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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 43ª, en miércoles 21 de agosto de 2019
Ordinaria
(De 16:28 a 19:34)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE;
ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE, Y KENNETH PUGH OLAVARRÍA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR,
Y LA SEÑORA PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR, SUBROGANTE
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Investigación por mal uso de recursos en Servicio Local de Educación de Huasco. Oficios (Observaciones del Senador señor Prohens)
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y del Medio Ambiente subrogante, señor Felipe Riesco Eyzaguirre.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, titular, y la señora Pilar Silva García de Cortázar, subrogante; y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:28, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor QUINTANA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 40ª y 41ª, ordinarias, en 13 y 14 de agosto del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor QUINTANA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República:
Retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que establece roaming automático nacional (Boletines N°s 12.558-15 y 12.828-15 refundidos).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados:
Informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.227, con el objeto de establecer garantías e incentivos para fomentar el libro y la lectura (Boletín Nº 12.253-24).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica el Código Penal para incorporar una modalidad agravada al delito de inhumación ilegal (Boletín Nº 12.575-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Los Ríos:
Remite antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor De Urresti acerca del colapso del alcantarillado en el sector Collico, en la comuna de Valdivia.
--Queda a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura recaído en el oficio del S.E. el Presidente de la República que solicita el acuerdo del Senado para designar como consejeros del Consejo Nacional de Pesca a la señora Valesca Montes Sánchez y los señores Renán Álvarez Rivera, Pablo Berazaluce Maturana, Stefan Gelcich Crossley, Dante Queirolo Palma, Jaime Salazar Rojas y Gabriel Yani González (Boletín N° S 2.081-05) (con la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
Segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura e Informe de la Comisión de Economía recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles (Boletín N° 12.415-04).
Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia, respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años (Boletín N° 11.073-07).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señor Chahuán, señoras Goic y Van Rysselberghe, y señores Girardi y Quinteros, con la que inician un proyecto de ley que establece supervisión médica en las atenciones otorgadas por alumnos y becarios en establecimientos de salud (Boletín Nº 12.879-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
De los Honorables Senadores señor Chahuán, señoras Órdenes y Rincón, y señores García-Huidobro y Letelier, con la que inician un proyecto de ley que establece un sistema de mensajes de alerta ante la desaparición de menores de edad (Boletín Nº 12.880-15).
--Pasa a la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes.
De los Honorables Senadores señor Quintana, señora Provoste, y señores Araya, De Urresti y Letelier, con la que inician un proyecto de ley que incorpora a las directivas de los partidos políticos al régimen normativo sobre lobby (Boletín Nº 12.882-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Honorables Senadores señoras Rincón y Órdenes, y señores Chahuán, Durana y Elizalde, para evitar que el subsidio al consumo de agua potable sea objeto de doble tributación.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de ley que debe tener origen en la Cámara de Diputados y es de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo disponen los incisos segundo y cuarto, número 1°, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, respecto de la moción que presentamos y que fue declarada inadmisible por la Mesa, cuyo objeto es evitar que el subsidio al consumo de agua potable sea objeto de doble tributación, solicitamos que se pida formalmente el patrocinio, el respaldo del Ejecutivo, con quien ya se ha hablado.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para proceder de esa manera respecto de una moción que claramente no puede tener origen acá?
--Así se acuerda.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente -así me lo encargó su Presidente-, solicito que se pueda fijar plazo de indicaciones, hasta el jueves 5 de septiembre, a las 18 horas, para el proyecto sobre uso de bolsas plásticas.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
--Así se acuerda.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Senadora Goic, tiene la palabra.

La señora GOIC.- Señor Presidente, en relación con la moción que presentamos hace algunas sesiones y que crea la Defensoría del Adulto Mayor, la cual fue declarada inadmisible, pedimos -esto fue firmado por todos los miembros de la Comisión Especial del Adulto Mayor- que se pueda oficiar, por su intermedio, al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y al Ministerio de Desarrollo Social para que se analice la posibilidad de que sea patrocinada por el Ejecutivo.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para enviar un oficio en los términos señalados?
--Así se acuerda.

El señor COLOMA.- ¿Lo que plantea la Senadora está firmado por todos los integrantes de la Comisión?

El señor QUINTANA (Presidente).- El Senador Coloma pregunta si la solicitud que hizo la Senadora Goic sobre patrocinio del Ejecutivo viene firmada por toda la Comisión.

La señora GOIC.- Por supuesto.

El señor QUINTANA (Presidente).- Es unánime.

La señora GOIC.- Sí. Muy transversal.

El señor COLOMA.- ¡Así me gusta Chile!
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, por acuerdo de la Comisión de Pesca, solicito que se fije un nuevo plazo de indicaciones, hasta el día 2 de septiembre, al proyecto sobre "Ley corta de Pesca".

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para ello?
--Así se acuerda.

El señor QUINTEROS.- Respecto de la Comisión de Salud, señor Presidente, también quisiera solicitarle que recabe la autorización de la Sala para establecer un nuevo plazo, hasta el día 9 de septiembre, para formular indicaciones al proyecto sobre las isapres.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
--Así se acuerda.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Algo más, Su Señoría?

El señor QUINTEROS.- Nada más, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Coloma, usted quería intervenir por el tema reglamentario anterior, ¿cierto?

El señor COLOMA.- Sí, señor Presidente.
V. ORDEN DEL DÍA



PROTECCIÓN DE HUMEDALES URBANOS


El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde discutir el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.256-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor De Urresti, señoras Allende y Muñoz, señor Pérez Varela y del entonces Senador señor Patricio Walker):
En primer trámite: sesión 21ª, en 7 de junio de 2017 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 24ª, en 11 de junio de 2019.
Informes de Comisión:
Medio Ambiente y Bienes Nacionales: sesión 39ª, en 8 de agosto de 2018.
Medio Ambiente y Bienes Nacionales (segundo): sesión 63ª, en 24 de octubre de 2018.
Medio Ambiente y Bienes Nacionales: sesión 40ª, en 13 de agosto de 2019.
Discusión:
Sesiones 40ª, en 14 de agosto de 2018 (se aprueba en general); 65ª, en 7 de noviembre de 2018 (se aprueba en particular).

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Este proyecto inició su tramitación en el Senado y, en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados efectuó diversas enmiendas a su texto.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales aprobó, con las votaciones que consigna en su informe, las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados, con excepción de aquella consistente en la incorporación de un nuevo artículo 3°, que fue rechazada.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcribe el texto aprobado por el Senado, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y la proposición que al respecto formula la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Es todo, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- En discusión las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.
La propuesta es que la Sala acuerde que los artículos 3° y 5° de la iniciativa pasen a la Comisión Mixta, y por tanto que sean rechazados, y que se tengan por aprobados los demás artículos, 1°, 2°, 4°, y las disposiciones transitorias.
¿Habría acuerdo en esos términos?
La señora GOIC.- Sí.


El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Alfonso de Urresti, autor de la moción.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, Honorable Sala, estamos llegando al tercer trámite de un proyecto que se elaboró de manera transversal.
Quiero agradecer mucho el apoyo del entonces Senador Patricio Walker y de los Senadores Isabel Allende, Víctor Pérez Varela e Iván Moreira, quienes de manera transversal nos dimos a la tarea de buscar un texto, también durante el debate de la iniciativa sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, hace ya casi tres años, que respondiera a la preocupación por los humedales urbanos.
En ese entonces, nosotros discutimos por qué no abordar el asunto de los humedales en su conjunto. Y eso es lo que se hace en este proyecto por parte del Ministerio -aprovecho de saludar, por su intermedio, al Ministro subrogante, quien se encuentra presente-, que constituye el paraguas general. De ahí que nos dimos a la tarea de buscar una normativa que permitiera enfocar la protección en los humedales urbanos.
Esto también se recogió en la Comisión de Medio Ambiente. Y en dicha instancia las Senadores Allende y Órdenes y los Senadores Prohens, Sandoval y quien habla nos abocamos precisamente a singularizar este tipo de humedales que hoy día se encuentran en la primera línea de preocupación por su destrucción.
Somos conscientes de que está pendiente la situación de los humedales altoandinos, los bofedales, que es mucho más puntual, porque se concentran principalmente en la región norte de nuestro de país; y, asimismo, la de las turberas, que es otro tipo de humedales que comienza a preocuparnos.
Esbozo este marco general, porque Chile debe hacer contribuciones conforme a sus compromisos para combatir el cambio climático; por ejemplo, implementar cien mil hectáreas de bosque nativo, bajar las emisiones, descarbonizar. Bajo esta perspectiva, claramente los humedales también se han convertido en la primera barrera para frenar el cambio climático, ya que son espacios privilegiados en el ámbito urbano que deben ser protegidos.
Esto lo consignan, incluso, fallos de la Corte Suprema. Así, uno de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt consigna el valor y la necesidad de protección de estos humedales, aun estando en terrenos privados.
Entonces, resulta tremendamente importante que el trámite realizado en la Cámara de Diputados haya reforzado y modificado algunos aspectos que, sin lugar a dudas, van en la línea correcta. Hemos entendido, en el último trámite, que hay que concentrarse especialmente en esa capacidad de instrumento y ordenamiento territorial que poseen los gobiernos locales.
Se valora que, desde el punto de vista de las políticas públicas, se esté buscando un ordenamiento en materia de humedales. El año pasado se planteó una política que prioriza cuarenta humedales a lo largo de Chile. Yo valoro que se haya implementado en la ciudad de Valdivia, hasta donde concurrieron la Ministra del Medio Ambiente recién asumida y el Presidente de la República. De los cuarenta humedales prioritarios que se establecieron, dos se encuentran en Valdivia: Angachilla y Ancahue.
Sin embargo, claramente eso excede las necesidades existentes y hoy día tenemos en el Gran Concepción una tremenda movilización, una toma de conciencia de sus siete municipios, cuyas autoridades son de todos los colores políticos.
Yo hacía referencia en la Comisión a lo que está realizando Arica con el humedal de la desembocadura del río Yuta. Este es pequeño pero fundamental, pues constituye una pieza clave en el desarrollo de las aves migratorias. Ahí está el humedal en Arica, en el sector más árido de nuestro territorio; y, asimismo, existe un conjunto de humedales a lo largo del país.
Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros vamos a tener un instrumento que permita, principalmente a los gobiernos locales, contar con una mejor defensa, una mejor articulación; también, habrá instrumentos en el propio Ministerio para buscar en el ordenamiento territorial cómo identificar y proteger el humedal. De ese modo, no existirá la incertidumbre que se genera hoy día con la ciudadanía al tener que recurrir a distintos servicios: el SAG, el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia, los municipios, los tribunales, el Tribunal Ambiental, algo que es simplemente imposible.
Quiero valorar el apoyo transversal que ha recibido el proyecto. Creo que esto es importante también para nuestra ciudad de Valdivia por las organizaciones sociales relacionadas con la materia. En gran medida la información que hemos podido verter acá se nutre de la Red de Humedales de la ciudad de Valdivia; pero asimismo de la existente a lo largo de todo Chile. Creo que de ese modo se avanza para que exista una mejor legislación, una normativa específica sobre humedales urbanos y también un compromiso para respaldar y contar con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que sea el paraguas, la ley marco de la protección.
Agradezco el respaldo a esta iniciativa. Sin lugar a dudas, va a haber mucha mucha gente contenta a lo largo de Chile.
Nos queda el último trámite en la Comisión Mixta, pero claramente el Parlamento está dando un paso fundamental en materia de protección a los humedales. Nos quedan pendientes las turberas, los humedales altoandinos.
Yo sé que aquí hay Senadores y Senadoras que han sido férreos impulsores de esas otras iniciativas. Iremos por ellas, generaremos el mismo consenso, y considero que también serán una contribución a la defensa del medio ambiente.
Agradezco, nuevamente, a todos y a cada uno de los Senadores y las Senadoras que han respaldado este proyecto de ley. De igual modo, agradezco a la Red de Humedales presente a lo largo de Chile, particularmente a la de Valdivia.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, creo que la preocupación por la protección de los humedales no solamente urbanos, sino también de los alrededores de la ciudad y, en particular en Valdivia, es transversal, dado que poseen un valor importante desde el punto de vista del medio ambiente, y uno tremendo dentro de la ciudad, pues son parte de nuestro sistema de aguas lluvia.
De hecho, si nosotros miráramos los humedales de manera moderna, debiéramos integrarlos dentro de los sistemas de aguas lluvia porque de esa manera podríamos hacernos cargo de una problemática y, al mismo tiempo, por supuesto, proteger nuestro medio ambiente y permitir un desarrollo sustentable.
En esa línea va este proyecto de ley, tal como lo decía el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
En efecto, el Gobierno ha impulsado la protección de los humedales a través de un programa específico, que se realiza por primera vez.
En la ciudad de Valdivia existen dos humedales que se van a proteger, y esperamos que durante el próximo año también se sume el humedal de Trumao, que se ubica en el sector sur de la Región de Los Ríos, en la provincia de Ranco. Digo esto porque está presente el Subsecretario, quien se encuentra en calidad de Ministro subrogante, y a quien aprovecho de saludar.
Señor Presidente, todos nosotros creemos que lo que debemos hacer es proteger a los humedales; de hecho, existe también una iniciativa adicional que se está desarrollando en la Región de Los Ríos, anunciada por la Ministra del Medio Ambiente, consistente en medir los humedales y, por lo tanto, declarar aquellos sectores que están bajo el agua como bienes nacionales de uso público para, de esa manera, poder protegerlos, pero también integrarlos dentro de la red de aguas lluvia.
Ahora bien, en cuanto a la iniciativa que nos ocupa, quiero, sí, manifestar dos preocupaciones.
La primera se relaciona -y son los artículos que se van a Comisión Mixta- con la posibilidad de limitar fuertemente el desarrollo de infraestructura no solo privada, sino también pública.
Porque el artículo 3° -de hecho, esta norma irá a Comisión Mixta; y espero que en esa instancia se discuta a fondo el punto- establece que ya no se podrán otorgar en tales sectores permisos de subdivisión, de loteo ni tampoco de construcción mientras dure el proceso para que el humedal sea declarado como área protegida.
Por lo tanto, eso va a limitar los permisos respecto de todo el terreno, no solo sobre el humedal, y generará problemáticas para el desarrollo de la ciudad.
Sin embargo, señor Presidente, a mí me preocupa especialmente el artículo 5°, porque con la modificación introducida se puede dificultar el desarrollo de proyectos relevantes para la ciudad y para la región. Por ejemplo, en la Región de Los Ríos se verían afectadas las entradas norte y sur de la ciudad. Evidentemente, nosotros no queremos dañar los humedales, pero, al mismo tiempo, deseamos tener doble vía en las entradas a nuestra ciudad.
En otras regiones es factible que se afecte, por ejemplo, el desarrollo de los aeropuertos.
Entonces, a mí me parece bien que protejamos los humedales; pero quiero pedirle especialmente a la Comisión Mixta que se forme para los efectos de resolver estas cuestiones que establezca un equilibrio entre la protección de los humedales y la posibilidad de desarrollar obras públicas relevantes para todos, como la doble vía en las entradas norte y sur a Valdivia.
Aquello también afecta -de hecho, el Ministerio de Transportes así lo ha indicado- la localización de las vías férreas, la conectividad, etcétera.
Por otra parte, quiero manifestar también cierta preocupación en cuanto a la amplitud de la protección de los humedales. Porque Valdivia es un humedal, y no queremos afectarlo; pero si de alguna manera frenamos el desarrollo inmobiliario dentro de la ciudad, la situación puede tornarse compleja.
Esto no solamente se presenta en el artículo 5°, sino también en el 3°, y a lo que va a llevar quizás es a que se tenga que hacer un estudio de impacto ambiental cada vez que se construya un edificio o una casa. Y eso, obviamente, puede provocar un efecto negativo sobre el desarrollo de nuestra ciudad.
Entonces, mi petición a la Comisión Mixta respectiva es que protejamos de todas maneras los humedales -en eso estamos todos de acuerdo-, pero estableciendo,...

El señor QUINTANA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.

La señora VON BAER.- ... al mismo tiempo, el equilibrio necesario para la realización de obras públicas tendientes a lograr el desarrollo urbano en nuestras ciudades, porque eso se traduce, por ejemplo, en viviendas sociales.
En consecuencia, espero que estas inquietudes sean recogidas en la discusión que se lleve a cabo en la referida instancia.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, no quiero entrar tanto al detalle, sino más bien a la parte romántica de lo que es el medioambiente.

El señor COLOMA.- ¡Ah, miércale...!

El señor MOREIRA.- Hay un poeta llamado Dante "Agliniari"...

El señor COLOMA.- ¡Alighieri!

El señor MOREIRA.- ¡Eso es! ¡Alighieri!
Dante Alighieri es autor de la magistral obra, que ha leído cerca de cinco veces el Senador Coloma,...

El señor BIANCHI.- ¡Por eso se sabe el apellido...!

El señor MOREIRA.- ... La divina comedia.

El señor COLOMA.- ¡Exactamente!

El señor MOREIRA.- Pero esta no es una comedia, sino una linda realidad.
El referido autor señaló: "La Naturaleza es el arte de Dios".
Ese arte de Dios ha permitido que, en forma transversal, hoy día estemos hablando de la naturaleza. Y nuestra finalidad es protegerla.
En eso estamos todos de acuerdo.
Ese mismo ambiente tratemos de llevarlo a la política, para que ojalá estos momentos tan tensos que vivimos hoy día, con tanta tormenta, a la vuelta de la semana regional puedan tornarse mucho más tranquilos y superemos esas diferencias que a veces nos dividen.
¡Cómo no admirar la belleza de los distintos paisajes que Chile nos ofrece, desde la majestuosidad del desierto de Atacama hasta los fiordos australes, pasando por la hermosura de la zona lacustre o de la cuenca de humedales del río Maullín, en la Región de Los Lagos! El mismo río Maullín que conoció el colega De Urresti cuando desarrollaba una labor muy bonita de preocupación y de estudio de los humedales en la época en que era Diputado.
En verdad, tengo el honor de representar a esa Región.
También me viene a la memoria, señor Presidente, una frase del político inglés Francis Bacon,...

El señor COLOMA.- ¡Ahí sí...!

El señor MOREIRA.- ... quien decía: "Solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos". Como lo hacemos hoy día con las mujeres: ¡porque nosotros las obedecemos!
El ser humano debe aprender, entonces, a convivir con la naturaleza y a no tratar de avasallarla, menos cuando no entiende los efectos de sus acciones.
Los humedales son un claro ejemplo de aquello.
Fíjese, señor Presidente, que el humedal Llantén, en la zona de Puerto Montt, contaba el 2015 con más de veintidós hectáreas: hoy solo tiene media hectárea; y donde hoy se ubica el sector de Laguna Mansa antes había un humedal gigantesco que fue secado para proyectos inmobiliarios.
Los humedales son considerados cuna de la diversidad biológica, refugio de aves, insectos y roedores menores. Pero también sirven para contener el escurrimiento de aguas lluvia y para el refugio de diversas especies vegetales.
El proyecto que hoy revisamos en tercer trámite constitucional busca poner énfasis en la protección de estos espacios de biodiversidad, asediados por la expansión urbana mal planificada y peor ejecutada, así como por concesiones mineras -ojo: ¡concesiones mineras!- que amenazan modificar el entorno de manera permanente e irreversible.
Señor Presidente, en los lugares donde existen turberas, respecto de las cuales también vamos a legislar, en la Región de Los Lagos, especialmente en Chiloé, hemos visto a personas naturales y a algunas empresas pidiendo concesiones mineras.
Hay que preocuparse de ello y establecer una normativa para proteger también el medioambiente.
Debemos entender que la naturaleza no es nuestra enemiga y que viviremos mejor si aprendemos a convivir con ella.
Eso es lo que estamos haciendo: asimilando esta nueva cultura.
He manifestado mi preocupación por la protección de los humedales y las turberas desde que tuve el honor de ser parte de la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
Me siento complacido del avance de este proyecto, y espero que la Comisión Mixta pertinente pueda resolver de manera satisfactoria las diferencias respecto del artículo 3 y la facultad de suspender los permisos de construcción mientras se resuelve la solicitud de declaración de humedal urbano.
Señor Presidente, le pido el último minuto.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Algún otro poeta...?
Tiene un minuto adicional para cerrar su intervención, señor Senador.

El señor MOREIRA.- Gracias.
Me siento orgulloso, señor Presidente, de haber aportado mi grano de arena, porque -digámoslo- la protección de la naturaleza no es patrimonio de la Izquierda ni de ningún sector político, sino un deber de toda la sociedad.
Compatibilizar naturaleza y progreso es un desafío y una oportunidad que premiará a quienes protejan sin desalentar la inversión y recordará a aquellos que han resguardado el futuro para las nuevas generaciones.
Señor Presidente, no olvidemos las palabras del poeta y autor de la magistral obra La divina comedia: "La naturaleza es el arte de Dios".
Tampoco olvidemos al político inglés que decía: "Solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos".
¡Obedezcamos a la naturaleza!
¡Ahí está el futuro de la humanidad!
Por ello, apruebo la propuesta que ahora se nos presenta.

El señor QUINTANA (Presidente).- Gracias, Senador Moreira, por esa poética intervención en apoyo a los humedales.
Tiene la palabra la Senadora por Aysén, Ximena Órdenes.

El señor BIANCHI.- ¡No es fácil hablar después...!

El señor DE URRESTI.- ¡Es difícil hablar después de él...!

La señora ÓRDENES.- Chile, país de humedales: 40 mil reservas de vida.
Ese es el título, señor Presidente, del documento a través del cual el Ministerio del Medio Ambiente presenta el registro del inventario de los humedales existentes en nuestro país.
Efectivamente, la información de que disponemos hoy día en Chile con respecto a los humedales es escasa. Y lo que estamos haciendo ahora es -diría- dar un primer paso muy relevante en tanto estamos protegiendo los humedales urbanos.
Creo que la próxima tarea es resguardar las turberas, los humedales andinos y altoandinos y los humedales costeros.
Acá debemos desarrollar una estrategia integral en materia de protección y de conservación de humedales.
¿Por qué señalo esto? Primero, porque son ecosistemas de gran complejidad ecológica y presentan una serie de funciones y servicios ecosistémicos esenciales sobre todo en lo relativo a emergencia climática.
En tal sentido, me gustaría destacar la función que cumplen los humedales con respecto al suministro hídrico -es cosa de hablar de los bofedales que hay en el norte del país-, o a la conservación de la biodiversidad, lo que nos obliga también a cambiar la lógica con que hemos entendido siempre los humedales, la de la fragilidad, la que nos impide ver en ellos una oportunidad para la preservación de la biodiversidad.
En el caso de los humedales costeros, la amortiguación de las inundaciones es otra de las funciones que cumplen estos ecosistemas. En tal sentido, estoy segura de que muchas situaciones de emergencia que hemos enfrentado durante la última década podrían haberse mitigado en la medida en que hubiéramos protegido los humedales que ahí existían.
La regulación microclimática y la captura de carbono también constituyen un espacio para el desarrollo científico y turístico y para la educación ambiental.
Ahí creo que este proyecto da en el punto preciso, pues proteger los humedales en las áreas urbanas abre una oportunidad para que estudiantes, científicos y visitantes puedan entender la importancia de la conservación de estos ecosistemas.
Los humedales son áreas esenciales, y tenemos que cambiar un poco el paradigma sobre cómo los entendemos.
Digo aquello porque en la Región de Aysén los mallines, que en lengua mapudungún significa "lugar inundado", durante muchos años se secaban los humedales para el manejo de las praderas. Y por eso se crearon políticas públicas como el establecimiento de incentivos para la recuperación de suelos degradados.
Hoy día pienso que habría que desarrollar políticas públicas que no potencien el drenaje de los suelos, lo que termina con los humedales, sino que actúen como incentivos para su conservación a fin de garantizar su existencia para las generaciones futuras.
Señor Presidente, quiero felicitar al Senador De Urresti por esta iniciativa.
Yo vengo de una región donde las turberas son un humedal estratégico que está siendo explotado y que demora miles de años en formarse. De manera que, más allá de que hoy día recién se cuente con un decreto dictado por el Ministerio de Agricultura para regular la cosecha, creo que ahí también debemos hacer un ejercicio en pos de la conservación.
Porque la pregunta que cabe es si efectivamente se trata de un recurso renovable o no y si nos sirve solo una regulación.
Yo pienso que debemos avanzar en materia legal.
Anuncio mi voto a favor, señor Presidente.

La señora MUÑOZ.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- La Senadora Adriana Muñoz ha pedido abrir la votación.
¿Les parece a Sus Señorías?
Porque ya adoptamos el acuerdo respecto de los artículos 3° y 5°...

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, hay que hacer una corrección.

El señor QUINTANA (Presidente).- El señor Secretario me señala que debemos efectuar una precisión con respecto a lo que tendría que pasar a Comisión Mixta, que serían los artículos 3° y 4°, número 1).
¿Es así, Senador De Urresti?

La señora ALLENDE.- No es el artículo 5°.

El señor QUINTANA (Presidente).- Efectivamente, no es el artículo 5°, como se lo habían planteado a la Mesa.

El señor BIANCHI.- Artículos 3° y 4°.

El señor QUINTANA (Presidente).- Irían a Comisión Mixta los artículos 3° y 4°, número 1), que se considerarían rechazados.

El señor DE URRESTI.- Y el resto se vota todo a favor.

El señor QUINTANA (Presidente).- Claro: el resto se vota todo a favor.
Entonces, se votará la propuesta conjunta en los términos explicitados precedentemente. Y quienes quieran respaldarla deberán votar afirmativamente.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que fui invitada a adherir a esta moción, cuestión que hice con mucho gusto, pues me parece extraordinariamente importante tener una política en materia de protección de los humedales.
Esto lo abordamos en términos generales cuando discutimos el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Sin embargo, acá obviamente estamos abocados a un tipo de humedal más específico: los humedales urbanos.
Entonces, los humedales son ecosistemas especiales. ¿Por qué? Porque son acuáticos y terrestres a la vez; están formados por una zona de tierra cuya superficie se inunda de manera generalmente natural, unas veces en forma permanente y otras de manera intermitente.
Ejemplos de humedales son las lagunas, los pantanos, los pastizales húmedos, las marismas, las turberas, los estuarios, los oasis, entre otros.
Ahora bien, el hecho de que exista abundante agua en los humedales posibilita que la tierra se mezcle con el agua que circula por la zona formando un ambiente muy rico en nutrientes y minerales que permite la proliferación de diversos tipos de organismos, que conocemos como biodiversidad.
En los humedales habitan muchos seres vivos distintos: microorganismos, insectos y abundante flora y fauna que solo existen en nuestro país. También aves migratorias descansan o se reproducen en ellos. De modo que lo que ocurre en los humedales urbanos tiene impacto a nivel global, ya que si son destruidos o se desecan, estas aves no podrán descansar ni reproducirse, ni tampoco continuar en su ruta migratoria, y terminarían por desaparecer.
Señor Presidente, ya se han mencionado -y no me voy a extender en esto- los diversos beneficios que producen los humedales: entre otros, destacan la protección contra desastres naturales, como el abastecimiento de agua en caso de un sismo mayor; la protección contra inundaciones, en fin.
Los humedales también nos ayudan a mitigar el cambio climático. En tal sentido, hay que tener presente que Chile es uno de los países más vulnerables a este fenómeno.
¿Qué ha ocurrido? La humanidad ha destruido más del 64 por ciento de los humedales del planeta en el último siglo. Y nuestro país tiene cerca de 4,5 millones de hectáreas de humedales, pero casi todos carecen de protección legal.
En efecto, la Comisión constató que hoy se pueden rellenar y drenar casi todos los humedales, por ejemplo, de la Región de Valparaíso, que represento, sin ningún tipo de evaluación ambiental, siempre que no se encuentren en un área protegida o que tengan una superficie inferior a veinte hectáreas.
¡Y ese es el caso de la gran mayoría de los humedales de nuestra Región!
Los humedales urbanos, esto es, aquellos alrededor de los cuales se han emplazado las ciudades, son amenazados por el cambio de uso de suelo; es decir, son rellenados y desecados para edificar sobre ellos, dañándolos de manera irreversible. Los humedales que no se han rellenado son usados, tristemente, como basurales por la comunidad.
Y eso ocurre en muchas comunas.
Por ello es tan importante ver qué intentamos hacer a través de este proyecto.
Señor Presidente, esta iniciativa obligará a los alcaldes de cada comuna que tenga humedales urbanos a protegerlos y, además, a evaluar ambientalmente aquellos proyectos que puedan dañar o afectar a un humedal urbano.
En efecto, hoy los humedales urbanos dependen en gran parte de las decisiones de la gestión que haga un municipio, la cual muchas veces es inexistente por falta de prioridades y de recursos financieros y humanos. Por lo mismo la ley en proyecto obliga en su artículo 2° a que las municipalidades establezcan en una ordenanza general "los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos, a fin de resguardar sus características ecológicas y su funcionamiento,", etcétera.
Asimismo, en el artículo 3° se indica que "desde la presentación de la petición de reconocimiento de la calidad de humedal urbano hasta el pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente, la municipalidad no podrá otorgar permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial", en fin.
Este artículo fue rechazado en la Comisión de Medio Ambiente, pues existe voluntad para perfeccionarlo: por ejemplo, contemplando un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental y compatibilizándolo con la legislación existente en relación con el funcionamiento de las direcciones de obras municipales.
Pero, además, la iniciativa regula la evaluación ambiental de los proyectos que busquen emplazarse sobre humedales urbanos, que son los más amenazados por el cambio en el uso de suelo.
En verdad, es muy importante para nosotros que tales proyectos sean sometidos a evaluación de impacto ambiental. Es cierto que este punto fue muy discutido en la Comisión y finalmente se aprobó. Pero nosotros tenemos claro que el hecho de proteger los humedales urbanos -es una preocupación que manifestó una Senadora hace poco en la Sala- no significa que estemos en contra de la posibilidad de hacer obras mayores.
Eso lo discutimos con presencia de la Ministra de Transportes, del Ministro de Economía, pues efectivamente hay que buscar la compatibilización de una obra mayor en la cual lamentablemente se puede afectar un humedal. Pero, por favor, tampoco puede ser que constante y permanentemente estemos diciendo: "Vamos a construir esto, así que lo sentimos mucho", y vamos secando nuestros humedales porque no entendemos la tremenda importancia que tienen y la protección que nos van a generar sobre todo frente al cambio climático, ante el cual somos tan vulnerables.
En el caso del puerto de San Antonio, su expansión afectaría a tres humedales. Entonces, le planteaba a la Ministra de Transportes...

El señor QUINTANA (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señora Senadora.
Tiene un minuto adicional.

La señora ALLENDE.- Le decíamos a la Ministra de Transportes que cómo no era posible ver la factibilidad de ampliar el puerto, pero corriendo unos pocos metros más la obra y así mantener esos humedales, que además son muy reconocidos por la población sanantonina, tienen toda una historia cultural, es un paseo permanente.
Por lo tanto, quiero una vez más llamar la atención -aquí está el Subsecretario en condición de Ministro subrogante- en el sentido de compatibilizar obras de infraestructura que son necesarias e importantes para el país, pero con protección.
Eso es lo que pretendemos hacer y por eso estamos completamente disponibles a ver el artículo 4o en la Comisión Mixta, para buscar criterios que nos ayuden a hacer una y otra cosa, no una contra la otra, en que para realizar una obra mayor hay que secar un humedal, o viceversa, como quiero proteger un humedal, no voy a permitir una obra mayor.
Señor Presidente, hay que votar a favor, porque la iniciativa es tremendamente necesaria e importante. Y en la Comisión Mixta vamos a buscar los criterios apropiados.

El señor QUINTANA (Presidente).- Solicito nuevamente la unanimidad de la Sala para abrir la votación.

El señor BIANCHI.- Sí.

El señor QUINTANA (Presidente).- Acordado.
En votación, en los términos propuestos hace un momento.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, lo primero que quiero hacer es testimoniar y dar mis felicitaciones al Senador De Urresti, uno de los autores de este proyecto sobre humedales urbanos, y a quienes lo acompañaron en su suscripción.
Los humedales han tomado gran importancia ambiental, pero sobre todo social, siendo muchas las organizaciones sociales de base a lo largo del país que luchan precisamente por la protección de estos ecosistemas.
Si los señores Senadores me permiten hacer uso de la palabra, lo agradecería.
La Región de Magallanes es por lejos la zona del país, y también del mundo, que posee la mayor cantidad de humedales en su territorio, teniendo una superficie de más de tres millones de hectáreas.
El actual fenómeno del cambio climático, que ha pasado de ser una amenaza a una realidad de consecuencias mundiales, coloca a la Región de Magallanes en un lugar protagónico como reserva de vida mundial.
Del total de hectáreas de humedales de la región, el 59 por ciento se encuentra con algún grado de protección, por pertenecer al sistema de áreas silvestres protegidas.
Dada la coyuntura climática actual, tenemos una obligación como país de ser mucho más atrevidos y ambiciosos en la protección de los humedales, considerando una legislación respecto a su protección que incluya no solo a los humedales urbanos, tal como se ha dicho acá, sino a todos los humedales.
Si no hacemos eso, claramente los humedales de la Patagonia que no están protegidos -representan cerca del 40 por ciento del total- serán muy pronto depredados, porque los humedales, al mismo tiempo de ser reservas de vida, son también fuente de posibles proyectos millonarios, tales como la extracción de la turba que se encuentra en ellos, proceso que sin duda debe ser detenido a la brevedad, por la urgente responsabilidad ambiental global que tiene nuestro país respecto al fenómeno del cambio climático.
En Magallanes contamos también con el humedal urbano más extenso e importante del país, el humedal Tres Puentes, que ha sido difícilmente defendido por organizaciones medioambientalistas como la Agrupación Ecológica Patagónica, que con su acción ha logrado que toda la ciudad de Punta Arenas valore enormemente dicho humedal como un lugar donde se puede entregar educación ambiental para los niños y esparcimiento y buena calidad de vida para sus habitantes.
La historia del humedal Tres Puentes sin duda que justifica este proyecto de ley, porque hasta la fecha, lamentablemente, dicho humedal ha tenido múltiples intervenciones de obras urbanas, las cuales lo han afectado de manera importante en su equilibrio hídrico.
Sin embargo, el humedal sigue vivo, pero para seguir subsistiendo se requiere, obviamente, una protección legal que precisamente es la que entrega este proyecto de ley.
Respecto a la discusión del nuevo artículo 3° introducido por la Cámara de Diputados, me parece que es mejor que se resuelva técnicamente en Comisión Mixta, tal como se ha dicho. Eso sí, con una norma que, sí o sí, proteja a los humedales y no con una disposición que permita a privados, ante solicitud de declaración de humedal formulada por un municipio, intervenir el área rápidamente antes de que se produzca finalmente la declaratoria de humedal por parte del Ministerio del Medio Ambiente.
Voto a favor.

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Francisco Chahuán, tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto en análisis tiene por objeto asegurar la protección de los humedales que se encuentran total o parcialmente dentro del radio urbano. Y, ciertamente, estamos apoyando para que finalmente esto se convierta en una protección real a la biodiversidad que existe en los humedales.
Se da protección a los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a solicitud de una municipalidad. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos. Las municipalidades, sobre dicha base, establecerán los criterios comunes de protección mediante una ordenanza general.
Los proyectos que impliquen alteración de un humedal urbano deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y los instrumentos de planificación territorial tendrán que incluir los humedales urbanos.
¿Por qué es tan importante proteger los humedales urbanos?
Durante muchísimo tiempo se estuvo trabajando, por ejemplo, para proteger el humedal urbano de la comuna de Cartagena, que fue prácticamente deteriorado por la población que vivía en los alrededores.
Ciertamente, con el esfuerzo que se ha hecho en comunas como Concón, Algarrobo, Santo Domingo, finalmente se logró, con la ayuda de la Fundación Cosmos, apoyar un proyecto en el que estuvimos trabajando durante prácticamente tres años, que comprendía la posibilidad de solicitar la declaratoria de humedal protegido a un humedal urbano ubicado sobre un predio que era de propiedad municipal.
Acá está en juego cómo somos capaces de proteger nuestra biodiversidad frente al desplazamiento de las urbanizaciones y donde los humedales quedan en medio de las ciudades.
Creemos que esta es una iniciativa que va en la dirección correcta. Sabemos que hay proyectos de inversión importante y que podrían verse afectados, pero, no obstante ello, estimamos que la biodiversidad deber ser protegida.
En el caso de la desembocadura del río Maipo, por ejemplo, la expansión del puerto podría afectar ese humedal protegido. Y nosotros somos partidarios claramente de que debería modificarse la expansión del puerto. Su ampliación no tiene que ser a costa de la biodiversidad que existe en la desembocadura del río Maipo, cuestión que nosotros vamos a defender con toda nuestra fuerza.
En ese contexto, me parece que este proyecto de ley, que busca proteger los humedales urbanos, va en la dirección correcta. Así que quiero felicitar, por supuesto, al Senador De Urresti por su iniciativa.
Este tema ha sido parte de mi preocupación permanente. Me tocó -es bueno contar esta experiencia- iniciar las primeras acciones para la protección del humedal de Concón. En ese entonces yo no era parlamentario. Y logramos convencer al Consejo de Defensa del Estado, que demandó por primera vez en la historia al Estado, a la Refinería de Petróleos de Concón (hoy Refinería Aconcagua), para generar ahí un humedal protegido.
Conseguimos finalmente que eso ocurriera, a través de un proceso de transacción entre el Consejo de Defensa del Estado y quienes accionamos, básicamente apoyando al municipio de Concón. Ello nos permitió proteger un humedal que hoy día está avanzando cada vez más desde el punto de vista de la protección de la biodiversidad.
Por tanto, este es un proyecto que va absolutamente en la dirección correcta. Y por eso mismo queremos aprobarlo. Por supuesto, podemos estudiar algunas modificaciones, pero ciertamente -reitero- va en la dirección correcta.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra, a continuación, la Senadora Carolina Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, seré muy breve.
Solamente quiero reafirmar mi voto a favor de este proyecto.
Me alegro de que haya avanzado con celeridad. Creo que se han entregado argumentos de sobra respecto de su importancia. Pero, además, destaco que hoy día estemos todos de acuerdo en que hay que cuidar la naturaleza, el valor que tiene, tal como en forma muy poética se ha señalado en algunas intervenciones.
Creo que eso es un consenso que no teníamos hace algunos años.
Actualmente considerar el valor de los servicios ecosistémicos que aportan los humedales urbanos y que ellos tienen incluso un valor económico, y por eso debemos resguardarlos, significa una comprensión distinta de territorios y, en este caso, de ecosistemas que antes no se miraban en toda su magnitud y en todo su valor.
A mi juicio, eso es un cambio -insisto- de la comprensión de cómo nosotros abordamos la conservación, y sobre todo en zonas urbanas, que es muy valioso.
Hoy día, sin duda, la inminencia de las transformaciones debido al calentamiento global, al cambio climático, nos pone en alerta y nos obliga a tomar decisiones más rápidas para adaptarnos. Y creo que en esa línea esta legislación, sin duda, es un tremendo avance.
Ahora bien, uno debe hacer justicia en el caso de la Región de Magallanes y reconocer, una vez más, el trabajo de la Agrupación Ecológica Patagónica con la defensa del humedal Tres Puentes. Ahí destaco a Humberto Gómez, a Jaime Cárcamo, quienes han estado siempre detrás. Y en ellos represento a tantos otros preocupados de la defensa del humedal. Ellos nos han planteado, además, la importancia de contar con reservas naturales urbanas, no solamente en zonas rurales o fuera de las ciudades.
Y, por supuesto, hemos trabajado en conjunto el proyecto que ya se ha señalado -deberíamos avanzar en su tramitación-, relativo a la protección de la turba, que tiene las mismas condiciones. Tenemos que ver cómo ponemos en valor los turbales, que tienen un aporte respecto de la fijación de carbono, que es superimportante y que muchas veces se desprecia en función de otras actividades productivas que tienen finalmente menos rendimiento, incluso desde el punto de vista de la generación de ingresos.
Así que solo espero que ambos temas que han quedado para la Comisión Mixta se resuelvan con celeridad. No tengo dudas de eso. Este ha sido el ánimo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y también en el Ejecutivo, para que lo que hoy día es un proyecto de ley se transforme pronto en ley. Es eso lo que necesitamos a lo largo de nuestro país.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente, y lo vamos a probar!
Señor Presidente, el Senador De Urresti ha hecho una contribución extraordinaria al poner el tema de los humedales en la agenda legislativa. En la Comisión de Medio Ambiente tuvimos oportunidad de debatir esta materia.
Creo que el proyecto de ley hoy día es un avance.
Yo estoy por la moratoria y por la prohibición de construir en los humedales. Tanto es así, que el artículo 3º, que pasará a Comisión Mixta, pretende ir al corazón de lo positivo de este proyecto. Porque el artículo 3º establece que tiene que haber un límite urbano y no puede haber autorizaciones de construcción durante todo ese tiempo.
Claramente, se deja toda la capacidad normativa para determinar cuáles son los humedales urbanos -la declaración es del Ministerio del Medio Ambiente- y para los criterios mínimos de sustentabilidad en el Ministerio del Medio Ambiente y en el Ministerio de Obras Públicas.
¡Pero ni el Estado ni el sector privado respetan el medio ambiente!
Ahora bien, mientras los municipios quedan facultados para hacer ordenanzas, con un reglamento del MOP, vamos a tener 345 reglamentos distintos, adaptados al tipo de alcalde, al tipo de concejales. Y, en definitiva, no será posible un resultado inmediato de paralización del uso de los humedales. ¡No va a ser así! Y no lo será porque es incierto lo que va a pasar en la Comisión Mixta. Porque si hay algo rescatable del proyecto, señor Presidente, es precisamente el artículo 3º, que ha quedado para la Comisión Mixta.
He escuchado a la Senadora Von Baer hablar respecto de la clásica definición de que no hay que paralizar el desarrollo productivo, que no hay que paralizar las obras que puedan ser de beneficio o no. En este sentido, hemos estado saturados de obras que han afectado al medio ambiente y que son de beneficio, en muchos casos, de carácter privado.
Entonces, esta es una buena iniciativa de ley, que permitirá que haya estudio de impacto ambiental, pero que va a estar normada por un reglamento en manos del MOP y por una definición de humedal urbano de parte del Ministerio del Medio Ambiente.
Y yo creo que en este Gobierno, que se caracteriza por intentar el desarrollo productivo, no habrá mucho criterio proteccionista del medio ambiente, más bien va a haber un criterio de inversión y desarrollo.
A mi juicio, esta facultad que se delega en los Ministerios y en los municipios termina por diluir un concepto básico.
Me parece que lo mejor es tener moratoria y prohibición de construir en los humedales urbanos, porque están destruyéndolos y porque la naturaleza, como decía el Senador Moreira, es sabia y nos va a cobrar lo obrado, como ha sucedido en zonas de inundación o en zonas de relleno que se han transformado en pisos flotantes. Cada vez que hacemos un relleno corremos un riesgo extraordinario de que las viviendas construidas allí sean afectadas. ¡Hay un número indeterminado!
Me hubiera gustado tener el informe de las dos organizaciones de municipalidades de Chile, para saber cuántos permisos de construcción sobre humedales están autorizados hoy día. El informe no lo señala. ¡No sabemos cuántos permisos de construcción están ya en curso y aprobados que no van a estar sujetos a la futura ley!
Por lo tanto, lo que verán los ciudadanos será que muchos proyectos inmobiliarios se van a construir igual, aun cuando tengamos esta ley, porque se argumentará que el proceso ya se había iniciado administrativamente, y no van a quedar afectos a esta normativa.
Yo hubiera querido un artículo que determinara que a partir de la fecha de publicación de la ley y en un período retroactivo esos permisos tuvieran una exigencia superior. Pero los que ya están en curso son muchos. En San Pedro de la Paz y en bastantes ciudades de la Región del Biobío son muchas las demandas a las inmobiliarias, en un país en donde el suelo es especulativo y no hay política al respecto.
Si consideramos al humedal un cuerpo ecosistémico, ¿por qué entonces la definición de humedales urbanos? La definición original decía "humedales urbanos o periurbanos", porque no hay línea divisoria ecosistémica en los humedales. Y, por tanto, aquellos que estén dentro de la zona urbana van a tener regulación y la mitad del cuerpo ecosistémico que esté fuera ¡no estará sujeta a regulación! ¡Vamos a tener un grave problema al respecto!
Creo que aquí hay un cálculo al señalarlo así. O sea, se va a poder construir y rellenar en humedales periurbanos, porque fue eliminado el concepto "periurbanos" para dejar al humedal partido en dos.
Voto a favor, señor Presidente.
Creo que el Senador De Urresti avanza en la línea correcta con este proyecto, pero en mi opinión no es suficiente para detener el relleno de los humedales urbanos por la industria inmobiliaria.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador David Sandoval, tiene la palabra.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, me tocó tramitar este proyecto, que, sin duda, tiene diversas connotaciones. Las condiciones ambientales, las condiciones de la avifauna que se produce en torno a estos humedales, evidentemente, en muchas ciudades constituyen un aspecto de patrimonio ambiental de un gran valor. Además, muchas veces están vinculados también a procesos migratorios de aves, las que utilizan estos lugares, precisamente, como puntos fundamentales en sus recorridos, algunos de miles de miles de kilómetros de distancia. Y, evidentemente, más que en un problema, en muchos casos se pueden transformar en una verdadera oportunidad para las ciudades, para las comunidades que viven en torno a ellos.
Por consiguiente, en esa tarea creemos y compartimos que la necesidad de establecer algunos mecanismos de resguardo es absolutamente razonable, razón por la cual varios de los artículos presentados en esta iniciativa, llevada adelante por nuestro amigo el Senador Alfonso de Urresti, aquí presente, fueron aprobados unánimemente.
Debo señalar también que el propio Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, haciéndose eco de esta necesidad, establece un Plan Nacional de Protección de Humedales y genera una lista no menor de humedales a lo largo del país en los que se considera necesario establecer mecanismos de resguardo. Asimismo, se establece el Plan de Acción para la Conservación de Humedales, que impulsa el Presidente Sebastián Piñera y que anunció en la ciudad de Valdivia.
La presión por contar cada vez con mayores niveles de disponibilidad de suelo en las ciudades ha atentado muchas veces, precisamente, contra estos entornos. Por ello, nos parece razonable generar los mecanismos que aseguren su adecuada conservación.
Yo mismo puedo destacar lo sucedido en la Región de Aysén, en ciudades como Puerto Cisnes o Puerto Aysén, ambas insertas en un ámbito donde evidentemente los humedales constituyen un aspecto de gran significado y valor.
Incluso, es más: tenemos ejemplos de malas prácticas, asociados a la construcción de viviendas en las ciudades. Un caso muy reciente es la villa Aysén, en Puerto Aysén, donde se construyeron ochenta y dos viviendas en una zona de humedal. Hubo que erradicarlas, sacar a esas familias, reinstalarlas, con todo lo que eso significa: costos de construcción, costos de subsidios, y para qué decir la afectación a la calidad de vida de esas familias que ingresaron a sus viviendas con el sueño de construir un hogar y, a poco andar, se encontraron con que estaban viviendo en una condición de precariedad ambiental enormemente grave para la salud de las personas.
Por ello, señor Presidente, estimamos adecuado avanzar en esta tarea y apoyar absolutamente el Plan Nacional para la Conservación de Humedales que impulsa el Gobierno. Nos parece que ese marco regulatorio, que nace de la visión que tiene el Estado en la materia, va en la dirección adecuada.
Ello, con la salvedad -porque, de verdad, a veces las condiciones llevan a algunos extremos- de lo que contienen los artículos 3° y 4°, entendiendo que se alcanzó un acuerdo formal para llegar a una Comisión Mixta que nos permita salvar los detalles en que hay discrepancias.
Tenemos acá un listado no menor de obras públicas significativas, en diferentes ciudades del país, que se van a ver afectadas con tales disposiciones: en Coquimbo, con el tema del ferrocarril; en Llolleo; en Talcahuano, Hualpén y San Pedro; en San Antonio, con el puerto; en Arica, con el puerto; en Concepción, con el aeropuerto Carriel Sur, todo lo cual evidentemente habrá que compatibilizar. Y, probablemente, las obras que se ejecuten tendrán que considerar el valor que reviste este patrimonio desde el punto de vista ambiental y, por supuesto, el interés general que existe al respecto para dar otro tipo de solución.
La técnica, el desarrollo, la infraestructura y la ciencia hoy día le permiten al hombre, al contar con mayor inteligencia, aplicar buenos criterios y salvar los dos temas.
Por eso, señor Presidente, estimo que el proyecto va en la dirección correcta. Y, entendiendo que hay diversas opiniones, yo al menos lo voy a votar a favor.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador José Miguel Durana, tiene la palabra.

El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto en debate tiene por finalidad la protección de los humedales urbanos que se encuentren -según indican sus mismas disposiciones- dentro del radio comunal o periférico que depende de la municipalidad correspondiente. Todo ello, en el entendido de que dichos humedales son superficies ricas en ecosistemas de diversidad biológica, que albergan especies endémicas, residentes nativas y migratorias que escogen este tipo de hábitat por sus características particulares, y que actualmente carecen de regulación.
Este articulado tiene por objeto la protección de humedales declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, siempre que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano.
Esta futura ley se hace cargo de un tema que no había tenido relevancia normativa suficiente. No obstante ello, debemos tener presente que el Ministerio del Medio Ambiente pretende aplicar la elaboración de un Plan Nacional para la Conservación de Humedales de manera conjunta con el Comité Nacional de Humedales.
Se estableció, por una parte, que será el Ministerio el que determinará y definirá los humedales protegidos, ya sea de oficio o a petición del municipio donde se encuentre el humedal respectivo. Y, por otra parte, se obligará a la elaboración de un reglamento, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, que definiría los criterios básicos de sustentabilidad de los humedales urbanos. Además, se establece que las municipalidades, a través de una ordenanza general, deberán contemplar criterios para la protección, conservación y preservación de los humedales ubicados dentro de los límites de sus comunas.
De esta forma, lamentablemente, se excluye de la elaboración del reglamento al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo cual puede generar un vacío en la determinación de todos los criterios técnicos que deben ser tomados en cuenta.
Por eso, hoy nos encontramos con algunos artículos controvertidos. Por ejemplo, el que establece la prohibición a las municipalidades en el espacio que medie entre la presentación de la solicitud para reconocer el carácter protegido de un humedal y el pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente para conceder permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones en los terrenos en que se encuentre emplazado.
Hay otra disposición que no nos parece adecuada, ya que establece la prohibición en el contexto de las planificaciones territoriales.
Por eso, estamos por rechazar la norma que establece una prohibición en términos absolutos, salvo la excepción mencionada, sin permitir la posibilidad de que autoridades competentes puedan evaluar la idoneidad del proyecto o no, y en virtud a dicha evaluación, determinar si se otorga o no un permiso correspondiente en la zona en que se encuentre el humedal.
Creo que necesitamos dar certeza administrativa y certeza jurídica, de tal forma que siempre podamos ser un país que dé oportunidades y seguridades a la inversión pública y privada.
Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, este es un proyecto relevante.
Saludo a los colegas que han estado visibilizando un drama ambiental que hemos vivido como país, donde se han perdido muchos humedales por la expansión de las ciudades, por intereses en ocasiones mezquinos de particulares, que generan un tremendo daño a los ecosistemas.
Yo voy a votar a favor del proyecto, entendiendo que en el próximo trámite se perfeccionarán ciertas normas que son necesarias. Es evidente que hay situaciones de diferente categoría que requieren la instancia de la Comisión Mixta para precisarlas.
Sí quiero decir, señor Presidente, que hay una insuficiencia que me provoca cierta frustración.
Quiero poner el caso de Pupuya, en la comuna de Navidad, donde hay un humedal. Un particular construye cabañas en el espacio del humedal, y el municipio, como todos los municipios chicos y pobres, cuenta con muy pocos instrumentos para poder reaccionar frente al abuso unilateral del particular. El único mecanismo disponible para el alcalde es ordenar la demolición porque el particular no contó con los permisos de construcción correspondientes de la Dirección de Obras. Y nada más. ¡Y nada más!
Es evidente que cualquier intervención en un humedal causa un daño muy grande, no necesariamente reversible, porque a veces construyen haciendo rellenos, alterando los ecosistemas.
Espero, señor Presidente, que a casos como el de Pupuya, de Navidad, de las comunas chicas, les podamos poner algo de músculo adicional en la Comisión Mixta, para que se pueda actuar contra los particulares que han actuado unilateralmente y que no han logrado consolidar su abuso, su fechoría, su daño ambiental, por cuanto, por suerte, quedan directores de Obras Municipales que son capaces de frenar estas cosas en lo formal. Pero esos municipios requieren el apoyo del Ministerio de otra manera, para revertir estas situaciones, quizá estableciendo multas gravísimas para quienes tengan construcciones sin autorización legal hasta el momento y plazos para eliminar las intervenciones que pudiesen haber realizado.
Voy a votar a favor del proyecto.
Quiero saludar en particular al colega De Urresti, quien ha hecho una cruzada en esta materia, que es propia de la región que él representa, y creo que hay que reconocerle el mérito. La verdad es que en nuestra bancada en ocasiones le hemos puesto hasta sobrenombres por este tema, porque viene durante años ¡años! insistiendo. Me parece que es un tremendo mérito que entre nosotros generemos una conciencia colectiva de problemas que objetivamente existen, en particular en el ámbito medioambiental.

El señor QUINTANA (Presidente).- La Mesa también se suma al reconocimiento que se le hace al Senador Alfonso de Urresti, Vicepresidente de esta Corporación, porque además es una medida muy necesaria en varias regiones del sur del país, especialmente.
Tiene la palabra, a continuación, el Senador Juan Ignacio Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, tal como los bosques son considerados los pulmones del planeta, los humedales son sus riñones: participan en el ciclo del agua y son capaces de depurarla gracias a que su vegetación elimina sustancias tóxicas provenientes de plaguicidas, derrames industriales y actividades mineras. Son, por lo tanto, las mayores fuentes de agua dulce del planeta.
Además, los humedales son el hogar de una rica diversidad biológica de especies vegetales y animales -aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados-, algunas de las cuales están en peligro de extinción por el acelerado proceso de destrucción de la biodiversidad en esta emergencia climática y ecológica en la que nos encontramos. De hecho, los humedales son considerados los ambientes más activos y que mayor número de especies albergan con relación a su tamaño, lo que los hace indispensables para la conservación de la biodiversidad biológica del planeta. Contribuyen, asimismo, a regular el ciclo del agua y del clima; reducen los impactos de sequías e inundaciones, como las ocurridas por marejadas y aumento del nivel del mar; proveen zonas de uso para actividades recreativas y productivas como el turismo y la pesca sustentable, entre otros servicios ecosistémicos.
Según un nuevo estudio de expertos de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, los humedales costeros extraen más CO2 que otros tipos de humedales, pudiendo almacenar más de 200 toneladas métricas de carbono por año en todo el mundo y guardarlo en sus suelos durante miles de años, si estos no se alteran.
Por lo tanto, los humedales costeros son los mejores aliados en la lucha contra el cambio climático.
Los humedales son uno de los ecosistemas biológicamente más activos del planeta.
Un ejemplo a resaltar es el trabajo que hacen aquí, en la Región de Valparaíso, la sociedad civil y las organizaciones en defensa del humedal Ojos de Mar, en San Antonio. Ubicado en Llolleo, se encuentra vulnerado y amenazado por la actividad industrial portuaria de EPSA, la que pretende expandirse y literalmente tapar con cemento el hogar de miles de aves (al menos ochenta y un especies detectadas) para construir estacionamientos de camiones en el territorio.
No estoy en contra de la expansión del megapuerto en San Antonio. Creo que es muy necesario estratégicamente para el país. Pero en el diseño de la expansión del megapuerto perfectamente puede haber una consideración por la protección de estos humedales ahí, en Ojos de Mar.
La Empresa Portuaria San Antonio tiene responsabilidad social y ambiental para con la ciudad y sus habitantes, y ellos mismos en sus informes muchas veces han declarado que no existe biodiversidad, que son humedales muertos, que no hay especies, cuando basta ir a visitarlos -yo estuve hace pocos días- para darse cuenta y tomar conciencia de que efectivamente ahí hay un ecosistema vivo.
Al ser esta empresa la dueña legal de los terrenos donde se ubica el humedal puede y debe respetar esta área de biodiversidad exuberante, conservándola como un santuario de la naturaleza o alguna otra figura legal que asegure las óptimas condiciones para preservar la vida de estas lagunas y no taparlas.
Lo mismo ocurre en otros sitios, en otros territorios con la expansión inmobiliaria, donde no se tiene consideración por el ecosistema. Por eso se necesita una ley que defienda los humedales urbanos, que no dependa de los alcaldes de turno, que no dependa de las ordenanzas municipales o de los concejos municipales, que muchas veces son cooptados por proyectos inmobiliarios o, en este caso, portuarios, que solo miran el criterio financiero, económico, pero no la protección del medio ambiente.
Señor Presidente, voto a favor de este proyecto de ley porque, si bien todavía es insuficiente, avanza en la dirección correcta.

El señor QUINTANA (Presidente).- No hay más Senadores inscritos.
Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados, con excepción del artículo 3°, nuevo, y de las recaídas en el artículo 4°, número 1), (32 votos a favor y 1 pareo), y el proyecto pasa a Comisión Mixta.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Van Rysselberghe y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Quintana, Quinteros y Sandoval.
No votó, por estar pareado, el señor Durana.


El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, le ofrezco la palabra al señor Ministro del Medio Ambiente subrogante.

El señor RIESCO (Ministro del Medio Ambiente subrogante).- Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los señores Senadores.
Este es un proyecto de ley muy relevante, porque los humedales son ecosistemas indispensables por los beneficios o "servicios ecosistémicos" que brindan a la humanidad, desde la provisión de agua dulce, alimentos, conservación de la biodiversidad, hasta el control de crecidas de ríos, entre otros. Sirven de recarga de aguas subterráneas y mitigación de los efectos del cambio climático.
Creemos que son ecosistemas altamente vulnerables, que están particularmente amenazados por factores como las prácticas no sustentables, los rellenos y el cambio climático.
Quiero, además, felicitar y agradecer a los señores Senadores por la voluntad que han tenido para pasar este proyecto a Comisión Mixta a fin de llegar a una buena solución para algunos problemas que nosotros veíamos en la propuesta que llegó de vuelta de la Cámara.
Me parece que todos tenemos disposición para lograr buenos acuerdos y promover algo esencial que buscamos como Ministerio del Medio Ambiente y como país, y que además hemos refrendado en nuestros tratados internacionales: promover no solo la conservación, sino también el desarrollo sustentable, que viene a ser este equilibrio entre un crecimiento económico que traiga desarrollo social aparejado con un cuidado medioambiental.
En ese sentido, nuevamente me gustaría agradecer y felicitar a los señores Senadores autores de esta moción y ponernos a disposición para trabajar y sacar una muy buena ley a través de la Comisión Mixta.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).- A usted, señor Ministro.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Pasamos, entonces, a la siguiente iniciativa. No obstante, algunos señores Senadores proponen invertir el orden de la tabla, dado que hay dos proyectos calificados con "discusión inmediata".
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, quiero pedir la autorización de la Sala para poner en discusión un proyecto muy simple, de artículo único, que regula el acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y de declaraciones judiciales de la ley N° 21.057 (boletín N° 12.637-07).
Es una iniciativa con "discusión inmediata", que es de fácil despacho, digamos. En la Comisión de Constitución del Senado no hubo discusión a su respecto. Tanto es así que la tratamos en una sola sesión.

La señora ALLENDE.- Votémosla al tiro.

El señor QUINTANA (Presidente).- Con el compromiso de ver los dos proyectos.

El señor HARBOE.- Sí, claro.

La señora ALLENDE.- Votémosla.

El señor HARBOE.- Si quiere hago la relación, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Bien. ¿Votamos la iniciativa que regula el acceso a entrevistas videograbadas?

El señor HARBOE.- Hago la relación y se vota.

El señor ELIZALDE.- Sin discusión.

La señora ALLENDE.- Sin discusión.

El señor QUINTANA (Presidente).- No, señora Senadora. Creo que sería recomendable fundamentar el voto.
¿Les parece si la vemos de inmediato y abrimos la votación una vez que termine la exposición del Senador Harboe?
Acordado.



ACCESO A REGISTROS JUDICIALES PARA EFECTOS DE PROCESO DE FORMACIÓN DE ENTREVISTADORES


El señor QUINTANA (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y de declaraciones judiciales de la ley N° 21.057, para los fines que indica, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.637-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 32ª, en 10 de julio de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 42ª, en 20 de agosto de 2019.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- Los principales objetivos del proyecto son los siguientes:
-Modificar la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, con el propósito de permitir que determinadas personas tengan acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales, exclusivamente para los efectos del proceso de formación de los entrevistadores.
-Facultar a los entrevistadores para que puedan acceder al registro de su entrevista investigativa cuando sean citados a declarar en el juicio oral.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que, por tratarse de un proyecto de ley de artículo único, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, lo discutió en general y en particular.
Aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Allamand, De Urresti, Harboe, Huenchumilla y Pérez Varela.
En cuanto a la discusión en particular, la Comisión de Constitución realizó diversas enmiendas, todas las cuales aprobó por unanimidad.
Cabe hacer presente que los incisos primero y segundo del artículo 23 bis que incorpora el numeral 2) del artículo único del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 24 votos favorables.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado en que se consignan el texto del proyecto de ley aprobado en general y en particular por la Comisión y el texto tentativo de la ley si se aprueba el proyecto.


El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, el proyecto que ahora conoce la Sala se encuentra en segundo trámite constitucional y tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.
Dado que se trata de una iniciativa de ley de artículo único, cuya urgencia fue calificada de "discusión inmediata", se debatió en general y en particular en la Comisión de Constitución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado.
El objetivo fundamental del proyecto es modificar la ley Nº 21.057, de reciente promulgación, que regula las entrevistas videograbadas y otras medidas de resguardo a los menores de edad que han sido víctimas de delitos sexuales, con el propósito de permitir que determinadas personas tengan acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales, exclusivamente para los efectos del proceso de formación de los entrevistadores.
Asimismo, se faculta a los entrevistadores para que puedan conocer el registro de su entrevista investigativa cuando sean citados a declarar en el juicio oral.
En la exposición de motivos de esta iniciativa, el Ejecutivo hace presente que la Subcomisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal planteó al Gobierno la necesidad de modificar la ley Nº 21.057, para permitir a las personas ya indicadas tener acceso a las entrevistas videograbadas y a las declaraciones judiciales.
Seguidamente, recuerda que el artículo 28 de la referida ley contempla un sistema permanente de capacitación, seguimiento, actualización y evaluación de las competencias de los entrevistadores mediante los programas de formación continua.
Agrega que, para cumplir con ese propósito, es indispensable que las instituciones responsables de los programas de formación puedan entrar a los registros de las entrevistas investigativas videograbadas y a las intermediaciones de declaraciones judiciales en las que hayan participado los entrevistadores a evaluar.
Justifica esa medida señalando que la experiencia internacional recomienda efectuar una revisión de las entrevistas en los casos reales en que se hubieren realizado, a través de un proceso de retroalimentación experta de cada entrevistador respecto de su desempeño, siendo este un elemento esencial de su proceso de formación.
Asimismo, recuerda que la ley N° 21.057 dispone que un entrevistador puede ser citado para informar sobre la metodología y técnica empleadas en una entrevista investigativa videograbada durante el desarrollo de la audiencia de juicio, situación que prevé el artículo 18, letra d), especialmente por el hecho de que entre la realización de la entrevista investigativa videograbada y la referida audiencia puede transcurrir un extenso tiempo.
Se hace presente, además, que el artículo 23 de la mencionada ley establece reserva de estos registros, por lo que en los casos ya señalados no se puede autorizar y otorgar el debido acceso a las videograbaciones ya realizadas por los entrevistadores, situación que pretende solucionar esta iniciativa.
Finalmente, dispone que un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá las demás condiciones en que se solicitará y otorgará acceso a la información, resguardando siempre su confidencialidad y seguridad.
Una vez analizado el proyecto de ley por la Comisión, sin perjuicio de que la unanimidad de sus miembros acogió la idea de legislar, dada la relevancia de la materia tratada, se advirtieron algunas deficiencias en el articulado despachado por la Cámara de Diputados, particularmente en tres aspectos.
El primero de ellos deriva de la extrema preocupación del legislador por la reserva del contenido de la entrevista investigativa, que se traduce en el tipo penal establecido en el inciso final del artículo 23 de la ley Nº 21.057. Por tal motivo, el hecho de que la norma que incorpora el artículo 23 bis, nuevo, permita que ciertas instituciones tengan acceso a estos registros videograbados y puedan obtener una copia, generó ciertas dudas respecto de la sanción aplicable a quienes vulneren el deber de reserva o secreto. Al respecto, cabe preguntarse si les resultaría plenamente aplicable la tipificación que contempla el inciso final del artículo 23 antes reseñado o si sería adecuado instituir una sanción específica.
Por otra parte, se advirtió que, del texto aprobado en el primer trámite constitucional, no resultaba totalmente clara la sujeción del acceso a la declaración judicial a las reglas de reserva que impone el inciso segundo del artículo 23 de la ley N° 21.057.
Por último, si bien se juzgó pertinente que las formas de la solicitud y el otorgamiento de la información se concedan a la potestad reglamentaria, se estimó excesivo que dicha reglamentación también se refiera a las "demás condiciones" en esta materia, pues ello importaría una renuncia del legislador a sus potestades normativas y disminuiría el grado de resguardo de esa información, que debe tener un elevado nivel de reserva por los intervinientes involucrados y la naturaleza de los ilícitos que han dado origen al proceso penal respectivo.
Acogiendo las observaciones ya reseñadas, mediante oficio de fecha 19 de agosto del año en curso, Su Excelencia el Presidente de la República presentó una indicación que contenía una serie de propuestas para perfeccionar el texto aprobado por la Cámara de Diputados. En especial, se reforzó el principio de reserva del contenido de la entrevista investigativa y de la declaración judicial, situación que fue hecha presente por los señores Senadores de la Comisión de Constitución, razón por la que se hizo aplicable el tipo penal del artículo 23 de la ley Nº 21.057 a quienes accedan a los registros en virtud del nuevo artículo 23 bis y se circunscribió el alcance de la potestad reglamentaria para determinar la forma y el procedimiento en que se formularán las solicitudes y se otorgará el acceso a la información.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó las enmiendas sugeridas por el Ejecutivo y perfeccionó la sanción penal que establece el inciso final del artículo 23 de la ley Nº 21.057.
Finalmente, hago notar que el informe de la Comisión da cuenta del trabajo realizado, consignando las intervenciones efectuadas, la discusión de los preceptos abordados y los acuerdos alcanzados a su respecto.
Reitero, al efecto, que la Comisión discutió en general y en particular este proyecto y acordó, unánimemente, proponer al Excelentísimo señor Presidente que en la Sala sea considerado del mismo modo.
Es cuanto puedo informar en mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, Senador Harboe.
Según lo acordado, procederé a abrir la votación.
Les recuerdo a Sus Señorías que la iniciativa contiene normas de quorum especial.
Tiene la palabra la señora Secretaria para explicitar cuáles son aquellas.

La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- Señor Presidente, cabe recordar a la Sala que los incisos primero y segundo del artículo 23 bis, que incorpora el numeral 2) del artículo único del proyecto, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren, para su aprobación, 24 votos favorables.
El señor QUINTANA (Presidente).- En votación general y particular la iniciativa.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, este es un proyecto muy simple, muy concreto, pese a que la terminología jurídica que contiene es un poquito compleja.
En síntesis, se trata de lo siguiente.
La ley Nº 21.057 regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, y su artículo 23 establece las disposiciones comunes a la entrevista investigativa videograbada y a la declaración judicial.
La iniciativa tiene por objeto incorporar un artículo 23 bis para establecer dos excepciones -si pudiéramos llamarlas así- a lo dispuesto en la norma general del artículo 23.
La primera excepción se vincula con el cumplimiento del proceso de formación de los entrevistadores.
Aclaremos que el Estado necesita contar con entrevistadores profesionales, idóneos, probos, capaces, porque se trata de hablar con menores que han sido víctimas de delitos sexuales. Ese menor sufrió la agresión que dio lugar al delito que se investiga y después, cuando declara frente a los entrevistadores, puede ser nuevamente victimizado por lo que significa revivir el horror que implicó haber pasado por ese delito.
Se busca que el entrevistador o la entrevistadora posea la finura psicológica, el conocimiento, la experiencia para tratar bien al menor, para hacerlo sentir en confianza, de tal manera que pueda contar su verdad sin volver a sufrir un nuevo trauma.
En ese caso, la disposición nueva que estamos introduciendo, el artículo 23 bis, dice que "las instituciones señaladas en el artículo 27 podrán solicitar al Ministerio Público o al Poder Judicial, según corresponda, acceso al registro de las entrevistas investigativas videograbadas".
Pueden pedir dicho acceso Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, para efectos de la formación de los entrevistadores. Viendo las entrevistas videograbadas es posible observar los problemas que se presentaron y la complejidad de ellos, todo lo cual sirve para la formación de los entrevistadores.
Eso es lo primero.
Lo segundo es que, según se lee en el mismo artículo 23 bis, "los entrevistadores podrán solicitar al Ministerio Público acceso al registro de la entrevista investigativa videograbada cuando hubieren sido citados a declarar en juicio oral, con la finalidad de revisar la metodología y técnica empleadas en ella". La idea es que el entrevistador, si es citado al tribunal para declarar, pueda ver la grabación para no equivocarse en los detalles, porque puede haber pasado un tiempo largo entre la realización de la entrevista y la nueva declaración que le solicitan en el tribunal.
En resumen, las dos excepciones -por así decirlo- a la regla general del artículo 23 son: permitir el acceso a la videograbación, con los resguardos pertinentes, para efectos de la formación de los entrevistadores, y para que el entrevistador, citado a instancia judicial para declarar, pueda recordar adecuadamente lo dicho, cómo se desarrolló la audiencia en detalle, y así dar una buena declaración judicial.
El resto de las modificaciones fue señalado por el señor Presidente de la Comisión de Constitución.
Además, se dictará un reglamento para ver los procedimientos y la forma en que van a operar esas excepciones.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe, para fundamentar el voto.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, seré muy breve.
Este proyecto es muy relevante, pese a ser muy pequeño, porque va a permitir que los entrevistadores, en su proceso de formación continua, tengan acceso a las entrevistas videograbadas que han realizado en la etapa investigativa. Ello es fundamental, pues se podrá comparar con hechos reales la modalidad de capacitación o formación que llevan a cabo los entrevistadores.
Lo importante es que la facultad que se establece contempla varios mecanismos de resguardo.
El primero de ellos es que las copias de las entrevistas videograbadas que se entregan deben contemplar, de una forma tecnológica, la anonimización de la imagen de los niños, las niñas y los adolescentes que intervienen. Eso es muy relevante.
El segundo resguardo es que hay un conjunto limitado de personas que pueden acceder a ese registro, quienes deben ir a las oficinas del Ministerio Público para ello, con el fin de mantener la reserva de la información.
Para garantizar que tal material va a ser utilizado con el único propósito de efectuar la formación de los entrevistadores, se establece la aplicación de un tipo penal en caso de infringir el principio de finalidad establecido para las imágenes que el registro contiene.
Por esa razón, a juicio de la Comisión, por unanimidad, consideramos que era adecuado aprobar este proyecto de ley en tales circunstancias, pero haciendo algunas correcciones en los textos originales que venían de la Cámara de Diputados.
Un tema que puede parecer de forma, pero que nosotros estimamos relevante, es que, en el articulado aprobado por la Cámara Baja, venía una norma que facultaba al Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a dictar un reglamento para establecer la forma y demás condiciones en que se llevará a efecto la atribución propuesta.
La expresión "demás condiciones" fue considerada por la Comisión de Constitución, con apoyo técnico de la Secretaría, como extremadamente amplia, pudiendo entenderse como una renuncia del legislador a disponer por ley las condiciones sobre las cuales debía entregarse dicha información. Se hizo un cambio a este respecto y se incorporó -como dije- una parte de las condiciones en el texto de la iniciativa.
En consecuencia, señor Presidente, este es un proyecto de aplicación práctica, importante de sacar rápido, para que esté vigente al momento de la implementación de la ley Nº 21.057, que -si mi memoria no me falla- será durante el mes de octubre de este año. Es decir, la Ley que regula Entrevistas Grabadas en Video, que despachó este Congreso Nacional hace unos meses atrás, entra en vigencia en dos meses. Si despachamos esta iniciativa rápido y la Cámara de Diputados ratifica los cambios que hemos hecho, la ley podrá regir, incluso, con las correcciones señaladas.
Lo importante es entender que estamos hablando de delitos sexuales que se cometen contra menores de edad.
Establecemos un mecanismo para fortalecer la formación de los entrevistadores y ayudamos a aquellos peritos que son llamados a declarar en el juicio oral. Como puede haber transcurrido mucho tiempo entre la entrevista investigativa y la fecha final del juicio, se faculta a tener acceso a ese tipo de grabaciones.
Es una reforma práctica, de mucha utilidad, que espero sirva también para condenar a los autores de delitos sexuales contra menores.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- ¿Han emitido su voto todas las Senadoras y todos los Senadores?

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (28 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Castro, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Prohens, Quintana, Quinteros y Sandoval.
El señor QUINTANA (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo de la Senadora señora Provoste.




TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO MEDIANTE INCLUSIÓN DE SOPORTE Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS


El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.882-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 31ª, en 10 de julio de 2018 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 42ª, en 20 de agosto de 2019.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 58ª, en 10 de octubre de 2018.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 42ª, en 20 de agosto de 2019.
Hacienda: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.
Discusión:
Sesiones 60ª, en 16 de octubre de 2018 (se aprueba en general); 4ª, en 20 de marzo de 2019 (queda para segunda discusión en particular); 5ª, en 2 de abril de 2019 (se aprueba en particular).

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- Este proyecto inició su tramitación en el Senado y, en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados efectuó múltiples enmiendas.
Las modificaciones recaídas en los números 1, 4, 5, 6, 13 y 15 del artículo 1 permanente requieren, para su aprobación, 24 votos favorables, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcribe el texto aprobado por el Senado y las modificaciones introducidas por la Cámara Baja.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, señora Secretaria.
En discusión las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Gobierno, Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, voy a tratar de ser breve.
Este proyecto, que es muy extenso y está en tercer trámite constitucional, modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos en el Estado, para traspasar todos estos, que históricamente han sido escritos, manuales, a un sistema electrónico.
Por tanto, es una modificación de marca mayor.
La Cámara de Diputados revisó la iniciativa y abordó diferentes materias. A nuestro juicio, se justifica que algunas vayan a la Comisión Mixta. Vamos a proponer que a lo menos dos, sino tres, se resuelvan en esa instancia.
Hay una enmienda que constituye una formalidad, que se nos pasó tanto a nosotros como a la Cámara de Diputados. En la página 46 del boletín comparado, aparece en el artículo 9º una facultad entregada al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos, pueda realizar cierta acción. Tal facultad fue otorgada solo de manera temporal y se buscaba con ella que, a través del Ministerio de Justicia, se dictaran decretos para determinar los requisitos del método de la microcopia y del micrograbado.
Pues bien, esa materia tendrá que ser abordada en la Comisión Mixta, porque esa atribución entregada al Presidente ya está caduca.
En segundo término, como esta será una ley marco para establecer los procedimientos administrativos a través de medios electrónicos, en el trámite inicial en el Senado se modificó el artículo 18 mediante el artículo 1, numeral 7, del proyecto -página 13 del comparado-, que contiene la regla general: "El ingreso de las solicitudes, formularios o documentos se hará mediante documentos electrónicos o por medio de formatos o soportes electrónicos, a través de las plataformas de los órganos de la Administración del Estado".
No obstante, se contemplaba un procedimiento excepcional para aquellas personas que carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o solo actuaren excepcionalmente a través de ellos, a fin de que puedan solicitar, por medio de un formulario ante el órgano respectivo, la autorización para efectuar presentaciones dentro del procedimiento administrativo en soporte de papel.
La Cámara de Diputados revirtió este procedimiento a través de una modificación que -lo planteo en términos económicos- proponemos que vaya a Comisión Mixta con el objeto de concordar dos procedimientos distintos para quienes -reitero- carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o no estén habituados a usarlos.
Lo tercero que tengo que indicar, señor Presidente, es que el Ejecutivo, con ocasión del trámite en la Cámara de Diputados, decidió introducir un conjunto de modificaciones significativas relacionadas con el funcionamiento del Registro Civil y el proceso de inscripción de vehículos.
La Comisión de Gobierno, en cuanto a los procedimientos electrónicos, dado que siempre queda abierta la excepción de cumplirlos en soporte escrito, acogió la propuesta pertinente.
Sin embargo, en el artículo octavo transitorio, nuevo, se presenta una situación que a lo menos es inquietante. Lo voy a leer para que se entienda por qué estamos rechazando la enmienda. Dice: "Facúltase al Presidente de la República para que establezca, dentro del plazo de un año desde la publicación de la ley, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las normas necesarias para regular, conforme las competencias del Servicio de Registro Civil e Identificación, las siguientes materias:".
Y a continuación se agrega una norma -pido atención para que se entienda por qué la rechazamos- que dice: "1. Aquellas relativas al establecimiento, organización y, en general, todo lo concerniente al funcionamiento de las Oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, tales como circunscripciones, oficinas, suboficinas, oficiales civiles, entre otros, sin perjuicio de lo previsto en la ley N° 4.808".
Por lo tanto, nos están pidiendo -y disculpen que lo plantee así-, en una ley que no tiene que ver con la materia, entregarle al Presidente de la República la facultad para reorganizar todo el Registro Civil de nuestro país. Eso, evidentemente, no solamente está fuera de las ideas matrices del proyecto, relativo a procedimientos administrativos, sino que representa una situación que amerita otra ley. No estamos a tiempo de delegar facultades de ese tipo en esa forma.
De ahí que se sugiere rechazar también el numeral 1 del artículo octavo transitorio para que vaya a Comisión Mixta.
Respecto de lo que resta, señor Presidente, en el ánimo de facilitar este tránsito hacia una modernización de los procedimientos del Estado -para que cada vez más se puedan efectuar a través de mecanismos digitales, estableciéndose las excepciones pertinentes para aquellas personas que no tengan acceso a medios electrónicos o no tengan las habilidades para manejarlos a fin de que siempre puedan realizar sus solicitudes en soporte escrito-, somos partidarios de aprobar las enmiendas planteadas por la Cámara de Diputados.
En lo personal, hay un punto que, si me permiten los demás miembros de la Comisión, quiero dejar consignado.
Hay un debate acerca de si únicamente esta ley, que fija el marco general, es la que puede establecer excepciones a los procedimientos administrativos que se instauran o si también otras podrán hacerlo. Entendemos que se va a acoger la redacción de la Cámara, que permite que cualquier ley pueda hacerlo, pero siempre que sea aprobada con quorum orgánico, dado que se estarán modificando, precisamente, las bases de los procedimientos administrativos del Estado.
Por último, habrá una discusión -la tuvimos con la Senadora Ebensperger- respecto del proceso de inscripción por medios electrónicos cuando haya cambios en el dominio de un vehículo. Actualmente se hace ante un oficial del Registro Civil. Ahora se establece un procedimiento nuevo. Yo no me voy a oponer a la modificación que plantea la Cámara de Diputados (está en la página 54 del comparado), pero confío en que, para garantizar estos procesos, que ya no se harán ante un ministro de fe sino a través del sistema electrónico cuando se inscriban vehículos en el registro que existirá al efecto, se tomarán -porque esta materia dependerá de un reglamento- todos los resguardos para evitar fraudes de cualquier tipo, dado que -reitero- el procedimiento ya no se seguirá ante un ministro de fe, sino que se cumplirá a través de un medio electrónico.
En resumen, señor Presidente, recomendamos acoger la casi totalidad de las propuestas de la Cámara, con excepción de las relativas al artículo 18 de la ley, correspondiente al artículo 1, número 7, del proyecto, y al número 1 del artículo octavo transitorio, referido a una facultad que se le quiere entregar al Presidente de la República.
He dicho.

La señora EBENSPERGER.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación, respetando los tiempos?

El señor LETELIER.- Señor Presidente, los que voten que sí se entiende que lo hacen a favor de las recomendaciones de la Comisión de Gobierno.

El señor QUINTANA (Presidente).- Correcto.
En votación el informe.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Pedro Araya, tiene la palabra.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, lo primero que quiero decir es que este es un muy buen proyecto, el cual, efectivamente, apunta a una transformación sustancial en la Administración del Estado. En la discusión anterior ya señalé que, a partir de la aprobación de esta ley, vamos a tener procedimientos digitales para todos los trámites que se requiera realizar ante el Estado.
Además, es importante porque la iniciativa consagra el principio de que un ciudadano que inicie una solicitud no tendrá que estar peregrinando por distintos servicios públicos para obtener el documento o el certificado que el Estado tenga en su poder, dado que será una carga de la Administración aportar estos antecedentes.
Dicho eso, y compartiendo lo central de este proyecto de ley, creo que la Cámara de Diputados plantea un grupo de modificaciones de carácter formal que, a mi juicio, apuntan en la dirección correcta y mejoran el texto de la iniciativa.
Sin embargo, tal como ya indicó el Presidente de la Comisión, hay algunos puntos que habrá que mandar a Comisión Mixta, entre otros qué ocurre con aquellas personas que quieran seguir tramitando en papel.
El Senado fijó como criterio general que toda la tramitación fuera electrónica y que excepcionalmente se pudiera tramitar en papel. Y para eso estableció ciertos parámetros, señalando que en su oportunidad el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda dictarían un decreto para determinar en qué condiciones se podría tramitar en papel. Principalmente, se apuntaba a personas de escasos recursos o que no tuvieran acceso a medios tecnológicos.
La Cámara de Diputados mantuvo el principio, pero modificó la norma pertinente (páginas 14 y 15 del comparado) y le dio una redacción que, a mi juicio, es bastante enredada y se presta a errores. Lo hice presente en la Comisión, porque pareciera que, cuando uno lee el texto de la otra rama del Parlamento, fijara como criterio general que las personas podrán tramitar electrónicamente, pero también en papel. Y, a renglón seguido, señala que un decreto deberá establecer la forma de hacerlo y quiénes podrán tramitar en papel.
Ahora, al tratar de conjugar los dos incisos que modificó la Cámara de Diputados, se produce, en mi opinión, una situación bastante contradictoria porque, por un lado, se le dice a la persona: "Mire, usted puede tramitar en papel", y por otro, en virtud del inciso segundo, se le señala: "Para que pueda tramitar en papel, usted necesita que la Administración le entregue una autorización". Pero, cuando uno continúa con la lectura, observa que la persona podría tramitar en papel mientras no se le otorgue la autorización.
Creo que es un tema que debe ir a Comisión Mixta a fin de que quede claro que la regla general es la tramitación electrónica; la excepcionalidad, el papel, y que esto último se hace previa autorización otorgada por la propia Administración conforme a ciertos criterios fijados en la ley en proyecto y que, obviamente, deben quedar reflejados en los reglamentos que se dicten con posterioridad.
Una segunda materia que me gustaría recalcar, señor Presidente, y que no necesariamente tiene que ver con el envío a Comisión Mixta, dice relación con la entrada en vigencia de la ley.
El Senado fue bastante categórico al establecer que, una vez publicada la ley, la gradualidad de su aplicación tendría un plazo máximo de cinco años. La Cámara de Diputados, a mi juicio de buena manera, invierte ese criterio, señalando que efectivamente la ley va a tener esa vigencia y faculta al Presidente de la República para que dicte uno o más decretos con fuerza de ley con el objeto de determinar la gradualidad de la entrada en vigencia de la normativa, estableciendo qué servicios entrarán primero y qué tipo de procedimiento se aplicará, a fin de que haya una transitoriedad.
Me parece que aquí es importante -y así lo hice ver en la Comisión durante la discusión- que se pueda fijar un "día cero" respecto del inicio de la tramitación electrónica, a objeto de ir eliminando el papel de una vez por todas.
Espero que esto -y es una solicitud que le hago al Ejecutivo- no se transforme en un tema de mucha duración, porque, si efectivamente queremos que la ley de tramitación digital y documentos electrónicos funcione, necesitamos tener un "día cero" y partir, ojalá, con la mayor cantidad de servicios posibles.
Por último, señor Presidente, hay un asunto de carácter formal que considero que también debe ir a Comisión Mixta y que ya señaló el Presidente de la Comisión. Mi impresión es que en el Senado y también en la Cámara de Diputados se cometió un error en la modificación del número 7 (página 46 del comparado), que modifica el artículo 9° de la ley, el cual reemplaza la expresión "Ministerio de Justicia" por la de "Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio". Esta norma está referida a una delegación que se le hace al Presidente de la República para dictar uno o más decretos, expedidos por el Ministerio de Justicia, que regulen ciertas materias, siendo una de ellas la custodia de determinados documentos, como las microcopias y los micrograbados.
El Senado aprobó en el primer trámite -esto no fue corregido por la Cámara de Diputados- que el decreto no fuera dictado por el Ministerio de Justicia sino por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Le voy a dar un par de minutos más, para que pueda concluir.

El señor ARAYA.- Gracias, señor Presidente.
Termino.
En esta materia tengo una interpretación que difiere un poco de la que plantea el Ministro. El Presidente de la República ya ejerció esa facultad y, como consecuencia de ello, al haber dictado el respectivo decreto, se entiende que dicha facultad está caducada. O sea, no se le está dando una nueva delegación para dictar otro DFL. Y, en ese sentido, mi impresión es que el texto debería decir, para ser más preciso, que se otorga de nuevo al Primer Mandatario una facultad para dictar los decretos y reglamentos pertinentes.
Expresado todo lo anterior, señor Presidente, voy a acoger las propuestas que formula la Comisión de Gobierno.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, efectivamente, este es un proyecto que venimos trabajando desde hace bastante tiempo. Es muy necesario y urgente para que el país avance y lo haga en beneficio de toda la gente que no siempre vive en las capitales regionales o que, dado que trabaja, no dispone de tiempo para acudir a los distintos servicios públicos en los horarios en que estos funcionan. Por lo tanto, avanzar hacia una transformación digital es un hecho relevante.
La Comisión de Gobierno, como bien señalaron los Senadores Letelier y Araya, analizó hoy día las modificaciones que la Cámara de Diputados le introdujo al proyecto aprobado por el Senado. Las discutió y llegó a la conclusión que se indica en su informe.
En primer lugar, se recomienda enviar a Comisión Mixta la nueva redacción propuesta para el artículo 18, referido a las excepcionalidades de la ley y a cuándo estas proceden. Consideramos que la redacción de la Cámara resulta bastante más engorrosa y le resta claridad a aquella despachada por el Senado.
También se propone mandar a Comisión Mixta la facultad que se establece en el artículo octavo transitorio, número 1, por su extensión.
Creo que el resto de modificaciones están acordes con el sentido del proyecto. El Registro Civil e Impuestos Internos son los servicios públicos más adelantados en esta materia, por lo que respecto de ellos se avanza quizá en una escala mayor que el resto, que aún no comienza con el nuevo sistema.
Además, soy partidaria de que las excepciones establecidas en el proyecto no necesariamente sean las únicas y se puedan contemplar otras en leyes especiales que se dicten en el futuro.
Concuerdo absolutamente con las recomendaciones que formula la Comisión de Gobierno del Senado, señor Presidente, y, por tanto, apruebo su informe.

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Alejandro Navarro, tiene la palabra.

El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!
Señor Presidente, procedimientos administrativos vía documento electrónico. ¡Bien! ¡Modernidad para el sector público!
La promesa del Gobierno, en este proyecto de ley, es que no se les pida a los ciudadanos ningún documento que el Estado ya tenga. Y, por tanto, este deberá resolver internamente la exigencia de tales documentos sin obligar a los ciudadanos a recurrir a la Administración para obtener información que ella ya posee.
Me parece extraordinario.
Solamente quiero referirle a la Sala que hace unos tres, cuatro meses presenté un recurso de protección en contra del Sename de la Región del Biobío por la ingesta de vidrio molido de jóvenes de dicho centro. Solicitamos la ficha médica para saber exactamente cuál había sido el efecto de esa ingesta de vidrio molido, y el resultado fue que al mes estaba publicada en la página web del Poder Judicial, Corte de Apelaciones de Concepción, Ministerio de Justicia, la ficha médica del Senador Navarro: veintiséis páginas que estuvieron publicadas durante casi diez, doce días en esa página web, accesibles para cualquiera.
Creo que un elemento clave en el manejo de los documentos digitalizados es la garantía de la privacidad, la garantía del manejo adecuado de la información, porque la vía tecnológica permite tener acceso a información sensible. No es como antes, cuando uno tenía que ir a ver el expediente en papel, un mamotreto gigante. Era cosa de abogados. Hoy, los medios electrónicos ponen exigencias distintas, más severas, para mantener la privacidad de los documentos.
Segundo: interoperatividad y solidaridad en el sistema.
Señor Presidente, durante décadas he venido planteando en este Senado a los Ministros de Hacienda de turno, todos formados en Harvard y cortados por la misma tijera, que debemos establecer el software libre -que no es un software gratuito- al interior del Estado. Muy pocas entidades lo tienen, como el Ministerio del Trabajo y la Universidad del Bío-Bío. Pero, para hacer exactamente lo que pide este proyecto, los servicios de salud se encuentran con las más distintas situaciones de acceso, a través de Microsoft, que les inviabilizan la interoperatividad.
El Estado no se la ha jugado por el software libre, ni por tener sistemas de código abierto manejados por el usuario. Y seguimos con los códigos cerrados, por los cuales hay que pagar patente de uso, año a año, por cada computador. La pregunta que yo hago es: ¿cuántos computadores en el Senado están pagando patente por los diversos programas que tienen propiedad privada? Es como si tuviéramos un CD o un pendrive y este solo nos sirviera en un vehículo, o en una radio, y en ninguna otra parte.
Esto va a ejercer una presión fuerte respecto de la modernización digital del Estado, y yo creo que el software libre -recuerdo el informe que realizó el Ministro Velasco, hace ya casi seis años- debe comenzar a operar; de tal manera que avance la modernidad, pero a un costo razonable.
Hoy día son más de cien mil millones de pesos anuales los que se gastan en pago de patentes por uso de software por parte del Estado. Y continúa esta política de permitir que una sola empresa conserve o concentre todo el poder.
Del mismo modo, quiero señalar que este importante paso conllevará necesariamente la capacitación de los funcionarios públicos y obligará a realizar un salto cualitativo y cuantitativo al Estado. Y para ello, señor Presidente, debemos priorizar la capacitación de los funcionarios y también la educación del usuario.
Esto es importante: vamos a ahorrar toneladas de papel.
Yo espero que exista una marcha blanca, de modo que gradualmente se vaya adaptando el país, los usuarios y los funcionarios.
Solo quiero resaltar un punto: ¿dónde va a estar la base de datos?
Esto lo planteamos cuando vimos el tema de privacidad de la información, y el Senador Harboe lo sabe muy bien: ¿dónde va a quedar esta información? Se habló de externalizarla.
La información va a estar en manos de privados.
Todos estos documentos van a estar en algún lugar que no es el Estado. Habrá una empresa de soporte que mantendrá esta información.
Entramos en una época digital que conlleva ventajas, pero también riesgos.
La información es la fortuna del futuro, es el oro del futuro. El que maneje la información va a manejar el mundo.
Por tanto, el resguardo de la información debe seguir siendo propiedad del Estado; tiene que haber un candado férreo para que esta no sea manipulada.
Vamos a digitalizar todos estos documentos. Yo solo espero un resguardo antihacker: que no exista posibilidad de alteración de los documentos; que contemos con la mayor seguridad cibernética en un mundo donde los hackers son parte de la acción diaria, e instituciones como la nuestra, el Senado, y el Estado de Chile aún no tienen la protección debida.
Voto a favor, señor Presidente, con estas observaciones, que forman parte de una política más integral del Estado de Chile.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, ya avanzada la tramitación de esta iniciativa, existen algunos elementos importantes de destacar, y que creo que no han sido considerados en el debate.
Durante la discusión en general de este proyecto de ley realicé una intervención, como recordarán mis colegas, en la que planteé que uno de los aspectos importantes se relaciona con las personas que por razones de edad, aislamiento, falta de recursos o desconocimiento no pueden acceder a medios electrónicos.
El artículo 18 del proyecto propone que, excepcionalmente, la persona que carezca de los medios tecnológicos, que no tenga acceso a medios electrónicos o solo actúe extraordinariamente podrá presentar solicitudes, formularios o documentos.
Lo positivo es que se incorpora en la Cámara de Diputados la oportunidad para que aquella persona pueda solicitar, por medio de un formulario, la autorización para continuar actuando frente al organismo a través del soporte de papel.
Pero dicha solicitud perfectamente puede ser rechazada por "razones fundadas".
¿No es esto castigar con mayor tramitación y mayor tiempo de espera a quienes no puedan tener acceso a medios electrónicos?
Según consta en la página 22 del informe de Hacienda, en el primer trámite, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, quien se encuentra en la Sala, informó la decisión del Ejecutivo de presentar indicaciones.
Uno de los planteamientos acogidos durante la discusión del proyecto fue que "La decisión no puede quedar sujeta a la autorización de un funcionario".
Y la verdad es que ante al cambio uno se pregunta qué pasó. ¿Por qué, en definitiva, no es el usuario el que decide? ¿Cómo se establece el criterio? ¿Cada organismo va a construir sus propios criterios para que el usuario pueda continuar?
El colega Pedro Araya me decía que la discusión radicaba en que hubiera estándares para poder definir cuándo o no calificaba, y que no lo dejáramos sujeto al criterio de un funcionario.
Por otra parte, se mantiene en el artículo sexto transitorio nuevo la excepción general de cinco años, durante los cuales cualquier persona puede seguir tramitando en papel.
El segundo punto complejo es la facultad general que se otorga a la Administración para acceder y hacer circular los datos personales de todos los ciudadanos entre sus diferentes órganos, señor Presidente.
En la modificación al artículo 17, en cuanto a la eximición de la presentación de "documentos que emanen de la Administración y se encuentren en su poder", se añade que la eximición puede ser respecto de aquellos documentos que no correspondan al procedimiento.
Y en caso de que dicho documento se encuentre en poder de cualquier órgano del Estado, este deberá remitir los antecedentes a aquel en el que se está tramitando el procedimiento administrativo.
De igual forma, hay ciertos elementos como el consentimiento del usuario requirente y la índole de los datos personales, sensibles o no.
La norma debe comprender lo siguiente.
La limitación del requerimiento.
Que el requerimiento solo pueda ser nominativo respecto al principio del consentimiento.
Que se debe limitar la facultad a requerir información y no a acceder a bancos de datos, donde se encuentran los de muchas otras personas que no están realizando un trámite.
Y, además, que se tiene que aclarar cómo se garantiza el principio del uso lícito de los datos o del consentimiento.
A estas alturas, todos debemos haber visto ya el documental Nada es privado. Creo que este tema es altamente sensible y además no se ha legislado aún. Está tramitándose esta materia en la iniciativa de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (boletín N° 11.144-07).
Este proyecto de ley regula en su artículo 22 precisamente la comunicación o cesión de datos por un órgano público; en el artículo 16 define los datos personales que son sensibles y norma su tratamiento, y en el 25, entre otros, establece el principio de uso lícito.
Por medio del artículo 17, letra d), estamos autorizando el acceso de los bancos a los datos personales sin distinguir tipos de datos, y solo dando por entendido que serán nominativos, pertinentes y usados lícitamente.
Eso me parece una total irresponsabilidad, señor Presidente.
Las garantías de los derechos deben regularse, no suponerse. Y mientras no estén reguladas debidamente, prefiero abstenerme en esta votación.
Finalmente, contentarnos solo con que otras normas de la presente iniciativa establezcan la trazabilidad de la información, y, por ende, permitan saber quién solicita los datos, es condenar a la gente a hacer reclamos frente a abusos ya verificados, en vez de prevenir que ellos ocurran.
Parece más sensato y seguro no aprobar esa facultad, y regular una autorización específica en el proyecto de ley de protección de datos personales.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, este proyecto de ley, que me da la impresión de que va a ser aprobado salvo por un par de normas que irán a la Comisión Mixta, es de los importantes para la marcha del Estado.
Quizás se tramite más o menos rápido, pero realmente será un cambio sideral respecto de cómo nos entendemos con el Estado; qué es lo que le pedimos; cómo se lo pedimos; cómo interactúan entre sí las distintas instituciones del Estado, en su relación con el sector público y con el sector privado.
Esa es la importancia de esto.
En primer lugar, esta iniciativa modifica fundamentalmente la ley N° 19.880, de Bases de Procedimientos de la Administración del Estado, e impone el sistema electrónico: que todo sea y se tramite a través de medios electrónicos.
Esto, ya lo han dicho otros Senadores, por supuesto que trae inmensas oportunidades; conlleva increíbles mejoras en la Administración del Estado. Sin embargo, también plantea algunos desafíos que se van a tener que ir resolviendo en el tiempo.
Esta propuesta legislativa impone ciertos principios; por ejemplo, el de la neutralidad tecnológica.
El Senador Navarro hacía alusión a este tema. La neutralidad tecnológica no es lo mismo que lograr una especie de gratuidad tecnológica, simplemente es neutralidad: que efectivamente Chile no sea esclavo de determinado software de una empresa en particular, es parte de los principios que se propone establecer en esta iniciativa.
Lo mismo sucede respecto de la interoperabilidad -palabra difícil de pronunciar- que va a lograr que no ocurra el hecho de que distintos ministerios, diferentes servicios tengan diversos softwares que no conversen entre sí.
Esto es parte de los principios que se establecen en este proyecto de ley, lo mismo que los principios de coordinación y cooperación entre los distintos órganos del Estado. Cuando un órgano o una institución del Estado le pida algo a otra, no se podrá negar a entregar el respectivo documento o archivo, salvo que exista una excepcionalidad legal para esto.
Esto vale también para las personas.
Ya se había hecho mención: el Estado no va a poder requerir documentos de persona alguna que estén en su propio poder. Aquí es donde empezamos a vislumbrar más claramente el cambio sideral que debiéramos tener una vez que este proyecto se convierta en ley.
El archivo judicial, a través de su presupuesto, va a tener que crear este archivo electrónico con todas las seguridades del caso, cosa que se pueda consultar, se puedan dar copias autorizadas, etcétera.
Las notificaciones electrónicas, a través de casillas únicas, también van a ser un tema muy muy relevante.
Esto trae consigo, como decía, algunos desafíos en su implementación. Y para eso, independiente de pequeños cambios que se realizaron en la Cámara de Diputados, resulta prudente como estamos avanzando.
En primer lugar, corresponde la publicación. Después se le dan seis meses al Estado para que dicte la totalidad de sus reglamentos y, una vez ocurrido eso, vienen ciento ochenta días para que comience la vigencia de la ley.
Además, el proyecto impone que los organismos del Estado van a contar con un plazo máximo de cinco años para tener completamente digitalizados o sistematizados en medios electrónicos todos sus procesos internos.
Creo que todo esto es razonable. El desafío va a ser inmenso.
Todos sabemos que algunas instituciones ya han avanzado bastante, como el Servicio de Impuestos Internos, pero hay otras que están completamente en la Edad de Piedra, y, por lo tanto, esto va a significar repensar todos sus procedimientos a fin de llevarlos a una plataforma digital.
Yo escuchaba la aprensión de la Senadora Rincón en cuanto a la gente que no tiene las capacidades ni los conocimientos para tramitar electrónicamente.
Y quiero complementar lo que Su Señoría decía. ¿En qué sentido? Aquí hay dos normas. Por un lado, una disposición permanente -el artículo 18, al que se hacía referencia-, la cual establece que se debe pedir permiso para tramitar en papel.
Y eso puede sonar injusto.
Sin embargo, eso hay que complementarlo con el artículo sexto transitorio, el cual consagra que todas las personas que quieran tramitar en papel durante los primeros cinco o seis años -no recuerdo bien- podrán hacerlo sin someterse a la autorización previa del organismo.
Esa fue la manera -porque esto se vio tanto en la Comisión de Gobierno como en la de Hacienda- como se arbitró.
Entonces, durante los primeros años, la persona que carezca de conocimientos digitales no necesitará someterse a la autorización previa para tramitar en papel y solo después de la entrada en vigencia de la ley, es decir, en cinco años más, llegará al régimen permanente de tener que pedir autorización para tramitar en soporte de papel.
Me parece que, si bien siempre uno puede ponerse en circunstancias muy anormales, de esta manera queda bien resguardada la problemática que se nos debiera producir con la gente que no tiene habilidades informáticas.
En la Comisión de Gobierno llegamos a una decisión unánime con relación a los artículos que van a Comisión Mixta, por lo que creo que ello no va a presentar ningún problema.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien, señor Senador.
Efectivamente, creo que hay consenso en las enmiendas que van a Comisión Mixta.
Tiene la palabra, a continuación, el Senador Kenneth Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, la transformación digital del Gobierno es fundamental. Pero no solo debe ser del Gobierno, pues tenemos que entender que la sociedad está transitando hacia una sociedad digital, la cual debe ser, a la vez, segura.
El Senador Navarro -por su intermedio, señor Presidente- se refirió a la seguridad. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Si hoy nuestros datos no son custodiados como corresponde, ya sea por el Estado o por los privados, cualquiera, un tercero, puede hacer mal uso de ellos.
Es por eso que la primera prevención cuando se habla del desarrollo digital debe estar asociada a la ciberseguridad. No existe la transformación digital sin ciberseguridad. Y eso hay que internalizarlo desde el primer minuto.
En tal sentido, este proyecto de ley avanza en el camino correcto, pero a mi juicio le falta mucho más.
Debemos entender que, finalmente, el Gobierno digital, que va a atender a las personas de forma más eficiente, más rápida, requiere muchos más instrumentos, incluso sacar cosas que hoy están en papeles en la mente.
Fíjese, señor Presidente, que aquí hablamos de que se pueden hacer trámites en papel. Todavía pensamos en papeles y no en datos. Y la economía se mueve en datos.
El próximo fin de semana se celebrará en Puerto Varas la reunión de los miembros de la APEC, el Senior Officials' Meeting, en la cual se va a hablar de la digital trade policy. Las economías más grandes del mundo se convocan en Chile, en Puerto Varas, para analizar cómo hacer posible ese desafío.
Por lo tanto, no se trata solo de un tema de acceder a servicios más fáciles y expeditos, sino de entender que el mundo ha ido hacia una economía digital de la cual debemos ser parte: tenemos que saber jugar y estar en la cancha.
Y por eso es tan importante partir.
Entiendo y valoro esta iniciativa, pero creo que debe ser mucho más profunda.
De ahí la necesidad de crear una Comisión permanente que se preocupe de este tema del presente, no del futuro. El tema del presente es un desarrollo digital que debe ser seguro.
Ese es el modelo de Estonia, un país pequeño que ha sido capaz de ser un ejemplo mundial, pues no solo tiene el domicilio digital que está asociado a todos los documentos modernos. ¿Dónde residen las personas? Las personas residen en el ciberespacio en un lugar físico.
También en Estonia están los centros de excelencia de ciberdefensa del mundo, porque la OTAN así lo decidió.
Chile puede ser un referente y este proyecto de ley es el inicio.
Sin embargo, esta iniciativa es parte de un conjunto. ¿Por qué? Porque se requiere una estructura mucho más grande.
Ya se comentó aquí -está en discusión y esperamos que pronto llegue a la Sala-, la iniciativa que crea una nueva ley de protección de datos personales, que garantizará a las personas sus derechos en esta materia, con una agencia que, ojalá, llegue a tener la máxima autonomía posible, pues formará parte del Sistema Nacional de Ciberseguridad.
Asimismo, está en debate el proyecto que establece una nueva ley de delitos informáticos, que va a perseguir a todos aquellos que ataquen los sistemas del Estado.
Hoy expuso en una sesión el Director del Servicio de Impuestos Internos, y veíamos precisamente ese tema: los datos sensibles del Estado, el esfuerzo que tenemos que hacer para custodiarlos y evitar que ellos se pierdan, pues son fundamentales.
Pero los datos permiten efectuar cosas mucho mayores que imprimir papeles. Por ejemplo, que las personas no tengan que hacer su declaración voluntaria de impuestos, al saber el Estado exactamente lo que deben pagar.
O, en cuanto al Imacec, no habría que esperar a un mes determinado para tener esa información, porque con la inteligencia artificial se podría avanzar en los datos pertinentes.
Por eso, señor Presidente, por su intermedio, saludo al Ministro Secretario General de la Presidencia, quien tiene la gran responsabilidad de modernizar el Estado.
Si hay algo de que él ha estado ocupado es precisamente de que esto ocurra así. Y quiero pedirle que sea un poco más ambicioso: que seamos capaces de generar proyectos de ley que transformen realmente a nuestro Estado en un Estado digital, incluso más allá del 80 por ciento de los papeles.
Creo que estamos preparados, que están las condiciones y que este mismo Parlamento, sobre todo el Senado, debe dar el ejemplo.
Recibí con mucho agrado en la Biblioteca del Congreso Nacional la aplicación "Mi BCN". Ahí queremos estar, en ese ciberespacio que nos dé a todos la tranquilidad de que nuestro trabajo se encuentra bien hecho.
Sepa usted, señor Presidente, que las indicaciones que formulamos a los proyectos de ley no figuran ni en las páginas web ni son contabilizadas. Y ese es un trabajo bastante productivo que hacen las Senadoras y los Senadores.
Tenemos, entonces, que mejorar nuestro trabajo en el Senado, y así ser un ejemplo.
Por ello, me alegra que usted, señor Presidente, haya decidido tomar el liderazgo del Mes Nacional de la Ciberseguridad y sea quien inaugure el día 1 de octubre las actividades oficiales de esa conmemoración, donde hablaremos de estos temas. ¿Por qué? Porque si queremos desarrollo digital tenemos que hacerlo de forma segura.
Felicito y aplaudo a todos aquellos que estuvieron disponibles para votar a favor de este proyecto.
Es cierto y efectivo que debemos corregir algunos artículos y por eso existe el mecanismo de las Comisiones Mixtas.
Y no tengo dudas de que, una vez aprobada esta iniciativa, seremos capaces de avanzar más rápido, porque si hay algo que exige el mundo digital ahora es hacernos cargo de la automatización avanzada, porque esos datos pueden terminar con puestos de trabajo.
Por eso considero que la verdadera transformación es de las personas, quienes deben entender que en este nuevo escenario tienen que desarrollar las habilidades propias del siglo XXI. Y estas se logran cuando el Estado da el ejemplo, cuando el Estado es el primero en asumir estos desafíos y hacerlo bien.
Esas personas en el Estado le van a permitir a Chile tener un modelo y ser un referente de las economías digitales del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a ser capaces de construir nuevos empleos; porque ya no será necesario tener digitadoras ni computadores usados como máquinas de escribir. Vamos a tener personas analizando data, tomando decisiones, generando conocimientos. Esa es la verdadera sociedad del conocimiento, que es de personas, no de máquinas.
Por eso, la transformación digital es fundamental, es un eje estratégico. Y me alegra que el Senado así lo haya tomado, pues esa es la forma en que juntos podamos crear el futuro digital y seguro que todos queremos.
Voto a favor.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien, Senador Pugh.
Usted sabe que el Senado se encuentra justamente llevando adelante esas transformaciones digitales.
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, modernizar el Estado no solo significa digitalizarlo. Ciertamente, la digitalización es parte de esa transformación. Pero eso tiene que ver con procesos, con procedimientos, con una cultura de modernización, con la protección de la información que se maneja.
El Estado es un gran gran tratador de datos. Probablemente, no hay ninguna institución en Chile con más datos que el Estado.
La pregunta, entonces, es que si tenemos conciencia de que el Estado es un gran tratador de datos, ¿son estas normas adecuadas, o lo son de manera suficiente para permitir que el flujo de esos datos genere un mejor servicio y, asimismo, para resguardar esa información con la debida seguridad a fin de evitar afectaciones personales?
Me explico.
Cuando uno comienza a observar este proyecto ve un conjunto de principios que parecen bastante adecuados.
En primer lugar, el principio de neutralidad tecnológica busca evitar que el Estado quede amarrado a determinada tecnología y cuyo upgrade signifique costos elevados para el sistema. Y ello parece adecuado.
En segundo lugar, en virtud del principio de cooperación se establece que los órganos del Estado deben cooperar.
¿Cuál es la extensión de dicha cooperación? La transferencia de datos.
Entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo va a operar esta transferencia de datos? A través de otro principio: el de la interoperabilidad.
¿Qué busca ese principio? Que a un ciudadano que vaya a un servicio público no le pidan, por ejemplo, su cédula de identidad si ya se encuentra incorporada en la base de datos del Estado, que es quien entrega ese documento; es decir, que interoperen los diferentes servicios estatales.
Ahora bien, ¿somos conscientes de lo que significa la interoperabilidad desde el punto de vista práctico?
El Senador Galilea dijo que aquella era una palabra difícil de pronunciar, pero bastante más compleja de implementar.
¿Es factible lograr que los diferentes servicios públicos se pongan de acuerdo e interoperen en una plataforma digital que mejore los servicios y que disponibilice la información del requirente en la oficina de cualquier lugar de nuestro país a que vaya ese ciudadano?
Si eso se hace y funciona, ¡fantástico!
¿Pero somos conscientes de los riesgos asociados a ello mirado desde la perspectiva, por ejemplo, de la ciberseguridad?
¿Sabemos si los sistemas tecnológicos que tienen los diferentes servicios públicos se encuentran homologados en materia de seguridad de datos?
Me parece extremadamente delicado que cuando se habla de interoperabilidad se exija el consentimiento para el tratamiento o transferencia de datos sensibles.
Señor Presidente, el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, que prácticamente tenemos despachado en particular en la Comisión de Constitución, exige el consentimiento para todos los datos personales. Y con respecto a la información sensible, no solo se halla el consentimiento expreso: hay además un sistema especial de protección de datos de niños, niñas y adolescentes justamente para resguardar su tratamiento.
En el caso de los datos personales sencillos y simples, no se trata necesariamente de un consentimiento expreso, sino de un consentimiento inequívoco.
Es decir, señor Presidente, conforme a ello acá se baja el estándar de protección en esas materias.
En seguida, me parece extremadamente arcaico que estemos discutiendo un proyecto sobre digitalización con un comparado en papel. Porque cuando uno mira lo que tenemos hoy día en la pantalla, constata que no contamos con el informe respectivo.
No sé por qué estamos votando esta iniciativa, pues no tiene informe. Estoy buscando los antecedentes, y no existe informe en la materia. Me parece altamente irregular que se vote sin el informe pertinente.
Además de ello, considero bastante arcaico que un proyecto de ley contemple un sistema de notificaciones a través de correo electrónico.
La notificación debe hacerse por medio electrónico.
Algunos hoy día nos comunicamos mediante correo electrónico; pero la comunicación en la actualidad es instantánea. El correo electrónico ya es parte del pasado.
Entonces, establecer una ley sobre modernización que circunscribe la comunicación a una tecnología que hoy está vigente, pero que en los próximos años probablemente no lo va a estar, me parece que presenta un alto riesgo de obsolescencia.
Luego, en el artículo 2° se establece que existirá un archivo electrónico -escúchenme bien- "en conformidad con sus disponibilidades presupuestarias".
¡Qué es eso!
O sea, si hay plata, habrá archivo electrónico y seguridad en los datos; y si no la hay, no existirá seguridad en los datos.
Señor Presidente, probablemente quien trabaja este proyecto no se da cuenta de los alcances de la digitalización, que es un asunto muy importante. ¡Pero hay que hacerlo bien!
Porque digitalizar, como lo dije una vez en una conferencia, no solo es tener una linda página web: es hacerse cargo de que detrás de cada información que figura en ella y que circula haya una carretera tecnológica segura, que no sea perforada o hackeada para utilizar esos datos con fines completamente distintos.
Por ejemplo, pensemos por un segundo en que un Senador o una Senadora, o un ciudadano, o un ministro o una ministra lleva a su hijo menor de edad a sacar su cédula de identidad; después de eso van a un servicio de salud, y finalmente viajan, pero se les presenta una emergencia médica en otro lado.
Tendrán una ficha electrónica: ¡maravilloso, los van a poder atender en cualquier parte de Chile!
La pregunta es: ¿tenemos certeza de que esa ficha médica no sea filtrada o publicada?; ¿sabemos si el servicio de salud de Ñuble o el de Huasco cuentan con medidas de ciberseguridad adecuadas en la materia?
Déjeme decirle, señor Presidente, que sé, a ciencia cierta, que no las tienen. Porque me ha tocado ver a hackers que han trabajado con los servicios de salud.
Entonces, acá tenemos un problema, pues vamos a subir teras y teras de información sin saber si existen los presupuestos adecuados.
Porque la norma pertinente -insisto en esta frase maravillosa, para el bronce- señala que "desarrollará un archivo electrónico, en conformidad con sus disponibilidades presupuestarias". Es decir, le está diciendo a un servicio público: "Arrégleselas con lo que tiene". Y le pasará un cacho que no veo cómo lo podrá resolver.
Aquí no veo el principio de seguridad, que sí está contenido en el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales. Y ojo, señor Presidente: la normativa que estamos despachando en particular en la Comisión de Constitución contempla, en el caso del sector privado, multas de hasta las 10 mil unidades tributarias mensuales o, como vamos a reponerlo en la Sala, hasta el 4 por ciento de las ventas anuales; y en el caso del sector público, sumario y destitución.
¿Estará disponible aquí el Secretario del Senado o algún funcionario para que lo destituyan en el evento de que la información no esté debidamente resguardada?
Mi preocupación, señor Presidente, es que esta iniciativa, que está muy bien inspirada, no conversa con el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales.
Por ejemplo, se refiere al artículo 9° de la Ley sobre Protección de Datos. Pero resulta que ese artículo lo derogamos hace rato; ya no forma parte de la ley N° 19.628. Los principios que incorporamos en dicha normativa son mucho más amplios que los contenidos en esta iniciativa. Es decir, vamos a contar con dos regímenes: uno que establecerá protección de datos para el sector privado de alto estándar, con multas adecuadas y elevadas exigencias en materia de ciberseguridad; y uno con un estándar a la chilean way para el sector público.
El proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales no contempla esa diferencia, señor Presidente.
Entonces, probablemente la iniciativa que ahora estamos votando, que se va a aprobar, será modificada en el corto plazo por la otra que mencioné, pues evidentemente va a mejorar los estándares en la materia.
Asimismo, en la letra f) que dice relación con el artículo 9° de la ley, se establece el procedimiento de manifestación. Y nuevamente se señala que la manifestación se basa solo en la buena voluntad de los servidores públicos.
En verdad, señor Presidente, hay muchos funcionarios públicos con gran voluntad; pero son bastante menos los que tienen capacidades tecnológicas para adecuar sus procesos.
De otro lado, se plantea una modificación estructural del Registro Civil.
Al respecto, solo quiero dar un ejemplo.
En el Parlamento -y me incluyo- trabajamos mucho para sacar adelante el famoso Registro Nacional de Pedófilos a fin de que cualquier persona pueda consultar si determinado ciudadano ha sido condenado por un delito de abuso sexual.
¿Qué ocurre? Se trata de una ley vigente. Y los tribunales tienen la obligación de comunicarle al Registro Civil las sentencias de condena por delitos sexuales contra menores de edad.
Déjenme decirles que eso hoy día no sirve, pues hemos descubierto que hay un sinnúmero de personas condenadas que no aparecen en dicho registro cuando uno hace la consulta pertinente.
Entonces, hay una pelea entre el Servicio de Registro Civil y los tribunales. No se ponen de acuerdo: "No es mi obligación". "Yo no lo dije". "Yo pensé que...". Y resulta que hay pedófilos circulando por la calle que pueden trabajar como transportistas escolares porque el sistema tecnológico que debe haber entre los tribunales y el Registro Civil no ha servido para que puedan resolver sobre la materia.
Esa es la gravedad de este asunto, señor Presidente.
Cuando hay voluntad, bienvenida sea. Pero cuando no hay recursos tecnológicos y capacidades, esto no funciona.
Entonces, me preocupa que un proyecto bien inspirado termine malogrado y provoque una afectación de los derechos fundamentales.
¿Me da un minuto más para terminar, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional para finalizar su intervención.

El señor HARBOE.- Gracias.
Señor Presidente, cuando un dato sale de la esfera de protección, no es posible recuperarlo. El dato que se publica afecta. Y, por muchos esfuerzos que uno haga, no se logra devolver la esfera de intimidad.
Un profesor hizo una comparación en una actividad en Europa, y señaló: "Esto es como cuando un niño se enoja con su papá: le roba la almohada, sale a la calle, la raja con un cuchillo y reparte las plumas; luego se arregla con su papá, pero las plumas ya no las puede recuperar".
Aquí sucede exactamente lo mismo: un dato sensible que es filtrado le puede liquidar la vida a una persona. Y no hay posibilidad de volver atrás.
Por eso el proceso de digitalización tiene que ir acompañado de una plataforma de ciberseguridad adecuada, para que todo lo que vamos a digitalizar, para que todos los servicios que vamos a simplificar tengan la debida seguridad.
La experiencia del Servicio de Impuestos Internos puede servir.
Me abstengo, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- No hay más Senadores inscritos.
Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- ¿Algún señor Senador o alguna señora Senadora no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización (26 votos a favor y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvieron las señoras Provoste y Rincón y el señor Harboe.


El señor QUINTANA (Presidente).- El señor Ministro me ha pedido intervenir.
Antes de ello solicito la autorización de la Sala para que me reemplace en la testera el Senador Kenneth Pugh.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Pugh.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, quiero agradecerles a todos los Senadores y a todas las Senadoras por el acuerdo a que se llegó con el objeto de ir a una Comisión Mixta y dar el último paso -esperamos que sea el definitivo- para la aprobación de este proyecto sobre transformación digital. Nosotros valoramos el hecho de que hayamos podido concordar aquellas materias que vamos a resolver en dicha instancia.
Ahora bien, deseo abordar un punto que generó bastante debate y que tiene que ver con el tratamiento de los datos o de la información entre las entidades públicas, cuestión a la que se refirieron los Senadores señor Harboe, señora Rincón y varios más.
En tal sentido, debo señalar que compartimos la aprensión manifestada por Sus Señorías. Naturalmente, el tratamiento de los datos y de la información constituye un elemento central y fundamental en el mundo moderno, en el mundo de los medios digitales.
Los datos, en definitiva, son parte de lo que pertenece a la esfera más íntima y a los derechos más fundamentales de las personas.
Y lo que estamos buscando con este proyecto, y también con el que regula la protección y el tratamiento de los datos personales que se está viendo en el Senado y con los relativos a ciberseguridad que se han enviado o se van a enviar al Parlamento, es precisamente fortalecer nuestra institucionalidad en materia de protección de datos personales. De hecho, tenemos una estrategia de ciberseguridad, un coordinador de ciberseguridad, en fin.
Sobre el particular, debo mencionar que hay un aspecto puntual que nosotros recogimos durante el debate en la Cámara de Diputados con respecto a la protección de los datos y la interoperabilidad.
En el segundo trámite se incorporó el artículo 24 bis, que expresa: "En virtud de los principios de interoperabilidad" -se define en este nuevo artículo- "y cooperación, en todo procedimiento administrativo los órganos de la Administración que tengan en su poder documentos o información respecto de materias de su competencia, que sean necesarios para su conocimiento o resolución, deberán remitirlos por medios electrónicos a aquél órgano ante el cual se estuviere tramitando el respectivo procedimiento,", etcétera.
Al respecto, hay que hacer una precisión muy importante.
Aquí no se les está entregando a los servicios del Estado la posibilidad de acceder a bases de datos: se está estableciendo el principio de que, cuando se necesita realizar un procedimiento y no queremos poner la carga de la prueba de los trámites en el ciudadano sino en el Estado, el órgano que requiere la información la pueda recibir de aquel que la tiene de modo preciso. Es decir, no se envía un archivador digital completo para que se busque ahí el antecedente que se consulta, ni tampoco se remite una base de datos o un set de datos, sino la información que se requiere para el procedimiento o trámite específico.
Eso está acotado.
Esta materia -según recuerdo- se abordó con ocasión de la discusión general en el Senado, y creo que ahora se resolvió de buena manera, porque se refiere al trámite y a la información específica.
Señor Presidente, el Senador Harboe señaló que una vez que los datos se liberan y empiezan a volar por el ciberespacio hay que ser extremadamente cuidosos, pues después no hay más control.
Sin embargo, acá los datos no están volando por el ciberespacio, sino que están tratándose entre entidades del Estado -no quedan liberados para la ciudadanía en términos generales y de libre acceso-, entre funcionarios estatales que tienen responsabilidades y están sujetos a restricciones en el uso y tratamiento de los datos, cuestión que, de hecho, se fortalece en el proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales que se está viendo en el Senado.
Se trata de una situación de naturaleza distinta, porque ya hay una regulación en la materia, que de hecho se está fortaleciendo.
Por eso, señor Presidente, si se fija en el inciso final del artículo 24 bis, verá que con claridad señala: "Para efectos de este artículo" -el que establece el principio de la interoperabilidad y el tratamiento de los datos entre instituciones del Estado- "será aplicable lo dispuesto en los artículos 7 y 11 de la ley N° 19.628.".
¿Y qué dicen los artículos 7° y 11 de dicha ley?
El artículo 7° expresa: "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados," -en este caso, organismos públicos- "están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo.".
Entonces, hay una responsabilidad, un deber que se establece sobre los funcionarios que tengan responsabilidad en el tratamiento de datos personales alojados en bases de datos o fuentes del Estado.
El artículo 11 que también se menciona dispone: "El responsable de los registros o bases donde se almacenen datos personales con posterioridad a su recolección deberá cuidar de ellos con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños.".
Existen normas, existen responsabilidades, existen obligaciones.
Junto a ello, la segunda parte del nuevo artículo 24 bis expresa que respecto de los datos calificados como de carácter sensible, de acuerdo a la descripción de la ley, "se requerirá previa autorización del interesado en los términos indicados en la letra f) del artículo 30, en el caso de que dichos documentos o información contengan datos sensibles de aquel interesado, ya sea que estén incluidos o no en bases de datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.".
Además, para que haya trazabilidad y pueda revisarse que la norma se cumpla en forma estricta y rigurosa, dicho artículo dispone que: "Se dejará un registro de toda solicitud entre los órganos de la Administración del Estado respecto a información de carácter sensible", que deberá indicar, a lo menos, lo siguiente: el órgano requirente; el funcionario responsable; el órgano destinatario; el procedimiento a que corresponde; los datos o información que se solicita, el plazo establecido para su realización, si corresponde.
Señor Presidente, creo que el artículo 24 bis que se incorporó en el segundo trámite, y que se ha ratificado en el tercero, es un aporte muy valioso en este proceso de transformación digital del Estado y, asimismo, contribuye, no sé si a resolver todas y cada una de las dudas que se han planteado en esta materia, que son muchas y las compartimos, pero sí a abordar lo fundamental: que los datos de las personas que van a ser interoperados entre instituciones del Estado queden bien resguardados, en particular los que son de naturaleza sensible.
Así que yo valoro la aprobación de este proyecto; agradezco la disposición de los Senadores, y esperamos que el último paso lo podamos terminar de materializar apenas retomemos la discusión luego del receso parlamentario, pues creemos que la transformación digital del Estado simplemente no puede seguir esperando.
Muchísimas gracias.

El señor PUGH (Presidente accidental).- Se valora, señor Ministro, que los datos personales sean la principal preocupación de este proyecto sobre transformación digital.
Sin embargo, y dado que usted lo mencionó, debo señalar que el ciberespacio no solo es aquello que está fuera del Estado. Al ciberespacio se puede ingresar; pero, peor aún, están los insider, que son todas las amenazas que provienen de gente que se halla al interior de las instituciones.
Es un tema de cultura en materia de seguridad.
Un pendrive, un CD grabable pueden perfectamente sacar la información desde dentro del Estado. Por lo tanto, tienen que establecerse medidas activas y pasivas que les den a todos la tranquilidad de que los datos que va a estar custodiando el Estado y que son sensibles estarán bien protegidos.
Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, solo quiero dejar una constancia.
El Senador Harboe señaló que no había informe. Y yo deseo consignar que sí hay informe de la Comisión de Gobierno respecto de este proyecto.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, debo precisar que acaba de ser ingresado a la página respectiva. No estaba listo cuando yo la revisé.

La señora EBENSPERGER.- Pero sí había informe.

El señor HARBOE.- ¡Pero no estaba digitalizado...!
El señor PUGH (Presidente accidental).- Vamos a pasar al siguiente proyecto.


AUMENTO DE INVERSIÓN Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO


El señor PUGH (Presidente accidental).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial; la ley N° 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el Código Procesal Penal, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.135-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 9ª, en 10 de abril de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Economía: sesión 38ª, en 6 de agosto de 2019.

El señor PUGH (Presidente accidental).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- En cuanto al objetivo de esta iniciativa, la Comisión hace presente que, de acuerdo a lo señalado en el mensaje, el proyecto toma algunas iniciativas concretas que permiten contribuir a mejorar y a hacer más eficiente el ambiente para el aumento de la inversión y la productividad, mediante el fomento de la innovación y el emprendimiento. Además, recoge de la experiencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial otras acciones que persiguen o contribuyen a ese propósito, reduciendo tiempos de tramitación de los procedimientos para constituir los derechos de propiedad industrial y aumentando la certeza jurídica del sistema de propiedad industrial.
La Comisión de Economía discutió este proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Rincón y señores Durana, Elizalde, Galilea y Harboe.
Cabe tener presente que los números 29 y 36 del artículo 1 del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 24 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 30 a 46 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Eso es todo, señor Presidente.


El señor PUGH (Presidente accidental).- ¿Tenemos quorum en la Sala para proceder?
Tiene la palabra la Senadora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, si votáramos el proyecto de ley no tendremos el quorum requerido. No sé si existe quorum para funcionar.

El señor PUGH (Presidente accidental).- Tenemos quorum para informar del proyecto, pero no para votar.

La señora VON BAER.- Okay.
Entonces, pediría segunda discusión...

El señor PUGH (Presidente accidental).- No es necesario solicitar segunda discusión.

El señor NAVARRO.- Adelante la hora de Incidentes, señor Presidente.
El señor PUGH (Presidente accidental).- Dejaremos pendiente la discusión del proyecto y pasaremos a la hora de Incidentes.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.

VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor PUGH (Presidente accidental).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al Contralor General de la República y al Ministro de Salud, solicitándoles INSTRUCCIÓN DE SUMARIO EN INSTITUCIONES DEL SERVICIO DE SALUD DE LA REGIÓN DE MAGALLANES POR MUERTE DE MENOR ETHAN ROBERT CÁRCAMO JARA.
Del señor NAVARRO:
Al Presidente de la Corte Suprema, pidiéndole información sobre PROTOCOLOS, REGLAMENTOS O NORMATIVAS PARA AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN ARTÍCULO 24 DE LEY N° 19.974.
Al Ministro del Interior y Seguridad Pública, requiriéndole informar sobre CANTIDAD TOTAL DE DETENCIONES EFECTUADAS POR FUERZAS DE DEFENSA, ORDEN Y SEGURIDAD, ENTRE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1973.
Al Ministro del Interior y Seguridad Pública y a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándoles antecedentes referidos a NÚMERO DE ACCIDENTES VIALES QUE HAN AFECTADO A SERVICIOS DE UBER, DIDI O APLICACIONES SIMILARES, EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, ASÍ COMO DE ASALTOS Y AGRESIONES SUFRIDOS POR SUS CONDUCTORES DURANTE EL MISMO PERÍODO.
Al Ministro de Relaciones Exteriores, para que remita información sobre CANTIDAD DE VENEZOLANOS EN SEDES DIPLOMÁTICAS CHILENAS EN VENEZUELA, INDICANDO CALIDAD Y ESTATUS JURÍDICO EN QUE SE ENCUENTRAN, Y NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS Y SOLICITUDES DE INGRESO A NUESTRO PAÍS TRAMITADAS POR CONSULADO EN TACNA DESDE ENERO DEL AÑO EN CURSO HASTA LA FECHA.
Al Ministro de Salud, solicitándole antecedentes respecto de LISTAS DE ESPERA DE RED DE SALUD PÚBLICA DE PROVINCIA DE ARAUCO DESDE 2015 A LA FECHA y de DÉFICIT PRESUPUESTARIO DE CADA CENTRO ASISTENCIAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, INDICANDO QUÉ IMPLEMENTOS Y RECURSOS HUMANOS FALTAN Y CUÁLES PROCEDIMIENTOS SE HAN DEBIDO SUSPENDER DEBIDO A ELLO.
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo, consultándole por FECHAS ESTIPULADAS PARA APERTURA Y CIERRE DE POSTULACIONES A SUBSIDIOS DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNA DE CAÑETE.
Al Ministro de Agricultura, planteándole DIVERSAS CONSULTAS RESPECTO DE MUERTE DE GANADO EN ISLA TAC.
Al Ministro de Minería, pidiéndole LISTADO DE TODAS LAS CONCESIONES MINERAS, EFECTIVAS Y EN TRAMITACIÓN, EN COMUNA DE PENCO.
A la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole INFORMACIÓN DETALLADA ACERCA DE PLAN DE MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS DE TAXIBUSES QUE CUMPLEN RECORRIDO ENTRE CONCEPCIÓN, CORONEL, LOTA Y ARAUCO y pidiéndole remitir ESTADÍSTICAS DE EVASIÓN DE PAGO DEL TRANSANTIAGO EN ÚLTIMOS DOS AÑOS, DESGLOSADAS POR MES, e informar, por cada mes, en los últimos doce meses, NÚMERO TOTAL DE EVASORES, DE MULTAS CURSADAS Y DE MULTAS PAGADAS; PROMEDIO DE EDAD DE EVASORES Y COMUNA EN QUE SE PRODUJO CADA EVASIÓN.
Al Ministro de Bienes Nacionales, solicitándole dar a conocer LUGARES DE ACCESO PÚBLICO AL LAGO LANALHUE, COMUNA DE CONTULMO, Y NÚMERO DE DENUNCIAS POR NEGACIÓN DE ACCESO A ÉL.
A la Ministra del Medio Ambiente, pidiéndole hacer llegar NÚMERO DE EPISODIOS CRÍTICOS DE CALIDAD DEL AIRE PRESENTADOS EN CONCEPCIÓN EN ÚLTIMOS CINCO AÑOSYCOPIA DE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN "CONCE RESPIRA" y solicitándole INFORME SOBRE DESERTIFICACIÓN DE SUELO EN CHILE EN LA ÚLTIMA DÉCADA, DESGLOSADO POR AÑO Y POR REGIÓN.
Al General Director de Carabineros de Chile, requiriéndole remitir EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA DE PERSONAL E INFRAESTRUCTURA EN COMUNA DE SANTA JUANA.
Al General Director de Carabineros de Chile y al Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Los Ríos, para que informen sobre CAUSAS Y RESPONSABILIDADES DE COLISIÓN ENTRE VEHÍCULO DE CARGA Y BIOTRÉN EL 8 DE AGOSTO EN CRUCE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, COMUNA DE CORONEL.
Al Alcalde de Chiguayante, pidiéndole MEDIDAS ANTE MALA CONDICIÓN DE GRIFOS VIALES EN SECTOR 5-A DE VILLA LOS BOLDOS.
Al Alcalde de Concepción, solicitándole informar acerca de PRINCIPALES ENMIENDAS AL NUEVO PLAN REGULADOR y remitir ARGUMENTOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS PARA MODIFICAR DICHO PLAN EN MATERIA DE ALTURA MÁXIMA DE EDIFICIOS EN CENTRO DE CIUDAD.
Al Superintendente de Pensiones, para que indique cuál es la INVERSIÓN TOTAL EN PROPAGANDA EFECTUADA POR CADA AFP DESDE 2015 HASTA LA FECHA.
Y a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación, consultándole acerca del NÚMERO DE PROFESIONALES EGRESADOS Y TITULADOS EN CHILE POR CADA CARRERA EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, CRITERIO UTILIZADO POR LA CNA PARA DETERMINAR CANTIDAD DE CUPOS POR CARRERA CADA AÑO, Y NÚMERO TOTAL DE EGRESADOS DE PERIODISMO, PSICOLOGÍA Y DERECHO.
De la señora ÓRDENES:
Al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo y a la Intendenta de Aysén, con el objeto de que se sirvan informar la DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA RESPECTO DE "PROVISIÓN ENERGIZACIÓN" CONTENIDA EN LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL AÑO 2019 PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, INCLUYENDO MONTO PRESUPUESTADO PARA LOCALIDADES PERTENECIENTES A COMUNA DE GUAITECAS.
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El señor PUGH (Presidente accidental).- En Incidentes, en el tiempo del Comité Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.


DRAMÁTICA SITUACIÓN DE TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO. OFICIOS

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, desde hace varias semanas se ha conocido a través de los medios de comunicación la dramática situación que afecta al Teatro Municipal de Santiago y particularmente a quienes laboran en ese espacio.
En efecto, los primeros días de julio de este año se conocía de la movilización de los sindicatos de coro y técnicos, demandando algo tan básico como el pago de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales. Además, exigían mejoras en el trato de parte de sus autoridades y condiciones básicas para poder realizar su trabajo.
Desde esa fecha hasta ahora la situación ha empeorado, sucediéndose hechos que debieran avergonzar a las autoridades.
El Teatro Municipal de Santiago es dirigido por la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago y cuenta con un presupuesto anual de más de diez mil millones de pesos, de los cuales más de tres mil son aportados directamente por el Estado a través del Ministerio de las Culturas, cuyas condiciones son establecidas anualmente a través de un convenio de colaboración.
Hace unos días visité las dependencias del Teatro para reunirme con sus dirigentes sindicales, conocer directamente la situación en que se encuentran. A los pocos minutos de haber llegado al Teatro Municipal, comenzaron a ser llamados por autoridades de la institución, molestos por mi presencia en el lugar. El día de hoy fueron notificados de la prohibición de recibir visitas en el lugar, aun en su calidad de dirigentes sindicales, lo que constituye, evidentemente, una práctica y una política antisindical que no es posible tolerar en nuestra sociedad.
Durante mi visita pude recabar antecedentes graves que afectan a las trabajadoras y a los trabajadores, entre otros, el despido de personas que se encuentran protegidas con tutela laboral, por denunciar hechos graves ante la Dirección del Trabajo.
Cuando conocimos la situación a principios de julio, oficiamos, a través de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, tanto al alcalde de Santiago como a la Ministra de las Culturas, para que nos informaran de la situación de sus trabajadores.
De manera insólita, el primero de ellos informa que su participación como director en la Corporación es en calidad de persona natural y que dicha Corporación no es de carácter municipal, por lo que no tiene nada que informar. Lo anterior, aun cuando el municipio de Santiago entrega anualmente al presupuesto del Teatro ¡más de dos mil ochocientos millones de pesos!
Por su parte, la Ministra de las Culturas nos señala, en otra insólita respuesta, en mi opinión, que quien administra el Teatro es una corporación de derecho privado y que, por lo tanto, ellos no tienen ninguna facultad sobre la institución y nada puede responder sobre la situación que la afecta. Nada dice de los más de tres mil millones de pesos de aporte al año que entrega el Estado directamente, ni del convenio que ambas instituciones suscriben anualmente.
Es decir, señor Presidente, el Teatro Municipal pareciera ser administrado por Fuenteovejuna.
Creemos que lo que se esconde detrás de las resoluciones que se han tomado en el Teatro Municipal es la decisión de terminar de manera definitiva con los cuerpos estables del Teatro, externalizar sus funciones y transformarlo, finalmente, en una productora de eventos.
Durante la discusión de la Ley de Fomento de las Artes Escénicas y el Fondo de Fomento de dichas artes, el Gobierno y algunos sectores rasgaron vestiduras por incluir a la ópera como destinatario de dichos fondos. En esa oportunidad, junto con otros Senadores planteamos la necesidad de impulsar una ley de fomento y una política en particular para la ópera, por las características especiales de esta disciplina, de manera de, además de hacer sostenible el funcionamiento del mismo Teatro, aportar a la descentralización de esta disciplina y a la posibilidad de acceso a ella de la población en las distintas regiones del país.
Pues bien, la situación que afecta al Teatro y a sus trabajadoras y trabajadores creo que no hace más que reafirmar este llamado a las autoridades tanto del Gobierno como del municipio de Santiago a dejar de vivir en una realidad paralela en la que se encuentran y asumir el trabajo para el que han sido nombrados en algunos casos y electos en otros, como es el caso particular del alcalde de Santiago.
Quiero -por su intermedio, señor Presidente- oficiar nuevamente a la Ministra de las Culturas, para que señale a esta Corporación qué medidas se encuentra tomando o tomará para resguardar los derechos que les asisten a los trabajadores de la cultura, en particular, a los del Teatro Municipal, de modo de que sus derechos no sean pasados a llevar.
Igualmente, pido oficiar a la Ilustre Municipalidad de Santiago y a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Santiago, para que informen sobre la situación de sus trabajadores y, en particular, respecto de los despidos realizados durante el presente año en el Teatro Municipal.
También solicito que se oficie a la Contraloría General de la República, a fin de que realice una auditoría a los fondos públicos que se entregan año a año a esa Corporación.
De la misma forma, pido que se oficie a la Dirección del Trabajo, para que se constituya en la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Santiago y verifique el cumplimiento de las leyes laborales.
Solicito, además, un informe a la Corporación Municipal del Teatro, para que indique en cuántas obras durante el último año ha contratado a artistas extranjeros; cuál ha sido el monto que se les ha pagado a cada uno de ellos, y en cada una de las obras presentadas, cuánta es la proporción de artistas nacionales versus artistas extranjeros.
Finalmente, señor Presidente, quiero entregar, en nombre del Comité de la Democracia Cristiana y de la Oposición que representamos en el Senado, nuestro apoyo y respaldo a cada uno de los trabajadores y trabajadoras y artistas que laboran en el Teatro Municipal.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la Senadora señora Provoste, en conformidad al Reglamento, con la adhesión del Senador señor Navarro.

El señor PUGH (Presidente accidental).- A continuación, en el tiempo del Comité Partido País Progresista e Independientes, más los minutos del Comité Partido Por la Democracia e Independientes, que ha cedido su tiempo, tiene la palabra el Senador Navarro.


COMENTARIOS SOBRE PELIGROSIDAD DE FAKE NEWS O INFORMACIÓN FALSA. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ha llegado la hora de los verdaderos regionalistas.
Roger Ailes, Presidente de Fox News por décadas, fue conocido como "el hombre que acabó con la verdad", pues hizo de las fake news un arte. Él consideraba que en el éxito político pesaban poco las ideas y mucho la crispación. Para él lo importante no era decir la verdad, sino lo que la audiencia quería escuchar.
Ailes murió en el olvido y acusado de delitos sexuales, pero dejó un legado de la mentira para deshonrar a líderes como una forma de hacer política. Él comprobó que una noticia falsa en el momento más impactante de una campaña electoral puede destruir a un candidato.
Hoy en día se ha comprobado que diversos candidatos, como Trump, Bolsonaro o Piñera, han utilizado big data. Es decir, han investigado las preferencias de los usuarios de redes sociales en internet y luego han difundido noticias falsas, mentiras acerca de sus contendores, destruyendo su reputación y disminuyendo, por cierto, sus opciones de ganar.
Más aún, es claro y de conocimiento mundial que Cambridge Analytica fue y sigue siendo, pese al rechazo mundial, la empresa preferida por diversos mandatarios -Mauricio Macri, en Argentina; Donald Trump, en Estados Unidos-, y que utilizó en forma ilegal datos personales de millones de usuarios para bombardearlos con información positiva y selectiva respecto a sus candidaturas y, por cierto, con información negativa y falsa relativa a los contendores electorales.
En Brasil, la campaña fue aún más cruenta. Jair Bolsonaro pagó, a través de empresarios amigos, millones de dólares por la difusión de fake news sobre la candidatura de Fernando Haddad. Utilizó en esa oportunidad mentiras crueles, como atribuirle a Fernando Haddad la distribución de un kit gay para niños de 6 años; o la defensa del incesto en uno de sus libros, o, a mayor abundamiento, el intento de legalizar la pedofilia. Todas brutales mentiras, pero que impactaron, por cierto, en la carrera electoral en Brasil.
En nuestro país, cabe recordar el concepto "Chilezuela", con el cual se afectó la candidatura de Alejandro Guillier, basado en noticias falsas, adulteradas, utilizando la perversidad y el engaño, confundiendo a los electores, intoxicando las creencias personales para que estos tuvieran una idea errada, pero comunicada, de lo que representaba esa candidatura presidencial.
Esto es una amenaza para las personas, pero, fundamentalmente, para la democracia. El derecho de la ciudadanía a estar informada no puede ser vulnerado por las fake news.
Los investigadores de Media Lab, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, llevaron a cabo un estudio que demostró que las noticias falsas tienen un poder preocupante. Llegan mucho más rápido a la gente, se diversifican retuiteándose 70 por ciento más que las noticias verdaderas y seis veces más rápido, alterando el criterio de la gente para poder distinguir entre lo cierto y lo falso.
Las fake news las he sufrido, señor Presidente, en carne propia en diversas ocasiones. Y el fin de semana recién pasado se viralizó en mi región y a nivel nacional una nueva noticia falsa que afectó a mi equipo y a mi persona.
Como cada semana, mi equipo parlamentario, con diversos voluntarios, transportamos juegos infantiles que llevamos para actividades recreativas a diversas zonas de la Región del Biobío, los que se ponen libremente a disposición de la comunidad, de los dirigentes sociales y de los niños. Es una tarea que hacemos hace mucho, mucho tiempo. Y mi equipo colabora con un rol social envidiable, que valoro en su despliegue y en su esfuerzo diario para aquello.
Estaba el camión que transportaba los juegos en Boca Sur, San Pedro de la Paz, con las puertas abiertas tras haber descargado camas elásticas, taca-taca, juegos inflables y listo para bajar el resto de los implementos. Y cierto individuo -al parecer ya está identificado; voy a regresar a mi región mañana para confirmarlo- sacó una foto que luego viralizó con un texto que señalaba: "Camión del Senador Navarro bota basura en San Pedro".
Una ofensa gratuita para los dirigentes sociales que participaban en la actividad. Una ofensa gratuita para la gente de Boca Sur.
Por cierto, tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector, que demuestran que los escombros, la basura, estaban allí hace muchos meses, semanas antes de que el camión descargara los juegos.
Es lamentable, sin duda, este hecho. Y comprobamos que, efectivamente, hay mala educación e irresponsabilidad en algunas personas que depositaron ahí la basura. Pero fue utilizada para entregar una fake news, información falsa y malintencionada, una seudonoticia que solo busca hacer daño y mancillar la imagen de mi persona, de mi equipo, pero, fundamentalmente, de los dirigentes y de los niños de Boca Sur.
El Colegio de Periodistas ha señalado que "informar es mucho más que mostrar, transmitir o simplemente contar lo que está pasando. Con las tecnologías y redes sociales, se han democratizado las distintas plataformas para comunicar, sin embargo, no todo lo que se transmite es noticia y no siempre quien lo hace tiene la formación para realizar esta labor", se requiere una adecuada formación profesional para poder establecer la comunicación. Y hoy día hay personas que con falta de ética, sin preparación profesional, han montado plataformas, páginas web, plataformas en redes sociales que utilizan de manera política.
Y esta vez la víctima es Boca Sur. No importa el Senador, no importa mi equipo, podemos soportarlo. Es la indignación de esos dirigentes, de esos niños, quienes deben ser respetados, no importa su condición social.
Señor Presidente, la libertad de expresión, a veces, se esgrime como una limitante a dicha restricción. Y yo participo en cuanto a que debe haber libertad de expresión siempre y debe regir la garantía constitucional de expresar libremente las ideas. Sin embargo, este modo de expresar las ideas está provocando un daño que no logramos calcular ni predecir.
Si se logra destruir la credibilidad de las redes sociales y no se puede distinguir entre noticias falsas y verdaderas, y si los medios de comunicación caen también en este juego o no tienen el antídoto para enfrentarlas, vamos a entrar en la era de la incoherencia, de la confusión, de la desconfianza.
No existe regulación para este tipo de situaciones. Seudomedios de comunicación surgen a diario en las redes sociales, inventados, con bots, ejércitos de bots. Lo que sí está claro, señor Presidente, es que pueden causar mucho daño, mucho daño.
La noticia de que los niños extranjeros tendrían prioridad sobre los chilenos al inscribirse en los jardines infantiles generó un millón de interacciones, sumando Facebook y YouTube.
Por su parte, la noticia que indicaba que el Servicio Geológico de Estados Unidos predecía un terremoto de grado 9,5 en Chile y en Perú tuvo 4,5 millones de interacciones. Y, por cierto, ambas noticias son falsas.
De hecho, las fake news han tenido un aumento exponencial en cuanto a las interacciones, pues el año 2017 las cien noticias falsas más relevantes tuvieron 3,5 millones de interacciones registradas, y un año más tarde tenían 11,5 millones de visualizaciones compartidas o reacciones.
Por ello, Alemania ya aprobó una ley para eliminar y restringir las noticias falsas, la difamación, los mensajes de odio en las redes sociales.
Francia aprobó una norma que establece que un candidato o un partido que utilice estas fake news en una campaña serán severamente castigados.
México, por su parte, optó por el acuerdo con las principales plataformas -Google, Twitter, Facebook- para poder establecer canales potenciadores de información oficial. Es decir, la gente que deseaba informarse debía ir a la página oficial para evitar la confusión y el engaño.
Mientras que a nivel internacional se están incorporando nuevas tecnologías para que no se usen fake news en perjuicio del bien común o la democracia, en Chile aún no tenemos nada. Estamos vulnerables, estamos desnudos, estamos en pañales. Permanecemos, además, con los brazos cruzados.
Es nuestro deber, entonces, defender el derecho democrático a la información. Necesitamos identificar correctamente la fuente y asumir la responsabilidad de no difundir noticias falsas. Muchos de mis amigos -alcaldes, parlamentarios, autoridades- han caído en la difusión de noticias falsas. No han tenido la prolijidad de detenerse y ratificarla. Y esa es la dinámica de las redes sociales.
No puede ser, señor Presidente, que esta acción criminal en contra de la democracia, en contra de la información no sea castigada por medio de la ley.
Por cierto, Chile tiene una oportunidad histórica en este momento contemporáneo, en que la batalla tecnológica atraviesa toda la sociedad. He presentado un proyecto de ley que establece el castigo para los candidatos en campañas electorales que utilicen las fake news. Fue llamada, en su oportunidad, "Ley Bolsonaro" (boletín N° 12.314-07). Y establece que diputados, senadores, alcaldes, consejeros regionales que difundan o promuevan noticias falsas van a ser castigados. E, incluso, aspiramos a que puedan ser destituidos de sus cargos. Una autoridad no puede ganar una elección cometiendo delito. No es posible llegar a un escaño parlamentario o a un puesto de elección popular con la comisión de un delito.
Yo espero, en los próximos días, ingresar un nuevo proyecto de ley, y me gustaría que muchos Senadores nos acompañaran con sus firmas, a fin de castigar permanentemente la difusión consciente y con dolo de las fake news. ¡Un proyecto vanguardista a nivel mundial!
Voy a solicitarle al Senador Felipe Harboe poner en tabla, en la Comisión respectiva, el proyecto de ley que hemos denominado "Ley Bolsonaro", que castiga las fake news en las campañas electorales, de todo tipo.
Sin embargo, eso es insuficiente. Se requiere legislar.
Es cierto, las plataformas son internacionales, es muy difícil determinar la identidad, se ocultan tras direcciones falsas, pero la verdad es que no podemos permanecer de brazos cruzados ni tolerar la impunidad.
Señor Presidente, hay que combatir las fake news en las redes, en los medios, en la sociedad, en donde estén. Hay que establecer la transparencia en las redes. Hay que proteger las redes sociales para que estén al servicio de la sociedad y no en contra de ella o buscando su destrucción.
Esto, señor Presidente, es una verdadera y brutal amenaza en contra de la democracia. Porque, tal como lo decía Joseph Goebbels, el famoso ministro de Hitler, una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una realidad.
Eso es lo que debemos evitar.
Pido que se oficie al Ministerio Secretaría General de Gobierno, a fin de que nos informe si tiene en su poder estadísticas, encuestas que permitan establecer el comportamiento de las redes, por cuanto esa Secretaría de Estado se halla a cargo de las comunicaciones del Gobierno.
También solicito que se oficie al Ministerio de Educación y a cada uno de los ministerios a fin de que nos informen respecto de lo que han detectado en el manejo de noticias falsas con relación al accionar público en sus respectivas Carteras.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


INVESTIGACIÓN SOBRE DENUNCIAS DE ABUSO CONTRA MONSEÑOR BERNARDINO PIÑERA

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no puede haber impunidad cuando se trata de niños abusados sexualmente.
Hace casi diez años presentamos un proyecto de ley de mi autoría, que establece la obligatoriedad de toda la jerarquía eclesiástica de denunciar a la Fiscalía y no ante sí misma, ante la Iglesia, sin importar su denominación, las denuncias de una acción sexual, cualquiera sea el que la haya cometido.
Si hubiéramos acogido esa iniciativa, hoy día tendríamos la certeza de que no basta con que la Iglesia haga un autoexamen ni con que vaya a la oficina vaticana que se ha creado, la que, en mi opinión, es una violación del derecho nacional.
Los encargados de recibir las denuncias de delitos son Carabineros de Chile, la PDI y la Fiscalía Nacional, no una oficina privada, particular, de un Estado extranjero como el Vaticano.
Hemos conocido situaciones que nos llaman la atención, pero que particularmente nos develan que estos delitos se cometían con total impunidad.
Señor Presidente, hace unos días nos ha causado preocupación que Bernardino Piñera, el obispo más anciano del mundo -tiene ciento tres años-, sea investigado por el Vaticano por una denuncia de abuso sexual que habría ocurrido cincuenta años atrás.
Un prejuicio anticipado también sería un error. Pero creo que estas situaciones tienen que ser investigadas.
La relación personal con el Presidente de la República obliga a una investigación transparente, amplia y prolija.
Quiero decir que el Primer Mandatario, cuando promulgó la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores hace algunos meses, señaló claramente que el tiempo no debe ser un factor que evite la investigación y el castigo de los culpables. En esta ocasión, el Presidente ha emitido una opinión exculpatoria. Creo que ha cruzado una línea y le corresponde revisar su actuar. Él no puede pronunciarse. Lo que debe pedir, al igual que todo ciudadano, es transparencia e investigación por los órganos oficiales, que a mi juicio no son la Iglesia católica, sino los que la Constitución mandata para la investigación de delitos.
Yo espero que nadie actúe al margen de la ley. Y confío en que el caso de Bernardino Piñera sea investigado por los tribunales, por la Fiscalía Nacional, al igual que todos los demás que se han denunciado, y que no exista ningún tipo de impunidad por el apellido Piñera.
Ningún apellido presidencial puede estar por sobre la ley; ningún Piñera puede estar por sobre la ley; ningún senador, ningún diputado, ninguna autoridad puede estar por sobre la ley, y espero que el Fiscal Jorge Abbott desarrolle esta investigación con los mecanismos de que dispone nuestra democracia.
He dicho.

El señor PUGH (Presidente accidental).- A continuación, en el turno del Comité Partido Revolución Democrática, tiene la palabra el Senador señor Latorre, por dos minutos.


SOLICITUD DE CIERRE DE EMPRESAS CONTAMINANTES EN ZONA DE SACRIFICIO DE REGIÓN DE VALPARAÍSO

El señor LATORRE.- Señor Presidente, hoy día, 21 de agosto, se cumple un año de las masivas intoxicaciones que ocurrieron en Puchuncaví-Quintero, una "zona de sacrificio", denominada así hace casi cincuenta años.
Ayer se presentaron nuevos casos de intoxicaciones: más de cuarenta personas.
Hace pocos meses, la Corte Suprema emitió un fallo que da cuenta de la negligencia del Estado y de una serie de recomendaciones y exigencias que hace el Poder Judicial al Estado para garantizar el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Tenemos también un reciente informe de la Defensoría de la Niñez, nuestra principal institucionalidad de derechos humanos, que, sobre la base de un estudio encargado a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, da cuenta de que hay una vulneración de diecisiete derechos humanos a niños, niñas y adolescentes, revelando que hay menores con arsénico en sus cuerpos.
Los estándares de la Organización Mundial de la Salud son mucho más exigentes que el plan de descontaminación del Gobierno del Presidente Piñera, que en verdad no es suficiente ni descontamina lo que debería descontaminar.
Existen empresas públicas y privadas que no han pasado por un sistema riguroso de evaluación de impacto ambiental; tenemos un Estado negligente y Chile va a organizar la COP25 a fin de año.
¡Basta ya!
Le pedimos al Presidente de la República que cierre las termoeléctricas a carbón; que cierre la refinería Codelco Ventanas, que es una chatarra obsoleta que además genera pérdidas económicas.
¡Basta ya!
Por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por sus familias, el progreso no puede estar sacrificando a esas comunidades.
Estamos en una zona de sacrificio. ¡No más zonas de sacrificio! Vivimos una situación de emergencia climática y ecológica.
¡Basta ya!
Gracias, señor Presidente.

El señor PUGH (Presidente accidental).- En el turno del Comité Partido Renovación Nacional e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Prohens, hasta por trece minutos.


INVESTIGACIÓN POR MAL USO DE RECURSOS EN SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN DE HUASCO. OFICIOS

El señor PROHENS.- Señor Presidente, he tomado conocimiento de algunos hechos de máxima relevancia para el país y, en especial, para nuestra Región de Atacama: las irregularidades detectadas en el Servicio Local de Educación de Huasco.
En diciembre del año 2018, la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, instruyó una auditoría interna, la cual consideró el período administrativo de los funcionarios designados por el Gobierno anterior con la finalidad de constatar el estado en que la nueva Administración recibía el servicio. Dichas auditorías tenían por objetivo revisar la legalidad de las operaciones financieras contables y su conformidad con las disposiciones de la ley N° 21.053 y la Ley de Presupuestos del Sector Público.
Sus resultados, conocidos hoy, merecen máxima atención y celeridad en su investigación, a fin de detectar si se cometieron ilícitos y quiénes son los responsables.
Respecto del Servicio Local de Educación de Huasco, los hechos hablan por sí solos:
1) Cheques girados por la ex Jefa de la Subdirección de Administración y Finanzas del Servicio Local a cuentas bancarias personales de funcionarios de su dependencia.
2) Alrededor de treinta cheques firmados en blanco por el Director subrogante del Servicio Local de Educación de Huasco, quien no tenía la autorización de la Contraloría General de la República para girar de las cuentas corrientes de ese servicio.
3) Sobregiros en cuentas corrientes de subvenciones del Servicio Local de Educación que infringen lo establecido en el inciso tercero del artículo 32 del decreto ley N° 1.263, de Hacienda, el cual dispone que los titulares de las cuentas subsidiarias podrán girar hasta el monto de los respectivos depósitos sin que puedan sobregirarse.
4) Deficiencia en los traspasos de muebles. No todos los establecimientos educacionales cuentan con el registro de inventarios correspondiente.
Las anteriores son algunas de las irregularidades que fueron detectadas mediante la auditoría interna. Dichas situaciones no cuentan con respaldo jurídico, por lo que se podrían configurar delitos como malversación de caudales públicos, desviación de fondos públicos, además de las responsabilidades administrativas correspondientes.
El principio de probidad en el empleo de recursos fiscales es una de las premisas más importantes en el desempeño de la función pública, la que debemos respetar todos aquellos que ejercemos cargos de esta responsabilidad. Por lo tanto, cualquier vulneración a este principio debe ser investigada y perseguida, si corresponde.
Por todo lo anterior, señor Presidente, solicito que se oficie al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la República a fin de que proporcionen los antecedentes que tienen en su poder sobre los hechos previamente descritos.
Muchas gracias.

La señora PROVOSTE.- ¡Con mi adhesión!
El señor NAVARRO.- ¡Y la mía!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Senadores señora Provoste y señor Navarro.


El señor PUGH (Presidente accidental).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:34.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante