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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 38ª, en martes 6 de agosto de 2019
Ordinaria
(De 16:28 a 19:59)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE;
ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE, E IVÁN MOREIRA
BARROS, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera, y Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios del Interior, señor Rodrigo Ubilla Mackenney, y General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 25 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor QUINTANA (Presidente).- Las actas de las sesiones 35ª, ordinaria, en 23 de julio de 2019; 36ª, especial, y 37ª, ordinaria, ambas en 24 de julio de 2019, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor QUINTANA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Cuarenta y uno de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, inicia un proyecto de ley que establece la obligación de permitir el acceso y uso de facilidades para la operación móvil virtual y roaming automático nacional (Boletín N° 12.828-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Con los segundo y tercero, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- La que perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión (Boletín N° 11.747-03).

2.- La que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud (Boletín N° 12.064-07).
Con los veintinueve siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:

1.- El que modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado (Boletín N° 8.105-11).

2.- Sobre administración del borde costero y concesiones marítimas (Boletín N° 8.467-12).

3.- Sobre migración y extranjería (Boletín N° 8.970-06).

4.- El que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica las leyes N°s 18.287 y 18.290 (Boletín N° 9.252-15).

5.- El que establece el Estatuto Chileno Antártico (Boletín N° 9.256-27).

6.- El que establece la prohibición gradual de funcionamiento de las máquinas de juego que señala (Boletines N°s 10.811-06; 9.068-06; 11.892-07; 12.028-06; 12.029-06; 12.030-06; 12.119-06; 12.179-06, y 12.194-06, refundidos).

7.- El que modifica la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago (Boletín Nº 11.078-03).

8.- El que adecua los cuerpos legales que indica, en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias (Boletines N°s 11.126-07 y 11.522-07, refundidos).

9.- El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín N° 11.174-07).

10.- El que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas (Boletín N° 11.317-21).

11.- El que implementa un Sistema Táctico de Operación Policial (Boletín N° 11.705-25)

12.- El que fortalece la integridad pública (Boletín N° 11.883-06).

13.- El que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (Boletín N° 11.919-02).

14.- El que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres (Boletín N° 11.970-34).

15.- El que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario (Boletines N°s 12.026-13, 11.655-13 y 11.671-13, refundidos).

16.- El que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica (Boletín Nº 12.027-07).

17.- Sobre eficiencia energética (Boletín N° 12.058-08).

18.- El que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia (Boletín N° 12.118-04).

19.- El que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal (Boletín 12.135-03).

20.- El que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal (Boletín N° 12.208-07).

21.- La que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, fija obligaciones a ésta, determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y declara una amnistía (Boletín 12.229-02).

22.- El que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (Boletín 12.234-02).

23.- El que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín 12.250-25).

24.- El que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, Sobre Educación Superior, y otras normas legales (Boletín N° 12.385-04).

25.- El que aprueba el "Acuerdo por el que se Establece una Asociación, sus Declaraciones Conjuntas y el Acuerdo sobre el Comercio de Productos Orgánicos, entre la República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", suscritos en Santiago, Chile, el 30 de enero de 2019 (Boletín N° 12.472-10).

26.- Sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales, y el buen morir (Boletín N° 12.507-11).

27.- El que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (Boletín N° 12.589-07).

28.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio Constitutivo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y sus Anexos A y B", suscrito en Beijing, República Popular China, el 29 de junio de 2015." (Boletín N° 12.603-10).

29.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Protocolo Modificatorio del Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China para Eliminar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal en relación a los Impuestos sobre la Renta", suscrito en Santiago, Chile, el 29 de mayo de 2018." (Boletín N° 12.604-10).
Con los dos siguientes, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:

1.- El que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas (Boletín N° 10.526-06).

2.- Sobre modernización laboral para la conciliación, familia e inclusión (Boletín N° 12.618-13).
Con los siete últimos, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- La que modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (Boletín N° 9.170-23).

2.- La que regula las aplicaciones de transportes remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten (Boletín N° 11.934-15).

3.- La que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia (Boletín 12.008-13).

4.- La que modifica la ley N° 20.370, que Establece la Ley General de Educación, para incorporar la prevención del bullying o acoso virtual escolar y aumentar la sanción a las infracciones que atentan contra derechos y deberes que indica (Boletines Nos 11.784-04, 11.803-04 y 12.022-04, refundidos).

5.- La que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo tocante a la infracción consistente en estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad, sin derecho a ello (Boletín Nº 12.071-15).

6.- La que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest (Boletín N° 12.192-25).

7.- La que regula el acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y de declaraciones judiciales de la ley N° 21.057, para los fines que indica (Boletín 12.637-07).
--Se tiene presente las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, somete a consideración del Senado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, numeral 5, de la Ley General de Pesca y Acuicultura, el nombramiento de la señora Valesca Montes Sánchez y los señores Renán Álvarez Rivera, Pablo Berazaluce Maturana, Stefan Gelcich Crossley, Dante Queirolo Palma, Jaime Salazar Rojas y Gabriel Yani González, como consejeros del Consejo Nacional de Pesca (Boletín N° S 2.081-05) (con la urgencia del párrafo segundo del número 5° del artículo 53 de la Carta Fundamental).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Con el segundo, informa su ausencia del territorio nacional entre los día 09 y 12 de agosto de 2019, para dirigirse a la ciudad de Lima, Perú, a fin de participar en la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos.
Hace presente que durante su ausencia será subrogado por el Ministro titular de la Cartera de Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick, con el título de Vicepresidente de la República.
--Se toma conocimiento.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica la ley N° 4.808, sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación (Boletín N° 12.018-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Con el segundo comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar en materia de duración en el cargo, de los ministros de Cortes de Apelaciones que integren las Cortes Marciales (Boletín N° 12.638-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia de las sentencias definitivas pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
-Artículo 53, inciso tercero, del Código Tributario.
-Artículo 1° de la ley N° 18.216.
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de los siguientes grupos de disposiciones:
-Artículos 1°, inciso tercero, 489, inciso tercero, 162, inciso cuarto, 163 y 168, todos del Código del Trabajo.
-Artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo.
-Artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo.
-Artículo 453, número 1°, del Código del Trabajo.
-Artículos 1° y 420 del Código del Trabajo.
-Artículos 1° y 168 del Código del Trabajo.
-Artículos 429, inciso primero, y 126, incisos quinto a séptimo, del Código del Trabajo.
-Artículos 170, letras m y n, y 199, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
-Artículo 1° de la ley N° 18.216.
-Artículo 248, letra c), y 259, inciso final, ambos del Código Procesal Penal.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Da respuesta al proyecto de acuerdo por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir a los señores Ministros de Relaciones Exteriores, del Medio Ambiente y de Educación para que respalden formalmente, en nombre de Chile, la postulación de la joven activista sueca Greta Thunberg al Premio Nobel de la Paz; la inviten a participar de la COP25 a realizarse en nuestro país, y se difunda en los colegios el sentido y alcance del movimiento en torno al calentamiento global, el cambio climático y su impacto en el futuro del planeta y la humanidad (Boletín S 2.055-12).
Remite informes solicitados por el Honorable Senador señor Montes sobre aplicación de acuerdos comerciales que especifica.
Del señor Ministro de Salud:
Se refiere a la posibilidad planteada por la Honorable Senadora señora Goic de implementar un programa de telemedicina en las ciudades de Porvenir y Puerto Williams.
Comunica antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor De Urresti sobre equipamiento para el diagnóstico del virus Hanta en Valdivia.
Explica, a solicitud del mismo señor Senador, las acciones adoptadas por la autoridad a su cargo ante una denuncia de acopio de desechos a la orilla de una carretera en el sector de Rapaco El Molino, en la comuna de La Unión.
Se refiere a la preocupación del Honorable Senador señor Navarro sobre el vertedero de cenizas en la comuna de Coronel.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo:
Acompaña antecedentes, solicitados por el Honorable Senador señor De Urresti, relativos al proyecto de difusión y transferencia del estándar de pesca de captura con certificación Fair Trade Usa a las pesquerías bentónicas de la Bahía de Corral.
Del señor Ministro de Agricultura:
Hace llegar antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor De Urresti sobre contratación del seguro agrícola.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
A solicitud del Honorable Senador Navarro, acompaña cuadro con las comunas de la Región de Biobío que cuentan con plan maestro de aguas lluvias.
Adjunta antecedentes solicitados por el mismo señor Senador, relativos al contrato de concesión de las obras del hospital de Quillón.
Responde inquietud del Honorable Senador señor Castro sobre la posibilidad de convertir en aeropuerto a uno de los tres aeródromos ubicados en la Región del Maule.
Da cuenta de la solicitud del Honorable Senador señor García de estudiar la posibilidad de instalar una capa asfáltica en el trayecto camino 5 Manzanos-Labranza.
Atiende preocupación de la Honorable Senadora señora Provoste referida a sondajes en el sector Maitencillo, del Río Huasco.
Absuelve consultas del Honorable Senador señor De Urresti sobre los siguientes asuntos:
-Estado de avance del proyecto de pavimentación del camino Red Interlagos, ruta Las Quinientas-La Pellinada.
-Medidas de seguridad vial comprometidas en la ruta CH-23.
-Avance del proyecto de construcción de una pasarela peatonal sobre la Ruta 5, en el sector Ralicura, comuna de Río Bueno.
-Proyectos de agua potable rural en las comunas de La Unión, Máfil, Mariquina, Valdivia y Futrono.
-Destinación de recursos para habilitación de pozos de agua en Mariquina.
-Intervención del cauce del canal Los Chiqueros, en la comuna de Valdivia.
-Proyectos de agua potable rural de Cocule, La Unión; Huellahue, Panguipulli; y Nieblas Los Molinos, Valdivia.
-Adjunta lista de contratos sobre proyectos de agua potable rural, conectividad vial y obras portuarias a desarrollarse en la Región de Los Ríos durante el año 2019.
Del señor Ministro de Minería:
Envía, a solicitud del Honorable Senador señor Durana, información técnica acerca del Morro de Arica.
Adjunta informe de episodio de contaminación que indica, iniciado en la Fundición Hernán Videla Lira, de Paipote, solicitado por la Honorable Senadora señora Provoste.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales:
Remite, a solicitud del Honorable Senador señor De Urresti, datos sobre los predios que tienen el carácter de bien fiscal en la Región de Tarapacá.
Expone, a solicitud del Honorable Senador señor De Urresti, sobre la posibilidad de transformar la reserva nacional Mocho-Choshuenco en un parque nacional.
Acompaña información y gestiones solicitadas por el Honorable Senador señor De Urresti relativas al cierre del camino a Río Chico, en el sector Arquilhue de la comuna de Futrono.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:
Adjunta estudio de evaluación de la aplicación de la ley N° 20.898, pedido por el Honorable Senador señor García
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo:
Informa, a solicitud de la Honorable Senadora señora Órdenes, sobre el estado de avance del proceso de creación de la comuna de La Junta, en la Región de Aysén.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos:
Acompaña lista de inmuebles acogidos al beneficio del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, del Ministerio de Hacienda, de 1959, asociados a grupos de contribuyentes que indica; información pedida por el Honorable Senador señor Montes.
Del señor Director Nacional de INDAP:
Remite antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor Sandoval sobre seguro ganadero bovino de la Región de Aysén.
Del señor Director Nacional de Aduanas:
Hace llegar documentación sobre la importación de medicamentos que indica, de conformidad con lo solicitado por el Honorable Senador señor Navarro.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles:
Responde inquietud del Honorable Senador señor De Urresti referida a cobros de energía eléctrica a la persona que indica.
Del señor Superintendente de Pensiones:
Remite, a requerimiento de la Honorable Senadora señora Rincón, datos sobre la fórmula de rentabilidad utilizada para calcular rentas vitalicias, retiros programados y del fondo de pensiones E en el período que indica.
Responde otra solicitud de la misma señora Senadora sobre la tasa de interés técnica.
Del señor Director Regional (S) del SAG de la Región del Biobío:
Se refiere a una denuncia sobre aplicación de pesticidas en el sector de San Antonio de Cuda, en la comuna de Florida, y el eventual daño a la fauna que se habría provocado a raíz de ello, de acuerdo a lo planteado por el Honorable Senador señor Navarro.
Del señor Superintendente (S) del Medio Ambiente:
Considera la consulta del Honorable Senador señor De Urresti sobre contaminación en ríos y lagos del país y su consiguiente potencial impacto en la salud de las personas.
Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental:
Informa sobre aspectos técnicos de la planta de desalinización que instalará la empresa AES Gener en la Bahía de Quinteros, según solicitud de la Honorable Senadora señora Allende.
Del señor Director Ejecutivo (S) de CONAF:
Se refiere a denuncias ambientales contra la empresa Gelymar, cuestión abordada por el Honorable Senador señor De Urresti.
Del señor Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional:
Responde a una inquietud del Honorable Senador señor Bianchi sobre la situación laboral de los trabajadores que indica.
Del señor Intendente Regional de Magallanes y la Antártica Chilena:
Da cuenta de la preocupación de la Honorable Senadora señora Goic sobre el desarrollo de la industria del salmón en forma sustentable en esa región.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén:
Expone, a solicitud de la Honorable Senadora señora Órdenes, sobre procedimiento de desalojo de un predio fiscal en la comuna de Cochrane.
Del señor Director (S) del SERVIU de la Región de La Araucanía:
Atiende proposición del Honorable Senador señor García sobre evacuación de aguas lluvia en la parte de la ruta S 40 que indica.
Del señor Director (S) del Servicio de Salud de Aysén:
Responde la presentación de la Honorable Senadora señora Órdenes sobre atribuciones de ese organismo en materia de bienestar animal.
De la señora Gobernadora Provincial (S) de Capitán Prat:
Se refiere a una preocupación de la Honorable Senadora señora Órdenes sobre los desbordes del río Mosco en la comuna de Villa O´Higgins.
Del señor Rector de la Universidad de Tarapacá:
A requerimiento del Honorable Senador señor Pugh remite cuadro con el total de funcionarios que en los últimos diez años han recibido el bono de zona extrema.
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Tomé:
Adjunta, a requerimiento del Honorable Senador señor Navarro, lista de permisos para el comercio ambulante en la comuna.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo:
Informa sobre el desarrollo del proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales.
--Se toma conocimiento.
Informes
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el Código Procesal Penal (Boletín 12.135-03) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece el 26 de julio como el "Día de la Mujer Piloto" (Boletín N° 12.795-07).
Segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad (Boletín N° 12.467-15) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señora Allende y señor Montes, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que elimina la suspensión del derecho a sufragio de las personas con discapacidad intelectual (Boletín N° 12.816-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Honorables Senadores señoras Goic y Órdenes, y señores Chahuán y Sandoval, que crea la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo disponen los incisos tercero y cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor QUINTANA (Presidente).- Señor Secretario General, le doy la palabra para informar los acuerdos de Comités.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Los Comités, en reunión celebrada el día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar, como si fuera de Fácil Despacho, en la sesión ordinaria del hoy, el proyecto -signado con el número 27 de la tabla- que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en materia de consulta, administración y uso, por parte del afiliado, de los excedentes de cotización en isapres (boletín N° 11.591-11).

2.- Considerar, en el segundo lugar del Orden del Día de esta sesión, el proyecto de ley -signado con el número 5 de la tabla- que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (boletín N° 12.589-07).

3.- Analizar, en primer, segundo y tercer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 7, los siguientes asuntos:
-Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar al señor Cristián Delpiano Lira como Ministro Titular Abogado del Ilustre Segundo Tribunal Ambiental (boletín Nº S 2.072-05).
-Proyecto de ley -signado con el número 6 de la tabla- sobre migración y extranjería (boletín N° 8.970-06).
-Proyecto de ley -signado con el número 8 de la tabla- que fija el uso de distintos estándares UTC para regular la hora oficial en el territorio nacional (boletín N° 12.016-11). Si no se alcanza a tratar, ubicarlo en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria del próximo martes 13 de agosto.

4.- Citar a sesión especial el miércoles 4 de septiembre, de 12 a 14 horas, a fin de que el Consejo del Banco Central de Chile presente al Senado la evaluación del avance de las políticas y programas del año en curso, así como el informe de las proposiciones para el año calendario siguiente, según lo dispuesto en el artículo 80 de la ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile.
5.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta las 18:00 del día de hoy, en la Secretaría de la Comisión, al proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe acerca de las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles (boletín Nº 12.415-04).
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El señor QUINTANA (Presidente).- Solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario del Interior, don Rodrigo Ubilla, y el Subsecretario General de la Presidencia, don Claudio Alvarado.
--Se accede a lo solicitado.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Como nadie ha pedido la palabra sobre la Cuenta, pasamos al Orden del Día.
V. ORDEN DEL DÍA



MODIFICACIONES EN MATERIA DE CONSULTA, ADMINISTRACIÓN Y USO DE EXCEDENTES DE COTIZACIONES EN ISAPRES


El señor QUINTANA (Presidente).- Por acuerdo de Comités, corresponde tratar en primer lugar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en materia de consulta, administración y uso, por parte del afiliado, de los excedentes de cotización de isapres, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.591-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 25ª, en 19 de junio de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Salud: sesión 31ª, en 9 de julio de 2019.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El principal objetivo del proyecto es permitir a los afiliados a las isapres, dentro del marco establecido, regulado y permitido por la ley, disponer libremente y en línea de sus excedentes de cotizaciones, así como optar libremente en cuáles prestadores emplear esos excedentes.
La Comisión de Salud discutió este proyecto en general y en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros, con las modificaciones que señala en su informe.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 9 y 10 de dicho documento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.


El señor QUINTANA (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Presidente de la Comisión de Salud, Senador Rabindranath Quinteros, quien va a informar el proyecto.

El señor QUINTEROS.- Gracias, señor Presidente.
La iniciativa corresponde a una moción de los Honorables Diputados señoras Loreto Carvajal y Cristina Girardi y señores Manuel Monsalve y Víctor Torres, y de los ex Diputados señores Miguel Ángel Alvarado, Daniel Farcas y Marco Antonio Núñez y señora Karla Rubilar.
El texto que se plantea a la Sala en el informe está conformado por un artículo permanente y un artículo transitorio.
El proyecto no contiene normas que requieran quorum especial de aprobación y no afecta a la organización ni a las atribuciones de los tribunales de justicia.
La Comisión de Salud fue informada de que algunas isapres, adelantándose al proyecto de ley, ya están devolviendo los excedentes a sus cotizantes, depositándolos en sus cuentas corrientes, desde donde los titulares pueden hacer libre uso de ellos.
El texto en debate no innova sobre el objeto a que se pueden aplicar los excedentes; el único cambio es la posibilidad de operar en línea, cuestión que eventualmente no requeriría ley y podría implementarse mediante una circular de la Superintendencia de Salud.
La normativa vigente establece las condiciones en que se pueden usar dichos excedentes, que provienen de la diferencia positiva, a favor del usuario, cuando el valor de su plan, más el precio de la prima GES, es menor al 7 por ciento de la cotización obligatoria. Esa diferencia se acumula en una cuenta sobre la cual el cotizante tiene libre disponibilidad.
La presentación de este proyecto de ley, a inicios del año 2018, se produjo porque en los últimos meses del 2017 había acontecido un hecho muy importante, con implicancia en la salud pública y privada, como fue la cancelación del registro de la Isapre Masvida.
Ante la insolvencia de esta institución de salud previsional, una cantidad importante de sus afiliados quiso migrar a otras isapres. Algunos optaron por hacer uso de sus excedentes acumulados, lo que puso en evidencia la falta de claridad en cuanto a la aplicación de esos excedentes.
En tal oportunidad, la Superintendencia de Salud determinó que los excedentes acumulados no se podían asignar libremente, pues, en la práctica, las isapres celebran convenios con cadenas de farmacias, clínicas o centros médicos, donde es posible aplicar los excedentes al pago de prestaciones recibidas.
Si el cotizante recurre a una red en convenio con la isapre, puede hacer libre uso de sus excedentes y aplicarlos directamente al pago de la prestación. Pero, cuando no hay convenio, la persona tiene que pagar directamente la prestación y luego solicitar el reembolso a la isapre, la que cuenta con dos días hábiles para calificar si acepta o no esa acción.
Este proyecto de ley impone a las isapres el deber de habilitar un sistema en línea que permita a los afiliados verificar sus excedentes y determinar qué uso darles, dentro de las alternativas descritas en el artículo 188 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud: cubrir cotizaciones en caso de cesantía; efectuar copagos; financiar prestaciones de salud no cubiertas por el contrato; pagar cuotas de los préstamos de salud que la isapre hubiese otorgado al afiliado; enterar cotizaciones adicionales voluntarias, o financiar un plan de salud cuando el afiliado reúna los requisitos que la ley establece para pensionarse.
La presente iniciativa propone agregar que las isapres habilitarán un sistema que permita verificar los excedentes en línea, para que cada afiliado determine su uso y destino libremente, en cualquiera de las alternativas descritas. En la actualidad, los usuarios no conocen el monto de sus excedentes fácilmente y deben realizar un trámite para poder indagar sobre ellos.
La modificación propuesta es una llave que hace posible destrabar las redes cerradas de prestadores y avanzar hacia la libre disponibilidad del excedente por parte del afiliado. Ello tiene que ver con un tema de fondo, que es la propiedad de la cotización.
El artículo transitorio establece que el sistema se debe implementar en el plazo de seis meses, desde la entrada en vigencia de la ley.
Se informó a la Comisión que tanto la Superintendencia de Salud como la Asociación de Isapres manifestaron una opinión favorable sobre el proyecto en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Salud y de la Sala.
El 7 de noviembre del año 2017 la Isapre Masvida pasó a ser administrada por la Superintendencia de Salud.
Según resolución de la Corte Suprema se encuentran retenidos, en poder de la mencionada Superintendencia, 18 mil millones de pesos, correspondientes a excedentes no cobrados, que pertenecen a más de 100 mil chilenos. La Corte dictaminó que el dinero es de propiedad de las personas afiliadas y tiene la calidad de inembargable.
El Superintendente de Salud informó a la Comisión que en el proceso de liquidación de la Isapre Masvida se determinó un orden de prelación para el pago de acreencias, con cargo a la garantía, que alcanza a un monto cercano a los 58 mil millones de pesos. Con esos recursos se deben pagar créditos provenientes del subsidio por incapacidad laboral y proceder a la devolución de los excesos de cotizaciones, excedentes y reembolsos. El pago efectivo se ha visto retardado por una disputa judicial entre la Isapre Nueva Masvida y la Superintendencia de Salud, respecto de los fines a los que se debe destinar una cantidad de 18 mil millones de pesos, proveniente de la mencionada garantía.
Una forma de empoderar adecuadamente al usuario que posee excedentes es adecuar los sistemas de información e informáticos de las isapres, para que los afiliados conozcan y decidan libremente, en línea, en qué utilizarlos.
La Comisión resolvió finalmente reemplazar el artículo único del proyecto e intercaló en el artículo 188 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, un inciso sexto nuevo, que obliga a las isapres a devolver anualmente al afiliado el saldo acumulado en su cuenta individual de excedentes que no haya sido requerido para alguno de los fines indicados en el mismo precepto. El pago se hará en la forma que señale la Superintendencia de Salud, a través de una norma de carácter general.
Así se permite que los excedentes no utilizados durante el año sean devueltos al cotizante mediante cheque o depósito en su cuenta corriente.
El artículo transitorio fija un plazo de seis meses para que las isapres que no dispongan de un sistema en línea para dar cumplimiento a esta ley en proyecto se ajusten a sus disposiciones.
Esta iniciativa y la indicación sustitutiva fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Salud, Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y quien habla.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En discusión general y particular a la vez.
Tiene la palabra, a continuación, la Senadora Carolina Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, qué bueno que podamos avanzar, tal como ha señalado el Presidente de la Comisión de Salud, en una iniciativa parlamentaria que surge en la Cámara de Diputados en forma muy transversal y que busca, de alguna manera, cumplir el espíritu que tiene hoy día el decreto con fuerza de ley vigente.
Cuando hablamos de excedentes, se debe señalar que estos se generan por la diferencia positiva entre el valor del plan de la isapre, más el costo del AUGE o del GES, cuando su monto es menor que el 7 por ciento que por ley está obligado a enterar mensualmente el cotizante.
Dichos recursos son de propiedad del afiliado -es importante recordarlo- e inembargables, y se mantienen en una cuenta corriente individual que genera intereses y cobros.
¿Y qué establece hoy día la ley? Que se pueden utilizar solo para cubrir determinados pagos que están muy bien consignados en el artículo 188:

"1.- Para cubrir las cotizaciones en caso de cesantía;

"2.- Copago, esto es, aquella parte de la prestación que es de cargo del afiliado;

"3.- Para financiar prestaciones de salud no cubiertas por el contrato;

"4.- Para pagar las cuotas de los préstamos de salud que la Institución de Salud Previsional le hubiese otorgado al afiliado;

"5.- Para cubrir cotizaciones adicionales voluntarias, y

"6.- Para financiar un plan de salud cuando el afiliado reúna los requisitos que la ley establece para pensionarse, durante el lapso comprendido entre la solicitud de la jubilación y el momento en que esta se hace efectiva.".
En tales situaciones la ley permite que se utilicen los excedentes, que, insisto, son recursos de propiedad del afiliado.
La moción buscaba originalmente lo siguiente:
Primero, garantizar la transparencia necesaria para que se le informe a la persona, en un sistema en línea, cuáles son sus excedentes.
Todos sabemos las complicaciones y la dificultad que tiene hoy día el sistema de isapres para entender cuánto le cobran al afiliado, cuánto le descuentan, dónde están esos recursos. Por lo tanto, parece de Perogrullo, no es cierto, que para que la persona pueda utilizar tales dineros, que son de su propiedad, conozca su monto efectivo en línea.
Lo segundo, tal como ya se ha señalado, que se pueda hacer uso de los excedentes, por ejemplo, en el copago por prestaciones o en la compra de medicamentos.
En este sentido, hay algunas isapres que han habilitado el sistema en convenio con instituciones o determinada farmacia, y queremos que esta modalidad sea transparente y que se pueda utilizar en cualquier entidad, en cualquier farmacia, a favor del afiliado. Y no que con recursos propios, en este caso, la persona esté amarrada a determinados convenios suscritos por una isapre con un prestador o con una farmacia.
Por eso decidimos abrir y transparentar la modalidad del pago.
Y lo tercero, que corresponde a lo que añadimos nosotros en la discusión aquí, en el Senado, es que, establecida la forma en que se pueden utilizar los recursos, si el afiliado no los ocupa durante el año, la institución de salud previsional deba devolvérselos: que restituya al saldo acumulado en su cuenta individual de excedentes todos aquellos recursos que no se hayan requerido para los fines indicados en la ley.
Asimismo, que sea la Superintendencia de Salud la que norme si los dineros serán depositados en la cuenta corriente del afiliado o entregados mediante otra modalidad, dependiendo de cada caso.
Este proyecto, que parece simple, avanza en transparentar el uso de los mencionados recursos; además, en garantizar efectivamente que son propiedad del afiliado y en que vayan a favorecer sus necesidades en materia de salud, con pagos complementarios, no es cierto, en el caso de prestaciones o de medicamentos.
La iniciativa ayuda a avanzar en transparencia, pero sobre todo ayuda a que en los casos en que se produzcan diferencias a favor del afiliado los dineros efectivamente puedan ser utilizados.
Creo que es un pequeño proyecto. Pero, en términos del contenido, lo considero relevante, además de complementario a una discusión más amplia, que, sin duda, tendremos que sostener respecto del sistema privado de salud. Sin embargo, el que realicemos esta discusión más amplia, no excluye que hoy avancemos en una materia que, finalmente, irá en beneficio de muchos afiliados del sistema privado de salud.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley buscaba una cuestión que me parece de la mayor justicia: reconocer que los excedentes son claramente de propiedad del afiliado y, por tanto, como dice la misma ley, son inembargables e irán incrementando una cuenta corriente individual que la institución deberá mantener a favor del afiliado.
En ese contexto, lo que establecía la ley originalmente era que esos recursos podían usarse para cubrir cotizaciones en caso de cesantía; para efectuar un copago, esto es, para enterar aquella parte de la prestación de cargo del afiliado; para financiar prestaciones de salud no cubiertas por el contrato; para pagar las cuotas de los préstamos de salud que la institución de salud previsional le hubiese otorgado al afiliado; para cubrir cotizaciones adicionales voluntarias, o para financiar un plan de salud cuando el afiliado reúna los requisitos que la ley establece para pensionarse.
Lo que se hace en virtud de esta tramitación, del acuerdo alcanzado por los distintos miembros de la Comisión, es garantizar que estos excedentes sean de propiedad del afiliado. Por tanto, que se les tienen que devolver cuando no los usen dentro de las formas y los plazos contemplados en este proyecto.
En ese contexto se establece, además, la obligación de las instituciones de salud previsional de tener un sistema en línea para poder dar acceso al uso de estos excedentes, o del saldo, otorgándose un plazo de seis meses para hacer el ajuste respectivo cuando estas entidades no dispongan de aquel.
Esta iniciativa, aunque es simple, es importante desde el punto de vista de asegurar que los excedentes pagados por los afiliados sean de su propiedad y puedan hacerse finalmente de estos recursos.
Por eso, llamo a la Sala a votar favorablemente esta iniciativa que, sin lugar a dudas, va a permitir que los chilenos, los afiliados, puedan usar sus excedentes, o que, si no lo hicieran, les sean devueltos los recursos respectivos en las formas que consagra la ley en proyecto.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra la Senadora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, esta iniciativa aprobada en la Comisión de Salud es un importante paso para avanzar en justicia en cuanto a que los excedentes de los cotizantes de las isapres son de estos; de manera que aquí, sin eufemismos, seamos capaces de avanzar y reconocer que esos dineros son de su propiedad.
Cuando uno observa que hoy día sobre el 60 por ciento de los cotizantes de isapres mantienen más de 1.226 millones de dólares de excedentes sin cobrar, se da cuenta de que aquello se traduce en una entrega de recursos personales a las instituciones de salud previsional privadas que no es aceptable.
Por lo tanto, corresponde que se establezcan mecanismos con transparencia, pero también con celeridad, para que los verdaderos propietarios de estos excedentes -es decir, las personas- puedan recuperar estos recursos.
La información que la propia Superintendencia de Salud ha entregado es que en promedio corresponderían unos 75 mil pesos por afiliado. Estos montos se generan, tal como lo ha señalado la Senadora de la bancada de la Democracia Cristiana que participa en la Comisión de Salud, Carolina Goic, cuando este 7 por ciento de cotización obligatoria excede el costo de determinado plan de isapre y por ley este dinero no puede ser devuelto en efectivo a los cotizantes.
Nosotros esperaríamos una reforma mucho más profunda, en que no solo tuviésemos que permitir que estos recursos sean utilizados en distintos centros de salud, en farmacias o como bonos, sino también hacer que efectivamente volvieran en dinero a quienes han realizado un pago en exceso.
La propia Superintendencia de Salud ha señalado que las cantidades de recursos que acumulan las isapres en excedentes en el año 2019, si lo comparamos con el año 2010, son superiores en 203 por ciento.
Las isapres han mantenido durante mucho tiempo muy cautelosamente resguardados los datos sobre esta acumulación de recursos, y lo que hace esta iniciativa es acelerar la entrega de una información bastante más clara a personas que en numerosas oportunidades ni siquiera saben que son beneficiarias de estos excedentes.
Existe una larga lista de instituciones: Colmena; Banmédica, Cruz Blanca, Consalud, Nueva Masvida, Vida Tres, que no han hecho prácticamente nada por informar a sus cotizantes que tienen estos excedentes.
Señor Presidente, eso llama la atención, porque muchas veces, cuando un afiliado enfrenta una enfermedad que implica un alto costo, rápidamente comienzan a llegar las cartas a sus domicilios diciéndoles que lo más probable es que se cambie su plan, o simplemente se lo invita a dejar esa institución de salud. Sin embargo, cuando ellos reciben excedentes de los cotizantes, guardan silencio.
Por lo tanto, esta iniciativa agilizará que esos recursos vuelvan a quienes los originaron, es decir, a las personas.
Por eso, anuncio que votaré a favor de este proyecto de ley.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que parece insólito que estemos legislando en estas materias.
Lo digo porque los excedentes son el resultado de una operación aritmética entre el valor de un plan que se contrata y el precio de la prima del GES o del Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas, según la ley N° 19.966.
Si esta suma, si esta operación aritmética, es menor al 7 por ciento de cotización obligatoria, se genera una diferencia positiva en favor del usuario.
¿Por qué digo que parece insólito que estemos legislando? Porque las administradoras privadas del seguro de salud común debieran poner a disposición de sus cotizantes, de sus clientes, de las personas afiliadas a ellas, ¡sin ley!, estos recursos.
Hay normativas en este sentido, y creo que al final es lo que estamos haciendo.
El 7 de noviembre de 2017, Masvida pasó a ser administrada, producto de la situación crítica en la que entró, por la Superintendencia de Salud.
Como resultado de esa intervención se determinó por la corte...
Señor Presidente, ¡es bien difícil intervenir si toda la Sala está hablando!

El señor MOREIRA.- ¡No toda la Sala!

La señora RINCÓN.- ¡Gracias, colega!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señoras y señores Senadores, les pido que escuchemos a la Senadora Rincón.
Se va a mantener su tiempo.
Y, por favor, les ruego evitar los diálogos dentro de la Sala.

La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.
El 7 de noviembre de 2017, como decía, la Isapre Masvida pasó a ser administrada por la Superintendencia de Salud producto de la situación en la que se encontraba.
En poder de la isapre figuraban 25 millones de dólares por excedentes de más de 100 mil cotizantes. La corte determinó, en su resolución, que estos dineros eran de esos chilenos, e inembargables.
En verdad, lo único que hizo la corte fue reconocer una norma explícita en materia de seguridad social sobre lo que ocurre con las cotizaciones.
En marzo del 2019, y tal como lo señalaba quien me antecedió, la Senadora Provoste, los montos de excedentes del sistema superaban los 120 millones de dólares. Más de 89 mil millones de pesos.
El artículo 188 establece qué hacer con estos excedentes. Señala que en cualquier momento, y producto de una prestación de salud, tienen que ser otorgados a los afiliados.
Con esta normativa simplemente compelemos a quienes administran estos excedentes a que los devuelvan, con la tecnología de por medio, a aquellos destinatarios finales que pagaron más de lo que correspondía, producto de esta operación aritmética que ya he descrito.
Señor Presidente, obviamente este proyecto debiera ser aprobado de manera unánime, pero poniendo en el centro de nuestro debate lo que está pasando con las empresas que tienen a su cargo no solo las cotizaciones de salud, sino también la administración de los servicios básicos, como el agua, la energía. Ahí hay una regulación que muchas veces es inferior a lo que debiera ser el estándar que guíe a estas compañías.
No es posible que al final tengamos que ir caso a caso porque no cumplen con su deber: administrar los bienes públicos como deben hacerlo las empresas que tienen a su cargo tan alta responsabilidad.
Por eso, vamos a respaldar esta iniciativa.
Y felicitamos a los Diputados que están detrás de ella.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Ximena Rincón.
A continuación, tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, las instituciones privadas de seguros, como las que existen en nuestro país, son una realidad ya consolidada. Se pensó en su momento que no iba a haber integración vertical; pero hay una absoluta integración vertical en el sector de la salud.
Uno ve cómo algunas isapres que partieron con cierta magnitud terminan no solo con una clínica, sino también con hospitales que ocupan varias cuadras, donde evidentemente surgen conflictos de intereses muy serios. Por algo incluso en el Gobierno del Presidente Piñera, normalmente contrario a la regulación en estas áreas, sus ministros de Salud -tanto el actual como el anterior- han planteado la necesidad de abordar la discusión de una industria donde se presentan tremendas distorsiones, no en las utilidades, por cierto, porque en ellas no existe ninguna distorsión, pues son millonarias, sino respecto de aquel que debe pagar, que es -no voy a decir "extorsionado"- objeto de cobros indebidos por múltiples tipos de prestaciones.
El proyecto que se somete a nuestra consideración se relaciona con el mundo de los multiplanes, de los miles de planes que ofrecen las isapres y que son inentendibles para quienes no somos más que ciudadanos comunes.
Yo soy de aquellos que en verdad tratan de informarse acerca de la sofisticación de las isapres. Y lo que uno constata es que son muy superiores a nosotros en su capacidad de inventar múltiples tipos de planes en que a uno le van cobrando por las diversas prestaciones ofrecidas. Pero lo cierto es que cuando hay excedentes de cotización en estas instituciones se termina en un limbo donde a quienes se les ha cobrado de más tampoco tienen siempre el derecho a recuperar esos dineros.
El proyecto que se aborda ahora y que es bastante limitado, muy acotado, nos plantea un camino mediante el cual las instituciones anualmente deben devolverles a los afiliados el saldo acumulado en su cuenta individual.
Señor Presidente, por intermedio de la Mesa les quiero plantear a los miembros de la Comisión -quizás a la Senadora Goic o al Senador Rabindranath Quinteros- que nos expliquen, para entender mejor, cómo las isapres nos van a informar, sobre la base de qué parámetros. ¿Cómo vamos a saber si la información anual que nos entregan las instituciones de salud previsional respecto de los excedentes es la que corresponde?
Me van a perdonar, pero en estos tiempos de desconfianza mis dudas con respecto a estas instituciones son muy grandes. Porque el hecho de que debamos establecer una ley para que nos informen sobre los excedentes y nos los devuelvan en caso de haberlos no hace más que demostrar la tremenda distorsión que existe en esta industria.
Se supone que cada institución de salud previsional deberá habilitar un sistema en línea que les permita a los afiliados verificar sus excedentes y determinar su uso y destino; pero a estos no les será factible saber cómo se calculan en realidad, con mayor transparencia.
A veces uno se pregunta qué pasa en otros sectores presuntamente regulados como las sanitarias, que fijan su régimen de tarifas cada cinco años, pues cuando hay ciertas variables que les permiten ingresos que no estaban contemplados estos deben pasar a su estructura de costo en beneficio del consumidor.
En el caso de las isapres, uno se cuestiona si los mecanismos de integración vertical, que les reportan utilidades millonarias, no deberían formar parte de aquellos elementos que posibiliten determinar los excedentes que tendrían que devolverse a sus afiliados.
Por último, entiendo que es bueno avanzar en esa dirección.
El artículo transitorio del proyecto señala: "Las Instituciones de Salud Previsional que no tuvieren establecido un sistema en línea para el uso de excedentes de sus afiliados", etcétera. Y, entonces, la pregunta que surge es: ¿Será posible que a estas alturas las isapres no cuenten con un sistema para informar a sus usuarios?
En la práctica -y esta es una de mis objeciones a esta iniciativa, para los efectos de irla mejorando-, ¿cuáles van a ser las sanciones para las isapres que no dispongan de un sistema en línea para que los afiliados puedan verificar sus excedentes y determinar su destino?
Señor Presidente, este proyecto apunta en la dirección correcta, aunque es bastante acotado.
Me gustaría que pronto pudiéramos discutir la iniciativa de ley sobre regulación general del sistema de salud en nuestro país, área muy importante de la economía y en que vemos tantas distorsiones, pues se trata de una industria con una integración vertical tremenda.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Guido Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, me parece que debemos avanzar en este proyecto. Pero, efectivamente, se trata de una iniciativa totalmente marginal, de un pequeño paliativo para terminar con algunos de los otros abusos en que incurren las isapres, las cuales no devolvían los excedentes que muchas veces les pertenecían a los usuarios.
A mi juicio, es muy importante que Chile asuma que la salud no puede ser un bien privado de la manera en que se ha tratado, sino que debe constituir un bien público.
A veces los bienes públicos también se pueden prestar o ser entregados por instituciones privadas, pero teniendo la condición de bien público.
Acá la isapre es la peor expresión de un sistema que reduce el derecho y las garantías de salud no solo a un bien privado, sino a un bien privado que no tiene competencia, a un bien privado que está lleno de situaciones y cláusulas abusivas.
¿Por qué se generan excedentes? ¿Por qué se producen las millonarias utilidades que tienen las isapres? Esto pasa porque las isapres violan un acuerdo, un pacto que tienen con cada uno de sus afiliados, que en realidad son pacientes que cuando requieren a las isapres no lo hacen en términos de gente sana, sino, la mayor parte de las veces, como personas que ya cargan con una enfermedad.
Entonces, tenemos que insertar esto en la discusión que se ha de hacer en la Comisión de Salud, donde debemos analizar un proyecto de ley que efectivamente aborde estos temas.
No es aceptable que las isapres pidan una declaración de salud para conocer las preexistencias, porque eso tiene que ver con el discurso del antiguo presidente de la Asociación de Isapres, quien señaló que estas instituciones no se pueden dar el lujo de atender enfermos, cuando el juramento hipocrático y el sentido de estar en el ámbito de la salud tienen que ver, por una parte, con atender a los enfermos, a los más débiles, cosa que estas instituciones no hacen, y, por la otra, hacerse cargo de la salud de la población que tienen asignada, la que les entregó esa responsabilidad.
Pero, casualmente, las isapres no hacen ni lo uno ni lo otro, porque no quieren atender a los enfermos, ni tampoco realizan alguna acción de prevención.
Por lo tanto, creo que hemos llegado a un punto en que las isapres le hacen mal a Chile; las isapres no ayudan a la salud de nuestro país, porque no hacen prevención, porque los incentivos están mal puestos y hay que redireccionarlos.
Uno puede dar otra discusión acá: si quiere o no que en Chile exista un sistema privado que se haga cargo de la provisión de servicios.
Pero ese es otro debate.
Lo que hay hoy día es un sistema mixto, y lo que se espera de este sistema privado es que cumpla con estándares mínimos que les den garantías a sus propios usuarios: por ejemplo, que una persona no sea discriminada por ser mujer, porque es un adulto mayor o porque es un niño menor de tres años; que se practiquen los acuerdos que son casi tácitos y que existen en el resto de los sectores de la economía, como respetar los contratos de salud, que no se modifiquen unilateralmente los precios o que no puedan aplicarse alzas que no tienen nada que ver con el costo real de las prestaciones de salud.
Lo que sucede es que en el sistema de salud en general, y en particular en el privado, quien tiene la oferta define los precios. Y como quien tiene la oferta define los precios, finalmente las instituciones de salud previsional pueden regularlos.
Por eso los precios han estado sistemáticamente yendo al alza, no porque haya un aumento de los costos reales, sino porque aquellos se pueden manejar.
Nosotros estamos por terminar con esa situación y establecer un sistema de salud privado trasparente, con un plan de salud universal conocido que resuelva gran parte de los problemas de salud de la población y que termine con todas las situaciones arbitrarias, donde además exista un incentivo, como los planes de por vida. Ello, para que las isapres tengan una población a cargo y el incentivo, aun cuando sea económico, de evitar que la gente enferme, puesto que cada vez que alguien tiene problemas de salud, si los planes son de por vida, la que va a perder será la isapre, y no solo el afiliado o el paciente.
Debemos avanzar hacia una tarifa plana. No puede ser que las personas prepaguen cuando son jóvenes, pues nunca usan su seguro de salud, y que al llegar a edades mayores, cuando aumenta la carga de enfermedades a partir de los cincuenta años, el incremento del costo del plan se hace exponencial y son expulsados de su isapre, porque muy pocos son capaces de pagar esas tarifas.
Creo que Chile está en un buen momento. Porque pienso que si no hay una reforma profunda, las isapres dejarán de existir. Y esto, porque la sociedad hará que desaparezcan. Ya hay cientos de miles de procesos judiciales en los tribunales. Y si las isapres mantienen sus prácticas, van a dejar de subsistir.
Si uno fuera pragmático, diría: "Sabe qué, no dictemos ninguna ley, porque si no la establecemos, las isapres van a desaparecer solas".
Creo que no se trata de eso. Estamos hablando de seres humanos que se hallan detrás; de personas que se ven afectadas por ello. Por lo tanto, si queremos que existan isapres, tiene que ser sobre la base de un sistema de salud que funcione con mínimos estándares éticos.
Yo considero que las isapres violan derechos fundamentales, porque la discriminación por edad, por sexo; la no atención a los pacientes enfermos transgreden todos los convenios internacionales en materia de salud y todos los tratados sobre derechos humanos que Chile ha suscrito en este ámbito.
No considero adecuado que tengamos un sistema de salud reñido, incluso, con la Constitución -uno podrá tener muchas diferencias al respecto-, ya que sus artículos son vulnerados sistemáticamente por las prácticas que llevan a cabo las isapres.
Señor Presidente, el esfuerzo que debe realizar nuestro país lo ha de dirigir hacia el Fonasa. Pienso que ese es el problema fundamental de Chile. El gran desafío es el sistema público de salud, que vive una situación de obsolescencia, de anacronismo. Nadie puede poner en duda hoy día que tenemos una deuda acumulada en materia de salud pública y que lo que sucede en el sistema público de salud es aún más grave que lo que ocurre en el sistema de isapres.
Me parece que llegó el momento de hacer una reforma profunda en la materia y de poner el desafío de la salud, el derecho a la salud tal vez como la demanda social más importante y el principal compromiso para con las personas.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en realidad, este es un proyecto bien concreto -nació en una moción en la Cámara de Diputados y ahora la estamos revisando-, que hace justicia a los afiliados a las isapres, pues les permite, dentro del marco regulado establecido, disponer libremente y en principio en línea de sus excedentes, así como optar entre cuáles prestadores emplearlos.
Suena bastante sensato y de sentido común poder decir eso.
Pero para llegar a una cosa como esa no podemos ignorar lo que ocurrió hace un tiempo cuando quebró una de las isapres, Masvida, y a los cotizantes no les fue factible hacer uso de aquello de manera libre: algunos prefirieron irse, migrar a otra isapre; otros tenían dudas.
Es un asunto que todavía no se resuelve, pues -según entiendo- se halla pendiente. No es menor lo que pasa ahí.
Pero si vamos a aprobar este proyecto -así lo haré en este caso-, que es acotado, no podemos menos que mencionar la enorme opacidad que existe en torno a un sistema de seguros privados como son las isapres.
Y digo "opacidad" porque todos sabemos que tienen cientos de planes que el usuario no es capaz de distinguir; que la información que entregan es muy poco trasparente; que no se ocupan en informar realmente al afiliado de los beneficios y ventajas que ofrecen, y que lo único que le puede ocurrir a él es que de tanto en tanto -esto ya se está transformando en una práctica anual- reciba una carta en que le digan que en consideración a su edad van a tener que subirle el valor de la prestación y que, además, si lo prefiere, puede retirarse de su plan o tomar uno más económico.
Es decir, es un sistema completamente abusivo, pues a medida que las personas se van haciendo mayores las isapres comienzan a rechazar a esos afiliados o simplemente a sugerirles que se cambien a un plan más económico.
Es opaco por cuanto no es claro con respecto a los beneficios que otorga; tampoco lo es respecto de los fundamentos para las alzas de los planes, y mucho menos si hablamos de la integración vertical que existe con los laboratorios, con las clínicas, pues están amarrados a todos ellos.
El usuario no es una persona con dignidad y derechos, sino simplemente un cliente que es tratado como tal por estos seguros privados llamados "isapres".
Yo creo que en este país hace falta una reforma profunda en la materia, y que abordemos de una vez por todas lo que se ha dicho tantas veces pero que al final nunca se ha concretado, que es decir: "Basta con la discriminación a las mujeres, sobre todo en edad de reproducción; no pueden ser las únicas que paguen los eventuales costos de su fertilidad, y tampoco es factible que sus planes de salud sean recargados en hasta 200 por ciento. Basta con lo relativo a las preexistencias, que simplemente no aceptamos".
Entonces, vamos despejando, dejando a jóvenes sanos y echando a los más viejos, a los enfermos, porque ese es el criterio con que se guían.
Y si a quienes me escuchan decir esto pudiera parecerles exagerado, es cosa de recordarles lo que señaló el hasta hace poco Presidente de la Asociación de Isapres, quien después de esa declaración finalmente tuvo que abandonar su puesto: "No nos podemos hacer cargo de los enfermos".
¡Eso fue lo que señaló literalmente!
Al final uno se pregunta qué es esto. Bueno, lo acabamos de decir: un seguro privado de salud que debe hacer un negocio. Y para ello deben tener a personas jóvenes y sanas, y ojalá que no haya mujeres en edad fértil o de reproducción.
Esa es la guía.
Señor Presidente, espero que seamos capaces de tomar muy en serio el tema de la salud en nuestro país, porque en verdad es muy doloroso.
Casi el 80 por ciento de nuestra población se atiende en el sistema público de salud, con sus deficiencias, con su falta de especialistas, con sus listas de espera, en fin, pero donde se hace un esfuerzo enorme.
Creo que debemos seguir fortaleciéndolo, porque exhibe un per cápita en materia de consultorios primarios absolutamente insuficiente.
Me gustaría que este proyecto -reitero que lo votaré a favor-, que es muy acotado, fuera solo eso: una iniciativa restringida, que está muy lejos de solucionar el problema de fondo que estamos planteando: cuándo vamos a abordar en serio lo relativo a las isapres en nuestro país y qué haremos en el ámbito de la salud, donde conviven lo público y lo privado, con una enorme desventaja para el sistema público, que muchas veces debe hacerse cargo incluso de pagar, para darle a la gente atención oportuna, a clínicas que cada día van ganando más. Porque es cosa de ver cómo crecen y crecen sus instalaciones, sus edificios; y ni siquiera en todas las regiones se puede contar con este tipo de oferta, pues en muchas de ellas no existe.
Entonces, llegó la hora de tomar seriamente el tema de la salud. Yo hago un llamado para que abordemos de una vez por todas ojalá un seguro universal y que demos la garantía básica que necesitamos los seres humanos por lo menos en esta materia.
Reitero que voy a votar a favor de este proyecto, que es absolutamente acotado, pero que por lo menos pone justicia para que el afiliado al sistema de isapres siquiera diga que puede hacer lo que quiere con el sobrante de sus cotizaciones, aunque, naturalmente, no va al fondo del problema de la salud en Chile y de los abusos que cometen las aseguradoras privadas, los cuales, desgraciadamente, afectan a muchas personas.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán para un punto de reglamento.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en virtud del artículo 17 A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, quisiera pedir, por acuerdo de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, la fusión de dos boletines: el 12.558-15, de autoría de los miembros de la Comisión, con el 12.828-15, correspondiente a un mensaje presidencial -esto se habló también con el Ejecutivo-, cuyo texto es idéntico al otro, pero ingresó en forma posterior.

El señor MOREIRA.- ¿Lo podría explicar?

El señor BIANCHI.- Que lo explique, por favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Puede decirnos, señor Senador, en qué consiste la iniciativa?

El señor CHAHUÁN.- Sí, señor Presidente.
Se trata de un proyecto de ley que establece la obligación de permitir el acceso y el uso de facilidades en lo que respecta a la operación móvil virtual y al Roaming Automático Nacional.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acoger la solicitud del Senador Chahuán?

El señor BIANCHI.- ¡Si lo pide Chahuán...!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¡Si lo pide Chahuán...!

El señor CHAHUÁN.- Reitero: es una moción formulada por los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo estaría por apoyar la petición, pero haría una reflexión -estaba aquí hace poco el Subsecretario General de la Presidencia-: llama mucho la atención que un proyecto que ingresó el Gobierno sea idéntico a una moción que ya se había presentado.
Entonces, lo que uno pediría es que el Ejecutivo, en esas materias, se aplicara un poco más, respetara las mociones que formulan los parlamentarios y se sumara a ellas y les diera urgencia.
Quiero saludar la iniciativa del Senador Chahuán, quien invita a refundir ambos proyectos. Pero habría sido mejor que el Ejecutivo fuese colegislador y respaldara las mociones, en algunas ocasiones a lo menos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acoger la solicitud formulada por el Senador Chahuán?
Acordado.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, nosotros habíamos acordado que esta iniciativa se tratara como Fácil Despacho, lo que significaba, según lo que definimos en los Comités, que hablaría un Senador por sector político.
Entonces, si nosotros no podemos controlar que efectivamente el tratamiento sea de esa forma, no podremos poner proyectos de ley en Fácil Despacho, porque no es esta la manera de proceder.
Por lo tanto, señor Presidente, le pido que haga cumplir el acuerdo de Comités en orden a discutir la iniciativa como Fácil Despacho, que implica que hable un Senador por bancada, a lo más. Lo que corresponde, en todo caso, es que intervenga uno que esté a favor del proyecto y otro en contra. Eso es Fácil Despacho.
Insisto: le solicito que haga cumplir el acuerdo de Comités.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senadora, usted tiene razón, pero hay siete Senadores inscritos y tienen derecho a fundamentar su voto. Eso no se puede impedir.
Ahora, lo que yo pediría sería limitarse en las intervenciones, y hago un llamado en ese sentido.
Senador Guillier, tiene la palabra.

El señor COLOMA.- Que las intervenciones sean de dos minutos.

El señor MOREIRA.- De tres minutos.

El señor NAVARRO.- No, Presidente. No hay acuerdo.

El señor BIANCHI.- No hay acuerdo.

El señor GUILLIER.- Muchas gracias, señor Presidente.
Este es un proyecto de ley que surge a raíz de los vacíos que el propio funcionamiento del sistema ha demostrado, principalmente debido a los sucesos que afectaron a la Isapre Masvida el año 2017 y que, según un dictamen de la Corte Suprema, tiene retenido en poder de la Superintendencia de Salud 18 mil millones de pesos, correspondientes a excedentes que no se habían cobrado y que serían de propiedad de no menos de cien mil chilenos afiliados al sistema. A juicio de la Corte Suprema, este dinero era de propiedad de las personas afiliadas a la isapre y tenía la calidad de inembargable.
Sin embargo, cuando los propios afiliados intentaron -bueno, algunos migraron a otras isapres- u optaron por hacer uso de sus excedentes acumulados, se evidenció la insuficiencia del sistema o la falta de claridad en la aplicación de los criterios para recuperar los excedentes, toda vez que la Superintendencia de Salud dictaminó, en una resolución que fue bastante polémica y discutida en su momento, que los excedentes acumulados no se podían asignar libremente por el afiliado. Y recordó que había una serie de disposiciones que establecían las condiciones y la manera de llevar a cabo esa recuperación, pero que, en el fondo, significaba dejar la plata dentro del sistema, para financiar prestaciones, pagar cuotas, enterar cotizaciones, financiar un plan de salud mejor, etcétera.
Lo que este proyecto hace, por lo tanto, es consagrar el principio de que aquellos excedentes que se disponen y que en el curso de un año no se han recuperado por la vía y los mecanismos establecidos por la Superintendencia tendrán que ser de libre disposición del usuario, lo cual hace entera justicia. Por eso, el proyecto de ley dice en su artículo único que "Con todo, anualmente la Institución de Salud Previsional deberá devolver al afiliado el saldo acumulado en su cuenta individual de excedentes que no haya sido requerido para alguno de los fines indicados en el inciso cuarto, monto que se pagará en la forma que señale la Superintendencia de Salud mediante norma de carácter general.".
Es decir, de todas maneras esto quedara abierto a la decisión que va a tomar la Superintendencia para establecer el mecanismo para realizar esa devolución.
Sin embargo, quiero destacar que, a marzo del año en curso, ya se registran más de 1.174.160 personas que tienen excedentes acumulados y que ascienden a un monto cercano a los 90 mil millones de pesos.
Por lo tanto, es un vacío legal que urge resolver en beneficio, obviamente, del afiliado, porque es dinero propio que él ha destinado y que le ha sido cobrado en exceso y que, en consecuencia, le corresponde recuperar.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Pedro Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, sin duda, como ya lo han señalado varios colegas que me precedieron, el sistema de isapres, si bien aparecía como un muy buen modelo, en el tiempo y en la práctica ha demostrado ser bastante nefasto. Y basta recordar las palabras del ex Presidente de la Asociación de Isapres, quien manifestó que ellos no podían mantener en sus registros a gente que estaba enferma porque eso, en el fondo, les hacía perder plata. Bajo esa concepción, se pierde un poco el sentido de lo que debieran ser estas instituciones, que tendrían que estar más ligadas a la protección de la seguridad social en forma integral.
Y, claro, el proyecto de ley que hoy día discutimos es más bien tangencial respecto de lo que debiera ser una reforma concreta al sistema de isapres.
Lo que se busca a través de esta iniciativa es permitir que los afiliados de las isapres, dentro del marco establecido, regulado en la ley, dispongan libremente, y en línea, de los excedentes de sus cotizaciones y, a la vez, que opten por cómo utilizarlos en forma libre.
La ley vigente, como ya se ha mencionado, establece ciertas condiciones para el uso de excedentes: si el valor del plan más el precio de la prima GES es menor al 7 por ciento de cotizaciones obligatorias, se genera una diferencia positiva a favor del usuario, la cual se va acumulando en una cuenta de carácter individual y que teóricamente es de libre disponibilidad.
Ya se ha señalado que el caso más complejo se vio el año 2017 producto de lo que ocurrió con la cancelación del registro de la Isapre Masvida, en que casi cien mil cotizantes quedaron con sus fondos atrapados, sin que hayan podido utilizarlos; ello, a raíz de la insolvencia de la isapre.
En esa oportunidad, con la intervención de la Superintendencia de Salud, se determinó que los excedentes acumulados no se podían asignar libremente, pues, en la práctica, lo que han hecho las isapres ha sido celebrar convenios con cadenas de farmacias, clínicas o centros médicos, en virtud de los cuales al usuario se le permite utilizar estos excedentes para pagar ciertas prestaciones. Concretamente, el cotizante puede recurrir a una red en convenio con la isapre a fin de poder utilizar los excedentes y aplicarlos directamente en una prestación, por ejemplo, en la realización de exámenes médicos. Pero cuando no hay convenio la persona debe pagar en forma directa la prestación y posteriormente solicitar el reembolso a la isapre, la que cuenta con dos días hábiles para determinar si acepta o no esa acción.
Además, muchas veces ha ocurrido que las propias isapres han ido celebrando convenios con determinadas farmacias, obligando a sus cotizantes a comprar en ellas, lo que también afecta la libre disponibilidad que establece la ley.
Para corregir esta situación, que es bastante anormal, se presentó este proyecto de ley, que lo que hace es imponer a las isapres la obligación de habilitar un sistema en línea que les permita a los afiliados verificar cuáles son exactamente sus excedentes. Porque en diversas oportunidades, cuando concurren a una farmacia, o esta no tiene sistema o les dicen que no pueden acceder a la información.
Con esto, lo que se busca es que los afiliados libremente, dentro de las alternativas que establece la propia normativa en el artículo 188 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, puedan utilizar sus excedentes.
Cabe mencionar que el citado artículo señala que los excedentes se pueden utilizar para cubrir cotizaciones en caso de cesantía; para copagos; para financiar prestaciones de salud no cubiertas por el contrato; para pagar cuotas de los préstamos de salud que la isapre hubiere otorgado al afiliado; para enterar cotizaciones adicionales voluntarias; para financiar un plan de salud cuando el afiliado reúna los requisitos que la ley establece para pensionarse.
Este proyecto de ley -como manifesté-, si bien no es una gran reforma, sí permitirá que las isapres habiliten un sistema que posibilite verificar a los cotizantes sus excedentes en línea y poder utilizarlos libremente. Por cierto, esto constituye una mejora al actual sistema, dado que se podrá disponer de los excedentes de manera libre y en forma efectiva, pudiendo el afiliado a la isapre saber cuánto tiene y dónde gastarlo.
Por esas razones, voy a votar a favor de este proyecto.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador Iván Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Ministro del Interior, voy a hablar muy cortito, para que usted pueda llevar adelante su proyecto, que es muy importante.
Señor Presidente, lo que sucede es que no puedo dejar pasar algo que se ha dicho acá.
¡La verdad es que yo veo un nivel de hipocresía total! ¡Hipocresía total!
Y en eso vamos a estar de acuerdo con el Senador amigo de Maduro.
Quiero decirles por qué encuentro que es un exceso de hipocresía: porque aquí se intenta demonizar a las isapres.
¡Yo no estoy defendiéndolas!
Pero ¿por qué hablo de hipocresía? Porque aquí se ha dicho que ¡son lo peor del mundo! Se ha dicho que le hacen un daño a la salud.
¡Y, curiosamente, todos los que hablan en contra, salvo un Senador, el del Frente Amplio, quien es el único que está en Fonasa, se encuentran en isapres!
Ha sido consecuente usted, Senador Latorre, que tiene su mano en alto. ¡Es el único! Además del Senador Navarro, porque ¡él sabe de salud, ya que ha aprendido mucho en Venezuela...!

El señor NAVARRO.- ¡Son treinta años en Fonasa!

El señor MOREIRA.- ¡Lleva treinta años en Fonasa!
¿Y cuántos años apoyando la dictadura de Venezuela?
Pero ese es otro tema.

El señor SANDOVAL.- Es algo complementario.

El señor MOREIRA.- Es un complemento, una ironía.
Sin embargo, lo que quiero decir de verdad es que las isapres han cumplido un objetivo para un amplio sector de chilenos que pueden pagarlas.
¡No me vengan a decir que la salud que entregan es mala, cuando los propios Senadores y altas personas de la política mantienen a toda su familia en las isapres! ¡Entonces, seamos consecuentes!
¡Nadie tendría a un hijo, a un familiar en una isapre si ellas fueran horrorosas!
¡Sí! Sí estoy de acuerdo en que ha habido muchos abusos. Pero también quiero decir que esos abusos ¡no se corrigieron durante veinte años de la Concertación y de la Nueva Mayoría, teniendo los votos en el Congreso para aprobar lo que querían! ¡Y no lo hicieron!
Entonces, ¡no rasguemos vestiduras hoy día!
Las leyes largas que se piden son extensas y al final no se aprueban. Yo prefiero este tipo de normativas que son acotadas, que sirven.
Un señor Senador decía que esto era marginal. No creo que sea marginal recibir un excedente de 100, 120 mil pesos o quizás más para los cotizantes que poseen sueldos menores.
Entonces, las cosas en que nos equivocamos, que como sociedad política no corregimos en el pasado, permitiendo que las isapres ganaran sin límites, afrontémoslas hoy día: controlemos las cosas, legislemos. Pero no puede ser considerado marginal el paso que se está dando.
Yo estoy de acuerdo con este proyecto, porque es verdad: cuando alguien no paga la isapre, tenemos mil llamados, mil mails para que uno vaya a cancelar. No obstante, se le olvida a la isapre recordarles a sus usuarios que poseen una cantidad de recursos en excedentes.
Y, curiosamente, no sé si habrá alguna maldad -no quiero pensar mal-, pero dicha información llega como spam. Cuando se trata de decirle a una persona que debe cobrar un excedente, los mails figuran como spam.
Por lo tanto, cuando hablamos de abuso, cuando hablamos de que se violan algunas garantías constitucionales, bueno, esos mismos señores que se sienten violentados porque la Constitución no se respeta ¡mantienen a toda su familia en excelentes planes de isapres!
¡En la vida la consecuencia es una de las cosas más importantes!
Aquí hay dos parlamentarios que han estado toda su vida en Fonasa y eso se valora, ya que son consecuentes con lo que creen.
Yo creo que las isapres han sido un avance.
Sí han cometido abusos y hay que corregirlos, hay que censurarlos; pero vayamos paso a paso con estas propuestas legislativas. Y esperamos que con la nueva reforma a las isapres, que está llevando adelante el Gobierno, hagamos justicia con la salud.
Si queremos una mejor salud para los chilenos, más digna, debemos mejorar la gestión.
No me cabe la menor duda de que al final del Gobierno del Presidente Piñera la evaluación va a ser mucho mejor que la de las Administraciones anteriores.
Por eso anuncio mi voto a favor, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, este proyecto, que fue presentado a través de una moción parlamentaria amplia, transversal y aprobado con una vasta mayoría en la Cámara de Diputados, tiene como idea matriz permitir a los afiliados de las isapres, dentro del marco establecido, regulado y aceptado por la ley, disponer libremente y en línea de sus excedentes de cotizaciones, así como optar en forma libre en cuáles prestadores emplear dichos excedentes. El texto consta de un artículo permanente y uno transitorio.
La iniciativa busca permitir a los afiliados de isapres que dispongan de sus excedentes de cotización.
Actualmente, existe un monto establecido por el Ministerio de Salud, a partir del cual tienen que devolverse estos excedentes al afiliado. Pero bajo cierto monto quedan retenidos en la isapre y solo se pueden utilizar en prestaciones de salud y medicamentos en farmacias con convenio.
Creo que es un proyecto de ley que intenta regular los abusos de las isapres y va en la dirección correcta.
Sin embargo, la discusión de fondo -y es parte de lo que se ha comentado acá, en la Sala, señor Presidente- se relaciona con cómo en Chile superamos esta lógica de los seguros individuales y pasamos a una lógica de seguros colectivos de salud; de seguros universales y solidarios, en que todos cotizamos nuestro 7 por ciento de manera solidaria: los sanos ayudamos a financiar a los enfermos; los jóvenes, a los adultos mayores, independiente de cuánto percibamos. Obviamente, los que ganamos más dinero podemos aportar solidariamente a quienes ganan menos, ya que todos en algún momento de la vida vamos a necesitar del sistema de salud.
Por lo tanto, esto no puede ni debe depender de planes individuales, de esta lógica de privatización de la salud en que las mujeres son castigadas por las isapres; las que se encuentran en edad fértil son castigadas por las isapres; los adultos mayores, cuando más necesitan del sistema, también son castigados. Asimismo, vemos que hay abusos reiterados que se encuentran permanentemente judicializados por la misma ciudadanía ya cansada de ellos, pues existe una industria que lucra con la salud y que además presenta integración vertical.
Creo que no puede seguir ese esquema, muy propio de un modelo neoliberal, que privatiza todas las esferas de la vida y particularmente algo que debe ser entendido como un derecho social, como es la salud.
Deberíamos ya en pleno siglo XXI tener un nuevo contrato social, en el que entendamos la salud como un derecho social y la financiemos solidariamente con nuestra cotización, obviamente complementada con impuestos generales para financiar de manera basal un sistema que sea pertinente, de calidad en todos sus niveles (sector primario, secundario, terciario, hospitales, etcétera) a lo largo del país.
Otra situación que se produce en este ámbito es el déficit de profesionales en la atención primaria. Por ejemplo, basta recorrer la Región de Valparaíso para darse cuenta de que prácticamente no hay médicos chilenos en el sistema de atención primaria, solo profesionales extranjeros. Porque los médicos chilenos están siendo formados para atender en el sector privado, en su consulta privada, en la clínica privada, finalmente, en todo este sistema lucrativo donde se entiende la salud como una mercancía, como un negocio.
Por lo tanto, este proyecto de ley va en la dirección correcta. Yo lo voy a aprobar, señor Presidente.
No obstante, creo que es solo una regulación de ciertos abusos que permite en una lógica individual que los afiliados usen los excedentes. Pero insisto en que la discusión de fondo radica en cómo avanzamos hacia un seguro único, universal, social y solidario de la salud.

El señor HARBOE.- Abra la votación, señor Presidente.

El señor DE URRESTI.- Me han pedido abrir la votación.
¿Habría acuerdo para ello?

El señor NAVARRO.- No.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que muchos hablan con propiedad de dictadura.
Yo podría referirme a la dictadura de las isapres, señor Presidente.
Lo que estamos haciendo ¡no es una gran reforma!
Estamos planteando que nos entreguen información: que implementen un sistema en línea para saber cuántos excedentes tienen los afiliados por costos menores al 7 por ciento de su prestación de salud.
Si esta es una reforma que viene solo a clarificar que nos entreguen información, ¡creo que estamos profundamente equivocados!
Primero, es una falacia que es de libre elección. ¡Nunca lo ha sido!
El artículo 188 define seis modos -comillas- de la libre elección -¿alguien cree que la libertad tiene un número finito: 6?-: cesantía, copago, prestaciones no cubiertas, pago de cuotas de préstamos a las isapres, financiamiento de un plan de salud. Es decir, la plata queda donde mismo.
Entonces, no hablemos de libre disposición, porque estos fondos no tienen esa condición.
Y cuando observo que se ha presentado una indicación que, según se señala en el informe, "admite la posibilidad, en el caso de que el afiliado no hubiere utilizado sus excedentes durante el año, de que le sean devueltos mediante un cheque", entonces, yo les pregunto a los miembros de la Comisión de Salud: ¿se admite la posibilidad o se asegura el derecho de los afiliados a recibir un cheque anual con los excedentes?
Porque, si me quieren hacer votar la posibilidad de que se devuelvan esos excedentes, no engañemos a los afiliados y digámosles francamente: "La Superintendencia de Salud va a fallar que se les pueden devolver los fondos y no gastarlos dentro de las mismas prestaciones que hace la isapre".
Sería bueno aclarar aquello, porque los miembros de la Comisión dicen: "La propuesta admite la posibilidad, en el caso de que el afiliado no haya ocupado todos sus excedentes, de que estos sean devueltos".
Señor Presidente, yo he estado en Fonasa durante toda mi vida, desde mis primeros y tiernos trabajos, a muy temprana edad, y nunca me he cambiado de fondo, porque pienso que ahí existe un concepto de solidaridad. En las isapres no existe la solidaridad, sino el lucro. Son un sistema privado, que muchos han elegido, capaz de resolver problemas para las personas de altos ingresos. Sin embargo, cerca del 80 por ciento de los chilenos están en Fonasa.
Y espero que pronto podamos discutir en este Senado la reforma al Fonasa, toda vez que el sistema nacional de salud cubre al 80 por ciento de la población y recibe un aporte menor al que se le entrega al sistema privado.
Ese es el tema de fondo.
Si hoy día les decimos a las isapres: "Por favor, infórmeme en línea para saber cuánta plata tengo", es como si le pidiéramos al banco "infórmeme cuál es mi saldo".
Es decir, debe ser un derecho del usuario siempre el tener acceso a la información de sus excedentes. ¡No es nada nuevo! Lo que estamos haciendo es absolutamente ínfimo en relación con lo que debiéramos hacer con las isapres. No estamos agregando ningún derecho nuevo para los afiliados.
¡Derecho a la información! ¡Gástese unas lucas, ponga en línea la información y dígales a sus usuarios cuánta plata tienen de excedente!
¡Son 82 mil millones de pesos, señor Presidente! ¡Un millón cien mil afiliados originan una cifra cercana a los 82 mil millones de pesos hoy día!
La pregunta que yo quiero hacerle...
¿Está el Ministro de Salud? ¿O no?

El señor COLOMA.- No, no está.

El señor NAVARRO.- Están el Ministro del Interior, que no va a poder responder mi pregunta, y el Subsecretario...

El señor MOREIRA.- Pero el Senador Quinteros es el Presidente de la Comisión y puede responder sus preguntas.

El señor NAVARRO.- ¡No! ¡Este tema le importa un comino al Ejecutivo!
El Ministro de Salud no se toma ni la molestia de venir a discutir este proyecto, ¡porque es absolutamente mediocre, señor Presidente! O sea, ¡un ínfimo proyecto!

La señora EBENSPERGER.- ¡El proyecto lo pusieron en tabla en la reunión de Comités!

El señor MOREIRA.- ¡A las 3!

La señora VON BAER.- ¡El Ministro nunca supo que se iba a discutir este proyecto!

El señor NAVARRO.- Entonces, podríamos preguntarle al señor Ministro de Salud si la Superintendencia va a devolver la plata o no, para que podamos decirles a los afiliados que es efectivo que les van a devolver sus excedentes. Porque lo que el proyecto de ley dice es que dicho organismo establecerá una forma de carácter general para que esos dineros sean devueltos.
¡No hay certeza jurídica! ¿Cuál va a ser la resolución de la Superintendencia de Salud?
Y no hay nadie del Ministerio de Salud presente en la Sala para que dé cuenta de esto...

La señora VON BAER.- ¡El Ministro ni se enteró de este proyecto!

El señor SANDOVAL.- ¡El proyecto lo pusieron sobre tabla! ¡No estaba en la tabla!

El señor NAVARRO.- ¡Es que la Derecha, señor Presidente, cuando estaba en la Oposición tenía una actitud dura!
El Senador Coloma y otros colegas...

El señor COLOMA.- ¡Ahora salí yo...!

El señor NAVARRO.- ... eran durísimos para exigir la presencia de los Ministros. ¡Pero ahora, cuando sus Ministros no hacen la pega y no vienen a la Sala del Senado, los defienden!
¡Eso sí que es doble estándar, señor Presidente!
Yo exijo la presencia del Ministro de Salud en este pinche proyecto que no le pone nada nuevo a los derechos de los usuarios. Es su plata y no sabemos cómo se la van a devolver.
Me abstengo, señor Presidente.

El señor COLOMA.- ¡El especialista en doble estándar...!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Hago presente que este proyecto se puso en tabla hoy por acuerdo de los Comités.
Lo señalo para los efectos de explicar por qué el Ministro no estaba notificado.
El señor MOREIRA.- ¡Gracias por su seriedad, señor Presidente!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto.
Tiene la palabra el señor Secretario,

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (37 votos a favor y 1 abstención), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Navarro.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Lagos, Girardi y Huenchumilla.




TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN PERSECUCIÓN DE CONDUCTAS TERRORISTAS


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.589-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 13ª, en 24 de abril de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 34ª, en 17 de julio de 2019.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El principal objetivo de esta iniciativa es permitir la utilización de las técnicas especiales de investigación dispuestas en el artículo 226 bis del Código Procesal Penal en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que, no obstante ser un proyecto de artículo único, propone a la Sala discutirlo solamente en general con el objeto de otorgar a los señores Senadores que no participaron en su análisis la oportunidad de perfeccionarlo y enriquecerlo con ocasión del segundo informe.
El referido órgano técnico aprobó la idea de legislar por mayoría de votos. Se pronunciaron a favor los Senadores señores Allamand, Harboe y Pérez Varela y votaron en contra los Senadores señores De Urresti y Huenchumilla.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 63 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe, Presidente de la Comisión de Constitución.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, el proyecto de ley que me corresponde informar y que ahora consideramos tiene su origen en un mensaje del señor Presidente de la República y su idea matriz es permitir la utilización de las técnicas especiales de investigación, dispuestas en el artículo 226 bis del Código Procesal Penal, para la persecución de conductas que la ley califica como terroristas.
Se trata, entonces, de una modificación estrictamente procesal, que no entra en las calificaciones consideradas en dicho cuerpo legal.
Dichas técnicas especiales comprenden la aplicación de mecanismos tales como la interceptación telefónica, la utilización de agentes encubiertos o agentes reveladores y las entregas vigiladas, entre otras, para una persecución eficaz de ciertos delitos.
A modo de síntesis, en la fundamentación de esta iniciativa el Ejecutivo hizo presente que hoy en día el ordenamiento jurídico ya consagra dichas técnicas para combatir el narcotráfico, las infracciones a la Ley de Control de Armas, algunos tipos de robos (robo con fuerza y con violencia, entre otros) e, incluso, algunos accidentes de tránsito.
Además, el Ejecutivo indicó que con esta reforma se daría cumplimiento a obligaciones impuestas a nuestro país en diversos instrumentos internacionales.
Sobre la base de estas consideraciones, el proyecto propone dos modificaciones al artículo 226 bis del Código Procesal Penal para permitir la utilización de las técnicas especiales de investigación ahí dispuestas en la pesquisa de conductas que la ley califica como terroristas.
Así, para la indagación de tales hechos, el Ministerio Público, previa autorización judicial, podría utilizar las medidas de interceptación de comunicaciones telefónicas; la fotografía, la filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos; la grabación de comunicaciones entre personas; las entregas vigiladas y controladas; los agentes encubiertos e informantes, y los agentes reveladores.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizó este proyecto contando con la participación del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, del Defensor Nacional (S) de la Defensoría Penal Pública, del General Director de Carabineros de Chile y del Director General (S) de la Policía de Investigaciones de Chile, además de otras autoridades pertenecientes a las instituciones antes señaladas.
Asimismo, se recibió en audiencia al profesor de Derecho Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Raúl Núñez, quien, entre otras observaciones, postuló que de aprobarse este proyecto resultaría más adecuado efectuar las enmiendas planteadas a la ley N° 18.314, para una mejor técnica legislativa. En efecto, de esa forma, dijo, se evitarían sucesivas remisiones a diversos cuerpos legales y se precaverían eventuales contradicciones normativas con lo consignado por el número 3 del inciso primero del artículo 14 de la ley N° 18.314, que contiene una regulación similar.
Además, señaló que tampoco es adecuada una simple remisión a las medidas intrusivas que contempla la ley N° 20.000, puesto que no todas las figuras allí instituidas son "exportables" a la indagación de conductas que poseen caracteres de terroristas, particularmente las entregas vigiladas o controladas.
En el mismo orden de ideas, se tuvo a la vista la proposición que efectuó la Defensoría Penal Pública, que recomendó adoptar ciertas precauciones para que no se lleve a efecto el denominado "fraude de etiqueta"; es decir, que no se utilicen las herramientas investigativas correspondientes a delitos terroristas para fundar formalizaciones, acusaciones o condenas por ilícitos comunes.
De igual manera, se analizó con algún detalle el funcionamiento del sistema de interceptaciones telefónicas y se requirió información al Ministerio Público sobre la manera en que se ha dado cumplimiento a la normativa del Código Procesal Penal que regula su procedencia y las formas de operación. Por otra parte, se destacó la pertinencia de efectuar una revisión más acabada de las normas estatutarias que regulan la organización y las atribuciones de las instituciones policiales y del Ministerio Público, en orden a enfrentar de manera decidida los hechos irregulares en que se han visto involucrados últimamente varios de sus funcionarios.
Finalmente, se consideró conveniente examinar de forma pormenorizada el sistema de control judicial de las solicitudes de concesión de técnicas especiales de investigación por parte de los fiscales, con el objetivo de transitar de un control formal a uno de naturaleza material que permita verificar periódicamente que el Ministerio Público y las policías están haciendo un uso correcto de las normas que regulan la respectiva medida intrusiva.
Debo hacer presente que el proyecto de ley en discusión no concitó el consenso unánime de los miembros de la Comisión. En efecto, tal como consta del informe que se ha puesto a disposición de la Sala, los Senadores señores Allamand, Pérez y quien habla concurrimos con nuestros votos a aprobar esta iniciativa. Por su parte, los Senadores señores De Urresti y Huenchumilla manifestaron su voto en contra, por las razones que se recogen en el informe que está a disposición de todos los Honorables Senadores y Senadoras.
Por último, la Comisión prefirió pronunciarse solamente sobre la idea de legislar y propone a esta Sala que proceda de la misma manera; es decir, solo votando en general. En el evento de que se apruebe este proyecto, se sugiere abrir un espacio de tiempo para el estudio de las modificaciones que se han sugerido y otorgar a los señores Senadores y Senadoras que no participaron en su análisis la oportunidad de perfeccionar y enriquecer la iniciativa con ocasión del segundo informe.
Es cuanto puedo informar en esta oportunidad.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, creo que es fundamental lo que nos plantea el Senador Harboe, en cuanto a que nos detengamos a trabajar en el proyecto con mucho cuidado, sobre todo quienes no hemos tenido la suerte de estar en la Comisión y en su análisis.
Pero, sin duda, es un gran precedente el que podamos discutir la materia. Y, como legisladores, no debemos tener miedo ante la realidad del terrorismo no solo a nivel nacional, sino también internacional.
El terrorismo es una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Los grupos terroristas han modificado sus métodos de organización y funcionamiento, intentando aprovechar obviamente las debilidades de los Estados y recurriendo a las tecnologías de la información modernas (internet, redes sociales y mensajería encriptada, entre otros). Lo anterior evidentemente aumenta el impacto de los atentados y hace mucho más difícil su persecución. Estos grupos aprovechan la existencia de zonas en algunos países que escapan al control de las autoridades públicas.
Lamentablemente, debo mencionar que estos "refugios seguros" existen en Chile, en mi Región, específicamente en Temocuicui, un sector que no fue censado, en el que no ingresan Carabineros y en el que con dificultad pueden entrar funcionarios municipales. Esta es una realidad que se vive en la Región de La Araucanía. Habiendo un gran número de familias mapuche que no están vinculadas a esta situación, no puedo decir con certeza que en Temocuicui existe terrorismo. Pero claramente es un refugio seguro para quienes quieren delinquir, de tal manera que hay muchos hechos de violencia, sobre todo robos, que han sido vinculados a la zona, y en algunos casos han sido descubiertos principalmente como delitos comunes.
Por lo tanto, la incapacidad que han tenido los fiscales en nuestra región ha permitido que de 270 casos de atentados que hubo en 2018 solo un 2 por ciento de ellos hoy tenga responsables.
Es probable que esta incapacidad esté vinculada -seguramente no es el único motivo- a la falta de inteligencia policial y de herramientas de persecución, que en gran medida han hecho fracasar una serie de causas donde se pretendía condenar bajo la ley que sanciona conductas terroristas.
En ese contexto, deseo señalar respecto a los ataques en la Región de La Araucanía que solo en 2019 se han hecho más de 150 denuncias por hitos violentos, con 50 atentados incendiarios en lo que va del año, 32 usurpaciones y 25 amenazas. Hitos absolutamente en alza, con un 503 por ciento más que el año 2018, incremento respecto de igual período el año pasado, lo cual evidentemente complejiza la situación productiva, social; y nos aleja de una paz que no hemos podido alcanzar quienes vivimos en La Araucanía.
Los ataques que hoy estoy resumiendo están vinculados a parceleros, contratistas forestales, brigadistas forestales, transportistas, empresas y familias, evidentemente.
Se concentran en las zonas de Ercilla, Victoria, Collipulli y en otras comunas. Las menciono porque es necesario visibilizar el dolor de las familias que habitan dichas comunas.
El solo hecho de que tengamos 150 denuncias en los meses que van del año no es un tema menor. Por lo tanto, como Senadora de mi Región, tengo la obligación de decir que es un avance el que hoy día al menos estemos apoyando la idea de legislar.
Santiago tampoco ha estado alejado de esta realidad, aunque no es comparable con lo que sucede en la Región de La Araucanía. Pero ya han sucedido situaciones como las que hemos visto en las últimas semanas.
Para finalizar, solo quiero decir que es fundamental avanzar en establecer mecanismos que permitan perseguir el terrorismo, desarticular organizaciones y el crimen organizado. El terror en la población es invalidante y no es aceptable que estas herramientas sean utilizadas como formas de presión en una sociedad democrática con tal avance en muchos ámbitos del desarrollo de nuestro país.
Yo les pido, en nombre de la Región de La Araucanía, que tengamos la apertura y la valentía para al menos aprobar la idea de legislar, sabiendo que debemos mejorar muchas cosas del proyecto. Pero considero que todas las personas que han sufrido atentados terroristas en la región merecen la oportunidad de que al menos se pueda analizar la iniciativa.
Voto a favor, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, he escuchado atentamente la intervención de la Senadora Aravena, y la verdad es que ella pone el punto donde corresponde: esta iniciativa de ley, que es de artículo único, claramente está orientada a lo que ocurre en La Araucanía.
Creo que simplifica mucho este debate el planteamiento que ha hecho hoy día la señora Senadora; por lo tanto, debiéramos enfocarnos en ello.
Estamos discutiendo hoy un proyecto cuya tramitación el Gobierno ha acelerado producto del deleznable atentado ocurrido en una comisaría de Huechuraba y el envío de una bomba a las oficinas de un ex Ministro de Interior. Todo ello, el 25 de julio recién pasado. Hace doce días.
Doce días y aún no tenemos resultados, personas detenidas ni mayores avances en la investigación. Lo que sí ha habido, por cierto, es un Gobierno que, con mucha elocuencia, ha interpelado a este Senado para que aprobemos la presente iniciativa de artículo único, como si ese solo hecho fuera a ayudar a aplacar el dolor de las víctimas o a obtener justicia.
Es imposible, señor Presidente, no recordar otro atentado: el ocurrido el 8 de septiembre de 2014 en el subcentro de la estación del Metro Escuela Militar en Las Condes, que ha sido catalogado como el más grave ataque terrorista de las últimas décadas.
En esa ocasión, a los diez días ya teníamos tres detenidos; entre ellos, la persona que finalmente fue condenada. Ello, porque tuvimos un Gobierno -y un Ministerio del Interior- que, en vez de culpar a otros Poderes del Estado o deslizar posibles apoyos del extranjero sin mayor fundamentación, se dedicó a hacer su trabajo y a coordinar desde el primer minuto a todo el aparato persecutor.
Al día siguiente de esos hechos, la Presidenta de la República convocó a un Consejo Operativo de Seguridad, integrado por los Ministros del Interior y de Justicia de la época, así como por las máximas autoridades del Ministerio Público, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de la Agencia Nacional de Inteligencia. Incluso, peritos de Carabineros se reunieron con agentes del FBI especialistas en materia terrorista.
Por el contrario, al día siguiente de lo ocurrido hace dos semanas, la decisión del Presidente de la República fue realizar una conferencia de prensa en el sitio del suceso, lugar desde el cual comenzó la ofensiva del Gobierno al Congreso para presionar por la aprobación de esta modificación a un artículo procesal, que luego fue complementada con fuertes críticas hacia el Poder Judicial.
Esto último es particularmente problemático, pues no son los jueces los llamados a combatir la delincuencia. Estos se ocupan de conocer los asuntos sometidos a su decisión, aplicando la ley sobre la base de la prueba que se rinda en juicio. Por ende, no son ellos los encargados de diseñar políticas públicas en materia de seguridad.
La conclusión al comparar ambos eventos resulta evidente: invirtiendo más tiempo en hacer la pega y menos en responsabilizar a otros, se logran resultados efectivos.
La pregunta que me hago es la siguiente: ¿Cumplirá esta "Ley corta" -más bien dicho, este artículo procesal-, separada de la norma legal que nos permitiría debatir cuestiones de fondo sobre terrorismo, el verdadero objetivo de combatir eficazmente actos como los ocurridos hace dos semanas en Santiago?
La respuesta la dio la propia vocera de Gobierno, precisamente el día antes de la presentación de este proyecto al Senado, al señalar en una entrevista lo siguiente: "Esperamos que la Nueva Mayoría lo apruebe, creemos que acá se necesita entregar herramientas a los fiscales y a Carabineros para poder detener y encarcelar a quienes están usando la violencia en toda la zona de La Araucanía".
Por eso no me sorprenden las declaraciones de la Senadora Carmen Gloria Aravena.
El artículo único propuesto, que solo busca entregar al Ministerio Público algunas herramientas investigativas que ya existen en las indagaciones sobre control de armas, tráfico de drogas y algunos ilícitos contra la propiedad (interceptación de comunicaciones telefónicas, entregas vigiladas, agentes encubiertos e informantes regulados por la ley Nº 20.000, y agentes reveladores), tuvo como objetivo político y comunicacional dar otra señal más de mano dura en la Región de La Araucanía, donde la Ley Antiterrorista ha sido absolutamente ineficaz y su persistente aplicación por parte de todos los gobiernos ha sido cuestionada por diferentes organismos internacionales, producto de su invocación selectiva a grupos determinados de la sociedad, particularmente a comunidades mapuche.
En esta discusión hemos partido al revés. Lo correcto y oportuno, aunque tengamos diferencias legítimas al respecto, es debatir sobre el fondo de una ley antiterrorista nacida en plena dictadura, con fines absolutamente ajenos al control y sanción del terrorismo en un Estado democrático, y que en democracia solo ha tenido cambios menores, como aquellos realizados por las "Leyes Cumplido" o la modificación impulsada por el Presidente Piñera en su primer Gobierno, cuando eliminó la presunción.
No corresponde seguir parchando una ley que tuvo como objetivo principal darle más herramientas al Estado para exterminar al enemigo político interno, como se entendía en esa época a un grupo de compatriotas.
De ese nivel estamos hablando.
También cabe preguntarse si es procedente seguir entregando atribuciones al Ministerio Público y a las policías, sabiendo que los resultados no han sido precisamente los esperados. El panorama actual tanto en la Fiscalía como en las fuerzas policiales no es el mejor, y en el último tiempo hemos podido observar la ocurrencia de escandalosas situaciones (como la disputa entre dos persecutores en Rancagua), bien conocidas por la opinión pública, por lo demás. También tenemos que recordar hechos gravísimos ocurridos en la Región de La Araucanía, como la Operación Huracán y otras situaciones acaecidas con anterioridad, como las investigaciones de los casos Catrileo, Mendoza Collío, entre otros.
Desde el año 2001 a la fecha, han existido más de ciento veinte imputados por delitos terroristas, verificándose únicamente tres condenas. Algo así como un 2 por ciento de efectividad.
Bajo esa lógica, independiente de la discusión acerca de la pertinencia de extender o no estas técnicas de investigación, es necesario previamente tener claridad acerca de qué se entiende por "acto terrorista", ya que actualmente tenemos una falencia en nuestra legislación, pues contamos con una definición que genera dificultades en su aplicación.
Lo anterior ha sido constatado tanto por la doctrina -así les consta a todos los Senadores miembros de la Comisión de Constitución- como por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en informe emitido el año 2010 manifiesta que "se mantienen en vigor los problemas de amplitud, vaguedad, imprecisión y falta de diferenciación con otros tipos penales", con lo cual queda la distinción entre el delito común y el terrorista a la completa discrecionalidad del juez en cada caso concreto, afectándose con ello el principio de legalidad y tipicidad, propios del Derecho Penal, así como también diversas garantías procesales.
Del mismo modo, el año 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por violar el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia. Señaló: "El Estado debe adoptar todas las medidas judiciales para dejar sin efecto las sentencias penales condenatorias emitidas", condenas que recaían contra comuneros mapuche por terrorismo.
Es un imperativo que tengamos -en esto hay que ser claro, y la Oposición lo ha dicho con todas sus letras- una ley antiterrorista moderna, eficiente y eficaz, que se adecúe a los estándares de derechos humanos que exige el mundo moderno y que responda a los desafíos que impone la era de la ciberseguridad.
Es absolutamente evidente que este proyecto no aborda el problema de fondo. Estamos frente a una reforma menor, de un artículo, que tiene todas las dificultades que ya he expresado y que busca responder a una necesidad comunicacional del Ejecutivo más que hacerse cargo de avanzar hacia una verdadera política de seguridad contra el terrorismo, en lo cual seguramente estamos todos de acuerdo.
Hago un llamado al señor Ministro y a todo el Gobierno a abandonar las consignas, a sentarnos a debatir en serio y a dotarnos como país de una ley que delimite el concepto de terrorismo sobre la base de elementos objetivos y que resguarde el Estado de derecho.
Al mismo tiempo, avancemos hacia un sistema de inteligencia robusto y aumentemos las penas a cualquier funcionario que suplante identidades, elabore pruebas falsas o desobedezca órdenes judiciales.
Necesitamos una legislación que dé garantías, que sancione con dureza y eficacia y que proteja nuestra democracia.
Los invito a debatir en serio el tema de fondo. Para eso siempre estaremos disponibles.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero dividir mi intervención en dos aspectos distintos.
El primero -me parece importante por respeto a esta Sala- es para precisar y aclarar -así me lo pidieron públicamente el Presidente del Senado y algunos Senadores- lo que señalé en una entrevista que di al diario La Tercera. Textualmente, dije: "No estamos enfrentando a un mero delincuente, sino que a organizaciones que tienen apoyo" -en ningún momento me referí a apoyo financiero- "muchas veces no solo nacional, sino que también desde el exterior".
Esa fue mi respuesta ante una pregunta con relación a la situación de los últimos atentados y a qué tipo de organizaciones estábamos enfrentando.
Dado que me emplazaron a que pudiese explicar lo dicho, específicamente me referí, dentro de distintas organizaciones, a una que se denomina "ITS", Individualistas Tendiendo a lo Salvaje.
Tal organización, a través de distintas publicaciones abiertas -por eso me referí públicamente a ellas-, que se encuentran específicamente en sus páginas web (la dirección de una de ellas es maldicionecoextremista.altervista.org) y también en una revista llamada "Ajajema", realiza una serie de comunicados en que reivindica acciones de carácter terrorista. Y lo dicen directamente así: "acciones terroristas".
Solo a manera de ejemplo, a fin de responder a la inquietud que se me hizo presente públicamente durante estos últimos días, menciono que en una de esas publicaciones se entrega una serie de informaciones bajo la forma de entrevistas a líderes locales de ITS, tanto de México como de Chile, Argentina y Brasil.
El líder de dicha organización en México señala expresamente: "Todo el mes de Abril lo dedicamos a esa coordinación de ataques, los cuales fueron:". Y luego enumera distintos atentados terroristas cometidos en dicho mes.
El 6 de abril detonó un artefacto explosivo colocado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en Santiago.
El 12 de abril un grupo ITS mexicano detonó un explosivo frente a la Universidad de Ecatepec en el Estado de México, hecho también reivindicado en esta relación sobre los ataques terroristas perpetrados en el referido mes.
El 19 de abril, también en México, un artefacto explosivo estalló en Monterrey.
El 21 de abril, en Argentina, uno de estos grupos reivindica un atentado explosivo en la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires.
Todos esos actos, según señala el mismo comunicado, fueron llevados a cabo por grupos terroristas, extremistas, de ecoterrorismo, adheridos a ITS.
Esta organización asigna a la publicación referida el carácter de oficial y en ella relata sus objetivos de abril de este año, haciendo referencia a distintos actos terroristas en México, Chile y Argentina. Ello implica una coordinación y un apoyo de este organismo de índole terrorista en dichas acciones.
En esa misma publicación, expresamente señalan lo siguiente: "Individualistas Tendiendo a lo Salvaje somos un grupo de personas anónimas con conexiones internacionales unidas para un fin delincuencial". ¡Ellos mismos se arrogan una coordinación internacional!
Al referirse a una situación que todos hemos condenado enérgicamente, como fue el atentado contra Óscar Landerretche, el líder mexicano en la mencionada entrevista señala expresamente: "Nuestras redes se extienden hasta ahora desde México hasta Chile, Argentina y Brasil". Todo esto se inició el año 2011 y se ha ido desarrollando hasta este tiempo.
Además, indica lo siguiente: "Y allí en 2016 es que inicio todo esto del proyecto internacional. Cada grupo dentro de ITS toma un nombre propio para diferenciarse, por ejemplo nosotros tomamos el nombre de `Constelaciones Salvajes'," -en México- "mientras que uno de nuestros grupos de más renombre en Chile, quienes en enero hirieron al presidente de la minera Codelco; Óscar Landerretche con su espectacular atentado con paquete-bomba, tomaron el nombre de `Horda Mística del Bosque'. En Brasil, el único grupo activo que tenemos hasta ahora se hace llamar la `Sociedad Secreta Silvestre', en México al igual que en Chile, existen varios grupos eco-extremistas".
Eso, señores Senadores, lo pueden ver en la página web a que hice mención recientemente.
En relación con el financiamiento, aspecto al que aludo nada más como referencia porque me parece que la relación es vaga, hago presente que el mismo documento señala: "Desde hace poco que unos hermanos levantaron la iniciativa de poder recibir aportes en dinero virtual, las famosas Bitcoins. Existe este proyecto de financiación que consta en que anónimos afines alrededor del orbe nos hagan llegar aportes monetarios en dinero virtual".
Todo eso está dicho en la publicación de la que les estoy dando cuenta.
Pero no se trata solo de ese texto, señor Presidente.
Posteriormente, el 9 de mayo de 2016, se publica un comunicado, también de ITS, referido a la coordinación de atentados que tienen como objetivos establecimientos universitarios y educacionales. Ahí se relata cómo se han ido colocando artefactos explosivos, coordinadamente, en universidades y centros de educación en México, Chile y Argentina.
¡Se relatan todos esos ataques!
En la página 7 de ese documento dice: "Esta coordinación internacional de los grupos de ITS contra objetivos primordiales es, solo una prueba de nuestro nivel de operatividad, de nuestros deseos de ver todo lo que tienda a la artificialidad arder y caer, estos ataques pensados en dañar, alterar y aterrorizar a objetivos universitarios y centros educativos".
¡Todo coordinado y señalado!
Además, lo firman distintos movimientos: Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Argentina), Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Chile), Horda Mística del Bosque, Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (México), Grupo Oculto "Furia de Lince" (Ciudad de México).
Finalmente, señor Presidente, está la reivindicación del atentado con artefacto explosivo contra don Louis de Grange, actual Presidente de Metro.
Señalo estos antecedentes, porque provienen de fuentes abiertas, de la página web de este organismo terrorista llamado "ITS".
Con relación a dicha reivindicación, se describe cómo se inicia: "Cruzamos la cordillera como nuestros ancestros que se movían de un lugar a otro por las sierras nevadas para hacer trueques, solo que esta vez no fue un intercambio de alimentos, pieles o ganado, en esta ocasión transamos un artefacto explosivo, así es, una bomba tipo paquete. Artilugio que fue confeccionado por un cómplice artesano de las tierras del oeste, el que, sin duda, y como ha quedado demostrado en atentados anteriores, sabe trabajar muy bien este tipo de mecanismos. ¿Qué ofrecemos nosotros a cambio por tan magna y devastadora creación?... simplemente nuestra acción.".
Es decir, al reivindicar el atentado contra don Louis de Grange, la misma organización señala que ese artefacto explosivo fue elaborado en Argentina.
Por eso, señor Presidente, en la entrevista que di al diario La Tercera manifesté que no estamos frente a delincuentes comunes, sino a una organización, como es ITS, que se ha adjudicado alrededor de diez atentados explosivos en la ciudad de Santiago; que sí actúa con coordinación; que recibe colaboración, y que es parte de una red internacional.
Quería aclarar el punto, ya que lo señalé públicamente, a efectos de hacerme responsable de aquello que opiné en dicho medio de prensa.
En segundo lugar, señor Presidente, entrando al proyecto de ley en estudio, quiero referirme a las fundamentaciones que el Gobierno tuvo a la vista para proponer esta modificación al Código Procesal Penal.
Para despejar toda duda acerca de los orígenes de las enmiendas a la Ley Antiterrorista y de si corresponde a una situación que ocurre en el sur de Chile, en La Araucanía, en Santiago o en cualquier otro lugar, hago presente que en el año 2016 la Presidenta Bachelet envió una iniciativa para reformar y modernizar la actual normativa en esta materia.
Cuando se inició el Gobierno actual, el Presidente Piñera presentó una indicación sustitutiva, en abril del año pasado, con el fin de provocar el debate en este Senado sobre las modificaciones y perfeccionamiento de la legislación antiterrorista.
En ese texto se tocaban distintas materias, pero fundamentalmente dos en términos principales: primero, una modificación al tipo penal terrorista (artículos 1° y 2° de la actual ley) para efectos de debatir y cambiar el tipo, y segundo, una enmienda al Código Procesal Penal para permitir algo que se viene discutiendo, señor Presidente, desde el año 2010: la posibilidad de incorporar, a la investigación penal de los delitos terroristas, las medidas especiales investigativas que en ese entonces se contemplaban en la Ley de Drogas y que hoy, mediante proyectos aprobados durante la Administración anterior, se encuentran en los artículos 222 a 226 bis en el referido Código.
Esas son las dos materias fundamentales del texto que presentamos en abril del año pasado.
¿Cuál ha sido el razonamiento del Gobierno frente a esta materia?
Durante el año pasado, en las distintas sesiones a las que asistimos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para analizar este proyecto, solo nos concentramos en el tipo penal terrorista, discusión de fondo y con complejidades jurídicas necesaria, por cuanto es voluntad del Gobierno abordar y sacar adelante una modernización en el tipo penal en el ámbito terrorista.
¿Cuál fue nuestra reflexión? Que, al concentrarnos todo el año, en distintas sesiones, en esa sola materia, se nos estaba alargando la tramitación del proyecto y que, como Gobierno, también teníamos la responsabilidad de enfrentar, con mejores herramientas, diferentes situaciones de carácter terrorista, especialmente aquellas en que existen fundadas sospechas de que el accionar proviene de grupos que se han reivindicado los hechos como grupos anárquicos o ecoterroristas.
Ya teníamos la bomba dirigida a Óscar Landerretche, ex presidente de Codelco; el atentado explosivo en un paradero del Transantiago, en la avenida Vicuña Mackenna, que dejó gravemente herida a una ciudadana colombiana; bombas en buses del mismo Transantiago, reivindicadas por esos grupos terroristas, y el atentado frustrado, también con bomba explosiva, muy similar a la destinada a Óscar Landerretche, al presidente del Metro, don Louis de Grange.
Por eso, en abril de este año -¡en abril de este año!-, con anticipación a la situación que vivimos hace quince días y justamente en razón de este tipo de atentados, decidimos dividir el proyecto, tal como se ha hecho en múltiples oportunidades en el Congreso, a efectos de avanzar en aquella materia que, pensamos, concita mayor grado de concordancia y necesidad, como es la reforma al Código Procesal Penal con el fin de permitir la utilización de mecanismos especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas.
Lo hicimos porque lo consideramos necesario, porque lo consideramos oportuno, y porque, lamentablemente -¡lamentablemente!-, hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de resolver distintos atentados, cuestión que, señor Presidente, resulta bastante compleja. No es fácil porque, como usted puede ver, estamos enfrentando organizaciones que tienen preparación y planificación en lo que realizan.
Por desgracia, hace quince días sufrimos dos nuevos atentados de alto poder explosivo: las bombas que se enviaron a la 31ª Comisaría de Huechuraba y al ex Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.
¿Qué queremos, señor Presidente? Que el Ministerio Público, el fiscal encargado de la investigación penal, pueda disponer de atribuciones y herramientas especiales para efectos de que su labor resulte más eficaz y, de este modo, los actos de terrorismo, que todos condenamos, no queden en la impunidad y se avance con mayor prontitud y eficacia en la identificación y sanción de los responsables.
Esas medidas, señor Presidente -el Presidente de la Comisión ya hizo referencia a ellas-, están en el artículo 226 bis del Código Procesal Penal y dicen relación con agentes encubiertos, entregas vigiladas, posibilidad de disponer de informantes y agentes reveladores, las que se unen a las escuchas y toma de imágenes contenidas en el artículo 222, que ahora sí pueden aplicarse en virtud de la exigencia de que se trate de delitos con penalidad de crimen. Pero las otras, como digo, no tienen cabida en la actualidad.
¿Cómo se pueden usar, señor Presidente? De acuerdo con las garantías procesales establecidas hoy en el Código Procesal Penal. ¡Exactamente las mismas! El fiscal, para instruir la medida, debe contar con autorización previa del juez de garantía; debe pedirla cuando la investigación la hiciere imprescindible o existieren fundadas sospechas de la participación en una asociación ilícita o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas. Es decir, con las mismas garantías procesales que hoy ya existen en el Código.
Señor Presidente, actualmente, por aprobación de este propio Congreso, ni más ni menos que en el Código Procesal Penal, ya disponemos de tales atribuciones. ¿Pero saben para qué tipo de delitos las tenemos?
Están contempladas:
En una ley especial para combatir el narcotráfico. ¡Indispensable!
En una ley especial para combatir el lavado de activos. ¡Muy importante!
En una ley especial para investigar los delitos sexuales contra menores de edad.
Además, el Código Procesal Penal establece expresamente que el fiscal puede disponer medidas de investigación especial cuando se trate de hurto de cosas que forman parte de los suministros o servicios públicos. ¡Hurto! También, en el caso de falsedades relacionadas con el otorgamiento de licencias, patentes y padrones de la Ley de Tránsito; en el caso de robo con fuerza en los cajeros automáticos; en el caso del delito de receptación; en el caso de robo en lugar habitado o no habitado; en el caso del robo calificado (robo con intimidación); en el caso de los delitos contemplados en la Ley de Control de Armas; en el caso del abigeato, y en el caso de robo de cables de tendidos eléctricos.
Entonces, respecto de este proyecto de ley que hemos presentado, la pregunta que surge es la siguiente, muy simple, clara y directa: ¿qué razón de lógica, qué razón objetiva, qué razón de sentido común, por qué, si están incorporadas para todos esos otros delitos, el fiscal no puede disponer de estas medidas para investigar un delito tan grave, que causa tanto daño, tanto temor, que afecta tanto nuestra convivencia, que afecta tanto nuestra democracia, como son las conductas terroristas? Si las tiene para el robo de cables eléctricos, ¿qué razón puede existir para no tenerlas en las conductas terroristas?
Señor Presidente, en esto hacemos un llamado a todos los Senadores y Senadoras. Los dos últimos Fiscales Nacionales -el anterior, don Sabas Chahuán, y el actual, don Jorge Abbott- han señalado pública y expresamente la necesidad de que estas medidas puedan ser dispuestas por los fiscales para contar con herramientas más eficaces en la investigación de delitos terroristas.
El proyecto de ley de la ex Presidenta Bachelet, presentado el año 2016, contemplaba -contemplaba, insisto- la incorporación de las mencionadas medidas para la investigación de delitos que revisten tal carácter.
Instrumentos internacionales diversos, desde resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta la Convención Interamericana contra el Terrorismo y otros tratados suscritos por Chile, señalan la necesidad de contar con ellas.
De ahí la presentación de este proyecto de ley.
No tengo la menor duda, señor Presidente, de que todos los presentes en la Sala somos fervientemente contrarios a los actos terroristas. Todos los condenamos, y todos hemos manifestado voluntades políticas transversales para efectos de modernizar y perfeccionar la ley vigente en sus aspectos de fondo. Pero, señores Senadores y señoras Senadoras, cualesquiera que sean las modificaciones a los elementos de fondo y los desafíos que nos plantee la actual legislación antiterrorista, todas las iniciativas y mociones propuestas en este Parlamento, por distintos sectores políticos, así como todas las opiniones de los involucrados, indican la necesidad de aplicar las medidas especiales contenidas en el Código Procesal Penal para la investigación de los delitos terroristas.
Por eso, y terminando mis palabras, hago un llamado al Senado a mirar este asunto como un tema de Estado. No es una cuestión de carácter político. Por eso, desde distintos sectores y desde distintos Gobiernos, hemos propiciado su incorporación. Podemos superar los problemas de técnica jurídica. Detrás de la entrega de estas herramientas, de sentido común, se evidencia la voluntad política de demostrar, en la práctica, que nuestra condena a la acción terrorista va acompañada de medidas más eficaces, en este caso para la prevención y la investigación, como son las contempladas en el Código Procesal Penal.
¿Por qué negarnos a esta modificación? Más aún: ¿por qué intentar o buscar, si alguno así lo entendiera, retrasarla, cuando hemos sufrido acciones terroristas graves en el país? ¡No cerremos los ojos! ¡Tenemos acciones terroristas graves que todos queremos combatir, que todos queremos prevenir, que todos queremos evitar! Por eso hay que fortalecer nuestro sistema de inteligencia, por eso hay que modernizar nuestras policías, pero ¿por qué no hacer hoy lo que podemos hacer ahora? Obviamente, no es algo que solucionará todos los problemas, porque debe ir acompañado de muchos otros elementos. ¡Pero podemos hacerlo ahora, podemos hacerlo hoy! Les podemos dar a nuestros fiscales, que son los encargados de la investigación penal, herramientas que les resulten más eficaces para que la acción terrorista no quede en la impunidad y podamos avanzar en las investigaciones para determinar a los responsables y así desarticular a estas organizaciones criminales.
Ese es el propósito de este proyecto, simple y claro, ¡simple y claro!: hoy, ahora, necesitamos estas medidas; hoy, ahora, queremos tener la posibilidad de combatir, unidos, con sentido de país y con mayor eficacia, la acción terrorista.
Gracias, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Tiene a continuación la palabra el Senador Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo al Ministro y al Subsecretario del Interior.
Lo que estamos discutiendo ahora es, básicamente, el fortalecimiento de nuestro Estado de derecho en una ciudad y en una situación que es particular. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y la violencia de odio se ha instalado.
Basta recordar las últimas noticias de lo que está ocurriendo en el mundo y que también se ve, en parte, en Chile. Esa violencia de odio ha ocupado las tecnologías.
Las tecnologías son neutras: si se usan para bien, le hacen muy bien a los países, pero, si se usan para mal, producen mucho daño.
¿Qué ha ocurrido, entonces? Que, con esas tecnologías, jóvenes muy aislados, como algunos en Calbuco, han sido capaces de fabricar explosivos y causar pánico y terror. Otros han sido capaces de confeccionar bombas mucho más sofisticadas, para las cuales no recibieron instrucción en centros especializados. Son, quizás, autodidactas.
Esa violencia de odio que se ha instalado se manifiesta en algo tan trascendental como el ataque a nuestras policías. Cuando ya se está viendo que los cuarteles policiales son amenazados con artefactos explosivos y que cualquier civil que haya ocupado un cargo público importante puede ser afectado, es el terror el que se está instalando.
¿Qué ocurre, entonces? Esta arma, tan efectiva, tiene que ser combatida con todos los medios disponibles. Y ahí es donde también concurre la tecnología.
Hoy, casi el 85 por ciento de toda la información que se obtiene para poder perseguir delitos y crímenes se extrae de fuentes abiertas (en inglés, open source intelligence: inteligencia de fuente abierta). Un 15 por ciento no se obtiene por otra forma que no sea con medios especiales, técnicas especiales. Y por eso es tan necesario, para perseguir el delito, cualquiera que este sea, disponer de técnicas especiales de investigación.
¿Qué discutimos, por lo tanto? Cómo fortalecer el Estado de derecho, cómo permitir que el Ministerio Público cuente con evidencia de mejor calidad para poder perseguir, y no solo eso, procesar y lograr las condenas efectivas de quienes han hecho mal uso de aquellos dones que se les ha dado.
Nuestro Ministerio Público requiere herramientas, pero también policías que estén preparadas para poder actuar en consecuencia. Y aquí viene un punto bastante importante, porque se trata no solamente de efectuar la modificación propuesta mediante un artículo único, sino también de dotar de las capacidades necesarias a las policías para que cuenten con equipamiento especializado, con instrucción y con entrenamiento.
Las interceptaciones telefónicas que se mencionan no solo son aquellas que, previa autorización del juez de garantía, se realizan a través de centrales telefónicas, sino también aquellas que se pueden obtener con equipamiento especializado. Y las policías deben contar con esta herramienta.
Las interceptaciones que se hacen a los medios electrónicos, especialmente a aquellos que se encuentran protegidos con sistemas criptográficos, las policías también deben ser capaces de trabajarlas. Y quizás este es uno de los vacíos, porque no se dice nada de las comunicaciones por internet, de la metadata, de los IP, de la información que los ISP tienen que entregar. Y por ahí fluye mucha información. Porque quienes quieren delinquir y quieren usar el arma más efectiva, el terror, van a utilizar todos los medios tecnológicos disponibles.
Por eso, nuestras policías deben ser las primeras en entrenarse, en capacitarse, y espero que este año así quede establecido en la Ley de Presupuestos. Porque uno de los recursos más importantes para precisamente poder financiar las actividades que estamos discutiendo son los gastos reservados, son aquellos gastos que se tienen que ocupar para permitirles a las policías contar con agentes encubiertos. No solamente se debe consentir que puedan operar en beneficio del Ministerio Público, bajo las órdenes de los fiscales, sino que es necesario que tengan recursos financieros, técnicos y personas preparadas.
Se requiere, además, coordinación. ¿Por qué? Porque Chile cuenta con un sistema de inteligencia. La ley N° 19.974, que precisamente hoy se estaba analizando en sesión de las Comisiones unidas de Seguridad Pública y de Defensa Nacional, se hace cargo de ello. Pero la inteligencia no es evidencia. Por lo tanto, ese trabajo solo complementa el realizado por los fiscales y los agentes encubiertos, por las policías o por aquellos que se haya definido para realizar el procesamiento penal que corresponda.
Nuestro Estado de derecho se tiene que reforzar con todos estos elementos, no únicamente con el marco jurídico que estamos discutiendo.
Hoy, lo que se busca es información oportuna que permita evitar que las tragedias ocurran.
Por lo tanto, de lo que hoy hablan la tecnología, la técnica y el arte es de las personas de interés. Y se usa este eufemismo, al menos en el sistema legal norteamericano, para no hablar ni de sospechoso, ni de blanco, ni de otros términos. Una persona de interés, a person of interest, es aquella sobre la cual puede recibirse información que ayude a encontrar a los reales actores, a quiénes están detrás.
Ahí es donde se requiere ese 15 por ciento adicional, generado por hombres y mujeres valientes capaces de introducirse en el mundo físico o virtual para obtener una información que anticipe un hecho, y -ojalá- lo prevenga, y para que, en caso de una falla, si llega a ocurrir, se cuente con la evidencia suficiente para poder perseguir, procesar y condenar a los culpables.
Ese es el ciclo completo que debemos discutir.
Por eso, no solo es importante aprobar esta modificación, sino también robustecer el sistema nacional de inteligencia.
Y, por su intermedio, señor Presidente, quisiera pedirle al Ministro del Interior, aquí presente, y al Subsecretario, que se revise la legislación sobre inteligencia nacional para fortalecer sus mecanismos y poder contar con algo que no tiene: la capacidad de inteligencia técnica, que es la que nutre y alerta a todos estos sistemas.
Si tomamos al FBI y a la CIA juntos, vemos que son más pequeños que la NSA, en Estados Unidos; el GCHQ, en Inglaterra, o el CCN, en España. Estos organismos combaten permanentemente al terrorismo, porque se están anticipando y, en la eventualidad de que llegara a ocurrir un hecho criminal, pueden perseguirlo. La evidencia, el sitio del suceso, la cadena de custodia (tanto física como virtual), la evidencia tecnológica, el delito tecnológico, deben contar con los sistemas, las capacidades, los recursos necesarios.
En consecuencia, no solo basta con aprobar esta modificación, también debemos robustecer nuestro sistema. Porque, si no, el país puede ser objeto de ataque.
Quiero recordar solamente que este año, con motivo de la APEC, tendremos a los principales Jefes de Estado de todo el océano Pacífico: más del 60 por ciento del PIB.
¡Eso sí que es una amenaza importante!
¿Está realmente preparado Chile para enfrentar estas amenazas reales de hoy en día?
¡Esa es la discusión de fondo de verdad!
Nuestro sistema se tiene que robustecer.
Debemos tener una legislación adecuada; un Ministerio Público fortalecido, con un mecanismo que les dé garantías a todos los chilenos. Y así lo hace la reforma procesal penal, que opera desde el 2005. Los jueces de garantía se encargarán de supervisar las medidas especiales que se dispongan. Y será finalmente el juez quien decida si esa prueba tiene todos los méritos para condenar a aquellos a quienes se someta a este procedimiento.
La legislación sobre inteligencia también tiene sus controles a través de los ministros de las cortes de apelaciones.
Eso le da a Chile la tranquilidad de poder vivir en paz. Una paz que se construye con gente que, de forma silenciosa, y algunas veces encubierta, está logrando que no ocurran tragedias. ¿Por qué? Porque han sido capaces de desarticular las redes del terror y la violencia.
Lo que Chile quiere es paz. No quiere odio.
Y la mejor forma de prevenirlo es precisamente diseñando un sistema que parta con una modificación legal, como la que estamos discutiendo ahora, pero que continúe con el fortalecimiento de un sistema a través de los recursos necesarios, de las capacidades requeridas y de su mantención al día.
Por eso, votaré a favor.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, primero, quiero felicitar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento por haber sugerido directamente que esta iniciativa se discuta en general, pues no creo que exista hoy la posibilidad de despachar un proyecto, por breve que sea: este es de 18 palabras, incluidas conjunciones y preposiciones.
La verdad es que no tiene la envergadura que se nos ha presentado aquí.
Es razonable que se legisle para mejorar las herramientas investigativas del Ministerio Público en cuanto a las conductas que tienen características de terroristas, entendiendo la complejidad que revisten hoy las formas comisivas de los delitos que poseen esta calidad. Eso se permite incluso en los tratados internacionales: en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo, del año 2012.
Por lo tanto, está claro. Hay argumentos para avanzar en la línea que propone esta iniciativa.
Ese no es el problema.
Conviene hacer presente -y enfatizar mucho- que avanzar solo en este proyecto de ley, sin atender los déficits y dificultades que la actual legislación antiterrorista presenta, no parece tan obvio y tan aconsejable. El Gobierno ha desplegado toda una ofensiva, y nos presenta este muy breve texto como respuesta a toda una problemática bastante más compleja.
Eso no es positivo. No consideramos correcto que, como ha ocurrido en otras ocasiones, se intente arrinconar a la Oposición, y decirle una vez más: "Si no aprueban esto, son unos antipatriotas; si no aprueban esto, no están combatiendo al terrorismo", etcétera. Porque sabemos bien que, por mucho que se quiera otorgar mayores herramientas, si olvidamos los contenidos de la Ley Antiterrorista y su aplicación práctica durante estos años, que se aparta de los estándares internacionales en cuanto a derechos humanos, estamos haciendo algo equivocado.
No nos negamos a discutir este tema, señor Presidente. A lo que nos negamos -no es que lo hagamos, en realidad, estamos disponibles también para eso- es a debatir otro proyecto sobre Aula Segura, sobre el cual tuvimos un debate hace unos meses: ¡era un articulito!, que decía que había que expulsar a los estudiantes. Al final, salió convertido en una ley que realmente era bastante más sofisticada y completa. El Gobierno -por así decirlo- se apropió de ese éxito, y nosotros le hicimos el trabajo.
¡Estamos dispuestos a ello!
Pero hacemos ver primero que organismos nacionales e internacionales han coincidido en que tenemos un déficit en materia de derechos humanos con la actual legislación antiterrorista.
El año 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia contra el Estado de Chile, que incluso obligó a nuestra Corte Suprema a invalidar, hace apenas pocos meses, sentencias condenatorias dictadas en contra de comuneros mapuches.
La iniciativa que hoy discutimos no reformula la problemática de lo que es una conducta terrorista, de su definición. No modifica los delitos que son caracterizados como tales. Tampoco se hace cargo de los déficits de eficacia de la ley que van más allá de las técnicas investigativas. No atiende las críticas que se han formulado en materia de derechos humanos. No examina el decreto de la investigación. No entra en la comunicación de los imputados, o en las prolongadas prisiones preventivas que deben cumplir los mismos que luego son absueltos o bien condenados por delitos comunes.
Por alguna razón, algo anda mal con nuestra Ley Antiterrorista y con su aplicación, cuando quemar un bus en el centro de Santiago es un delito común, y quemarlo en La Araucanía es un crimen terrorista.
Eso es lo que critican los organismos internacionales, y nosotros también.
El debate relativo al fenómeno del terrorismo está instalado en nuestro país, ¡eso es claro! Hay quienes sostienen que, en realidad, no se encuentran tantos casos como para hablar de un acto terrorista. De hecho, el señor Ministro no nos ha presentado casos, sino solo documentos que se pueden leer en Google. No tenemos ninguna evidencia.
¡El gran tema es que no tenemos inteligencia antiterrorista!
De esos títulos que nos leía el señor Ministro no conocemos a ningún autor, no hay ninguna persona que pueda ser identificada en esas actividades. No sabemos si los grupos son anarquistas, de extrema derecha, de extrema izquierda, indigenistas o nativistas.
¡No tenemos información!
Probablemente, la discusión que tuvo lugar esta mañana sobre la Agencia Nacional de Inteligencia y la necesidad de tener, de una vez por todas, una inteligencia civil, fue más importante. No debemos confiar solamente en órganos que no han sido creados para eso.
En ese sentido, señor Presidente, estamos disponibles -reitero- para discutir el tema con el señor Ministro.
¡Yo quiero votar a favor de esta ley en proyecto!
Quiero votar a favor la idea de legislar, pero quiero un compromiso claro en el sentido de que también vamos a discutir los otros temas, con plazos y fechas. Si no tenemos eso, señor Presidente, con nuestro voto estaremos abonando el permitir que siga habiendo interpretaciones que los organismos internacionales han calificado de discriminatorias y equivocadas.
¡Qué sentido tiene aprobar proyectos de ley si mañana alguien va a concurrir a un organismo de derechos humanos que le va a comunicar a los pocos años, a los pocos meses, a la Corte Suprema que debe revocar su sentencia!
¡Qué sentido tiene seguir dando palos de ciego cuando ocurren estos atentados que, ciertamente, son graves, pero que podrían serlo mucho más en virtud de la poca información de que disponemos sobre los grupos que los cometen!
Entonces, así como a nosotros se nos demanda celeridad y todo lo demás, yo pido seriedad. Yo, por lo menos, estoy dispuesto a participar en cualquier conversación en la que realmente se nos diga cuándo, cómo y en qué plazo se va a discutir una modificación a la Ley Antiterrorista que tenga todos los rasgos hermosos que se han dicho acá -que sea moderna, que se haga cargo de la situación tecnológica y todo lo que se quiera-, pero en la cual participemos todos sin entregar, simplemente, un cheque en blanco.
No dimos un cheque en blanco al Aula Segura y tampoco vamos a dar un cheque en blanco ahora, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, le quiero decir al Senador Insulza que lo que él pide para votar a favor de este proyecto de ley es lo que nosotros y el Gobierno hemos estado solicitando desde la mitad del año pasado: que podamos discutir y analizar todos los temas de seguridad ciudadana, de medidas contra el terrorismo, de inteligencia, de modernización de las Policías, cuestión que el Gobierno del Presidente Piñera asumió desde el día cero. Y ahí están las iniciativas legales; ahí están los proyectos de ley para debatirlos, para discutirlos.
Ahora, el candidato presidencial del Partido Socialista -no sé si será el único- asume que debiéramos precisar más algunos aspectos; pero yo creo que eso el Gobierno ya lo ha hecho, pues ha estado requiriendo y solicitando de manera permanente que se discutan los proyectos. Tanto es así que esta iniciativa se tuvo que dividir con el objeto de sacar algo frente a esta lucha antiterrorista.
El Gobierno ha sido extraordinariamente serio en esta materia y ha asumido en su conjunto todos los temas de seguridad ciudadana: el área de inteligencia, el combate al terrorismo, la modernización de las Policías y la adecuación de sus altos mandos. ¡Todo! Porque sabemos que tenemos déficits importantes en materia de seguridad ciudadana que hay que ir resolviendo.
No queremos contentarnos con que después de muchos años de gobernar se resuelva un caso y que en el debate tengamos que demostrar con amplitud que lo hemos hecho. ¡No! Aquí lo que verdaderamente hay que dar es seguridad a los chilenos en el sentido de que contamos con una estructura, con una institucionalidad que los va a proteger, que va a permitir el diálogo político. Porque otra crítica que se hace aquí es que esto no resuelve los temas políticos. Ninguna legislación antiterrorista en el mundo ha resuelto temas políticos. Estos se resuelven con la política. El punto es que hay que aislar a los violentistas y a los terroristas y derrotarlos para que el diálogo sea fecundo, pues si los terroristas y los violentistas se imponen es imposible el diálogo e inviable la solución política.
Por lo tanto, eso es algo que está absolutamente claro, y si alguien lo tiene clarísimo es el Gobierno del Presidente Piñera. Por lo mismo, en la Comisión de Seguridad Pública y en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tenemos sendos proyectos de ley que abordan el tema de manera integral, tal como el país lo necesita. Y, por tanto, si hoy día podemos llegar a un acuerdo para discutirlo en su integridad, ¡bienvenido sea!
Ahí debatiremos verdaderamente qué podemos considerar como acto terrorista, porque aquí se han planteado una serie de falencias acerca de la Ley Antiterrorista. Sin embargo, si fuera una ley tan mala, tan distorsionadora, tan violadora de los derechos humanos, ¿por qué el Gobierno de la Presidenta Bachelet la usó veinte veces, la invocó veinte veces en los cuatro años de su mandato?
Yo creo que eso demuestra, en los hechos, que cuando los Gobiernos cuentan con la necesidad de enfrentar la violencia del terrorismo utilizan los mecanismos que tienen a mano. Y nosotros queremos perfeccionarlos, generar una modernización y una institucionalidad con la que le podamos decir a los chilenos que está garantizado que los vamos a defender y a proteger.
Ese es, en verdad, el elemento central de esta discusión.
De otra parte, este proyecto, que alguien puede mirar en menos, es extraordinariamente importante: aporta instrumentos. Estos se manejan bien o se manejan mal, pero son absolutamente necesarios, a nuestro juicio, para el Ministerio Público y las Policías.
¿Cómo es posible que, teniendo las Policías, el Ministerio Público o el Gobierno indicios y sospechas de que algunas personas o grupos quieren realizar actos de carácter terrorista, un juez no pueda ordenar la interceptación de sus comunicaciones telefónicas?
¿Cómo es posible que el Ministerio Público no pueda ordenar a las Policías para que se infiltren y así tener informantes, agentes reveladores?
O sea, todos los mecanismos sirven -como dijo el Ministro Chadwick- para poder dilucidar robos -que también son importantes para muchos chilenos, como el robo de cables que al menos en nuestra zona es muy fuerte-, situaciones de narcotráfico, lavado de dinero y hechos violentistas que impactan a la ciudadanía. Porque los hechos violentistas no son solamente los que suceden y ganan la opinión pública en Santiago.
Hace una semana, en el cerro Cayumanque, Región de Ñuble, donde están todas las antenas de comunicaciones de Onemi, Ejército, Carabineros, además de las de los canales de televisión y de las empresas de telecomunicaciones, aquellas antenas fueron violentadas profundamente. Y eso generó que durante la mañana la mayoría de las personas no pudieran usar sus celulares. Quienes entraron al terreno, subieron al cerro y llegaron hasta la cima, que es donde están las antenas, sabían lo que tenían que hacer: romper las cajas que se hallaban debajo de las antenas. A estas no les efectuaron ningún daño, no era necesario hacerlo, no era necesario botarlas. Lo indispensable era romper el candado de la caja y hacer tira todo lo que había ahí.
Frente a ese tipo de actos, que en este caso generó incertidumbre en Ñuble, es que nosotros debemos procurar una institucionalidad, junto con los mecanismos y los instrumentos para enfrentarlos.
¿Qué hubiera pasado si la Policía de Investigaciones o Carabineros hubieran tenido indicios de ese hecho?
Habríamos podido superar aquella situación con absoluta rapidez y evitar a la comunidad de toda una región la incertidumbre de carecer de comunicaciones durante dos, tres, cuatro o cinco horas. Pero no podían interrumpir las comunicaciones, no podían tener un informante, no podían infiltrar a alguien, no podían hacer un seguimiento.
Y eso se une a los hechos ocurridos en la Región Metropolitana contra el Presidente de Codelco. ¿Cómo es posible que pasado todo este tiempo no tengamos una información al respecto?
De ahí que debemos enfrentar este asunto con la seriedad con la que el Gobierno del Presidente Piñera lo ha hecho y con los instrumentos legales que están aquí, en el Senado: ¡La mayoría de ellos están aquí, en el Senado!
Por lo tanto, es absolutamente indispensable avanzar en esta materia. A este reclamo algunos lo llaman "campaña comunicacional" y no eficiencia. Pero, ¡perdónenme!, la ciudadanía debe tener claro que a los terroristas no les podemos interferir las llamadas telefónicas. Y yo creo que cuando el país se entera de que ningún juez puede interrumpir la llamada telefónica de un terrorista, sin duda le llama la atención. Las personas de Arica a Magallanes, aquellas que han vivido de cerca atentados terroristas, deben decir: "Eso, claramente, no es posible". La Policía no puede infiltrar a nadie; no puede tener un informante.
Cómo no expresar aquello, sobre todo teniendo a la vista la brutal imagen de una comisaría con sus paredes rotas producto del artefacto que explosionó y que pudo haber causado la muerte de personas.
¡Gracias a Dios eso no ocurrió!
Sin duda se trata de hechos fundamentales. De modo que a mi juicio este proyecto constituye un instrumento necesario y adecuado.
Sin embargo, quiero insistir nuevamente en que no es la única iniciativa que el Gobierno ha presentado en este sentido. Si alguien quiere creer que este es el proyecto que el Presidente Piñera ha remitido sobre la materia, está faltando a la verdad.
Aquí esta Administración ha asumido todas las necesidades, en su globalidad, en el ámbito de la seguridad ciudadana, y nosotros tenemos el deber de debatir los proyectos pertinentes, perfeccionarlos, o incluso, si algunos lo estiman del caso, rechazarlos.
Pero no podemos eludir un debate que se hace imprescindible para que los chilenos tengamos la tranquilidad de que ningún grupo anárquico, venga de donde venga -porque algunos nos han hecho creer hoy día que el fenómeno terrorista es casi local, que no tiene ninguna conexión internacional-, pueda cometer acciones que les causen...

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminó su tiempo.
Su Señoría intervino por diez minutos, y a nadie le hemos dado más. Lo lamento.
Dispone de treinta segundos adicionales, señor Senador. Y sería el único al que se le va a conceder más tiempo.

El señor PÉREZ VARELA.- Gracias.
Decía, señor Presidente que es necesario realizar un debate sobre esta materia, para que los chilenos tengamos la tranquilidad de que ningún grupo, sea nacional o con conexión internacional, pueda generar daños que son absolutamente necesarios de prever.
Quienes han puesto las encomiendas en la comisaría de Huechuraba y en la oficina del ex Ministro Hinzpeter sabían lo que hacían: tienen logística, organización, capacitación; tienen claro cómo causar el daño que desean provocar. Por lo tanto, a ellos hay que enfrentarlos con todas las armas que la ley nos da.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Jacqueline van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, en verdad, pienso que en todo el tema del uso de la violencia para reivindicar ideas o distintas motivaciones políticas lo que más daño genera, lo que mayor frustración provoca es la impunidad.
Acá la policía dice que la Fiscalía no hace su trabajo porque no tienen las herramientas para hacerlo; los fiscales señalan que las policías no recogen las pruebas suficientes. Y, finalmente, se crea una desconfianza total en el sistema.
Lo cierto es que los últimos hechos de violencia que hemos visto en la Región Metropolitana no son los únicos: ha habido otros anteriores allí. Pero también tenemos la violencia que hemos observado en toda la zona de La Araucanía.
Nadie puede comparar la quema de un bus del Transantiago con la violencia sistemática que se da en todo ese sector de la referida Región, que es ejercida por grupos organizados -mucha gente de la zona sabe quiénes son, dónde están y los pueden identificar; y no pertenecen al pueblo mapuche, que es pacífico, que tiene ganas de salir adelante y de progresar-, por personas infiltradas que utilizan al pueblo mapuche como una pantalla para justificar sus distintas demandas.
Ahora bien, algunos han planteado acá -así lo hemos escuchado- que tenemos una ley antiterrorista inefectiva: ¡evidentemente! Y es ineficiente e inefectiva porque no contempla las herramientas que permitan generar las pruebas necesarias para construir un caso lo suficientemente fuerte como para llevar adelante la investigación, tomar preso y condenar.
Se dice que este es un "proyectito": ¡ciertamente! ¡Pero si se tuvo que llegar a un acuerdo para los efectos de establecer una facilitación sobre el particular y de esta manera aprobar aquello en donde existe mayor consenso!
Señor Presidente, ¡por supuesto que el Gobierno también quiere avanzar en la "Ley larga", en que se va a tipificar adecuadamente lo que se entiende por delito terrorista y donde probablemente se llevará a cabo una discusión mucho más ideológica!
Pero necesitamos avanzar. ¡No puede ser que la gente en el sur vea y sienta que el Estado de derecho no existe!
El problema mapuche no se va a solucionar solo con este proyecto: ¡evidentemente! Pero sin duda que esto ayudará a conseguir las pruebas necesarias para evitar que se genere esa violencia que queda en la más completa y absoluta impunidad.
Por algo el Ministerio Público llegó al consenso de que la falta de estas herramientas entorpece el adecuado funcionamiento de la ley vigente: es un hecho constatado por quienes tienen que operar.
Entonces, uno se pregunta cuál es la razón para que hoy día no quieran entregarles las herramientas necesarias a los fiscales y a las policías al objeto de que puedan cumplir adecuadamente su labor.
Algunos hemos escuchado en los diversos medios de prensa plantear que acá se requiere una reforma a la ley sobre inteligencia: ¡de todas maneras!; ¡absolutamente de acuerdo! Y estamos completamente disponibles para avanzar en la reforma a dicha normativa. Ojalá lo esté también la Oposición, a fin de que podamos sacarla rápido.
También se ha dicho que se debe hacer una modernización en Carabineros: ¡totalmente de acuerdo! Están el proyecto y la voluntad de todos nosotros para avanzar en tal sentido.
Asimismo, se ha señalado que necesitamos generar otras medidas: ¡de acuerdo! Pero también precisamos terminar con la impunidad. Y para eso requerimos entregarles a las policías y a la Fiscalía las herramientas que ellos mismos están pidiendo para poder avanzar de manera más eficaz y más rápida en la persecución de estos delitos.
Hay quienes sostienen que se está parchando la ley vigente: ¡no, señor Presidente! Acá estamos tratando de entregarle herramientas a la Fiscalía.
Ojalá quienes no son de la provincia de Arauco, de la Región de La Araucanía pudieran conversar con las víctimas, con aquellos que han tenido que salir de sus casas por miedo; con aquellos que han invertido todos sus recursos en la zona y que hoy día están amenazados; con los pequeños parceleros, a quienes les han robado todos sus animales. En la provincia de Arauco no hay grandes fundos, pues se trata de pequeños agricultores que han sufrido la violencia organizada y que a todas luces no es "violencia rural".
Se califica de esa manera por distintas razones, pero no se trata de violencia rural: es violencia coordinada, que además se halla mezclada con distintos factores, que sin duda está generando temor en la ciudadanía. Y tan así es que la gente se ha visto obligada a dejar sus casas, a irse de la zona. No hay nadie que quiera invertir allá.
Señor Presidente, la "Ley corta Antiterrorista" no resuelve todos los problemas: ¡es cierto!
Hay que ir a la cuestión de fondo: ¡es cierto!
Se debe reformar el sistema de inteligencia: ¡es cierto!
Pero por ahora, mientras esas otras iniciativas se discuten, lo que demorará más, entreguémosles a las policías las herramientas que están solicitando, porque de esa manera daremos una señal clara en el sentido de que vamos a condenar la violencia venga de donde venga y, asimismo, de que estamos dispuestos a perseguir a quienes la usen para generar miedo en la comunidad.
Si bien hay que avanzar -ojalá lo hagamos y se respeten las urgencias que plantee el Ejecutivo en los distintos proyectos que ha ingresado a este Parlamento-, por lo menos hoy día demos una señal clara en cuanto a que estamos dispuestos a tratar de solucionar, como se ha hecho en distintas áreas, los problemas que afectan al pueblo mapuche. Pero también escuchemos a las víctimas, quienes hoy día están clamando por que se termine con esta impunidad, entregándoles las herramientas necesarias a las policías, para así después poder exigirles el logro de objetivos y tener resultados en las investigaciones. Porque hoy día -así lo expresan- no cuentan con ellas.
Por lo tanto, les pido a Sus Señorías que aprueben la ley en proyecto, pues de esta manera les entregaremos a las policías y a la Fiscalía las herramientas que precisan y le estaremos dando una señal clara a la comunidad.
Porque no me gustaría que con posterioridad se produjeran nuevos atentados y que la gente mirara a este Parlamento y dijera: "Ustedes no estuvieron dispuestos a dar las herramientas para poder hacer las investigaciones como corresponde".

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador José García Ruminot.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo hacerme cargo de una imputación que me parece completamente injusta y, además, enteramente ajena a la verdad.
Aquí se ha dicho que el Gobierno del Presidente Piñera ha enviado este proyecto de ley como un acto de pirotecnia, como un acto para imputarles delitos terroristas a determinados grupos sin que realmente nos importe lo de fondo, que es la paz social; sin que nos importe que el terrorismo sea uno de los actos que más atenta contra el desarrollo de nuestra democracia.
Señor Presidente, el ex Fiscal Nacional don Sabas Chahuán -y esto figura en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia- ha expresado textualmente que: "Desde que yo estaba en la fiscalía se ha insistido en que es necesario modificar la Ley de Conductas Terroristas, especialmente en cuanto a las técnicas de investigación, para incorporar las figuras del informante, el agente encubierto, la interceptación telefónica y de correos".
Eso fue lo que señaló el ex Fiscal Nacional don Sabas Chahuán: ¡nada que ver con una autoridad de Gobierno!
Por su parte, el actual Fiscal Nacional, don Jorge Abbott, mediante oficio N° 392, de 24 de mayo del 2018, dice: "La Fiscalía ha señalado en varias oportunidades la necesidad de incorporar el uso de técnicas especiales en las investigaciones en que se persiguen delitos calificados como terroristas, dando cumplimiento, de esta manera, a diversos convenios e instrumentos internacionales relacionados con el terrorismo que recomiendan la introducción de estas técnicas para la investigación de estos delitos en los Estados Partes de dichos instrumentos internacionales y, además, teniendo presente la gravedad y complejidad de estos casos, por lo que se estima positiva su introducción".
Eso manifestó el actual Fiscal Nacional, don Jorge Abbott: ¡nada que ver con una autoridad del actual Gobierno!
Señor Presidente, a mayor abundamiento, la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre del año 2016, aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de Gobierno con relación a la situación de inseguridad que se vive en la Región de La Araucanía. En dicho informe, particularmente en lo atingente a las propuestas, se contemplaba un acápite especial referido a modificaciones a la ley N° 18.314, en el cual la referida Comisión apelaba a incorporar a la investigación de delitos terroristas técnicas investigativas utilizadas en la ley N° 20.000. En efecto, en la página 119 del citado informe se señala lo siguiente: "La ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas hace uso de una serie de herramientas investigativas de gran valor, para dejar en evidencia organizaciones criminales; particularmente, los `agentes encubiertos' e `informantes'. Es inaceptable que la Fiscalía cuente con más herramientas para desbaratar una red de micro traficantes que para combatir el terrorismo. Esto no sólo parece insensato, sino también no responde a la necesidad del Estado de Chile de dar cumplimiento a los compromisos internacionales en cuanto a adecuar su legislación en el combate del terrorismo y del crimen organizado.".
Finalmente, señor Presidente, por si los argumentos que he dado a conocer no fueran suficientes, quiero reiterar aquí que también distintos instrumentos internacionales nos piden que nuestra legislación sea eficaz para combatir el terrorismo. Así lo hacen la resolución N° 1.373, de septiembre de 2001, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyo cumplimiento en Chile se dispuso mediante decreto supremo Nº 488, de 4 de octubre de 2001, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que exhorta a los Estados a adoptar las medidas para prevenir y reprimir la comisión de actos de terrorismo; el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, promulgado por decreto supremo N° 519, de 20 de noviembre de 2001, del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, promulgado por decreto supremo N° 163, de 3 de julio de 2002, del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Convención Interamericana contra el Terrorismo, promulgada por decreto supremo N° 263, de 25 de noviembre de 2004, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, promulgado por decreto supremo N° 252, de 13 de octubre de 2010, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los instrumentos que he individualizado imponen el deber de tomar acciones positivas para enfrentar el fenómeno terrorista.
Por eso, señor Presidente, cuando algunos sostienen que esta iniciativa es una acción propagandística del Gobierno del Presidente Piñera, creo que la solidez de los antecedentes que acabo de señalar refutan tales afirmaciones de manera categórica.
Esta normativa es necesaria para Chile, pues desgraciadamente tenemos actos terroristas en nuestro país y hay que combatirlos; hay que terminar con la impunidad; hay que investigarlos; hay que encontrar a sus responsables y ponerlos a disposición de los tribunales.
¡Eso es lo que corresponde a un régimen democrático!
¡Eso es lo que corresponde cuando lo que debemos tener presente es la seguridad de nuestra población, particularmente de las personas más indefensas!
Señor Presidente, hace un minuto me referí a la aprobación en la Cámara de Diputados de un acuerdo de la Comisión Especial Investigadora de los actos de Gobierno con relación a los hechos de violencia en la Región de La Araucanía.
Alguien podría decir que dicho acuerdo se aprobó solo con votos de un sector político. Pero acá tengo el resultado de esa votación: había ocho Diputados que representaban a la Región de La Araucanía, cuatro de Chile Vamos y cuatro de la ex Concertación. Fue una votación transversal.
Ello demuestra que respecto del terrorismo Chile -la ciudadanía- tiene una convicción: que hay que combatirlo y que debemos darle a nuestro Ministerio Público las herramientas para poder hacerlo.
Se ha afirmado aquí que muy pocos han sido condenados por delito terrorista. También se ha señalado que la Ley Antiterrorista ha demostrado ser ineficaz.
¡Pero cómo no va a ser ineficaz, señor Presidente, si un instrumento tan importante como el que ahora se plantea no se lo hemos entregado al Ministerio Público, el cual no ha podido contar con estas herramientas de investigación!
¡Démosle las herramientas de investigación que ha pedido el Ministerio Público en la voz de dos de sus máximos representantes: el actual y el anterior Fiscal Nacional!
¡Entreguémosle estas herramientas y demostremos nuestro compromiso con la paz y la seguridad! ¡Demostrémoslo en los hechos!
Señor Presidente, con toda convicción y seguridad de que estamos dando un paso importante para combatir el terrorismo, anuncio mi voto favorable.

El señor QUINTANA (Presidente).- El Senador Iván Moreira y varios representantes de los Comités han solicitado extender la discusión del proyecto hasta las 20 horas.
¿Les parece?
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, me parece bien hasta las 20 horas. Pero ¿podemos colocar este proyecto en primer lugar de la tabla del día de mañana? Porque creo que es una lógica que le da continuidad a esta discusión.

El señor QUINTANA (Presidente).- Bien.
A continuación, tiene la palabra el Senador...

El señor COLOMA.- Está de acuerdo, ¿cierto?
¿Estamos de acuerdo?

El señor QUINTANA (Presidente).- Sí.
Pero existe un acuerdo distinto de los Comités.

El señor COLOMA.- Por eso, y la Sala puede modificarlo. Si no, va a estar en el cuarto lugar de la tabla. Entonces, es razonable que la Sala prosiga con la discusión.
La Sala puede cambiar el acuerdo. Hay quorum.

El señor QUINTANA (Presidente).- Pero se requiere unanimidad.

El señor COLOMA.- Sí, unánime.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Usted está de acuerdo, Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- Bien, estamos de acuerdo.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador Juan Ignacio Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, lo primero que quiero plantear es una duda y una cuestión de constitucionalidad respecto de este proyecto, dado que las diligencias intrusivas ya se aplican en la persecución de delitos contemplados en el artículo 25 de la ley N° 20.000, de Drogas, es decir, ilícitos asociados a drogas y estupefacientes.
Si el Ejecutivo quiere introducir estos mecanismos de investigación para el caso de los delitos de terrorismo, es preciso que la modificación se haga a la ley N° 18.314, que de acuerdo al mandato del artículo 9° de la Constitución es de quorum calificado. A mayor abundamiento, también existe interpretación de abogados constitucionalistas que estima plausible considerar que el quorum de aprobación de esta atribución especial y excepcional del Ministerio Público, en virtud del artículo 84 de la Constitución, corresponde a una ley orgánica constitucional.
Eso, desde el punto de vista formal y del cumplimiento del quorum con el cual debe ser tratado este proyecto de "Ley corta".
En cuanto al contenido de la iniciativa, esta modifica el Código Procesal Penal para hacer extensibles las medidas de investigación contenidas en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas, a los delitos que se investiguen en el marco de la Ley Antiterrorista. Incorpora las figuras de agente encubierto, agente revelador e informante (todas categorías asociadas a las labores de inteligencia), entre otras medidas.
El contexto de la discusión, obviamente, está en la contingencia: los hechos ocurridos el jueves 25 de julio, cuando en una comisaría de Huechuraba y en la oficina del ex Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter se recibieron paquetes que contenían artefactos explosivos. En el primer caso estalló, dejando carabineros heridos.
Obviamente, estos hechos son lamentables y condenables.
Nosotros desde el Frente Amplio, desde Revolución Democrática, condenamos absolutamente estos incidentes. Desde nuestro proyecto político nada hay más transformador que buscar la paz y la convivencia armónica entre todos los ciudadanos de nuestro país, en el marco del pluralismo que existe en un Estado democrático de derecho. Sobre todo, en un contexto donde proliferan proyectos políticos de racismo, odio y violencia. Este tema hay que enfrentarlo a fondo.
En primer lugar, las medidas que contiene la ley N° 20.000, de Drogas, no han servido para el combate al narcotráfico; no han sido efectivas, y no servirán tampoco para este tipo de casos.
Recomiendo un texto, que ha estado circulando, en el que figura la opinión de Eduardo Vergara, Director Ejecutivo de la Fundación Chile 21, más cercana al mundo de la Concertación, y quien ocupara también un cargo en el Ministerio del Interior en temas relacionados con la seguridad pública en el gobierno anterior.
Otro texto en el que aparecen datos relacionados con esta materia es un libro que se titula La droga de los detenidos, del profesor Ibán de Rementería, en el que se entregan cifras desde los años 2000, 2011, 2012. Durante ese período, se observa una alta cantidad de personas detenidas por la ley N° 20.000, de Drogas. Por ejemplo, durante el año 2011 hubo 85 mil detenidos: un 87,1 por ciento por patrullaje y controles preventivos y solamente el 1,9 por ciento producto de una investigación policial.
Si bien la cifra ha disminuido -tenemos hasta el año 2018 alrededor de 45 mil personas detenidas-, los porcentajes entre los detenidos por patrullaje, controles preventivos e investigación policial se mantienen.
Este dato es un ejemplo claro de cómo los mecanismos de investigación policial que se busca promover solo han dado magros resultados en la persecución por delitos asociados al tráfico ilícito de drogas, en que el eslabón más vulnerable, más débil, más cercano al mundo de los sectores populares y en contexto de exclusión social finalmente es más castigado.
Por ejemplo, en las cárceles de mujeres un porcentaje alto de personas privadas de libertad está allí por delitos relacionados con drogas. Sin embargo, los grandes narcotraficantes pareciera que no reciben sanción alguna.
Entonces, en todas estas técnicas investigativas, del agente encubierto, que supuestamente servirían para desbaratar grandes organizaciones de tráfico de drogas, los grandes, finalmente, no son descubiertos ni sancionados; ello solo ocurre con los más vulnerables.
En segundo lugar, nos parece importante situar también el contexto en que se quiere entregar estas atribuciones a las policías.
Un ejemplo fue el caso de la Operación Huracán, un operativo investigativo policial iniciado por Carabineros de Chile en septiembre de 2017, que condujo a la detención de ocho comuneros mapuche supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista. El Ministerio Público informó que había descubierto que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros manipuló pruebas que incriminaban a los detenidos.
Por otro lado, en el denominado "caso Bombas" las pruebas presentadas por Carabineros resultaron contener antecedentes graves: firmas falsas de peritos, declaraciones importantes que eran ilegales, aristas no indagadas, errores e incongruencias en las pruebas.
Sobre la base de estos ejemplos, me parece fundamental avanzar en modernizar las policías, en dotar de mayores capacidades de investigación a sus integrantes, en entregar mayores instrumentos tecnológicos y en aumentar la dotación de fiscales del país, además de generar mecanismos eficaces que luchen contra la corrupción y los abusos policiales.
Entregar estas facultades investigativas a una institución que ha actuado al margen de la ley; que ha sido acusada de abuso y violencia policial -recordemos el reciente caso, de hace pocos meses, del asesinato de Camilo Catrillanca en Temucuicui-, en el marco de la Ley Antiterrorista, que ya es una normativa con muchas deficiencias y que permite una aplicación muy discrecional, es un problema grave.
Por último, quiero indicar que la Ley Antiterrorista ha sido aplicada indiscriminadamente contra comuneros mapuche en sus reivindicaciones territoriales, develando un trato discriminatorio y arbitrario por parte del Estado de Chile.
De acuerdo con un estudio realizado por la profesora Myrna Villegas, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, entre el 2001 y el 2016 se registraron un total de veintiún procesos por la Ley de Conductas Terroristas. Las condenas por este tipo de delitos son solo nueve; de ellas, siete fueron anuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Chile ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Junto con ello, el número de condenados por delitos comunes en esos juicios, que fueron sustanciados conforme a la Ley de Conductas Terroristas, de acuerdo con los datos que proporciona el Ministerio Público, son quince, y fueron absueltas setenta y un personas.
Finalmente, quisiera recordar el caso de la machi Francisca Linconao, imputada por el delito de incendio terrorista con resultado de muerte. Ella fue objeto de dos juicios penales por Ley Antiterrorista en su contra; estuvo dos años privada de libertad y al cabo de ese tiempo fue absuelta en ambos juicios.
Necesitamos modernizar nuestra Ley Antiterrorista, sin duda alguna; necesitamos enfrentar este problema en el siglo XXI, sin duda alguna; necesitamos modernizar la inteligencia.
En tal sentido, hay que hacer propuestas de fondo para profesionalizar la inteligencia; que no dependa tanto de los gobiernos de turno, sino que sea una política de Estado.
Pero no usemos lamentables y condenables hechos de violencia, que no sabemos de dónde vienen, quién se los adjudica, qué propósito tienen, para dar más atribuciones de investigación a las policías con esta agenda corta o "Ley corta". Existen muchas sospechas del mundo académico, del mundo de los derechos humanos respecto de que esto pudiera ser mal utilizado y ser poco efectivo.
Creemos que los desafíos de seguridad del siglo XXI requieren una mirada más integral, más de fondo y no, a partir de estos lamentables hechos y la contingencia, estar reaccionando y presionando para legislar de esta manera, pretendiendo generar la expectativa de que se van a solucionar los problemas graves de seguridad pública con esta "Ley corta".
La verdad es que está muy lejos de esa realidad.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Le pido a la Sala la unanimidad para que presida la sesión el Senador Iván Moreira hasta el término del Orden del Día.
Acordado.
Y en cuanto al acuerdo recién adoptado relativo al lugar en que se va a tratar mañana este proyecto, tendría que verse en segundo lugar, pues tenemos con urgencia -vence mañana- el oficio sobre el nombramiento para el Segundo Tribunal Ambiental, que va a ser sin discusión, por lo que creo que no habría dificultad.

El señor NAVARRO.- ¡Igual que el de hoy día...!

El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Gracias, señor Presidente.
¡Llegaron los tiempos mejores al Senado, aunque sea por media hora...!

El señor NAVARRO.- ¡Se transforman rápidamente en tiempos difíciles...!

El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Muchas gracias, señor Presidente.
Para mí es un honor que usted me dé la palabra en esta investidura.
He oído atentamente las intervenciones de quienes manifiestan dudas acerca de este proyecto, particularmente la del último colega que habló.
Yo no alcanzo a visualizar la objeción de fondo al proyecto en cuestión. Porque si alguien me dice que estas medidas se encuentran mal diseñadas, yo entendería que se trata de una discusión de fondo. Pero si me señalan que son insuficientes, yo parto al revés: son insuficientes porque siempre hay que hacer más cosas frente a un tema tan complejo como la lucha antiterrorista. Pero eso no significa que estas medidas sean indebidas.
Sumo a lo anterior una segunda reflexión.
Yo oí atentamente al Ministro del Interior y me parece que él apunta en el sentido correcto cuando contextualiza que este tipo de medidas son del más amplio sentido común. Y el sentido común indica que a veces falta el diseño de políticas públicas que tiendan a objetivos de largo plazo y que interpreten lo que diferentes instituciones que se dedican a este tema han solicitado por distintas instancias.
Al respecto, yo he sido especialmente cuidadoso y voté algunas veces en contra de ciertas medidas intrusivas en general, porque en mi opinión son excepciones a reglas importantes.
Cuando a mí me dicen: "Oiga, respecto de las escuchas telefónicas, echémosle para adelante con todas", ¡ojo!, pues creo que ahí se violenta la privacidad, tema que en algún minuto debiéramos defender con más fuerza.
Lo mismo respecto de técnicas de investigación diferentes, como los agentes reveladores -y lo hablaba con el Ministro-, que son personas cuyo objetivo es incentivar para que aflore alguien que quiera cometer un acto delictual grave y así pueda ser sorprendido con antelación. Y también está el caso de los agentes encubiertos.
Sin embargo, con la misma convicción, si hay un tema -¡uno!- que yo coloco en el primer lugar como razonable para que se apliquen este tipo de excepciones es justamente todo aquello que dice relación con el combate contra el terrorismo.
O sea, no alcanzo a visualizar otra razón, otro tipo de delito más grave para una sociedad, más complejo para su convivencia, que el de aquellos que hacen del terror una forma de acción pública o privada.
Entonces, tal como se decía, si estas medidas existen con relación al hurto de elementos que forman parte del suministro de servicios eléctricos, al robo con fuerza en cajeros automáticos o al manejo en estado de ebriedad en determinadas circunstancias, ¿cómo no va a haber una visión un poquito más profunda de este Parlamento para entender que esta propuesta tiene que ver con algo esencial para una investigación seria y con elementos potentes que puedan asumir, con la tecnología moderna, este tipo de delitos?
Este concepto nace en el 2010. Lo señalo porque alguien dijo que justo vino una acción terrorista que provocó que esto aflorara. ¡Bueno! Lo que pasa es que desde el 2010 hasta ahora se han registrado muchas acciones terroristas y es posible que unas generen más impacto que otras.
Sin embargo, nadie puede levantar la mano en este Hemiciclo para decir que este problema no ha sido una preocupación de distintos Gobiernos, particularmente del último en el caso del Ministro que hoy se encuentra en la Sala, en lo que concierne a cómo tener herramientas que permitan afrontar actos que están generando una alteración muy seria de la convivencia.
Entonces, señor Presidente, si uno suma el sentido común a la lógica de que no hay ningún otro delito que tenga más justificación para la implementación de este tipo de medidas excepcionales, a uno casi le pasa una cosa distinta: la sorpresa de que no existan. Y uno debiera reflexionar por qué no se han establecido con anterioridad.
Es posible que esto forme parte de una discusión más relacionada con la tipificación de delitos.
Y por eso a mí me pareció buena idea el separar esta "Ley corta", que incluso ha sido anunciada -digamos- irónicamente, sobre un tema urgente y que no nubla. Porque yo también he oído a otros Senadores decir que con este proyecto no va a haber un cambio copernicano en la forma de enfrentar el terrorismo. Yo nunca lo he pensado así. Pero sí sé que con esto el Estado tiene más herramientas para afrontar una labor que es ineludible: asegurar una convivencia pacífica entre ciudadanos.
Eso, a mi juicio, está fuera de toda discusión.
Entonces, cuando alguien me dice: "Sí, pero es que faltan otras cosas", le recuerdo que yo formé parte, al igual que otros Senadores, de una comisión convocada recién asumido este Gobierno que presentó ciento cincuenta propuestas, algunas de las cuales ya han sido aprobadas -hoy día son leyes- y otras se hallan en plena discusión, que dicen relación con la forma de enfrentar distintas instancias de la investigación policial.
Y se planteó, por ejemplo, el estatus que tiene una Agencia Nacional de Inteligencia. Creo que ahí hay un tema muy de fondo que debiéramos enfrentar como sociedad de una manera distinta, pues algunos especialistas hablaban de la necesidad de entender todo el ciberespacio como una fuente importante de información técnica para alertar sobre determinadas conductas y dificultar que puedan tener éxito este tipo de acciones.
Entonces, a uno lo que le sorprende es que estas medidas no existan. Y no puedo asumir que me digan: "Está bien, pero no voy a aprobar porque faltan otras cosas".
Creo que esa no es la forma de enfrentar un problema tan complejo, tan delicado, tan transversal, que ha golpeado no solo a Chile, ya que este flagelo tiene hoy día devastada a parte importante del mundo. Las grandes tragedias del siglo XXI han tenido que ver precisamente con este tipo de actos. Así como los grandes dramas del siglo pasado fueron las guerras mundiales, probablemente en este serán por otros paradigmas, que tienen que ver con conflictos humanos masivos, planetarios, con el calentamiento global, pero mucho más con el uso del terror como una forma de plantear visiones políticas, religiosas o de distinta naturaleza.
En consecuencia, a mí me parece indispensable aprobar este proyecto de ley -ojalá con una mayoría importante; uno nunca puede pedir la unanimidad- y contar con la comprensión de todos los sectores políticos respecto de la transversalidad de esta decisión.
En su momento, cuando Gobiernos anteriores pidieron este tipo de medidas -por ejemplo, respecto de la ley de control de armas, que recuerdo bien pues me tocó ser parte de esa Comisión-, hubo la mejor voluntad desde estas bancadas para colaborar en algo que entendíamos estaba relacionado con el fenómeno terrorista, porque obviamente muchas de las normas que hoy día usan -o están facultadas para utilizar- las policías y las fiscalías en lo que dice relación con el control de armas tienen un parentesco cercano con la utilización de elementos en función de acciones terroristas.
Por lo tanto, espero que esa misma visión, esa misma actitud exista a la hora de la votación de este proyecto, porque nosotros también tenemos roles que son muy complejos, muy importantes en la sociedad.
El Parlamento, de repente, podrá ser peyorizado, caricaturizado, pero aquí es donde se pueden hacer cosas que cambian la vida de las personas. Obviamente, nadie espera que las leyes modifiquen completamente las conductas humanas, pero sí puedo pretender que a través de leyes inteligentes, con sentido de futuro, avancemos para dar más seguridad a los ciudadanos o, por lo menos, hacer un esfuerzo por disminuir las posibilidades de éxito de aquellos que usan este tipo de delitos como una forma de expresión en distintas instancias.
Por eso, señor Presidente, valoro que aparentemente se haya ido generando un espacio parcial. Espero que sea más global en el transcurso de la discusión del proyecto.
Creo que es importante, necesario, y representa una señal potente para la ciudadanía en el sentido de que en el Parlamento, al igual que en el Gobierno, estamos ocupados, no solamente preocupados, de cambiar las reglas del juego investigativas que pueden ser decisivas a la hora de establecer verdades, certezas o prevenciones trascendentales para el ser humano.
En consecuencia, valoro el esfuerzo que ha hecho el Gobierno. Sé que no ha sido fácil; sé que no es lo único; sé que hay muchas otras cosas que hay que ir sumando. Pero no por la necesidad de ir sumando uno debe restar lo que hoy día se está agregando.
Creo que esa es una forma de actuar en la vida pública que debe ser la regla común, la regla del sentido común. Espero, por tanto, que esta iniciativa pueda ser rápidamente convertida en ley, para otorgar más facultades a quienes tienen la obligación ética, moral, social y jurídica de entregar una sociedad más segura a las generaciones que vienen.
He dicho.

El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra, por diez minutos, el Senador Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, la discusión se va enrielando en algunos aspectos que estimo importante señalar y precisar.
El Senador Coloma, quien me antecedió en el uso de la palabra, se preguntó por qué esta técnica investigativa, que es tan relevante, es utilizada en otros tipos penales -principalmente, los contemplados en las modificaciones al 226 bis que se incorporaron en 2016- y no en la Ley Antiterrorista.
Al respecto, me parece necesario hacer una reflexión, y ojalá que el Ministro del Interior la pueda escuchar, porque él es de la época.
La ley sobre la cual incide el proyecto lleva el número 18.314 y su fecha de publicación es el 17 de mayo de 1984. Ustedes imaginarán por quién va firmada: Augusto Pinochet Ugarte.
Precisamente en leyes como esta, que tienen un tipo penal tremendamente abierto, en que no se determinan adecuadamente las conductas terroristas y lo que significan, y en que hemos tenido innumerables y contundentes fallos, tanto de nuestra Corte Suprema como de organismos internacionales, señalando la ilegalidad de su aplicación, no se ha considerado disponer de este tipo de medidas. No es una omisión, no es una situación que no se quiso tener.
Me parece tremendamente importante -se ha citado bastante en la Sala- la entrevista que le hicieron al ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán a propósito de la Ley Antiterrorista: "Debe haber una modificación al sistema de inteligencia para que dialogue con el proceso penal".
Entonces, acá estamos haciendo el camino corto. Nos vamos al Código Procesal Penal pensando que con eso resolveremos este problema. Lo digo con mucha fuerza y respeto, para que no se interprete mal este tipo de situaciones.
Un artículo de prensa publicado el fin de semana señala lo siguiente: "Los últimos atentados explosivos desnudaron las falencias de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), un servicio que, tras casi 15 años, no ha sido capaz de generar la información para prevenir nuevos ataques. La salida de analistas y la pérdida de informantes pagados se cuentan entre sus deficiencias".
El Ministro del Interior nos ha referido un conjunto de antecedentes de que él dispondría respecto a lo último que ha ocurrido, que son de Google. ¡Está bien, Ministro! ¡Usted es Ministro del Interior! ¡Usted debiera ejercer su capacidad, sus funciones...

El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Le pido que se dirija a la Mesa, señor Senador.

El señor DE URRESTI.- ... -por su intermedio, señor Presidente-, precisamente para coordinar a las policías, para coordinar a Carabineros!
Cito informaciones de prensa, textualmente:
"El miércoles 24 de julio pasado, apenas unas horas después de que un artefacto explosivo detonó al interior de la 54ª Comisaría de Huechuraba, hiriendo a ocho uniformados, el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, ordenó al personal del OS-9 de Carabineros incautar los videos de las cámaras de seguridad de las oficinas de Correos de Chile en la comuna de El Bosque, desde donde se enviaron como encomiendas las bombas dirigidas en contra del cuartel policial y del exministro del Interior y actual gerente de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter. Una diligencia clave con miras a identificar a los responsables de estos atentados.
"Sin embargo, cuando los funcionarios del OS-9 iban en camino, recibieron un llamado que los dejó alarmados" -se imaginará, Ministro, por su intermedio, señor Presidente, de quién fue-. "Desde Correos les avisaban que dos personas, que se habían identificado como funcionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), exigían acceso a la misma evidencia. La tensión escalaba por minutos. Si se llevaban las imágenes, acusan desde la fiscalía, se quebraba la cadena de custodia y las imágenes recolectadas serían inservibles como medio de prueba en un eventual juicio.
"Este hecho -hasta ahora desconocido- deja en evidencia los problemas de la ANI.
"La situación era" -por decir lo mínimo- "absurda".
¿Y qué hace el Gobierno luego de este atentado, que condenamos con todas sus letras, que repudiamos absolutamente, en contra de Carabineros o de exministros o de quien sea que se haya producido? Se dirige a la comisaría a realizar un punto de prensa y desde ahí emplaza al Senado a que apruebe esta iniciativa de ley porque con ella se va a combatir el terrorismo y se podrán anticipar ese tipo de delitos.
¡Por favor! ¡Seamos responsables, Ministro!
Tengo la convicción de que usted es una persona con capacidad en este Gobierno. Ha manejado y ha sorteado conflictos grandes, no obstante que no escuchaba muy bien en lo ocurrido con el comunero Catrillanca... Pero abordemos el terrorismo de fondo, no a través de estas situaciones o de ese gran relato que usted ha hecho durante casi quince minutos de información proveniente de Google, de fuentes abiertas.
¿Dónde están los analistas? ¿Dónde está su equipo de inteligencia? ¿Dónde está la anticipación para encontrar a estos malhechores?
Llevamos más de diez días y no vemos ninguna acción concreta, lo que no ocurrió en 2014, porque a los diez días ya había detenidos, a algunos de los cuales se formalizó y hay personas condenadas.
Entonces, uno ve que se emplaza al Parlamento con esta normativa, la llamada "Ley corta Antiterrorista", que es procesal, para entregar determinadas técnicas, pero no he escuchado ninguna autocrítica que hable sobre la capacidad del Ministerio de decir de qué manera regularemos las escuchas indiscriminadas que actualmente se están realizando.
Ministro, se lo señalé personalmente. No existe ninguna gestión. Hay miles de escuchas que se realizan hoy día absolutamente fuera de control en nuestro país.
Todos somos testigos del conflicto en el Ministerio Público en la Región de O'Higgins, donde la situación es absolutamente inmanejable.
Y el Alto Mando de Carabineros fue destituido producto del montaje de la Operación Huracán.
Entonces, cuando tenemos estas situaciones que evidencian brutalmente el descontrol, la descoordinación, apuntamos a que a través de esta técnica investigativa vamos a solucionar el problema. Permítanme señalar que no le creo, que no estoy disponible para ello. Y ojalá los dos Senadores que manifestamos nuestra oposición en la Comisión de Constitución la mantengamos, aunque desde luego expreso mi voluntad de discutir el tema de fondo.
Porque también es importante contestar cuando se pregunta por qué no contamos con estas herramientas.
El profesor Raúl Núñez advirtió -y se encuentra en el informe- la posibilidad de la comisión del "fraude de etiqueta procesal". Y me parece que es importante consignarlo porque permanentemente hemos sido condenados por organismos internacionales en la materia. Y si tuvimos Operación Huracán sin estas técnicas, la Operación Huracán va a ser multiplicada por diez cuando se las pueda utilizar. La propia institución de Carabineros contrató charlatanes como expertos informáticos. Y está la posibilidad de tener agentes encubiertos, agentes reveladores, etcétera.
El destacado académico Raúl Núñez se refirió al comentario expresado respecto de la errónea práctica de formalizar por delitos terroristas con pruebas obtenidas por esa legislación en causas que finalmente culminan en sobreseimientos o con condenas por ilícitos distintos. Y pidió una explicación al respecto.
¿Y qué es esto? Es la mejor de las habilidades para el Ministerio Público: contar con una serie de herramientas como interceptar, infiltrar, poner agentes encubiertos argumentando que el tipo penal indefinido amerita este tipo de situaciones. Y al momento de acusar se señala que se trata de un delito común.
¿De qué manera salvaguardamos los derechos de los ciudadanos? ¿De qué manera la sociedad va a estar tranquila porque no se invocará la Ley Antiterrorista ni se utilizarán estas técnicas para construir un caso de fraude de etiqueta procesal para luego señalar que se trataba de delitos comunes?
Recuerdo tiempos antiguos -y perdónenme que lo mencione ¡porque vaya que existió!-: ¿cuántos días tenía la Ley Antiterrorista para poner a disposición del Ministerio del Interior a los detenidos? Diez días. ¿Y cuáles eran las técnicas? Ablandamiento, tortura, quebrar, aislar, destruir al detenido. Luego de ello este confesaba y firmaba lo que quisieran.
Eso es lo que no queremos: que se abuse con este tipo herramientas. Deseamos que se utilicen para perseguir a los terroristas, que se haga inteligencia, que se coordinen nuestros servicios, que se realice coordinación internacional, pero que no se entreguen simplemente al Ministerio Público, donde no existe ninguna autocrítica; donde tenemos un espectáculo circense en la Fiscalía regional de O'Higgins, con evidencias que se llevaban a las casas; donde hemos visto montajes como en el caso de La Araucanía.
No nos negamos a que tengan estas herramientas, pero con un equipo especializado, Ministro, disponible aquí y ahora para abordar una ley antiterrorista moderna, en democracia, que no lleve la firma del dictador, que no sea el legado de quienes causaron mucho daño a mi sector, a compañeros socialistas que todavía están desaparecidos, a gente que sufre y a familiares que tenemos en esas condiciones.
Abordemos en serio esta situación. Pero no a través de encuestas, o solo con la voluntad de decir: "aprobamos un instrumento antiterrorista". Eso no es correcto. Y se lo pido, Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, porque aquí nadie nos podrá colocar en el lado bueno o en el lado malo, o decirnos, como lo hizo un colega, que nosotros tenemos un complejo como Izquierda. Claro que tenemos miedo, pues, porque nuestra gente sufrió, y con esta ley antiterrorista mataron a compañeros nuestros. Claro que tenemos aprensiones. Pero no tenemos complejos para abordar lo de fondo, porque no quiero que a nadie, ni al ex Ministro Hinzpeter, ni a los carabineros de Huechuraba, ni a Landerretche o a cualquier ciudadano le llegue un paquete bomba: a nadie, ni a mi peor adversario.
Ese es el debate. Pero no nos digan aquí que unos están por luchar contra el terrorismo y otros no.
Y, Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, que esto no sirva como pretexto para tratar de abordar el problema político que existe en La Araucanía, porque eso tenemos que resolverlo todos los ciudadanos. Y nosotros seremos los primeros en ponernos a disposición para ello, porque este no es un problema del actual Gobierno; nosotros también hemos cometido errores, y la solución depende de todos.
Por eso, señor Ministro, no creo que este atajo sea la solución para abordar lo que nos convoca de fondo, que es luchar contra el terrorismo.

El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Castro.

El señor CASTRO.- Señor Presidente, en la ley N° 18.314, de 1984 -se le introdujeron modificaciones los años 2010 y 2011, cuestión que debería haber manifestado el Senador De Urresti-, el concepto de terrorismo apunta a un enemigo interno determinado. Pero, ¿hoy podemos decir que el terrorismo proviene de un enemigo interno? Todos sabemos que en la actualidad tenemos terrorismo profesional, que busca amedrentar a la población y desestabilizar la democracia.
Entonces, yo me pregunto: ¿queremos tener un país como Colombia o México? ¿Queremos vivir asustados? ¿Queremos vivir preocupados? ¡Si lo normal es que todos vivamos felices, que caminemos con seguridad por cualquier rincón de nuestro lindo país!
Este es un pequeño proyecto que solo pretende fortalecer la inteligencia del Estado, con agentes, con informantes, con escuchas, con entregas vigiladas, y nadie está pensando en La Araucanía.
Pero, por cierto, ¿nuestros compatriotas de La Araucanía no tienen derecho a ser felices? ¿No pueden vivir tranquilos? Todos sabemos lo que pasa ahí, y hablamos de derechos humanos. ¡Si el mayor derecho humano es vivir, caminar, trabajar en un país seguro, en un país que protege a su gente!
Este pequeño proyecto solo busca prevenir el terrorismo, no asegura su eliminación, pero sería vergonzoso no aprobarlo.
He dicho.

El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Se ha cumplido el tiempo de prórroga de la sesión.
Esta iniciativa pasará al segundo lugar de la tabla de mañana, luego del oficio del Presidente de la República sobre el nombramiento de un ministro para el Segundo Tribunal Ambiental.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.


El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Agradezco la presencia de los Ministros señores Blumel y Chadwick y del Subsecretario señor Alvarado.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al Ministro de Salud, al Intendente de Valparaíso y al Director de la Oficina Nacional de Emergencia, para que indiquen cuáles son los PLANES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MEDIDAS REALIZADAS Y AGENDADAS PARA CUMPLIMIENTO DE FALLO AMBIENTAL DE CORTE SUPREMA EN RELACIÓN CON QUINTERO, PUCHUNCAVÍ Y CONCÓN, y a los dos últimos, así como a la Ministra del Medio Ambiente y al Subsecretario para las Fuerzas Armadas, las MEDIDAS ADOPTADAS PARA IMPEDIR VARAMIENTOS DE CARBÓN EN DICHOS LUGARES.
Y a la Ministra del Medio Ambiente, a fin de que remita información acerca de MEDIDAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS FRENTE A TRANSGRESIÓN DE NORMA HORARIA DE DIÓXIDO DE AZUFRE EN QUINTERO, PUCHUNCAVÍ Y CONCÓN.
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, con el objeto de que, en conjunto con la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, diseñe e implemente una RED DE CONECTIVIDAD Y DE ASISTENCIA MARÍTIMA Y AÉREA DESDE Y HACIA LA REGIÓN DE MAGALLANES.
Del señor CASTRO:
Al Intendente y a los Seremis de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo del Maule, requiriéndoles enviar PROYECTO APROBADO Y FINANCIADO POR EL GORE PARA REPARACIÓN DE PUENTE CALLE 2 NORTE SOBRE RUTA 5 SUR, CIUDAD DE TALCA.
Del señor DE URRESTI:
A los Ministros de Obras Públicas y de Bienes Nacionales, al Comandante en Jefe de la Armada, al Alcalde de Lago Ranco y al Director Nacional de Obras Hidráulicas, para que remitan antecedentes en cuanto a DENUNCIA DE INTERVENCIONES CON MAQUINARIA PESADA POR PARTE DE PRIVADOS EN DIVERSOS SECTORES DE PLAYA RANQUIL Y PLAYA EPULAFQUEN, COMUNA DE LAGO RANCO.
Al Ministro de Obras Públicas y al Superintendente (S) de Servicios Sanitarios, con el propósito de que envíen información respecto de VERTIMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POR PARTE DE EMPRESA SANITARIA ESSBIO EN HUMEDAL PAICAVÍ DE CONCEPCIÓN EL ÚLTIMO 17 DE JULIO, y transmitiéndoles PREOCUPACIÓN DE VECINOS DE VILLA DEL REY, COMUNA DE VALDIVIA, POR CONSTRUCCIÓN DE SALA DE HORMIGÓN ARMADO EN BANDEJÓN CENTRAL DE AVENIDA SIMPSON POR PARTE DE EMPRESA SANITARIA AGUAS DÉCIMA.
Al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional (S) de Vialidad, solicitándoles cronograma y otros antecedentes referidos a OBRAS DE PAVIMENTO BÁSICO EN RUTA T-613 (ITROPULLI), PURRIHUIN-CRUCE Y T-759, LOS CHILCOS, COMUNA DE LA UNIÓN, así como pormenores acerca de PROYECTO SECTOR LA PLATA, LOS ULMOS, MODIFICACIÓN DE PROYECTO INICIAL DE ASFALTADO DE RUTA T-60, QUE INCLUYE A COMUNAS DE LA UNIÓN, CORRAL Y PAILLACO.
Al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Obras Hidráulicas, pidiéndoles información respecto de posibilidad de priorizar DISEÑO DE INGENIERÍA PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE COMITÉ ROPULLI-PICHIQUEMA, COMUNA DE PAILLACO; que remitan antecedentes sobre ESTADO ACTUAL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL DE COMITÉ PURO CHILE, COMUNA DE RÍO BUENO; FINALIZACIÓN DE PROYECTO DE DISEÑO DE INGENIERÍA DE SERVICIO Y FUTURAS ETAPAS DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL RUTA 5, COMUNA DE PAILLACO; FINALIZACIÓN DE ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL DE COMITÉ VISTA HERMOSA, COMUNA DE FUTRONO; POSIBILIDAD DE PRIORIZACIÓN DE ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL DE COMITÉ MALCHEHUE, COMUNA DE PANGUIPULLI; ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE ESTUDIO DE DISEÑO DE INGENIERÍA PARA SERVICIO DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL "SECTORES UNIDOS", COMUNA DE LA UNIÓN; ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE ESTUDIO DE DISEÑO DE INGENIERÍA PARA SERVICIO DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL "CONTRA BAJO", COMUNA DE LANCO; ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE ESTUDIO DE DISEÑO DE INGENIERÍA PARA SERVICIO DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL "BONIFACIO", COMUNA DE VALDIVIA; y que se pronuncien acerca de POSIBILIDAD DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COMITÉ "PUERTO LAS ROSAS", COMUNA DE FUTRONO; POSIBILIDAD DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COMITÉ "AUNQUINCO", COMUNA DE LA UNIÓN; POSIBILIDAD DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COMITÉ "CRUCERO", COMUNA DE RÍO BUENO; POSIBILIDAD DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COMITÉ "FUTAHUENTE", COMUNA DE RÍO BUENO; y POSIBILIDAD DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE COMITÉ "HUAPE", COMUNA DE CORRAL.
Al Ministro de Obras Públicas, al Director Nacional de Obras Hidráulicas y al Gobernador de Ranco, solicitándoles CONSTITUCIÓN DE MESA DE TRABAJO CON SECTORES PURO CHILE Y LA VICTORIA, COMUNA DE RÍO BUENO, PARA MAYOR RENTABILIDAD SOCIAL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL CONJUNTO.
Al Ministro de Salud y al Director Nacional de Obras Hidráulicas, requiriéndoles remitir antecedentes acerca de RESULTADOS DE FISCALIZACIONES DE AUTORIDAD SANITARIA A DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE REGIÓN DE LOS RÍOS QUE HABRÍAN CULMINADO CON QUINCE SUMARIOS SANITARIOS.
Al Ministro de Agricultura y al Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria, para que remitan antecedentes sobre LANZAMIENTO DE PRIMER MANUAL DEL POLINIZADOR EN 20° CONGRESO GREMIAL DE LA RED APÍCOLA NACIONAL REALIZADO EN RANCAGUA.
A la Ministra del Medio Ambiente, solicitándole información acerca de LICITACIÓN "ESTUDIO TÉCNICO DE DEFINICIÓN DESLINDES HUMEDAL SANTO DOMINGO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS LAGOS" CERRADA EL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.
A la Ministra de Medio Ambiente, al Comandante en Jefe de la Armada y al Superintendente del Medio Ambiente, requiriéndoles antecedentes relativos a DERRAME DE CERCA DE 40 MIL LITROS DE DIÉSEL DE COMPAÑÍA SIDERÚRGICA HUACHIPATO EN TERMINAL DE ISLA GUARELLO.
A la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, solicitándole información sobre INVALIDACIÓN DE ACUERDO DE CONSEJO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017 RELATIVO A DECLARACIÓN DE MONUMENTO NACIONAL DE CONJUNTO DE BIENES PERTENECIENTES A DESARROLLO DE COMPLEJO FORESTAL Y MADERERO DE PANGUIPULLI.
Y al Superintendente del Medio Ambiente y a la Tesorera General de la República, para que remitan antecedentes y nóminas de EMPRESAS CON MULTAS IMPAGAS DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL HASTA JULIO DEL AÑO EN CURSO.
Del señor GARCÍA:
Al Director Nacional de Vialidad, pidiéndole información sobre ESTADO DE PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO TRAIGUÉN-LOS SAUCES, PROVINCIA DE MALLECO.
Al Director de Vialidad de La Araucanía, requiriéndole antecedentes relativos a ESTADO DE PROYECTO DE DISEÑO DE RUTA CURARREHUE-REIGOLIL, PROVINCIA DE CAUTÍN.
Al Director Regional de Vialidad, solicitándole disponer MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE RUTA S-61, ENTRE MELIPEUCO Y CUNCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Y al Director Regional de la Superintendencia de Educación de La Araucanía, pidiéndole ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN QUE CORRESPONDA ANTE FALTA DE CALEFACCIÓN EN ESCUELA BERNARDO ÑANCO, SECTOR EL NARANJO, COMUNA DE LONQUIMAY, DENUNCIADA POR DIRIGENTE DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS SEÑOR EDUARDO QUILODRÁN.
Del señor GIRARDI:
Al Seremi de Salud Valparaíso, para que remita REGISTROS DE FUENTES QUE EMITEN SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA LA SALUD DE HABITANTES DE COMUNA DE QUINTERO O QUE ALTEREN AGUAS O SUELOS DEL SECTOR Y REGISTRO HISTÓRICO, DE AL MENOS DOS AÑOS, DE GASES Y MATERIAL PARTICULADO QUE SE EMITEN EN LA REFERIDA ZONA.
Al Seremi del Medio Ambiente de Valparaíso, pidiéndole CALENDARIO ACTUALIZADO SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE CORTE SUPREMA RELATIVA A GASES QUE AFECTARON A POBLACIÓN DE BAHÍA DE QUINTERO, VENTANAS Y PUCHUNCAVÍ, ESPECIFICANDO MEDIDAS YA EJECUTADAS E HITOS EN QUE REALIZARÁ LAS RESTANTES.
Al Jefe de la Oficina Regional de Valparaíso de la Onemi, para que señale ESTADO DE AVANCE E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA DESTINADO A ENFRENTAR SITUACIONES COMO LAS QUE SE GENERARON EN BAHÍA DE QUINTERO.
Al Jefe de la Oficina Regional de la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitándole DETALLE DE FUENTES OPERATIVAS QUE NO CUENTAN CON RCA Y QUE EMITEN SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA LOS HABITANTES DE BAHÍA DE QUINTERO O QUE ALTEREN AGUAS O SUELOS DE SECTOR Y DETALLE DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON RCA Y PLAN DE SEGUIMIENTO RESPECTO DE LOS CUALES SE HA DETERMINADO REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CONFORME A ARTÍCULO 25 QUINQUIES DE LEY N° 19.300, DESDE LA RESPECTIVA SENTENCIA.
Al Director Regional de Aguas de Valparaíso, solicitándole antecedentes detallados acerca de IMPACTO SOBRE GLACIARES DESDE 1980 POR PARTE DE DIVISIÓN ANDINA DE CODELCO.
Y al Subdirector Nacional de Sernageomín y al Jefe de Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, requiriéndoles información relativa a ASPECTOS TÉCNICOS VINCULADOS CON PLANEAMIENTO DE GALERÍAS DE MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA.
De la señora GOIC:
Al Superintendente del Medio Ambiente y al Director Nacional de Sernageomín, consultándoles por PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR DAÑO AMBIENTAL ANTE DERRAME DE HIDROCARBUROS EN ISLA GUARELLO (REGIÓN DE MAGALLANES).
Del señor GUILLIER:
Al Ministro de Minería y a la Vicepresidenta Ejecutiva subrogante de Corfo, pidiéndoles informar acerca de CAUSAS DE BAJA DE EMPRESA CHINA SICHUAN DE PROYECTO PARA INICIO DE PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LITIO EN CHILE Y RESPECTO DE ALTERNATIVAS DE ACCIÓN EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA POLÍTICA DEL ESTADO EN ESTE ÁMBITO.
Del señor HARBOE:
Al Fiscal Nacional del Ministerio Público, solicitándole información sobre NÚMERO DE IMPUTADOS EXTRANJEROS FORMALIZADOS EN ÚLTIMOS TRES AÑOS, FORMA EN QUE SE HA PUESTO TÉRMINO A LOS PROCEDIMIENTOS Y NÚMERO DE IMPUTADOS EXTRANJEROS EN QUE SE SOLICITÓ PRISIÓN PREVENTIVA.
Al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, requiriéndole ANTECEDENTES DETALLADOS RESPECTO DEEXTRANJEROS PRIVADOS DE LIBERTAD EN CHILE.
Y al General Director de Carabineros y al Director General de la Policía de Investigaciones, consultándoles por NÚMERO DE EXTRANJEROS DETENIDOS POR SUS RESPECTIVAS INSTITUCIONES EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS Y RAZONES DE LA DETENCIÓN.
Del señor LATORRE:
Al Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitándole indicar las RAZONES POR LAS CUALES NO SE HA DECRETADO ZONA DE CATÁSTROFE POR CAUSA DE SEQUÍA EN COMUNA DE PUTAENDO.
Al Ministro de Agricultura, pidiéndole explicar RAZONES POR LAS CUALES NO SE HA DECRETADO ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA Y ZONA DE EMERGENCIA GANADERA POR CAUSA DE SEQUÍA EN COMUNA DE PUTAENDO.
Al Ministro de Hacienda y al Presidente del Comité Ejecutivo de BancoEstado, pidiéndoles que informen acerca de POLÍTICA DE AUSTERIDAD SOBRE LA BASE DE LA CUAL BANCOESTADO DECIDIÓ ELIMINAR EL "PROGRAMA DE FOMENTO AL CINE CHILENO".
Al Ministro de Salud, a fin de que dé cuenta sobre ESTADO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA RESPECTO DE DOCE RECURSOS DE PROTECCIÓN CONTRA DIVERSAS EMPRESAS DE ZONA DE QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ.
A la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para que informe sobre CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESTABLECIDAS EN NÚMEROS 1, 2, 14 Y 19 DE LA LEY QUE CREA EL MINISTERIO Y RESPECTO DE MEDIDAS ADOPTADAS PARA APOYO Y FOMENTO DE REALIZACIONES CINEMATOGRÁFICAS.
Y a las Gobernaciones de Valparaíso, de San Antonio, de Marga Marga, de San Felipe, de Quillota, de Petorca y de Los Andes; a las Municipalidades de Cabildo, de Casablanca, de La Ligua, de Llayllay, de Los Andes, de Nogales, de Panquehue, de Petorca, de Puchuncaví, de Putaendo, de San Antonio, de Valparaíso y de Viña del Mar; a la Oficina Nacional de Emergencia y a la Oficina Regional de Emergencia, solicitándoles que den cuenta sobre TODOS LOS CONTRATOS ONEROSOS QUE INCLUYAN CONCESIONES, INDIVIDUALIZANDO MONTOS, PARTES CONTRATANTES Y OBLIGACIONES QUE INVOLUCREN AGUA POTABLE.
Del señor NAVARRO:
Al Ministro del Interior y Seguridad Pública, pidiéndole INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE ROBO DE CABLES DE COBRE EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
Al Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Ministro de Relaciones Exteriores, consultándoles por CRITERIOS Y MÉTODOS PARA OTORGAMIENTO DE VISAS DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR Y DE RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.
Al Ministro del Interior y Seguridad Pública y al General Director de Carabineros de Chile, consultándoles por CAUSA DE INCENDIO DE BUS SINIESTRADO EL 12 DE JULIO, PROVENIENTE DE LA FRONTERA CON TACNA.
Al Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Intendente del Biobío, para que informen sobre POBLACIÓN AFECTADA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y AISLAMIENTO EN ALTO BIOBÍO, MONTO DE DAÑOS Y MEDIDAS DISPUESTAS PARA SU AUXILIO.
Al Ministro de Obras Públicas, requiriéndole diversa y detallada información sobre OBRAS DE ENSANCHAMIENTO DE RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ.
Al Ministro de Salud, pidiéndole entregar COPIA DE CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE EL MINISTERIO Y LA EMPRESA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.; dar a conocer NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES DE SISTEMA PÚBLICO QUE CUENTAN CON FICHA ELECTRÓNICA; entregar información detallada respecto de LISTAS DE ESPERA EN HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN; informar sobre CREACIÓN DE PLAN PARA CONTROL DE PERROS CALLEJEROS EN CONJUNTO CON MUNICIPIO DE TOMÉ; remitir CANTIDAD DE CONTAGIADOS POR VIH EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, POR AÑO, POR REGIÓN, POR SEXO Y POR RANGO ETARIO; y ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN CON OBESIDAD EN CHILE; e informar sobre TASA DE RECHAZO DE LICENCIAS MÉDICAS, INDICANDO NÚMERO DE LICENCIAS RECHAZADAS POR AÑO, DESDE 2012 A LA FECHA, EN EL PAÍS Y EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO; y consultándole por RESPONSABLES DE PIEZAS CON ASBESTO UTILIZADAS EN REMODELACIÓN DEL CESFAM CHIGUAYANTE Y SANCIONES QUE ARRIESGAN.
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo, en cuanto a NÚMERO DE VIVIENDAS SOCIALES CON FALLAS ESTRUCTURALES ATRIBUIBLES A EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS Y COMUNAS AFECTADAS; y a NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS SOCIALES ENTREGADOS EN EL PAÍS EN EL PERÍODO 2009-2010; FAMILIAS BENEFICIADAS Y MONTOS INVOLUCRADOS.
Al señor Ministro de Minería, pidiéndole remitir LISTA DE CONCESIONES MINERAS ENTREGADAS EN REGIÓN DEL BIOBÍO, DETALLANDO LOCALIZACIÓN, EXTENSIÓN Y MINERAL EN CONCESIÓN.
Al Director General de Aeronáutica Civil y al Director del Servicio Nacional del Consumidor, requiriéndoles NORMATIVAS DE REGULACIÓN SOBRE MONTO, COBRO Y EVENTUAL DEVOLUCIÓN DE TASA DE EMBARQUE EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
Al Director del Servicio Nacional del Consumidor, consultándole por CANTIDAD DE TASAS DE EMBARQUE COBRADAS FUERA DE LA LEY EN ÚLTIMOS VEINTE AÑOS, POR AEROLÍNEA, y también por NORMAS QUE REGULAN LLAMADAS TELEFÓNICAS DE EMPRESAS A PARTICULARES CON MOTIVO DE OFERTAS COMERCIALES Y COBRANZAS.
A la Directora del Servicio Nacional de Menores, para que remita antecedentes respecto de DON XAVIER PINTO, DIRECTOR DE RESIDENCIA ALEAH DE FUNDACIÓN MI CASA: DESCRIPCIÓN DE CARGO Y FUNCIONES, INFORMACIÓN DETALLADA DE SU PROCESO DE SELECCIÓN Y LISTA DE ACUSACIONES LABORALES Y DE OTRA ÍNDOLE EN SU CONTRA.
Al Director Ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero, pidiéndole COPIA DE INFORME SOBRE ESTUDIO DE BIOMASA Y STOCK DESOVANTE DE SARDINA Y ANCHOVETA.
Al Intendente del Biobío y al Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío, solicitándoles diversa información acerca de PROYECTO DE TELEFÉRICO PARA LOS CERROS DE TALCAHUANO.
Al Gobernador de Concepción y al Alcalde de Concepción, requiriéndoles de manera urgente LIMPIEZA DE RIBERA DE RÍO ANDALIÉN, A ALTURA DE PUENTE DEL MISMO NOMBRE, ANTE ACUMULACION DE VARIOS METROS DE BASURA.
Al Alcalde de Chiguayante, para hacerle presente DENUNCIA CIUDADANA POR MAL ESTADO DE GRIFOS VIALES DE SECTOR 5-A, VILLA LOS BOLDOS.
Al Alcalde de Concepción, pidiéndole REMOCIÓN O REUBICACIÓN DE RESALTO VIAL UBICADO EN CALLE LOS COPIHUES, POBLACIÓN LA ARAUCARIA, QUE PROVOCA RETENCIÓN DE AGUAS LLUVIA, SEGÚN QUEJAS DE VECINOS.
Al Alcalde de Tomé, para que informe sobre CREACIÓN DE PLAN PARA CONTROL DE PERROS CALLEJEROS: RESPONSABLE A CARGO, RECURSOS INVOLUCRADOS, ORGANIZACIONES CIUDADANAS PARTICIPANTES Y RESULTADOS ESPERADOS.
A cada uno de los municipios de la Región del Biobío, solicitándoles remitir COPIA DE CONTRATO CON EMPRESAS DE PARQUÍMETROS EN OPERACIÓN.
Y a cada uno de los municipios del país, consultándoles por CANTIDAD DE PATENTES DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS OTORGADAS CONFORME A LETRAS A) Y H) DE ARTÍCULO 3º DE LA LEY Nº 19.925 Y NÚMERO DE MULTAS CURSADAS POR INCUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 14 DE MISMA LEY.
De la señora PROVOSTE:
Al Ministerio de Educación y al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, para que a la brevedad posible se efectúe CORRECCIÓN EN SISTEMA DE PORTAL DOCENTE RESPECTO DE FECHA DE CONTRATACIÓN DE PROFESORA SEÑORA DANAY DURÁN BOZO, A FIN DE ENCASILLARLA DE BUENA MANERA EN TRAMO AVANZADO DE CARRERA DOCENTE.
Y al Consejo de Defensa del Estado, pidiéndole que interponga ACCIÓN ANTE TRIBUNALES PARA OBTENER REPARACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAÑADO POR VERTIMIENTO DE MATERIAL CONTAMINANTE EN CONCENTRADUCTO DE MINA CERRO NORTE GRANDE, DE COMPAÑÍA DE ACEROS DEL PACÍFICO, EN REGIÓN DE ATACAMA.
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--Se levantó la sesión a las 19:59.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante