rol que está cumpliendo el Tribunal Constitucional o, más precisamente, la mayoría de sus miembros, en el actual diseño institucional.
Dicho Tribunal ha desconocido prerrogativas del Congreso Nacional a partir de fallos que dejan sin efecto o alteran el sentido de normas aprobadas por el Parlamento y, por lo tanto, afectan directamente el ejercicio de la soberanía popular.
El proyecto que estamos discutiendo surge a partir de un nuevo exceso de una mayoría del Tribunal Constitucional que afecta a la función judicial y a su máximo órgano, la Corte Suprema, pues se ha dictado una sentencia que invade atribuciones del Máximo Tribunal.
Incluso, este fallo ha motivado que el Presidente de la Corte Suprema manifieste su preocupación en la última cuenta pública. En su discurso, frente a las máximas autoridades del Estado, expresó que fallos como este "reflejan la existencia de áreas cuyos límites requieren análisis y observación crítica que conduzcan a superar un estado de tensión que, de ser exacerbado, puede afectar la estabilidad y la seguridad jurídica".
En síntesis, el Tribunal Constitucional ha declarado que el procedimiento de tutela laboral establecido en el Código del Trabajo no es aplicable a los funcionarios públicos, contra la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema.
Lo grave de este caso radica no solo en que el Tribunal Constitucional ha dejado a los funcionarios públicos sin un procedimiento idóneo para la protección de sus garantías constitucionales, sino que, además, lo hace invadiendo atribuciones exclusivas de los tribunales ordinarios y arrogándose facultades que no le han otorgado ni la Constitución ni la ley.
¿Cómo es posible que las convicciones ideológicas o morales de un puñado se impongan al juicio racional y fundado de la mayoría de la población expresado en leyes aprobadas por este Congreso?
¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional, con argumentos formales, opte por no dar protección a las garantías fundamentales, que es precisamente el elemento central de toda Constitución?
Creo que acá se ha desvirtuado la función del Tribunal Constitucional.
Por lo expuesto, señor Presidente, anuncio mi voto a favor de este proyecto.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Trabajo, voté a favor de la idea de legislar. Pero quiero dejar bien en claro que espero que en la discusión en particular se pueda responder a esta sentencia constitucional, que rechazó la posibilidad de que los tribunales ordinarios de justicia tengan competencia respecto de la transgresión a los derechos de los trabajadores de la administración pública, puesto que estos se rigen por el Estatuto Administrativo y los actos arbitrarios realizados en las entidades públicas son objeto de control por parte de la Contraloría General de la República.
En el fondo, el Tribunal Constitucional recuerda que hoy los tribunales laborales no pueden conocer materias relacionadas con los funcionarios públicos, pues ellos tienen sus propios estatutos, y que la práctica de algunos tribunales laborales en el sentido de asumir competencia para conocer esos asuntos no se encuentra fundada en la Constitución Política, ya que no existe una ley que les haya otorgado competencia para ello.
La iniciativa señala que el procedimiento de tutela laboral establecido por el Código del Trabajo debería ser aplicado a todos los trabajadores, sin distinción, independientemente de si trabajan en el sector público o en el sector privado.
Nada dice el proyecto acerca de la competencia de los tribunales laborales o de una eventual modificación al Código Orgánico de Tribunales o del hecho de que con tal criterio legislativo los trabajadores públicos tendrían dos ámbitos de protección: sus propios estatutos administrativos, sujetos al control de la Contraloría General de la República, y los tribunales de justicia, que adquirirían competencia para conocer la trasgresión de sus derechos fundamentales. Con ello, obviamente, estaríamos frente a funcionarios que dispondrían de garantías constitucionales distintas y no de una igualdad ante la ley respecto de quienes se desempeñan en el mundo privado.
El proyecto de ley tiende a someter al Código del Trabajo las relaciones laborales de los empleados públicos, lo cual altera la concepción de que aquellos se rijan por sus propios estatutos.
No pueden crearse distintos ámbitos de protección para los mismos trabajadores, cuyo empleador (el Estado) posee su propia normativa. Y por ello se estima que la iniciativa tiende a fijar una posición más política que jurídica.
Es evidente que no resulta popular no considerar a los empleados públicos dentro del ámbito del Código del Trabajo, pero, en su origen, el hecho de que estos cuenten con su propio estatuto parte de un principio de responsabilidad fiscal.
Yo espero que en la discusión particular podamos alcanzar un consenso que permita efectivamente dar una protección real o establecer si con la que tienen basta y sobra.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, probablemente, no todos compartan este juicio, pero es algo que he venido denunciando de manera permanente: ¡el Estado es un mal empleador! Lo he repetido en esta Sala múltiples veces.
Y lo he venido afirmando porque me ha tocado conocer cientos de casos de funcionarias y funcionarios públicos que se encuentran absolutamente desprotegidos en sus derechos laborales. Y, abusando de ello, nuestro Estado ha faltado todo el respeto a la dignidad de sus trabajadores, colocándolos en una permanente situación precaria desde el punto de vista laboral y, más que nada, humano.
Por desgracia, en materia legislativa el avance para cambiar la situación descrita ha sido casi nulo. Y han tenido que ser la Corte Suprema, mediante sólidas sentencias, y la Contraloría General de la República, con sólidos dictámenes, las que han iniciado el proceso conocido como "laboralización" de los servicios prestados al Estado empleador, que ha significado reconocimientos tan importantes como el derecho a indemnización por años de servicio para los trabajadores a honorarios, la protección a los funcionarios a contrata y el reconocimiento de la plena aplicación del procedimiento de tutela laboral para los servidores públicos.
Y este proceso tiene un sustento muy concreto, ya que normalmente existe la creencia de que el Código del Trabajo no se aplica a los funcionarios públicos, cosa que nunca ha sido así, ya que dicho Código es derecho común y de aplicación supletoria para todos los trabajadores, sean del sector público o del privado. Y solo no se aplica a aquellos funcionarios públicos con estatutos especiales que rijan sus relaciones laborales.
Así y todo, señor Presidente, legislativamente podríamos haber hecho mucho más para mejorar la situación de los funcionarios públicos, para que, de esa forma, no deban recurrir a los tribunales para proteger sus legítimos derechos.
Hace años hemos venido insistiendo en modificar la Inspección del Trabajo, a los efectos de que pueda proteger de igual forma a los trabajadores del sector privado y del sector público. Lamentablemente, no ha sido posible avanzar hacia la creación de una nueva Dirección Nacional del Trabajo autónoma, que se encargue de lo público y de lo privado.
El proyecto que nos ocupa nace de una sentencia del Tribunal Constitucional, que en forma increíble -pero no sorprendente por algunos resultados a que nos tiene habituados tal organismo- ha dictaminado, contrariando lo establecido por la Corte Suprema, e incluso yendo más allá de sus atribuciones, que no cabe aplicar el procedimiento de tutela laboral respecto de los funcionarios públicos.
Por eso estamos aprobando una norma interpretativa del artículo 485 del Código del Trabajo, de manera que no quede ninguna duda de que el procedimiento de tutela laboral es absolutamente aplicable a los funcionarios públicos.
Señor Presidente, voy a apoyar este proyecto de ley, sin perjuicio de efectuar una gran autocrítica a nuestro deber como legisladores y también a los distintos Gobiernos, que hasta la fecha no hemos hecho nada para terminar con las dudas acerca de los derechos de que disponen los funcionarios públicos en nuestro país.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, parto por señalar que voy a aprobar en general el proyecto que estamos discutiendo.
Durante la reunión de Comités se convino, en definitiva, que hoy día votásemos en general la iniciativa y que quedara para mañana lo que pudiera ser una discusión en particular.
Y quiero simplemente señalar por qué es necesario abocarnos al tratamiento de este proyecto de esa manera.
Tal como aquí se ha mencionado, el procedimiento de tutela laboral se encuentra establecido en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. Interpretaciones posteriores a su publicación dispusieron que estos derechos incluidos en dicho Código -es decir, en principio aplicables al mundo privado- debían hacerse extensivos al mundo público. Y, en tal sentido, surgió una jurisprudencia de la Corte Suprema, la que, como aquí se ha indicado, ha sido contradicha por una sentencia del Tribunal Constitucional.
A lo que aspira el proyecto, como aquí se ha señalado, es a dejar establecido categóricamente que los trabajadores del sector público sí tienen derecho al procedimiento de tutela laboral.
Pero la forma legislativa elegida ha sido establecer una norma interpretativa del artículo 485 del Código del Trabajo. En consecuencia, lo que hacemos es traspasar en bloque las instituciones del Código Laboral para aplicárselas a los funcionarios públicos.
Lo anterior trae aparejados dos problemas que debiéramos dilucidar.
En el procedimiento de tutela laboral se establece que, a requerimiento del tribunal que conoce de la causa, la Dirección del Trabajo debe emitir un informe. Sería completamente absurdo que, en el caso de tratarse de un procedimiento de tutela laboral para funcionarios públicos, fuera la Dirección del Trabajo la que tuviera que emitir ese pronunciamiento, porque ciertamente no posee competencia para ello. El organismo con competencia en este caso es la Contraloría General de la República.
Después tenemos la situación, por ejemplo, de las acciones de tutela vinculadas a despidos injustificados. En el mundo privado, una de las reglas generales es precisamente la sanción que se halla relacionada con años de servicio. Pero resulta que la institución de indemnización por años de servicio no existe en el sector público, particularmente, porque el despido injustificado no es una causal que figure en el Estatuto Administrativo, toda vez que allí la regla general es la titularidad de los cargos.
En consecuencia, señor Presidente, para no extenderme en esta materia, vamos a votar a favor de este proyecto. Y esperamos que mañana el Ejecutivo pueda presentar una indicación que nos permita introducir los ajustes indispensables para no dejar vacíos legales ni establecer normas que, en definitiva, tendrían una muy compleja aplicación.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, la Corte Suprema es la que interpreta y aplica las leyes. Y la Corte Suprema decidió que el procedimiento de tutela laboral es un derecho aplicable a todos los trabajadores contemplados en este proyecto de ley; es decir, todos los del Gobierno central, de los órganos descentralizados, del Congreso Nacional y de las empresas públicas.
Lo que ocurrió es que el Tribunal Constitucional intentó invadir una facultad privativa de la Corte Suprema. Y eso fue lo que planteó el Presidente del Máximo Tribunal el 1° de marzo cuando inauguró el año judicial.
Y no es que, como creo que equivocadamente señaló el primer Senador de Gobierno que hizo uso de la palabra, el Tribunal Constitucional haya hecho una interpretación
global. Se pronunció respecto de un caso puntual de San Miguel.
La presente normativa trata de zanjar un debate para que evitemos conflictos -ya han existido- entre poderes del Estado; y, en particular, sobre una actuación ultra petita del Tribunal Constitucional.
Los trabajadores, estén contratados en el sector privado o en el Estado, poseen igual categoría. Y los derechos constitucionales, que se hallan enumerados, han de garantizarse para todos ellos, independiente de para quien trabajen.
Eso es lo que estamos discutiendo.
No puede ser que los trabajadores del sector público sean considerados como de segunda clase, y que no se contemple un procedimiento especial de protección de sus derechos constitucionales, a diferencia de lo que ocurre con otros trabajadores.
Ese es el centro del debate, señor Presidente.
Considero que todo el esfuerzo que se ha hecho para frenar aquello es un tremendo error y esconde otras percepciones o convicciones sobre lo que son las leyes laborales, que existen solo por cuanto el trabajador está siempre en una posición más débil que su empleador.
Las normas laborales tienen el propósito de nivelar la cancha. Porque se parte de la realidad de alguien que está en una situación de subordinación y dependencia.
Señor Presidente, la aplicación de las normas del procedimiento de tutela laboral a los trabajadores del sector público es algo obvio. Y esta norma interpretativa implica cero costo.
Claro, ¡a menos que alguien abuse...!
Hemos tenido malas prácticas en nuestro país -y no solo de la Administración actual- en cuanto a impulsar despidos arbitrarios y discriminatorios cuando se han producido cambios de Gobierno.
Se quiere poner un freno a aquello. Y creo necesario que todos reflexionemos sobre el particular.
El proyecto no tiene costo si las autoridades del sector público no violentan los derechos constitucionales establecidos para los trabajadores. En tal caso, tiene costo cero.
Entendemos que el Consejo de Defensa del Estado -fue a la Comisión de Trabajo- apunta en la misma dirección que las inquietudes del Senador García, quien habló al principio sobre potenciales costos. El proyecto implica costos si y solo si se violenta un derecho. De lo contrario, cuesta cero.
Señor Presidente, termino diciendo que esto es lo mínimo que debemos aprobar. Es simple; es una ley interpretativa; es reconocer el rol de la Corte Suprema en interpretar la ley al momento de juzgar situaciones y conflictos; y, a la vez, es un reconocimiento a los trabajadores del sector público, quienes tienen los mismos derechos constitucionales que cualquier otro trabajador de nuestro país.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra al Senador señor Insulza.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para ello?
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor MONTES (Presidente).- Perdóneme, Senador señor Insulza. Le daré la palabra primero al señor Ministro y, posteriormente, a usted.
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MONCKEBERG (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, es evidente que el ánimo y la voluntad de los señores Senadores, tanto en la Comisión de Trabajo como en la Sala, es unánime en cuanto a reconocer que los trabajadores del sector público merecen una protección legal en sus derechos fundamentales.
No veo a nadie -y es bueno que así sea- que desconozca que un trabajador del sector público debe poseer un procedimiento ágil y eficaz que le garantice sus derechos fundamentales, los mismos que asegura el procedimiento de tutela que establece el Código del Trabajo.
Y, tal como indicó el Senador Letelier, aquí se produce un impasse "de contienda de competencias", como se podría llamar.
La Corte Suprema había empezado, con cierta ambigüedad, a acoger, de forma total o parcial, las demandas de tutela de los casos de trabajadores del sector público.
Y el Tribunal Constitucional, en un fallo dividido, señaló lo contrario: que las normas de la tutela no eran aplicables a los trabajadores del sector público.
Sin embargo, aquí hacemos algo distinto. Nosotros, con la intención de despejar esta duda de interpretación, presentamos una iniciativa en la que se dice, lisa y llanamente, que todas las normas de tutela laboral que están en el Código del Trabajo, sin ninguna excepción, se aplican ahora a los funcionarios públicos.
Y si bien es cierto que esto puede ser rescatable en cuanto a su intención -a saber, que el procedimiento de tutela se aplique a los funcionarios públicos-, conlleva una serie de sorpresas que podríamos lamentar.
Por ejemplo, ¿qué dicen estas normas de tutela?
Una de ellas establece -como indicaba el señor Allamand- que la Dirección del Trabajo debe actuar como un control previo. Dicha entidad tiene que fiscalizar si se produjo la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores antes de que falle el tribunal.
Entonces, se imaginarán ustedes qué estamos haciendo: le estamos dando a la Dirección del Trabajo, por una técnica legislativa, competencias sobre las instituciones públicas.
Y, a partir de esta iniciativa legal que -insisto- no hace esta distinción porque aplica todas las normas de tutela a los funcionarios públicos, la Dirección del Trabajo podría mañana venir al Congreso y emitir un informe sobre la vulneración de derechos. O podría ir al Poder Judicial o a mi propio Ministerio a ver si se están vulnerando derechos.
Con esto, por favor, nadie puede pretender que dejemos desprotegidos los derechos constitucionales de los trabajadores. La pregunta es quién debe protegerlos. ¿Debe hacerlo la propia Dirección del Trabajo?
Si alguien lo cree así, hay que modificar la ley orgánica de esa institución y ampliarle sus competencias. Lo que no se puede hacer es ampliárselas por la vía indirecta, a través de la tutela. Porque eso, además, puede tener vicios de inconstitucionalidad, ya que la ley orgánica es la que establece sus facultades.
Otro punto, señor Presidente: ¿qué otra norma de la tutela laboral ahora se empieza a aplicar a los funcionarios públicos?
Por ejemplo, la obligación de reincorporar a algún trabajador que fue mal despedido. Lo anterior podría implicar que un trabajador que gana un procedimiento de tutela y que tenga que ser reincorporado se encuentre con la situación de que no haya espacio en la planta.
En consecuencia, estamos ampliando de facto la planta para abrir un cupo que la justicia estableció.
Por tanto, mientras una reincorporación que en el sector privado es obvia, cuando las plantas y las contratas son rígidas, establecidas por ley por este mismo Congreso, y el tribunal me obliga a reincorporar a algún trabajador, ¿cómo lo hago si no tengo un espacio que me permita hacerlo?
En ese caso, la reincorporación no se podría aplicar. Y, por lo mismo, si quisiera que se reincorporara un funcionario por mandato judicial, se debe modificar la ley de plantas. Pero no hacer endosable al sector público todo lo que actualmente existe en tutela para el sector privado.
Otro ejemplo que también planteó el Senador Allamand.
En la tutela, a un trabajador que fue despedido injustificadamente, al que se le vulneraron sus derechos, se le paga la indemnización por años de servicio más una indemnización de seis a once meses como multa, como castigo.
Como aquí no se distingue, perfectamente podríamos ver el fallo de un tribunal que condene al pago de indemnización por años de servicio por el despido a un trabajador del sector público.
No estoy negándome a que el Parlamento evalúe que sea correcto que el funcionario tenga indemnización por años de servicio. Pero si lo pensamos, tenemos que modificar el Estatuto Administrativo, que actualmente establece que no tienen derecho a indemnización.
Por ende, lo estamos haciendo sin modificar la ley correspondiente.
A veces siento que hay que estar muy atentos. Nadie puede decir que el Consejo de Defensa del Estado es una institución que desea vulnerar los derechos de los trabajadores, que es una institución que quiere respaldar políticamente al Tribunal Constitucional. ¡No! Pero al meternos en medio de la controversia que se produce por un fallo suyo, en circunstancias de que hay una serie de fallos que debe realizar próximamente, haciendo endosables todas las normas sin establecer ningún distingo, podemos generar un problema mayor que el que deseamos resolver.
Solo una cifra: según lo informado por el Consejo de Defensa del Estado, en demandas de tutela laboral en el sector público el año pasado se superaron los 40 mil millones de pesos.
Estoy hablando de cuantía de las demandas, no de condenas.
Eso es muchísimo más que el año anterior, y muchísimo muchísimo más que el 2016. O sea, esta es una curva que sube exponencialmente a la velocidad del rayo.
Si nuestro objetivo es proteger legítimamente los derechos constitucionales de los trabajadores del sector público -y creo que ningún Senador tiene dudas al respecto-, mi punto es que lo hagamos con las normas correctas y no sencillamente endosando las disposiciones del Código del Trabajo desde el sector privado hacia el público, porque podemos cometer un error.
Me parece que este proyecto sí es viable en la medida en que hagamos los ajustes respectivos, a través de indicaciones.
Si establecemos, por ejemplo, que, en vez de la Dirección del Trabajo, el órgano encargado de hacer el control previo -porque nadie se imagina que dicho organismo tenga competencias para fiscalizar al Congreso, al Poder Judicial o a los propios Ministerios- será la Contraloría General de la República, o si consagramos que la reincorporación debe ir acompañada de la modificación de la ley de plantas -de lo contrario sería impracticable hacerla-, es perfectamente posible despejar estas dudas y lograr que el procedimiento de tutela se aplique a todos los trabajadores por igual, sean públicos o privados.
De lo contrario, si solamente hacemos un traspaso de las normas, el problema que podemos generar es mucho mayor, aun en materia de constitucionalidad, toda vez que en los hechos estaríamos ampliando facultades que se contienen en leyes orgánicas.
Mi compromiso es aportar con la presentación de indicaciones tendientes a corregir el proyecto.
Por esa razón, quiero pedirle a la Sala -lo digo con franqueza: no hay ánimo de dilatar el proyecto ni mucho menos de oponerse- que idealmente hagamos esto en un tiempo prudente, que nos demos unos días para que todos los Senadores puedan presentar sus indicaciones, por ejemplo, hasta la próxima semana, de manera que posteriormente podamos analizar el texto de la iniciativa acá.
De aquí a mañana, probablemente la discusión que podamos hacer sobre estos puntos, que son cruciales, va a ser un poco apresurada.
Por eso es que...

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Ministro.
Dispone de un minuto adicional.

El señor MONCKEBERG (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Termino, señor Presidente.
Mi solicitud es que, sin perjuicio de nuestra cooperación en las indicaciones, ojalá la Sala pudiese tratar este proyecto la próxima semana, a fin de tener algunos días para presentar las modificaciones respectivas y analizarlas en la Comisión.
Gracias, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Le recuerdo que estamos votando en general.

El señor MONCKEBERG (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Así es.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se nos ha solicitado recabar el asentimiento de la Sala para que pueda ingresar el coordinador legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río.

El señor COLOMA.- ¡Coordinador permanente...!

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¡Coordinador histórico, diría yo...!
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
Acordado.

El señor KAST.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señor Senador, estamos en votación y hay entre diez y quince inscritos...

El señor KAST.- Señor Presidente, solo quiero aclarar que lo que acaba de solicitar el Ministro es algo distinto.
Él pidió que la votación en particular, en vez de hacerla mañana, se realice la próxima semana, y se comprometió a traer las indicaciones que se habían acordado en Comités.
No sé si existe la unanimidad necesaria para avanzar de esa manera.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Eso escuchamos y lo estamos viendo para zanjar la situación en un ratito más, señor Senador.
El señor KAST.- Okay.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, quiero manifestar que fui sorprendido de manera no grata cuando supe que se había decidido votar en general el proyecto ahora y dar plazo hasta mañana para la presentación de indicaciones, porque eso no es lo habitual en una iniciativa de artículo único, de acuerdo a lo que tengo entendido.
Es legítimo hacerlo, pero no estoy de acuerdo con que posterguemos esta iniciativa por más tiempo.
Estamos ante una situación que se ha creado y que no solamente dice relación con un fallo determinado del Tribunal Constitucional, sino también con un clima que se ha ido formando durante el último año -para decirlo francamente- en virtud de la cantidad de gente que ha sido despedida arbitrariamente del sector público y que no ha tenido la posibilidad de utilizar los derechos de la tutela laboral.
Esto tiene que ver, por cierto, con que antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral (el año 2006) no existía lugar en la legislación para encausar procesalmente los conflictos que demandaban la protección de los llamados "derechos no patrimoniales" o "derechos inespecíficos", los cuales están vinculados, más que al intercambio de trabajo por salario, a la dimensión moral del sujeto trabajador entendido como ciudadano.
Esto se deriva de la concepción patrimonial de la protección procesal laboral, propia del primer Derecho del Trabajo, la cual determinaba la mayor parte de la estructura procedimental de nuestro Código y entendía que el único conflicto jurídico laboral digno de amparo judicial es el que involucra el ejercicio de derechos avaluables en términos económicos, los cuales son clásicos del Derecho del Trabajo.
Por esa razón, la reforma procesal laboral implementada por la ley Nº 20.087 a partir del año 2006, que introdujo en el Código del Trabajo el procedimiento de tutela, fue un paso esencial en el orden jurídico laboral para tomar en serio un conjunto de derechos fundamentales de los trabajadores, que no estaban siendo servidos por la legislación existente hasta ese momento.
En efecto, hasta antes de la reforma procesal laboral la vía estándar de nuestra legislación para la tutela de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución era el recurso de protección, el cual se había mostrado absolutamente inútil para la protección de estos derechos constitucionales, denominados por la doctrina laboral como "inespecíficos".
La naturaleza misma del recurso de protección restringe la posibilidad de los trabajadores de acceder a un mecanismo eficaz que les permita la protección de sus derechos. En contraste, la acción de tutela, nacida en esa reforma, pretende proteger los derechos de los trabajadores, restableciendo el ejercicio del derecho lesionado y reparando el daño producido por su vulneración cuando dicha afectación provenga del ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, que en este caso se ve representado por el Estado.
Como es de conocimiento público, la moción legislativa que se discute constituye una respuesta a un fallo del Tribunal Constitucional que declaró que el inciso tercero del artículo 1° y el artículo 485, ambos del Código del Trabajo, resultan contrarios a la Constitución y son, por tanto, inaplicables en el caso de una demanda presentada contra la municipalidad de San Miguel -como bien sabemos-, impidiendo de esta forma recurrir al procedimiento de tutela de derechos fundamentales para solicitar el amparo de los derechos que la Constitución consagra y que se pueden ver vulnerados en la relación laboral de esta persona con el Estado.
Si bien la sentencia tiene alcances para este caso concreto, en la práctica ha generado un conflicto al modificar un criterio que había sostenido de manera sistemática la Corte Suprema, máximo tribunal de justicia del país, desde el año 2014.
Este es un tema que probablemente tendremos que discutir en otro momento, pero quiero llamar la atención sobre el hecho de que un tribunal que se ha visto desprestigiado políticamente en el último tiempo desde el punto de vista judicial, por su actitud netamente política -eso es fruto de nuestros errores, por cierto, en la reforma constitucional del 2006-, está obstruyendo la acción y los poderes del máximo tribunal de la república.
Ese es un problema que tendremos que enmendar.
Ahora, ¿qué puede hacer el Congreso para ello? Puede aprobar esta iniciativa para permitir que avancemos en la ampliación del acceso a la tutela judicial efectiva para todos los trabajadores del sector público.
Yo lamento que se haya dado más plazo, pero confío en que lo que mañana nos traiga el Ministro del Trabajo, quien desgraciadamente ha estado conversando todo este rato, nos permita saber si realmente el Gobierno está de acuerdo en efectuar esta modificación.
El artículo es perfecto, clarísimo.
Yo no creo que tenga nada de malo que la Dirección del Trabajo inspeccione algún Ministerio. No hay ninguna razón para impedirlo. Si un trabajador del sector público ve vulnerados sus derechos y la Dirección del Trabajo estima que existe una fundada razón para revisar esa situación, por qué no va a poder ir a preguntar las cosas que corresponden al lugar donde está el empleador, que es el Estado. ¿Por qué el Ministro empleador o el Subsecretario empleador no pueden entregar las mismas explicaciones que tiene que dar el patrón o el dueño de una fábrica?
No veo razón alguna para evitar aquello.
Por eso es que mañana -repito- vamos a saber si efectivamente se quiere perfeccionar...

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto adicional.

El señor INSULZA.- Gracias, señor Presidente.
Decía que mañana vamos a saber si se está de acuerdo en perfeccionar la legislación o solamente se quiere cambiar el sentido que estamos dando para volver a limitar los derechos de los trabajadores del sector público.
En lo que respecta al Tribunal Constitucional, creo que ha llegado el momento de cambiar esta situación, porque a mi juicio aquel se está excediendo absolutamente en sus atribuciones, con un sentido estrictamente político.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, en virtud de la presentación de este proyecto se debate si estamos dispuestos a mantener, con ciertos eufemismos, que en nuestra sociedad existan trabajadores de primera y de segunda categoría.
Al menos, para nosotros la respuesta es clara: ¡No estamos disponibles para aquello!
¡No estamos disponibles para que funcionarios públicos sean trabajadores de segunda categoría!
En nuestra opinión, genera una situación compleja y absolutamente arbitraria lo dictaminado por el Tribunal Constitucional. Creemos que es un peligro que se active la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado previamente inaplicable, como es el caso que se comenta del referido Tribunal.
En ese sentido, consideramos que uno de los elementos que hoy día debe estar presente en esta discusión es la desprotección evidente que existe para los funcionarios públicos en la relación laboral, por la aplicación de normas del trabajo que afectan sus derechos fundamentales, lo que perjudica una relación plenamente democrática, cuestión que estaba planteada inclusive en el propio mensaje de la modificación que incorporó el mecanismo judicial de tutela laboral.
Ello implica -reitero- ¡que existan trabajadores de primera y de segunda categoría en materia de derechos humanos!
Además, esto se da en el marco de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La contienda de competencia sobre dicha materia entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional -lo ha mencionado también el propio Ministro- ha generado particularmente una desprotección a los funcionarios públicos.
Por lo tanto, resulta pertinente debatir este asunto en el Parlamento, a través de una moción que surge desde el Senado, para enviar un claro mensaje a la comunidad: es necesario abrir la competencia de la tutela no solo a un segmento de los funcionarios públicos, los regidos por las leyes Nos 18.834 (Estatuto Administrativo) y 18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales), sino a todos los trabajadores del país.
Estamos enviando una clara señal a los trabajadores: debemos eliminar esas situaciones de discriminación, que son evidentes, relacionadas con la desprotección y a las que están afectos las funcionarias y los funcionarios del sector público.
Señor Presidente, aprovecho de saludar a los representantes de los asistentes de la educación, quienes nos acompañan en las tribunas. Cuando se discutió el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública también abordamos este tema, y hoy día es ley. Ello despeja cualquier incertidumbre que les genere a otros parlamentarios.
Ese punto ya lo establecimos en dicho Estatuto. Si existe una arbitrariedad, ellos pueden denunciarla por tutela laboral y recurrir ante la Contraloría General de la República. Son dos instancias distintas. En consecuencia, plantear que puede ser una o la otra no se ajusta a lo que ya hemos hecho recientemente en materia de legislación.
Queremos avanzar hacia una sociedad con mayor igualdad de oportunidades. Queremos avanzar en eliminar las discriminaciones y, claramente, generar más protección en distintos ámbitos; entre ellos, el laboral.
Por eso voto a favor de esta iniciativa en general.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, estimadas Senadoras y Senadores, el día de ayer en Santiago realizamos una sesión sobre un tema interesantísimo: una propuesta de reforma y modernización del Estado. Quienes asistieron pudieron escuchar a nuestro Presidente, señor Carlos Montes, decir que la modernización del Estado no implica solamente la transformación digital. ¡Es mucho más! Básicamente, se logra con mejores hombres y mujeres al servicio del país.
Eso es precisamente lo que se busca: transformar nuestro Estado.
Chile no necesita un Estado grande o uno chico: requiere un Estado fuerte, uno que se preocupe por las personas que trabajan por el país. Hablo de los hombres y las mujeres que todos los días realizan un servicio público en lugares remotos, en lugares donde algunas veces la actividad privada no llega.
Por eso valoro el trabajo de los funcionarios públicos, que conozco y respeto, y quiero lo mejor para ellos, las mejores condiciones.
Obviamente, no comparto las asimetrías laborales que se producen. Cuando algunos presentan ciertas condiciones y otros, unas diferentes, no es justo.
Por lo tanto, en justicia, correspondería dar a cada uno lo que merece, que es precisamente lo que busca el proyecto al regular esta materia.
Pero debemos entender la complejidad del Estado. ¡Es sumamente complejo! Por eso existe la Contraloría, que se preocupa de fiscalizar los procesos. Dicha institución es la mandatada a verificar si el Estado funciona como debe ser o no.
Estimo que el Estado debe ser el mejor empleador y, más aún, si transitamos hacia una transformación digital que requerirá que las personas se preparen mucho más. ¿Por qué? Porque las máquinas y la inteligencia artificial serán capaces de cambiar procesos que antes necesitaban gran cantidad de personas.
Como Estado, ¿estamos preparados para enfrentar ese cambio, la llamada "Globalización 4.0"?
Por esa razón, debemos invertir en las personas: capacitarlas, prepararlas, dotarlas con las mejores herramientas y protegerlas.
En definitiva, no debe existir trabajo precario, así como no debiera haber trabajadores a honorarios, quienes ni siquiera saben si algún día obtendrán un contrato de planta.
Las plantas, entonces, son el mecanismo para remediar dicha realidad. Pero tenemos que ser capaces de ver cómo superar aquello que no es adecuado, cuando se producen situaciones indeseables.
En general, estimo que esta es una excelente iniciativa y, por lo mismo, anticipo mi voto a favor.
Sin embargo, creo que es necesario contar con un plazo para presentar indicaciones, de tal manera que se puedan incorporar aquellos aspectos particulares que permitan despejar dudas para lograr que a los trabajadores del Estado de Chile se les reconozca como tales, se les respete y se les garanticen todos sus derechos.
Voto afirmativamente la idea de legislar.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, hoy votamos por la dignidad de los trabajadores del Estado.
Hoy votamos por el reconocimiento explícito, en una ley, del respeto de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos por parte del propio Estado. Lo que se conoce como ciudadanía en la empresa, aquello que los tribunales laborales y, en especial, la Excelentísima Corte Suprema ya han reconocido uniformemente para los trabajadores del sector público, hoy quedará incorporado como un derecho indubitado.
Hoy haremos que los trabajadores del sector público tengan la misma protección que los del sector privado, aplicándoles el procedimiento de tutela laboral.
El proyecto consiste en un artículo único que declara interpretado el inciso primero del artículo 485 del Código del Trabajo, que establece el procedimiento de tutela laboral, por lo que las normas en esta materia serán expresamente aplicables a todos los trabajadores, incluidos aquellos cuyos contratos no se rigen por el Código del Trabajo.
Lo anterior no se encuentra en duda por los tribunales de justicia, pero sí existe un reciente fallo del Tribunal Constitucional que declaró inaplicable el procedimiento de tutela a los funcionarios públicos, resolución que, si bien es de efecto particular, puede derivar a que todos los casos de tutela sean dirigidos a dicha instancia dejando a los trabajadores públicos en absoluta indefensión.
El referido fallo del TC generó incluso que el propio Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, don Haroldo Brito Cruz, lo mencionara en su última cuenta pública, pidiendo una solución jurídica. Al respecto, señaló lo siguiente: "La labor del Poder Judicial y su rol como poder del Estado, se entienden en un sistema de distribución de funciones que, por encontrarse en constante movimiento, genera roces que deben ser resueltos por el mismo sistema jurídico institucional". (Último párrafo, numeral 5, Introducción, Cuenta Pública Presidencia Corte Suprema 2019).
Por último, esta iniciativa de ley, además de resolver un roce del sistema de distribución de funciones del Estado, como bien ilustra el Presidente del Máximo Tribunal, beneficiará a todos los funcionarios públicos cuyos derechos laborales fundamentales sean vulnerados y, en particular, a aquellos trabajadores a contrata que son despedidos de modo arbitrario y que no gozan de protección ni tienen indemnización en nuestro régimen legal vigente.
Señor Presidente, esta propuesta legislativa, que refunde un conjunto de mociones de este Senado, viene a dar respuesta a una situación jurídica cuya resolución era imperiosa y que, tal como he dicho, ha suscitado una disputa de poderes que era necesario abordar y corregir.
Por ello, voto a favor en general y haré lo propio mañana cuando se vea en particular.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, todos los ciudadanos -en este caso, los trabajadores del sector privado y del sector público- queremos tener certeza respecto de nuestros derechos. Por eso aquí está en juego la manera en que los derechos laborales alcanzan certidumbre jurídica.
Eso mismo planteó el señor Presidente de la Corte Suprema hace algunos días.
En el artículo 485 del Código del Trabajo se estableció un conjunto de derechos sobre tutela laboral, la mayoría de los cuales está en la Constitución Política del Estado, siendo, por tanto, aplicables a todos los trabajadores. Al encontrarse en dicho cuerpo legal, el Máximo Tribunal señaló que, como esos derechos pertenecen a todos los trabajadores, independiente del estatuto jurídico que les rija, deberían estar tutelados mediante este procedimiento.
Ante esa interpretación, nos encontramos con un problema político: otra instancia de la república, el Tribunal Constitucional, ha señalado no estar de acuerdo con la jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema.
A raíz de esa controversia, se genera un problema más de fondo, que dice relación con el rol que ha jugado el TC en el ordenamiento jurídico chileno. En tal sentido, los trabajadores del sector público están viendo que hay dos tribunales de la república: uno dice A y otro dice B.
Mediante el proyecto de ley en análisis, estamos clarificando la interpretación: lo que corresponde es seguir el pronunciamiento entregado por la Excelentísima Corte Suprema.
Ahora, no me parece adecuada la interpretación que hizo el señor Ministro del Trabajo, porque el Máximo Tribunal sostuvo que esos derechos les pertenecen a unos y a otros. Pero eso no quiere decir que, si se aplican las normas de procedimiento a que se refieren los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, quedan eliminados los respectivos estatutos que rigen la particular naturaleza de los trabajadores como servidores públicos.
Aquí nada tiene que ver la Dirección del Trabajo ni lo relativo a las plantas, pues se trata de normas estatutarias propias de los empleados públicos.
Pero ¿qué dice la Corte Suprema? Que, conforme a cada uno de esos estatutos, los derechos establecidos no pueden ser lesionados por el empleador, sea este del sector privado o del sector público.
Como esa disposición estaba en el Código del Trabajo, la jurisprudencia de dicho Tribunal la hizo extensiva a los funcionarios del ámbito público, por cuanto son tan trabajadores como todos los demás.
Además, si Sus Señorías leen el inciso primero del artículo 485, se darán cuenta de que son derechos garantizados a nivel de norma constitucional. Por tanto, aunque nada dijésemos al respecto, igualmente se les aplicarían tales derechos a los funcionarios públicos por tratarse de preceptos de rango constitucional.
Aquí simplemente se establece un procedimiento que permite dejar tutelados los derechos laborales a los servidores públicos.
Por lo tanto, señor Presidente, me parece que el proyecto de ley entrega la interpretación correcta, razón por la cual lo vamos a votar favorablemente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Me ha pedido la palabra el señor Ministro. Imagino que es para hacer alguna precisión.
¿Habría acuerdo para permitirle intervenir durante la votación?
Acordado.
Tiene la palabra, señor Ministro.

El señor MONCKEBERG (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Seré muy breve, señor Presidente.
Yo comparto lo que expresó el Senador Huenchumilla respecto a que efectivamente la Corte Suprema, hasta ahora, ha interpretado que los derechos son aplicables a los trabajadores públicos; mas no necesariamente, las normas de procedimiento.
Pero ahora no nos estamos pronunciando ni legislando sobre lo que interpretaba o interpreta hasta hoy el Máximo Tribunal; ¡ahora estamos cambiando la ley! Vamos a tener que votar una nueva ley.
El texto de la iniciativa dispone, sin hacer ningún distingo, que todas las normas de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, tanto las que reconocen los derechos como las que establecen los procedimientos, son aplicables a los funcionarios públicos. De tal manera que el problema se genera con esta propuesta legislativa y no con la interpretación de la Corte Suprema.
Si no hacemos ese distingo, se impulsarán indicaciones -hay una en ese sentido- que incluyen aspectos que no se deberían considerar, a nuestro juicio -y creo que es la opinión de la mayoría de los Senadores-, como es que a la Dirección del Trabajo se le arroguen facultades que hoy día no tiene, lo cual implicaría modificar la ley orgánica respectiva, o lo que hablábamos sobre la reincorporación o la indemnización.
Muchas gracias.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hace ya un tiempo largo en este Hemiciclo votamos un cambio fundamental al Tribunal Constitucional. A las 5 de la tarde en esa oportunidad se trajo un proyecto a la Sala, interrumpiendo la tabla -práctica que debemos terminar-, y se puso en debate la elección de Cristián Letelier como miembro del Tribunal Constitucional.
En esa ocasión advertí que eso quebraba el sistema de equilibrio en el TC. Sin embargo, 30 Senadores votaron a favor. La Senadora Adriana Muñoz escuchó mi lamento y se abstuvo.
¡Y se eligió a Cristián Letelier!
¡Pero al día siguiente todo era explicación, todo era llanto, todos decían: "No sabía; me equivoqué"!
Ello, porque esta Oposición no ha hecho méritos para constituirse como tal.
En definitiva, hay que asumir que los errores cuestan caro y, en este caso, costaron caro a los trabajadores.
En el Tribunal Constitucional se quebró un elemento fundamental, que era el equilibrio.
Por tanto, se llegó a una situación en donde se pretende, a través de un fallo de dicho Tribunal, menoscabar los derechos de los trabajadores públicos.
Pero esos derechos han sido menoscabados de manera sistemática por el Estado. Por ejemplo, es un hecho que no hay negociación colectiva y existen muchos trabajadores a contrata. A pesar de que la norma establece que no pueden superar el 20 por ciento, actualmente representan el 70 por ciento de todos los funcionarios públicos, y realizan tareas permanentes, no aquellas que se requieren mientras dura una necesidad. Y también se encuentran los trabajadores a honorarios, quienes siguen siendo parte sustantiva para que las cosas funcionen dentro del Estado.
Los gobiernos dicen: "Queremos modernizar el Estado". El principal elemento de modernización es el respeto a los derechos laborales y la regularización de la situación de los trabajadores públicos.
¿Cuántos son los funcionarios públicos? Son 960 mil. El 43,5 por ciento de ellos -o sea, 418 mil- labora en la Administración Central. El resto son miembros de las Fuerzas Armadas, trabajadores de los municipios y del propio Gobierno en las regiones.
Existe una gran deuda con los trabajadores públicos de Chile. ¡Y esa deuda es del Estado! Cualquier gobierno debe asumirla. Todos los que estamos aquí hemos apoyado a los distintos gobiernos. Tenemos una responsabilidad.
Hoy día resolvemos un tema puntual, que obedece a un fallo del Tribunal Constitucional.
Señor Presidente, en el informe de la Comisión de Trabajo se puede leer la opinión del voto de mayoría del TC, que estima que incluir a los funcionarios públicos en el procedimiento de tutela laboral "desvirtúa el régimen constitucional y legal que le es propio, amén de abrir la intervención de los juzgados de letras del trabajo respecto de una materia en que no han recibido expresa competencia legal".
Y el voto disidente, el voto de minoría de dicha sentencia, expresa que "la acción de tutela laboral es una vía idónea para la aplicación de las normas sustantivas del Código del Trabajo, apta para su uso por los funcionarios a contrata de la Administración del Estado". Y en la comprensión de que lo debatido "se trata de un tema de `interpretación legal' que debe ser resuelta en sede competente de los Tribunales de Justicia".
Además, los profesores invitados, doctores en Derecho, han señalado que lo propuesto no otorga -a propósito de la intervención del Senador Allamand- más facultades a la Dirección del Trabajo ni altera el ámbito laboral. Una norma interpretativa no genera nuevas atribuciones; solo interpreta el sentido de la disposición, para despejar que aquí se quiere transgredir lo fundamental de lo que ya venía haciendo de manera correctiva la Corte Suprema.
Por tanto, señor Presidente, vamos a votar a favor este proyecto de ley.
Pero hay que ser claros. El Ministro nos señala que, si hay que reincorporar a un trabajador, ya no va a tener planta. ¡Ministro, el que despide mal, paga dos veces!
Aquí tiene que haber una acción decidida, previa a tomar la determinación pertinente. Los derechos fundamentales deben estar siempre por sobre un error administrativo. Si el Ministro se equivocó al despedir a funcionarios, que pague de su sueldo. ¡Alguien deberá pagar! Pero no el trabajador, quien ha sido violado en sus derechos laborales y, además, no puede recuperar su empleo.
¡El Estado tiene que responder!
Muchos de los que estamos en esta Sala hemos sido severos para tratar a las empresas privadas cuando no respetan los derechos de los trabajadores. Yo exijo la misma severidad para normar y tratar al Estado cuando no los cumple.
En este caso, creo que existe consenso para aprobar este proyecto y restablecer el equilibrio a través de una disposición interpretativa, pero la verdad es que seguirá la deuda profunda con los trabajadores a contrata, con los trabajadores a honorarios y el incumplimiento permanente de las disposiciones administrativas que los rigen. En definitiva, el concepto de modernización que el Gobierno del Presidente Piñera quiere instalar debiera poner su acento, más que en la modernización de funciones, en establecer el respeto por los derechos de los trabajadores.
Por eso, me alegra que la Derecha apoye esta iniciativa, espero que de manera unánime -no he escuchado voces disidentes-, la cual busca establecer justicia para los trabajadores públicos, con los que seguimos en deuda, deuda que tenemos que pagar.
Voto a favor, señor Presidente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, conviene recordar, en el desarrollo de esta discusión, cuál es el sentido del procedimiento de tutela laboral. Este responde a un principio básico: que el ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador tiene como límite, siempre, el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando puede afectar su intimidad, su vida privada o su honra.
La pregunta es si este principio fundamental, que da sentido al procedimiento de tutela laboral, permite distinguir entre trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado. Y la respuesta es, definitivamente, negativa, porque tanto los trabajadores regulados por el Código del Trabajo como aquellos que lo están por el Estatuto Administrativo u otros estatutos especiales de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, obviamente deben ser respetados en sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Por eso se ha consagrado un procedimiento de carácter expedito para proteger tales derechos, llamado "justicia constitucional de instancia", en que, aplicándose las disposiciones generales de procedimiento, cuenta con normas especiales que precisamente buscan garantizar su carácter expedito, una tramitación preferente y la suspensión de los efectos del acto impugnado según su gravedad o irreversibilidad.
¿Cuál ha sido la situación en Chile? Una sistemática jurisprudencia de la Corte Suprema, que hace aplicable la tutela laboral a los trabajadores del sector público, sin que prácticamente exista debate en esta materia, en que, como digo, ha habido fallos sistemáticos de la justicia ordinaria.
¿Qué aconteció, entonces? Algo muy simple: que el Tribunal Constitucional, en una intromisión o invasión de los espacios de competencia de la Corte Suprema, estableció, para un caso en que estaba involucrado un municipio de la zona sur de Santiago, que tal procedimiento no debía ser aplicado. Es lo que ha generado debate y es lo que hoy nos lleva a la necesidad de legislar.
Aquí se ha planteado que aquello podría significar un mayor costo, pero la pregunta es: ¿qué mayor costo podría existir si la Corte Suprema, la justicia ordinaria, ya ha hecho aplicable dicho procedimiento a los trabajadores del sector público? ¡Ya es una realidad!
Lo que aquí acontece es que el Tribunal Constitucional -reitero-, invadiendo el ámbito de competencia de la Corte Suprema, dictó un fallo con un sentido distinto. Y de ahí que resulta necesario resolver esta controversia a través de una norma que consagre el respeto al principio fundamental que le da sentido al procedimiento de tutela laboral, cual es que, lo digo una vez más, los empleadores, sean del sector público o del privado, siempre tienen como límite al ejercicio de sus facultades el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores.
Por lo anterior, señor Presidente, voto a favor.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, quiero clarificar algunos aspectos en esta discusión.
Primero, me alegro de que todos hoy día reafirmemos que los trabajadores del sector público también deben contar con un procedimiento de tutela laboral.
No es algo distinto de lo que nosotros estamos planteando en este proyecto, que, recuerdo, es una iniciativa que finalmente fue respaldada después de refundir varias mociones y que, en definitiva, refleja el texto que habíamos propuesto cuando, tal como se ha mencionado, conocimos un fallo del Tribunal Constitucional sobre la materia, bastante inexplicable desde el punto de vista del procedimiento, pero también en términos de las implicancias que de él se desprenden.
En esta propuesta se reafirma no solo la doctrina de los tribunales, tal como se indica en el informe, sino también lo que dispone el propio Código del Trabajo cuando en su artículo 1° establece que las "relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este Código", añadiendo que "Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial", que es lo que pasa hoy día con los funcionarios públicos, y concluyendo que, "Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos".
O sea, esto es lo vigente, es la ley, y es lo que estamos reafirmando. Mal podríamos nosotros, a través de la normativa propuesta, estar creando nuevas atribuciones, nuevas facultades, como se ha señalado en esta discusión. ¡No estamos otorgando nuevas atribuciones a la Dirección del Trabajo! Hoy día se reclama la vulneración de derechos que, ojo, no solamente tiene que ver con despidos. Estamos hablando de derechos fundamentales de los trabajadores. Puede haber un acto de discriminación arbitraria, puede haber otras situaciones que vulneren derechos fundamentales; puede ser que el tribunal determine solicitar un informe. Pero no es real inferir que nosotros estamos tratando de cambiar lo que actualmente establece el Código del Trabajo, la Constitución o los procedimientos aplicables a los funcionarios públicos. Y quiero que quede constancia de ello en este debate.
Distinto es que nos queramos hacer cargo -ojalá así fuera- de generar procedimientos especiales, pero usted sabe tan bien como todos nosotros, señor Presidente, que para eso no tenemos atribuciones y necesitamos una propuesta del Ejecutivo; propuesta que no pasa por pedirle a la Contraloría que vea este tema, porque es bien distinto el control de legalidad, la formalidad, a la administración de justicia. ¡De esto último es de lo que estamos hablando!
Entonces, en tanto autora de una de las mociones, en tanto impulsora del debate y de que el proyecto efectivamente sea aprobado en forma rápida, como una señal potente para las situaciones que podrían verse en cuestión tras el fallo del Tribunal Constitucional, me encantaría que en el Congreso Nacional discutiéramos un procedimiento especial para muchos aspectos, como el derecho a huelga o la negociación colectiva para los funcionarios públicos. Hay varias materias en las que hemos planteado propuestas legislativas que, lamentablemente, no es posible tramitar, por cuanto se requiere la iniciativa del Presidente de la República. Y por eso lo que estamos haciendo hoy es cautelar un procedimiento que garantice los derechos de trabajadores que, en este caso, tienen un mismo empleador: el Estado.
De eso se trata este proyecto, señor Presidente, que espero que podamos enviar mañana a la Cámara de Diputados y despacharlo del Congreso lo antes posible.
Muchas gracias.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, estoy cierta de la nobleza que se esconde detrás de la idea de legislar en esta materia. No podría, por tanto, al igual que la mayoría de los Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, estar en desacuerdo con lo que se busca. Sin embargo, ello no basta. Creo que la gracia del legislador es lograr plasmar de verdad en una ley las ideas nobles que se persiguen, en este caso para proteger a los funcionarios públicos.
Desde el año 1989, en que juré como abogada, fui funcionaria pública, hasta marzo del 2018, en que juré como Senadora. Por consiguiente, conozco plenamente la legislación que rige a los servidores estatales, tanto municipal como del nivel centralizado. También sé de sus pesares y de sus fortalezas.
Se ha dicho aquí que no puede haber trabajadores de primera y segunda categoría. Por cierto que eso no puede ser. Y yo voy más allá: no puede haber chilenos de primera y segunda categoría. Pero sí hay, y es una realidad, trabajadores distintos. Los trabajadores públicos, en relación con los privados, deben tener los mismos derechos en el ámbito que estamos viendo, pero la manera de protegerlos, o los procedimientos para llevarlos adelante, deben ser diferentes, acordes con la naturaleza jurídica de la legislación que rige a cada uno de ellos.
Hace muchos años que se viene hablando de que la legislación que regula a los funcionarios públicos, en general, está muy atrasada. Y es cierto. No ha habido ningún Gobierno que se haya atrevido a emprender una modificación profunda para actualizarla a los nuevos tiempos.
Este es otro ejemplo. Todos queremos que los funcionarios públicos estén protegidos con una tutela laboral, pero, si queremos lograr ese objetivo de fondo, hagámoslo bien, estableciendo un procedimiento acorde con su naturaleza. No sigamos dictando normas que de repente se convierten en híbridos que no pueden aplicarse.
No obstante compartir la idea de legislar, no puedo aprobar este proyecto tal como hoy se halla redactado, por una sola razón: se quiere despacharlo en particular en la próxima sesión de Sala, y no sé qué se le podría mejorar entre hoy y mañana. Para ser consecuente con lo que he dicho, me voy a abstener en esta votación, para ver cómo llega al Hemiciclo, mañana, en una semana más, o cuando en definitiva se realice su discusión particular, porque pienso que eso significa hacerles justicia a los funcionarios públicos.
Seamos claros y, cuando legislemos, hagámoslo correctamente, sin crear nuevas confusiones, nuevos problemas de interpretación. Estamos dictando una norma que quiere interpretar a otra, pero dejándola más enredada, pues los funcionarios públicos no pueden tener el mismo procedimiento que los trabajadores privados. Si no, dejemos sin efecto el Estatuto Administrativo y la ley N° 18.883, para que todos los trabajadores chilenos se rijan por el Código del Trabajo, con todos los beneficios que ello significa, pero también con todas las obligaciones.
Me parece -vuelvo a decirlo- que hay nobleza en lo que se busca, pero, en los términos en que aparece redactado el proyecto en este momento, estimo que no se va a lograr el objetivo propuesto.
En razón de ello, señor Presidente, mi voto es de abstención.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, evidentemente, estamos haciendo una ley interpretativa, muy corta, que surge de la contraposición de lecturas entre el Tribunal Constitucional y los tribunales de justicia (Corte Suprema), a raíz del fallo de 6 de diciembre del 2018, en el cual el primero declaró, en el caso Navarrete con la Ilustre Municipalidad de San Miguel, que era inaplicable el procedimiento de tutela laboral, o sea, de protección de los derechos de los trabajadores -derechos incluso consagrados en la Constitución y no solo en el Código Laboral-, por cuanto el denunciante era funcionario público. Es decir, lo que cuestiona el Tribunal Constitucional es si los trabajadores del sector público, sea central o municipal, tienen o no los mismos derechos que otros trabajadores.
Por consiguiente, se hizo necesario que prevaleciera una de las dos interpretaciones, porque los funcionarios públicos quedaron en una absoluta incertidumbre. Se trata de zanjar específicamente ese asunto. No se está creando nada nuevo; en rigor, se está volviendo a la interpretación que han tenido los tribunales de justicia (Corte Suprema), que en general han velado por que los derechos de los trabajadores, conforme a lo establecido en la propia Constitución Política de la República, sean universales; o sea para todos ellos.
Por otro lado, se han mencionado las consecuencias que podría tener esa reafirmación de derechos. Y la verdad es que las consecuencias no pueden correr en contra del trabajador si ha existido un trato despectivo, un despido arbitrario, un atentado contra su dignidad o contra el derecho a ejercer su función en los términos de respeto que merece toda persona.
Por esa razón, me parece excesivo suponer que de alguna manera se debería tolerar o aceptar errores administrativos o incluso arbitrarios, los cuales a veces pueden ser abusivos en perjuicio del trabajador al poner en duda el derecho a reparar el daño causado una vez conocido el fallo del Tribunal, lo cual sería obviamente inaceptable.
El Tribunal Constitucional, cuya interpretación es a todas luces abusiva, ha excedido sus facultades, particularmente en el último tiempo, probablemente desde el año anterior, cuando comenzó a desbordar reiteradas veces el ordenamiento institucional de nuestro país, lo que lo ha puesto en cuestión, al punto que el señor Ministro de Justicia, don Hernán Larraín, advirtió sobre un proyecto modificatorio de la entidad aproximadamente en el mes de septiembre del 2018, situación que no se ha dado hasta la fecha. Sería bueno que el Gobierno lo ratificara y le pusiera la urgencia que requiere. El Tribunal Constitucional debe ser profundamente transformado para garantizar que no exceda las facultades expresas que le corresponden.
Finalmente, quisiera señalar que el propio Presidente de la Corte Suprema, hace solamente unos días, se refirió específicamente en su informe a esta materia, preocupado por el conflicto que se ha venido generando con esta expansión abusiva y arbitraria de sus facultades por parte del Tribunal Constitucional, lo cual ha puesto en cuestión las atribuciones y competencias de la Excelentísima Corte Suprema, aspecto del cual debemos hacernos cargo.
Muchas gracias.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, como se ha dicho a lo largo de este debate, el proyecto de ley en análisis interpreta una norma del Código del Trabajo, bastante particular, ya que es la que establece la tutela laboral para los trabajadores.
Si uno hace un poco de historia, verá que desde que se creó el nuevo procedimiento laboral se instaló una discusión, más bien de carácter doctrinal y jurisprudencial, acerca de si los trabajadores del sector público podían recurrir o no a dicho procedimiento de tutela en pos de la defensa de sus derechos.
Los tribunales de justicia dictaron sentencias vacilantes y contradictorias, sin una línea muy clara sobre la materia, hasta que la Tercera Sala de la Corte Suprema zanjó el punto y estableció que, tratándose de tutelas laborales, los trabajadores del sector público de todas formas podían comparecer y hacer uso de tal procedimiento.
Aquello fue invariablemente así en los últimos años, hasta que, como se ha señalado en reiteradas ocasiones en el desarrollo de esta discusión, una sentencia del Tribunal Constitucional dispuso que dicha normativa no era aplicable a los funcionarios del sector público y que, como consecuencia de ello, los trabajadores -en ese caso, de la Municipalidad de San Miguel- no tenían posibilidad de recurrir a los juzgados del trabajo para defender sus derechos laborales.
Esto, obviamente, generó una pugna importante entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, además de dejar en la indefensión a los trabajadores del sector público, porque el primero cerró la puerta a que continuaran presentándose demandas por tutela laboral en contra del Estado.
¿Por qué digo esto? Porque la norma que hoy día estamos interpretando no se refiere, como algunos han querido deslizar en el debate, a toda la aplicación del Código del Trabajo respecto de los funcionarios del sector público. Estos se hallan regulados por estatutos especiales, entre ellos el Estatuto Administrativo, a partir de los cuales existen distintas formas para hacer valer sus derechos. La jurisprudencia ha sido bastante clara sobre la materia. Por ejemplo, un trabajador del sector público no puede reclamar un despido injustificado ante un tribunal del trabajo. En el caso de la tutela laboral -establecida en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo-, a través de la entrega de mecanismos eficaces, los trabajadores tanto del ámbito privado como del sector público pueden defender ciertos derechos que la Constitución garantiza a todas las personas, como los del artículo 19, números 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, proporcionándoles las herramientas necesarias.
Ahora, se ha dicho bastante que, en el fondo, acá estaríamos frente a un alza exponencial de las demandas -y así lo señaló el Ministro del Trabajo-, pero esto tiene que ver más bien con que los trabajadores del sector público encontraron a través de la citada vía, cuando se les vulneran sus derechos fundamentales, un mecanismo eficaz y eficiente para hacer valer sus derechos, dado que la Contraloría General de la República no había entrado en tales temas con mucha fuerza o, en algunos casos, había hecho notar que se trataba de materias que a ella no le correspondía revisar.
A mi juicio, la norma en cuestión lo único que hace es consagrar un derecho que ya se encuentra en aplicación para los trabajadores del sector público.
Mi impresión es que si la autoridad administrativa actúa correctamente, es decir, no comete abusos, no hay ningún problema con lo que dice el Ministro del Trabajo porque todas esas demandas, en la medida en que la autoridad haya actuado bien, debieran ser rechazadas.
Eso no significa que acá estamos abriendo la puerta para que se les aplique ampliamente el Código del Trabajo a los funcionarios del sector público, sino simplemente para que protejan sus derechos fundamentales.
Considero que nadie puede estar en desacuerdo con que los trabajadores del ámbito público dispongan de un mecanismo eficiente para proteger sus derechos laborales, sus derechos fundamentales.
En último término, si bien es cierto que este artículo pareciera bastante sencillo, mi impresión es que deja pendiente una discusión mucho más de fondo: la estructura normativa de la relación laboral del Estado con sus trabajadores. Lo digo porque, a la luz de lo ocurrido en los últimos 20 o 30 años, es absolutamente claro que debemos analizar hoy día la forma en que el Estado se relaciona con sus trabajadores: si vamos a seguir con el Estatuto Administrativo o, derechamente, permitiremos que los funcionarios públicos hagan valer la totalidad de los derechos contemplados en el Código del Trabajo.
Creo que se trata de una discusión legítima que hay que dar ahora sobre el mecanismo de relación laboral que queremos entre el Estado y sus trabajadores.
Termino, señor Presidente, señalando que voy a votar a favor, pues con esto se zanja un tema que ya la Corte Suprema venía resolviendo a favor de los trabajadores desde hace bastante tiempo, hasta el fallo del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, insisto en que este proyecto lo único que hace es permitir que, en los casos de vulneración de derechos fundamentales, los trabajadores del Estado puedan recurrir a los tribunales del trabajo.
Si la autoridad administrativa toma las decisiones correctamente y no infringe garantías constitucionales, no hay que tener miedo en el sentido de que lo propuesto va a significar un problema para el Estado, como lo planteó acá el Ministro del Trabajo al manifestar el aumento de la cuantía de las demandas.
Señor Presidente, aquí lo único que se hace es ponerle un freno, por medio del control efectivo, a los abusos que pueda cometer la Administración, como empleador, respecto de sus trabajadores.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar la iniciativa que se ha presentado, porque tengo claro -por haber sido funcionaria pública por más de 15 años- que existen numerosas situaciones lamentables en el sistema público.
Además, entiendo que todos estamos de acuerdo en que no puede haber ciudadanos de primera y segunda categoría y menos trabajadores en iguales condiciones; en que el Estado se encuentra en deuda respecto del sistema de contrataciones; y en que efectivamente -coincidiendo también con mi antecesor- es necesario analizar los temas de carrera funcionaria, Estatuto Administrativo y Código del Trabajo.
Asimismo, hay que escuchar principalmente a los dirigentes nacionales para saber cuáles son sus necesidades, porque, más allá de las interpretaciones, ambos sistemas tienen sus ventajas y no es tan fácil desde el Senado decidir cuál es el mejor. Quizás no sea ninguno de los dos, sino uno alternativo, distinto, para modernizar el sistema de contratación pública.
Pero después de escuchar detenidamente al Ministro del Trabajo y a algunos Senadores que han planteado que se deben hacer algunos análisis jurídicos y técnicos para mejorar esta gran iniciativa, creo que, siendo bien honesta -como abogada estoy analizando seriamente este tema, porque no pertenezco a la Comisión del Trabajo, el cual me genera personalmente mucho compromiso, dado que conozco el trabajo público desde hace bastantes años-, vale la pena hacer un esfuerzo y darnos un tiempo -no más de una semana- para profundizar las materias que han quedado instaladas acá desde un punto de vista -repito- técnico y jurídico.
Por tanto, tomar un tiempo para revisar, analizar, cómo conversa lo que se propone con el Estatuto Administrativo; cómo vamos a aplicar la ley para que permita hacer efectivo el derecho de los trabajadores sin dudas ni conflictos de interpretación es lo correcto.
Sé que quizás no hay mayoría al respecto. Entiendo las aprensiones en cuanto al Tribunal Constitucional. Pero esta materia requiere análisis, y no es culpa de este tema el que no todos estén de acuerdo con dicho organismo.
Por eso, dar 24 horas para hacer un examen y votar seriamente el proyecto en particular mañana me parece que no es lo indicado.
De ahí que repito que resulta importante, a pesar de que estoy absolutamente a favor de la iniciativa, que plantee con responsabilidad que sería fundamental darnos un tiempo, no solo desde el Gobierno, sino también como Senadores, para analizar en detalle lo expresado por el Ejecutivo y así votar consciente y responsablemente el día de mañana.
He dicho
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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, después de oír el debate -lo he hecho con harta atención-, es claro que este proyecto es bastante más complejo que lo que muestra la brevedad de su articulado. Aparentemente se trata de algo muy simple, pero es mucho más complejo y, tal como está, no se halla bien resuelto, y nosotros tenemos como Parlamento la obligación de hacer las cosas de manera apropiada.
Por eso quiero hacer una reflexión en el sentido de si coincidimos o no con sus objetivos para realizar un trabajo acorde con la misión que nos hemos planteado.
Todo el problema nace de la ley N° 20.087 (en cuya discusión el año 2007 participamos varios parlamentarios hoy presentes), que fue pensada -es cosa de estudiar la historia- en función de los procedimientos del mundo privado. Así se estableció en la respectiva norma, que tiene que ver con la disposición que ahora nos ocupa.
Y ningún Senador planteó cuando se debatió dicha normativa su extensión al ámbito público porque podía ser razonable velar para que no se pudiera vulnerar, por ejemplo, toda forma de comunicación privada, la libertad de trabajo o el derecho a su libre elección.
Quizás fue un problema del legislador por no haber asumido en su momento una realidad que perfectamente podía darse. Pero la ley se hizo en función de la citada disposición.
Con todo respeto -a pesar de que aquí parece que pegarle al Tribunal Constitucional es la norma del día, o del año-, considero que el Tribunal Constitucional hizo algo perfectamente razonable, que fue decir que había un problema de interpretación acerca de lo que el legislador o los Senadores que estamos acá planteamos.
Ahora, si alguien hubiera manifestado que lo propuesto era común, se habría resuelto de forma distinta. ¿Por qué? Porque se estableció todo un sistema -del artículo 485 hacia adelante- de acuerdo a la forma de resolver los problemas propios del mundo privado, como en materia de indemnización, de fiscalización.
Obviamente, la forma de indemnizar o de fiscalizar no es la misma en los ámbitos público y privado. El rol de la Contraloría tiene que ver con lo público, y el de la Inspección del Trabajo está mucho más relacionado con lo privado.
Entonces, lo que se pretende aquí es posibilitar -y yo comparto que se trata de un tema que se debe enfrentar- la defensa de los trabajadores ante abusos que puedan darse en el ámbito de la libertad de trabajo, de la comunicación privada -estoy leyendo lo que se hizo-, no pertenecientes al ámbito privado. Y yo creo que hay fórmulas para lograr dicho objetivo.
Tiene razón la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, pero hay que darse un mínimo de tiempo y de reflexión para resolver bien el problema, en el sentido de amparar el derecho de los trabajadores del sector público, pero sin establecer un procedimiento propio de los trabajadores del sistema privado. De lo contrario, vamos a aplicar una doble fiscalización; porque ¿cuál va a ser el rol de la Inspección del Trabajo? ¿Se va a constituir mañana en la oficina del Presidente de la Corte Suprema para hacer una fiscalización, en circunstancias de que él puede señalarle que, de acuerdo a la norma pertinente, tal labor corresponde a la Contraloría?
Y lo mismo ocurre en cuanto a la indemnización.
La Comisión de Hacienda ve todo proyecto que irrogue gastos. Aquí escuché sobre un cálculo relativo a que, respecto a la cuantía de las demandas, no de sentencias, hay 45 mil millones involucrados. En consecuencia, guste o no guste, eso tiene que ver con un impacto financiero en la marcha del Estado. No he oído a alguien decir lo contrario.
Aquí es refácil decir "Me da lo mismo que se gaste". ¡No! No da lo mismo, porque el Parlamento debe velar por que las cosas se hagan bien.
Dicho lo anterior, señor Presidente, objetivamente veo que aquí tenemos un problema real: la existencia de una norma específica aplicada solo al ámbito de los trabajadores públicos, que los defienda de determinadas vulneraciones en sus derechos. Pero tenemos una fórmula de resolverlo equivocada, pues se hace equivalente el ámbito público al privado, con sistemas del mundo privado, con fiscalizaciones e indemnizaciones que nada tienen que ver con el ámbito público.
Por eso, comparto la inquietud que creo que todos han planteado. Pero asumo que esto no se halla bien resuelto.
Y como se ha dicho, se ha puesto -no sé- una especie de pistola en la cabeza, en el sentido de que debamos ver mañana dicha iniciativa.
Además, concuerdo con lo señalado por la Senadora Ebensperger. O sea, cómo voy a votar "sí", si mañana votaremos a todo que "no". Porque tal como está el proyecto, y de no existir el ánimo de enmendarlo, no puedo votar a favor porque significaría avalar una forma equivocada de hacer las cosas.
Por consiguiente, yo formulo un llamado a que esto se pueda hacer bien -¡a que se pueda hacer bien!- y a que no se genere un impacto inadecuado: que se respete el derecho de los trabajadores; que se asuma el ánimo de justicia por parte de la Corte Suprema; que se asuma el deber de fiscalizar la constitucionalidad de las leyes por medio del Tribunal Constitucional, y que se permita que los parlamentarios hagamos bien la pega.
A mi juicio, eso se puede hacer. Y si alguien me dice que es imposible, bueno, lo veremos en su mérito. Pero si se manifiestan todos los argumentos y se escucha el planteamiento del Ministro del ramo, que me parece superrazonable, no veo por qué no darnos un tiempo para terminar de hacer bien las cosas.
En el intertanto, si no se da aquello y como el día de mañana no quiero ser poco claro -por así decirlo- con lo que eventualmente se vote, yo me voy a abstener.
He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Galilea.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, creo que el tema de la tutela laboral muchas veces tiende a confundirse.
¿Por qué? Porque una cosa es preguntar: "¿Están protegidos todos los trabajadores, sean del sector público o privado, por ciertas garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución de la República?". Y, evidentemente, la respuesta -me imagino que unánime- es: "Todos los trabajadores de Chile, sea cual sea su naturaleza, están protegidos por las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19".
Además, respecto a ello se puede recurrir a través de los recursos de protección pertinentes.
Sin embargo, la tutela laboral de que hablamos aquí es un procedimiento. Y quiero centrarme en esto: ¡Es un procedimiento!
Los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo disponen que para ciertas garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución el trabajador puede recurrir a un procedimiento específico. No será necesario interponer un recurso de protección, el que podría ser una alternativa, sino que contará con un procedimiento particular.
¿Qué acarrea aquello? Ir a la Dirección del Trabajo, ir a los tribunales laborales, etcétera.
¿Qué dijo la Corte Suprema unánimemente a contar del año 2014? En realidad, dado que no había un procedimiento distinto, no resultaba lógico privar de un proceso al empleado público. ¡Eso es lo que dijo! No es más complejo ni más simple que eso.
Y el Tribunal Constitucional señaló, a mi juicio con una mala redacción, lo siguiente: "Oiga, un segundito. El procedimiento establecido en el Código del Trabajo está absolutamente destinado a los trabajadores del sector privado y no a los trabajadores del sector público".
Por lo tanto, más allá de las buenas intenciones que tengamos todos, la verdad es que la redacción del artículo 489, específicamente, está orientada absolutamente al trabajador privado y no al público. Y esto no quiere decir que el Tribunal Constitucional o que cualquiera otra institución no haya querido proteger con las garantías constitucionales a los trabajadores del Estado.
Entonces, aquí se levantó un problema, y creo que está bien que el Tribunal Constitucional lo haya hecho. Si queremos ser específicos respecto a los trabajadores públicos, legislemos en cuanto a un procedimiento especial para los trabajadores públicos (del Poder Judicial, de esta propia Corporación, de cualquier ministerio): ¡Un procedimiento específico!
Y echo de menos que en esta iniciativa, que comparto en el fondo, no se resuelva ese problema puntual. Si aquí estamos hablando de un procedimiento: cómo se procede en el caso de un funcionario público y cómo se procede en el caso de un trabajador privado.
Eso es lo que debemos resolver.
¿Le falta al proyecto de ley resolver eso? ¡Evidentemente! Está haciendo una declaración universal que ya está comprendida en cualquier texto constitucional o legal. Lo que debemos solucionar es cómo se aplica esto en la práctica para un funcionario público. ¿Nos vamos a dirigir a los tribunales del trabajo? ¡Muy bien! Pero ese es un cambio cuántico respecto a la relación del Estado con sus funcionarios públicos.
Lo lógico acá es hacer un procedimiento específico. Y es lo que espero que presente el Ministro del Trabajo: un procedimiento específico para determinar cómo se resuelven en el sector público los casos de tutela laboral. Porque, si no, nos vamos a estar metiendo en una discusión muchísimo más larga y profunda que determinar dónde empieza y dónde termina el Código del Trabajo, en una frontera que puede ser muy difícil de dilucidar.
Así es que, compartiendo el fondo, pues creo que nadie ha puesto en discusión aquí que la tutela laboral y el respeto a los derechos constitucionales se apliquen a todos los trabajadores, debemos resolver específicamente el procedimiento, a fin de que los funcionarios públicos ejerzan este derecho sin contravenir toda la norma legal laboral, que para todos los efectos rige en el sector público y privado de nuestro país.
Muchas gracias.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay más oradores inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor, 8 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Elizalde, García, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros y Soria.
Se abstuvieron las señoras Ebensperger y Von Baer y los señores Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro, Prohens y Sandoval.
No votó, por estar pareado el señor Allamand.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En consecuencia, conforme a lo acordado por los Comités, la votación en particular queda aplazada para la sesión de mañana.
El Ejecutivo quedó comprometido para las indicaciones pertinentes.




ESTABLECIMIENTO DE LEY NACIONAL DEL CÁNCER


El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Proyecto, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que establece la Ley Nacional del Cáncer, con informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.292-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 75ª, en 11 de diciembre de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Salud (certificado): sesión 89ª, en 16 de enero de 2019.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los objetivos principales del proyecto son promover la salud, junto con la prevención, la detección precoz y el diagnóstico oportuno del cáncer; fortalecer una atención de calidad para la población del país en materia de cáncer, y otorgar un acceso oportuno y equitativo a la atención, que permita disminuir progresivamente la incidencia y mortalidad por dicha enfermedad.
La Comisión de Salud discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Goic y Van Rysselberghe y señores Chahuán y Quinteros.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe entre las páginas 28 y 36 del informe de la Comisión de Salud y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Gracias, señor Secretario.
En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra la Senadora señora Goic, una de las impulsoras de la iniciativa.

La señora GOIC.- Señor Presidente, en verdad, es un gusto estar hoy día discutiendo la idea de legislar sobre el proyecto que establece la Ley Nacional del Cáncer.
Me habría encantado que estuviera presente el Ministro de Salud, quien a mi juicio ha tenido una participación relevante en la materia, pues existen varios aspectos en que es importante que haya una clarificación en este debate.
También es del caso relevar la colaboración de quienes, probablemente, han sido las principales impulsoras de esta iniciativa: las cientos de organizaciones a lo largo del país con las que llevamos trabajando más de cinco años en la proposición que se nos planteó en su momento. Yo era Diputada en ese entonces, y Mariano Ruiz-Esquide, Senador.
Nos entregaron desde el Foro Nacional del Cáncer lo que llamamos "las bases para la propuesta de Ley Nacional del Cáncer", en que nos señalaban que nos hiciéramos cargo de la que tal vez va a ser en dos años más la primera causa de muerte en Chile.
Sabemos que el 25 por ciento de las muertes se producen por cáncer, y vamos en ascenso. Hay un universo importante de personas respecto de las cuales, más allá del número, podría evitarse un desenlace fatal si llegáramos a tiempo.
La propuesta dice relación con trabajar de manera integral el cáncer; poner a nuestro país a la altura del desafío, partiendo por la prevención, la detección precoz de la enfermedad y fortaleciendo una red de centros oncológicos que contemple todo el territorio nacional, de modo que no sea distinto tener un diagnóstico de cáncer en Santiago, o en Concepción, o en Punta Arenas.
Asimismo, es necesario integrar la investigación, que es tan relevante para los efectos de determinar por qué en ciertas zonas de nuestro país tenemos más personas con esta enfermedad y en otras se desarrollan otros tipos de cánceres o existen menos casos.
Debemos analizar qué sucede con la sociedad civil, elemento fundamental de la propuesta sobre Ley Nacional del Cáncer; cómo fortalecemos la colaboración público-privada para enfrentar una tarea en donde lo que hagamos desde el sector público siempre va a ser insuficiente.
Quiero señalar que todo este proceso, incluida una marcha maravillosa que se realizó en noviembre del año pasado, en que salieron a la calle las familias y las organizaciones para decir "¡Queremos Ley Nacional del Cáncer!", se materializó en lo que veníamos buscando hace tantos años: el patrocinio del Ejecutivo a la propuesta de ley, cuestión que se hizo junto con la presentación del Primer Plan Nacional de Cáncer.
Uno de los objetivos de la normativa era mandatar al Estado de Chile a tener un plan nacional del cáncer, a contar con una estrategia, a partir con definiciones, con un sistema de registro que nos permita hacer seguimientos.
Eso es lo que hoy día se halla en discusión.
Deseo reconocer una vez más -lo he hecho públicamente muchas veces- el accionar del Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien, cuando fue candidato, se comprometió a patrocinar este proyecto de ley. Y ese compromiso se cumplió. De no ser así, no estaríamos en este trámite.
Es virtuoso cuando ponemos al frente los intereses de las familias. De eso se trata la Ley Nacional del Cáncer, mediante la cual buscamos trascender los ciclos políticos; que contemos con un plan que tenga financiamiento, que se actualice cada cinco años y en que la ciudadanía pueda participar.
Por cierto, todo el mundo entiende que en materia de cáncer no podremos hacer todo en un solo año. Pero es preciso que lo que acordemos lo hagamos sentados todos en la mesa: que una buena propuesta que hemos impulsado desde la Oposición sea acogida por el Gobierno y la trabajemos en conjunto.
Reitero aquello, pues creo que le hace bien a la política, y también es lo que esperan los ciudadanos de nosotros en este tipo de asuntos.
Espero que hoy día podamos aprobar en general el proyecto, así como lo hicimos con celeridad en la Comisión, oportunidad en la que escuchamos a la Sociedad Chilena de Oncología Médica, a la Sociedad Chilena de Radioterapia; al Consejo Asesor en Materias de Cáncer, que es una instancia que formó el Ministro Santelices, con quien se trabajó el actual Plan Nacional de Cáncer.
Asimismo, oímos a la sociedad civil en un seminario que como Comisión organizamos especialmente al efecto.
Era difícil invitarlos a todos. Probablemente, hubiéramos pasado dos meses escuchando a las organizaciones que tienen mucho interés en participar en el tema. Entonces, lo que hicimos fue llevar a cabo un seminario en el que participó la mayor parte de las instituciones, de las agrupaciones de pacientes, del mundo privado, de las entidades vinculadas con la salud, de los laboratorios, en fin. Todos se sentaron en la mesa, y parte de las observaciones a la ley en proyecto fueron entregadas en un documento muy sintético.
Esas son cosas que quiero mencionar a grandes rasgos, porque me parece que forman parte del desafío que tenemos para la discusión en particular de esta iniciativa.
Hay un objetivo, tal como se halla planteado en la normativa, que tiene que ver con desarrollar políticas públicas, planes y programas destinados a prevenir el aumento de la incidencia de cáncer, su adecuado tratamiento y recuperación de la persona diagnosticada con dicha enfermedad.
Creo que aquí debemos garantizar el acceso, asegurar un derecho. Eso es lo que le compete a una ley nacional del cáncer.
El proyecto, en su artículo 2°, plantea la obligación de elaborar el Plan Nacional del Cáncer, cuestión que considero muy valiosa. Sobre el particular hubo mucha discusión en cuanto a si bastaba con el referido plan y por qué se necesitaba una ley. Finalmente, todos coincidimos en que lo que garantiza la ley es la continuidad en el tiempo, pues, lamentablemente, el cáncer llega para quedarse; además, va en forma creciente. Por lo tanto, debemos garantizar que esta también sea una política pública que se instale permanentemente.
En tal sentido, me parece importante que el Ministro pueda dar cuenta al menos de los elementos centrales del Plan Nacional del Cáncer, donde se establecen metas específicas, y en que uno busca, además, que haya una participación sustantiva de la sociedad civil en su implementación y actualización.
Por otra parte, la iniciativa contiene un artículo relacionado con recursos humanos especializados. Se fomenta no solo la participación de más médicos, incluyendo a los médicos extranjeros, para lo cual se facilita lo relativo a la certificación: también se aborda el caso de las enfermeras (por ejemplo, las de práctica avanzada) y de los equipos de salud, para que puedan acceder en forma más amplia.
Asimismo, el proyecto considera aspectos relevantes con relación a la investigación.
El artículo 5° quizás es el más sensible para las regiones, pues tiene que ver con el fortalecimiento de la Red Oncológica a lo largo del país, donde prácticamente todas ellas se hallan contempladas con centros de distinta complejidad.
También hay un artículo que dice relación con la elaboración de guías clínicas y otro vinculado con el Registro Nacional del Cáncer.
Señor Presidente, cuesta creer que hoy día en nuestro país no sepamos cuánta gente tiene cáncer, ni el número de personas que muere a raíz de esta enfermedad: no contamos con un registro.
Parte de lo que contiene esta iniciativa es la creación de un registro en la materia.
También se establece una Comisión asesora destinada al seguimiento del mencionado plan. A este respecto, cabe señalar que nosotros pensábamos más bien en una agencia, en una institucionalidad que no solo esté vinculada con el Ministerio de Salud, sino también que integre a la sociedad civil, y cumpla un rol de coordinación de los distintos ministerios relacionados con el tema y de articulación con la sociedad civil.
Probablemente, esa sea una de las propuestas que tendremos que mejorar.
Asimismo, se crea el Fondo del Cáncer.
Aquí el Gobierno plantea un fondo que se construye básicamente con donaciones, y la decisión respecto de su uso queda en la Subsecretaría de Salud.
Nosotros aspiramos a que para el cáncer haya más bien un mecanismo similar al de las donaciones culturales o al de las donaciones con fines sociales que sea más amplio, que no se trate de un concurso de proyectos que decide la estructura como ocurre hoy en el caso de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, sino que permita la vinculación de una empresa -por ejemplo, en Antofagasta- que desee financiar una unidad de cáncer haciéndose cargo de los efectos nocivos que implican los temas ambientales en la salud de las personas, o bien, contribuir con la sociedad.
Señor Presidente, esta iniciativa contiene varios otros elementos; pero, en función del tiempo, solo quiero plantear dos cuestiones centrales que a mi juicio son fundamentales para sacar adelante la ley en proyecto.
Primero, esta iniciativa no puede transformarse en ley de la república si no garantizamos el acceso a tratamiento para todos los tipos de cánceres.
Este proyecto no se hace cargo de la situación de los cánceres que hoy día no están en el AUGE. Eso es algo que vemos todos cotidianamente: por qué una persona que padece de cáncer de pulmón o de páncreas no tiene derecho a acceder a un tratamiento garantizado.
Esa es una de las materias en que vamos a requerir el patrocinio del Ejecutivo.
El segundo punto, en esta rápida enumeración, tiene que ver con el presupuesto, con los recursos asignados: no pueden quedar solo en el Plan Nacional del Cáncer, sino que debe haber un marco presupuestario que garantice que el Estado de Chile aportará los recursos suficientes
El informe presupuestario señala que los recursos adicionales solo están contemplados para la creación del Registro Nacional del Cáncer, y alcanzan a los 54 millones de pesos anuales.
Yo pongo este asunto en el debate, pues entiendo que estamos con la disposición de sacar la mejor ley del cáncer. Para ello,...

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional para terminar su intervención.

La señora GOIC.- Gracias.
Decía, señor Presidente, que esto, sin duda, requiere un esfuerzo presupuestario que nos garantice un marco que permanezca y que permita la implementación del Plan Nacional del Cáncer.
Por último, quisiera señalar que, así como esta iniciativa surgió desde la ciudadanía, respecto de la cual nos hicimos cargo, creo que en la siguiente etapa, tal como lo hicimos con las audiencias cuando discutimos la idea de legislar, sería muy bueno que el Senado abriera un proceso de participación más incidente, donde quienes han sido testigos de los esfuerzos que hemos realizado y protagonistas al poner esta materia en el debate puedan también participar en la construcción de las indicaciones.
Habría que buscar una fórmula para que los aportes que se hagan puedan alimentar las indicaciones que vamos a presentar. De modo que debemos establecer un tiempo suficiente para que el proceso se dé con gente que a mi juicio está ávida, con muchas ganas de ser parte de la discusión.
He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, evidentemente, esta es una iniciativa valiosa. Pero si uno reflexiona en torno a esta materia, se preguntará por qué ha de existir hoy día una Ley Nacional del Cáncer.
Yo saco una primera conclusión que, a mi juicio, debiera revisarse a la luz del contexto en que estamos.
En mi opinión, tenemos una política de salud totalmente obsoleta, anacrónica, y estamos haciendo las mismas cosas que fueron exitosas en el pasado.
Chile, a partir de los años sesenta, desarrolló la fundación del Sistema Nacional de Salud, tal vez uno de los modelos más exitosos en el planeta. No hay sistema más exitoso que el chileno. Es más, cuando se creó el Servicio Nacional de Salud se hizo copiando al Servicio Nacional de Salud inglés, que data de 1958. Sin embargo, nuestro país, algunos años después, modificó algo que era muy importante para el modelo inglés: los GP, que eran médicos de familia con una población asignada.
En Chile se toma una decisión muy relevante: en vez de tener un médico de familia se crea un equipo de salud para la familia: los llamados "consultorios", donde no solo había médicos, sino también psicólogos, pediatras, internistas, asistentes sociales, terapeutas.
¿Qué es lo interesante? Que muchos años después, cuando el Ministro Blair lleva a cabo la principal reforma a la salud, que modificó el sistema inglés, se hizo lo mismo que se había establecido acá en los años sesenta.
Esa política logró enfrentar las enfermedades infecto-contagiosas y llevar a Chile a una situación de preeminencia con muy pocos recursos.
Hoy día somos herederos de tales resultados. Nuestro país exhibe mejores resultados sanitarios que Estados Unidos, que gasta 9 mil dólares per cápita al año, en tanto que Chile invierte una cifra cercana a los 600 dólares.
Sin embargo, esos éxitos del pasado, que estaban hechos para una demografía distinta; para una sociedad joven; para un mundo donde los niños y las niñas morían por desnutrición, por enfermedades infecciosas, por neumonías, hoy día ya no existen. En la actualidad, las enfermedades infecto-contagiosas no son un problema para nuestra nación. Es más, con el tratamiento de las aguas servidas y el agua potable dimos un salto -yo diría- copernical en cuanto al mejoramiento.
Hoy los chilenos se están muriendo de enfermedades crónicas no transmisibles. Y así como fuimos exitosos en el pasado, ahora Chile presenta los síntomas, los signos más ominosos de gravedad.
Somos uno de los países con mayor consumo de tabaco en el mundo, particularmente en mujeres y niños. Teníamos 38 por ciento de menores de 18 años fumadores: ahora bajamos al 33 por ciento, pero seguimos estando en los primeros lugares.
Exhibimos niveles de obesidad que nos ubican entre las naciones que presentan situaciones más graves en este ámbito en el planeta, especialmente en lo que respecta a la obesidad infantil: nos posicionamos entre los primeros de Latinoamérica y entre los diez más importantes a nivel mundial.
Lo mismo sucede con la población adulta.
La prevalencia de hipertensión arterial pasados los 50 años se acerca al 70 por ciento. Asimismo, hemos superado por lejos el 10 por ciento de la población general con diabetes, pues estamos cerca del 12 por ciento.
Es decir, Chile, que fuera exitoso en el pasado, hoy día está fracasando. ¿Por qué? Porque queremos aplicar las mismas medidas que usamos antes para enfrentar las enfermedades infecto-contagiosas respecto de enfermedades que son totalmente distintas, que tienen que ver con los estilos de vida.
Tenemos un enfoque hipercurativo, en que casi no hay prevención -de hecho, no existe-; en que la atención primaria en vez de fortalecerse se ha visto disminuida. Concurrir a un consultorio de atención primaria es ir a un comprahuevos: la gente sale igual a como entra. Y ello, evidentemente, implica una necesidad urgente de reforma.
¿De qué nos estamos muriendo los chilenos? Nos estamos muriendo de infartos al corazón; de infartos al cerebro; de hipertensión y de diabetes cuando se complican, y de cáncer.
El problema es que muy luego el cáncer va a ser la primera causa de muerte; va a superar a los infartos, a los accidentes vasculares y a las complicaciones de la hipertensión y la diabetes.
Si no hacemos nada al respecto, la mitad de los chilenos a futuro va a morir de cáncer.
Cuando una persona tiene cáncer, cuando una persona sufre un infarto el sistema de salud fracasa. El sistema de salud no logra tratar los infartos, no logra tratar la hipertensión y la diabetes y no logra tratar los cánceres, pues no es su misión. La misión, hoy día, trasciende al sistema de salud: importan las calles, importan los barrios, importa lo que se come, importan los hábitos de tabaquismo, los hábitos alimentarios. Y eso no existe en nuestras políticas públicas.
Entonces, es muy relevante tener una ley que aborde una problemática de salud como esta, que va a ser la más significativa de nuestro país, porque los chilenos, en forma mayoritaria, vamos a morir de cáncer. ¿Por qué? Porque cambió la demografía.
En el año 1960, cuando se crea el Sistema Nacional de Salud, la expectativa de vida en Chile era de 60 años. Hoy día los chilenos se están muriendo más tarde incluso que los estadounidenses: 82 años en el caso de las mujeres y poco más de 80 en el de los hombres. Lo más probable es que una persona adulta, que ya tiene 60 años, viva hasta los 90.
¿Y de qué van a morir quienes prolongan su vida? La gran mayoría morirá de cáncer.
A mi juicio, entre los 60 y 70 años la primera causa de muerte son los infartos; pero después de los 70 es el cáncer, que se irá haciendo cada vez más prematuro.
Ahora, existe una gran inequidad.
Por ejemplo, una persona pobre en Chile presenta un 320 por ciento más de riesgo de desarrollar una diabetes que una persona de altos ingresos. En nuestro país una persona de escasos recursos tiene 380 por ciento más de riesgo de generar hipertensión arterial que una persona de altos ingresos. Y una persona pobre presenta un 250 por ciento más de riesgo de verse afectado por un cáncer que una persona de altos ingresos.
Además, el acceso a la salud para los más pobres se halla mucho más restringido que para las personas de más altos ingresos, las cuales, por cierto, exhiben menos cargas de enfermedades.
Por eso, avanzar en iniciativas como la que nos ocupa es importante. Sin embargo, el tener que establecer una ley especial para el cáncer nos revela que los esfuerzos todavía son insuficientes.
En mi opinión, esta es una normativa muy basal, e implica que en nuestro país se halla pendiente la necesidad de hacer una gran reforma de salud.
Por lo tanto, yo apelo al Senado, pues no podemos seguir dejando que pase esto; no podemos seguir acumulando una deuda social en salud. Ningún gobierno -ni el actual ni los anteriores- ha puesto a la salud como prioridad.
La salud sigue presentando hoy día un déficit.
Los hospitales suman una deuda de 800 mil millones, porque se establece un criterio de financiamiento -yo diría- totalmente anómalo, que corresponde a las prestaciones subvaloradas. ¿Qué quiere decir esto? Que los hospitales se financian por debajo del costo real de las prestaciones. Financian solo el 70 por ciento del costo real, y acumulan una deuda cada vez que hacen algo de 30 por ciento.
Esa es una manera totalmente perversa de entender la salud.
¡No hay prevención! ¡No hay atención primaria!
Debiéramos contar con una política inteligente -eso es lo que hay que entender-, una política de Estado, una política transversal.
En la Comisión de Salud, independientemente de las posiciones políticas, compartimos gran parte de ese diagnóstico. Si las personas modificaran su estilo de vida e hicieran ejercicio, podríamos evitar el 70 por ciento de los nuevos casos de hipertensión y diabetes; el 70 por ciento de los casos de infartos y accidentes vasculares y la mitad de todos los cánceres.
Por lo tanto, me pregunto -ni siquiera por razones económicas, sino humanas, de sufrimiento y desigualdad que implican este tipo de enfermedades- cómo podemos hacer para que en nuestro país se comprenda que debe llevarse a cabo una reforma para que la política de salud, que es hipercurativa, migre hacia una política hiperpreventiva, que se articule con el mundo urbanista, con el mundo de la vivienda, con el mundo de los barrios, con la actividad física y la sana alimentación; es decir, políticas que vayan en esa dirección.
Valoro mucho esta iniciativa, pues, como dijo la Senadora Goic, ni siquiera teníamos un sistema de registro, ni de notificación obligatoria de los casos de cánceres. Vivíamos en una verdadera Edad Media. Era como si el cáncer no existiera. Pero hoy día es casi la primera causa de muerte, y será por lejos la primera causa de muerte a futuro.
Una persona que tiene cáncer de esófago está condenada a morir, porque no se halla en el AUGE. Yo considero totalmente injusto que un ser humano, por el hecho de que su cáncer fue de esófago y no gástrico, esté condenado a morir en las peores condiciones, sin ningún tratamiento, sin ningún apoyo y muchas veces endeudando a la familia -incluso en el caso de familias de altos ingresos- para toda la vida, generando un verdadero problema emocional y social.
Yo espero que la futura Ley del Cáncer nos permita mirar un poco más allá, nos permita entender esta realidad.
Le señalábamos esta mañana al Ministro Santelices la necesidad y la urgencia de que Chile establezca a la salud como prioridad, cosa que no se ha hecho en los últimos veinte o veinticinco años.
Y también le planteamos la prioridad de que se lleve adelante una reforma que adecúe un sistema que fue maravilloso, que tuvo logros únicos a nivel mundial, pero que sirvieron para el siglo XX y no funcionan para el siglo XXI. Estamos viviendo otra era; viene la medicina personalizada, la medicina a nivel genético.
Un solo cáncer tiene 20 mil billones de datos. Ningún médico puede competir con una máquina de inteligencia artificial para codificar esos datos y hacer un diagnóstico tan preciso como el que realizaría la inteligencia artificial, que espero que llegue para todos los chilenos y todas las chilenas.
Valoro la iniciativa. Pero para mí este proyecto también es síntoma de nuestras debilidades, de nuestra obsolescencia, de cierto grado de desintegración que están viviendo las instituciones tradicionales que no se adaptan al mundo. La disrupción no solamente ocurre cuando empresas como Kodak dejan de existir como en el pasado. Lo mismo les está pasando a los sistemas públicos, a las instituciones públicas que, si bien fueron exitosas en el pasado, por no tener la capacidad de articular y enfrentar los nuevos desafíos, están quedando totalmente obsoletas.
Y estamos viendo cómo Chile, de ser uno de los países líderes del mundo en enfrentar los problemas de salud, hoy está siendo derrotado por las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que van a marcar el destino de nuestra humanidad.
Me parece muy bien la ley en proyecto, pero creo que no resuelve el problema. Ello nos obliga a reflexionar y a pensar que se requiere una reforma a la salud muy profunda que apunte a la equidad y a poner el centro y el trabajo en aquellos aspectos que son fundamentales en el siglo XXI.
He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para abrir la votación?
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, la verdad es que ley perfecta no existe, pero lo importante es avanzar.
Los diagnósticos ya los conocemos, no son nuevos, el mundo ha cambiado. Y en ese contexto de cosas es importante señalar que, dados los cambios demográficos y epidemiológicos en nuestra población, la demanda ha ido en aumento debido, precisamente, a una población más envejecida y a un incremento de las enfermedades crónicas asociadas.
Estas características propias del sector van generando un mayor desafío, lo que se traduce en tener que enfrentar una creciente demanda de nuestros usuarios maximizando el uso de los recursos.
Se ha hablado de dos cifras respecto de la deuda que tiene hoy día la salud. Se ha dicho que al 2018 ascendía a más de 358 mil millones 565. Por la prensa se habla incluso del doble.
Más allá del gasto, como no hay ley perfecta, hay que ir avanzando. Y esos mismos diagnósticos los vengo conociendo desde hace muchos años. Y el Estado de Chile y los distintos gobiernos no han sido capaces de superar y de enfrentar esta situación.
Pero yo quisiera decirle a la Senadora Goic -por su intermedio, señor Presidente- que el Presidente Piñera cumple su palabra.
La mayoría de los presentes hemos tenido un amigo, un familiar, un colega que ha sufrido el cáncer. Sabemos lo que significa salir adelante, vencer la enfermedad; sabemos lo que padecen sus familias. Por eso, en buena hora esta ley bendita.
Y digo "ley bendita" porque, aunque hay mucho que mejorar todavía, se han registrado avances, como la incorporación de 17 condiciones oncológicas a las Garantías Explícitas en Salud -probablemente, falten muchas-; la incorporación de la vacuna contra el virus del papiloma humano al Programa Nacional de Inmunizaciones, con cobertura universal en niñas escolares de 9 y 10 años; entre otros.
Dentro de los avances es necesario ordenar el funcionamiento del sistema de salud. En tal sentido, este proyecto propone establecer un marco normativo que permita desarrollar políticas, planes y programas relacionados con el cáncer, abordando todas las etapas del manejo de la enfermedad.
Para ello, la iniciativa propone crear el Plan Nacional del Cáncer, la Comisión Nacional del Cáncer, el Fondo Nacional del Cáncer y el Registro Nacional del Cáncer.
Este proyecto busca avanzar. Será el primer paso en el camino de las mil millas, pero se está dando un paso adelante.
La iniciativa pretende avanzar también en los ámbitos de promoción de la salud, de prevención, de detección precoz y de diagnóstico oportuno del cáncer, y así tratar de disminuir progresivamente la incidencia y mortalidad, para mejorar la calidad de vida de las personas, las familias y sus comunidades.
Es cierto que se puede hacer más, que se pueden hacer mejor las cosas, pero sabemos que hay muchas dificultades y obstáculos en materia de salud. Este proyecto avanza en la dirección correcta. Chile lo necesita, y los pacientes, actuales y futuros, y sus familias y comunidades lo agradecerán.
Nosotros no sabemos cuánto va a durar el mundo; eso nadie lo sabe. Pero sí que a medida que avanzan los años, los siglos, van apareciendo distintas enfermedades. Ya las películas que vemos en televisión no son solo ciencia ficción, porque lo que allí aparece está ocurriendo en el mundo.
Por lo tanto, hoy día puede ser el cáncer y mañana habrá otra epidemia de la cual morirán las personas en el mundo. Pero yo quiero quedarme con esta ley bendita, que se concrete ahora y que demos un paso importante para prevenir, para ayudar a las personas que sufren de cáncer...

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Concluyó, Senador señor Moreira?

El señor MOREIRA.- Termino, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¡Por favor, puede continuar! Le estamos escuchando atentamente.

El señor MOREIRA.- Yo apruebo este proyecto en general con la convicción de que será mejorado por el Gobierno, por los parlamentarios en la discusión en particular. Y, por qué no decirlo, se puede abrir la oportunidad para que en el AUGE se integren otras patologías oncológicas.
Yo celebro esta iniciativa y a todos quienes han estado detrás de ella. Y celebro que el Presidente de la República escuche a todos, porque este es un tema humanitario, no es un tema político. Las personas que padecen de cáncer u otra enfermedad no tienen color político. Este es un tema humano, y creo que abordarlo así es la mejor manera de sacar una buena ley.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, sin duda que cuando tramitamos proyectos de esta naturaleza estamos apuntando a aspectos de una profunda dimensión no solamente clínica, sino también humana, social. Estamos hablando de una enfermedad que impacta a la familia en su conjunto, de manera transversal, y a la sociedad, que hoy día tiene que sensibilizarse.
Los cambios de los últimos cincuenta años en materia demográfica, de surgimiento de patologías propias del desarrollo que ha alcanzado nuestro país generan, sin lugar a dudas, una urgencia para enfrentar estas situaciones de manera decisiva.
Tal como se ha señalado, la sociedad civil, las comunidades y las propias organizaciones por años han venido demandando el contar con un marco, con una ley que asegure que el Estado, el país, se haga cargo de los impactos en esta materia, en el ámbito de la salud y en el de la prevención, del tratamiento y, por cierto, de los costos asociados a esta realidad.
No podemos dejar de mencionar aquí el trabajo de diferentes dirigentes y actores políticos. Y aquí debemos destacar, evidentemente, el compromiso, el seguimiento y el acompañamiento de la Senadora Carolina Goic en este proceso.
Vale la pena indicar que lo que nos convoca es fruto y consecuencia de que muchas instituciones a lo largo de nuestro país se han hecho parte de esta realidad. ¡Y qué bueno que desde el ámbito político, a veces tan criticado, se asuma también dicha situación!
Y no podemos dejar de referirnos a la respuesta y a la visión de este Gobierno. Porque, en definitiva, a pesar de todas las demandas, de todas las discusiones y de todos los planteamientos formulados por diferentes actores a lo largo de muchos años, recién hoy día se está enfrentando una iniciativa que acoge el Gobierno a través de este proyecto de ley del cáncer. Y no me cabe la menor duda de que lo vamos a mejorar y a lograr que responda sustantivamente a lo que en definitiva nuestras comunidades y particularmente los afectados requieren.
El año 2013, en nuestro país se producían 139 muertes por cáncer por cada 100 mil habitantes; el 2015 la tasa aumentó a 143 fallecimientos, siendo la cifra más alta desde el año 2000.
Aquí se han señalado los principales factores de riesgo: el envejecimiento de la población -nuevamente, los adultos mayores son afectados de una manera especial por lo que significa esa exigencia y ese requerimiento-, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo.
En el caso de la mujer, el cáncer de mama es la principal causa de muerte. Y miren las cifras: en 1999 fallecieron 823 mujeres, y en 2015 esa cifra aumentó a mil 511. Y la enfermedad afecta especialmente a las mayores de 60 años.
Y en el caso de los hombres, los cánceres al estómago, a la próstata, al pulmón y al colon han sido las principales causas de muerte.
Y como bien ha señalado acá el Senador Moreira, todos hemos tenido amigos o familiares con los cuales hemos vivido el acompañamiento del proceso de una enfermedad de cáncer, con los altibajos que implica. Y, por cierto, con las secuelas propias de una acción de esta naturaleza.
En Chile, el cáncer hoy día es la segunda causa de muerte. Y a fines de esta década va a ser la principal causa.
Y aquí quiero hacer un punto respecto del efecto que la situación tiene en las regiones. Porque en el país el cáncer es la segunda causa de muerte, pero en Arica y Parinacota, Antofagasta, Los Lagos y en mi Región de Aysén hoy día es la principal causa de muerte. Y además se agrega un componente adicional: ante la ausencia de servicios especializados, muchas de las personas afectadas deben sufrir, además de la enfermedad propiamente tal, el desarraigo familiar al tener que continuar sus tratamientos en otros centros especializados del territorio, ya sea en Puerto Montt, Valdivia o Santiago, agregándole un ingrediente adicional al costo humano, social, familiar y económico que significa encontrarse afectado por esta enfermedad.
Por ello, señor Presidente, no nos cabe duda alguna de que debemos destacar el compromiso humano y social que asume hoy día el Gobierno; reconocer el trabajo de cientos de instituciones a lo largo de nuestro país, que han tomado como una causa importante enfrentar esta situación, porque no queremos que los 25 mil fallecimientos que acontecen en la actualidad sigan aumentando por una falta de visión, por una irresponsabilidad de un Estado que no quiere hacerse parte de una realidad humana, social y de salud que requiere una atención nueva.
Una incidencia de más de 45 mil nuevos casos al año en nuestro país habla de la urgencia con que hemos de encarar esta realidad y de hacerle frente a lo que ello significa. Y este proyecto reúne el gran componente de que se hace cargo de su visión no solo en materias generales a través del catastro, sino además mediante el seguimiento, el registro, el acompañamiento y el financiamiento, puesto que esta enfermedad no solo está matando a los chilenos, sino que, muchas veces, destruye a las propias familias en su integridad.
Señor Presidente, no me cabe la menor duda de que este proyecto debe ser aprobado y respaldado transversalmente por todos. Y no tengo ninguna duda de que así va a ser.
Evidentemente, voto a favor de la idea de legislar.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, tal como se ha dicho acá, probablemente todos tenemos o hemos tenido algún familiar, amigo o persona cercana que ha sufrido algún tipo de cáncer.
No es un hecho inusual, pues se trata de una de las enfermedades que más han aumentado a nivel global. En Chile, es la segunda causa de muerte -la primera son los problemas circulatorios- y ya es la primera en cinco regiones del territorio nacional.
Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Los Lagos y Aysén presentan -según datos del INE del año 2017- la mayor incidencia con esta patología. Solo ese año fallecieron en nuestro país 25 mil 764 personas producto de algún tumor maligno.
El cáncer es, además, una enfermedad transversal. Afecta a todos por igual, sin importar raza, nacionalidad, etnia o capacidad económica.
Pero la oportunidad de su detección y el acceso a un tratamiento de punta, a medicinas de última generación y a cuidados paliativos integrales sí dependen de la disponibilidad de recursos.
En nuestro país, solo un 30 por ciento de los tipos de cáncer está cubierto por el sistema GES.
¿Cómo es posible que las personas de menores recursos dispongan de menos posibilidades de sobrevivir a esta enfermedad que la gente más adinerada?
El Estado no puede quedar ajeno ni menos ser cómplice de esta incómoda realidad.
Otro tema relevante para los habitantes de regiones es la falta de atención especializada en la mayoría de ellas. No es posible que las personas que viven lejos del centro cuenten con menos posibilidades de atención médica y tratamientos que aquellas que habitan en las grandes conurbaciones de la zona central.
Es imperativo fortalecer a las regiones con centros de mayor complejidad, de modo que las personas no estén obligadas a trasladarse hacia el centro de nuestro país para recibir un tratamiento digno.
Tenemos que ser capaces de lograr cobertura total de atención para una de las patologías que más enferma a Chile.
La prevención, sabemos, es un factor clave. El diagnóstico precoz resulta fundamental para afrontar la enfermedad.
Esperamos que este proyecto sea una herramienta efectiva, que modifique la realidad actual del cáncer en nuestro país.
La iniciativa que nos ocupa incentiva la colaboración privada. No me opongo a ella. Por el contrario, creo en la alianza público-privada. Pero principalmente creo en el esfuerzo que pueda realizar el Estado para afrontar los nuevos desafíos que implica que cada día más gente sea diagnosticada con cáncer en nuestro país.
No podemos permitir que cada año miles de chilenos sigan muriendo porque no tuvieron acceso a un diagnóstico oportuno o a un tratamiento adecuado.
Acortar las brechas y terminar con las diferencias es labor de todos.
Y antes de finalizar, señor Presidente, quiero felicitar a la colega Carolina Goic por todo el esfuerzo, tesón y empuje que ha puesto en este proyecto de ley.
Voto a favor.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, la sociedad chilena está enfrentando una pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles -ya se han entregado las estadísticas-, las cuales están afectando a nuestra gente más cercana, al prójimo, a nuestra familia.
Asimismo, Chile está sufriendo otra transformación social tremenda, que es la inversión de la pirámide demográfica. Estamos viviendo más, y eso hace que cada vez tengamos más adultos mayores.
Además, hay personas con esa carga de enfermedad por lo mismo que se ha mencionado: los estilos de vida no saludables, que las han llevado a acumular y ser potenciales víctimas de alguna situación particular.
¿Qué nos ocurre, entonces? Nuestra sociedad debe entender que esta es una prioridad nacional. Y esa prioridad nacional se refleja en esta iniciativa. Por lo mismo, felicito a la Senadora y a los Senadores que están detrás del proyecto, porque nos brinda la posibilidad de darnos el tiempo para reflexionar qué debe hacer Chile con todos sus esfuerzos. Es una oportunidad única.
Y aquí quiero llamar la atención en cuanto a que el asunto no atañe solo al Ministerio de Salud. Vamos a contar muy pronto -durante este año- con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y es precisamente desde el "conocimiento" donde Chile puede avanzar mucho.
Y uno de los aspectos que se debe relacionar con este Plan Nacional del Cáncer es el plan del genoma nacional. Hay que entender qué tenemos, cuáles son las características de nuestra población. Y no solo de la población humana, sino que de toda la biodiversidad. Ello puede incluso contribuir a que encontremos la cura a enfermedades que hoy no conocemos. Un plan de esta naturaleza requiere, obviamente, tecnología, capacidades, científicos, pero que todo ello esté conectado.
Y es quizás la invitación a las regiones. Tenemos una diversidad estupenda. Por ejemplo, en La Araucanía existen cosas que no conocemos; en el sur, en el mar. Y esos lugares nos aportarán conocimiento.
También necesitamos preparar personas. Y ahí la inversión en la masa crítica -no solo de médicos- es fundamental para hacernos cargo de aquellas situaciones particulares.
Pero también requerimos equipamiento y tecnología; no únicamente la big data que se menciona. Se necesita la capacidad para tener exámenes resolutivos, que cuenten con una calidad tecnológica de primer nivel.
Hoy un PET SCAN requiere de la producción de isótopos radiactivos. Para eso la Comisión Chilena de Energía Nuclear provee al sistema nacional de esos isótopos que permiten detectar el cáncer en forma anticipada.
La prevención es fundamental. Porque en la medida en que se puede anticipar la detección en los estadios más tempranos, es mucho más fácil contener y otorgar más expectativas de vida a las personas.
La medicina preventiva, como una forma, como un estilo, y en rutina, es esencial en este Plan. Pero considero que lo más importante es el compromiso. Todos debemos cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Porque es nuestra, es única y es lo primero que tenemos que cuidar. Y el Estado debe proveer los medios para facilitarlo.
En ese sentido, el sector de salud pública tiene que dar el ejemplo, la referencia; invertir en las personas, en la formación de especialistas, en el desarrollo de tecnologías y en un aspecto que es muy importante: el conocimiento desde las regiones.
Si bien el cáncer puede ser visto como una tragedia, también es una oportunidad. Una oportunidad para, tal como se explicó en el pasado, ser un referente mundial. Lo podemos lograr perfectamente si usamos esta transformación que queremos hacer de nuestro Estado, si nos preocupamos de detectar dónde están nuestras oportunidades, si usamos todos los elementos que tenemos a disposición.
El año 2034 recordaremos los doscientos años de la llegada de Darwin a Chile. ¿Por qué no llamar al plan del genoma nacional el "Plan Darwin"? La idea es saber exactamente qué tenemos disponible en Chile para atacar esta enfermedad y qué es lo que podrían enfrentar las personas.
Pero dicha información, que es muy valiosa, debe ser guardada de forma cibersegura. También se deben generar todos los avances científicos necesarios que apoyen el resguardo de esa información clínica y médica. Y, sin lugar a dudas, hasta la Ley de Protección de Datos Personales, que trabajaremos este año, es fundamental para asegurarlo.
Evidentemente, un plan nacional con estos efectos le hará muy bien a Chile. Pero requiere del compromiso de todos, de las personas que lo hacemos posible, del Estado, del mundo civil, del mundo académico. Lo más relevante es entender que la única forma posible es que lo hagamos todos juntos.
En tal sentido, voto a favor de la iniciativa.
He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, en primer lugar, y como lo han expresado varios de mis antecesores, deseo felicitar a la Senadora Goic, quien ha liderado el proceso, y también a nuestro Gobierno por acoger esta iniciativa parlamentaria y ciudadana.
Evidentemente, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Se producen 8,8 millones de defunciones anuales producto de esta enfermedad, que tiene muchas aristas. Y probablemente -lo han señalado varios de los Senadores- la prevención sea uno de los grandes temas.
En mi opinión, estamos iniciando un proceso. La Ley Nacional del Cáncer no va a ser una solución, pero sí es un paso relevante para planificar una política pública vinculada al acceso igualitario al control, al tratamiento y a la recuperación de la enfermedad. También diría que los ámbitos más importantes son la prevención y la investigación. Y espero que contemos con especialistas vinculados desde todas las universidades del país. De esa forma, se podrá tener evidencia de situaciones que permitan disminuir la situación que hoy nos aqueja.
Actualmente, Chile tiene una sobrevida de un 40 por ciento a cinco años de cáncer. En las sociedades más desarrolladas esta cifra alcanza a 60 por ciento.
La reducción de esa brecha debiéramos impulsarla como indicador efectivo de resultado de la aplicación de la ley en proyecto.
Como lo señalaron todos los Senadores que me antecedieron, ninguno de nosotros está ajeno a la enfermedad. La han vivido nuestros familiares o amigos. Y no es un problema que aqueje solo a una persona en particular, sino que le cambia la vida a una familia completa.
Por lo tanto, considero que es el camino correcto y espero que tengamos el espacio para discutir. Porque es una materia muy muy importante para nuestro país. Y puede ser, como lo dijo un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, un muy buen ejemplo para tomar en serio todas las otras enfermedades y patologías que hoy complejizan la salud y la sobrevida de las personas.
Así que quiero felicitar a quienes han liderado el proceso. Espero que todos podamos participar, en conjunto, en una de las leyes más importantes que se han desarrollado en el ámbito de salud en los últimos tiempos.
Muchas gracias.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, este proyecto de ley es una gran noticia para todos los chilenos. El Gobierno, a través de la Cartera de Salud, ha priorizado el cáncer como un problema relevante de salud pública, con todo lo que ello significa, estableciendo un marco normativo que permitirá desarrollar políticas, planes y programas relacionados con la enfermedad.
Para ese fin, se crean el Plan Nacional del Cáncer, la Comisión Nacional del Cáncer, el Fondo Nacional del Cáncer y el Registro Nacional del Cáncer.
Acá se ha indicado -y lo señala también la Organización Mundial de la Salud- que una de las principales causas de morbilidad y mortalidad (la segunda a nivel mundial) es el cáncer. En 2012 se registraron alrededor de 14 millones de nuevos casos, y se estima que en veinte años más la cifra aumentará en 70 por ciento, aproximadamente.
Sin duda, son materias relevantes que debemos poner en el centro de la discusión y avanzar rápidamente en ellas.
Además, quiero destacar dos artículos del proyecto: el artículo 3°, que habla del compromiso que asume el Ministerio de Salud para fomentar el desarrollo del capital humano, de los especialistas y de los técnicos para que lleven adelante las políticas que acá se consideran; y, particularmente, el artículo 5°, que establece la creación de una Red Oncológica Nacional.
Es cierto que el cáncer es una enfermedad grave. Pero no es lo mismo padecerla en Santiago que en una región, y más aún si es en alguna zona extrema. Porque ello significa que no solo el enfermo debe trasladarse mayoritariamente a Santiago -es el caso, por lo menos, de la Región de Tarapacá- a resolver su problema de salud, que normalmente dura un tiempo largo; también debe hacerlo algún familiar.
En consecuencia, además de los problemas de salud y emocionales que podemos producir al enfermo y a todo su entorno, también se genera un problema económico. Porque generalmente la persona que acompaña al enfermo por largo tiempo en otra ciudad termina perdiendo su trabajo y dejando un poco de lado a su familia. Y eso, sin duda, debilita a la familia, a la sociedad y termina transformándose en una preocupación más para el enfermo.
Por eso, considero muy relevante el anuncio de la creación de la Red Oncológica Nacional de alta, mediana y baja complejidad, que cubrirá el norte, el centro y el sur de nuestro país.
Aprovecho, además -no podría dejar de mencionarlo-, de agradecer al Ministerio de Salud por incluir en el Presupuesto del año 2019 14 mil millones para el centro oncológico de Iquique, un proyecto por el que se ha luchado transversalmente durante muchos muchos años y que, lamentablemente, ha visto morir a varios de los hombres y mujeres que lo impulsaron.
En ese contexto, quisiera destacar particularmente la labor del doctor Ramsés Aguirre.
Así que bienvenido el proyecto, bienvenida la prioridad que el Gobierno y el Ministerio de Salud le ponen al cáncer como política pública.
Agradezco una vez más por el centro oncológico que esperamos que se construya pronto en la ciudad de Iquique. Y, sin duda, votaré favorablemente la iniciativa.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, en primer lugar, quiero agradecer al Gobierno del Presidente Piñera y al Ministerio de Salud por recoger esta iniciativa de ley que surgió desde la sociedad civil, desde las asociaciones de enfermos y de una moción presentada por los miembros de la Comisión de Salud de esta Corporación.
Por supuesto, el proyecto de ley que nos ocupa establece un marco normativo que nos va a permitir desarrollar políticas, planes y programas relacionados con esta grave enfermedad.
El año 2020 el cáncer será la principal causa de muerte en nuestro país; actualmente ya lo es en las Regiones de Arica y Parinacota, de Antofagasta, de Los Lagos y de Aisén.
El cáncer, además, explica el 28 por ciento -¡el 28 por ciento!- de las defunciones en Chile. Estamos hablando de cerca de 25 mil fallecimientos, con una incidencia de 45 mil nuevos casos por año.
Por eso es tan importante.
Esto va acompañado del Plan Nacional del Cáncer, que ha puesto a disposición el Gobierno del Presidente Piñera, y, además, de la necesidad de establecer un Registro Nacional del Cáncer y un Fondo Nacional del Cáncer.
¿Cuáles son las dificultades que hemos tenido hasta ahora para enfrentarnos a esta grave y dolorosa enfermedad?
La primera es no contar con centros de diagnosis temprana y oportuna.
Hoy día tenemos centros macrozonales como, por ejemplo, el hospital Carlos van Buren, que atiende a los enfermos de cáncer de las Regiones de Atacama, de Coquimbo y de la nuestra.
¿Cómo un paciente de Combarbalá, de Calle Larga o de una comuna como Tierra Amarilla logra atenderse de manera oportuna para evitar que crezcan las incidencias de muerte por este tipo de enfermedades?
Por eso es tan relevante contar con centros regionalizados, oportunos, que están contemplados en el Plan Nacional del Cáncer.
Por eso es tan importante contar con un Registro que permita establecer si hay incidencia del lugar donde residen las personas en la ocurrencia de determinados cánceres.
Eso habla de la necesidad de una planificación para saber cómo enfrentamos esta enfermedad.
Quiero manifestar que, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos de haber participado en este proceso y de que finalmente hayamos obtenido la acogida del Presidente Piñera.
Cuando fuimos a ver, junto con la Senadora Goic, al Ministro Blumel en su oportunidad, al Ministro de Salud y hablamos con el propio Presidente de la República, se nos dijo que este iba a ser el año del Plan Nacional del Cáncer.
Luego, gracias a la sociedad civil y a las asociaciones de enfermos, finalmente el Presidente Piñera tomó la decisión de firmar este proyecto de ley que genera un marco normativo relevante en esta materia.
Señor Presidente, es indudable que se requiere avanzar en un cambio para enfrentar la salud en Chile. Debemos pasar de un modelo reactivo a uno preventivo y ser capaces de modificar las conductas de los chilenos: sus hábitos alimenticios, el sedentarismo.
Sin lugar a dudas, eso contribuirá en términos muy exponenciales a la baja o la disminución en la incidencia del cáncer.
Tenemos que hacernos cargo de los equipamientos necesarios para realizar las pesquisas oportunas; de la adquisición, por ejemplo, de mamógrafos para diagnosticar tempranamente el cáncer de mamas.
En consecuencia, esta es una buena noticia. Pero también tiene que ir acompañada de tratamientos eficaces y oportunos que posibiliten...

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.

El señor CHAHUÁN.- Treinta segundos más, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Muy bien.

El señor CHAHUÁN.- Por ello, no me cabe la menor duda de que hoy estamos dando un paso histórico para aquellas personas a quienes se les acabó la esperanza. Hoy podemos decirles que el Estado se hará cargo de este marco normativo que irá, por supuesto, acompañado de un Plan Nacional del Cáncer y de un Registro que nos permitirá generar un cambio de políticas desde el propio Ministerio de Salud.
No quiero terminar sin antes pedirle al Ministerio de Salud -ojalá se pueda mandar el oficio respectivo- el reconocimiento de nuevas especialidades.
Tenemos una situación dramática en lo que respecta al reconocimiento de algunas especialidades relacionadas con el cáncer, particularmente en lo que dice relación con el cáncer ginecológico.
Disponemos de los especialistas, tenemos sus currículos y esperamos que el Gobierno dé un paso en el reconocimiento de esas especialidades que son tan importantes para avanzar en esta materia.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Propongo a Sus Señorías -todavía tenemos los votos suficientes en el Hemiciclo- fijar el plazo para la presentación de indicaciones.
¿Les parece el 1 de abril, tal como lo solicitara la Senadora señora Goic?

La señora PROVOSTE.- Perfecto.

La señora GOIC.- Conforme.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Muy bien.
Así se acuerda.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar, quiero compartir las felicitaciones expresadas a la Senadora Goic por la promoción de esta iniciativa de Ley Nacional del Cáncer y también a todas las organizaciones que han estado trabajando en esta materia hace tiempo, así como valorar que el Ejecutivo la haya patrocinado.
En segundo término, me parece evidente que este proyecto de ley es un primer paso, que debemos valorar, puesto que es muy importante.
Sin duda, en nuestro país ya se ha comenzado a abordar indirectamente la inquietud societal sobre los problemas derivados de esta enfermedad, toda vez que tenemos más de una docena de patologías oncológicas en el GES, diversas políticas públicas -tal como recordaba, si no me equivoco, el Senador Moreira- a nivel de la prevención y muchas otras cosas que se están haciendo, particularmente en lo que dice relación con la vacunación de las niñas.
Es decir, hay varias acciones que hemos comenzado a impulsar y este proyecto es un paso muy significativo.
Sin perjuicio del debate en particular, pienso que la creación de la Comisión Nacional del Cáncer es tremendamente importante, como también la existencia de un Registro Nacional del Cáncer, con el objeto de que se vayan generando una Red Oncológica Nacional, guías clínicas y, por cierto, el Plan Nacional del Cáncer.
Creo que comenzamos a avanzar en la dirección correcta.
En mi concepto, la creación del Fondo es muy importante, aunque vale la pena preguntarse por qué no existen recursos públicos en él. Ese es uno de los elementos que habrá que considerar, pues solo opera con aportes provenientes de la cooperación internacional, de donaciones, herencias y legados. Sería bueno ampliarlo, para que el sector público también pueda realizar su contribución.
Más aún, cabe pensar que una parte de los dineros recaudados por algunos juegos de azar podrían ir al referido Fondo, por cuanto estamos hablando de investigación y tratamientos que a veces son muy caros, particularmente para aquellas patologías oncológicas que no están en el GES o que necesitan otro tipo de apoyo.
En ese sentido esta propuesta me parece muy adecuada.
Por otra parte, ha surgido un debate que aplaudo pero que me molesta -tengo que decirlo-, en torno a cómo los médicos extranjeros que poseen una especialidad pueden hacer uso de un fast track para poder trabajar.
En lo personal, me gustaría ver que ese fast track fuese más generalizado, no solamente destinado a las patologías oncológicas, sino también a muchas otras.
En la red de hospitales del sector público tenemos muchos especialistas extranjeros que están poniendo el hombro, pero a quienes constantemente se les ponen trabas para ejercer.
Hay una gran gama de médicos venezolanos, ecuatorianos y de diferentes nacionalidades a quienes, en vez de aplaudir y facilitar su labor, la Universidad de Chile y otras redes les dificultan su incorporación, más aún cuando se trata de especialidades.
Me gustaría que el mismo procedimiento que se establece aquí para especialistas oncológicos se aplique para otras especialidades. Creo que nos ayudaría mucho. Sin perjuicio de ello, vamos a apoyar, por cierto, que dichos profesionales sean incorporados con este fast track.
Señor Presidente, estamos dando el primer paso.
Quiero agradecerles muy sinceramente a todas las organizaciones de nuestro país su esfuerzo en esta materia.
En la Región de O'Higgins, que represento junto con el Senador García-Huidobro, existen muchas organizaciones -en Lo Miranda o en otros lugares-, algunas impulsadas por dirigentes vecinales, otras por concejales de todos los colores políticos, las cuales hacen un trabajo realmente increíble para acompañar a las familias afectadas.
No porque la patología esté incorporada en el GES se resuelve todo. Hay situaciones que son dramáticas para las familias.
Quiero agradecerles mucho a todos su contribución.
También considero muy importante que en esta Ley Nacional del Cáncer busquemos otros tipos de tratamientos no tradicionales que han demostrado ser tremendamente eficaces, y que la Comisión Nacional del Cáncer pueda ayudarnos a abrir nuestra mente para enfrentar -disculpen la forma de decirlo- esta enfermedad maldita, que en el fondo es un exceso de vida: las células no saben que deben morirse y comienzan a generar tumores.
Existe mucha investigación en esa materia que nos puede ayudar.
Por sobre todo, existe un compromiso de país con muchas familias, con muchas personas que pueden ganarle la batalla a esta enfermedad.
He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, sin duda, abordar este proyecto, iniciado en mensaje, en la presente legislatura es una buena noticia sobre cómo se va avanzando en este ámbito y cómo vamos incorporando el trabajo que durante muchos años se ha realizado en materia sanitaria.
Asimismo, destaco que esta iniciativa recoja no solo lo propuesto en algunas mociones, sino también un trabajo y una convicción que, en el caso de nuestra bancada, representamos a través de nuestra colega la Senadora Carolina Goic.
Este no es un proyecto aislado. Chile y este Parlamento han contribuido para que durante años y en gobiernos anteriores podamos incorporar condiciones oncológicas dentro de las garantías explícitas en salud.
Por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano con cobertura universal en niñas escolares, que fue ingresada al Programa Nacional de Inmunizaciones durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, es una realidad.
El acceso a tamizaje para la detección temprana de cánceres cervicouterino y de mamas ha sido también parte de una política pública.
Señalo lo anterior, porque todas las sociedades deben ser capaces de ir avanzando a partir de lo que han sido capaces de construir.
Cada una de las intervenciones que me han antecedido da cuenta de lo complejo que significa vivir con una de estas patologías, no solo para quienes la padecen, sino también para su entorno (la familia y la sociedad). Por lo tanto, como muy bien se señala, esto no solo conlleva consecuencias para las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad, sino también genera un enorme impacto emocional, psicológico y económico para otros.
A pesar de que logramos incorporar dentro de las garantías explícitas en salud diecisiete condiciones oncológicas -por ejemplo, la vacuna contra el papiloma humano en los planes de vacunación para las niñas- y vemos los avances que hemos alcanzado -y esta iniciativa se suma a aquello-, existe un elemento que siempre queda ajeno y se relaciona con las características territoriales. Ante ello, la descentralización es importante.
Este punto lo hemos conversado con el Ministro de Salud, quien ha comprometido la instalación de un centro oncológico en la Región de Atacama. Mientras tanto, hay medidas que el Ministerio puede tomar para facilitar la vida del paciente diagnosticado con cáncer y la de su entorno.
¡Que nuestros pacientes de la Región de Atacama tengan que viajar a Antofagasta, donde se encuentra el único centro de derivación oncológico, es un problema!
¡No existen redes de derivación en mi región, lo que afecta los apoyos familiares!
Para muchos pacientes resulta más conveniente venir a Santiago -existe la misma distancia en kilómetros-, porque ahí cuentan con redes familiares que pueden apoyarlos en esos procesos, que son complejos desde el punto de vista emocional y psicológico.
Por eso, no se debe obligar a que el único espacio de derivación sea Antofagasta.
Quiero señalar otro elemento.
Desde Copiapó, Vallenar, Incahuasi, Chañaral no tenemos ningún otro medio para ir hasta la capital regional de Antofagasta que no sea por vía terrestre. Por lo tanto, cuando un paciente es sometido a radioterapia, a quimioterapia, y luego debe devolverse en bus, esa situación no evidencia condiciones dignas ni el reconocimiento al difícil momento que enfrenta.
Voy a votar a favor de este proyecto en general.
Sin embargo, mientras se concretan compromisos en materia de construcción de centros oncológicos, como el que esperamos en la Región de Atacama, creemos que se pueden adoptar ciertas medidas administrativas. Posee el mismo impacto económico derivar a nuestros pacientes a Antofagasta que derivarlos a otra ciudad. Al menos ello debiera ser una opción para quienes hoy día enfrentan tan difícil enfermedad.
Reitero nuestras felicitaciones, particularmente, a la Senadora Carolina Goic.
He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero felicitar también a la Senadora Carolina Goic. En la segunda vuelta durante toda la campaña electoral el Presidente Piñera dijo: "Tomo del Programa de la Senadora Goic su propuesta referida al cáncer". Así lo ha hecho, y eso hay que reconocerlo.
Es un buen paso y el inicio de un debate que no se va a quedar solo en este proyecto de ley. Confío en que podamos mejorarlo, en establecerlo como un instrumento basal para comenzar en Chile una decidida lucha contra el cáncer.
El Senador Girardi ha hecho una intervención larga, notable respecto de las preocupaciones que debiéramos tener.
El dolor que nos embargó a raíz de la partida de Antonio Horvath fue un campanazo que nos recordó que nadie está exento del flagelo del cáncer. Un Senador querido por todos tuvo cáncer linfático y nos dejó.
Es una lección que debemos aprender.
¡No existe nadie, por más dinero o condición social que tenga, a quien no pueda afectarlo: el cáncer penetra y llega a cualquiera!
Y esto genera mucho más dolor en las familias humildes, como aquí se ha manifestado.
Las predicciones hechas por los que participaron en el debate de esta iniciativa de ley, como lo señalaban el Senador Girardi y la Senadora Goic, indican que para el año 2020 el cáncer va a ser la principal causa de muerte en Chile.
Ese es otro campanazo que debiera hacernos actuar con rapidez y precisión.
El proyecto crea el Registro, el Fondo y la Comisión Nacional del Cáncer. ¡Bien! Vamos a contar con una institucionalidad.
Pero se van a necesitar recursos para financiar de manera permanente el funcionamiento de tal institucionalidad.
El informe da cuenta de aspectos que no figuran y pueden ser incorporados en la propuesta legislativa. Por ejemplo, la importación de tejidos en el caso del trasplante de médula ósea todavía paga IVA y los impuestos aduaneros. Resolver eso es una tarea que puede realizar el Ejecutivo, que no significa mayor costo fiscal y que permite salvar vidas.
En Chile, señor Presidente, existen 110 oncólogos y 80 radioterapeutas. Hemos dado una pelea por médicos especialistas con más de 258 alcaldes en los últimos años.
¡Hay que formar más médicos! Hablamos de 110 especialistas en total para una población de 17 millones de chilenos.
¡La cantidad de oncólogos que tenemos corresponde a un cuarto de los que existen en los países ricos de la OCDE, a la cual pertenecemos! ¡Un cuarto!
Debemos generar una política de formación y retención de especialistas en las regiones. Los oncólogos, por diversas situaciones, no se quedan en ellas.
Recuerdo el caso de Punta Arenas: no existía un oncólogo infantil. Había que ir a Valdivia, a Santiago, y el costo económico del traslado de los niños desde Punta Arenas a Valdivia, y de Valdivia a Santiago, era muy superior a un incentivo remuneracional que permitiera que Magallanes contara con dicho especialista.
En materia de investigación sobre el cáncer, el informe señala que solo el 10 por ciento del presupuesto se invierte en esa área, pese a que tal patología mata a un cuarto de los chilenos.
En ese sentido, el Presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Médica, don Luis Villanueva, ha hecho una serie de recomendaciones para mejorar este proyecto de ley -están en el informe- que, a mi juicio, vale la pena revisar.
Hay 55 mil familias que tienen un pariente con cáncer.
Me reiteraba la Senadora Goic que tres personas por hora mueren de cáncer en Chile. ¡Esto es un flagelo!
Cuando se conocen casos de esta patología a nivel de trabajadores y se realizan bingos en su beneficio, yo digo -lo he señalado diez veces- que no basta con llevar un premio al bingo para apoyar a la persona enferma que está en FONASA. ¡No basta!
¡Debemos hacer una ley!
Yo confío en que este es un primer paso para que las recomendaciones que han hecho todas las sociedades y organizaciones de la sociedad civil puedan ser recogidas, a fin de que, en definitiva, contemos con un tratamiento contra el cáncer más allá de cualquier diferencia ideológica.
En esta materia vamos a estar con el Presidente Piñera. Esperamos que las bancadas entiendan que en este punto la sociedad nos reclama unidad de acción, y nosotros estamos disponibles para ello.
Enfrentar el cáncer es tarea de todos, señor Presidente.
Voto a favor.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, este proyecto de ley refleja la unidad que el país necesita frente a una de las enfermedades más catastróficas que existen, como es el cáncer.
Constituye un esfuerzo del Gobierno que dirige el Presidente Sebastián Piñera, sumándose a la propuesta hecha por la Senadora Carolina Goic, para dotar a nuestro sistema de salud de una herramienta eficaz destinada a luchar contra dicha patología, que en sus distintas formas cobra tantas vidas de chilenas y chilenos.
Con el fin de enfrentar esa letal enfermedad, se debe avanzar en su diagnóstico precoz. Para ello, nuestras principales barreras son la insuficiente cantidad de especialistas, la deficiente infraestructura y los altos niveles de factores de riesgo. Solo contamos con un 25 por ciento de los oncólogos que requerimos, con un 35 por ciento de los radiólogos que necesitamos y con un 20 por ciento de los aceleradores lineales que el sistema público debiese tener.
Por lo tanto, precisamos no solo sacar adelante esta ley, sino también diseñar, implementar y ejecutar una política nacional seria contra el cáncer. Para tal finalidad esta iniciativa es un instrumento fundamental. Por eso tenemos que no solo aprobarla en general, sino, además, darle a su tratamiento la mayor celeridad posible.
Los objetivos del proyecto son desarrollar un marco normativo para combatir el cáncer y crear un fondo de financiamiento destinado a ese propósito, ambos elementos fundamentales para una lucha eficaz contra este flagelo.
Espero que dicho fondo priorice las regiones en donde las estadísticas de mortalidad por cáncer son especialmente preocupantes, como sucede en las zonas extremas, en especial en mi Región de Arica y Parinacota.
La norma tiene la amplitud necesaria para posibilitar una atención integral de la persona y su familia; formar recursos humanos que permitan su tratamiento, y desarrollar un aspecto fundamental para que avancemos: la investigación de la enfermedad, sus causas y consecuencias.
Sin embargo, solicito que en la discusión en particular se elimine el plazo de cinco años que el proyecto fija para el Plan Nacional. Su evaluación debe ser periódica y su duración, indefinida. Hay que tener conciencia de que el cáncer es una enfermedad que nos acompañará por mucho tiempo y, por ello, el plazo establecido para el Plan es claramente insuficiente.
Gracias.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, Honorable Sala, estamos llamados a pronunciarnos sobre el proyecto, en primer trámite constitucional, que establece la Ley Nacional del Cáncer.
Cabe reiterar que el Gobierno ha recogido una propuesta que ha liderado la Senadora Goic y que ha sido apoyada por un conjunto de parlamentarios, por la sociedad civil y por muchas organizaciones a lo largo de todo Chile, mediante la cual se da cuenta de una situación brutal, devastadora en la vida de muchas familias en el país.
Soy Senador por la Región de Los Ríos, cuya capital es Valdivia, donde está el centro de referencia en oncología del sur de Chile. Ahí la posibilidad de conocer casos, de encontrarse y compartir con familias, con seres queridos, con parientes que han estado enfrentados al flagelo del cáncer es algo cotidiano. Por tanto, voy a hablar no desde la referencia teórica de dicha patología, sino desde la experiencia de conocer esa realidad, de haber visto el rostro de familias, de padres, de jóvenes, de niños que luchan contra ese flagelo, que, desgraciadamente, es mucho más extenso que las cifras que se han dado a conocer en esta discusión.
Es importante destacar ese punto acá.
Esta es de las políticas de Estado en las que hay que ponerse de acuerdo, que uno debe respaldar, y en las cuales el país da un paso y sube un escalón en seguridad.
Como señaló alguien en este debate, la idea es que nunca más haya bingos o colectas por parte de las familias afectadas, haciendo esfuerzos sobrehumanos, para pagar el traslado del paciente, para conseguirle el trasplante o una hora médica. En un país como Chile, que ha avanzado, que tiene la capacidad de ponerse de acuerdo, ¡esa situación no puede continuar! No es digno para una familia, además de apoyar a su ser querido enfermo con un tratamiento de esta naturaleza, tener que estar generando recursos con dicho tipo de actividades.
El objetivo de la presente iniciativa, como dice su artículo 1º, es "establecer un marco normativo que permita desarrollar políticas públicas, planes y programas destinados a prevenir el aumento de la incidencia de cáncer, su adecuado tratamiento y recuperación de la persona diagnosticada con dicha enfermedad, así como crear un fondo de financiamiento adecuado para lograr ese objetivo.".
Se propone un Plan Nacional del Cáncer. ¡Eso es lo que necesitamos, señor Presidente!
Es bueno que esté presente el Ministro Blumel en esta discusión.
En este país, sinceramente, creo que estamos no solo ante un problema de recursos, sino también de gestión. Lo digo por Valdivia: tremendo destino de profesionales en materia oncológica, en trasplantes oncológicos.
¡Pero la operación se compra en Santiago, en clínicas privadas!
Entonces, no existe una política definida, una carrera y una formación de todo el personal. Y no hay retención de profesionales. A mi juicio, el problema en Chile hoy no es tanto la falta de médicos, sino el centralismo. Todos los oncólogos y especialistas en medicina en general terminan en Santiago, porque no se puede competir con lo que pagan ahí las clínicas privadas. ¡No es posible competir con esos holdings de salud!
Por eso en regiones quedamos con menos personal.
Y, aun habiendo personal, como es el caso de Valdivia, se producen problemas de infraestructura. Tenemos un hospital que no está a la altura de las necesidades. El equipo humano es tremendamente importante, pero no posee toda la gestión requerida. Les puedo mencionar, sin dar nombres, el caso de pacientes cuyos trasplantes de médula ósea se hicieron en Santiago, y como parte del tratamiento deben viajar cada tres meses a la capital. Y se trata de gente del mundo rural.
¡Eso es inadmisible!
No es un problema de recursos, sino de gestión.
Entonces, es bueno que tengamos un Plan Nacional del Cáncer; una detección precoz en materia de cáncer de alta incidencia, como es el cáncer de mamas. Al respecto, me reuní con profesionales, con corporaciones, con ONG que se están formando y que buscan desde la sociedad civil, desde la ciencia, desde la investigación, aportar en la lucha contra este tipo de enfermedades.
En mi opinión, este es un tremendo proyecto. Se trata de una política de Estado en la que no debemos tener diferencias, y sí establecer un estándar distinto en materia de salud.
Es necesario precisar que sí necesitamos más recursos, pero también mejor gestión y más descentralización.
Los Senadores somos en su mayoría de regiones, de zonas extremas, y sabemos que sufrir de cáncer en Punta Arenas, en Arica, en Coihaique, en Valdivia, es distinto que tenerlo en las grandes ciudades.
Valdivia, al ser una región austral, tiene un centro de referencia en oncología. ¡Vaya que ha facilitado la calidad de vida de quienes han enfrentado esa enfermedad!
Pero eso no es equitativo. Seguramente, no podemos tener centros de cáncer en todo Chile. Se precisan centros de referencia en oncología que trabajen con el mundo científico, que desarrollen investigación, que avancen en prevención, que se ocupen precisamente en educar a la población en este tipo de enfermedad.
Voy a votar a favor.
Felicito la capacidad de diálogo, de entender un proyecto originado en una buena moción parlamentaria, que el gobierno de turno ha recogido. Este es el tipo de cosas que motivan a trabajar. Pero insisto: debemos precisar bien la labor que tenemos que realizar. Necesitamos más recursos, pero también una política más equitativa en la distribución de especialistas y de enfoque médico para combatir este flagelo.
Voto a favor.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Finalmente, tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar quiero valorar que este sea el primer proyecto que aprobamos en general hoy día después del que aprobamos anteriormente. Creo que ello habla muy bien de las iniciativas sociales que tiene el país. Y es por eso que agradezco al Presidente de la República, a través del Ministro Blumel, que nos acompaña, el mensaje con que se dio origen al proyecto.
También quiero valorar y agradecer la gestión que ha realizado durante mucho tiempo la Senadora Carolina Goic, que ha llevado la voz no solamente de quienes les ha tocado ver de cerca esta situación, sino también de los que han sufrido la enfermedad.
Valoro, señor Presidente, que estemos hablando un mismo idioma en el Congreso. Creo que estos son los temas que deben unirnos, porque las necesidades del país así lo requieren y a ellas nos debemos.
Tampoco puedo dejar de reconocer a una institución que partió hace bastante tiempo y en la que trabajó mi madre, quien también falleció de cáncer: la Fundación Arturo López Pérez. Esta institución ha cumplido una labor extraordinaria en Chile. De todas partes del país hemos logrado enviar a muchas personas que no contaban con otra opción.
Ojalá pudiéramos tener a esta misma fundación o a otras similares trabajando en macrozonas. Entiendo al Senador De Urresti cuando dice que resulta imposible disponer prontamente de algo así en todas las regiones, pero sí sería factible, a mi juicio, en macrozonas, para contar en ellas con la labor de estas fundaciones que se han especializado en apoyar al prójimo, no solo con ayuda técnica o medicinal, sino también con otra cosa que es muy importante: el apoyo humano en momentos de dolor. Eso es fundamental.
Valoro que estemos partiendo con un proyecto que va en el camino que todo Chile espera y merece.
Por otro lado, señor Presidente, es importante señalar que, cuando tuve la oportunidad de representar a mi comuna, Rancagua, logré, con la misma Fundación Arturo López Pérez, que la clínica móvil llegara a las poblaciones a realizar exámenes de Papanicolau, en una época en que existía mucho temor de practicárselos. Y luego logramos llevar la clínica móvil para que hiciera mamografías.
¿Por qué lo digo? Porque creo que en esto debemos trabajar seriamente en informar a la comunidad, informar a la gente. Hay muchas mujeres que tienen temor de hacerse los controles. Muchas personas creen que el cáncer es una enfermedad que nunca van a sufrir, y por lo general ella está mucho más cerca de lo que nos imaginamos.
No puedo dejar de valorar y de aplaudir lo que estamos haciendo hoy día.
Eso sí -lo he escuchado de algunos Senadores y Senadoras-, debemos ver de qué manera podemos obtener más recursos e incentivar al sector privado. Me gustó la idea que planteó el Senador Letelier en cuanto a que los juegos de azar también podrían aportar un porcentaje de sus ganancias a este fin.
Creo que tenemos la oportunidad de entregar nuestras visiones y de darle al país lo que él espera: cercanía humana, apoyo a quienes están sufriendo la enfermedad, y la posibilidad de salvar vidas. Muchas de ellas pueden salvarse si existe ayuda adecuada, información oportuna y, sin duda, los recursos suficientes para que quienes son de regiones dispongan de las mismas oportunidades que tiene la gente de la Región Metropolitana. Sin duda, aquí somos todos iguales, pero requerimos un sentido de unidad y que esta enfermedad sea una de las primeras prioridades en las preocupaciones de todo este Senado.
Voto con todo gusto a favor.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay más inscritos para intervenir.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (39 votos favorables).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Recuerdo que ya se tomó el acuerdo para que el plazo de indicaciones sea hasta el lunes 1° de abril.

Por haber terminado el Orden del Día, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al señor Superintendente del Medio Ambiente (S), para que remita información sobre ÚLTIMAS FISCALIZACIONES REALIZADAS ESPECÍFICAMENTE A CODELCO ANDINA ANTES DE ROTURA DE CAÑERÍA QUE PROVOCÓ DERRAME EN RELAVE MINERO CERCA DE RÍO BLANCO.
Y al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre, pidiéndole indicar RAZONES DE ROTURA DE CAÑERÍA QUE PROVOCÓ DERRAME EN RELAVE MINERO CERCA DE RÍO BLANCO Y PROTOCOLOS DE EMERGENCIA ACTIVADOS.
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Salud, solicitándole POLÍTICA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL CON INICIO EN REGIÓN DE MAGALLANES PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES PREVENTIVOS DE CÁNCER PROSTÁTICO.
Del señor DE URRESTI:
A los señores Ministro de Obras Públicas, Intendente Regional de Los Ríos y Director de Obras Hidráulicas, requiriéndoles antecedentes sobre EMERGENCIA QUE ENFRENTA COMITÉ DE APR ESTACIÓN MARIQUINA Y FACTIBILIDAD DE RESOLVERLA A TRAVÉS DE ASIGNACIÓN DIRECTA DE FONDOS REGIONALES.
A la señora Ministra de Educación y al señor Director Nacional de la JUNAEB, para que informen acerca de RAZONES QUE LLEVARON A DECLARAR DESIERTAS LICITACIONES DE RACIONES PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y DE PÁRVULOS, Y MOTIVOS DE COMISIÓN AUTÓNOMA PARA EXTENSIÓN DE CONTRATO DE ACTUALES SIETE EMPRESAS PROVEEDORAS Y REALIZACIÓN DE NUEVO PROCESO LICITATORIO.
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director Nacional de Obras Hidráulicas, solicitándoles información sobre ESTADO ACTUAL DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PICHIRROPULLI, COMUNA DE PAILLACO (REGIÓN DE LOS RÍOS).
Al señor Superintendente del Medio Ambiente subrogante, requiriéndole antecedentes respecto de FISCALIZACIONES EFECTUADAS POR SERVICIO A SU CARGO ANTE DENUNCIAS DE VECINOS POR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISCICULTURA EN LOCALIDAD DE COCULE, COMUNA DE LA UNIÓN (REGIÓN DE LOS RÍOS).
A la señora Ministra del Medio Ambiente, consultándole por MOTIVO DE NO INCLUSIÓN DE PROYECTO DE DECLARACIÓN DE SANTUARIO DE LA CUENCA DEL LAGO TINQUILCO EN SESIÓN DE CONSEJO DE MINISTROS PARA LA SUSTENTABILIDAD DE 24 DE ENERO (REGIÓN DE LA ARAUCANÍA).
A la señora Ministra del Medio Ambiente, a los señores Comandante en Jefe de la Armada y Subsecretario de Pesca y a la señora Directora Nacional de SERNAPESCA, solicitándoles antecedentes acerca de ELABORACIÓN CONJUNTA, ENTRE GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO Y FUNDACIÓN MERI, DE NORMATIVA PARA REGULAR NAVEGACIÓN DE EMBARCACIONES EN PATAGONIA NORTE A FIN DE REDUCIR RIESGO DE COLISIONES CON CETÁCEOS.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, planteándole CASO DE DON JOSÉ RAÚL BURGOS MATUS, QUIEN DESDE 2017 CUENTA CON AUTORIZACIÓN DE MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO PARA QUE MINISTERIO DE BIENES NACIONALES REALICE SANEAMIENTO DE TERRENO EN QUE HABITA, LO QUE AÚN NO SE HA MATERIALIZADO, SITUACIÓN QUE LE IMPIDE SOLICITAR CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.
Y al señor Alcalde de Puerto Montt, pidiéndole remitir antecedentes sobre PASO A ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SECTOR DE SANTUARIO DE LA LAGUNA, EN PARQUE LUIS EBEL, Y DE SU INCORPORACIÓN A LA RED DE HUMEDALES DE LA COMUNA.
Del señor GUILLIER:
Al señor Contralor General de la República y al señor Contralor Regional de Antofagasta, solicitándoles dar PRONTO TRÁMITE A DENUNCIA FOLIO W013704, AÑO 2018, INGRESADA POR TRABAJADORES DE ASOGREM Y AFUSAM EN CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, requiriéndole entregar antecedentes sobre SOLICITUD DE USO ONEROSO DE INMUEBLE UBICADO EN PUNTA BLANCA, A 10 KILÓMETROS AL SUR DE TOCOPILLA, PARA INSTALACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE CONSUMO HUMANO.
Al señor Alcalde de Calama y al señor Secretario Regional Ministerial de Educación de Antofagasta, consultándoles por CAUSAS QUE LLEVAN A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A CONTRATAR EL PERSONAL DE COLEGIOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DESDE ABRIL HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, PARA LUEGO SEGUIR A HONORARIOS.
Y al señor Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, a fin de pedirle CIFRAS OFICIALES DE REGULARIZACIÓN A ENERO DE 2019, CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL SOPORTE DIGITAL IMPLEMENTADO POR EL DEPARTAMENTO.
Del señor LATORRE:
Al señor Director Nacional de Gendarmería, para que dé a conocer RAZONES DE TRASLADO DE CONDENADOS JOSÉ TRALCAL COCHE Y LUIS TRALCAL QUIDEL A PENAL DE VALDIVIA Y FECHA DE TRASLADO DE ESTOS A RECINTO PENITENCIARIO DE TEMUCO, SEGÚN DECRETAN RESOLUCIONES JUDICIALES.
Y al señor Director General de Aeronáutica Civil, solicitándole informar sobre INSCRIPCIÓN DEHELICÓPTERO CAPOTADO EL 24 DE OCTUBRE DE 2018 EN SECTOR DE LLIULLIU, COMUNA DE LIMACHE, EN CONSERVADOR DE AERONAVES DE CHILE.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, para que remita CIFRAS NACIONALES Y DE REGIÓN DEL BIOBÍO RESPECTO DE DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
A los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública; de Economía, Fomento y Turismo, y de Hacienda, requiriéndoles CIFRAS NACIONALES Y DE REGIÓN DEL BIOBÍO SOBRE DENUNCIAS POR DELITOS ECONÓMICOS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, consultándole por CANTIDAD DE RESTAURANTES EN CHILE QUE INCLUYEN EN SU CARTA LA PREPARACIÓN DE LANGOSTAS HERVIDAS VIVAS E HÍGADO DE PATO Y GANSO.
Al señor Ministro de Salud, a fin de que expida un LISTADO COMPARATIVO ENTRE 2017 Y 2019 DEL PERSONAL DE SALUD DE CADA UNO DE LOS CESFAM UBICADOS EN ZONAS RURALES, EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO Y EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS.
Al señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura, con el objeto de que envíe DATOS DE POBLACIÓN DE CEPHALORHYNCHUS EUTROPIA (DELFÍN CHILENO) Y DE TEMPERATURA PROMEDIO, POR MES, DEL AGUA EN EL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
Al señor Director General de Aeronáutica Civil, con el propósito de que indique cuáles son el PROTOCOLO Y NORMATIVA RESPECTO DE LICITACIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES VÍA AÉREA, DESDE SECTORES APARTADOS A CENTROS DE MAYOR COMPLEJIDAD.
Y al señor Alcalde de Ancud, solicitándole precisar ENCARGADOS DE MANTENCIÓN Y PRESUPUESTO PARA MANTENCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A AÑOS 2018 Y 2019.
De la señora PROVOSTE:
Al señor Subsecretario de Minería, pidiéndole remitir COPIA DE CONVENIO SUSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 CON EMPRESAS MINERAS DE ATACAMA EN CIUDAD DE VALLENAR, Y DETALLE DE CONTRATOS FRUTO DE DICHO CONVENIO.
Al señor Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, solicitándole informar respecto a PROCEDIMIENTO DE CONFORMACIÓN DE TERNAS DESTINADAS A PROPUESTAS DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA CARGOS DE INTEGRANTES DE COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN.
Y al señor Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública y a la señora Directora Nacional del Servicio de la Discapacidad, para dar a conocer EMPRESAS DE REGIÓN DE ATACAMA FISCALIZADAS POR LEY DE INCLUSIÓN LABORAL, DETALLANDO CUÁLES LA HAN INCUMPLIDO Y LAS MULTAS APLICADAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE HAN SOLICITADO NO CUMPLIMIENTO DE UNO POR CIENTO DE INCLUSIÓN FIJADO EN TAL NORMATIVA.
Del señor QUINTEROS:
Al señor Presidente del Consejo Directivo del Banco del Estado de Chile, solicitándole INCORPORACIÓN DE COMUNA DE LLANQUIHUE EN RED DE SUCURSALES DE ESA INSTITUCIÓN.
Del señor SORIA:
A los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Obras Públicas, y al Servicio Nacional de Aduanas, pidiéndoles informar RAZONES PARA NO HABILITACIÓN DE PASO FRONTERIZO APACHETA DE IRPA, DE LOCALIDAD DE CANCOSA, PARA EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS.
Y al señor Ministro de Obras Públicas, requiriéndole antecedentes referidos a ESTADO DE CAMINO ENTRE TOCONCE Y LINZOR, PROVINCIA DEL LOA, INDICANDO EXISTENCIA DE LIMITACIONES O PROHIBICIONES DE USO Y OBRAS DE MANTENCIÓN REALIZADAS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
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--Se levantó la sesión a las 19:45.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante