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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 39ª, en miércoles 7 de agosto de 2019
Ordinaria
(De 16:23 a 19:52)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE;
ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE, Y SEÑORA XIMENA
RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y
JULIO CÁMARA OYARZO, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera, y Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios del Interior, señor Rodrigo Ubilla Mackenney; General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y del Medio Ambiente, señor Felipe Riesco Eyzaguirre.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Secretario y Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor QUINTANA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 35ª, ordinaria, en 23 de julio de 2019; 36ª, especial, y 37ª, ordinaria, ambas en 24 de julio de 2019, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor QUINTANA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados (Boletín N° 12.332-05).
Con los dos siguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico" entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018 (Boletín N° 12.195-10).

2.- Proyecto de ley que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile (Boletín N° 12.431-07).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el que requiere el acuerdo del Senado para nombrar, como integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, a la señora Cristina Paz Orellana Quezada y al señor Eduardo Riquelme Portilla, por un período de seis años (Boletín N° S 2.082-05) (con la urgencia del párrafo segundo del número 5° del artículo 53 de la Carta Fundamental).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
De la Honorable Cámara de Diputados:
Informa que ha aprobado el proyecto de ley que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile (Boletín N° 12.431-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y a la de Hacienda.
Del señor Contralor General de la República:
Da respuesta al proyecto de acuerdo del Senado relativo a resoluciones de término anticipado de contrata consideradas arbitrarias, carentes de fundamento e ilegales (Boletín N° S 2.030-12).
De la señora Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio:
Atiende inquietud del Honorable Senador Pugh respecto de la restauración del inmueble patrimonial que indica.
Del señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero:
Remite, a solicitud del Honorable Senador señor De Urresti, antecedentes sobre la prohibición de importación y fabricación de plaguicidas en base al compuesto químico denominado metamidofos.
De la señora Intendenta Regional de Aysén:
Se refiere, a solicitud de la Honorable Senadora señora Órdenes, a la ejecución del programa Subsidio Nacional al Transporte Público en la Región de Aysén.
Del señor Director Regional (S) del Servicio Nacional de la Discapacidad de la Región del Biobío:
Adjunta, por petición del Honorable Senador señor Navarro, nómina de medidas emprendidas, en los últimos tres años, para favorecer la integración de personas con discapacidad.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el oficio de S.E. el Presidente de la República, por el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar como Ministro Titular del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, al abogado señor Cristián Delpiano Lira (Boletín N° S 2.072-05) (con la urgencia del párrafo segundo del número 5° del artículo 53 de la Carta Fundamental).
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el día del rock chileno (Boletín N° 9.062-24).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señor Girardi, señora Órdenes, y señor Quinteros, con la que inician un proyecto de ley que incorpora como causal de caducidad de concesión sanitaria poner en peligro la vida humana o la salud de las personas (Boletín N° 12.830-09).
De los Honorables Senadores señoras Ebensperger y Van Rysselberghe, y señores Moreira, Pérez y Sandoval, con la que inician un proyecto de ley que iguala las sanciones por interrupción injustificada de los servicios eléctrico y sanitario (Boletín N° 12.833-09).
--Pasan a la Comisión de Obras Públicas.
De los Honorables Senadores señor Coloma, señoras Van Rysselberghe y Ebensperger, y señores Durana y Moreira, con la que inician un proyecto de ley para ampliar la tipificación del delito de tráfico de órganos humanos (Boletín N° 12.829-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
De los Honorables Senadores señoras Rincón y Muñoz, y señores Araya, Chahuán y Ossandón, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 19.925, Ley de Alcoholes, para regular la venta, obsequio y suministro de bebidas alcohólicas a menores en compañía de sus padres (Boletín N° 12.831-07).
--Pasa a la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Honorables Senadores señores Letelier, Araya, Bianchi, Galilea y Quinteros, que faculta a las entidades de administración municipal para otorgar asignaciones especiales a funcionarios de establecimientos de atención primaria de salud.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Antes de pasar al Orden del Día, tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, la Mesa ha dado cuenta de un importante proyecto que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile, que fue enviado a las Comisiones de Hacienda y de Constitución.
Deseo pedir que dicha iniciativa sea vista por Comisiones unidas.
Se trata de una materia extraordinariamente relevante, con urgencia absoluta, para las funcionarias y los funcionarios de Gendarmería, quienes están esperando que dicho proyecto sea analizado lo antes posible, con el fin de dar justicia a la situación que han venido históricamente reclamando.
Entonces, solicito que esta iniciativa sea vista por las Comisiones de Hacienda y Constitución, unidas, para que el trámite sea lo menos engorroso y lo más rápido posible.

El señor QUINTANA (Presidente).- Es muy razonable lo que plantea el Senador señor Bianchi, y se ha hecho muchas veces.
Creo que lo propuesto ayudaría a avanzar más rápido en la tramitación del referido proyecto.
¿Le parece a la Sala?

El señor COLOMA.- Señor Presidente, ¿tiene sentido?
Son temas diferentes.

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador señor Coloma, tiene la palabra.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, comparto la inquietud de acelerar lo máximo posible la tramitación de esa iniciativa. Pero no tengo claro que la fórmula propuesta logre tal finalidad, porque los asuntos a tratar en la Comisión de Constitución, que tienen que ver con el núcleo del proyecto, no son los de Hacienda, que dice relación con el financiamiento respectivo.
La experiencia adquirida en otras oportunidades indica que, cuando Hacienda actúa "en su caso", o sea cuando se aboca solo al financiamiento, se produce una tramitación mucho más rápida.
Si vamos a tener diez Senadores viendo todo el proyecto sobre Gendarmería, mi impresión personal, basado en mi experiencia, es que, en vez de acelerar su tramitación, se va a retrasar.
Entonces, yo reflexionaría sobre la propuesta, señor Presidente.
En la Comisión de Hacienda estamos siendo bien rápidos en las materias que se orientan en el mérito del número. Si nos hicieran compartir una instancia más amplia, se nos complicaría el asunto.
Pido una reflexión al respecto y que los Presidentes de las Comisiones conversen.
Existe el ánimo de ayudar, pero creo que ello debe hacerse de un modo coherente.
Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Lo que ha planteado el Senador señor Bianchi se refiere a dos materias: modificación de la planta e incentivo al retiro. Son temas que están absolutamente relacionados.

El señor COLOMA.- ¡Pero se trata de pegas distintas!

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Bianchi. A ver si convence a toda la Sala.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, creo que ya no es necesario convencer a los colegas, porque usted ya hizo la consulta y entiendo que se habría acogido mi propuesta.
Comprendo lo que señala el Senador Coloma y valoro su experiencia, la cual yo jamás pondría en duda, sobre todo siendo él integrante de la Comisión de Hacienda; pero los temas a tratar están relacionados.
Pienso que analizar el proyecto en un solo acto, con diez Senadoras o Senadores, va a dar celeridad a su despacho.
Ahora, si lo planteado no es lo que desea el Senador integrante de la Comisión de Hacienda, al menos pido que esta materia sea tramitada con rapidez. No es necesario que se efectúen muchas audiencias: estas podrían hacerse en una sesión en cada Comisión, para tratar de ver la iniciativa en la Sala a más tardar la próxima semana.
¡Porque esto es urgente!
Lo está pidiendo la gente de Gendarmería desde hace demasiado tiempo. Ha habido una injusticia social con sus funcionarios.
Hoy día está en nuestras manos tratar esto lo más rápido posible.
Son temas que están relacionados; no veo la dificultad en verlos juntos. Por eso pido a la Sala -ojalá así lo sancione- que esta iniciativa se tramite entre ambas Comisiones. No veo el problema para ello.
Si no, solicito que sea visto con la mayor celeridad posible.

El señor QUINTANA (Presidente).- Señor Senador, de la primera parte de su intervención, entendí que usted estaba retirando la propuesta...

El señor BIANCHI.- ¡No, no, no!

El señor QUINTANA (Presidente).- ... y ahora pide que ambas Comisiones vean el asunto lo más rápido posible. ¿Es así?

El señor BIANCHI.- No. No he retirado la propuesta.

El señor QUINTANA (Presidente).- Pero no hay unanimidad.

El señor COLOMA.- No la hay.
Que conversen los Presidentes de esas Comisiones, señor Presidente.
Seamos razonables. Aquí todos estamos empujando el carro.

El señor QUINTANA (Presidente).- Siempre es mejor traer estas propuestas luego de conversar con los Presidentes de las Comisiones involucradas.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, pido ampliación de plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre eficiencia energética (boletín Nº 12.058-08), hasta mañana a las 12:00.
Hoy la Comisión de Minería y Energía despachó esta materia, pero quedó pendiente un artículo que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Se ha acordado una redacción con el Gobierno, en un 70 por ciento. Todavía hay algunos aspectos por afinar; durante la tarde se van a trabajar.
Para despachar el proyecto dentro de la urgencia establecida, vamos a sesionar mañana. Por tanto, requerimos que esa indicación sea presentada a más tardar al mediodía.
En rigor, el Ejecutivo quedó comprometido para formularla a las 11 de la mañana. Yo estoy pidiendo ampliar el plazo, siendo prudente, hasta el mediodía.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
--Se accede a lo solicitado.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Quiero saludar a la delegación que nos acompaña en las tribunas. Son vecinos de la comuna de Río Claro y vienen acompañados con su Alcalde, don Américo Guajardo. Ellos han sido invitados por el Senador Rodrigo Galilea.
¡Les damos la bienvenida!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, primero, le doy gracias por la confianza que depositó en mí el día de ayer.
Segundo, solicito que recabe la anuencia de la Sala para el ingreso del Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, para los efectos de participar en la discusión del proyecto de ley correspondiente.

El señor QUINTANA (Presidente).- También habría que autorizar a los Subsecretarios de la Secretaría General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado, y del Medio Ambiente, señor Felipe Riesco.
Si le parece a la Sala, se autorizará el ingreso de los tres Subsecretarios.

La señora ALLENDE.- Sí.
--Así se acuerda.

El señor QUINTANA (Presidente).- En el primer lugar de la tabla figura el nombramiento del Ministro Titular del Segundo Tribunal Ambiental.

El señor MOREIRA.- ¿No es el proyecto que quedó pendiente ayer?

El señor QUINTANA (Presidente).- Antes está el nombramiento.

El señor MOREIRA.- Bien.
V. ORDEN DEL DÍA



PROPOSICIÓN PARA NOMBRAR A SEÑOR CRISTIÁN DELPIANO LIRA MINISTRO TITULAR ABOGADO DE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL


El señor QUINTANA (Presidente).- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar al señor Cristián Delpiano Lira Ministro Titular Abogado del Ilustre Segundo Tribunal Ambiental, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la urgencia contemplada en el párrafo segundo del Nº 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 2.072-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 24ª, en 11 de junio de 2019.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 39ª, en 7 de agosto de 2019.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Comisión de Constitución deja constancia, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Allamand, De Urresti, Harboe, Huenchumilla y Pérez Varela, de que la proposición cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico vigente y la normativa procesal que para esta clase de asuntos se ha dado esa instancia parlamentaria.
Asimismo, la unanimidad de la Comisión considera que el señor Cristián Delpiano Lira reúne las condiciones de idoneidad, capacidad técnica y manejo de recursos humanos que se precisan para ejercer dedicada y consistentemente la función de Ministro Titular del Ilustre Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, de cuya candidatura y provisión se trata y que ha sido propuesta por el Primer Mandatario.
Cabe tener presente que el acuerdo para nombrar al señor Delpiano Ministro Titular del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, requiere el voto favorable de tres quintos de los Senadores en ejercicio, esto es, 26 votos.
Es todo, señor Presidente.


El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el Senador Harboe, Presidente de la Comisión de Constitución.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, en cumplimiento del mandato de la Sala, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar acerca de la proposición de Su Excelencia el Presidente de la República para designar Ministro del Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en la ciudad de Santiago, al abogado señor Cristián Delpiano Lira.
De los antecedentes curriculares del candidato, se desprende que el señor Delpiano es chileno; licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Diego Portales; diplomado en Estudios Avanzados con mención en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Posee también un postítulo en Derecho e Instituciones de la Unión Europea, otorgado por la Universidad de Los Andes.
Actualmente, se desempeña como Ministro Suplente del Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la ciudad de Antofagasta, por el período 2017-2021, y como profesor asistente de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Económico y Derecho Internacional del Medio Ambiente de la Universidad Católica del Norte. Ha impartido cursos de Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Razonamiento y Argumentación Jurídica en la Universidad de Antofagasta, así como en programas de postítulo y postgrado en universidades chilenas y extranjeras.
El candidato ha sido también miembro del Comité de Evaluación del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), y fundador y vicepresidente de la Corporación MigrAcción, que promueve los derechos y garantías de migrantes y asume su defensa administrativa y judicial en el marco de la Ley de Extranjería.
Finalmente, el señor Delpiano es autor de artículos de revistas y de libros científicos relacionados con el Derecho Internacional Económico, Derecho Ambiental y derechos humanos, y ha sido expositor en seminarios nacionales e internacionales.
Cabe hacer presente que, al tenor de la ley Nº 20.600, los tribunales ambientales son órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Excelentísima Corte Suprema, integrados por tres ministros titulares y dos suplentes.
El Segundo Tribunal Ambiental, para el cual se ha presentado la postulación en estudio, tiene asiento en la comuna de Santiago y ejerce su competencia territorial en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule.
Tanto los ministros titulares como los suplentes de estos tribunales son designados según el procedimiento que contempla el artículo 2º de la ley Nº 20.600, esto es, por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la Corte Suprema.
Previo al análisis de la proposición de que se trata, la Comisión aprobó, con conocimiento de los Comités del Senado, un nuevo procedimiento aplicable al estudio de todos los nombramientos de autoridades que sean sometidas a la consideración de esta instancia. Así, con arreglo al procedimiento acordado por la Comisión y a objeto de recabar los antecedentes respectivos, se ofició a la Excelentísima Corte Suprema; a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y del Medio Ambiente, y a la Biblioteca del Congreso Nacional.
En seguida y a la luz del procedimiento acordado, se abrió un plazo de diez días corridos para que cualquier ciudadano hiciera llegar sus observaciones, preguntas o documentos, con sus respectivos fundamentos, en relación con la proposición de nombramiento que formuló el Ejecutivo. Vencido el plazo, no se recibieron observaciones.
De esta manera se dio cumplimiento a las nuevas reglas de procedimiento fijadas por la Comisión para el estudio de la proposición de nombramiento presentada por el Ejecutivo.
Todos los antecedentes recopilados por el órgano técnico que presido se hallan a disposición de Sus Señorías, para su consulta, en la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
En sintonía con este nuevo procedimiento, en una primera sesión la Comisión recibió al Subsecretario del Medio Ambiente, señor Felipe Riesco, quien se refirió a las características de idoneidad, trayectoria profesional y capacidades jurídicas del candidato, haciendo hincapié en su experiencia como ministro suplente del Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, y en su conocimiento del quehacer de ese órgano jurisdiccional, que lo habilitan para ejercer adecuadamente el cargo para el que ha sido propuesto.
En una segunda sesión, la Comisión recibió en audiencia, en esta misma Sala, al candidato, abogado señor Cristián Delpiano Lira. En dicha ocasión, el ente especializado conoció, a partir de la exposición que hiciera el señor Delpiano, su trayectoria profesional y las áreas de interés en las que se ha desempeñado, así como sus planteamientos sobre la forma en que, a su juicio, se podría mejorar y profundizar la labor que realizan los tribunales ambientales, no solo en lo tocante al ejercicio de la función propiamente jurisdiccional, sino también en lo concerniente a su desenvolvimiento administrativo y de gestión de personal.
Además, los miembros de la Comisión tuvimos la oportunidad de formular diversas consultas y apreciaciones.
De todo lo mencionado se deja constancia detallada en el informe evacuado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Sobre la base de estas audiencias y del estudio pormenorizado de los antecedentes que le fueron proporcionados, la Comisión pudo constatar que en esta proposición de Su Excelencia el Presidente de la República para nombrar al abogado señor Cristián Delpiano Lira como Ministro Titular del Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en la ciudad de Santiago, no solo se cumplen los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico vigente y la normativa procesal que para esta clase de asuntos se ha dado esta instancia parlamentaria, sino que además el señor Delpiano Lira reúne las condiciones de idoneidad, capacidad técnica y manejo de recursos humanos que se precisan para ejercer consistentemente el cargo y la función de cuya provisión se trata y sobre la que versa la propuesta del Primer Mandatario.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, Senador Harboe.
En votación la proposición del Primer Mandatario.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, respecto del nombramiento para el Tribunal Ambiental, tuve oportunidad de hablar con los candidatos. De hecho, me di el trabajo de llamarlos a todos y debo decir que cada uno de ellos, incluida una mujer y cuatro hombres, es de alto nivel en esta materia.
Conversé el asunto con nuestra bancada y, viendo el impacto que tienen las decisiones que toma el Tribunal Ambiental de Santiago, cuya jurisdicción incluye mi territorio, la Región del Maule, entre otros, creo que la elección de las personas que lo integren reviste la mayor de las importancias.
En virtud de aquello, habiendo hecho un análisis riguroso y escuchado a cada uno de los postulantes, considero que la decisión que ha tomado la Comisión de Constitución en el sentido de recomendar a esta Sala el nombre del abogado Delpiano para integrar el Tribunal Ambiental de Santiago me parece muy adecuada, sin desmerecer a los otros candidatos.
Por lo tanto, al menos yo respaldo el informe de la Comisión y, obviamente, felicito la nominación que formula el Ejecutivo.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la proposición del Presidente de la República para designar Ministro del Segundo Tribunal Ambiental al señor Cristián Delpiano Lira (31 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum legal exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Kast, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.




TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN PERSECUCIÓN DE CONDUCTAS TERRORISTAS


El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.589-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 13ª, en 24 de abril de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 34ª, en 17 de julio de 2019.
Discusión:
Sesión 38ª, en 6 de agosto de 2019 (queda pendiente la discusión en general).

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El día de ayer quedaron varias señoras y señores Senadores inscritos para hacer uso de la palabra, la cual va a ser concedida por el señor Presidente conforme al orden registrado en la Mesa.


El señor QUINTANA (Presidente).- Figura inscrito en primer lugar el Senador Durana. Pero antes le voy a conceder la palabra al señor Ministro del Interior, a quien damos la bienvenida, lo mismo que al señor Subsecretario.

El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré muy brevemente, para efectos de responder una inquietud que surgió y se planteó ayer durante el debate y que también ha estado presente en la opinión de distintos señores Senadores en términos públicos, relacionada con la tramitación del proyecto original sobre conductas terroristas, que hemos llamado "proyecto largo", hoy en la Comisión de Constitución.
La voluntad y el compromiso del Gobierno es avanzar en la tramitación de esa iniciativa a la mayor brevedad. Y de ahí la posibilidad de que podamos comprometernos, si así se puede lograr con la Comisión de Constitución, en un trámite que nos permita despacharla durante este año. Esa es la voluntad del Ejecutivo. Por eso presentamos el proyecto, que responde a la necesidad de avanzar en las modificaciones y en el perfeccionamiento de la ley actual.
Conversé con el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador Felipe Harboe, para efectos de reunirnos la próxima semana y consensuar un itinerario que nos permita cumplir con dicho propósito, planteado y mencionado ayer en el debate, el cual coincide absolutamente con la voluntad del Gobierno.
Gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Ahora, sí, le doy la palabra al primer inscrito, el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, este proyecto de "Ley corta" para investigar delitos terroristas tiene un gran objetivo, como es permitir que herramientas investigativas eficientes, que se utilizan en investigaciones de delitos muy menores, puedan ser utilizadas también en la lucha contra el terrorismo, de tal forma que técnicas como entregas vigiladas, uso de agentes encubiertos o interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas o cualquier otra forma de telecomunicación sean empleadas para el esclarecimiento total de este tipo de hechos, que al menos en el tiempo han quedado impunes.
De ese modo, se garantiza la utilización de estas excepcionales técnicas investigativas para que sean aplicadas dentro de los márgenes del Estado de derecho.
Los delitos de terrorismo, que en los últimos años han quedado impunes, constituyen conductas delictivas extremadamente graves, dada la significativa afectación de la percepción de seguridad que se produce con el temor e intimidación. Son conductas de la más alta perversidad, puesto que existe una indeterminación de la víctima, que pasa a ser la sociedad en su conjunto. Por ello, requerimos la más enérgica respuesta y eficiencia de parte de los organismos destinados a precautelar, dentro del Derecho, la seguridad del Estado.
En las últimas semanas hemos observado con preocupación la comisión de hechos que merecen el calificativo de terroristas, e inquieta que para su investigación no se cuente necesariamente con herramientas que permitan dar con los responsables de los atentados.
Como se puede apreciar, los atentados terroristas van dirigidos no solo a autoridades o personas conocidas, sino también a personas comunes y corrientes, lo que, indudablemente, genera una sensación de inseguridad en el resto de la población. Es decir, nadie puede dudar de que el país está sufriendo situaciones de violencia organizada excepcionales que requieren herramientas jurídicas que faciliten la acción de la Justicia.
La acción de la Justicia requiere herramientas jurídicas, sin las cuales la investigación de los delitos no sería posible. Es por ello que resulta necesario contar con nuevos instrumentos jurídicos, más efectivos para la pesquisa de delitos de connotación terrorista.
En ese sentido, es fundamental contar con las técnicas que establece el proyecto, las que, aun cuando no son suficientes considerando que se debe perfeccionar la legislación antiterrorista, son fundamentales porque permiten responder de manera urgente al problema que representa el terrorismo en toda sociedad democrática y que, dados los antecedentes que hemos expuesto, acecha peligrosamente a nuestro país.
Finalmente, cabe tener presente que las medidas que se están legislando ya se aplican a delitos menos graves y han dado buenos resultados, sin generar ningún inconveniente adicional. En consecuencia, no son válidas las críticas que sostienen que se trata de medidas poco efectivas.
Más aún, quienes somos parte de este Senado nos debemos a las personas que han votado democráticamente por nosotros y que esperan que seamos capaces de legislar para garantizar su seguridad y su calidad de vida.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Antes de darle la palabra al próximo orador, voy a leer la lista de quienes están inscritos desde ayer. Son, en este mismo orden, los Senadores señores Kast, Huenchumilla, Bianchi, Harboe, Galilea, Araya, Montes, Navarro, Moreira, señora Rincón y señor Chahuán. Y hoy se han inscrito los Senadores señores Quinteros, Pizarro, Girardi y señora Allende.

El señor ALLAMAND.- ¿Y yo, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- Sí, usted también está inscrito desde ayer, señor Senador.

La señora EBENSPERGER.- Yo igualmente me inscribo, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.
Siguiendo el orden, le corresponde intervenir, en primer lugar, al Senador Kast.

El señor KAST.- Lo haré más adelante, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Entonces, tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, ayer tuvimos una discusión en este Senado, diría muy interesante, sobre un tema crucial para nuestra convivencia democrática.
Para mí, resulta fundamental clarificar de qué estamos hablando exactamente en este debate, sobre todo después de escuchar al señor Ministro del Interior y a distintos señores Senadores en esta materia.
De lo que estamos hablando aquí, señor Presidente, es de una iniciativa que pretende modificar el Código Procesal Penal para hacerla aplicable a la Ley Antiterrorista. Y el cuestionamiento que yo he hecho en la Comisión de Constitución es que mal podemos legislar, a través de una "Ley corta", para hacer aplicable el referido Código a una ley que está cuestionada, que carece de legitimidad. Yo no puedo aplicarle una nueva ley a una ley enferma: jurídicamente, políticamente, socialmente, académicamente. La Ley Antiterrorista no funciona; ha sido usada por el Estado chileno en los últimos veinte o treinta años en una forma que debería avergonzarnos.
Entonces, yo me pregunto: ¿cómo vamos, mediante una "Ley corta", de una frase, a decirle a esa ley mala, a esa ley enferma: "Voy a autorizar, como Estado, que le pongamos agentes encubiertos, que le pongamos informantes, que le pongamos agentes reveladores, que le pongamos técnicas intrusivas"?
Si estuviéramos en presencia de una ley democrática, que respetara los estándares y los derechos, yo diría: "Muy bien, busquemos los mecanismos para perfeccionarla", pero me parece inaceptable que con una ley que está cuestionada nacional e internacionalmente, por los académicos de las facultades de Derecho, por profesores de Derecho Penal, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sentencias que han condenado al Estado chileno, ahora le digamos al Gobierno: "Le aprobamos su `Ley corta', para que le meta agentes encubiertos, informantes, etcétera, a esa ley enferma".
¡Ese es el problema!
Frente a eso, yo le expresé al Gobierno: "Estoy disponible para legislar en esta materia en la medida que reparemos la Ley Antiterrorista y hagamos una ley nueva, conforme a los estándares internacionales". Pero, mientras ello no ocurra, no estoy para darle un cheque en blanco a una ley que se ha aplicado con todas las consecuencias políticas que nosotros conocemos en el país.
Y quiero agregar algo más.
¡Chile necesita una legislación antiterrorista! Esa es la visión de Estado que yo tengo. Yo no niego el fenómeno del terrorismo, que existe en todas partes del mundo y que también ha llegado a Chile. Lo que estoy haciendo es una autoexigencia, como Estado, de contar con una legislación que esté a la altura de los tiempos, porque no la tenemos.
Pero hoy día, señor Presidente, la Ley Antiterrorista permite que se amplíe la detención de la gente, hasta por diez días, en los calabozos de la policía; permite que a usted lo tengan en prisión preventiva por seis meses, un año, un año y medio, dos años, para que después le digan que es inocente, o que lo condenan por un delito común.
¿Estoy inventando eso? ¡Ha sucedido en la Región de La Araucanía! ¡Muchas de esas situaciones!
Esa ley permite restringir las visitas a los que están detenidos.
Esa ley permite interceptar las comunicaciones. ¡Sí, en el artículo 14!
Ayer un Senador decía que la Ley Antiterrorista no permitía la intervención de las comunicaciones. ¡Lo permite, en el artículo 14!
También permite que el Ministerio Público, en cualquier instancia, practique medidas determinadas, sin el conocimiento del afectado.
Esa ley establece los testigos protegidos, los testigos sin rostro, los testigos con capucha, para que puedan acusar a quien está al frente.
Esas cuestiones procesales han sido condenadas por todo el mundo.
¡De eso estamos hablando!
Pero hay una cosa más profunda, señor Presidente, y que yo quiero hacer presente a los señores Senadores: esa ley ha sido cuestionada porque viola el principio de legalidad, en sus artículos 1° y 2°, cuando establece un tipo penal vago, impreciso, que se ha prestado para puras dificultades en la interpretación de la Excelentísima Corte Suprema y por lo cual ha resultado absolutamente ineficaz.
¿Qué es el principio de legalidad? Es la piedra angular del Derecho Penal, del Estado de derecho. Fue instaurado por el jurista Cesare Beccaria el año 1764, cuando escribió su libro De los delitos y las penas, en virtud del cual el delito y la pena requieren estar establecidos por ley.
Ese principio de legalidad se encuentra consagrado en nuestra Constitución: ¡artículo 19, número 3°, inciso octavo!
Y la Corte Interamericana, los profesores, los organismos de derechos humanos, han afirmado que la Ley Antiterrorista viola el principio de legalidad.
Entonces, yo digo: cómo a una ley de esta naturaleza nosotros, mediante una "Ley corta", le estamos metiendo agentes informantes y agentes encubiertos.
Señor Presidente, me traslado a Santiago.
En Santiago, efectivamente, tenemos hechos que presentan características de delitos terroristas. Estamos conscientes de eso. Pero el señor Ministro tiene otra ley, y yo le pregunto: ¿el Gobierno ha hecho uso de ella?
¿Cuál es esa otra normativa? La Ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, del año 2004. Esta les permite tanto a la ANI como a Carabineros y a la Policía de Investigaciones hacer interceptaciones telefónicas y de comunicaciones con autorización judicial. Y, además, con relación al crimen organizado, al terrorismo y al narcotráfico, hoy día faculta a esas instituciones para contar con agentes encubiertos, agentes reveladores, agentes informantes, a fin de que puedan anticiparse a los hechos.
Las preguntas que le hago al Ministro del Interior tienen que ver con las bombas en Santiago: ¿El Gobierno tiene alguna información? ¿La ANI le comunicó que esto podía suceder? Ello más allá de las noticias de Google que nos dio el Ministro ayer. ¿Qué le dijo la ANI respecto de estos hechos? ¿Se anticipó? ¿Le dio algún reporte?
No le pido que me conteste ahora, pero podría acudir a las Comisiones especializadas de la Cámara de Diputados y del Senado y decir ahí, en el secreto institucional respectivo: "Miren, estos son los informes que nosotros tuvimos", porque hoy día esta legislación sobre inteligencia permite tener agentes encubiertos, permite tener agentes reveladores, sin autorización judicial.
De eso estamos hablando.
Yo, señor Presidente, pensaba que el Gobierno estaba dispuesto a firmar un acuerdo con nosotros para decir: "Miren, vamos a ir al fondo del tema y modificaremos la Ley Antiterrorista en Chile". Estamos disponibles para eso.
Lamentablemente, la Centroizquierda se perdió en una comedia de equivocaciones. Yo nunca escuché ningún argumento de fondo respecto de por qué no queríamos llegar a tal acuerdo por escrito con el Gobierno.
Me temo que esa es una de las tantas equivocaciones que hemos cometido en la vida.
Los cinco Senadores democratacristianos -nosotros, con el Gobierno- podríamos haber suscrito dicho acuerdo. ¿Sabe por qué no lo hicimos? Porque tenemos un interés superior y porque creemos en el proyecto de la Centroizquierda y, por tanto, no queremos aparecer quebrándola. Pero les queremos decir que debemos asumir que nos equivocamos y que por eso no firmamos, porque nos interesa la Centroizquierda como una alternativa frente al país. Eso es mucho más importante que nuestras vanidades o nuestros egos al momento de ver estos hechos.
Entonces, señor Presidente, termino diciendo que como no hubo acuerdo volvemos a fojas cero. Y a fojas cero significa que yo voy a votar en contra de esta "Ley corta"; porque con ella quedaremos en el peor de los escenarios: con una ley enferma, con una ley mala, con una ley persecutoria. Esta "Ley corta" será la guinda de la torta, pues va a permitir meter agentes reveladores, informantes, fundamentalmente en la Región de La Araucanía, donde hemos sufrido la acción del Estado por años, lo que será una equivocación profunda porque este es un problema político.
Yo espero, señor Presidente, que tengamos una visión de Estado. Este no es un problema personal, no es un problema de Francisco Huenchumilla: es la forma como la Centroizquierda se para frente a las necesidades de un país que requiere una legislación moderna.
Por lo tanto, voto en contra.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, en torno a este proyecto de ley uno ha escuchado -ya desde ayer- algunas objeciones que podrían agruparse en tres grandes capítulos.
Uno -es un poco la versión del Senador Huenchumilla-, hay quienes señalan que se debe legislar todo en materia antiterrorista, hacer todo de nuevo en este ámbito antes de dar este paso.
Dos, hay otros que sostienen que ninguna de estas técnicas especiales de investigación sirve.
Tres, están los que manifiestan que mientras tengamos instituciones con crisis -aludiendo a lo ocurrido en Carabineros, en el Ejército, en fin- no habría que avanzar paso alguno en materia de técnicas especiales de investigación.
La verdad de las cosas es que, a mi juicio, ninguna de esas tres objeciones es suficientemente válida para restarse a legislar sobre este tema.
Cuando uno dice: "¡No! Mejor legislemos todo antes de avanzar un paso", creo que es la mejor manera de terminar no avanzando nada. Eso, de alguna manera, se planteó cuando se legisló respecto de Aula Segura, cuando señalaban: "¿Por qué no legislamos y pensamos bien todo el tema de la violencia en el país?". Bueno, si nos quedáramos pensando en la violencia en el país no avanzaríamos nunca nada en sacar una ley como Aula Segura.
Respecto de la legislación económica, por ejemplo en cuanto a la Fiscalía Nacional Económica, también uno podría haber dicho "¡No! Mejor discutamos todo de nuevo sobre qué hace o no hace". Pero la verdad es que en su momento se decidió avanzar en la delación compensada, se tomó esa medida y se dio un paso relevante en la Fiscalía Nacional Económica para perseguir delitos de esta naturaleza.
Lo mismo hubiera podido ocurrir cuando se legisló sobre el femicidio. Podríamos haber dicho "¡No, no, no! Antes de avanzar sobre el femicidio analicemos todas las causales profundas que llevan a la violencia contra la mujer". La verdad de las cosas es que no hubiéramos avanzado mucho tampoco, hubiese sido lentísimo y era importante sacar el tipo penal del femicidio en ese momento.
Lo mismo ocurre cuando se dice que esto no serviría.
Ayer se sostuvo que todas estas técnicas especiales han sido un fracaso en la lucha contra las drogas. ¿Y por qué? Porque hay muchos detenidos por drogas y el problema pareciera estar en...
Bueno, pero yo creo que la pregunta es al revés: ¿Cómo estaría la situación de las drogas si no existiera ninguna de estas medidas? Y eso, en verdad, no lo sabe nadie, es una situación hipotética respecto a la cual yo, personalmente, no me atrevería a arriesgarme por ningún motivo.
Las crisis de las instituciones van y vienen, pero considero que ninguna de ellas, por muy profundas que parezcan, nos debe hacer perder de vista que, efectivamente, hay que avanzar en intentar mejorarlas.
El compromiso del Gobierno en esto ha sido claro. Cuando ingresó el proyecto de modificación a la Ley Antiterrorista se enmendaban aspectos bien sustantivos (tal como la tipología, que ha sido fuente de diversos fallos judiciales), diciéndose que no existe una tipificación suficientemente buena, y se creaban estas técnicas especiales.
Y, justamente, por un acuerdo político, se llegó a la convicción de que había que separar ese proyecto de ley en dos: la llamada "Ley larga", en la que el compromiso del Gobierno es avanzar, y esta "Ley corta", que simplemente implica incorporar las técnicas especiales de investigación a los delitos terroristas.
Y no solamente está la "Ley larga", a la que hacía alusión ayer el Ministro del Interior, sino también -me tocó participar en la Comisión respectiva- la iniciativa que reformula la Agencia Nacional de Inteligencia, con todas las características y todos los efectos que ello podría provocar respecto de una mejor orgánica en la inteligencia nacional, la cual, evidentemente, no está en el mejor pie, pero no por eso nos va a impedir avanzar en las cosas en que sí podemos hacerlo.
Por lo tanto, señor Presidente, uno diría "Bueno, dentro de todas estas objeciones, finalmente, ¿es necesario avanzar?". A mí me parece que la respuesta natural, el sentido común, dice que sí debemos avanzar.
Los atentados que ha visto el país y que no solo se concentran en La Araucanía -ya se ha dicho: atentado en el paradero del Transantiago; al Presidente del Metro; al Presidente de Codelco; a la Comisaría de Huechuraba; al exministro Hinzpeter, en fin- hablan de que, efectivamente, tenemos que contar con estas medidas y con estas técnicas especiales de investigación.
El exfiscal Sabas Chahuán y el actual, Jorge Abbott, siempre han insistido en diversas entrevistas en que para poder llegar a investigar bien, a constituir las pruebas fehacientemente, de manera que los jueces de garantía efectivamente las puedan valorar y sancionar, se necesitan estas técnicas especiales de investigación.
Ya lo decíamos antes: estas técnicas no son nada extrañas a nuestro ordenamiento jurídico. Se aplican en el control de armas, se aplican en el narcotráfico, se aplican en el lavado de activos, se aplican en la pornografía infantil e, incluso, en normativas menores como la Ley de Tránsito, en la falsificación de algunos instrumentos.
Por lo tanto, el sentido común nos dice que, si en todas esas cosas, en todos esos cuerpos legales se permiten las técnicas especiales de investigación, por qué diablos en una materia tan relevante como la lucha contra el terrorismo (más allá de todas las objeciones relativas a que se debe mejorar el cuerpo legal, en fin, que comparto en su totalidad) no vamos a poder avanzar en algo muy sencillo como la técnica de investigación.
Me parece que las escuchas telefónicas, las entregas vigiladas y controladas, el agente encubierto, los agentes reveladores, los informantes, etcétera, son técnicas absolutamente necesarias que nuestras Policías, además, tienen que aprender a usar (no es algo que se haga de un día para otro).
Por lo tanto, en la medida en que los jueces de garantía -todo esto tiene su normativa legal- vayan permitiendo que aquellas se usen y que las Policías sepan cómo hacerlo: constituyan correctamente las pruebas, efectúen investigaciones largas, la verdad de las cosas es que estaremos muchísimo mejor preparados en los momentos en que vayamos terminando las otras etapas que tenemos que ir resolviendo, como la relativa a la "Ley larga" y, también, la mejora legal de la Agencia Nacional de Inteligencia.
Por eso, señor Presidente, me parece que ninguna de las objeciones que se plantean tienen el suficiente peso como para poder decir: "Esto hay que postergarlo". Al contrario, tenemos que ir creando toda la institucionalidad desde donde partir para que, efectivamente, la lucha contra el terrorismo y su prevención en nuestro país sean cada vez más eficientes.
Así que anuncio mi voto a favor.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, quiero partir señalando que, sin duda, en lo personal criticamos la violencia venga de donde venga; y, en este sentido, el terrorismo no está exento de esta condena.
Como consecuencia de ello, el Congreso y el Gobierno tenemos que hacer un esfuerzo serio para regular esta materia a fin de enfrentar, efectivamente, un fenómeno que en Chile es más bien de carácter aislado, que tiene ciertos episodios que causan alarma pública, como los hechos conocidos la semana pasada.
Dicho eso, quiero referirme previamente al fondo del proyecto.
Nosotros tenemos un problema respecto de cómo se está enfrentando el tema. Ayer escuché atentamente al Ministro del Interior cuando se refirió a las nuevas dificultades que aparecen en materia de terrorismo en Chile. Pero, desgraciadamente, ayer él nos contaba que cualquier persona que busque este tipo de información en internet o en Google la puede encontrar. Por ejemplo, si uno entra a la página www.maldicionecoextremista.altervista.org visualiza todo lo que el Ministro nos comentó ayer.
Entonces, si la información que está recibiendo el Gobierno es a partir de fuentes abiertas, efectivamente tenemos un problema con el sistema de inteligencia respecto de cómo se enfrenta este fenómeno. Y eso, a mi juicio, refuerza la necesidad de que aquí deba existir una mirada mucho más integral sobre una nueva regulación de la figura penal del terrorista, de la nueva ley de inteligencia que se está discutiendo en el Senado, que -dicho sea de paso- no va a resolver las dificultades.
Yo siento que este proyecto de ley es, más bien, un anuncio comunicacional que hace el Gobierno para tratar de salir al paso frente a determinados problemas que no ha sido capaz de llevar adelante: controlar, dar mayor seguridad en el país, lo cual, además -hay que recordarlo-, fue un eje de la campaña presidencial de Sebastián Piñera: se le prometió mayor seguridad a los chilenos y no se está cumpliendo. Y, como una forma de levantar publicitariamente el tema de una solución, se plantea algo que, a mi juicio, es muy malo jurídicamente y no ataca el problema de fondo.
Y aquí yo quiero detenerme en un tema que no se ha dicho, porque muchos de los colegas que me precedieron en el uso de la palabra han señalado que lo que se solicita, la interceptación telefónica y de comunicaciones, los agentes encubiertos, está en otras leyes.
Eso es efectivo, pero lo que no se dice en la discusión, y hay que hacerlo, es que en el caso del delito terrorista, este requiere algo que, a mi juicio, se conoce como parte de una calificación de carácter político: entender que hay cierta motivación en su comisión.
Sin embargo, aunque la Ley Antiterrorista faculta que se pueda perseguir por delito terrorista, ya sea de oficio por el Ministerio Público, si así lo estima, o bien por el Ministerio del Interior con sus derivados (las intendencias o las gobernaciones), esa motivación requiere en la práctica que se juzgue que el acto que se califica como terrorista -por ejemplo, la colocación de un artefacto explosivo- busca un fin político. ¿Cuál es? Alterar el orden social, generar caos, anarquía o temor en la población.
Y esa calificación no es menor, porque tampoco se dice acá que la Ley Antiterrorista trae aparejada una serie de situaciones que no tienen los otros tipos penales. Por lo pronto, hay que recordar que en el caso de la Ley Antiterrorista la figura de la prisión preventiva es mucho más gravosa que un delito común, como el robo o el tráfico de drogas.
Tratándose de la Ley Antiterrorista se puede ampliar la detención a un plazo mayor de lo que dispone el Código Procesal Penal; se establecen normas más gravosas en torno a las comunicaciones que puede sostener la persona privada de libertad. Y eso también es un tema no menor porque, desde la persecución penal, los gobiernos suelen usar la figura antiterrorista por lo gravosa que es, y, además, por las normas especiales que contiene la legislación pertinente.
Entrando al fondo del proyecto, yo creo que este debe ser rechazado, como lo he dicho, porque, además de ser insuficiente al no enfrentar el fenómeno del terrorismo en cuanto a lo que debe ser la legislación penal, lo hace de una manera absolutamente equivocada, lo cual, a mi juicio, va a generar un impacto negativo en la persecución actual de los delitos y en la discusión futura de una nueva legislación.
Me explico.
El artículo 226 bis del Código Procesal Penal creó una forma de permitir las investigaciones por delitos respecto de aquellos que no tuvieran pena de crimen. Porque hay que recordar que cuando el legislador de la época aprobó el artículo 222 de ese Código permitió la interceptación de comunicaciones telefónicas, de correspondencia, etcétera, si los delitos de que se trataba tenían asignadas penas de crimen. Ahí se autorizaban medidas absolutamente intrusivas.
Es decir, hoy día, si nosotros no aprobamos esta iniciativa, el Ministerio Público igual puede pedir medidas intrusivas en el caso del delito terrorista, porque todas las figuras base tienen asignadas penas de crimen, salvo una figura muy excepcional que, en la práctica, es de escasa aplicación.
Entonces, qué nos interesa a nosotros. En la ley N° 18.314 las penas asignadas en sí mismas son penas de crimen, que superan este umbral, y que ya de por sí autorizan las medidas intrusivas que se pide incorporar a través de este proyecto.
Además, hay que tener presente que el problema se va a presentar, porque, paradojalmente, la regulación que se plantea como una solución al problema se transformará en una verdadera dificultad para investigar los delitos terroristas, va a entrabar la persecución. Ello, porque cuando uno lee el inciso primero del artículo 226 bis del Código Procesal Penal, el supuesto central para autorizar las interceptaciones telefónicas, el hecho de que se puedan utilizar agentes encubiertos, no es una cuestión de carácter solamente procesal, sino que tiene que ver con la definición de los delitos; pues el artículo 226 dispone que se trata de aquellos que se cometen en forma organizada o a través de agrupaciones de personas.
En este sentido, el artículo 226 bis del Código Procesal Penal establece que, para autorizar la interceptación telefónica, por ejemplo, es imprescindible: "la participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer hechos punibles previstos en las normas".
Ese es el supuesto central.
O sea, a diferencia del artículo 222, hay un umbral bastante más alto. Esta norma no exige la organización, basta una persona individual.
Entonces, ¿qué ocurre? Me imagino que el Ministro del Interior, como buen Ministro y académico que es, seguramente sabrá que lo que está diciendo él es que si nosotros aprobamos esto, el terrorismo solamente podría cometerse a través de grupos organizados.
Sucede que con ello se estaría sentando un precedente para la discusión que debiéramos sostener, en el sentido de que queremos castigar la figura del delito terrorista, partiendo de la base de que existe una organización.
En consecuencia, si se aprueba este proyecto de ley, para que un delito sea considerado de carácter terrorista solamente podrá ser realizado por un grupo u organización. Y, entonces, técnicas de investigación como la interceptación telefónica no se podrán usar cuando estemos en presencia de lo que se conoce como "lobo solitario" o "terrorista solitario", que es lo que se ha puesto de moda hoy día, principalmente en Europa.
Por tal razón, creo que es necesario discutir en el fondo la Ley Antiterrorista antes de avanzar en una norma que no hace nada y que, a mi juicio, no ayuda en la persecución penal.
En este sentido, señor Ministro, si queremos hacer las cosas fáciles, hay que modificar el artículo 222 del Código Procesal Penal, y no el 226 bis, que, obviamente, tiene una exigencia normativa mucho más alta que la disposición ya citada.
Así, yo creo que más que aprobar este proyecto, debiéramos avanzar en una regulación adecuada de la Ley Antiterrorista, con tipos penales claros.
Dicho eso, quiero agregar que a mí me causa cuidado -ya lo señalé- que la Ley Antiterrorista tenga una serie de bemoles que no poseen las otras figuras penales, principalmente respecto, por ejemplo, del caso de la prisión preventiva, del tipo de pena aplicable.
Cuando se está hablando de autorizar agentes encubiertos, uno esperaría que efectivamente existiera aquí una verdadera regulación sobre ellos. Porque ya lo dije a propósito del debate del proyecto sobre inteligencia: Chile no cuenta con una normativa en materia de agentes encubiertos, agentes provocadores, agentes facilitadores. Y principalmente quienes somos abogados sabemos de la discusión doctrinal y jurisprudencial en que se ha transformado especialmente lo relacionado con los agentes provocadores, es decir, aquellos que incitan a la comisión de un delito, en cuanto a determinar cuál es su límite, más aún cuando el delito terrorista per se lleva una calificación que no tienen los otros tipos penales: necesita un juzgamiento previo de la autoridad en orden a establecer que este tipo de delito se está cometiendo con un fin específico, que es alterar el orden social, causar temor en la población.
Si uno pregunta -de hecho, se lo consulté al Ministerio Público- por las causas que están siendo investigadas hoy día por delitos terroristas, se dará cuenta de que todas han sido a requerimiento del Ministerio del Interior, y mayoritariamente son por hechos registrados en La Araucanía.
Entonces, producto de ello, se podría criminalizar, legítimamente, a movimientos de carácter social, a los cuales les sería factible cometer acciones de violencia, que uno condena, pero que no necesariamente pueden tener el carácter de terrorista.
Por eso creo que debe discutirse con mayor certeza sobre el particular, más aún cuando todos sabemos los problemas que existen en una institución como Carabineros de Chile. Basta recordar lo que ocurrió en el caso Catrillanca, en que no fuimos capaces de tener desde el primer minuto información certera sobre lo que estaba sucediendo.
Por todo lo anterior, señor Presidente, pienso que esta materia debemos trabajarla en serio, a fin de establecer una normativa clara y robusta y no un parche que hará más dificultosa la persecución penal.

El señor PIZARRO.- ¿Me permite, señor Presidente? Quiero hacer una sugerencia.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIZARRO.- Deseo proponer lo siguiente, porque este debate es muy importante, bastante interesante y hay que hacerlo.
Entiendo que debemos quedar alrededor de dieciocho a veinte inscritos.

El señor QUINTANA (Presidente).- Diecinueve.

El señor PIZARRO.- Eso significa que restan 190 minutos de debate, lo cual está bien.
Pero yo sugeriría, señor Presidente, que abriéramos la votación, manteniendo los tiempos.
Ello nos permitiría cumplir con los dos objetivos que nos planteamos: tener una discusión amplia y, además, despachar el proyecto hoy día, independientemente de cómo vote cada Senador.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías abrir la votación?

El señor PIZARRO.- Manteniendo los diez minutos.

El señor QUINTANA (Presidente).- Por supuesto, señor Senador.
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, una de las primeras reflexiones que quisiera hacer tiene que ver con que, efectivamente, el debate que hemos estado realizando ha significado una contribución importante fundamentalmente para lo que le escuché decir hace un rato al propio Ministro: buscar un acuerdo político para en definitiva avanzar en lo que todos estamos reclamando: una ley completa, una "Ley larga", una ley que aborde de mejor manera este flagelo, esta situación que hoy día se halla viviendo nuestro país.
De otro lado, es preocupante lo que ocurrió ayer, por cuanto el Ministro, al responder a las consultas que se le formularon -lo señaló el Senador Pedro Araya-, dio cuenta de una información pública que está en Google.
Esa sola situación debiera llevarnos a la reflexión máxima en torno a la necesidad de avanzar en un proyecto que apunte a abordar un aspecto tan relevante como el que estamos tratando ahora en una forma mucho más completa.
El camino fácil, señor Presidente, sería culpar a este Congreso, como se ha hecho; a los jueces, como también se ha hecho, en fin.
Sin embargo, la explicación más plausible es que las investigaciones sencillamente no han dado el ancho, por lo que la ley sobre conductas terroristas, paradójicamente, se ha transformado en un medio para subsidiar investigaciones de baja calidad, que normalmente fracasan. En esta materia hay que destacar especialmente el pobre desempeño del Ministerio Público y de las policías, que actúan bajo su dirección.
Por otra parte, uno de los principales problemas que se puede observar al enfrentar este debate radica en que el concepto de "terrorismo" ha sido utilizado muchas veces por ciertas autoridades como una suerte de insumo comunicacional, posiblemente bajo la convicción de que con eso se puede obtener un mayor respaldo ciudadano, al mostrarse frente a la opinión pública como una autoridad que los va a proteger ante un peligro grave e inminente, lo que, en todo caso, desvía la atención de lo relevante: la necesidad de que se realicen investigaciones consistentes que permitan esclarecer la verdad de lo sucedido cuando se han cometido delitos de extrema gravedad que causan gran conmoción en nuestra sociedad, y a partir de ello, establecer condenas efectivas a los responsables, cuando corresponda.
De esta forma, señor Presidente, más allá de que se coloque la etiqueta de "terrorismo" o de "delito común" a determinado hecho, materia que muchas veces acapara la discusión frente a este tipo de investigaciones, lo relevante es contar con una institucionalidad robusta que sea capaz de responder de manera eficaz ante estos ilícitos, cualquiera que sea la denominación con que se los califique.
En ese contexto, los problemas que se observan en este ámbito, más que estar vinculados con deficiencias de nuestra legislación vigente, pasan por situaciones relacionadas con las competencias, los usos y las prácticas de quienes están a cargo de las instituciones de inteligencia del Estado y de aquellos que deben investigar estos delitos.
Así, la lógica habitual de limitarse a entregar a las policías mayores facultades, más personal y más recursos para realizar su labor, en caso alguno garantizará que se van a obtener resultados efectivos. Por el contrario, con ello solo se va a profundizar un fundado temor de que se puedan cometer abusos.
Señor Presidente, se requiere revisar la forma de designación de cargos y funciones al interior de la ANI y de los restantes organismos de inteligencia del Estado, además del Ministerio Público y de las policías.
Por otra parte, se debe garantizar que esas instituciones entreguen información oportuna, veraz y suficiente para que se pueda evaluar la eficacia de su labor, aparte de establecer sanciones ejemplares para quienes abusen de las facultades que se les otorgan.
Esta "Ley corta" no se hace cargo adecuadamente de los graves problemas que existen en el ámbito de la inteligencia y la persecución criminal de los delitos que se califican como terroristas, limitándose en lo sustantivo a aplicar en las investigaciones por terrorismo técnicas especiales que se encuentran incluidas actualmente en nuestra legislación para perseguir ciertos ilícitos, como aquellos establecidos en la Ley de Drogas.
Sin embargo, esto no se realiza de una forma razonable, ya que, por ejemplo, si bien se podría justificar incluir en nuestra legislación a los denominados "agentes encubiertos", a fin de que un funcionario policial pueda infiltrar una organización de carácter terrorista, no parece conveniente introducir en la ley en proyecto a los llamados "agentes reveladores", quienes inducen a los miembros de la organización a cometer ciertos ilícitos con la finalidad de ayudar a su captura.
Señor Presidente, el que un policía inste a los que son parte de una banda de narcotraficantes a llevar a cabo una operación de venta de droga con el objeto de facilitar su captura no es lo mismo que un policía se haga pasar por vendedor de armas de alto calibre o de explosivos de gran poder destructivo e incite a un grupo terrorista a adquirirlos y utilizarlos. La naturaleza de estos actos y el riesgo asociado de que se concrete lo que el agente está proponiendo o instando son tan radicalmente distintos que no se justifica permitir agentes reveladores en el contexto de la legislación terrorista.
Por otra parte, si se considera la posibilidad de entregarle a la policía mayores facultades de las que ya tiene actualmente para realizar interceptaciones telefónicas y demás medidas intrusivas, debe hacerse estableciendo de manera paralela una forma de control real sobre el ejercicio concreto de esa atribución.
En este ámbito, señor Presidente, no podemos ignorar que se está investigando actualmente a un exgeneral de Carabineros y a altos oficiales de dicha institución, quienes se desempeñaban precisamente en su Dirección de Inteligencia.
De esta forma, se debe pasar de un enfoque cuantitativo a uno cualitativo. Para colocarlo de una manera más gráfica: no se trata de tener más policías con más facultades, sino de que se necesitan mejores policías con mejores facultades.
Acá incluyo, por supuesto, la labor que lleva adelante la Fiscalía, la que debe dar más garantías de transparencia y de absoluta imparcialidad en la persecución de los terroristas.
En este punto, creo que el proyecto queda absolutamente corto.
Señor Presidente, al escuchar al Ministro uno entiende que, con lo que estamos votando hoy día, con el tratamiento que el Senado le ha dado a esta iniciativa, ha habido un consenso para legislar de mejor manera una ley antiterrorista.
Yo voy a votar a favor de la idea de legislar respecto de este proyecto con la finalidad de poder incluir durante el debate particular normas que acoten las facultades que se pretende entregar; se incorporen mecanismos de rendición de cuentas para la Fiscalía y las policías, que están a cargo de llevar adelante estas investigaciones, además de sancionar a través de penas mucho más ejemplares a quienes abusen en el ejercicio de estas atribuciones.

El señor QUINTANA (Presidente).- Solicito la autorización de la Sala para que me reemplace en la testera la Senadora Ximena Rincón.

El señor BIANCHI.- ¡Por supuesto!

El señor QUINTANA (Presidente).- Acordado.
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
--Pasa a presidir la sesión la Senadora señora Rincón, en calidad de Presidenta accidental.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, en primer lugar, quisiera señalar que estamos en presencia de una reforma al Código Procesal Penal y no a la Ley Antiterrorista.
Se trata de una reforma estrictamente procesal que no enfrenta los temas de fondo, porque no fue esa su intención; una reforma que busca, de manera muy discreta, aplicar para la investigación de los delitos catalogados como "terroristas" las mismas técnicas especiales de investigación que hoy día nuestro ordenamiento jurídico les permite usar a las policías en los delitos contemplados en la Ley de Drogas, en la Ley de Control de Armas, y también -lo aprobó recientemente este Parlamento por una amplia mayoría- respecto de algunos delitos de robo, como el robo de cables del tendido eléctrico (447 bis del Código Penal), e incluso para el delito de receptación de cables eléctricos.
Señor Presidente, un viejo aforismo jurídico dice: "Quien puede lo más, puede lo menos".
Cómo ha de explicarse ante la ciudadanía que el Congreso Nacional haya otorgado facultades para utilizar estas técnicas investigativas a fin de que se investiguen los delitos de receptación o de robo de cables eléctricos y no las entregue ahora para perseguir delitos que la propia sociedad ha considerado más graves: ¡los delitos de carácter terrorista!
Es de toda lógica que si como Parlamento hemos sido los encargados de otorgar esas potestades para delitos de menor gravedad con mayor razón debiéramos considerarlas también para los de mayor gravedad.
No se entiende que no se extiendan esas facultades.
Señor Presidente, la ley en proyecto no define qué es terrorismo ni pretende hacerlo. Esa es una discusión de fondo legítima que tendremos que realizar.
Yo me alegro de que se haya puesto en debate el aspecto más de fondo, pues, en verdad, durante mucho tiempo algunos hemos promovido reformas a la Ley Antiterrorista. ¿Y por qué? Porque tenemos una Ley Antiterrorista de origen cuestionable; de una eficacia muy baja, y que, adicionalmente, ha sido cuestionada porque no logra traspasar los estándares internacionales en materia de respeto a los derechos fundamentales.
Para decirlo en fácil: la Ley Antiterrorista chilena es mala. Y cada vez que es invocada se genera un debate sobre su origen, sus consecuencias, y algunos cuestionan que se aplique en tal o cual lugar, o respecto de tales o cuales personas.
Entonces, Chile tiene que darse una normativa antiterrorista.
Las democracias consolidadas, incluso bajo regímenes progresistas como la España de Felipe González o la Francia de Mitterrand, se dieron sus propias legislaciones antiterroristas. Ello, porque se entiende que la democracia debe tener herramientas para defenderse de aquellos que quieren cuestionar el régimen político; de aquellos que desean sembrar el terror en la población; de aquellos que buscan condicionar las decisiones de la autoridad, o de aquellos que quieren afectar a personas comunes y corrientes.
Aquí se ha dicho que la ley en proyecto, procesal, está dirigida a determinado sector de la población.
Señor Presidente, yo no tengo idea de si las personas afectadas por el atentado a la comisaría de Huechuraba perpetrado hace unos días o si las que fueron víctimas en el atentado ocurrido en el centro comercial Subcentro de la estación Escuela Militar del Metro, en Las Condes, son de Derecha, de Centro, de Izquierda; son agnósticas, católicas; son mapuches, alemanas o chilenas.
¡No lo sé!
Pero yo recuerdo que en el caso del Subcentro de la estación Escuela Militar del Metro a una señora humilde, Marta Elda Hernández Ancapán, trabajadora del aseo de ese centro comercial, se le debió amputar una parte de su mano.
Esa señora no toma decisiones, no es autoridad ni tampoco exautoridad: es una chilena, como cualquiera otra, que estaba trabajando y que sufrió la amputación de una parte de su mano producto de un acto terrorista, al estallar una bomba dejada en el referido lugar.
Señor Presidente, es en estos momentos en que debemos ser capaces de distinguir entre aquello susceptible de un profundo debate, como el contenido de la Ley Antiterrorista y su aplicación, y una normativa que no entra en esa discusión pero que es útil para la persecución penal de este tipo de delitos.
La ley en proyecto, evidentemente, no soluciona el problema de los atentados. Es una discreta modificación procesal.
Si queremos que Chile vuelva a tener mayores condiciones de paz y tranquilidad, debemos hacer reformas profundas no solo a la Ley Antiterrorista, que es importante realizarlas, sino también al sistema de inteligencia.
Pero cualquier reforma al sistema de inteligencia, a la persecución penal o a la Ley Antiterrorista supone un análisis más profundo.
¿Por qué están ocurriendo estos hechos en Chile?
¿Qué está pasando en nuestro país que crecientemente tenemos atentados; que los que se perpetraban hace cinco años en una sucursal bancaria de noche para causar un impacto pasaran a cometerse, por ejemplo, en el Subcentro de la estación Escuela Militar, en Las Condes, para causar lesionados o incluso muertos?
Porque a partir del atentado a Óscar Landerretche; del fallido atentado a Louis de Grange; del atentado a la comisaría de Huechuraba, o del envío de un paquete explosivo al ex Ministro Hinzpeter ya no se busca la posibilidad de dejar heridos: se persigue asesinar a personas.
Es otro estado de situación.
Chile, lamentablemente, registra hoy día una actividad que debe ser prontamente controlada, y ello supone un buen diagnóstico, saber las causas.
Hay que convocar a la academia, a los expertos nacionales e internacionales; hay que sentarse a analizar esta situación. Pero, a su vez, también hay que hacerse cargo del sistema de inteligencia.
Estas son cuestiones que -lo dije en su minuto, y causó la molestia de algunos- se han mantenido como tabú. Porque las normas sobre inteligencia fueron hechas en la medida de lo posible; de lo que era factible hacer en su oportunidad.
Pero hoy día nuestro país requiere un sistema de inteligencia adecuado a la realidad actual.
Necesitamos especialistas, analistas que estén ajenos a los ciclos políticos. Porque la gran virtud de las agencias de inteligencia en el mundo estriba justamente en la especialización; en la capacidad de penetrar determinado tipo de organizaciones; en conocer los vínculos, las personas, las historias, los eventuales quiebres, las situaciones que puedan servir para recabar información y poder procesarla, analizarla con el objeto de entregarle a la autoridad antecedentes que le permitan tomar decisiones oportunas.
Es importante que el Presidente de la República, cualquiera que sea, tenga información pertinente, de buena calidad para resolver adecuadamente.
Señor Presidente, se ha criticado mucho a la Agencia Nacional de Inteligencia. Y es cierto. Yo también tengo observaciones respecto de su trabajo. Pero déjeme decirle también que la ley sobre inteligencia es bastante discreta, pues no permite mayor acción. Porque había un sector de nuestro país que decía que la inteligencia tenía que estar radicada exclusivamente en las instituciones uniformadas -policiales y las Fuerzas Armadas- y otro sector que sostenía que no era adecuado contar con un sistema de inteligencia demasiado robusto, pues ello podría generar una afectación de ciertos derechos fundamentales.
Las democracias tienen sistemas de inteligencia con controles adecuados.
La mejor demostración de la necesidad de una inteligencia civil es que las autoridades del Gobierno anterior y del actual no fueron alertadas ni del fraude en Carabineros ni del ocurrido en el Ejército. ¡Obvio! ¡Si ellos mismos eran los que tenían que informar a la Agencia de Inteligencia!
Señora Presidenta, tenemos que estar a la altura de este debate. El debate de la Ley Antiterrorista, de la "Ley larga", lo vamos a hacer. Hemos conversado con el Ministro del Interior. Tenemos que llegar ojalá a un gran acuerdo nacional para definir qué entendemos por terrorismo, hasta dónde vamos a otorgar facultades y qué mecanismos de control vamos a establecer.
Pero este proyecto de ley procesal debe ser aprobado en general para hacer las enmiendas en particular, ya que es imprescindible introducirle modificaciones y perfeccionamientos, y porque, al final del día, lo que necesitamos son más instrumentos para una mejor gestión...

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Terminó su tiempo, señor Senador.

El señor HARBOE.- Un minuto más, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Puede continuar.

El señor HARBOE.- Decía que necesitamos instrumentos para una mejor gestión policial, para una mejor persecución penal, más inteligente, pero a su vez también para permitir que, de una u otra forma, Chile vuelva a tener niveles de paz y tranquilidad.
Frente al terrorismo no puede haber dobles interpretaciones. El terrorismo no distingue color político, creencia ideológica o religión.
Es muy importante estar a la altura y aprobar este proyecto para iniciar prontamente la discusión de fondo de la "Ley larga".
He dicho.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Moreira.

El señor MONTES.- ¿Y se fue el Ministro? ¡No está acá!

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- El Ministro se ha retirado por breves minutos. Fue a la sesión especial que está celebrando la Cámara de Diputados sobre La Araucanía y vuelve.

El señor NAVARRO.- ¡Excelente! ¡Los tiempos mejores!

El señor MONTES.- ¡La promesa de la UDI...!

El señor MOREIRA.- Que los colegas no provoquen y, por favor, devuélvame los segundos que se han perdido.
El Ministro del Interior se ha retirado, como ha señalado la Presidenta accidental, debido a que constitucionalmente tiene que asistir a la sesión especial de la Cámara de Diputados. Y este es un Ministro que cumple con la ley y con la Constitución.

El señor LETELIER.- ¡A veces!

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, el reciente atentado a una comisaría en la ciudad de Santiago, el envío de un paquete con una bomba en su interior al ex Ministro del Interior y todas las informaciones que hemos conocido han vuelto a poner en el tapete el tema del terrorismo y cómo combatirlo.
Lo primero es el deber...
Yo le pediría al señor Ministro que, así como le piden atención algunos Senadores, que preste atención a lo que estoy planteando.
Decía que toda esta situación ha generado una suerte de polémica en nuestro país y la discusión se ha basado en cómo combatir el terrorismo.
Lo primero es el deber de todos los sectores democráticos de condenar con fuerza estos hechos, que no pueden ser relativizados o minimizados.
Yo sé que aquí muchas veces, no con el tono de voz pero sí en el fondo, se ha hablado con bastante pasión sobre este tema. Y a veces esa pasión nubla la razón ante un tema tan complejo como este.
Quiero recordar que en el Gobierno de Patricio Aylwin, por ejemplo, el que modificó esta ley fue este Congreso. Y en el 2010 la modificó el Gobierno del Presidente Piñera con la participación de este Congreso.
Por lo tanto, cuando se habla de que esta es una ley poco democrática se está faltando un poco a la verdad y al conocimiento de ella.
Pero el combate al terrorismo enfrenta una barrera que hasta ahora ha sido inquebrantable: el temor de cierta Izquierda a legislar en profundidad sobre el particular.
Yo no voy a entrar a la discusión de los artículos, sino que quiero analizar este tema desde otra óptica.
Ayer el Senador De Urresti hacía un reconocimiento franco, honesto respecto de las heridas y traumas que dejó el régimen militar, que yo apoyé, en la gente del mundo de Izquierda en relación con el uso de la legislación antiterrorista.
Me parece que debiéramos valorar la franqueza del Senador De Urresti al admitir que mucha gente de ese sector aún no supera los traumas del pasado y que por eso no está dispuesta a legislar en serio sobre este tema.
Por ello, siempre se buscan excusas y se argumenta de manera sofista cada vez que se pretende legislar a este respecto.
Sin embargo, a partir de ello, señora Presidenta, es importante hacer una reflexión profunda: ¿cuánto tiempo...
Señora Presidenta, ¿podría pedir un poquito de silencio? Creo que este es un tema muy importante. Y esto no pasó ayer.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Así es, señor Senador.

El señor LAGOS.- ¡Asuma su autoridad, Presidenta!

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Les pido un poco de silencio a los señores Senadores para que pueda expresarse el Senador Moreira, en especial por la interpelación del Senador Lagos.

El señor MOREIRA.- Gracias.
Decía que muchas veces se buscan excusas y se argumenta de manera sofista cada vez que se pretende legislar sobre esta materia.
Uno puede entender aquello, pero no justificarlo.
A partir de ello, corresponde hacer una reflexión profunda: ¿cuánto tiempo debemos esperar...
Perdón, Senador Pérez. ¡Por favor!

El señor SANDOVAL.- ¡Lo están escuchando!

El señor MOREIRA.- ¡No, no! ¡Por favor! Porque se escucha mucho...

El señor QUINTEROS.- ¡No lo quieren escuchar...!

El señor MOREIRA.- ¡Si no me quieren escuchar, salgan de la Sala!

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Silencio, por favor.
Senador Moreira, puede proseguir.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, creo que este es un tema muy sensible -muchas veces podemos tener humor para las cosas- para la gente y estoy tratando de buscar el lado positivo respecto de todas esas personas que durante el Gobierno que yo apoyé sufrieron una serie de traumas a raíz de lo que significó el tema de los derechos humanos.
Eso jamás lo he negado, y asumo mi responsabilidad de haber apoyado y seguir apoyando en las cosas buenas al Gobierno militar, pero obviamente no estoy de acuerdo con los puntos negros. Y los puntos negros de aquel Gobierno, mi Gobierno, fueron los derechos humanos.
Hemos superado en este país el pasado en algunas materias. Fuimos enemigos, hoy día somos adversarios políticos. Este es un tema transversal que nos interesa a todos.
Ya lo ha señalado el Senador Harboe.
También lo dijo con mucha franqueza el Senador De Urresti: "Es doloroso para mí; es sensible. Tengo temor de aprobar una ley antiterrorista que puede ser sensible y que puede dar para interpretaciones. Me cuesta votar a favor". Eso fue lo que sostuvo el colega de alguna manera.
Por eso, es comprensible que ciertos sectores tengan temores por lo que ocurrió hace muchos años. Pero hemos tenido regímenes democráticos por casi treinta años, han pasado seis Presidencias y aún no podemos darnos una legislación moderna que permita hacernos cargo del problema.
Y esta no es cualquier situación que pueda resolverse mediante decretos o buenas intenciones.
Aquí estamos hablando, pero no legislando, de terrorismo.
¿Cuántas bombas debemos esperar en estaciones de metro, en paseos públicos, en comisarías o que pueden llegarle a cualquiera de ustedes a través de paquetes? Ustedes tienen familia; las autoridades, también. Porque, como dijo el Senador Harboe, el terrorismo no tiene color político.
Por lo tanto, este es un tema que tenemos que asumir con valentía.
Por eso, ¿cuántas bombas debemos esperar? ¿Cuántos chilenos heridos antes de que le entreguemos al Ministerio Público las herramientas necesarias para la persecución de estos delitos?
¡Ni Dios lo quiera!
¿Se necesita ver morir -¡se necesita ver morir!- a alguna persona para enfrentar el tema con perspectiva de futuro y no de pasado?
Nuestra legislación respecto al terrorismo es un manojo de remedos puestos uno sobre otro, unidos por la necesidad de legislación, pero anestesiada por el temor de una palabra necesaria en el siglo XXI: inteligencia policial.
Y cuando esa inteligencia policial está teñida por un manto oscuro de desconfianza de la sociedad, corresponde hacer leyes más explícitas, sobre todo en esta materia.
Aun en una necesidad tan básica, como es otorgar herramientas de investigación preventivas o persecutorias, como son la interceptación telefónica, el uso de agentes reveladores y la entrega vigilada, se evidencia el anclaje de ciertos sectores al dolor y la memoria. ¡Sí! Se evidencia el anclaje de ciertos sectores, especialmente de Izquierda, al dolor y la memoria, lo cual es comprensible, pero inútil para todas las víctimas del flagelo del terrorismo.
Es cierto, quien olvida su pasado tiende a repetir los errores en el futuro. Pero el dolor y la memoria no deben inmovilizarnos, sino que, por el contrario, deben motivarnos a hacer las cosas de mejor manera.
La inacción y la debilidad para legislar y actuar ponen en riesgo a la sociedad y termina favoreciendo a los terroristas, que ven en el inmovilismo una oportunidad para seguir sembrando el miedo en la ciudadanía.
Llamo, con humildad, a la Izquierda a colaborar, a trabajar por Chile en una legislación antiterrorista moderna, eficaz y respetuosa...

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Se acabó su tiempo, señor Senador.

El señor MOREIRA.- ¿Me puede dar un minuto, señora Presidenta?

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Lo tiene, señor Senador.

El señor MOREIRA.- Como decía, una legislación antiterrorista respetuosa de los derechos humanos.
Chile necesita UNIDAD para combatir al terrorismo y la Oposición no puede restarse a este esfuerzo. No se puede decir que solo porque las cosas se han hecho mal no vamos a legislar. Para que los malos ganen solo basta con no hacer nada. Por eso, este es un paso importante, con un compromiso del Ministro del Interior y del Gobierno del Presidente Piñera de iniciar un trabajo serio y responsable por la famosa "Ley larga". Eso es relevante para nuestro país.
Sé que todavía nadie se pone de acuerdo respecto a la definición de terrorismo, porque existen distintas miradas. Sé que la inteligencia tiene que anticipar. Pero ni en los países más sofisticados se logran prever estos hechos. Algunos sí, pero otros no.
En tal sentido, debemos avanzar, y la única forma de hacerlo es votando a favor del proyecto.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, el terrorismo es un problema serio del mundo moderno. Afecta a buena parte de las sociedades. Naciones mucho más desarrolladas que Chile registran cada cierto tiempo hechos muy graves.
Sus manifestaciones son muy diversas y complejas. Hay objetivos muy variados: políticos, sociales, territoriales, ambientales, religiosos.
Hay movimientos militantes, con estructura, con organización. Pero también hay pequeñas células, inconexas, a veces transnacionales, cuya pesquisa es, como digo, muy compleja.
La tecnología ha permitido la elaboración de artefactos muy dañinos.
Existen hoy acuerdos internacionales referidos a ciertos bienes de uso dual, algunos de los cuales son componentes de uso cotidiano, incluidos hasta en los controles remotos o videojuegos, pero que permiten desarrollar armas y explosivos.
Las comunicaciones y los medios de transporte facilitan el desplazamiento de autores y artefactos.
Las aplicaciones y portales permiten comprar los objetos más variados con mucha facilidad y sin mayores controles.
La masividad hace difícil la pesquisa.
Hace pocos días tuvimos un caso de paquetes o sobres bomba. Antes, los casos Landerretche y De Grange.
El año pasado, a raíz de un proyecto sobre modernización del tráfico de mercancías, veíamos cómo el envío de encomiendas ha crecido exponencialmente en el país.
Hoy son varios millones de envíos al año. Su revisión uno a uno es prácticamente imposible si no se cuenta con un trabajo de inteligencia que permita seleccionar por riesgo.
El terrorismo es un problema muy central de los tiempos actuales. Nuestro país no está preparado y estamos lejos de lo que se necesita.
¿Qué necesitamos?
En primer término, asumir una conciencia común de que pese a que, afortunadamente, estamos alejados de algunos tipos de terrorismo global, es un fenómeno que no nos es ajeno.
En segundo término, requerimos una legislación moderna, democrática y compartida, que sea parte de un consenso social, que apunte a fortalecer y no a debilitar la democracia y sus instituciones, que respete los derechos humanos y las garantías individuales y que, al mismo tiempo, sea eficaz, otorgando las facultades necesarias para enfrentar este tipo de desafío investigativo.
Pero también debe asumir otros aspectos.
Por ejemplo, ¿qué hacemos con las armas? Hoy día en Chile circulan dos millones de armas. ¿Vamos a parar la compraventa de armas de una vez por todas hasta que tengamos un sistema más serio para controlar las armas y las municiones o seguiremos permitiendo que esto siga creciendo y que lleguemos a tener los problemas que afectan a otras sociedades?
También necesitamos un sistema de inteligencia más robusto y coordinado y policías legitimadas. Hoy tenemos siete equipos de inteligencia enfocados en diversas acciones y objetivos. La coordinación es todavía más un objetivo pendiente que un logro.
La iniciativa que nos presenta ahora el Gobierno es una respuesta bastante limitada y parcial. Apunta solo a uno de los múltiples aspectos, que son las facultades intrusivas para este tipo de investigaciones. Es acaso el aspecto más primario, básico, de los que deben resolverse en la materia.
El problema principal, entonces, no está acá, sino en lo que no está en este proyecto, en las omisiones y consensos que aún no tenemos. El problema se encuentra en el concepto de terrorismo, que no se aborda y que es imprescindible.
Si vamos a dar facultades intrusivas, necesitamos tener claridad hacia dónde van a apuntar. Para algunos, según la coyuntura, pareciera ser terrorismo cualquier hecho violento. Otros creemos que se trata de hechos generados por grupos organizados y que apuntan a causar temor en la población.
Tampoco hemos definido bien qué pasa con la inteligencia a nivel de país.
Tuvimos una ley que fue un primer paso. Transcurridos unos años se requiere una evaluación de aquello que funcionó y de lo que no. La experiencia demuestra que esto no está bien y que hay desafíos.
Por último, como decíamos previamente, hay problemas en las policías, particularmente, en la uniformada. Lo ocurrido en la Operación Huracán y el caso Catrillanca son hechos muy graves, que generan una luz de alerta. Por eso es importante avanzar hacia una definición y reorganización de policías democráticas.
El Gobierno creó una comisión sobre seguridad. Entiendo que avanzó en algunas líneas vinculadas a la reorganización, especialmente de Carabineros; pero ello aún no se materializa. Y los conceptos y enfoques aún no están claros. Sabemos que cualquier transformación requiere mucho tiempo.
Aquí se ha cuestionado a la bancada Socialista por no construir la unidad de la Oposición. Esto se lo digo directamente al Senador Huenchumilla: nos encontramos en un proceso de generar acuerdos porque hay análisis y opciones que son similares. No hubo ningún acuerdo con el Gobierno de parte de la bancada Socialista porque ni siquiera tuvimos conversaciones al respecto y con el resto de las bancadas estamos recién procesando los temas entre nosotros. Es decir, no es efectivo que hubiese acuerdo.
Nos preocupa mucho la unidad de la Oposición y sabemos que es central. La Derecha en nuestro país es muy fuerte y tiene un alma confrontacional, rupturista y poco respetuosa frente a quienes piensan distinto. Así lo vemos en algunos ministerios sectoriales, en voceros e, incluso, en el Presidente de la República.
Estos temas no hay que sobrepolitizarlos, le diríamos al Gobierno. Debemos construir unidad sobre ellos, porque son muy graves para la sociedad chilena.
Dicho lo anterior, deseo informar que me voy a abstener por tres razones.
Primero, porque no considero razonable oponerse a las facultades solicitadas. Me parecen elementos básicos que ya tenemos en la investigación de otros delitos. Por lo tanto, no estoy por votar en contra.
Segundo, me voy a abstener porque me parece que hay vacíos de contrapeso muy serios. Al respecto, he leído la legislación alemana y española. Y tienen las mismas facultades, pero bajo un conjunto de condiciones, contrapesos, para que se sepan las actuaciones, para que haya control. Así lo demuestra la experiencia internacional. Y en nuestro caso, debe existir algún control de lo que ocurre. Y alguna instancia deberá tenerlo, porque no contamos con mayores controles.
Y lo anterior pensando no solo en este tipo de casos, sino también para todos los que usan estas facultades. La iniciativa no establece ninguna garantía adicional que subsane defectos al sistema procesal y de persecución penal chileno.
Tercero, se necesita una definición clara y compartida de terrorismo que no esté sujeta a la contingencia. Y aquí esta norma básicamente refiere al terrorismo sin precisarlo conceptualmente.
También se necesita -y sabemos que esto tiene que ver con la ley completa- una reorganización de los sistemas de inteligencia y de las policías en un marco "de-mo-crático". En definitiva, la ley marco, la ley global es fundamental, es indispensable. Esto no va a resolver los problemas; es un elemento que requiere un conjunto de elementos complementarios.
Esperamos que efectivamente -y no tenemos certeza de que así vaya a ser- lo planteado por el Ministro del Interior acá se cumpla. Esperamos sacar esa legislación en el resto del año. Ojalá sea así. Esto está ahí presente, ha pasado bastante tiempo y no se ha hecho. Sé que van a aparecer diferencias no pequeñas en el transcurso de la discusión, y hay que procesarlas con rapidez para contar con una legislación moderna propia de la democracia.
A mi juicio, esto sigue en tramitación.
Creo que podemos y debemos arribar a un acuerdo sobre estas materias en el resto del tratamiento de este proyecto y de la ley marco.
En definitiva, le decimos al Gobierno que pretender politizar el tema y que el día de mañana salga el Presidente diciendo "Yo logré esto" no corresponde. De lograrse, va a ser por acuerdo, fruto de un proceso de entendimiento, porque tenemos cierto consenso social. En ese sentido, requerimos una conducción con visión un tanto más larga, de acuerdo a la naturaleza de este problema. ¡Si este es un problema muy serio y sabemos que a lo mejor le va a tocar a alguien en cinco o en diez años más! Necesitamos trabajarlo con mucha seriedad desde ya, porque es propio de los tiempos actuales.
Yo me voy a abstener, como una señal, Ministro, y se lo digo a usted directamente, porque no quiero votar en contra de estas facultades. Sin embargo, necesitamos crear contrapesos y avanzar en una legislación más global.
Es todo cuanto puedo plantear, señora Presidenta.
Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, o el terrorismo lo enfrentamos ahora o habremos perdido la batalla.
Lo planteo porque, cuando en marzo del 2018 el Presidente Piñera envía al Congreso las modificaciones para contar con una nueva ley antiterrorista, y frente a la serie de hitos que desencadenaron finalmente atentados, él tomó una decisión: sacar adelante una "Ley corta".
Por tanto, más allá de la verborrea, acá simplemente se está pidiendo la modificación del artículo 226 bis del Código de Procedimiento Penal, para los efectos de poder establecer técnicas especiales de investigación que permitan dar con los responsables.
No es posible que tengamos técnicas especiales de investigación para delitos como la receptación o el robo de cables y no dispongamos de ellas para un delito de esta entidad y gravedad, como es el terrorismo.
Y lo hago presente porque acá lo que uno pide es unidad del Parlamento, y unidad del Senado, para sacar adelante estas modificaciones. El Presidente de la República y el Ministro del Interior se han comprometido a ponerle urgencia a la "Ley larga", para poder enfrentar los temas que implican el fortalecimiento del Estado, con el objeto de que sea capaz de hacerse cargo de la persecución de delitos de esta envergadura.
Por tanto, hoy día solo estamos entregando técnicas especiales de investigación para dar con los responsables.
Y este es un tema de la mayor importancia.
La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional pide en su artículo 20 que se adopten este tipo de medidas por parte de las legislaciones nacionales. Y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy.
En el año 1996, además, la Asamblea Plenaria de las Naciones Unidas emitió la resolución 51/210, en la que "reitera que los actos criminales encaminados o calculados para provocar un estado de terror en el público en general, un grupo de personas o personas particulares para propósitos políticos son injustificables en cualquier circunstancia, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra naturaleza que puedan ser invocadas para justificarlas".
Quienes despliegan este tipo de conductas -conductas terroristas- pertenecen normalmente a grupos antisistémicos, la mayoría de las veces, anárquicos, pero que no se consideran ni se califican a sí mismos como terroristas, sino que, por el contrario, sienten que con su accionar están materializando una especie de vocación mesiánica de salvar a la sociedad, constituyéndose en una clase de redentores o liberadores de ella, por lo cual les interesa que la comunidad tome pleno conocimiento de sus actos.
La conducta terrorista, en nuestro concepto, está conformada por una sucesión de actos que la constituyen, con un mismo designio criminoso, de modo que no se pueda efectuar una separación fáctica entre sus fases parciales, por cuanto existe una etapa de planificación, propia de los grupos que desarrollan este tipo de actividades; una etapa de ejecución en que se concreta el acto punible y, en la mayoría de los casos, una etapa de adjudicación en la que se hace pública la acción a través de los diversos medios de comunicación social.
En el año 2010, se promulgó la ley N° 20.467, que modificó la ley N° 18.314, sobre conductas terroristas, en virtud de la cual actualmente ha de acreditarse fehacientemente que si el sujeto no ha actuado con el preciso propósito de crear temor en el conjunto o en parte de la población, aun cuando en los hechos efectivamente provoque ese efecto y aun cuando sus fines sean tanto o más reprobables, no resulta posible aplicar en la especie la legislación especial antiterrorista.
Tal situación implica que debe probarse más allá de toda duda razonable no solo que ya el agente conocía y aceptaba positivamente el posible efecto atemorizador de sus conductas en la población o en una parte de ella, sino que dicho efecto era precisamente lo que perseguía. Y esto será particularmente difícil de probar en la práctica, atendidos los múltiples fines que se pueden asociar a las actuaciones delictivas de este tipo.
Es indudable que en el atentado ocurrido hace unos días a una comisaría de Carabineros en Santiago -en Huechuraba, específicamente-, con resultado de ocho funcionarios lesionados y de graves daños estructurales en dicha unidad, sus autores desarrollaron esta deleznable conducta con el ánimo de causar terror en la población, para demostrar que son capaces de vulnerar la seguridad de un recinto policial, con todas las consecuencias que de ello se derivan.
Por otra parte, no podemos desconocer que actualmente el sistema nacional de inteligencia es muy feble, y requiere una modificación integral para hacerlo más operativo, de modo que se puedan anticipar los hechos de carácter terrorista, previniendo adecuadamente su ocurrencia.
Consultado el Fiscal Nacional, cuando fuimos a verlo por este tipo de temas, él nos manifestó que tenían además una dificultad adicional, porque si, como parte de las acciones de inteligencia, se conocían actos que pudieran efectivamente constituir un atentado u otro acto punible, los servicios de inteligencia no tenían la facultad de entregar esos antecedentes a los tribunales de justicia y debían pasar por la autoridad administrativa.
Entonces, el propio Fiscal Nacional, Jorge Abbott, nos pidió en su momento que se estudiara una reforma al sistema de inteligencia para que en definitiva los antecedentes que se lograran pesquisar respecto de la comisión de un delito pudieran llegar a los tribunales de justicia y a las fiscalías.
El proyecto que analizamos en esta sesión tiene por objeto contar con medidas que ayuden a individualizar a quienes sean responsables de estos delitos, en sus diversos grados de participación, para lo cual es necesario que se puedan utilizar agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, así como la interceptación de comunicaciones telefónicas, las entregas vigiladas y la creación de la figura de la cooperación eficaz, incorporando además el terrorismo cibernético, y que se contemple que estos delitos no solo se pueden cometer por grupos organizados, sino que también por una persona.
Por eso se hace indispensable contar con este tipo de técnicas de investigación, para el esclarecimiento cabal y pleno de esta clase de ilícitos, ya que, como se estableció en el debate de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, resulta contraproducente que se puedan utilizar estas medidas excepcionales en los delitos contemplados en la Ley de Drogas y no en la que sanciona delitos terroristas, cuyos autores, cómplices o encubridores hoy en día no trepidan en nada con tal de consumar sus censurables propósitos.
Debemos dejar de lado los prejuicios y traumas del pasado, cuando los organismos de inteligencia operaban en situaciones absolutamente distintas, sin normas claras que regularan su actividad, lo que se prestó para numerosos abusos. Ahora, en cambio, debemos pensar con altura de miras, con una real visión de Estado, en el entendido de que el combate al terrorismo tiene por finalidad proteger la democracia, impidiendo que elementos desafectos pretendan, mediante acciones terroristas, buscar la anarquía y el caos.
Es aquí, en este Congreso Nacional, donde debemos defender nuestra democracia. Y es en este Congreso Nacional, con la urgencia otorgada por el Ejecutivo, donde trataremos la "Ley larga".
Nadie está exento de ser víctima de un atentado. Hace un año y medio fue desactivado un artefacto explosivo por el GOPE en mi sede de San Antonio. Hicimos la denuncia respectiva. Hay una investigación de la Fiscalía. Y hace tres días nuestra sede de San Antonio amaneció nuevamente con amenazas.
Por eso yo hago el llamado de atención. ¿Qué estamos esperando?
Creemos, sin lugar a dudas, que el instrumento para defender nuestra democracia es entender que acá se requiere entregar a las Policías y a la Fiscalía las herramientas para dar con los responsables. Y más allá de la verborrea, se necesita comprender que con este proyecto se están entregando simplemente técnicas especiales para poder dar con los responsables.
Luego será el momento, en la "Ley larga Antiterrorista", en el que podremos finalmente hacer un análisis de fondo respecto de las herramientas que deben tener el Estado y nuestra democracia para defenderse de aquellos que pretendan violentar y vulnerar el orden establecido.
Por último, quiero hacer un llamado a la Oposición a entender que hoy día más que nunca se requiere unidad, para poder decirles a aquellos que intentan vulnerar nuestra democracia y nuestra libertad que la violencia no tendrá ninguna cabida en nuestro sistema democrático porque estamos dispuestos y listos para defenderlo en este Parlamento.
He dicho.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la verdad es que ha habido un criterio común para determinar, primero, que la Ley Antiterrorista vigente es una ley enferma. Lo dijo el Senador Huenchumilla.
El Senador Harboe, quien ha votado a favor -a diferencia del Senador Huenchumilla-, ha dicho que la Ley Antiterrorista es insuficiente y que incluso la Ley de Inteligencia es discreta.
En definitiva, a pesar de que efectivamente el proyecto que estamos discutiendo no es suficiente, y de que la Ley de Inteligencia es discreta, se persiste en la idea de legislar en lo que se ha denominado la "Ley corta".
Esto no es una ley corta, sino un artículo del Código Procesal Penal. ¡No es ley antiterrorista! Y quiero aclararlo, porque aquí se ha puesto en los medios de comunicación, por el propio Ministro del Interior y por la Derecha, que hoy día estamos tratando la Ley Antiterrorista. ¡No es efectivo! ¡Es falso! Estamos tratando una reforma al Código Procesal Penal.
Y quiero anunciar mi voto en contra no por argumentos políticos.
Yo invito a los colegas a leer el informe -¡léanlo!- y ver lo que dicen aquellos que fueron invitados por la Comisión, para entender por qué este proyecto ¡no va a contribuir a avanzar un milímetro en materia de combate del terrorismo!
Hay otra iniciativa de ley -el Gobierno se niega a ponerla en debate- que fue enviada por la Presidenta Bachelet y que es amplia: la llamada "Ley larga", pero se insiste en la "Ley corta", en un proceso de efectismo político que se compara al populismo penal a que ya nos tiene acostumbrados el Gobierno.
En el informe que ha evacuado la Comisión se señala de manera muy clara y precisa que el Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández, afirmó que se requiere dotar al Ministerio Público de mayores facultades investigativas especiales.
Y luego añade:
"Así, el proyecto de ley se dirige en ese sentido, aunque en términos acotados," -subrayo la expresión "términos acotados"-. "La iniciativa de ley, en tanto, avanza de manera tímida," -"términos acotados", "de manera tímida" son las expresiones del Director señor Fernández- "por cuanto sólo se contempla para ilícitos terroristas la aplicación de algunas de esas técnicas indagatorias.". Y señala que estas medidas indagatorias siempre se contemplan en la fase de inteligencia, no en la fase procesal.
Luego el Director observó que "la manera en que el proyecto de ley alude a los delitos terroristas no es totalmente efectiva" en cuanto a su definición, "siendo preferible una remisión expresa a la ley N° 18.314", no al Código Procesal Penal. Por tanto -y, por favor, posteriormente el Ministro tendrá su oportunidad de hablar-, ¿qué dice el Director del combate al crimen organizado? Que si se aprueba el proyecto en los términos planteados "podría quedar fuera de su ámbito de aplicación el delito de financiamiento del terrorismo, contemplado en el artículo 8°" de la Ley Antiterrorista.
Del mismo modo, el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, comentó que las escuchas telefónicas hoy día son aplicables y que efectivamente es peligroso que en esta iniciativa no se haga mención explícita a esa técnica. Y dice que en la actual ley N° 20.000 se permite interferir teléfonos contando con el apodo del delincuente. Sin embargo, el artículo 222 del Código Procesal Penal -el que estamos aprobando, que no es ley antiterrorista-, para perseguir a alguien a través de las escuchas telefónicas, exige determinar el nombre completo de la persona que será afectada con la medida. Es decir, ¡no van a poder interferir los teléfonos si lo que tienen efectivamente las policías son apodos y no nombres completos!
Y, peor aún, será difícil "que se aplique esta técnica de investigación" -señala el Fiscal Regional Metropolitano Sur- "si se otorga la facultad con arreglo a las normas generales y no de conformidad con las reglas de la normativa de drogas".
Así, nos pasamos a lo planteado por el Defensor Nacional subrogante, señor Carlos Mora. ¿Qué es acto terrorista? Señala: "es sabido que actualmente se constata un problema en lo que se entiende por acto terrorista, según lo que dispone el artículo 1° de la ley N° 18.314. Por lo mismo, investigar de manera especial un tipo penal vago e indeterminado, en cuanto a la conducta involucrada y la finalidad típica, resulta incongruente. En efecto, no es posible otorgar mayores medidas investigativas si no se define primeramente cuál será la conducta sancionada.".
A mayor abundamiento, expuso que el propio mensaje del Presidente Piñera señala: "Si bien la misma definición del delito terrorista de la ley N° 18.314 conlleva una dificultad para configurar el carácter de tal, es la falta de inteligencia policial y de herramientas de persecución" lo que ha hecho fracasar una serie de causas.
Por consiguiente, el propio Presidente reconoce que no estando claro qué se entiende por delito terrorista, lo que habrá serán aquellos resultados que el propio defensor destaca: "Ello se demuestra" -enfatiza el señor Mora- "en que desde el año 2001" -¡2001!- "ha habido 127 imputados por delitos terroristas y sólo se han verificado dos condenas: una en Temuco en un procedimiento abreviado y otra por el atentado llevado a cabo en la estación de Metro Escuela Militar".
Entonces, de verdad, señor Presidente, si el Defensor Nacional, los fiscales, los que trabajan en terreno señalan la inviabilidad de lo que nos propone el Gobierno, a través del señor Ministro del Interior, yo no veo sobre qué base se argumenta.
El informe prosigue: "Ahondando en la indefinición del concepto de conducta terrorista, explicó" -se refiere al Defensor Nacional subrogante- "que cualquier tipo de activismo podría quedar incluido en esa terminología". De hecho, recuerda el caso de Luciano Pitronello, detenido in fraganti poniendo una bomba, ¡in fraganti! Y el tribunal correspondiente, al calificar su actuación, a pesar de que el inculpado participó en el hecho punible y colocó una bomba, sentenció que -escuchen bien- "no fue posible determinar la intencionalidad terrorista, por cuanto no se encontraba adecuadamente fijada esta definición".
Señora Presidenta, si nos dicen que cuando se detiene in fraganti a alguien poniendo una bomba, ¡in fraganti!, la falta de definición en la ley de qué se entiende por acto terrorista impide la condena del autor material de tal hecho, entonces, tenemos un problema no resuelto.
Por tanto, las facultades que entreguemos -las escuchas telefónicas ya están consideradas; los agentes infiltrados serían la novedad- no van a solucionar los casos que se produzcan, y va a pasar lo que señaló el Defensor Nacional respecto a Luciano Pitronello.
Además, si cualquier tipo de conducta puede ser categorizada como "delito terrorista", como ocurre hoy día, el policía, el fiscal o el querellante, bajo su propio criterio, podrá realizar ese ejercicio sin entender cuáles son los límites para ello.
En mi opinión, debe haber un límite en la fijación de lo que es un delito terrorista.
De acuerdo a lo sucedido en La Araucanía -como se ha señalado de manera reiterada en esta Sala-, esta iniciativa de ley busca perseguir lo que yo denomino "la legítima reivindicación de tierras usurpadas y robadas por el Estado de Chile a las comunidades mapuche", lo cual se pretende establecer como actos terroristas.
Una de las afirmaciones que contiene el mensaje es que resulta inaceptable que la Fiscalía cuente con más herramientas para desbaratar una red de microtraficantes que para combatir el terrorismo, como aquí lo han afirmado varios colegas; entre ellos, el Senador Chahuán.
No es efectivo, Senador -por su intermedio, señora Presidenta-, que haya más facultades para investigar el robo de cables o la red de microtráfico que para perseguir el terrorismo.
El Defensor Nacional sostuvo que "si se pretende modificar la normativa, primero se debe llevar a cabo un debate integral en cuanto al objeto del delito terrorista, para luego abocarse a las facultades especiales de investigación".
Señora Presidenta, como el informe señala, efectivamente ha habido fraude en la investigación terrorista, "fraude de etiquetas": se investiga como causa terrorista, pero luego las acusaciones son por delitos comunes.
Se ha hecho uso abusivo de la Ley Antiterrorista y se requiere una nueva normativa para combatir el terrorismo, pero esta no es la que el Gobierno nos plantea hoy día.
Las escuchas telefónicas se pueden hacer y todas las observaciones que señala el Defensor Nacional solo cabe incluirlas en la ley. Él insistió en que no son necesarias las facultades que se proponen, porque no se resuelve el elemento central, que es la definición, la tipicidad del delito terrorista, lo que ha impedido perseguir el terrorismo y sancionar a quienes han atentado y han sido detenidos, incluso, de manera in fraganti.
Voto en contra del proyecto, señora Presidenta.
Estaré a favor de una ley antiterrorista eficaz y verdadera.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, he seguido con mucha atención la discusión de ayer y la de hoy, y me ha sido imposible no imaginar la perplejidad que deben tener las personas que están viendo este debate a través de la televisión, porque de pronto aparece absolutamente incomprensible.
¿Es necesaria una reforma de la Ley Antiterrorista? Todos quienes han intervenido han señalado que sí es necesaria.
Y los antecedentes parecen comprobarlo: en 2014 la Presidenta Bachelet envió un proyecto de ley que, entre paréntesis, incluía las mismas medidas intrusivas que estamos conversando hoy día; el mismo año diversos Senadores señalaron que era necesario legislar al respecto y presentaron otra iniciativa; posteriormente, el año 2015, esos proyectos se fusionaron; en 2016 se abrió plazo para indicaciones, y en 2018 el Gobierno del Presidente Piñera presentó una indicación sustitutiva.
Entonces, si todos están de acuerdo en que es necesaria una Ley Antiterrorista nueva para que dejemos atrás esta ley discreta, esta ley ilegítima, esta ley que no resuelve los problemas, entonces, ¡cómo le explicamos a la opinión pública que en cinco años no hayamos hecho nada para avanzar en esta dirección!
Ello resulta a todas luces incomprensible y, por lo menos, debería haber motivado algún asomo de autocrítica de nuestra parte.
Pero la otra pregunta que inmediatamente debiera generar perplejidad es por qué estamos discutiendo una "Ley corta" y no una "Ley larga", que fue precisamente el proyecto que envió el Gobierno al inicio de su mandato.
Señora Presidenta, aquí se requiere una clarificación y un ejercicio mínimo de transparencia.
Cuando en la Comisión de Constitución se empezó a discutir la "Ley larga", para lo cual tuvimos siete sesiones, quedó de absoluto manifiesto que en sectores relevantes y mayoritarios de la Oposición, a lo menos al interior del órgano técnico, no había ninguna voluntad para avanzar en materia de "Ley Antiterrorista larga". Se expresó con nitidez. Y estoy siendo cuidadoso con las palabras: la mayoría de los miembros de la Comisión que forman parte de la Oposición estuvieron en esa postura.
¿Qué hizo, entonces, el Gobierno? Lo que habría hecho cualquier Gobierno: frente a ese rechazo, intentar avanzar en aquello que resultara posible, que es precisamente lo relativo a estas medidas intrusivas.
¿Pero qué pasó con la propuesta de avanzar en las medidas intrusivas? Sectores mayoritarios de la Oposición también manifestaron un rechazo categórico.
Señora Presidenta, la verdad es que cuesta entender lo que la Oposición piensa a este respecto. Más allá de que algunos voten a favor, unos se abstengan y otros voten en contra, cabe preguntarse -me imagino que se lo preguntarán quienes siguen este debate- qué piensa la Oposición en esta materia crucial.
Lo que siempre se le puede pedir a una Oposición es que en asuntos definitivos o fundamentales tenga un punto de vista comprensible.
¡Cómo una Oposición puede tener en una materia de esta naturaleza tantas diferencias!
Aquí se ha dicho, por ejemplo, que hay voluntad de alcanzar un acuerdo. Con toda la amistad cívica que uno pudiera tener, ¿no les parece -por su intermedio, señora Presidenta- que debieran ustedes, en primer lugar, alcanzar un consenso antes de invocar supuestos acuerdos nacionales?
¿Qué hace un Gobierno para sacar adelante una iniciativa tan importante si se topa con una Oposición fragmentada, dividida, balcanizada, que no tiene una posición común?
¡Es lo más raro que hay!
Por ejemplo, algunos señalan que se tiene que rechazar este proyecto de ley porque, en definitiva, su objetivo es aplicarse en La Araucanía. La pregunta que surge inmediatamente es: "Bueno, y si mañana se produce en La Araucanía un atentado terrorista como el que ocurrió en la comisaría de Huechuraba, ¿no vamos a aplicar la Ley Antiterrorista?". ¿Ese es el razonamiento?
Otros dicen: "Mire, hay tanta desconfianza en los organismos policiales y en el Ministerio Público que sería irresponsable entregarles nuevas atribuciones".
Yo, francamente, no puedo entender lo que nos informamos por la prensa. Ayer un partido de Oposición le propone al Gobierno una suerte de acuerdo -en realidad ello debería ser trabajado previamente con el resto de las colectividades de Oposición-, que contenía tres puntos: despachar esta "Ley corta", comprometernos a aprobar la "Ley larga" y también la iniciativa sobre inteligencia, de aquí a fin de año.
Leo en el diario que esa proposición tan razonable fue tajantemente rechazada por otros partidos de la Oposición. Pero lo curioso es que algunos miembros de tales partidos han argumentado aquí, en la Sala, exactamente en la misma dirección del acuerdo que rechazaron ayer.
Entonces, con toda franqueza, ¡quién los entiende!
Algunos dicen que las medidas intrusivas no van a servir para nada y otros, que ellas son razonables.
Algunos dicen que las medidas intrusivas se justifican y otros, que ellas van a entrabar las investigaciones.
Con toda franqueza, señora Presidenta, eso es completamente irrazonable. ¡Es irracional!
La verdad es que, en materias de esta naturaleza, el país se merece -y lo digo con respeto y con amistad cívica- una Oposición muy distinta de la que observamos ayer y hoy día.
Dicho lo anterior, a mi juicio, podemos rescatar algunas cosas positivas que nos debieran ir unificando. Primero, ya existe una mayoría contundente para aprobar esta "Ley corta" y, segundo, también se ha expresado una voluntad para avanzar, durante este semestre, en las dos cuestiones de fondo que se requieren: la "Ley larga" y la iniciativa de ley sobre inteligencia.
Esto es una novedad, porque hasta ahora no existía un pronunciamiento de la Oposición tan categórico en términos de avanzar en la "Ley larga". Más aún, quienes estamos en la tramitación de este proyecto podríamos haber dicho que hasta este minuto eso no había ocurrido y que se ha producido ahora en este debate público.
Señora Presidenta, quiero terminar diciendo simplemente que el diagnóstico que yo reflejo no pretende poner el dedo en la llaga.

El señor HARBOE.- ¡Seguro...!
¡Ya lo puso, Senador!
¡Ya lo puso!

El señor ALLAMAND.- Lo que sí pretende es dejar al descubierto una actitud que debe ser cambiada para que, en definitiva, podamos hacer en esta materia lo que logramos con relación a la derogación de la Ley Reservada del Cobre: alcanzar un acuerdo para avanzar.
Pero, con toda franqueza, quienes están en deuda y no están preparados para alcanzar este acuerdo son las bancadas de Oposición.

El señor HARBOE.- ¡Qué odioso!
¡Muy odioso!
La señora ALLENDE.- ¡Qué mal, Senador!

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Kast.

El señor KAST.- Señora Presidenta, el día de hoy quiero dar mi aprobación a esta modificación legal.
Si hay un flagelo en la actualidad que genera un dolor tremendo en la ciudadanía, es justamente el terrorismo; la violencia sin otro propósito que causar temor, la violencia anónima dirigida contra inocentes.
Es la peor de todas las violencias, una que no se justifica ni en la defensa propia, ni en el hambre, ni siquiera en la tiranía.
Es una violencia inspirada en el odio, que usa la intimidación como medio y el terror como fin.
El terrorismo no solo hace sufrir a quienes padecen la violencia directa, sino también a la población en su conjunto, al causar temor generalizado, y lo peor de todo, con víctimas inocentes: niños, ancianos, hombres y mujeres de trabajo.
Pero el terrorismo no solo genera temor -La Araucanía, desgraciadamente, lo sufre en forma especial-, sino que además erosiona la democracia y promueve el autoritarismo.
Por eso, en esta oportunidad quiero hacer un llamado a la Izquierda chilena para que ojalá este sea un tema de unidad nacional. Si hay algo que a la ciudadanía le indigna, es cuando ve, muchas veces por gallitos políticos, por conflictos internos, que no avanzamos en cuestiones urgentes.
En tal sentido, hago un llamado a todos ustedes, en especial a los representantes de La Araucanía aquí presentes: al Presidente de la Corporación, Senador Quintana, y al Senador Huenchumilla, para que, por favor, apoyen esta reforma. Las familias de nuestra Región no entenderían una decisión distinta.
Por desgracia, el terrorismo es una realidad que ha llegado no solamente a La Araucanía, sino también a otras partes de nuestro país.
Y quiero ser claro: esto no tiene relación con el pueblo mapuche, un pueblo tremendamente pacífico.
Quienes realizan actos terroristas no merecen otro nombre que "cobardes", y nunca, ¡nunca!, debiéramos tolerar la estigmatización de algún grupo de nuestra población; menos aún, de nuestros pueblos originarios.
A quienes se oponen a este proyecto de ley les pregunto: ¿Por qué les parece correcto y adecuado que las facultades investigativas estén disponibles para utilizarlas contra el narcotráfico, contra el robo del tendido eléctrico, incluso contra el abigeato, y no para el combate al terrorismo?
Alguien podría argumentar: "Lo que pasa es que el Gobierno no está haciendo nada para reformar el trabajo de las policías". Completamente falso. Es precisamente lo que estamos haciendo hoy día en la Comisión de Seguridad Pública.
O tal vez podrían señalar: "El Gobierno no está trabajando para mejorar la inteligencia". Falso. Sabemos perfectamente que hay un proyecto que aborda esa materia.
Por último, alguien podría decir: "El Gobierno no quiere una reforma profunda al sistema de inteligencia". Falso. Hay que recordar que en el año 2010 el primer Gobierno del Presidente Piñera realizó una modificación legal en ese ámbito y ahora ha ingresado un proyecto que va al fondo del asunto.
La razón por la cual el Ejecutivo eligió hacer una "Ley corta" en este caso es justamente el sentido de urgencia, para poder avanzar en lo profundo y en lo inmediato al mismo tiempo.
Entonces, ¿cuál es la verdadera razón de oponerse? Dado que no hay argumentos de fondo, pareciera que solo quieren hacerle un daño al Gobierno, poniendo la política pequeña por encima de los ciudadanos, quienes nos piden a gritos poder actuar en forma oportuna.
El día de hoy el Congreso tiene el deber ineludible de unirse en esta cruzada antiterrorista. Lo que Chile quiere y necesita es que en estos momentos demostremos la mayor unidad nacional.
No puede haber dos voces desde el Estado de Chile: la violencia terrorista es intolerable.
En democracia, todo, todo, menos violencia.
Defenderemos los derechos de todos, pero mediante el diálogo pacífico y responsable, el debate político tolerante y el respeto por todas las opiniones.
La democracia debe defenderse frente al terrorismo, porque, si no, corre el riesgo de sucumbir ante él. La historia nos enseña que en los países donde el terrorismo se enseñorea los ciudadanos terminan pidiendo el autoritarismo. Los únicos que ganan con el terrorismo son precisamente el autoritarismo y el populismo. No queremos eso para Chile ni para nuestra democracia. Por eso debemos defenderla a través de los mecanismos que un Estado de derecho le provee: leyes promulgadas por el Congreso; policías que hacen cumplir esas leyes, y un Poder Judicial que respeta el debido proceso y cautela los derechos personales de víctimas y victimarios.
Por eso espero que, junto con los esfuerzos que hace el Gobierno, veamos los mismos esfuerzos en el Ministerio Público y en la Corte Suprema, para terminar de una vez por todas con la impunidad que desgraciadamente prima en nuestro país.
En consecuencia, voto que sí, porque este proyecto no es solo contra el terrorismo, sino también a favor de nuestra democracia.
Gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra la Senadora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señora Presidenta, la lucha contra el terrorismo jamás debiera ser instrumentalizada como un medio para obtener ventajas políticas, porque el terrorismo es antihumanismo, una práctica antidemocrática, antilibertaria y antisolidaria, que solo produce temor en la población, desestabilización y caos en nuestras formas de vida.
En la lucha contra el terrorismo todos debemos tomar la trinchera de los pueblos libres, solidarios y democráticos que anhelamos vivir en paz y aspiramos a la seguridad y a la protección.
Por eso, ningún protagonismo, ningún afán de destacar y de aprovecharse de una posición ventajosa puede tener lugar entre nosotros, sino la búsqueda de la unidad sin fisuras en contra de los horrores ocasionados por el terrorismo.
Por lo mismo, queremos asumir este desafío con la urgencia que requiere.
Somos conscientes de que entre nosotros y el Gobierno hay diferentes modos de comprender la misión y la visión de esta lucha, pero, asimismo, tenemos la convicción responsable de que podemos llegar a acuerdos sobre lo sustantivo, porque aquí el imperativo es actuar con eficacia y oportunidad antes de lamentar un antes y un después.
Así lo hemos afirmado en la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, aprobada por la unanimidad de los Estados y en virtud de la cual se proclamó el 21 de agosto como el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.
Así también lo hemos ratificado en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
Desde la bancada de la Democracia Cristiana hemos dicho al Gobierno que estamos dispuestos a modernizar la Ley Antiterrorista.
También hemos hecho una advertencia, para que nadie se confunda: a lo que el Ejecutivo ha puesto "suma" urgencia, llamándola "Ley Antiterrorista", es al "proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente Piñera, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas".
Se trata de la modificación de un artículo del mencionado Código, que tampoco permite evitar situaciones calificadas de terrorismo, pues a lo que autoriza es a operar sobre hechos ya consumados.
Claramente lo que presenta el Gobierno no tiene nada que ver con modernizar la Ley Antiterrorista. La iniciativa del Ejecutivo ni siquiera toca la Ley Antiterrorista.
La que conocemos como tal es la ley N° 18.314, de mayo de 1984, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, cuyas enmiendas están pendientes hace más de un año en la Comisión de Constitución y que el Gobierno no ha tocado.
Esta ley carece de eficacia, como muy bien lo expresó el Senador de nuestra bancada Francisco Huenchumilla. No puede aplicarse, porque, transcurridos treinta y cinco años de cambios sociales, tecnológicos y jurídicos, ha terminado quedando obsoleta.
Las medidas que el Gobierno propone autorizar son la interceptación de conversaciones telefónicas, fotografías, filmaciones, entregas vigiladas, agentes encubiertos o informantes y agentes reveladores, herramientas que ya están a disposición de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
A la luz de ello, es válido preguntarse: ¿por qué este organismo no ha sido capaz de desbaratar operaciones que revisten carácter terrorista y que han generado alarma pública, como la reciente detonación de paquetes explosivos, en circunstancias de que ya dispone de esos medios?
Cuando hoy se dice que vamos a dotar a las agencias del Estado de más herramientas para fortalecer la Ley Antiterrorista, que es anacrónica, entendemos que se harán modificaciones profundas para progresar hacia una ley moderna que garantice la seguridad de las personas, no una vez ocurridos los hechos, sino para prevenir la comisión de estos. Lo que nosotros esperamos es que la legislación proteja a las personas y los bienes de las personas contra ataques terroristas.
En síntesis, esperamos que se hagan realidad, en nuestro territorio, los cuatro pilares de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo: primero, hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo; segundo, prevenir y combatir el terrorismo; tercero, desarrollar la capacidad del Estado para prevenir y combatir el terrorismo, y finalmente, alejar toda sospecha de estigmatización de grupos étnicos y de xenofobia con migrantes de origen no caucásico. Eso, señora Presidenta, es muy importante en este debate, porque, tras escuchar varias de las intervenciones de nuestros colegas de enfrente, pareciera que este último punto es adonde va dirigida esta modificación. Por lo tanto, debemos ser capaces de garantizar el respeto universal de los derechos humanos y del Estado de derecho como pilar fundamental de la lucha contra el terrorismo.
Es hora de avanzar en modernizar la Ley Antiterrorista para adaptarla a los estándares internacionales y al propio desarrollo que ha experimentado nuestro país.
Queremos reiterar que estamos abiertos a emprender la discusión general de la reforma al Código Procesal Penal, y de avanzar, simultáneamente, en la tramitación del proyecto sobre definiciones de fondo de la Ley Antiterrorista, lo cual comporta abordar el nuevo sistema de inteligencia y la modernización de las policías.
Solo a partir de un compromiso del Gobierno con la seguridad del país y con la protección de las personas podremos apoyar una iniciativa como esta. Mientras estos elementos no estén presentes, no podemos concurrir con nuestro voto favorable a esta iniciativa de ley.
He dicho.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, no hay dos opiniones: Chile requiere modernizar su legislación en materia antiterrorista. Nadie duda de ello.
En el escenario internacional actual, las formas de ataque a la sociedad o a sus instituciones han mutado. Ya no son los mismos objetivos ni los métodos de décadas atrás.
Junto a los crímenes de odio, crece la xenofobia y el fanatismo religioso y surgen ataques cibernéticos que no solo se traducen en sabotajes operacionales o fraudes, sino que también pueden poner en peligro la seguridad o la salud de las personas, como los que sufrieron diversos hospitales del Reino Unido hace unos meses.
En Chile, los casos conocidos hace unos días generan una condena unánime, si bien se trata, claramente, de actos aislados. En cualquier caso, estas amenazas deben ser enfrentadas con decisión y responsabilidad, como política de Estado y no como política de trinchera. Nada más perjudicial para la lucha antiterrorista que las maniobras comunicacionales o el uso de consignas.
La gravedad del tema exige ser extraordinariamente cuidadosos.
Desgraciadamente, no lo ha sido el señor Presidente cuando ha emplazado públicamente al Congreso a aprobar una nueva Ley Antiterrorista, en circunstancias de que lo que estamos votando hoy no es una reforma a esa normativa, tarea que sigue pendiente. Lo que realmente estamos votando ahora, como se ha precisado, es solo una limitada modificación al Código Procesal Penal, ampliando las facultades investigativas de los fiscales.
Evidentemente, lo que se propone no puede pretender ser la única respuesta del Gobierno frente al fenómeno terrorista.
Se requiere una nueva ley de inteligencia, de manera que el país cuente con sistemas de información y políticas de prevención acordes con las amenazas de los tiempos.
Se requiere revisar los protocolos actualmente aplicables en el Ministerio Público y en las policías con relación a las interceptaciones telefónicas que, bien sabemos, han dado lugar a situaciones de abuso y vulneración de garantías básicas.
Se requiere revisar el tipo penal, de modo que sea una herramienta efectiva para la persecución y cumpla, a su vez, con los estándares de derechos humanos exigibles a nivel internacional.
Se requieren soluciones reales a estos problemas y no consignas o debates teóricos.
La autoridad civil debe tener un control efectivo sobre las operaciones de inteligencia. Los fiscales y los jueces deben ser más estrictos con las diligencias investigativas que ordenan o autorizan. Todo acto violento debe ser condenado, pero no todos ellos son constitutivos de terrorismo.
¡Cómo no vamos a ser capaces de plasmar, estas y otras ideas, en normas concretas! ¿O preferimos mantener la ley actual, que para algunos es muy limitada, y para otros, muy amplia?
Señora Presidenta, me iba a abstener, pero, escuchando el compromiso del señor Ministro del Interior, quien ha dicho que va a acelerar en la Comisión de Constitución una iniciativa para tener una verdadera Ley Antiterrorista, y el compromiso que ha adquirido el Presidente de esa instancia en cuanto a que antes de fin de año se legislará sobre esa materia, voy a dar mi voto a favor, porque confío en los compromisos que se toman en este Hemiciclo, y porque le hace bien al país abandonar las etiquetas y contar, de una vez, con una legislación antiterrorista moderna.
He dicho.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, sin duda, este es uno de esos proyectos de ley donde, por la complejidad y sensibilidad del tema tratado, existe la oportunidad de hacer un debate más profundo, viendo lo que es mejor para el país en términos de establecer mecanismos eficientes que permitan combatir un flagelo que, lamentablemente, se ha ido entronizando en el mundo -Chile no es la excepción-, como son los actos de terrorismo, presentes también, por desgracia, en nuestro territorio.
Es importante esta discusión, porque estos hechos, si bien es cierto que todavía son bastante distantes entre sí, a veces se nos olvidan o los dejamos pasar, diciendo: "Bueno, no es tanto; a lo mejor en otros países el terrorismo genera más muertes, produce situaciones mucho más complicadas, y hay una preocupación más permanente, una toma de conciencia que hace que la ciudadanía entera entienda que en estas materias tiene que haber políticas de Estado, políticas únicas y, sobre todo, definiciones conceptuales muy compartidas".
Hay acuerdo en este Senado, en el debate que se ha realizado, en cuanto a que la actual Ley Antiterrorista es poco eficaz, es mala, y que, desde el punto de vista conceptual, carece de una definición clara, coincidente, que sea interpretada por todos de la misma manera respecto a qué es el terrorismo.
Por supuesto, a raíz de esa discusión, el proyecto de ley que estamos viendo ahora, llamado "Ley corta", referido, fundamentalmente, a la posibilidad de entregarles facultades al Ministerio Público y a las policías para entrometerse, para intervenir teléfonos, para efectuar acciones encubiertas, representa, diría yo, el tema menor. Es lo que quizá puede llamar la atención, pero, en definitiva, frente a la magnitud del problema que tenemos por delante, no resuelve el fondo o los principios básicos de una política antiterrorista, que tiene que ver más con la prevención que con lo que se hace después de que se producen los atentados.
Sin duda, es importante tener la capacidad de reaccionar rápidamente, de investigar, de descubrir a los culpables, de sancionarlos y desarticular las prácticas terroristas, pero, evidentemente, la eficacia en la acción antiterrorista pasa más por la prevención que por lo que sucede después de que se cometen esos actos delictivos.
Ahí es, a mi juicio, donde hay que focalizar bien el debate.
Escuché con atención y también con bastante respeto al Senador Allamand, más allá de algunas de las interrogantes que él planteó. La relación que Su Señoría hizo acerca de lo que ha sido este debate, de los distintos proyectos presentados, de la demora producida, de las no definiciones en esta materia, de la falta de claridad conceptual que todos los sectores del país tenemos frente a este tipo de problemas, es reflejo de lo débil que Chile está en este ámbito, de la incapacidad que muestra nuestra democracia para prevenir y combatir los actos terroristas, porque no tenemos capacidad de inteligencia ni tampoco un concepto claro de qué puede implicar la inteligencia en una democracia moderna donde exista la posibilidad de ejercer una acción eficaz, pero sin pasar a llevar los derechos elementales de las personas. Ese es el justo equilibrio que más cuesta establecer en una legislación de este tipo.
Por eso, no creo que esta tarde el objetivo central o lo más importante sea quedarse en el debate simple y decir: "Mire, aquí no se ha legislado porque ni la Oposición ni el Gobierno han querido hacerlo". Al contrario, creo que la oportunidad que tenemos para generar más conciencia en el país y entre nosotros mismos acerca de la necesidad de contar con una legislación moderna, acorde a los desafíos que implica atacar, encarar y evitar que se produzcan actos terroristas, es mucho más relevante y debiera estar por encima de cualquier consideración de coyuntura comunicacional o de interpelación de un sector a otro.
El Senador Allamand dice, con razón: "A lo mejor la Centroizquierda o la Oposición no tiene una postura clara". Y es cierto. En este tipo de materias, tan sensibles, es muy complejo tener una sola postura, porque las experiencias que hemos vivido en nuestro país en este ámbito han sido traumáticas, con abusos por parte de los servicios de inteligencia, que han violado sistemáticamente los derechos de las personas, sobre todo en tiempos de dictadura, pero también en tiempos de democracia.
La falta de confianza por el uso o abuso que hacen las actuales instituciones que cuentan con este tipo de facultades al momento de combatir delitos o actos terroristas -producto de los montajes, producto del engaño, producto de las mentiras, producto de la tergiversación de los hechos- hace que a muchos de nosotros nos cueste entrar en este tema.
Y en la Derecha se produce el mismo fenómeno, pues también hay una carga de responsabilidad respecto de lo que ocurrió en el pasado. Por eso, no me gusta la recriminación o este debate sencillo que a veces se hace de colocar a unos en un lado y a otros en uno distinto para echarse las culpas, porque así no se avanza.
A mi juicio, lo que hoy corresponde es ser capaces de generar condiciones para un acuerdo nacional que permita de verdad tener un sistema de inteligencia que genere información y acciones que prevengan los actos terroristas o que los combatan eficazmente cuando estos se produzcan.
Eso no lo tenemos. Nos negamos sistemáticamente a entrar en esa discusión. Reclamamos porque las autoridades de cualquier gobierno adoptan medidas equivocadas, las más de las veces porque reciben información errónea de quienes tienen la obligación de hacer inteligencia.
¿Cómo el señor Ministro del Interior, que hoy nos acompaña, va a poder tomar decisiones acordes con lo que sucede frente a hechos tan traumáticos como el asesinato de un mapuche, el señor Catrillanca, cuando detrás de eso hay una operación de inteligencia al revés, de engaño y montaje, que entrega una información absolutamente errada a quienes deben tomar decisiones?
Ninguna autoridad, ¡ninguna!, ni de este Gobierno ni del anterior, está en condiciones de tomar decisiones adecuadas si no tiene antecedentes fidedignos, no tiene confianza en los organismos que en la actualidad ostentan esas facultades, no tiene certeza de que la información que le entregan es certera, verdadera.
Ese es un mea culpa que todos debemos hacer, porque aquí la ventaja fácil es decir "la culpa la tiene el Gobierno; no es capaz de reaccionar ni de enfrentar el problema", que eran los cargos que les levantaba la Oposición de la época a nuestros Gobiernos. Pero no entrábamos al tema de fondo.
¡Por qué no somos capaces, de una vez por todas, de entender que las democracias modernas, como las europeas, que pasaron por traumas peores o similares a los nuestros, hoy sí tienen una institucionalidad eficaz que les permite contar con herramientas para combatir el terrorismo de manera permanente, con políticas respaldadas por todos los sectores, con las autonomías necesarias, con el profesionalismo adecuado, con continuidad en las políticas de inteligencia, y con los recursos necesarios!
Solo así, señora Presidenta, creo que podremos avanzar: con esa capacidad y con esa generosidad política para buscar acuerdos que estén por encima de lo que pueden ser las coyunturas que estemos viviendo en cada oportunidad.
Me parece que no tenemos derecho, en este Senado, a dudar de la palabra del señor Ministro del Interior, empeñada de manera pública en esta Sala, que ha quedado en actas y que compromete a su Gobierno en el sentido de que la Cámara Alta va a tener la posibilidad y la oportunidad de llegar a un entendimiento y despachar una legislación acorde a los tiempos, una ley que sea la que el país necesita en materia de inteligencia y en materia antiterrorista.
Por esa razón, señora Presidenta, voto a favor del proyecto.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Señora Presidenta,...
¡El micrófono!
Iba a decir que cuesta tanto ver a una mujer sentada en la testera y justo, misteriosamente, ¡no hay micrófono! ¡Es, una vez más, algo que nos ocurre a las mujeres! ¡En fin!
Señora Presidenta, estimados colegas -y aprovecho de saludar también a los señores Ministros y al señor Subsecretario-, quiero decirles que esta no es una discusión fácil. Quienes hemos estado acá durante la tarde de ayer y de hoy así lo sentimos. Y no es fácil porque el tema en sí resulta tremendamente complejo. No por casualidad no existe una definición clara de terrorismo; no por casualidad es algo muy discutido en la filosofía, en la psicología, en la criminología, en las distintas disciplinas; no por casualidad nosotros no tenemos, tampoco, ni siquiera una definición.
Además, se han señalado otras cosas.
Se nos ha dicho que nosotros estamos traumados, que buscamos excusas, que inventamos sofismas, como alguien expresó por ahí.
Francamente, creo que es innecesario caer en esas descalificaciones.
¿Que nos dolió una Ley Antiterrorista creada en plena dictadura? ¡Evidente! No solo por su origen espurio, sino por lo que pretendía y lo que significó.
El dolor que tenemos por las muertes producidas durante la dictadura militar es algo que vivirá con nosotros. No es un trauma; es algo que es parte de nosotros y de nuestras vidas. Y sería bueno que eso lo entendieran también los Senadores del otro lado.
Por lo tanto, si hablamos no es por el trauma. Estamos hablando porque creo que nadie en esta Sala está de acuerdo con que exista terrorismo. Estoy convencida de que nadie en esta Sala está dispuesto a consentir que haya terrorismo. Tengo la convicción de que se necesitan leyes antiterroristas como las que existen en todas las sociedades democráticas, pero que vayan al fondo del problema, que ocupen los mecanismos adecuados, eficaces, reales, que sirvan para prevenir, que permitan obtener información en forma previa, que logren, si desgraciadamente ocurren hechos de este tipo, perseguir a los culpables y condenarlos duramente -como lo hemos visto en otros países-, pero cumpliendo estándares internacionales y respetando los derechos humanos.
Los que estamos hoy día en esta Sala nos hallamos compelidos -como se ha dicho- a votar una cosa mínima, que es una reforma procesal, pero no más que eso, ni siquiera es una "Ley corta".
Sin embargo, si estamos dispuestos a aprobar en general esta iniciativa es bajo la condición de que efectivamente vamos a avanzar en su discusión en particular; porque esto no da para que sea una ley así como está: tenemos que perfeccionarla y ponernos a tono con los pasos previos. Y esta no es la solución del problema que hoy día nos aqueja.
Necesitamos tener esa ley, y yo voy a asumir las palabras que expresó el Ministro del Interior en esta Sala. Confío y confiaré en lo que ha señalado, a pesar de que no me gustaron las declaraciones que se formularon ni la forma en que reaccionó el Presidente. No soy partidaria de que se trate de utilizar esto mediáticamente.
Eso no corresponde al dolor que se pueda sentir, en la eventualidad de que ocurra un hecho de la gravedad que pudo haber tenido el estallido de la bomba dejada en la oficina del ex Ministro Hinzpeter o que es posible que genere alguna que se instale en otro lugar el día de mañana.
No corresponde tratar de hacer de esto un uso político.
No corresponde que aquí se nos diga que quienes no vamos a votar estaremos amparando a los terroristas, o que no somos patriotas, como lo he escuchado otras veces.
Yo quiero decir de una vez por todas a los Ministros que entiendan que en este Parlamento, que representa a la diversidad, es natural que seamos Oposición, pero como Oposición hemos estado disponibles a apoyar proyectos cuando realmente merecen nuestro apoyo, cuando hacen avanzar al país, cuando buscan el bien nacional.
No se nos puede estar diciendo: o aprueban o son antipatriotas, o quieren la Ley Aula Segura o apoyan a los delincuentes, ni tampoco -como dijo prácticamente en forma textual la Ministra Secretaria General de Gobierno- que aquí vamos a combatir los crímenes o la violencia en La Araucanía.
Repito: eso no corresponde.
Esta iniciativa de ley no está hecha para perseguir a un grupo específico, ¡por favor!, y no sigamos estigmatizando a las personas, porque eso nos ha hecho mucho mal.
Este fenómeno del terrorismo no es un fenómeno local, es global, desgraciadamente, y ha empezado a hacerse sentir con mayor fuerza en el último tiempo en nuestro país. Por lo tanto, no escapamos de algo que hubiésemos querido que no existiera, pero que lamentablemente existe.
Y también queremos decir, con la misma fuerza, que esto nos obliga a tener una verdadera Ley Antiterrorista, que cumpla con los estándares, que dé todas las garantías, que sea efectivamente visada por autoridades del Poder Judicial, que no se pueda usar arbitrariamente, que no se preste a otras situaciones, como hoy día ocurre en muchos casos. Miren, desde el año 2001 han existido 127 imputados por delitos terroristas y se han abierto 25 causas; pero, pese a este teóricamente gran número de imputados, solo ha habido tres condenas. Dos en La Araucanía y una por el ataque ocurrido en el Subcentro, ubicado en la estación Escuela Militar.
Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a nuestro Estado por el uso de esta ley en el caso de Norin Catriman, decretando la nulidad de la condena de ocho personas por haberse vulnerado el debido proceso, la presunción de inocencia, afirmando que "la sola utilización de razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios en la fundamentación de las sentencias configuraron una violación del principio de igualdad y no discriminación", en relación con su utilización indiscriminada contra el pueblo mapuche.
Esto es muy doloroso. Y no es aceptable para un estándar democrático. Ello nos indica que con el texto que vamos a aprobar no solucionaremos lo que hoy día se nos plantea. Lo que haremos será permitir que se cumpla un compromiso, en el que vamos a trabajar con seriedad todos quienes estamos aquí.
Además, quiero recordar otra cosa. Acá nos han sacado en cara que hemos tenido diferencias de opinión. ¡Sí! Es parte de la democracia. Me hubiese gustado que toda la Oposición tuviera una sola postura; pero no la podemos implantar, no la podemos exigir, es natural que cada uno de nosotros tenga una reflexión al respecto.
Sin embargo, estamos claros de que esta iniciativa de ley no es la solución.
Estamos claros de que el Gobierno no nos puede emplazar diciendo que, si no aprobamos este proyecto, poco menos que estaremos amparando el terrorismo.
Estamos claros de que no tenemos un servicio de inteligencia a la altura de lo que corresponde al desafío que significa un fenómeno terrorista. ¡Está clarísimo! Y ya es hora de que lo vayamos reformando.
Y estamos claros de que de este Senado tiene que salir un compromiso de todos y cada uno de nosotros en el sentido de que vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para trabajar en alcanzar una verdadera ley, y de que no trataremos de sacar de esto un partido fácil, como lamentablemente lo hizo un Senador de la bancada del oficialismo.
No estamos por esa pequeñez. Lo que nosotros queremos es mirar a nuestro país con altura de miras y llegar a una verdadera legislación antiterrorista, pero sin olvidar jamás los parámetros democráticos que corresponden a esa legislación.
Estamos disponibles para eso -lo decimos de una vez-, pero con esos parámetros, porque creemos que, por desgracia, lo hecho hasta ahora, la aplicación de esta Ley Antiterrorista, que no es la que debiésemos tener, ha servido para obtener ventajas procesales al ser invocada por la autoridad que, a veces, ha facilitado la prisión preventiva de imputados en forma desproporcionada: existen casos de personas en tal condición por más de dos años que después fueron absueltas.
Eso ocurre porque la Constitución exige que, para revocar la prisión preventiva y otorgar la libertad, debe existir una decisión unánime de la Corte de Apelaciones, lo cual, francamente, creo que es un absurdo. Y, por eso, muchas veces los imputados terminan, o absueltos, o condenados por otros delitos.
De ahí que tengamos que elaborar una real legislación, pero con parámetros democráticos.
Y queremos decirle al señor Ministro que vamos a tomar en consideración sus palabras, creeremos en ellas.
Pero hago un llamado a todos los Senadores y Senadoras.
Esta es una gran oportunidad si queremos demostrar que, efectivamente, nadie de nosotros puede amparar el terrorismo y nadie de nosotros puede quedar impávido frente al intento de culpabilizar a un sector específico, en este caso, el mapuche, en La Araucanía. Tampoco podemos aceptarlo.
En consecuencia, queremos que no se repitan algunos de los hechos ocurridos, por lo que deseamos mejorar esta propuesta exigiendo que existan más filtros, mayores controles de parte del juez de garantía; que se impida que se abuse de esta facultad, en el sentido de que después se recaben pruebas que signifiquen una condena por un delito distinto, lo cual, obviamente, vulnera la garantía de una prueba lícita.
Por eso, simplemente queremos llamar la atención en cuanto a lo siguiente.
Aquí hay un acuerdo muy de fondo, no saquemos ventajas pequeñas, hagamos un compromiso completo y démosle a este país lo que merece: una verdadera legislación antiterrorista con estándares democráticos, con el respeto que corresponde a todos los ciudadanos de este país.

El señor QUINTANA (Presidente).- Senadora Luz Ebensperger, le corresponde hacer uso de la palabra.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, efectivamente, este proyecto de ley no busca dar una solución total a lo que se ha discutido ayer y hoy en este Hemiciclo. Y eso lo dijo claramente el Ministro Chadwick en su intervención de ayer.
Esta iniciativa es menos ambiciosa, pero necesaria e importante, y nos encontramos a la espera de una gran discusión de fondo.
Este proyecto se halla enmarcado dentro de un contexto.
Ya se han recordado la instalación de un artefacto explosivo en el Subcentro, ubicado en el Metro Escuela Militar, el año 2014, que dejó a veintitrés personas heridas; los ataques al expresidente de Codelco, Oscar Landerretche y al presidente del Metro, Luis de Grange, y los ataques más recientes a la Comisaría de Carabineros de Huechuraba y al ex Ministro Hinzpeter.
Sin duda que ante tales hechos, y ante muchos otros, esta iniciativa que hoy día estamos votando encuentra una importante justificación.
Y otra razón que hace necesario aprobar este proyecto se halla en que debemos aportar mayores facilidades para la investigación de ciertos delitos que, por su complejidad y gravedad, la afectarán seriamente de no contarse con este tipo de técnicas especiales para obtener pruebas más certeras.
Señor Presidente, esta iniciativa de ley, como aquí se ha dicho, consta de un artículo único que modifica el artículo 226 bis del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de intercalar en el listado de los delitos del inciso primero de este artículo los delitos terroristas, a fin de hacer aplicables las técnicas de investigación especial que figuran entre los artículos 222 y 226 de ese mismo Código, referente a la interceptación de llamadas telefónicas, el procedimiento y el resguardo de esta técnica.
Además, y por la remisión expresa que hará el inciso segundo al inciso que se modifica, se autoriza la utilización de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N° 20.000.
Adicionalmente, en el número 2) del artículo único, el proyecto, a propósito de la modificación del inciso tercero del artículo 226 bis del referido Código, autoriza la utilización de agentes reveladores.
También es importante tener presente y no olvidar que estas medidas se hacen ajustadas al debido proceso y a su constitucionalidad total; y ello, conforme al inciso final del propio artículo 226 bis -el inciso segundo se mantiene inalterado-, y a que para la utilización de las técnicas referidas el Ministerio Público se deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía.
Así que, desde ya, se puede adelantar que la utilización de dichas técnicas se hará siempre bajo el control del Ministerio Público y de los jueces de garantía, pero particularmente del Ministerio Público, en su calidad de órgano encargado de dirigir de manera exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito y ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley.
El provocar terror en la población, sea mediante uno o varios hechos, configura ciertamente tener conciencia e intención de la desestabilización del sistema establecido y una ambición de control por sobre la autoridad, valiéndose del miedo de otras personas, lo que por supuesto requiere de las medidas más concretas e intrusivas que sean necesarias para evitar el daño que se busca causar.
Aprobar este proyecto, señor Presidente, otorgando facultades de investigación especial, sobre la base de estas medidas, a las Policías y a los órganos encargados de impartir justicia en nuestro país no es solamente apostar y buscar mejores consecuencias o resultados en relación con esas investigaciones; es también asegurarles a todos y cada uno de los chilenos y ciudadanos que viven en este país que las autoridades, desde el Poder Ejecutivo hasta el Poder Legislativo, en el caso nuestro, estamos tomando medidas necesarias para protegerlos.
Probablemente, esto no lo logremos en su totalidad. Pero, a través de esta iniciativa y de la posibilidad de utilizar esas medidas, estamos avanzando en la protección que la ciudadanía hoy día pide y exige a todos quienes ejercemos un cargo de autoridad, conforme a las facultades que cada uno de nosotros tiene.
Aprobar hoy este proyecto de ley es darles también tranquilidad a los padres de que sus hijos (cuando cada día, cada mañana, los ven partir a la universidad, al colegio o a desarrollar sus diversas actividades) van a volver sanos y salvos y que no serán víctimas de un ataque terrorista.
Vuelvo a decir: no lo podremos controlar todo, pero estas medidas, sin duda, ayudarán a entregar esa tranquilidad.
Voto favorablemente este proyecto.

El señor QUINTANA (Presidente).- Le ofrezco la palabra, a continuación, al Senador Álvaro Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, quienes formamos parte de este Hemiciclo rechazamos con energía todo tipo de violencia y, por cierto, rechazamos de manera categórica el terrorismo.
Tenemos una ley que data de 1984 y que, si bien se ha modificado en nueve oportunidades, todavía no cuenta con un amplio consenso social respecto de su legitimidad. Por tanto, lo que necesitamos como país es una ley antiterrorista a la altura de una democracia del siglo XXI; una normativa para proteger a los ciudadanos, para erradicar el miedo y para que aquellos que hacen del terror una forma de acción política o de influir en la vida social no tengan cabida y, obviamente, sean sancionados; una ley moderna; una ley democrática; una ley eficiente y con un alto estándar en materia de derechos humanos. Porque lo que le da sentido al combate al terrorismo es precisamente la necesidad de garantizar el respeto irrestricto a la dignidad humana, a las personas, a la vida, a su integridad.
Este es un proyecto más bien acotado e insuficiente, que no resuelve los problemas de fondo de la legislación vigente, una legislación que ha sido profundamente ineficiente, que se ha invocado en muchas oportunidades y que, sin embargo, se ha traducido en muy pocas condenas. Y de las pocas condenas que se han dictado, estas han sido cuestionadas respecto de su legitimidad, incluso con sanciones de carácter internacional.
Eso es lo que no se resuelve en esta iniciativa legal, y es el principal desafío que tenemos como país, como sociedad y como Congreso.
Necesitamos una legislación en la que nos pongamos de acuerdo acerca de qué se entiende por terrorismo, porque esto no es accesorio o secundario. El sentido de que exista una normativa de excepción para enfrentar la amenaza del terrorismo es precisamente poder anticiparse a hechos que, sin duda, son enormemente graves.
A veces se cree que aquello que no se califica como terrorista no es grave. Existe una especie de sentido fetiche con el concepto de "terrorismo". Si un hecho grave, condenable, no se califica como tal, pareciera que se quisiera dejar en la impunidad o que no se deseara combatirlo de manera enérgica.
¡Toda forma de violencia, todos los delitos, y por cierto los delitos más graves, deben ser enfrentados con decisión! Pero aquello que entendemos como terrorismo, solo eso, justifica una legislación de excepción que establezca medidas intrusivas -valga la redundancia-, excepcionales, para poder anticiparse a hechos lamentables y evitar su comisión, lo que, sin duda, tiene un costo altísimo para las sociedades que padecen la amenaza del terrorismo.
Ahora bien, es preciso señalar que el Estado en Chile tiene un sesgo racista -digámoslo con toda claridad-. Lo manifestó ayer el Senador Insulza: si se quema un bus en Santiago es un delito común; pero si se quema un bus o un camión en La Araucanía es un acto terrorista.
Esa es parte de la reflexión.
La Ley Antiterrorista no se puede utilizar para efectos de criminalizar la protesta social, ni menos para perseguir ideas o a determinados grupos étnicos que conforman la sociedad chilena.
Evidentemente, condenamos toda forma de violencia, y de la forma más enérgica y clara. Además, creemos que ninguno de estos hechos puede quedar en la impunidad. Pero -reitero- tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué entendemos por terrorismo para que respecto de esos hechos, de esa amenaza, obviamente se aplique una legislación que sea excepcional.
Tenemos también en Chile un serio problema con la inteligencia, con aquella destinada a proteger a las personas y defender la democracia. Hay un sistema de inteligencia que no funciona, que acusa déficits enormes y que no cumple con el sentido fundamental para el cual ha sido creado. Se requiere una modernización al respecto, que además establezca todo tipo de restricción para efectos de evitar cualquier forma de abuso en esta materia. Porque, lamentablemente, ha habido abusos, y son de aquellos que, sin duda, condenamos de manera clara. ¡Ha habido muchos! Los hemos visto a propósito del accionar policial en el caso Catrillanca, o en el caso Huracán.
Por cierto, en esto tenemos una deuda como sociedad -pero no corresponde tan solo a uno u otro gobierno-, y dice relación con que no hemos estado a la altura de crear un sistema de inteligencia que, con un alto estándar en materia de derechos humanos, realice efectivamente su labor de buena forma -reitero- para proteger a las personas, ¡para proteger a las personas! Y, por tanto, ni la Ley Antiterrorista ni el sistema de inteligencia pueden ser una forma de abuso contra ellas y sus derechos fundamentales.
Yo era Ministro del Gobierno de la Presidenta Bachelet cuando se produjeron atentados en el Metro, hechos que, sin duda, son lamentables. Actuamos ahí con mucha celeridad. Y, por lo demás, el señor Raúl Guzmán, actual Secretario General de esta Corporación, que en ese tiempo era Jefe de la Fiscalía Sur, lideró la investigación para el esclarecimiento de esos atentados.
Los resultados fueron contundentes: el autor de tales hechos finalmente fue condenado. Se actuó a la altura de lo que implicaba una amenaza de esta naturaleza.
Hasta ese momento no se habían producido atentados de este tipo, que pretendían generar un daño indiscriminado a chilenas y chilenos que utilizaban el Metro como medio de transporte: se puso una bomba en un carro, que no generó heridos, y otra en una estación del Metro, que tuvo consecuencias lamentables.
Aquello se compara con lo que fue el denominado "caso bombas", ocurrido durante la primera Administración del Presidente Piñera, en que se realizó una investigación con bombos y platillos, y, finalmente, no hubo condenados.
Ahí uno se pregunta: ¿se trataba de un montaje o la investigación fue tan mal hecha que quienes estuvieron involucrados en los atentados terminaron siendo sobreseídos o absueltos?
Esa es la duda que existe. Y es lamentable, porque ello daña enormemente a las instituciones.
Por cierto, debemos actuar a la altura de lo que implica el desafío y la amenaza del terrorismo, respecto del cual la sociedad chilena no está exenta. Porque hemos visto los atentados recientes, que -reitero- condenamos de manera clara y categórica.
Tengo dudas -lo planteo con toda claridad- acerca de la capacidad del Gobierno para liderar esta materia. Y por intermedio de la Mesa, se lo digo al Ministro del Interior, quien es su representante y el líder en materia de seguridad pública.
Sin embargo, no voy a votar en contra de este proyecto, pues quiero darle el beneficio de la duda no solo sobre cómo seguirá su tramitación, sino también acerca de la forma en que se avanzará en una legislación integral antiterrorista conforme a los desafíos de una sociedad democrática del siglo XXI.
Espero, pues, que junto a la tramitación de esta iniciativa se discuta la "Ley larga".
Reitero que si no nos ponemos de acuerdo en qué entendemos por terrorismo y se realiza esta modificación, va a permanecer el cuestionamiento a la utilización de esta normativa; van a seguir las condenas internacionales; los tribunales continuarán condenando por delitos comunes. Porque se considera que cuando se invoca esa ley no se está en presencia de actos terroristas.
Esa discusión no puede postergarse; forma parte de un debate nacional en que debemos ponernos de acuerdo como sociedad. Y el Congreso Nacional debe expresar ese acuerdo precisamente para que esta legislación esté a la altura de lo que ello representa.
Espero que las autoridades de Gobierno y también quienes formamos parte del Parlamento estemos a la altura de este desafío.
Por lo anterior, pese a la enorme cantidad de dudas que tengo sobre el proyecto en sí, del hecho de que no resuelve las cuestiones de fondo de la Ley Antiterrorista vigente, me voy a abstener. Y ojalá, Ministro, que la discusión particular se realice de tan buena forma que podamos votarlo a favor.
Eso implica -insisto- no evadir el tema de fondo, que es resolver el problema sustantivo de la Ley Antiterrorista chilena, en que, lamentablemente, no hemos logrado llegar a un acuerdo en cuanto a lo que entendemos por "terrorismo" y a cuándo se justifica la utilización de una normativa de emergencia en la materia.
Reitero lo que he señalado: existen conductas gravísimas, pero que no necesariamente son de índole terrorista. Y el hecho de que no sean de carácter terrorista no significa que deban quedar en la impunidad. Por el contrario, tienen que ser sancionadas con las máximas penas que establece nuestra legislación.
Pero establezcamos que la Ley Antiterrorista, por contemplar mecanismos de excepción para la investigación de los hechos, requiere que se determine de manera acotada cuándo se debe aplicar, para que como sociedad estemos en condiciones de proteger la dignidad humana, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la seguridad de las personas.
Nuestra voluntad siempre ha sido combatir toda forma de terrorismo, y también el terrorismo de Estado. Y no solo el que hubo en el pasado en Chile, sino también el que lamentablemente vemos hoy día en otras latitudes de América Latina.
En nuestro caso, como sociedad debemos estar a la altura de lo que representa ese desafío.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, hoy día nos vemos enfrentados ante la opinión pública en cuanto al dilema de quiénes están a favor o en contra de legislar sobre el terrorismo.
Creo que ese dilema es falso.
Nadie puede sostener que quiere amparar el terrorismo o que no desee avanzar en una legislación clara respecto de esta materia.
Desde el punto de vista de su contenido, la iniciativa que ahora estamos votando consta de un artículo único que modifica el Código Procesal Penal.
Ya muchos han señalado en qué consiste esta enmienda a dicho cuerpo normativo.
Este proyecto de ley permitirá que para la investigación de delitos terroristas se apliquen algunas de las siguientes técnicas indagatorias:
-Interceptación de comunicaciones telefónicas.
-Fotografías, filmaciones, grabaciones de comunicaciones entre personas presentes.
-Entregas vigiladas y controladas, que en este caso no serían de drogas, sino que de explosivos o algo similar.
-Uso de agentes encubiertos y de agentes reveladores.
El Ejecutivo funda esta iniciativa en que es necesario extender la aplicación de esas herramientas para la persecución de delitos terroristas, cuya investigación carece de mecanismos suficientes y proporcionales a su gravedad.
Resulta evidente que una modificación sustantiva y profunda de la legislación antiterrorista es sumamente necesaria.
Por tanto, pudo haberse agilizado la reforma sustancial de la normativa antiterrorista que se lleva a cabo en el Senado, contenida en los boletines refundidos Nos 9.692-07 y 9.669-07, donde se plantea una modificación a la forma como se investiga y sanciona el fenómeno terrorista.
En lugar de esa reforma sustantiva, el Gobierno prefiere priorizar esta modificación procesal acotada, que no por ser acotada es simple ni sencilla.
Señor Presidente, dos cuestiones centrales que no podemos perder de vista en esta discusión son las siguientes.
En primer lugar, la definición de lo que constituye un delito terrorista al que se pretende aplicar estas técnicas intrusivas de investigación.
Es sabido el problema que existe por la amplitud o indefinición de lo que se entiende por acto terrorista, según lo dispuesto en el artículo 1° de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad. Por lo mismo, investigar de manera especial un tipo penal vago e indeterminado en cuanto a la conducta involucrada y la finalidad típica, resulta por lo menos preocupante.
Carlos Mora, Defensor Nacional Subrogante, señaló en la discusión general habida en la Comisión de Constitución: "No es posible otorgar mayores medidas investigativas si no se define primeramente cuál será la conducta sancionada". Y agregó que "el propio Mensaje que acompaña la iniciativa de ley reconoce esa indeterminación". Y enfatizó que ello se demuestra "en que desde el año 2001 ha habido 127 imputados por delitos terroristas y solo se han verificado dos condenas: una en Temuco en un procedimiento abreviado y otra por el atentado llevado a cabo en la estación del Metro Escuela Militar".
Rubén Romero, Jefe Nacional de Estudios de la Defensoría Penal Pública, agregó que "no siendo precisa la conducta sancionada, por lo mismo, cualquier tipo de activismo violento podría encuadrarse en este tipo penal. Además, al no haber una definición rigurosa de la ley, será el funcionario policial, el fiscal o el querellante quien definirá si la conducta respectiva será calificada como terrorismo", lo que sin duda es una grave falla al principio de tipicidad penal.
En segundo lugar, la naturaleza de las técnicas instrusivas que se busca extender a los delitos terroristas, que más que simples técnicas investigativas son más bien técnicas de inteligencia.
Mientras las técnicas investigativas buscan establecer el cuerpo del delito y la participación culpable de una persona, mediante las acciones de inteligencia los agentes de inteligencia -no necesariamente fiscales- pretenden la reunión de información que, una vez procesada y entregada a la autoridad, sirva para que esta adopte ciertas resoluciones en materia de seguridad del Estado.
En tal sentido, muchos constitucionalistas y el Honorable Senador Francisco Huenchumilla estiman que "las garantías de un debido proceso y de un justo y racional procedimiento parecen contradictorias con la idea de que, además de las técnicas indagatorias que consagra el Código Penal, se sumen nuevas medidas que se aplicarán a una persona que estará indefensa".
Se preguntan cómo se conjugan los principios de proporcionalidad, objetividad del Ministerio Público y bilateralidad de la audiencia si, por ejemplo, se decreta la utilización de un agente encubierto, cuestión de la que no va a tener conocimiento ni posibilidad de defensa quien sea investigado y que está encaminada solo a establecer los hechos y circunstancias que inculpen a aquel que se investiga y no a que lo absuelvan.
Por su parte, Rubén Romero, Jefe Nacional de Estudios de la Defensoría Penal, afirma que la legislación en vigor reconoce que resulta razonable que ciertas situaciones se resuelvan de manera anticipada sin conocimiento del afectado. Sin embargo, ello requiere total claridad en cuanto a las circunstancias en que ocurrirá, es decir, que se dé estricto cumplimiento al principio de tipicidad, lo que evidentemente es efectivo: se debe respetar este principio.
Si vamos a investigar un delito, lo primero es saber muy bien cuál es la conducta terrorista. Y eso no está claro en nuestra legislación.
En tercer lugar, señor Presidente, falta de sistematicidad en el Código Procesal Penal de las medidas investigativas intrusivas que pueden usarse respecto de conductas graves como el lavado de dinero o el tráfico de drogas, ahora extensivas también a los delitos terroristas.
No se puede obviar que las técnicas intrusivas son limitativas de derechos fundamentales. No obstante, su regulación actual en el Código Procesal Penal no es satisfactoria, como lo dejó muy claro el profesor de Derecho Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso don Raúl Núñez.
Primero, no se verifican principios básicos que permitan ordenar su tratamiento.
Segundo, no existe un título que agrupe a esas medidas intrusivas o que otorgue una visión de conjunto a su respecto.
Tercero, eso produce problemas no menores, por ejemplo, relativos a posibles medidas intrusivas innominadas. Se ha pretendido señalar que el Ministerio Público podría solicitar la imposición de cualquier medida intrusiva.
Cuarto, en este ámbito, sin embargo, rige plenamente el principio de legalidad: no es factible aplicar medidas que no establezca la ley debido a que se trata de limitaciones a derechos fundamentales de los ciudadanos.
Quinto, existe finalmente triangulación de normas: la interceptación telefónica ya posee una doble regulación, pues se contempla en la ley antiterrorista una vez formalizado el imputado y si procediera la prisión preventiva, y, por otro lado, se dispone también en el artículo 222 del Código Procesal Penal aun antes de la formalización, lo cual produce problemas interpretativos.
Entonces, señor Presidente, estamos frente a un problema que es deber del Ejecutivo resolver.
En el Derecho Internacional existe este tipo de técnicas, pero con suficientes mecanismos de control respecto de los agentes de investigación, con garantías ciudadanas, con tratamiento residual de ellas y con claridad respecto de su aplicación.
Señor Presidente, yo no acepto que se diga que nosotros estamos en contra o que tenemos miedo de legislar en esta materia. Muy por el contrario: deseamos claridad, certeza, firmeza, garantías a ciudadanos y ciudadanas.
Todos queremos vivir en un país que dé garantías.
Todos queremos vivir en un país -aunque residamos en la Capital o en regiones- que dé garantías de seguridad.
Por lo tanto, me pronunciaré a favor de esta iniciativa, pero condiciono mi voto en la discusión particular a lo que hará el Gobierno en la materia.
Se requiere un cuerpo normativo ordenado y sistémico.
Se necesita establecer una regla de proporcionalidad para resolver la posibilidad de hallazgos casuales conforme a las observaciones de la Defensoría Penal Pública, y que ella se respete.
Se requiere determinar reglas tanto a las policías como al Ministerio Público en cuanto a la tenencia y disposición final de la información obtenida, con sanciones ejemplificadoras en ambos casos por su mal uso.
Por último, se precisa intensificar el control judicial, extendiéndolo más allá de la mera autorización, así como explicitar los deberes de notificación al afectado por la medida, con reglas de excepción que se refieran al éxito de la actividad investigativa.
Señor Presidente, este problema es de todos: de Izquierda, de Centro y de Derecha. No es privativo de unos pocos, y menos debe responder al chantaje que pueda hacer el Ejecutivo al respecto.

El señor QUINTANA (Presidente).- Le recuerdo a Su Señoría que le corresponderá presidir la sesión en pocos minutos más.
Ahora bien, dado que el proyecto tiene los votos suficientes para ser aprobado y que tenemos la cantidad necesaria de Senadores presentes, solicito el acuerdo de la Sala para fijar como plazo de indicaciones el 19 de...

El señor LETELIER.- ¡No, señor Presidente! Estamos en votación.

El señor QUINTANA (Presidente).- Puedo pedirlo en cualquier momento, señor Senador.

El señor MOREIRA.- Así es. Es reglamentario. Puede hacerlo, conforme al inciso cuarto del artículo....

El señor LETELIER.- ¡No puede!

El señor MOREIRA.- ¡Usted no ha leído el Reglamento, señor Senador!
El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, me parece que como país no podemos estar en una situación más vulnerable, dado el momento que estamos viviendo.
Esta es la mayor crisis de los sistemas de seguridad y de las instituciones policiales no solo por los actos de corrupción económico-administrativa, sino también por los grados de ineficiencia.
El que veamos que a un cuartel de Carabineros llega una bomba en un paquete enviado por correo habla de la debilidad de esa policía, la cual dispone de una cantidad de recursos que no usa porque desconoce que tiene atribuciones al respecto. Y, probablemente, en muchas fiscalías pasa lo mismo.
Eso explica que muchos delitos queden sin sanción, pues nunca pueden resolverlos; y cuando hay antecedentes los presentan de mala forma. Es decir, son incapaces de levantar la información pertinente y de hacer una presentación razonable ante un juez de garantía.
En consecuencia, hay ahí un problema serio de ineficiencia.
Pero tenemos otro más grave todavía, señor Presidente.
Cuando los servicios encargados de trabajar en la seguridad le mienten al Ministro del Interior y, además, arman un montaje para protegerse de un grave crimen cometido, uno ve que aquí no solo estamos hablando de ineficiencia, sino también de actos delictuales.
Por esa razón existen juicios abiertos en esta materia.
Pero esto no ocurrió una sola vez producto del acto de desesperación de un funcionario angustiado: hay una cadena de mando involucrada.
Hace poco conocimos la Operación Huracán, en que, excediendo todos los límites establecidos por la ley, se hicieron seguimientos y se llevaron a cabo acciones policiales que incluso afectaron a las propias autoridades de la época.
Frente a esa situación dramática, si entregamos sin más nuevas facultades, uno se cuestiona sobre el uso que se hará de ellas.
¿Alguna vez se han preguntado si han sido intervenidos telefónicamente simplemente por el hecho de que se está investigando a otra persona y esto se cruza con ustedes? Se van a encontrar con que jamás han sido informados ni se les ha entregado antecedente alguno, como debería haberse hecho según la ley, para hacerles presente que, por una acción indirecta, información privada fue conocida.
Nunca han hecho presente eso.
Entonces, le estamos entregando más y más facultades a una institución que exhibe altos índices de corrupción, de ineficiencia y de vulneración constante de la ley.
Por lo tanto, la pregunta es qué hacemos.
¿Continuamos por la vía de seguir entregando facultades o procedemos a discutir seriamente acerca de lo que pasa con los sistemas de seguridad en nuestro país, y, particularmente, respecto de una normativa sobre inteligencia?
Hay que tomar en consideración que cuando hablamos de terrorismo necesitamos tener la capacidad de anticipar, no de investigar delitos terroristas o crímenes ya cometidos contra las personas. Debemos anticiparnos a la acción de grupos terroristas para detectarlos oportunamente.
Para abordar esta materia precisamos una reforma más que profunda de nuestros servicios tanto civiles como uniformados.
Pero estamos comenzando al revés, en vez de hacerlo con la lógica de un estudio serio, con analistas internacionales que vean la experiencia de otros países que han sido exitosos en estas materias para crear realmente un sistema de seguridad que tenga las características señaladas y que proceda dentro del Estado de derecho, sin afectar las garantías constitucionales de ningún ciudadano inocente.
Pero no nos pueden dar esas garantías, porque además el propio Ejecutivo no tiene mucha idea de lo que está pasando.
Me parece que fue el Senador Araya quien dijo que la información que se entrega es la que sale en las redes sociales.
¡Esa es la manera como se informa el Gobierno!
Entonces, la magnitud y la profundidad de lo que está ocurriendo son realmente dramáticas para nuestro país.
Tenemos que reconocer que los actos terroristas son una realidad en nuestro país.
¿Cuál sería la situación actual en Chile si una bomba hubiese estallado en la oficina de un ex Ministro del Interior, como pudo haber sucedido hace poco? Probablemente, estaríamos ante un cuadro de dramatismo sin precedentes entre nosotros, porque no estamos acostumbrados a esas situaciones, salvo determinados casos históricos que todos recordamos.
Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo.
Ello supone un acuerdo político serio, y no reaccionar frente a los medios de comunicación para salir del paso frente a determinada coyuntura donde lo que se pretende es dar la imagen de que se hace algo cuando en realidad no se está haciendo nada eficiente.
En consecuencia, por la profundidad de la crisis en que estamos inmersos, debemos hacernos cargo con urgencia de esta materia.
No es el momento de eludir responsabilidades. Debemos asumir las consecuencias de enfrentar un tema que para nuestro sector es muy difícil, por la experiencia histórica que mucha de nuestra gente ha sufrido injustamente.
Por esa razón, pienso que no podemos postergar el debate.
Frente a esa situación, voy a hacerme cargo de lo que dijo el Ministro del Interior y del compromiso que adquirió frente al Senado y al país, que abordaremos con seriedad, aquí y ahora, la elaboración de un sistema de seguridad, con la profundidad y con la urgencia que requiere, pero no con rapidez, no para sacar una ley exprés, ni para aparentar ante la opinión pública que estamos haciendo algo cuando en realidad no es así, sino para sentarnos de verdad a conversar y estudiar esa fórmula.
Y, una vez más, solo como una señal de voluntad, de que estamos disponibles a trabajar realmente en una ley que genere en Chile un sistema de seguridad con garantías constitucionales, le daré un gesto de confianza al Gobierno.
Pero no abusen, porque mi apoyo es condicionado a que se cumpla el compromiso contraído ante el Congreso.
Les quiero decir que hasta anoche yo parecía muy dispuesto a votar la idea de avanzar aunque fuese con esta ley que se llama "corta", y que todos coincidimos en que ni siquiera es corta. Parecía que había un acuerdo, después se diluyó, la cosa se complicó y he pensado mucho en cómo proceder. Quizás una opción era haber rechazado. Pero, por otro lado, mi sentido de la responsabilidad me dice que no podemos seguir postergando, que debemos echarnos esta mochila al hombro y salir adelante porque la seguridad del país efectivamente está en riesgo. Han ocurrido atentados que si hubiesen tenido las reales consecuencias que buscaban, sin duda hoy tendríamos un país conmocionado y con una profunda inseguridad instalada en todas partes.
Por esa razón, señor Ministro, haciendo un gesto, reconociendo que tendremos que trabajar con aquellos que a usted mismo lo engañaron, le quiero decir que estamos disponibles, pero con seriedad, siendo tomados en consideración y abriendo esto al análisis de expertos internacionales, porque nuestro país no está en condiciones de resolverlo puertas adentro.
Por esa sola razón, y haciendo un acto de fe en que se cumplirá lo prometido, terminaré aceptando esta llamada "Ley corta", que no tendrá ningún efecto en sí misma, pero que es una demostración de voluntad de legislar sobre la materia.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Por último, tiene la palabra el Senador Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, me ha molestado, y no puedo menos que expresarlo así, la ligereza de algunos dichos en la Sala. Y disculpen que parta con este tipo de afirmación. Porque algunos conocimos el terrorismo; conocimos demasiado de cerca una de sus expresiones: el terrorismo de Estado. En estas materias no tenemos traumas: tenemos la convicción de que la violencia es inaceptable, de que es un elemento que hay que desterrar definitivamente de la convivencia. Por ende, para algunos de nosotros es muy violenta la ligereza con la cual dicen ciertas cosas algunos Senadores que están en los pupitres de las bancas de enfrente.
Nosotros condenamos la violencia y estamos absolutamente en contra de ella. Y el Estado siempre debe tener los instrumentos para combatir contra el crimen organizado y la violencia. Nos falta mucho como país, por cierto. No tenemos los instrumentos de prevención básicos, como es un sistema de inteligencia con las condiciones mínimas. Estamos en deuda. Por eso en las Comisiones unidas estamos trabajando con el Gobierno para abordar el tema básico de proveer información para que se tomen las decisiones necesarias para prevenir este tipo de hechos.
Por ende, no hay un problema de voluntad política. Quiero decirlo claramente. Son muy molestas las insinuaciones de varios en esta materia, incluyendo al Presidente de la República. Considero que lo hace con cierta ligereza.
Es cierto que existe desconfianza en este debate. Porque la Ley Antiterrorista vigente se ha aplicado sobre todo con un sesgo tremendamente etnocéntrico de los chilenos contra los mapuches. Así ha sido hasta ahora. Es un dato con el cual vivimos. Los apellidos Catrileo y Catrillanca no son indiferentes para nadie, como tampoco el de los Luchsinger. ¡Para nadie!
Pero es evidente que la aplicación de esta ley es cuestionada por muchos.
El Gobierno nos pide que generemos facultades de investigación, una ley procesal, para aplicar ¿en qué tipo penal?: en un tipo penal malo. Por tanto, aquí se nos está pidiendo que pongamos la carreta antes de los bueyes. Esto nos están pidiendo: "Dennos los instrumentos para investigar", pero sobre un tipo penal que está pésimamente definido en nuestro ordenamiento jurídico. Esto nos están pidiendo.
Tenemos un problema para definir el tipo penal, es cierto, porque el terrorismo de Estado y el terrorismo como estrategia política, más bien de organizaciones, ha evolucionado de una forma tremenda en los últimos treinta años. No son las Brigadas Rojas las que impulsan el terrorismo hoy día en el mundo. Es otra realidad. Por ende, debemos ser muy precisos en la definición.
Bien ha señalado el Senador Elizalde que no todo acto de violencia es terrorismo. Pero a veces en nuestro lenguaje cultural lo juntamos todo y se genera una dificultad.
Yo, por cierto, soy partidario de dar todos los instrumentos intrusivos necesarios para desbaratar el crimen organizado. No tengo problema con aquello. Aunque este proyecto que se nos presenta no da las garantías de que el Ministerio Público y las policías actúen correctamente, con los equilibrios necesarios.
No me puedo olvidar de que un Presidente de nuestra Corporación, en ese momento el ex Senador Andrés Zaldívar, estuvo en las portadas de los diarios por una escucha telefónica residual que primero se publicitó de alguna forma, lo cual no correspondía. Y deseo saber: ¿Hubo algún fiscal sancionado por dicha acción? No. ¿Se destruyó eso cuando correspondía? Tampoco.
En todo lo que se ha hablado en Rancagua, de los jueces y de los fiscales, ¡cómo puede ser que una Seremi de Justicia tenga las grabaciones que son parte de una investigación de secreto de sumario, que deberían estar en manos de un fiscal! ¡Confesado por ella!
Entonces, tenemos un problema de los equilibrios, de las garantías. Más de alguien lo ha planteado. Considero que es algo que le falta al proyecto. Y no es solamente respecto a esta iniciativa. En general, falta determinar cuáles son las responsabilidades y los controles al Ministerio Público. Porque se trata de normas excepcionales, que superan ciertas garantías constitucionales. En ese punto este proyecto tiene dificultades.
Sin perjuicio de aquello, señora Presidenta, no me cierro a la idea de legislar, aunque me parece que es un mal proyecto; está en un orden equivocado.
Lo que me daría convicción de apoyar la idea de legislar es que el señor Ministro del Interior, que en sus primeras palabras el día de hoy se comprometió a que trabajaremos simultáneamente el proyecto sustantivo, también se comprometiera a que tengamos un artículo transitorio en la ley en proyecto en el sentido de que no tendrá efecto hasta que tengamos un nuevo tipo penal, porque las medidas intrusivas deben estar de acuerdo al nuevo tipo penal que vamos a acordar. Creo que sería la demostración de una voluntad de que en serio trabajaremos este tema de consuno, responsablemente, porque necesitamos una buena ley e instrumentos para combatir los tipos penales que se están generando en nuestro país.
El bombazo contra Óscar Landerretche, un compañero de nuestro partido, no nos es indiferente, como tampoco lo es el envío de una bomba a Rodrigo Hinzpeter. No nos es indiferente. Es algo que hay que desterrar definitivamente. Para qué hablar de lo que pasó con Carabineros, en Huechuraba, donde hubo personas seriamente lesionadas. No nos es indiferente.
Por ello, voy a votar a favor de la idea de legislar sin saber si el Ministro va a comprometerse a incluir un artículo transitorio. Pero creo que tiene que ver con el espíritu imperante, que demostrará si todos queremos efectivamente que estas normas intrusivas vayan acompañadas de un nuevo tipo penal. El actualmente vigente es inadecuado. Fue generado en un momento inadecuado de nuestra historia, para qué ahondar en la materia.
Si no ocurre eso, en la discusión en particular de este proyecto lo voy a rechazar, porque quedará de manifiesto que en verdad no hay un compromiso político para tener una política nacional de combate al terrorismo.
Vuelvo con una reflexión, señora Presidenta.
Creo que el Senador Elizalde lo dijo bien: debemos precisar cuál es la diferencia entre terrorismo y actos violentos. No es fácil, no se puede simplificar. Pero entiendo que también eso es parte del trabajo que tenemos que hacer en conjunto.
He dicho.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Pido el acuerdo de la Sala para fijar el plazo de indicaciones solicitado por la Comisión: lunes 19 de agosto, a las 12 horas.

El señor CHAHUÁN.- "Si le parece".

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Acordado.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador o alguna señora Senadora no ha emitido su voto?

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
Votaron por la negativa los señores Araya, De Urresti, Huenchumilla, Latorre, Navarro y Quintana.
Se abstuvieron las señoras Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Elizalde y Montes.


La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Por haberse cumplido su objetivo, se levantará la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
A la Ministra de Educación, solicitándole informar MEDIDAS QUE ADOPTARÁ EL MINISTERIO FRENTE A INFORME DE CONTRALORÍA RELATIVO A PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y DE PÁRVULOS, EN ESPECIAL RESPECTO DE EMPRESA SALUDABLE SPA Y DE PERSONAL DE JUNAEB DE MAGALLANES.
Al Ministro de Economía, Fomento y Turismo y al Ministro del Trabajo y Previsión Social, pidiéndoles velar por CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES DE EMPRESA NOVA AUSTRAL, así como por CREACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE TRABAJO EN CIUDAD DE PORVENIR.
Y al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, para que informe sobre NÚMERO DE INVESTIGACIONES POR TRÁFICO Y CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y DROGAS ILÍCITAS EN PORVENIR, REGIÓN DE MAGALLANES, Y CANTIDAD DE DELITOS COMETIDOS A RAÍZ DE DICHAS CONDUCTAS, y pidiéndole evaluar ESTABLECIMIENTO PERMANENTE DE BRIGADA ANTINARCÓTICOS EN DICHA CIUDAD.
Del señor KAST:
Al Ministro de Salud, al Subsecretario de Redes Asistenciales y al Coordinador Nacional de Procuramiento y Trasplantes, solicitándoles remitir diversos antecedentes sobre FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONALIDAD SANITARIA EN MATERIA DE COORDINACIÓN Y PROCURAMIENTO DE ÓRGANOS.
Del señor LATORRE:
A la Ministra de Educación, pidiéndole MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA RESOLUCIÓN DE DÉFICIT ESTRUCTURAL DE MUNICIPALIDAD DE ANCUD PARA FINANCIAMIENTO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.
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La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:52.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante