REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 368ª

Sesión 12ª, en miércoles 8 de abril de 2020

Extraordinaria

(De 11:27 a 18:29)

PRESIDENCIA DE SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, PRESIDENTA,

Y SEÑOR RABINDRANATH QUINTEROS LARA, VICEPRESIDENTE

SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron las señoras y los señores:

--Allamand Zavala, Andrés

--Allende Bussi, Isabel

--Aravena Acuña, Carmen Gloria

--Araya Guerrero, Pedro

--Bianchi Chelech, Carlos

--Castro Prieto, Juan

--Chahuán Chahuán, Francisco

--Coloma Correa, Juan Antonio

--De Urresti Longton, Alfonso

--Durana Semir, José Miguel

--Ebensperger Orrego, Luz

--Elizalde Soto, Álvaro

--Galilea Vial, Rodrigo

--García Ruminot, José

--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro

--Girardi Lavín, Guido

--Goic Boroevic, Carolina

--Guillier Álvarez, Alejandro

--Harboe Bascuñán, Felipe

--Insulza Salinas, José Miguel

--Kast Sommerhoff, Felipe

--Lagos Weber, Ricardo

--Latorre Riveros, Juan Ignacio

--Letelier Morel, Juan Pablo

--Montes Cisternas, Carlos

--Moreira Barros, Iván

--Muñoz D´Albora, Adriana

--Navarro Brain, Alejandro

--Órdenes Neira, Ximena

--Ossandón Irarrázabal, Manuel José

--Pérez Varela, Víctor

--Pizarro Soto, Jorge

--Prohens Espinosa, Rafael

--Provoste Campillay, Yasna

--Pugh Olavarría, Kenneth

--Quintana Leal, Jaime

--Quinteros Lara, Rabindranath

--Rincón González, Ximena

--Sandoval Plaza, David

--Soria Quiroga, Jorge

--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline

--Von Baer Jahn, Ena

Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Felipe Ward Edwards; de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, y la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora María José Zaldívar Larraín.

Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 11:27, en presencia de 28 señoras Senadoras y señores Senadores.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

Vamos a suspender esta sesión por unos minutos, pues hemos tenido una reunión de Comités bastante larga. De esta manera, le daremos la posibilidad a la Secretaría para que reproduzca bien sus acuerdos a fin de que podamos dar cuenta de ellos a la Sala.

El señor SANDOVAL.- Pido que se reúnan los Comités más temprano, entonces, señora Presidenta, para no pasar este bochorno de suspender la sesión apenas se inicia.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Partimos muy temprano nuestro trabajo. Pero tenemos a Senadores que vienen viajando desde Santiago y que han tenido dificultades para trasladarse.

Ese es el problema, Su Señoría.

Así que debemos colaborar entre todos.

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--Se suspendió a las 11:27.

--Se reanudó a las 11:56.

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III. CUENTA

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Continúa la sesión.

Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:

Mensajes

De Su Excelencia el Presidente de la República:

Con el primero formula observaciones al proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile (Boletín N° 13.358-07).

--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Con el segundo inicia un proyecto de ley que modifica la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica (Boletín N° 13.401-13).

--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El señor COLOMA.- ¿Por qué no está la tabla?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La tabla se elaboró en Comités.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- La tabla para la sesión de hoy se fijó en reunión de Comités. Viene entre sus acuerdos, y de ellos daremos cuenta en seguida.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Con el siguiente hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para el despacho de los siguientes asuntos:

1. Proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica (Boletín N° 12.345-07).

2. Observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile (Boletín N° 13.358-07).

3. Proyecto de ley que modifica la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica (Boletín N° 13.401-13).

Con el último, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para el despacho de los siguientes asuntos:

1. Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11).

2. Proyecto de ley que crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de Fonasa (Boletín N° 12.662-11).

--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

Oficios

De la Honorable Cámara de Diputados:

Informa que ha elegido como su Presidente al Honorable Diputado señor Diego Paulsen Kehr, como Primer Vicepresidente al Honorable Diputado señor Francisco Undurraga Gazitúa, y como Segundo Vicepresidente al Honorable Diputado señor Rodrigo González Torres.

--Se toma conocimiento.

El señor COLOMA.- ¡Deséenle suerte...!

La señora VON BAER.- ¡Es un gran Diputado!

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ruego a Sus Señorías guardar silencio, pues se está dando lectura a la Cuenta.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:

Remite resolución recaída en el requerimiento de control preventivo de constitucionalidad presentado por Honorables Senadores, sobre "el artículo 15 en sus dos versiones (versión enviada en el Mensaje del Ejecutivo Nº 019-368 -en la fecha de ingreso del Proyecto de Ley- y versión del estado de discusión de la norma al día 31 de marzo de 2020), en relación con el artículo 1 y el artículo 17 en relación con el artículo 1, todos del Proyecto de Ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile (Boletín N° 13.358-07), así como también, aquellas normas del mismo que se encuentren tan ligadas con aquellos, que por sí solas carezcan de sentido o se tornen inoperantes" (Rol N° 8574-20).

--Se toma conocimiento.

Adjunta copia de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a las siguientes disposiciones:

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Roles Nos 5056-18, 7333-19, 7364-19, 7384-19, 7411-19, 7412-19, 7419-19, 7421-19, 7446-19, 7455-19, 7485-19, 7489-19, 7534-19, 7545-19, 7564-19, 7572-19, 7590-19, 7596-19, 7604-19, 7607-19, 7610-19, 7619-19, 7642-19, 7646-19, 7655-19, 7684-19, 7695-19, 7701-19, 7713-19, 7719-19, 7737-19, 7752-19, 7794-19, 7806-19, 7826-19, 7853-19, 7880-19, 7886-19, 7902-19, 7913-19, 7935-19, 7973-19, 8016-19, 8047-19, 8049-19, 8062-19, 8067-19, 8089-19, 8094-20, 8097-20, 8117-20, 8128-20, 8129-20, 8137-20, 8146-20, 8148-20, 8158-20, 8162-20, 8166-20, 8169-20, 8177-20, 8179-20, 8180-20, 8198-20, 8216-20, 8228-20, 8239-20, 8251-20, 8252-20, 8276-20, 8283-20, 8299-20, 8303-20, y 8309-20).

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles Nos 7378-19, 7393-19, 7402-19, 7428-19, 7434-19, 7458-19, 7462-19, 7492-19, 7502-19, 7513-19, 7519-19, 7525-19, 7528-19, 7535-19, 7540-19, 7552-19, 7616-19, 7628-19, 7667-19, 7676-19, 7678-19, 7681-19, 7698-19, 7722-19, 7740-19, 7748-19, 7761-19, 7767-19, 7779-19, 7800-19, 7823-19, 7832-19, 7844-19, 7904-19, 7907-19, 7954-19, 8023-19, 8051-19, 8056-19, 8064-19, 8065-19, 8069-19, 8081-19, 8099-20, 8102-20, 8110-20, 8112-20, 8133-20, 8139-20, 8145-20, 8154-20, 8156-20, 8165-20, 8194-20, 8197-20, 8200-20, 8208-20, 8219-20, 8235-20, 8237-20, 8241-20, 8248-20, 8279-20, 8285-20, 8301-20, y 8307-20).

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, en relación al artículo 9, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rol N° 8124-20).

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, en relación con los artículos 3 y 9, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rol N° 8043-19).

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículos 2°, letras b) y c); 9°, inciso primero; y 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rol N° 8126-20).

Artículo 196 ter de la ley N° 18.290 (Rol N° 8033-19).

Artículo 2° del decreto ley N° 3.643, de 1981, y artículo 4° del decreto ley N° 2.067 (Roles Nos 7696-19 y 7754-19).

Artículo 4° de la ley N° 19.886, y artículo 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 7777-19).

--Se manda archivar los documentos.

Comunica diversas resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativos a las siguientes normas:

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Roles Nos 8513-20, 8526-20, 8545-20, 8547-20, 8550-20, 8560-20, 8561-20, y 8571-20).

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles Nos 8362-20, 8423-20, 8482-20, 8502-20, 8533-20, 8554-20, 8556-20, 8566-20, y 8567-20).

Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290 (Roles Nos 8465-29, 8481-20, y 8563-20).

Artículo 53, inciso tercero, del Código Tributario (Rol N° 8558-20).

Artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil (Rol N° 8425-20).

Artículos 176 y 195, incisos tercero y cuarto, de la ley N° 18.290 (Rol N° 6312-19).

--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Del señor Contralor General de la República:

Responde a inquietudes de la Honorable Senadora señora Provoste sobre la situación de los docentes que indica.

Del Ministro Presidente del Primer Tribunal Ambiental:

Da respuesta a una consulta del Honorable Senador señor De Urresti sobre procesos ambientales iniciados en ese tribunal en el año 2019.

Del Director Regional de Salud de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Valparaíso:

Contesta consulta realizada por el Honorable Senador señor Pugh relativa a los trabajos de urbanización para los servicios eléctricos que se otorgarán en las zonas siniestradas de las poblaciones Las Torres y Santa Teresa de Valparaíso.

--Quedan a disposición de Sus Señorías.

Informes

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica (Boletín N° 13.401-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").

De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile (Boletín N° 13.358-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").

--Quedan para tabla.

Mociones

De los Honorables Senadores señor Montes, señora Allende, y señor Elizalde, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que regula la facultad del Banco Central para otorgar créditos a entidades públicas (Boletín N° 13.399-05).

Del Honorable Senador señor Pizarro, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que autoriza al Banco Central para obtener, otorgar y financiar créditos al Estado y a entidades públicas o privadas en el caso que indica (Boletín N° 13.400-05).

--Pasan a la Comisión de Hacienda.

De los Honorables Senadores señora Órdenes y señor De Urresti, con la que inician un proyecto de ley que suspende el ingreso de solicitudes de concesiones acuícolas (Boletín N° 13.402-21).

--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.

De los Honorables Senadores señora Allende y señores De Urresti, Huenchumilla y Latorre, con la que inician un proyecto de ley que prohíbe la prisión preventiva para imputados por delitos durante el período de crisis sanitaria (Boletín N° 13.403-07).

--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.

De los Honorables Senadores señores Chahuán y Letelier, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, para establecer disposición excepcional que indica (Boletín N° 13.416-03).

--Pasa a la Comisión de Economía.

Declaraciones de inadmisibilidad

Moción de los Honorables Senadores señor Quinteros, señora Goic, y señores Chahuán y Girardi, que suspende temporalmente las adecuaciones de precios base de los planes de salud de las instituciones de salud previsional y las alzas de precios de prestaciones por parte de los prestadores de salud privados.

Moción de las Honorables Senadoras señoras Provoste, Allende y Órdenes, que extiende feriado anual a las trabajadoras en la situación que señala.

Moción de los Honorables Senadores señores Durana y Sandoval que otorga pensión de invalidez extraordinaria para enfrentar la pandemia del coronavirus.

--Se declaran inadmisibles por corresponder a materias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, N° 6°, del artículo 65 de la Constitución Política.

Comunicación

Del Comité Partido Demócrata Cristiano por la que informa que ha designado como sus representantes a los Honorables Senadores señora Ximena Rincón González y señor Francisco Huenchumilla Jaramillo.

--Se toma conocimiento.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la Cuenta.

Han solicitado ingresar a la Sala el Subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela; el Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab, y el Subsecretario de la Segprés, señor Juan José Ossa.

¿Habría acuerdo?

La señora VON BAER.- Sí.

El señor QUINTEROS.- Sí.

El señor NAVARRO.- No, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- No hay acuerdo.

ADMISIBILIDAD DE PROYECTO DE LEY SOBRE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ADECUACIONES DE PRECIOS BASE DE PLANES DE SALUD DE ISAPRES

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se ofrece la palabra sobre la Cuenta.

Tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, no estoy de acuerdo con la Secretaría en la declaración de inadmisibilidad de la moción que presentamos algunos Senadores para suspender temporalmente las adecuaciones de precios base de los planes de salud de las instituciones de salud previsional y las alzas de precios de prestaciones por parte de prestadores de salud privados.

Por tanto, solicito que, después de mi argumentación, se someta a votación la admisibilidad de la iniciativa.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Alguien más quiere referirse al punto planteado por el Senador Quinteros?

Senador Bianchi, ¿desea intervenir sobre ese tema?

El señor BIANCHI.- No, señora Presidenta; es sobre otro asunto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Girardi.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, en la misma dirección, me parece inaudito lo resuelto en relación con un proyecto que tiene que ver con una situación de catástrofe, en la que hemos visto que instituciones de salud privada, con una práctica totalmente mafiosa, han aumentado en 5 por ciento el costo de los planes de salud, sin haber ninguna razón. Y esto se ha visto refrendado porque incluso el Presidente de la República tuvo que realizar acciones de tipo personal para que postergaran esa alza.

Considero que en este período extraordinario es fundamental impedir que haya situaciones abusivas, de usura, como aquellas en las que están incurriendo las isapres.

La opinión que tiene la Comisión respecto de la referida moción es que ella no es inadmisible: ¡es absolutamente admisible, necesaria y urgente!

Por eso pedimos votar la declaración de inadmisibilidad, señora Presidenta.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Sandoval, tiene la palabra.

El señor SANDOVAL.- Deseo plantear dos cosas, señora Presidenta.

La primera es que la Mesa declaró inadmisible una moción presentada por el Senador José Miguel Durana y quien habla. Nuestra idea era hacer un punto respecto a una necesidad, a una viabilidad frente a la condición de crisis que se está viviendo.

Entendemos que es un proyecto -y así lo conversamos con el Senador Durana- que tiene esa connotación. Sin embargo, el objetivo también es que -y veo que aquí está el Ministro de Justicia, que es de otra área; pero anda por ahí también el Ministro Ward- el Gobierno tome estas iniciativas, que se construyen con la mejor de las intenciones: enfrentar la situación compleja que está viviendo el país, y que podrían ser un insumo, para que las evalúe, les haga el análisis pertinente y, por último, se pronuncie.

Yo creo que es válido aquello. Para eso hemos trabajado. Y a eso apunta el planteamiento que se formuló.

En segundo lugar, señora Presidenta, deseo sugerir lo siguiente.

Hay un grupo de chilenos que está viviendo en el ojo del huracán frente al tema del coronavirus. Me refiero a los médicos, a quienes ayer, en el Día Mundial de la Salud, la ciudadanía les expresó su afecto y su cariño.

Eso comprende también a los enfermeros, los paramédicos, los asistentes de salud, los funcionarios de la salud en todas sus líneas, la gente que se dedica al transporte. Ellos están funcionando, operando y haciendo el mayor esfuerzo por tratar de superar esta crisis.

Y creo, señora Presidenta, que el Senado de la República debería dar una señal similar, porque pareciera que todo lo que estamos haciendo es para que en algún minuto dejemos de trabajar de la manera en que lo hemos hecho. Yo entiendo que hay muchos casos de colegas que tienen situaciones evidentemente particulares que es necesario resguardar. Pero considero que el Senado debe propiciar, tomando los resguardos sanitarios que esto involucre, todas las acciones conducentes a ir normalizando su funcionamiento.

¿Por qué lo digo? Porque hay Comisiones que no están operando y en todas ellas hay diversas iniciativas.

Comparto que es necesario adoptar los cuidados del caso para evitar riesgos. Pero es aquí donde me parece que debemos tener una postura común.

Así que, señora Presidenta, insto a que todos los Comités propiciemos medidas tendientes a normalizar nuestro trabajo, con todos los resguardos que sean pertinentes. Porque la sensación que queda es que nosotros no estamos en definitiva haciendo los esfuerzos necesarios para procurar hacer funcionar el Senado.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Sandoval, le di la palabra para referirse a la admisibilidad de otro proyecto. El que usted ha planteado es un tema que está resuelto por los Comités. Y ya se les han enviado a todos los acuerdos que hemos tomado.

Actualmente nos encontramos funcionando en un sistema de trabajo mixto; no estamos abandonando nada. Y usted puede ver la presencia bastante alta de Senadores que hay en la Sala.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Desde la distancia, saludamos a los señores Senadores que se hallan conectados a esta sesión.

Le ofrezco la palabra al Senador Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, junto con saludar a todas las Senadoras y a todos los Senadores, quisiera señalar, respecto a la Cuenta, que se ha presentado un proyecto de reforma constitucional que regula la facultad del Banco Central para otorgar créditos a entidades públicas.

Creo que, más allá de que la iniciativa pase a la Comisión de Hacienda, debiera ser enviada también a la Comisión de Constitución, por tratarse de una reforma constitucional.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.

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El señor BIANCHI.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Bianchi, ¿usted también se va a referir a la admisibilidad o inadmisibilidad del proyecto? Se lo pregunto porque estamos abocados a eso.

El señor BIANCHI.- No, señora Presidenta, es sobre otro punto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Entonces, voy a seguir ofreciendo la palabra a los señores Senadores que la han solicitado para abordar el tema en debate.

Senador Quinteros, ¿usted desea intervenir nuevamente?

El señor QUINTEROS.- Yo dije primero, señora Presidenta, que no estaba de acuerdo con lo que se resolvió. Ahora quiero fundamentar por qué pensamos nosotros que la moción es admisible.

A eso apuntará mi intervención.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra por segunda vez, señor Senador.

El señor QUINTEROS.- Muchas gracias, señora Presidenta.

El proyecto presentado tiene dos objetivos: suspender las adecuaciones de precios que realizan las isapres cada año y suspender las alzas de precios de prestaciones por parte de los prestadores de salud privados.

¿En qué se basa la declaración de inadmisibilidad? En que el numeral 6° del artículo 65 de la Constitución reserva al Ejecutivo la iniciativa para establecer o modificar normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.

Ahora bien, nosotros sostenemos que tanto la adecuación de precios base que realizan las isapres como la fijación de precios por parte de los prestadores de salud no son elementos que se encuentren regidos por normas de seguridad social, sino, lamentablemente, por criterios meramente comerciales. Es decir, en términos simples, el sistema de reajuste de tarifas de las isapres y la fijación de precios entre prestadores e instituciones de salud previsional no forman parte de la seguridad social.

Hasta ahora, las isapres tienen libertad para fijar sus precios base y todos sus reajustes. Ya quisiéramos que estos precios se determinaran conforme a normas de seguridad social; pero ello no es así, lo que se expresa en diferentes aspectos: por ejemplo, el precio fijado por las isapres se aplica a cada una de las cargas del afiliado, a diferencia de lo que ocurre con el sistema público, donde la cotización las incluye en virtud de su carácter solidario, propio de la seguridad social.

El sistema de tarificación que aplican las isapres a sus afiliados no es parte de la seguridad social, dado que se basa en un mecanismo de negociación financiera en donde se ocupan aspectos que están fuera de la seguridad social, lo que es rechazado de manera prácticamente unánime tanto por los tribunales superiores de justicia como por la Superintendencia de Salud.

Por tanto, el proyecto presentado sí es admisible.

Sería incomprensible para la ciudadanía que el Presidente de la República y este Congreso renunciaran a ejercer sus facultades y se resignaran a aceptar la mera buena voluntad de empresas privadas.

Por eso, señora Presidenta, pido que someta a votación la admisibilidad del proyecto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.

La señora RINCÓN.- Pido la palabra, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Es sobre el tema de la inadmisibilidad, señora Senadora? ¿O usted quiere referirse a un proyecto distinto?

Se lo pregunto porque está solicitada la votación de la admisibilidad del proyecto relativo a las isapres, y tendremos que pronunciarnos sobre esa materia.

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora RINCÓN.- Señora Presidenta, yo entiendo que íbamos a discutir este asunto en tercer lugar el día de hoy.

Entonces, pediría que respetáramos los acuerdos de Comités y viéramos en primer lugar el veto al indulto conmutativo; en segundo lugar, el proyecto sobre Seguro de Cesantía, y después realizáramos la discusión sobre la admisibilidad de la presente iniciativa.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sin desmedro de aquello, voy a poner en votación de inmediato la admisibilidad del proyecto y concederé dos minutos para fundamentar el voto.

En votación.

--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Senador Allamand, está inscrito por el tema en debate?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador, ¿puede prender su micrófono? Lo tiene silenciado.

El señor ALLAMAND.- Ahí sí.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, Senador Allamand.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Volvió a silenciar su micrófono, Senador.

El señor ALLAMAND.- Ahora sí.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Dispone de dos minutos.

El señor ALLAMAND.- Muchas gracias.

Señora Presidenta, quiero fundamentar mi voto ratificando la opinión de la Mesa en términos de que la moción del Senador Quinteros es inadmisible.

Creo que es un tema bastante importante, no solamente en lo particular, sino también porque se ha generado una tendencia a no respetar las normas constitucionales, en circunstancias de que ellas tienen que ver con un aspecto básico de nuestra institucionalidad.

En ese sentido, cabe mencionar, por lo negativas que fueron, las palabras del ex Presidente de la Cámara de Diputados en que señala que presentar mociones inconstitucionales es una práctica aceptable desde el punto de vista de que aquello entrañaría una suerte de señal política. Yo creo que eso constituye un procedimiento totalmente contrario al ordenamiento institucional.

Y sin referirme al fondo o al mérito de la moción del estimado Senador Quinteros -por su intermedio, señora Presidenta-, quiero hacer ver que en su alocución no entregó argumento alguno para algo que resulta evidente: toda norma que tiene que ver con las prestaciones de las entidades de salud privada es una norma vinculada con la seguridad social. Y la Constitución en el artículo 65, número 6°, dice a la letra: "Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado".

Entonces, no solo...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Concluyó su tiempo, Senador Allamand.

El señor ALLAMAND.- ... iría al texto de la propuesta.

Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Navarro, por dos minutos.

El señor NAVARRO.- Presidenta, la argumentación del Senador Allamand dice relación con un motivo constitucional. Y si el señor Senador entiende que hay un impedimento constitucional, pero se reconoce que existe una necesidad sanitaria urgente de que las isapres no suban ahora sus planes y programas de manera unilateral, entonces el Gobierno debiera patrocinar esta iniciativa.

Yo me he opuesto al ingreso a la Sala de los Subsecretarios y me voy a seguir oponiendo ante la nula voluntad del Gobierno de patrocinar una sola moción parlamentaria referida a la crisis pandémica. ¡Ni una sola de estas mociones ha recibido patrocinio! La única moción que patrocina mediante un veto es la referida a la prórroga de los permisos de circulación, donde ha hecho quedar en ridículo al Senado y al Congreso Nacional, en una acción desleal.

Tengo la imagen de la reunión del Presidente Piñera con los representantes de las isapres en La Moneda. ¡Eso es conflicto de interés! ¡Son sus amigos! La técnica del telefonazo, Senador Allamand -por su intermedio, Presidenta-, practicada en el primer Gobierno del Presidente Piñera con Punta de Choros, no es un mecanismo institucional.

Hay problemas de Estado y este lo es, porque, si a tres millones de personas se les suben sus planes y programas de salud en medio de la pandemia del coronavirus, es un acto criminal. Y el Presidente se reúne con los criminales en La Moneda para poder llegar a un acuerdo. Lo que le corresponde al Presidente es enviar un proyecto de ley a fin de regular que no haya alzas en este período pandémico y no alcanzar un acuerdo entre amigos. Porque los problemas de Estado no se resuelven en una conversación entre amigos, sino con la institucionalidad. Y el Senado es parte de esa institucionalidad.

Por tanto, si el Gobierno insiste -porque el oficialismo, la Derecha habla por el Gobierno- en que la iniciativa es inconstitucional, yo emplazo al Senador Allamand, emplazo a la Derecha a que pidan a su Gobierno el patrocinio correspondiente.

Si fue capaz de invitar a las isapres a La Moneda, es capaz de poner la firma para que discutamos este proyecto de ley.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, un elemento central que ha hecho que Chile pueda enfrentar bien, o razonablemente bien, la pandemia que nos afecta y los efectos que arrastra ha sido la institucionalidad.

La frase "hay que dejar que las instituciones funcionen" no es una cosa casual; es muy profunda. Tiene que ver con la capacidad de respetar el orden institucional, lo que implica acatar constituciones, leyes, reglamentos, y darle a cada autoridad una función.

Esa es la esencia de cómo funciona positivamente nuestro país.

Tenemos muchos defectos, hemos cometido muchos errores, pero poseemos una gran virtud: defendemos la institucionalidad.

Y señalo lo anterior porque con mucha preocupación he visto que el Presidente de la Cámara de Diputados -o ex Presidente-, a mi juicio en una forma ya completamente sobrepasada, afirmó que daba lo mismo que los proyectos fueran o no constitucionales, que igual daba cuenta de ellos en la Sala, rompiendo exactamente su obligación y la de todos nosotros.

¿Y qué pasa, Presidenta? Que usted tiene toda la razón. El artículo 65 establece qué materias corresponden a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Y el número 6° de su inciso cuarto señala: "Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado".

Entonces, aquí no estamos hablando de mérito o de demérito, de oportunidad o de inoportunidad; aquí estamos hablando de si somos capaces de seguir defendiendo a las instituciones o si creemos que estas tienen que ser reemplazadas por el voluntarismo o por el buen ánimo o por la buena onda de uno u otro.

Yo formulo un llamado bien profundo al Senado, que considero que es lo último que va quedando en materia de seriedad, a respetar la norma que leí. Obviamente, la iniciativa es inconstitucional. Nadie puede decir lo contrario. Y sería un pésimo precedente que se tratara de hacer valer como constitucional algo que no lo es.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señora Presidenta, quiero señalar lo mismo.

Este proyecto, en virtud del artículo 65, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución Política es inconstitucional y deber ser declarado inadmisible, como lo hizo la Mesa, porque en dicho número se dispone que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República: "Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado".

Esta norma, o algo similar, viene de la Constitución del año 1925.

Aquí se ha afirmado que la iniciativa no incide en la seguridad social, pero la OIT define ese concepto como "la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia".

Con esta sola definición sabemos que el proyecto afecta directamente la seguridad social y, por lo tanto, es inadmisible.

Yo quiero señalar que estoy en completo desacuerdo con lo que hicieron las isapres en materia de alzas en los planes de salud, pero la bondad de un proyecto no puede justificar que traspasemos los límites de la Constitución.

Y si me concede treinta segundos, Presidenta, quiero terminar mis palabras leyendo lo que manifiesta hoy día en El Mercurio, a raíz de las declaraciones del ex Presidente de la Cámara de Diputados, un connotado constitucionalista que no es de mi sector político, Patricio Zapata: "Flores se ha desempeñado de forma muy notable...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Dispone de treinta segundos más.

La señora EBENSPERGER.- Muchas gracias.

Repito: "Flores se ha desempeñado de forma muy notable en su cargo, pero creo muy inconveniente que se justifique el empleo deliberado de medios que se saben inconstitucionales con el objeto de hacer presión política al Gobierno, incluso en aquellos casos en que se empuja una medida necesaria y urgente. El principal riesgo es sentar un precedente para que otros poderes del Estado se sientan igualmente empoderados para salirse de su esfera de competencias con el fin de obligar a los demás a hacer lo que consideran justo".

Respetemos la institucionalidad.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.- No, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Entonces, la tiene el Senador Pizarro.

El señor PIZARRO.- Muy breve, señora Presidenta.

Yo creo que el proyecto es claramente inconstitucional y que la Mesa hace bien al declarar la inadmisibilidad. El problema es otro; el problema es político y todos sabemos de qué estamos hablando. Porque, si vamos a basar la discusión de un proyecto en si le pedimos o no el apoyo al Gobierno, el tema es político y es una discusión pública desde hace ya muchísimas décadas.

Entonces, señora Presidenta, si el tema es político, le pido que hagamos una discusión política y en serio con el Gobierno. Aquí estamos viendo un asunto muy importante, que es el de las AFP, lo que ha pasado con los fondos durante la crisis.

El aspecto de la salud, tanto pública como privada, amerita que tengamos una sesión especial con quienes corresponda y, evidentemente, exijamos que el Gobierno esté acá y entienda que en este tipo de ámbitos el país va a tener que reestructurarse y organizarse de otra manera.

Creo que eso es lo que corresponde que discutamos acá, y no caer en este juego de inadmisibilidades por querer colocar un punto político. Si es político, hagámoslo de frentón: cite usted a una sesión especial para ver este tema específico y lo analizamos en su integridad.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Pizarro.

Justamente, la Mesa tiene hoy día una reunión con el Ministro Ward para empezar a generar una mesa de diálogo y entendimiento en esta materia.

Está abierta la votación y se está fundamentando el voto.

Ya hicieron uso de la palabra el Senador Girardi y el Senador Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Pero no en este asunto, Presidenta.

El señor GIRARDI.- Yo no, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.

Entonces, tiene la palabra el Senador Girardi y luego intervendrán el Senador Elizalde y el Senador Quintana, este último a distancia. Y se cierra el debate.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, yo pienso que este es un tema mayor.

Cuando del oficialismo dicen que quieren defender la institucionalidad, yo les pido que lo hagan con fuerza, con convicción y con coherencia, porque lo que hizo el Presidente, esto de ponerse de acuerdo con las isapres y hacer un acto de buenismo, no sigue la institucionalidad.

El Presidente tiene prerrogativas constitucionales para impedir los abusos. Y ellos mismos dijeron que esto es un abuso: lo dijo el Ministro de Salud, lo dijo el Presidente. Pues bien, que usen los mecanismos institucionales, pues están usando la inadmisibilidad justamente para no resguardar los derechos y las garantías que el país les exige. Por lo tanto, señora Presidenta, lo que nosotros estamos haciendo es justamente eso.

A mí la duda que me cabe es que, cuando consultamos a la Oficina de Partes, los funcionarios del Senado encargados de establecer las admisibilidades nos expresaron que el proyecto era admisible. Entonces, creo que aquí hay un debate. No nos parece que la Mesa, motu proprio, pueda decir: "Mire, no. Nosotros estimamos que es inadmisible", cuando la opinión de los técnicos que normalmente ven las admisibilidades señalan que el proyecto es admisible. Eso, evidentemente, llama a la duda.

Esta es una situación extraordinaria y gravísima. Esto es un matonaje; es gansterismo lo que están haciendo las isapres al aumentar los precios de los planes justamente cuando el país, cuando el propio Ministerio de Salud, cuando el propio Presidente están haciendo un llamado a que no se desarrollen acciones de ese tipo, usureras.

Por lo tanto, yo le pido al Gobierno que presente en forma urgente una indicación, o al Senado, que haga una discusión de fondo respecto a la admisibilidad.

Nosotros creemos que el proyecto no solamente es, como he dicho, admisible, sino también urgente, ético y lo que corresponde.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, la verdad es que se trata de un proyecto más que necesario, porque resulta francamente inmoral que se decida efectuar un alza de precios en los planes de las isapres en el contexto actual que estamos viviendo. Así que, por cierto, comparto el fondo de la iniciativa.

Por lo demás, llama la atención que el Presidente no haya ejercido todas sus atribuciones. El estado de excepción constitucional de catástrofe permite restricciones a la libertad de locomoción, a la libertad de reunión, y limitaciones al derecho de propiedad, porque se entiende que hay un bien superior, como la salud de las personas, que permite establecer esas excepciones.

Y este es un caso en el cual el Gobierno debería haber ejercido sus atribuciones, no a través de los buenos oficios, sino a través del imperio del Derecho, para imponer una prohibición de realizar alzas en el contexto actual.

Si no entendemos que entre todos tenemos que hacer este esfuerzo, va a ser difícil. Y quiero...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Vamos a reducir el tiempo de intervención a un minuto, porque se ha inscrito toda la Sala, más algunos colegas que están participando a distancia.

Le voy a dar medio minuto más, Senador Elizalde, para que termine, pero hay que cambiar las reglas.

El señor ELIZALDE.- Sí.

Por último, quiero hacer una precisión, ya que en la sesión pasada algunos Senadores realizaron una crítica a la Secretaría del Senado a propósito de lo ocurrido con otros proyectos.

Yo quiero señalar que la Secretaría del Senado no tiene ninguna responsabilidad en lo que ha decidido la Sala. La Secretaría, obviamente, da su opinión, pero es la Mesa la que califica y la Sala la que puede decidir algo en un sentido contrario.

Desde tal punto de vista, creo que hay que ser respetuosos del trabajo que efectúa la Secretaría, puesto que en la sesión anterior se hicieron críticas que a mí no me parecen adecuadas. Este es un tema que, obviamente, se puede debatir desde lo jurídico, pero considero que las críticas realizadas a Secretaría no son pertinentes.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Lagos.

Vamos a dar un minuto y medio porque hay como diez inscritos.

El señor LAGOS.- Si es un minuto y medio, señora Presidenta, lo voy a decir en forma telegráfica.

Yo voy a respaldar la decisión de la Mesa, pues todos sabemos que el proyecto es inconstitucional. Pero hay un tema de fondo, cual es que se trata de un proyecto importante, un proyecto urgente y, lamentablemente, el Presidente cree que la señal es mala. Se junta con los empresarios dueños de las isapres y dice: "Bueno, logré que postergaran en tres meses el alza de los precios". ¿Sabe qué? Esa es la señal mala. Él puede decretar estado de catástrofe, puede enviar una iniciativa de ley, pero no nos obligue a nosotros a tener que hacer algo que no queremos.

El proyecto es inconstitucional y yo voy a respaldar a la Mesa en eso, está claro, pero pongámonos las pilas y, en vez de andar haciendo actos de provocación inútiles y que degradan la institución presidencial, como el que vimos el viernes pasado en Plaza Italia, o "Plaza de la Dignidad", mejor sería que se abocara a este asunto, tal como hoy día lo escuchamos para plantear el plan económico. Tenemos sesiones por delante para ver el tema salud.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señora Presidenta, la verdad es que uno echa de menos la iniciativa del Ejecutivo en estas materias, que tocan directamente a la gente. Y vamos a seguir teniendo innumerables discusiones sobre admisibilidad por inconstitucionalidad de proyectos de ley. ¿Por qué? Por la ausencia de la labor del Ejecutivo.

Hemos visto cómo se han anunciado hoy día medidas en el ámbito económico. Esta otra es una medida que va directo a la vena de las familias y todos sabemos que el Presidente tiene facultades para fijar precios de acuerdo al estado de catástrofe en el que nos encontramos.

Por lo tanto, señora Presidenta, pido formalmente, como Comité -lo he hablado con mis colegas-, una sesión especial para tratar este tema.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Reitero, por segunda vez, que hoy día la Mesa tiene una reunión con el Ministro Ward para definir un camino de trabajo en esta materia, dado que no se trata de estar debatiendo puntualmente, proyecto por proyecto, las admisibilidades. Creo que el Gobierno también puede tener disposición a patrocinar si logramos un buen diálogo político con él.

Tiene la palabra el Senador Galilea.

El señor GALILEA.- Señora Presidenta, creo que aquí hay que diferenciar, tal como lo han planteado otros Senadores, el punto político del punto jurídico. De que este proyecto es inconstitucional, no cabe ninguna duda. El artículo 65 de la Constitución así lo establece, sin ningún margen de duda.

Pero estoy de acuerdo en que algunos Senadores quieran levantar un punto político. ¿Puede el Presidente, a través del estado de catástrofe, imponer una fijación de precios? Efectivamente, puede hacerlo. ¿Puede llegar a un acuerdo sin necesidad de dictar un decreto formal que fije precios? También puede hacerlo. Tiene muchas maneras de actuar, de modo tal que el control de la pandemia funcione de forma coherente para la población.

Por lo tanto, creo que aquí el Senado tiene que honrar la juridicidad, pero también debe respetar los disensos políticos.

Si se tiene que celebrar una sesión especial al efecto, que se haga esa sesión especial. Si se prefiere un mecanismo distinto al que ha usado el Presidente de la República, no hay ningún problema en discutirlo y plantearlo para que el Ejecutivo tome en el asunto las cartas que le parezcan. Pero el Senado, sobre todo después de las declaraciones del ex Presidente de la Cámara de Diputados, tiene que ser un baluarte de la legalidad y la juridicidad.

Acá, todos queremos que la salud pública funcione, lo mismo que la salud privada. A la salud pública se le inyecta, en este caso, una enorme cantidad de recursos, y hay que hacerse cargo, también, de cómo va a funcionar la salud privada en una coyuntura completamente excepcional. No es un tema fácil; no hay una receta dada; da perfectamente para discutirlo. Pero no pasemos por alto todo lo bien construida que está nuestra orgánica constitucional.

Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, no iba a hacer uso de la palabra, pero quiero plantear lo siguiente.

Se señala que el Presidente de la República tiene facultad para establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella. Y algunos dicen que esa es una atribución exclusiva suya. Pero lo que estamos discutiendo es que las isapres, sin ser Presidente, sin ser legisladoras, aumentaron las tarifas. Aquí estamos hablando de tarifas. Y, por ende, creo que aquí hay una confusión de conceptos.

El proyecto no está modificando las normas de seguridad social, sino que está diciendo que, más allá de que el 7 por ciento vaya donde tiene que ir, los privados han aplicado un instrumento para, sin ser legisladores, sin ser Presidente, cambiar los precios y las tarifas de los planes. Y yo no creo que debatir sobre las tarifas de las isapres sea inconstitucional.

La iniciativa no incide en normas de seguridad social, sino en los precios por medio de los cuales las personas acceden a un beneficio, más allá del 7 por ciento que por ley cada uno tiene que aportar a un sistema de salud, sea este público o privado.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, es indudable que entrar en la discusión constitucional no tiene objeto alguno, pues aquí nadie ha argumentado en contra de nuestras normas constitucionales.

Sin duda, en la última intervención alguien habría dicho que las isapres están actuando de manera ilegal. Podrá decirse que están actuando de manera inmoral, pero no de manera ilegal, relativa al cumplimiento de las normas.

Sin embargo, lo que a mí me preocupa es que aquí se hacen, al voleo, acusaciones de que el Gobierno no está haciendo nada, que ha permanecido ausente en esta materia. Fíjese que el Gobierno en materia sanitaria ha decretado, entre otras cosas, el control por parte de la autoridad central de elementos esenciales para la atención de la población, como son las camas críticas y los ventiladores mecánicos. Y hoy día ha anunciado la intervención de una clínica privada en la Cuarta Región.

¡Qué me vienen a decir!

El Gobierno está usando todas y cada una de sus atribuciones. Y eso ha dado como resultado que estemos enfrentando de buena manera, como lo dice todo el mundo, esta crisis, esta pandemia, de la cual somos víctimas como país, como sociedad y también como población mundial.

El Gobierno está haciendo lo que verdaderamente se necesita. Y acusarlo de ausente me parece que es una irrealidad, es darles la espalda a los hechos.

El proyecto es inconstitucional, aquí y en la quebrada del ají. ¿Podemos debatir? ¡Debatamos! Pero no cabe duda alguna de que no podemos alterar las normas, porque, cuando uno las altera, las transgrede o las pasa por arriba, no está resolviendo ningún problema, sino agravando la situación de las personas, del Estado y de la institucionalidad. Y eso es algo que nadie quiere.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.- Gracias, señora Presidenta.

Hemos estado siguiendo el debate, donde se da una tremenda falacia. Yo les recomendaría a los colegas que han intervenido que leyeran los más de 370 mil fallos que la Corte Suprema ha dictado en relación con las isapres.

Aquí hay un sector que se ha coludido. Son las isapres, que se están aprovechando de la situación amparadas por el poder gubernamental. Digámoslo con todas sus letras. En un país serio -ya que estamos hablando de seriedad y de respeto a la institucionalidad-, un Presidente de la República no llama a sus amigos para pedirles por favor que no suban los precios. ¡Eso es inadmisible! De seguridad social, eso no tiene nada. Es, simplemente, la oportunidad de lucrar que las isapres han aprovechado en un momento de crisis.

Entonces, si vamos a hablar de institucionalidad, hablemos de institucionalidad.

¡Cómo es posible que los colegas que alegan la inconstitucionalidad no hayan leído los 360 mil fallos unánimes, contestes, de la Corte Suprema, un poder del Estado, en el sentido de que las isapres no tienen facultad para subir los planes de salud, y simplemente se refugien en el artículo 65, número 6º, de la Constitución!

Seamos claros.

Aquí está el lobby de las isapres, de los poderosos, de los que están poniendo recursos y no quieren que les toquen su negocio. Nuevamente, están efectuando un bloqueo. El proyecto es constitucional. Tenemos que abordar la situación y dejarnos de argumentos eufemísticos para seguir amparando a estos delincuentes.

Yo voto en contra de la declaración de inconstitucionalidad.

El proyecto tiene que discutirse y no nos hagamos más los lesos.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, efectivamente, el proyecto puede ser inconstitucional, pero es absolutamente moral: que este Senado, Senadoras y Senadores, saquen a la pizarra al Gobierno para enfrentar una situación de total y completo abuso. Las isapres han aumentado sus tarifas y no es posible aceptar que el Presidente de la República busque un acuerdo con este poder económico para prorrogar por algunos meses más el alza.

Lo que pretende el Senado es que se acaben los abusos de estas instituciones, los cuales, agravados con la situación de pandemia que están viviendo el mundo y nuestro país, reflejan lo que ellas son y cómo actúan, con indolencia total y completa, frente a los requerimientos que tienen las personas. Ahora, como gran gracia, han señalado que los análisis relacionados con el COVID tendrán costo cero. Es decir, esto es de una inmoralidad enorme.

Y si bien el proyecto es inconstitucional, yo voy a votar para que el tema se debata y se discuta en el Senado y para que el Gobierno se pronuncie si está o no en la lógica de colocar atajo a los abusos que históricamente las isapres, como también las AFP, han cometido en contra de la paciencia de las chilenas y los chilenos.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Goic.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, quiero reiterar que estamos ante un proyecto que ojalá se tratara en clave de seguridad social. Lamentablemente, no es así: se trata en clave de tema económico. Creo que en estos momentos viene muy bien la frase pronunciada por el profesor Luigi Zingales en el Congreso del Futuro -la utilizo porque es de él-, cuando hablaba de "capitalismo de amigotes". Me parece que no puede ser más gráfica.

Aquí, lo que le pedimos y le reiteramos al Gobierno, una vez más, es que se haga parte de estos debates. Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que plantea la ciudadanía, sobre todo ante situaciones de abuso como la que vemos con el alza de los planes de las isapres en medio de la pandemia. Está presente en la Sala el Ministro Ward, a quien varios le hemos señalado personalmente que el Gobierno debe hacerse parte en los temas de salud que nos preocupan hoy día.

Nosotros no podemos decirle a la ciudadanía: "No hacemos nada. Tomamos palco". Porque después lo que nos expresan es: "¿Y entonces para qué están?". ¿O tenemos que esperar de nuevo situaciones donde se nos echa la culpa a nosotros? Necesitamos que el Ejecutivo entienda que, si queremos salir adelante en esta pandemia, debe ser entre todos. Y eso también se hace acogiendo los planteamientos que se realizan en el Parlamento.

Se nos plantea: "Pongan en tabla el proyecto que ya se presentó sobre la materia". ¡Ese proyecto es un traje a la medida de las isapres! ¡Resuelve "sus" problemas!

Entonces, reitero: no podemos inhibirnos de efectuar ciertos debates si el Ejecutivo no está dispuesto a hacerse parte en serio de los temas y no de la manera como hoy ha frenado el alza de los planes, prorrogándolo para tres meses más. ¡Si ese es el resultado práctico de la reunión del Presidente de la República!

Quiero entregarles un dato a mis colegas. Para enfrentar los recursos que se presentan con el objeto de frenar el alza de los planes -ya se señalaba la cantidad-, las isapres gastan 30 mil millones. Eso gastaron el año pasado: ¡30 mil millones de pesos! Sus utilidades el año pasado fueron...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senadora Goic.

Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- ¿Se escucha?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sí, tiene la palabra, señora Senadora.

La señora ARAVENA.- Seré bien breve.

Voy a apoyar la inconstitucionalidad del proyecto, pero valoro profundamente el sentido de esta iniciativa.

Lamento también que las isapres hayan mostrado su peor cara en una de las crisis más importantes en la historia de la humanidad y que, justamente cuando más se necesitaba su compromiso, hayan enviado una señal clara: no les importa ni la ciudadanía ni el país.

Y hago un llamado al Gobierno, a mi Gobierno, para que no vuelva a pasar esto, que es lo mismo que sucedió con los permisos de circulación. No es posible que no trabajemos unidos y en equipo. Se agradece todo lo que está haciendo el Ejecutivo, pero este es un tema muy sentido en la ciudadanía, y no se puede dejar de darle sentido de urgencia a los temas.

La gente no puede seguir esperando, son vidas las que están en juego. Y, por lo tanto, llamo a trabajar en equipo.

Agradezco a la Presidenta el anuncio de que se iniciará una mesa de trabajo. Espero que no tengamos que discutir acá si estos temas son admisibles o no, porque está claro su inadmisibilidad, pero también es evidente la urgencia en su tramitación.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, seré muy breve.

Los tribunales de justicia, frente a estas alzas unilaterales que hacen las isapres todo el tiempo, las han declarado en su inmensa mayoría como ilegales, pero tenemos un problema con la Justicia chilena: falla caso a caso. Por lo tanto, no sienta ningún precedente. Más aún, se ha generado una industria de abogados: unos que defienden a las isapres, y otros, a los consumidores, pero por el lado de las isapres los juicios son financiados con lo que les cobran a los propios usuarios. Por lo tanto, ellos no tienen pérdidas.

Por consiguiente, no hay control a este abuso instalado en nuestro país.

Lo que se pretende con este proyecto, y así lo entiendo, es poner fin a un abuso, no a cómo funciona el sistema de isapres, sino a lo que es claramente un mecanismo ilegal. ¡Estamos poniendo término a la ilegalidad de la acción de las isapres cuando suben unilateralmente el precio de los programas, los que cambian sin ninguna justificación y sin que sea menester el asentimiento de los propios usuarios!

En consecuencia, frente a ese abuso, ¿qué nos ofrece el Presidente? Él llama por teléfono a personas que han sido sus socias, con las que tiene conflictos de interés, sin ninguna duda, y, en una suerte de colusión, se llega a un acuerdo fuera de la ley y fuera del mercado. Yo digo que es absolutamente irregular cómo se manejan los asuntos públicos, cuando aquí hay millones de millones de dólares dando vueltas.

¡Eso es lo que debemos terminar!

¡Eso es lo que tiene irritada a la gente que sale a protestar a las calles: el abuso, señora Presidenta!

En consecuencia, debemos dar una señal política de que esto se acabó, más aún en el dramático momento histórico que vive nuestro país. ¡Se acaba el abuso y se acaba ahora!

Y si este Congreso no es capaz de instalar este tema en la agenda, entonces no tiene ningún valor.

Por esa razón, dejémonos de andar siempre postergando, pateando estos asuntos, encontrando el subterfugio y la discusión. Aquí tenemos un problema político: ¡hay que poner término al abuso, aquí y ahora!

Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, a ver.

Evidentemente, la Corte Suprema ha declarado en reiterados fallos que el alza unilateral de los planes de isapres constituye una ilegalidad. Y eso, tal como se ha señalado acá, se resuelve caso a caso.

El problema es que tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso hace un buen tiempo. Y revisando los documentos, veía una minuta, que construyeron los Senadores de la Comisión de Salud en su oportunidad, con un conjunto de condiciones, en julio de 2019, y, lamentablemente, todavía el Gobierno no presenta una indicación, justamente, en el sentido que tenemos que hacerlo.

Coincido en que es inaceptable el abuso que se ha producido, particularmente en la clase media, pero no me parece adecuado que el camino sea presentar una moción inadmisible. Usted, como Presidenta del Senado, ha declarado que es inadmisible, lo que es evidente porque efectivamente, más allá de que es loable, de que es lo que se debe hacer desde el punto de vista legislativo, eso tiene que hacerlo el Gobierno.

Entonces, aquí la incapacidad política no ha estado o no estaría en declarar este proyecto admisible. La incapacidad política ha sido de sentar al Gobierno y decirle que tiene que presentar indicaciones en el proyecto que está en tramitación hace mucho tiempo en la Comisión de Salud del Senado para frenar este tipo de avance.

Por lo tanto, es muy fácil de repente dar discursos altisonantes, bien populistas y decir "Dejémonos de subterfugios". ¡Perdónenme! No es un subterfugio velar por la legalidad.

Si nosotros empezamos a instalar en el Congreso Nacional y en el Senado que se pueden presentar proyectos inadmisibles porque son, comillas, "justos", ¡perdónenme!, tenemos un problema.

El fundamento de fondo es que debemos obligar al Gobierno. Y si ahí está sentado el Ministro Ward, que se comprometa a presentar un proyecto a la brevedad posible para frenar este tipo de injusticias que evidentemente mantienen indignada a la gente; pero presentar otro proyecto inadmisible, tal como lo hicieron respecto a los permisos de circulación, solo seguirá denostando la institucionalidad del Senado. Para eso, no estoy disponible.

Voy a apoyar a la Presidenta del Senado, la Senadora Muñoz, que ha declarado inadmisible este proyecto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Sandoval, ¿quiere intervenir sobre este tema?

Fundamente su voto en dos minutos.

El señor SANDOVAL.- Señora Presidenta, respecto al fondo del debate, sin duda, ¡quién podría estar en contra respecto a estas decisiones! Sin embargo, no es la forma. Esto es meramente para generar un hecho político, pero sin ningún efecto práctico.

Aquí lo que debemos hacer es avanzar, señora Presidenta. Tenemos un proyecto que lleva siete años en el Senado. ¡Siete años esperando tramitación! Se ha calificado con 23 urgencias, 21 "sumas", y no se ha querido avanzar en su tramitación.

Las diferencias que señalaba el Senador Harboe -por su intermedio, señora Presidenta- pueden ser válidas, pero esa es la instancia sobre la cual podemos llegar a una solución para este problema.

Aquí se han manifestado expresiones duras, como "coludidos", "delincuentes", señalaba el Senador De Urresti; "amoral". También podríamos ponerlo en discusión. ¿Es moral que hoy día se estén cobrando aranceles a los estudiantes de las universidades que no están en clases? ¿Es moral que las cajas les estén cobrando los créditos sociales a los adultos mayores? Sin duda que no.

Esta es una discusión, señora Presidenta, que debemos poner en la dimensión que corresponde. Y la reforma al sistema de isapres -nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier abuso- evidentemente que hay que tramitarla. Por desgracia, no es iniciativa nuestra, del Senado.

Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en el presente? Sentarnos a conversar para ver de qué manera llegamos a un solución concreta, porque llevamos todo este tiempo discutiendo sobre un proyecto que, en definitiva, no vamos a poder tramitar y que no tendrá ninguna viabilidad, porque será declarado inadmisible. Y, por lo tanto, la gente afectada, respecto a la cual se hace tanto alarde, ¿va a seguir esperando una solución?

¿Cuál es la solución? Sentémonos a la mesa, la Oposición con el Gobierno, construyamos los acuerdos, hagamos las modificaciones a la Ley de Isapres, que lleva siete años esperando en el Senado. Esta es la forma, en definitiva, en que le podremos decir a la gente, al final del día: "Hay una solución para este problema". Esto debiera ser la antítesis para otros tantos temas que están esperando terminar también con abusos.

Voto que sí, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar un informe sobre la admisibilidad o inadmisibilidad.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señora Presidenta, con relación a este proyecto, quiero mencionar dos cuestiones fundamentales.

Respecto a la votación, quienes voten por la opción "sí" están apoyando la posición de la Mesa de declarar inadmisible el proyecto; quienes voten por la opción "no" están por declararlo admisible.

Sobre el particular, y como se ha dicho, la Secretaría, en virtud del apoyo técnico que da a la Mesa, estimó que la iniciativa incide dentro de las materias de seguridad social, particularmente, por cuanto estas se conforman de cuatro aspectos: el sistema de pensiones, para las contingencias de vejez y de invalidez y muerte; el sistema de salud, para las contingencias de enfermedades y embarazos; el sistema de seguro de accidentes del trabajo, y el seguro de cesantía, para la contingencia de desempleo.

Claramente, este proyecto se refiere a uno de esos temas: el sistema de salud, uno de los aspectos de la seguridad social, conforme al artículo 65, número 6°, inciso cuarto.

La iniciativa que se presentó trata dos aspectos: por un lado, suspender las adecuaciones de los precios de las isapres, y, por otro, suspender las alzas de precios de los prestadores de salud privados.

Teniendo presente lo que señala la norma, referida a materias de iniciativa exclusiva del Presidente, en todas aquellas materias relativas a normas sobre seguridad social o que incidan en ella, claramente, su extensión es bastante omnicomprensiva de todas las situaciones o aspectos relativos a la seguridad social, desde que se refiere a que "incidan en ello".

La segunda parte del numeral también se refiere a que estos aspectos abordan tanto al sector público como al sector privado, lo que reafirma la intención del constituyente de que en todo lo relativo a la seguridad social, ya sea que lo realice el sector público o el sector privado, las leyes que inciden en ello son de iniciativa exclusiva del Presidente.

La Secretaría tuvo en vista la propia minuta presentada en el proyecto.

En el número 3, letra c), se señala que existirían casos en los cuales el precio del plan de salud excede el tope de la cotización máxima obligatoria. Y en este sentido lo relevante es que, como se indica en la minuta, de esto se hace alusión conforme a lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social.

En consecuencia, si se trata de un caso de seguridad social, claramente corresponde que se pronuncie la Superintendencia; si no fuera el caso, no le incumbiría, y expresamente se cita que es del ámbito de la Superintendencia de Seguridad Social y, por lo tanto, es una materia de seguridad social.

Asimismo, la propia minuta cita un fallo del Tribunal Constitucional que se refiere a la determinación de los factores de precio y del precio base (sentencia rol 1.710-2010), donde expresamente se refirió a la regulación de las disposiciones que provengan de una iniciativa legal que infrinjan o aborden aspectos de la seguridad social. Y, en el mismo sentido, existe un fallo de la Excelentísima Corte Suprema (rol 9.169-2019), que también es citado.

En consecuencia, esta materia está abordada plenamente dentro del ámbito de la seguridad social, y la iniciativa, desde ese punto de vista, se transforma en inadmisible.

Hecha esa precisión, también es importante señalar, con relación a la alusión de la intervención de la Secretaría en el apoyo técnico que le da a la Mesa, que este proyecto ingresó directamente a Comisión sin que previamente pasara por Secretaría para ver su admisibilidad, sin perjuicio de lo cual se contactó a personal de la Secretaría para que emitiera una opinión. Además, la citación de la Comisión quedó sujeta a la condición de que se diera cuenta de esta iniciativa y que fuera remitida a la Comisión de Salud para ser convocada el día de hoy y no ayer, como ocurrió.

En consecuencia, la opinión técnica que se le brinda a la Mesa se produce luego de haber actuado la Comisión sin que previamente el proyecto hubiera pasado por Secretaría.

Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- A continuación, vamos a consultar por su opción de voto a las señoras y señores Senadores que se encuentran participando de la sesión en forma remota.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador Allamand, ¿cómo vota?

El señor ALLAMAND.- Apoyo a la Mesa: el proyecto es inadmisible.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.- Voto que no. Y espero que realmente terminemos con los abusos de las isapres, lo cual nunca ha querido hacer este Gobierno, y francamente es un escándalo.

Hay que considerar los fallos que ha emitido una y otra vez la Corte de Apelaciones, que ha dicho permanentemente que son ilegales las alzas que año tras año aplican las isapres.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.- Apruebo la decisión de la Mesa: voto que sí.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.- En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.- Apoyo a la Mesa.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.- En contra.

Esta norma no es inconstitucional...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ya fundamentó.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.- A favor de la Mesa. Y ojalá se revise el proyecto de isapres en el fondo.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Señores Senadores, ya fundamentaron su voto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.- A favor de la Mesa.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.- En contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.- Voto en contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

Senador, tiene que activar su micrófono.

El señor PROHENS.- A favor de la Mesa.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.- Voto en contra. El alza del valor de los planes de las isapres no puede ser limitado por un telefonazo; tiene que ser por ley.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.- Voto en contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

Tiene que activar el micrófono.

El señor INSULZA.- En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador de los que se encuentran presentes aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se declara inadmisible la moción (21 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Kast, Lagos, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.

Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Órdenes, Provoste y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Quinteros y Soria.

Se abstuvieron la señora Rincón y el señor Chahuán.

ACUERDOS DE COMITÉS

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de los acuerdos de Comités.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Los Comités, en comunicación del día sábado 4 de abril, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Autorizar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para lo siguiente:

Primero, tratar el veto de su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley sobre indulto general conmutativo con anterioridad a que se dé cuenta de él en la Sala.

Segundo, autorizar al Presidente de la referida Comisión para citar a sesión con una anticipación inferior a los plazos reglamentarios, si ello fuere necesario, para el tratamiento de la iniciativa mencionada.

Tercero, informar el veto presidencial de la referencia mediante certificado, si no estuviere elaborado el informe, para la sesión de Sala respectiva.

2.- Colocar dicho asunto en el primer lugar de la tabla de la sesión extraordinaria citada para el día miércoles 8 de abril próximo.

Esos fueron los acuerdos del día 4 de abril.

Los Comités, en sesión celebrada el día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión de hoy las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile (boletín Nº 13.358-07), con urgencia calificada de "discusión inmediata". Este proyecto se tratará sin debate. Se abrirá la votación al inicio, inmediatamente después de efectuado el informe, realizando una sola votación respecto de todas las observaciones formuladas. El tiempo para fundamentar el voto será de una hora en total, distribuyéndose dicho tiempo entre los Comités del siguiente modo:

-Partido Renovación Nacional e Independientes: trece minutos.

-Partido Unión Demócrata Independiente: trece minutos.

-Partido Por la Democracia e Independientes: once minutos.

-Partido Socialista: diez minutos.

-Partido Demócrata Cristiano: siete minutos.

-Partido País Progresista e Independientes: cinco minutos.

-Partido Evópoli: cinco minutos.

-Partido Revolución Democrática: cinco minutos.

Los jefes de los respectivos Comités, si lo estiman pertinente, podrán remitir a la Mesa una nómina con los nombres de las señoras o los señores Senadores que intervendrán, informando el tiempo que se otorgará a cada uno, de acuerdo a la distribución de minutos que se ha informado precedentemente.

2.- Tratar en el segundo lugar del Orden del Día de la sesión de hoy el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones de seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica (boletín N° 13.401-13), con urgencia calificada de "discusión inmediata", y ratificar lo obrado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social el día de ayer, dándola por autorizada por haber tratado el referido proyecto antes de que se haya dado cuenta de él en la Sala.

3.- Citar a sesión especial para el día martes 14 de abril del presente año, de 11 a 14 horas, a fin de tratar el sistema de administración de pensiones (AFP).

Este acuerdo fue adoptado con el voto en contra del Honorable Senador señor Moreira.

4.- Tratar en el tercer lugar la admisibilidad del proyecto de ley, iniciado en moción de la Honorable Senadora señora Goic y Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Quinteros, que suspende temporalmente las adecuaciones de precios base de los planes de salud por parte de instituciones de salud previsional y las alzas de precios de prestaciones por parte de los prestadores de salud privados. Fue solicitada la votación de su admisibilidad, la que ya fue efectuada con anterioridad.

5.- Tratar en el cuarto lugar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Ossandón, Allamand, De Urresti, Harboe y Pérez, que fortalece los protocolos determinados por la institucionalidad de salud pública en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, mediante el aumento de las penas a delitos por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad, con certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (boletín N° 13.363-07). Si no se alcanzare a analizar este proyecto en la presente sesión, considerar en la próxima reunión de Comités su inclusión en un lugar preferente de la tabla de la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria de Sala.

6.- En materia de funcionamiento del Senado durante la crisis sanitaria que afecta al país, especialmente en lo relativo a la celebración de sesiones y votaciones a distancia vía telemática, se acordó aprobar el siguiente protocolo de trabajo en relación con la participación de las y los parlamentarios conectados de manera remota, a efectos de su adecuada aplicación o uso y mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe que se ha declarado:

PRIMERO: Las sesiones de Sala o de Comisiones, en esta modalidad de participación y votación remota o telemática, podrán celebrarse tanto con señores Senadores y señoras Senadoras presentes en la sede del Congreso, Sala o Comisiones, como con aquellas y aquellos Senadores que no hayan podido concurrir presencialmente y opten por su asistencia vía conexión remota o telemática.

SEGUNDO: Las señoras Senadoras y los señores Senadores que participen de manera remota o telemática en sesiones de Sala deberán así comunicarlo previamente a la casilla de correo electrónico [email protected], con copia a la casilla [email protected]. En caso de sesiones de Comisiones, la comunicación se hará a la señora o señor Abogado Secretario de la Comisión respectiva. Para la participación de Ministros, Subsecretarios u otros invitados especiales en forma remota o telemática, se requerirá el envío de la respectiva solicitud o comunicación previa a las casillas de correo electrónico antes mencionadas, debiendo mantenerse los resguardos de seguridad informáticos.

TERCERO: Tal como se ha hecho hasta ahora para efectos de quorum, se considerará tanto a las y los señores Senadores presentes en Sala o Comisiones como a aquellos que se encuentren participando en forma remota o telemática.

CUARTO: Las señoras y señores Senadores podrán participar en las sesiones de Sala o de Comisión en forma presencial o a distancia por vía telemática, a su elección, sin poder alterar dentro de una misma sesión la modalidad de participación elegida.

QUINTO: La participación de forma remota o telemática no generará derecho a viático.

SEXTO: Quienes participen en sesiones de Sala o Comisiones de manera remota o telemática deberán hacerlo desde una oficina o inmueble con las condiciones pertinentes y adecuadas para su participación.

SÉPTIMO: En las sesiones telemáticas o remotas se otorgará hasta cinco minutos para las intervenciones de cada señora o señor Senador que participe en la sesión, ya sea a distancia vía telemática o bien presencialmente en Sala. Mismo tiempo se otorgará para la fundamentación de voto. Lo anterior es sin perjuicio de que cada señora Senadora o cada señor Senador pueda remitir sus intervenciones por escrito para incluirlas en el Diario de Sesiones, las que no podrán exceder de cuatro páginas, debiendo ser presentadas a más tardar dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la sesión respectiva.

OCTAVO: El señor Senador o señora Senadora que participe de forma remota y vote telemáticamente deberá visualizarse en la pantalla al momento de emitir su voto.

NOVENO: Se ratifica y mantiene el acuerdo de sesionar una vez a la semana en forma presencial en Sala o a distancia vía telemática para las señoras y los señores Senadores que no puedan concurrir a la Sala. Y, si hay algún proyecto con urgencia, se mantiene la facultad de la Mesa para citar a sesión extraordinaria o especial, presencial y/o a distancia. Lo anterior, sin perjuicio de la evaluación que semanalmente realizarán los Comités respecto a la forma de funcionamiento de la Corporación.

DÉCIMO: Se autoriza a las Comisiones para sesionar en paralelo a la Sala a fin de revisar proyectos de ley vinculados o derivados de la actual contingencia sanitaria que afecta al país.

UNDÉCIMO: Sesionarán con preferencia principalmente las Comisiones de Hacienda; de Trabajo y Previsión Social; de Salud; de Economía, y de Constitución, Legislación, Justica y Reglamento, sin perjuicio de que, por la urgencia de otra materia, se pueda citar a otra Comisión. Podrán sesionar hasta dos Comisiones en jornada de mañana y dos en jornada de tarde, para lo cual se elaborará el respectivo calendario y horario.

DUODÉCIMO: Todos los proyectos que se presenten deben ser estudiados por la Comisión respectiva del Senado, cualquiera sea el origen de dicha iniciativa. Para este efecto, cuando se trate de proyectos que digan relación con materias vinculadas o derivadas de la declaración de estado de excepción de catástrofe o situación sanitaria que vive el país y sus efectos, se faculta a la Mesa para que disponga la remisión del proyecto respectivo para su estudio a la Comisión competente, con antelación a dar cuenta de él en la Sala, siempre previo examen de admisibilidad en cada caso.

Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ofrezco la palabra sobre los acuerdos de Comités.

El señor BIANCHI.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, señor Senador.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, recién tratamos el tema de las isapres, pero hay otra situación del todo urgente respecto de la cual hemos venido repitiendo con insistencia que hay que discutir: el enorme daño que sufren los cotizantes de las AFP.

Hoy día logramos un acuerdo en reunión de Comités -con el voto en contra del Senador Moreira- para que esa materia se pueda debatir la próxima semana.

Sinceramente, quiero agradecer eso y también pedirle al país que esté atento a tal discusión, porque el daño que se ha ocasionado es extraordinariamente grave.

Frente a ello, las AFP han estado absolutamente ausentes de su responsabilidad en cuanto al manejo que han hecho de nuestros fondos. Y el Gobierno está aún más ausente, aceptando lo que han sido estos abusos sistemáticos...

El señor MOREIRA.- ¡Ya se tomó el acuerdo!

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Así es.

Sobre los acuerdos de Comités, tiene la palabra la Senadora Goic.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, así como se acordó hacer una sesión especial el próximo martes para ver el tema de las AFP y los fondos de pensiones, solicito que, aprovechando la oportunidad, también hagamos una sesión especial -o dedicar parte de la sesión ya citada- para analizar el aumento de los precios de los planes de las isapres.

Hoy no vamos a poder tramitar la propuesta legislativa que habíamos presentado, pero no nos podemos quedar callados. Ya he señalado que sin la iniciativa del Ejecutivo de verdad no vamos a poder responder a algo que es muy sentido hoy día.

Me parece que debemos hacernos cargo de eso al menos en el debate. Por ello, solicito que el punto se discuta en Comités a fin de acordar que el día martes hagamos una sesión especial, en seguida de la que ya se citó o como parte de ella, para tratar lo relativo al alza de precios de los planes de las isapres.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tenemos el acuerdo, Senadora Goic, para tratar el martes en sesión especial lo concerniente a las AFP.

Por cierto, como Mesa vamos a proponer otra fecha para discutir el tema de las isapres, como se acordó en la Sala.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sobre los acuerdos de Comités, tiene la palabra el Senador Navarro.

El señor NAVARRO.- Quiero tener claridad, señora Presidenta, sobre dos iniciativas.

El miércoles pasado presentamos dos proyectos de ley: uno que permite a los afiliados pensionados retirar fondos de las AFP, y otro que establece una franja cultural educativa obligatoria en los canales de televisión. Ambas materias no fueron incluidas en la Cuenta inicial, pero me señalan que hay una Cuenta agregada. Quisiera saber si vienen ahí.

Tratar el tema de las AFP en un proyecto de ley es distinto que hacerlo en un debate. Podemos discutir todo lo que queramos, pero la gente se va a morir si no somos capaces de permitir que retiren parte de sus fondos. Ese es el tema importante. No vamos a resolver con un debate temático del Senado los problemas reales de millones de afiliados que están perdiendo brutalmente sus ahorros y que no pueden retirar ni un solo peso.

El proyecto de ley apunta a ello, y espero que hoy se dé cuenta de él, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Navarro.

¿Hay alguien más que haya solicitado hacer uso de la palabra sobre los acuerdos de Comités?

Senador De Urresti, ¿usted va a informar sobre el proyecto que está en tabla o va a opinar sobre los acuerdos de Comités?

El señor DE URRESTI.- Es una solicitud.

El señor MONTES.- Señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Montes, ¿sobre los acuerdos de Comités?

El señor MONTES.- Así es.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.

También ha pedido intervenir el Senador Quintana.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador De Urresti, hasta por un minuto.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, deseo plantear dos cosas sobre la Cuenta.

Había quedado pendiente una solicitud que hicimos con relación a que el proyecto de ley que otorga facultades al Banco Central vaya no solo a la Comisión de Hacienda, sino también a la de Constitución. Es una iniciativa de reforma constitucional y tiene que ir a este último órgano técnico.

Lo segundo es que el informe presencial respecto del proyecto que se verá a continuación lo va a hacer el Senador Víctor Pérez. Solo quiero agregar que la Comisión de Constitución sesionó ayer, oportunidad en la cual despachamos el veto aditivo, por unanimidad de cinco por cero, incluidas las adecuaciones que se introdujeron en coordinación con el Ministerio de Justicia.

El informe lo dará en la Sala el integrante de la Comisión Senador Víctor Pérez.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador De Urresti, ¿usted va a entregar un informe como Presidente o solo el Senador Pérez?

El señor DE URRESTI.- El Senador Pérez lo hará, porque él tiene el texto completo. Yo simplemente informé que estuvimos sesionando ayer en la Comisión durante dos horas y media.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Montes, tiene la palabra sobre los acuerdos de Comités.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, creo que sería muy importante considerar en algún momento debatir sobre el segundo plan económico que presentó el Gobierno.

Al día de hoy todavía no se pagan los 50 mil pesos del bono que se aprobó, y hay problemas serios. Ya tenemos en varios lados -por ejemplo, en Bajos de Mena- ollas comunes.

Pienso que es importante tomar conciencia de lo que está ocurriendo; por tanto, sería bueno tener un momento de debate en la Sala respecto de esta materia.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.

Vamos a incorporar este tema dentro de los debates de Sala.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Quintana, sobre los acuerdos de Comités.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, yo me inscribí para hablar después de la Cuenta, con el objeto de pedirle que recabe el acuerdo de la Sala para ampliar el plazo de indicaciones, que venció hace dos días, respecto del proyecto que modifica el sistema de evaluación en el primer ciclo básico (boletín N° 11.992-04).

Este proyecto cobra hoy día más vigencia que nunca, dada la anormalidad en las clases. Esto hay que hablarlo en algún momento. La escala numérica claramente no va a dar respuesta a aquello, más aún cuando las familias recién están logrando -y, por supuesto, también los profesores- un ritmo de aprendizaje con los estudiantes, con cierta dificultad. Hay una brecha social que impacta en este ámbito. Pese a que ha habido dificultades, se ha observado cierto nivel en materia de educación no presencial.

Por lo tanto, se hace necesario presentar indicaciones para dar cuenta de esa realidad. Algunas de ellas son bastante transversales y las hemos conversado con el Senador Rodrigo Galilea, por ejemplo, y también con la Senadora Yasna Provoste.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Habría acuerdo?

¿Hasta cuándo sería el nuevo plazo?

El señor QUINTANA.- Hasta mañana al mediodía, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿La Sala está de acuerdo con la solicitud del Senador Quintana?

El señor COLOMA.- Me pareció entenderle al Senador que toda la Comisión está de acuerdo en esta petición.

Basta que me haga un gesto nomás para responderme.

El señor QUINTANA.- Sí.

Algunas indicaciones son bien transversales, pues fueron fruto de un acuerdo para darle viabilidad al proyecto en la Sala.

El señor COLOMA.- Ya. Okay. Esa era la consulta, señora Presidenta.

Damos la unanimidad.

El señor QUINTANA.- ¡24 horas nomás!

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Okay.

Hasta mañana, a las 12, en la Secretaría de la Comisión de Educación.

--Así se acuerda.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- El Senador De Urresti solicitó que el proyecto que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, para establecer disposición excepcional que indica, vaya a la Comisión de Constitución.

¿Habría acuerdo?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En su caso, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- La iniciativa va a pasar a la Comisión de Economía, pero el Senador De Urresti ha pedido que vaya también a la de Constitución.

El señor COLOMA.- ¿Adónde?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- A la de Economía y después a la de Constitución.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

El señor COLOMA.- Va a Hacienda primero.

El proyecto sobre el Banco Central no va a Economía.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Es la iniciativa referida a la Ley de Protección de la Vida Privada.

Hay acuerdo, entonces.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- El señor Secretario hará una precisión respecto de los acuerdos de Comités.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.

En el punto séptimo de los acuerdos de Comités a los que se dio lectura, relativo a la participación en las sesiones vía remota o telemática, se planteó la posibilidad de insertar las intervenciones escritas al Diario de Sesiones con una extensión máxima de cuatro páginas. Al parecer, existe una inquietud en el sentido de que sería un poco extenso. Por tanto, quisiéramos saber si habría acuerdo en la Sala para disminuir esa cantidad de páginas.

El señor COLOMA.- No entiendo bien.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Son las páginas para incorporar las intervenciones al Diario de Sesiones.

El señor COLOMA.- ¿En el mundo de la "telematía"?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- De la telemática.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- De los "colegas telemáticos".

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, véanlo bien en los Comités.

Yo comparto lo que dijeron los Senadores Moreira y Sandoval. Sé que este es un tema resuelto, en cuanto a esta dualidad telemático-presencial, digamos. Pero yo trataría de que las condiciones sean las mismas para unos y otros.

Yo preferiría que fuese o todo telemático o todo presencial. Eso sería mucho más fácil. Si no, uno como presencial reclamaría las mismas cuatro páginas.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Es para todos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Es para todos: los presentes en Sala y los que se encuentran a distancia.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Yo creo que es odioso introducir discriminación.

El señor COLOMA.- Pero es un cambio que...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ese tema ya está conversado, está resuelto por los Comités.

Habría que definir si son dos o cuatro páginas.

Yo creo que da lo mismo.

El señor COLOMA.- Lo menos posible, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se acordarían dos páginas, tanto para los que se encuentran presentes como para quienes están a distancia.

Acordado.

IV. ORDEN DEL DÍA

Boletín N° 13358-07

CONCESIÓN DE INDULTO GENERAL CONMUTATIVO POR ENFERMEDAD COVID-19. VETO

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Corresponde analizar a continuación las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Carta Fundamental, al proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (13.358-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite: sesión 6ª, en 25 de marzo de 2020 (se da cuenta).

Tercer trámite: sesión 8ª, en 27 de marzo de 2020.

Veto sustitutivo: sesión 12ª, en 8 de abril de 2020.

Informes de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (certificado): sesión 7ª, en 26 de marzo de 2020.

Mixta (certificado): sesión 10ª, en 31 de marzo de 2020.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 12ª, en 8 de abril de 2020.

Discusión:

Sesiones 7ª, en 26 de marzo de 2020 (se aprueba en general y en particular); 8ª, en 27 de marzo de 2020 (se rechazan las modificaciones de la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta); 10ª, 31 de marzo de 2020 (se aprueba el informe de Comisión Mixta).

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Su Excelencia el Presidente de la República presentó siete observaciones al texto despachado por el Congreso Nacional.

Una de ellas propone adicionar al proyecto de ley un artículo 8°, nuevo, que regula las consecuencias del incumplimiento de las penas de reclusión domiciliaria total o reclusión domiciliaria nocturna aplicadas en virtud de esta ley, o de los permisos contemplados en esta normativa. También regula el efecto de la condena por crimen o simple delito cometido durante el cumplimiento de las referidas penas de reclusión domiciliaria total o reclusión domiciliaria nocturna, según corresponda. En todos estos casos se establece que la persona deberá cumplir de manera efectiva el saldo de la pena original que le hubiere sido conmutada.

Otra de las observaciones formuladas plantea agregar, en el artículo 14, un inciso segundo, nuevo, que incorpora, dentro de la nómina de ilícitos que no permiten acceder a los beneficios que contempla esta iniciativa, los delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar.

Dos de las referidas observaciones proponen añadir sendas oraciones nuevas en el inciso segundo del artículo 6° y en el inciso segundo del artículo 11 a fin de prohibir a las personas condenadas a las sanciones accesorias de prohibición de acercamiento o de obligación de abandono del hogar común que fijen como domicilio el que corresponde a la víctima.

Las tres observaciones restantes plantean sustituir, en los artículos 12, 13 y 16, referencias internas a algunas normas del proyecto para ajustarlas a la nueva numeración resultante de incorporarse el nuevo artículo 8° propuesto.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia en su informe de que su Presidente estimó admisibles las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República, pues dicen relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Dicha instancia técnica, por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Allamand, De Urresti, Harboe, Huenchumilla y Pérez, concordó con este planteamiento. Y por la misma unanimidad indicada aprobó las observaciones mencionadas.

Todas las observaciones formuladas requieren para ser aprobadas el voto favorable de 22 Senadores en ejercicio, por tratarse de normas de quorum calificado.

El texto de las observaciones presentadas se consigna en las páginas 22 a 24 del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Conforme a lo acordado por los Comités, el veto se tratará sin debate y se abrirá la votación inmediatamente después de efectuado el informe, realizando una sola votación de todas las observaciones. Por otro lado, el tiempo para fundamentar el voto será de una hora en total, que se distribuirá por Comités en la forma que ya se indicó. Solo un Comité ha hecho llegar la nómina de Senadores que intervendrán.

Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.

En discusión las observaciones.

Para entregar el informe de la Comisión, tiene la palabra el Senador Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, el día de ayer la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, presidida por el Senador De Urresti, sesionó telemáticamente para conocer las observaciones formuladas por el Presidente de la República al texto del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile.

El origen de estas observaciones se encuentra en el rechazo, por parte de la Cámara de Diputados, de los acuerdos que se habían alcanzado en el trámite de Comisión Mixta.

El veto formulado por el Ejecutivo, básicamente, restablece diversas normas que en su oportunidad ya había aprobado nuestra Corporación.

Como mencionó el señor Secretario, el Presidente de la República presentó siete observaciones. Algunas de ellas suponen simples adecuaciones formales y son consecuencia de la aprobación de otras observaciones muy importantes.

Entre estas últimas cabe destacar la observación número 2, que repone en el proyecto el artículo 8°, disposición que ya había sido sancionada por el Senado.

Este precepto regula los efectos del incumplimiento de las penas que pasarán a cumplir las personas que resulten indultadas como consecuencia de la aplicación de la ley, es decir, la pena de reclusión domiciliaria total o la pena de reclusión domiciliaria nocturna, según sea el caso; o de los permisos señalados en los artículos 9° y 10 del proyecto.

Asimismo, el referido artículo determina el efecto de la condena por crimen o simple delito cometido durante el cumplimiento de la pena de reclusión domiciliaria total o de la pena de reclusión domiciliaria nocturna, según corresponda. En todos estos casos se dispone que la persona deberá cumplir de manera efectiva el saldo de la pena original que se le hubiese conmutado, abonándose el tiempo que hubiere alcanzado a cumplir de la pena de reclusión domiciliaria total o de la pena de reclusión domiciliaria nocturna, según sea el caso. Ello es sin perjuicio de la aplicación de la pena que corresponda por el nuevo crimen o simple delito.

Esta disposición es muy importante, porque en nuestro ordenamiento jurídico no existe un cuerpo normativo que regule de manera sistemática y general las consecuencias que se deriven del quebrantamiento de las nuevas penas por las que se conmutan vía indulto general aquellas privativas y restrictivas de libertad. En este sentido, el artículo 90 del Código Penal y el Título IV de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, no resultan aplicables a los supuestos que la ley en proyecto contempla. Por lo tanto, a efectos de evitar posibles lagunas en esta materia y fomentar la impunidad de los reincidentes, una norma que regule expresamente las consecuencias derivadas del incumplimiento de las nuevas penas de que trata la ley en proyecto resulta fundamental.

La segunda observación relevante es aquella que determina el catálogo de delitos excluidos del indulto general.

La observación número 6 agrega al artículo 14, que pasa a ser artículo 15, una serie de figuras penales que ya estaban consideradas en el texto que propuso la Comisión Mixta que estudió esta iniciativa. Básicamente, ellos son: los ilícitos previstos en los artículos 8°, 10, 13 inciso segundo, 14 inciso final y 14 D incisos primero y segundo, del decreto N° 400, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre control de armas; y el artículo 16 de la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Esta observación también añade al catálogo de ilícitos excluidos los previstos en el artículo 296, 366, en el Párrafo III y III bis del Título VIII del Libro II, todos del Código Penal, y en el artículo 240 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar.

De esta forma, se busca dar el debido resguardo a todas las mujeres y a todos los niños y las niñas que son o que puedan ser víctimas de violencia intrafamiliar, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 20.066, que establece Ley de Violencia Intrafamiliar.

Finalmente, cabe destacar que otras observaciones están en concordancia con esta última enmienda. Por ejemplo, la de establecer, como lo hacen las observaciones números 1 y 3, que "Las personas que estuvieren condenadas a la sanción accesoria de prohibición de acercamiento, o a la sanción accesoria de obligación de abandono del hogar común, en ningún caso podrán fijar el domicilio de la víctima".

Señora Presidenta, la Comisión, que presidió el Senador De Urresti, estimó que todas las observaciones eran admisibles, pues estaban en concordancia con las ideas matrices del proyecto, dando de esta manera cumplimiento a lo que establecen las normas constitucionales y legales sobre el particular. Asimismo, se deja constancia de que cada una de ellas fue aprobada en forma unánime por los integrantes del referido organismo.

Por las razones antes señaladas, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone a la Sala del Senado proceder en el mismo sentido.

He concluido el informe, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Pérez.

En votación.

--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Antes de que fundamenten el voto, le otorgaré el uso de la palabra al Ministro señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señora Presidenta, el proyecto de indulto conmutativo que el Gobierno está impulsando con el propósito de que una cantidad significativa de personas privadas de libertad -del orden de 1.300- puedan cumplir bajo arresto domiciliario el resto de su pena tiene un objetivo de carácter sanitario.

Esta iniciativa, en lo fundamental, ha sido aprobada por este Congreso.

Sin embargo, dos disposiciones acordadas en forma unánime por la Comisión Mixta que vio las diferencias entre ambas Cámaras, y que fueron aprobadas en forma ampliamente mayoritaria por el Senado, no alcanzaron en la Cámara de Diputados el quorum suficiente.

Por eso, en vista de la necesidad de estas normas -en particular una de ellas-, el Gobierno ha decidido reponerlas a través de este veto aditivo.

Una de ellas es la del artículo 8° del entonces proyecto aprobado, que establecía las consecuencias que derivaban del incumplimiento del arresto domiciliario de parte de quien fuera beneficiado por este indulto.

Esta norma es absolutamente esencial, porque, de lo contrario, el indulto ya no es conmutativo, sino que, en la práctica, termina remitiendo la pena, pues deja en libertad al beneficiario, ya que no tendría consecuencias el incumplimiento del arresto domiciliario.

Entonces, es necesario reponer esa disposición.

Y la otra dice relación con dos tipos de delitos que fueron incorporados en la Cámara de Diputados: los delitos previstos en la Ley de Control de Armas y en el artículo 16 de la ley Nº 20.000 (tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas), referido a la asociación ilícita para el narcotráfico. Estos se habían incorporado en el catálogo de delitos excluidos, pero, por no reunir el quorum, ello no pudo convertirse en texto acordado por el Congreso.

En consecuencia, el veto en lo sustantivo repone estas dos normas.

Ahora bien, aprovechando esta instancia, nos hemos hecho eco de algunas inquietudes que han planteado distintas instituciones, como el Ministerio Público o algunas agrupaciones que representan los derechos de las mujeres, que nos pidieron incluir en el catálogo de los delitos excluidos los de violencia intrafamiliar.

Por lo tanto, aparte de reponer los otros delitos que habían carecido de quorum en la Cámara de Diputados, en este veto incorporamos los delitos de violencia intrafamiliar.

Finalmente, una observación de carácter práctico, pero de mucha importancia, relacionada precisamente con lo que he mencionado.

Las personas que acceden al arresto domiciliario deben fijar el domicilio donde cumplirán el resto de la pena. Pues bien, a los beneficiados que posean antecedentes de violencia intrafamiliar se les prohíbe que fijen como domicilio el de la víctima, para dar tranquilidad y la seguridad de que no repetirán conductas indebidas en ese caso.

Señora Presidenta, en lo fundamental, este es el contenido del veto, que es relativamente sencillo y claro. Considera normas que en su momento este Senado ya aprobó.

Esperamos que, como lo hizo la Comisión de Constitución -aprovecho de agradecerle la rapidez y la unanimidad con que aprobó este veto-, la Sala pueda repetir la votación allí producida, con el propósito de que este indulto sea realidad a la brevedad posible.

La situación de las cárceles es muy delicada y compleja. Necesitamos descongestionarlas. Este proyecto, que tiene un sentido esencialmente humanitario, da un paso en esa dirección. Debemos dar muchos más, pero esto es esencial. Mientras antes contemos con la ley en proyecto, antes vamos a sacar a 1.300 personas del riesgo objetivo en que se encuentran o del riesgo que algunas de ellas presentan, porque, por estar entrando y saliendo de la cárcel, pueden ser vectores del contagio para el resto de los internos y de los funcionarios que trabajan en los centros penitenciarios del país.

Tenemos la confianza de que la Sala va a seguir el ejemplo de la Comisión de Constitución del Senado.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende, hasta por cinco minutos, de acuerdo con el tiempo de su bancada.

La señora ALLENDE.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero dar a conocer el voto favorable de nuestra bancada, pues este veto recoge lo que en gran medida habíamos aprobado, creo que de manera unánime anteriormente en el Senado, hasta la Comisión Mixta.

Lamento lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, porque si bien agregaron dos tipos de delitos nuevos que son importantes, como la asociación ilícita para el narcotráfico y los considerados en la Ley de Control de Armas, creo que fue lamentable que no hubiesen aprobado dos elementos esenciales, que ahora se reponen.

Uno de ellos dice relación con que las penas deben cumplirse. Si no existe un mecanismo para controlar aquello, francamente deja de ser un indulto conmutativo, lo que es contrario a lo que busca este proyecto. Por tanto, reponer esa norma es algo importante.

Una de las razones por las cuales no se aprobó -lamento que eso haya pasado- radica en que algunos Diputados, particularmente de Chile Vamos, se molestaron porque dentro de las exclusiones, en las que se encuentran los delitos más graves (secuestro, homicidio, tortura, etcétera), por supuesto que estaban los delitos de lesa humanidad. Eso les molestó. Incluso, miembros de esa coalición han llegado al Tribunal Constitucional, lo cual implicará eventualmente retrasar una iniciativa tan importante.

Estamos hablando de favorecer a más de 1.300 presos que hoy corren, evidentemente, un alto riesgo.

Nos encontramos en medio de una pandemia brutal que ha afectado a todo el mundo y que en Chile, lamentablemente, ya ha provocado algunos brotes en cárceles. Estamos hablando de Puente Alto, del penal de mujeres de San Miguel. Hay una enorme preocupación.

Agradezco que el Ministro haya tomado rápidamente este tema, porque es fundamental, humanitario, indispensable. Así lo reconocen organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la OEA, que ven con alta preocupación la situación de las cárceles, particularmente en un país como el nuestro, donde existe un alto hacinamiento. Ha sido un tema recurrente, porque tenemos una de las mayores poblaciones penales de la región, en proporción al número de habitantes.

Por lo tanto, es fundamental que aprobemos este veto aditivo.

Particularmente, quiero expresar mi satisfacción por la incorporación del tema de la violencia intrafamiliar. Ya ha habido denuncias y mucha inquietud por parte de organizaciones -no es algo que se dé solo en Chile, sino también en otras partes, pero debemos preocuparnos de nuestro país- en el sentido de que la cuarentena, lamentablemente, ha incidido en una mayor violencia intrafamiliar o en la indefensión de las mujeres.

Por eso resulta extraordinariamente importante la medida de que, al menos, aquellos que tengan que fijar su domicilio para la conmutación de la pena de ninguna manera puedan entregar el mismo de la víctima.

Deseo llamar la atención, porque es tremendo lo que ocurre, pues en medio de medidas como las cuarentenas muchas veces, lamentablemente, se comparte el mismo domicilio y tenemos un grave problema de incremento de la violencia.

Quería hacer presente esto porque, francamente, es una enorme preocupación. Debemos proteger a las mujeres -es nuestra obligación-, como también a los niños, a las niñas y a los adolescentes.

Entonces, señora Presidenta, este veto recoge nuestras inquietudes esenciales.

Esta normativa constituye un acto humanitario. Con ella estamos impidiendo, a lo mejor, un mayor brote del coronavirus en las cárceles, que es una de las grandes preocupaciones que ha expresado muchas veces el sacerdote Roblero respecto de la situación de los presos en los recintos penales.

Por eso tenemos que aprobar este veto.

Y aprovecho de señalar que este proyecto no aborda una realidad que, lamentablemente, también afecta a miles de personas que se encuentran en prisión preventiva esperando una condena y que, incluso, representan casi a una tercera parte de la población penitenciaria.

Por ello hemos presentado una moción, de la que ya se dio cuenta, mediante la cual se obliga a revisar la prisión preventiva cuando el delito imputado tenga asignada una pena de presidio menor a cinco años, la persona no tenga condena anterior y su libertad no signifique un peligro.

En tal sentido, deseo manifestar una preocupación: ojalá que la Fiscalía también se haga cargo de aquellos jóvenes que fueron privados de libertad a raíz del estallido social.

¡Ojo!, pues pensamos que a estas personas se les podría reemplazar la prisión preventiva por el arresto domiciliario total.

Pero, centrándonos en el veto, señora Presidenta, debo decir que lo vamos a apoyar. Creemos que se trata de una medida humanitaria indispensable y necesaria.

Espero que avancemos en eso y que no tengamos un revés en el Tribunal Constitucional, particularmente por una cuestión que me parece francamente lamentable: que en lugar de dar pie a una iniciativa que busca un bien común, se intente introducir, por aquella vía, lo vinculado con los delitos de lesa humanidad y la situación de gente que actualmente está cumpliendo una pena en Punta Peuco.

Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Jacqueline van Rysselberghe, hasta por seis minutos.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- No me he inscrito, señora Presidenta.

El señor CHAHUÁN.- Entonces, hablo yo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Su bancada lo inscribió?

¿Desea intervenir, señor Senador?

El señor CHAHUÁN.- Sí, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán, hasta por diez minutos.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, como bien saben, el proyecto sobre indulto conmutativo ha sido objeto de un requerimiento de Senadores ante el Tribunal Constitucional por dos normas que se hallan contempladas en él.

Nosotros hemos señalado, por el contexto de la crisis sanitaria que estamos viviendo, que no puede haber discriminación alguna respecto de los mayores de 75 años, sea cual fuere el delito por el que hayan sido condenados.

Además, esos mayores de 75 años deben cumplir determinadas condiciones: tener buena conducta; bajo nivel de peligrosidad calificada por Gendarmería, y, además, padecer una enfermedad basal que haga amenazar su vida en caso de contagio.

Por eso hemos expresado que esta iniciativa vulnera una serie de garantías fundamentales, cuestión que dejamos consignada cuando manifestamos nuestra reserva de constitucionalidad en la Sala del Senado. Y luego de presentar el requerimiento respectivo, fue admitido a tramitación por el Tribunal Constitucional, fijándose los alegatos para el próximo lunes 13 de abril.

Nosotros queremos que el Ejecutivo recapacite sobre el contenido de este proyecto.

Sobre el particular, hemos señalado que vulnera una serie de normas de nuestra Carta Fundamental y, asimismo, de algunos pactos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Por lo tanto, llamamos al Gobierno a recapacitar en tal sentido.

Nosotros hemos dicho que las normas de exclusión del artículo 15, del artículo 2°, del artículo 5°, del artículo 16, del artículo 17 y demás disposiciones que digan relación con ellas transgreden abiertamente el principio de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19, N° 2°, de la Constitución Política, al tratar de manera diferenciada y desigual a quienes se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad y riesgo, puesto que ambos grupos, los beneficiados y los excluidos, comparten la misma edad y la misma privación de libertad en un recinto penitenciario y, por ende, los mismos riesgos. Ello, sobre todo tratándose de personas respecto de las cuales Gendarmería de Chile ha establecido en sus informes que son de nulo o bajo compromiso delictual, reincidencia y que exhiben arraigo social, una situación sociofamiliar adecuada, redes de apoyo sociales y familiares, entre otras cuestiones, y de que, en función de su edad y patologías, no tienen posibilidad alguna de reincidencia.

También hemos señalado que las normas de exclusión del artículo 15, artículo 2°, artículo 5°, artículo 16, artículo 17 y demás disposiciones relacionadas con ellas vulneran abiertamente el derecho a la integridad física y el derecho a la vida, en este caso de cierto grupo de personas, establecido en el artículo 19, N° 1°, de la Constitución Política, toda vez que su sola exclusión pone en riesgo grave la situación de salud de los excluidos, a sabiendas de que son el grupo más vulnerable de todos y que, sobre este punto, el proyecto de ley no busca conmutar o indultar a los condenados por sus penas, sino disminuir el riesgo de contagio de un grupo vulnerable y sus posibles consecuencias, esto es, una enfermedad grave o su muerte. Y ello, entonces, debe primar por sobre cualquier otra consideración al momento de decidir.

Si el objetivo del indulto conmutativo no tiene que ver con las exclusiones de determinado tipo de delitos, sino que busca evitar los contagios en el contexto de una pandemia global, claramente hay una incongruencia total en el proyecto de ley.

Asimismo, hemos dicho que las normas de exclusión del artículo 15, el artículo 2°, el artículo 5°, el artículo 16, el artículo 17 y demás disposiciones vinculadas con ellas vulneran abiertamente el principio de la dignidad de la persona humana, establecido en el artículo 1° de la Constitución Política, y en particular, el de la dignidad en la vejez, determinado mediante su artículo 5°, inciso segundo, en relación con los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el reconocimiento del trato humano y digno de las personas privadas de libertad, porque los excluidos tienen derecho a la salud en todas sus dimensiones, a ser tratados en un ambiente lo menos restrictivo y riesgoso posible y que no genere y/o exacerbe enfermedades.

De ahí también que el artículo 13, inciso final, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece para los Estados Parte la obligación de promover medidas alternativas con respecto a la privación de libertad.

Entonces, hemos señalado que no solo las normas constitucionales, sino también aquellas que forman parte del ordenamiento jurídico en virtud del artículo 5°, inciso segundo, de la Carta Fundamental, esto es, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, hablan justamente de que no puede haber discriminación alguna en tal sentido.

De otro lado, quiero referirme también a un tema que se ha planteado.

Nosotros presentamos un requerimiento ante el Tribunal Constitucional sobre la base de un elemento que nos parece de toda lógica: no podemos discriminar por ningún tipo de delito. Por tanto, esta acción no buscaba beneficiar a algunos condenados por ciertos delitos que se cometieron en determinado tiempo, como algunos medios de prensa y voceros se han empeñado en calificar. Por el contrario, estamos hablando de personas mayores de 75 años cualesquiera que sean los delitos y el tiempo en que se cometieron, y que, además, reúnan los requisitos de tener una enfermedad basal, buena conducta y bajo nivel de peligrosidad.

Señora Presidenta, el propio Ministro de Justicia le entregó a la Comisión de Constitución un informe sobre el número de internos que cumplen con esas condiciones (mayores de 75 años, en las condiciones de salud que mencioné, en fin): se trata de 122 personas en todos los recintos penitenciarios del país y por todo tipo de delitos.

De hecho, hay un catastro que incluso fue entregado con anterioridad a la Comisión de Derechos Humanos, cuando la presidía la Senadora Jacqueline van Rysselbergue (hace dos presidencias), donde básicamente se indica, por ejemplo, que existen tres personas que se hallan en esa condición y que tienen alzhéimer avanzado. Insisto: nos estamos refiriendo a diferentes condenados y que se encuentran en distintos recintos penitenciarios, cuestión que no dice relación con cierto tipo de delito, como alguien ha pretendido connotar.

En consecuencia, cuando uno habla de derechos humanos no puede hacer distinción de ninguna naturaleza; estos derechos les pertenecen a todos. Y cuando el objetivo del proyecto sobre indulto conmutativo es evitar el contagio de la población penal vulnerable, no debiéramos realizar ningún tipo de discriminación a ese respecto.

Hay una cuestión, sí, que era importante abordar con motivo de este indulto conmutativo, que tiene que ver con el quebrantamiento de condena. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no puede ocurrir es que el quebrantamiento de la pena conmutada quede en la impunidad. Y yo diría que esta materia es de la mayor relevancia, porque acá no se está estableciendo un indulto general. ¡No! Se trata de un indulto conmutativo; vale decir, lo que se busca es el cumplimiento de la pena en condiciones distintas, dada la crisis sanitaria que hoy día vive nuestro país, por el aumento de casos de COVID-19 y la vulnerabilidad frente a un contagio.

Por eso hemos planteado con tanta fuerza que este veto aditivo tiene elementos relevantes con relación a este proyecto y de los cuales hay que hacerse cargo. Porque, tal como está la iniciativa, sin el veto aditivo pierde toda lógica.

Acá en ningún caso se pretende que a quien le fue conmutada la pena por reclusión domiciliaria total quede sin ningún tipo de sanción frente a su incumplimiento.

Por todo lo expuesto, dejando expresa constancia de que respecto de este proyecto se ha presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, algunos de los Senadores de Renovación Nacional van a votar favorablemente y otros nos vamos a abstener.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el Senador Felipe Harboe.

Al parecer no está conectado.

A continuación, le corresponde el turno al Senador Pedro Araya, quien puede intervenir hasta por cuatro minutos.

El señor ARAYA.- Señora Presidenta, sin duda, vamos a apoyar el veto presidencial, porque efectivamente viene a corregir -como lo señaló en su minuto el Ministro de Justicia- una norma que era del todo importante y que no fue aprobada en la Cámara de Diputados por falta de quorum. En esa línea, se hacía absolutamente claro que Gendarmería de alguna forma tenía que controlar a aquellas personas a las que se les estaba conmutando la pena. Porque lo que busca este proyecto es conmutar la pena; no establece un indulto.

Además, me parece muy significativo que se hayan incluido -y que existan- normas más estrictas en materia de conmutación de penas de personas condenadas por delitos de violencia intrafamiliar.

Dicho aquello, es del caso anunciar que voy a votar a favor de estas observaciones.

Ahora, sin perjuicio de lo señalado, quiero relevar dos cuestiones.

Una ya se la planteamos al Ministro de Justicia en la sesión anterior, cuando se trató el proyecto sobre indulto conmutativo, y que se relaciona con las medidas que debe tomar Gendarmería a fin de evitar la propagación del coronavirus en los recintos penales.

En estos días he vuelto a recibir llamados de gendarmes no solo de Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal, sino también de otras partes de Chile, donde están bastante preocupados por lo que está ocurriendo con el aumento de contagios y porque estos se puedan producir al interior de las cárceles.

Sobre el particular, quisiera reiterarle al Ministro de Justicia la necesidad de que los funcionarios de Gendarmería puedan contar también con los elementos necesarios para prevenir el contagio de coronavirus.

El otro asunto tiene que ver con el requerimiento que hicieron algunos colegas ante el Tribunal Constitucional en orden a que este proyecto sería inconstitucional. En tal sentido, simplemente deseo hacer presente, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, que soy de los que creen que la política criminal la fija el órgano legislador, que en este caso es el Presidente de la República en conjunto con el Congreso Nacional.

En esa línea, a mi juicio aquí no se están vulnerando garantías constitucionales, toda vez que lo que está haciendo el legislador es establecer ciertos requisitos respecto de quiénes pueden optar al beneficio que se está entregando. Y en cuanto a su otorgamiento, es el legislador el que fija los criterios, atendidas la peligrosidad y el tipo de delito, para optar al indulto conmutativo.

Por esa razón, creo que la acción presentada es absolutamente injustificada, por lo que el Tribunal Constitucional debiera ratificar la validez de este proyecto y, obviamente, rechazar el requerimiento que interpusieron parlamentarios de Chile Vamos.

Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela, hasta por siete minutos.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, sin duda, tal como lo reiteró hoy día el Ministro de Justicia, este proyecto tiene su origen, su base en una necesidad de carácter humanitaria. Porque Chile -como todo el resto del mundo- está siendo atacado actualmente por una pandemia que genera un daño real, concreto a una serie de poblaciones de riesgo: por ejemplo, la de los adultos mayores. Por lo tanto, como tenemos adultos mayores en los recintos penitenciarios debemos tomar medidas en esa línea.

Ahora bien, si no existiera esta pandemia o no hubiera riesgo de contagio, esta sería una iniciativa de ley que no deberíamos estar tratando, pues la situación y el contexto que vivimos son cuestiones que la hacen absolutamente indispensable.

En tal sentido, el veto presidencial viene a establecer aspectos jurídicos que se discutieron intensamente en la Comisión de Constitución, la que no formula ninguna objeción al respecto, por lo que yo al menos lo voy a votar a favor.

Sin embargo, estimo que el veto no resuelve una objeción que se hizo presente durante la discusión en la Sala de la Cámara de Diputados y que nosotros formulamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia: que existe un tratamiento hacia un sector de personas de alto riesgo que verdaderamente no se condice con el concepto humanitario.

Fíjese, señora Presidenta, que en nuestros recintos penitenciarios hay 122 personas condenadas por distintos delitos que tienen más de 75 años de edad. No existe duda de que esa es una población de riesgo; pero este proyecto solo beneficia a 7 de ellas, es decir, para 115 no se considera ninguna de las alternativas que se establecen para conmutar el saldo de sus penas.

Hay que considerar también que el indulto conmutativo no significa que la persona quede en libertad, ni que se la absuelve de la pena o que deje de cumplirla, sino que quien fue condenado por un tribunal de justicia pasará a cumplir su pena en un lugar distinto del recinto penitenciario.

Si miramos a quienes tienen entre 60 y 74 años, constataremos que ese sector de la población penal, que también presenta factores de riesgo, está conformado por 704 personas. Sin embargo, este proyecto beneficia solo a 102; o sea, 602 internos no podrán acceder al indulto conmutativo, y, por lo tanto, deberán permanecer en las cárceles y seguirán teniendo un riesgo importante de contagiarse frente a la pandemia que estamos viviendo.

¿Cuál es la razón para que particularmente personas de 75 años hacia arriba, que son 122 -y no voy a incorporar en esta argumentación a quienes tienen más de 60 años, sino solo a ese segmento-, no reciban este beneficio? ¿Son gente peligrosa? ¿Alguien que tenga 78, 80 o 90 años puede ser peligroso? No se ha argumentado que entre esas 122 personas haya quienes revistan cierta peligrosidad, que sean un peligro para la sociedad.

¿Se trata de individuos que presentan riesgo de reincidir en sus conductas? Nadie ha indicado que haya personas de 78, 80 u 85 años que en caso de ser beneficiadas con el cumplimiento del saldo de su pena en su casa o en determinado domicilio vayan a reincidir. Tan así es que se bajó la edad para las mujeres, pues, de acuerdo a estudios, incluso las condenadas por microtráfico exhiben un bajo índice de reincidencia.

Ese estudio no se hizo con relación a los mayores de 75 años.

¿Cuál es en definitiva la razón, señora Presidenta? Aquí lo han dicho algunos señores Senadores con absoluta claridad: un ánimo de venganza y revanchismo, porque muchas de esas 122 personas mayores de 75 años son excarabineros y exmilitares que fueron condenados por los tribunales. Pero muchos de ellos padecen enfermedades terminales; muchos sufren enfermedades crónicas, y, por lo tanto, tienen un riesgo muy significativo de ser contagiados por el COVID-19.

Esa es la razón.

Por lo tanto, creemos que ese afán de revanchismo y de venganza no se condice con un Estado de derecho, con un Estado democrático, que ha de tener autoridad moral para decirle a alguien que cometió un crimen atroz, para decirle a alguien que actuó con brutalidad, para decirle a alguien que fue condenado por un tribunal que puede cumplir su pena en su casa o en un domicilio.

Creo que si le negamos al Estado, si le negamos a la normativa que logre esa situación estamos comportándonos de una manera que no se condice con los valores y principios de la democracia. Y eso hace que la medida se vuelva incomprensible para la ciudadanía.

Fíjense que en nuestras poblaciones, en nuestros sectores más populares la gente va a ver que alguien que cometió robo con violencia va a poder estar en su casa. Y me parece bien que esa persona, si ha cumplido parte importante de su pena, si le faltan 36 meses de condena, pueda conmutarla, pero para la ciudadanía ese hecho puede generar un riesgo, puede generar un temor y puede generar una incertidumbre.

Por lo tanto, la objeción de fondo que hemos hecho al proyecto -y por eso hemos acudido al Tribunal Constitucional- no se resuelve con este veto y queda en evidencia absoluta que aquí hay un grupo de adultos mayores, una población de 122 personas de más de 75 años que claramente...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Senador.

Le concedo medio minuto, porque estamos con los tiempos justos. Se le restará al tiempo que le corresponde a su bancada.

El señor PÉREZ VARELA.- Sí, no hay problema.

Hablamos de 122 personas que van a estar en riesgo, que van a poder sufrir los efectos del coronavirus y a las que por una razón de fondo de carácter político no se ha querido incorporar. Y eso, a mi juicio, en una situación de pandemia, en una situación de Estado de Catástrofe, en una situación de riesgo sanitario no me parece un argumento adecuado.

He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Senador Juan Ignacio Latorre.

El señor LATORRE.- Señora Presidenta, creo que es urgente aprobar este indulto. Me parece que perdimos demasiado tiempo con la votación que se dio en la Cámara de Diputados la semana pasada. Cada día que pasa aumenta el número de personas privadas de libertad, de gendarmes, de funcionarios que laboran en las cárceles y que se han contagiado de coronavirus.

Por lo tanto, es muy importante y urgente aprobar esta iniciativa. Considero que es un imperativo descomprimir las cárceles para poder brindar una atención digna a todos, tanto a quienes quedan recluidos como a aquellos que salen bajo la figura del arresto domiciliario.

También resulta muy urgente atender, por ejemplo, la situación de las personas que están en prisión preventiva. Hubo un caso esta semana de una mujer contagiada en la cárcel de San Miguel que se hallaba en prisión preventiva. Como ella, hay muchas personas que están esperando que continúe su proceso judicial. Llevan meses recluidas. No existe una condena. Y muchas veces hay problemas con la proporcionalidad de la falta, como ocurre con los detenidos a partir de la revuelta del 18 de octubre. Ha habido toda una polémica al respecto.

Pero, yendo al punto, creo que acá hay que aplicar medidas de distanciamiento social, de atención sanitaria, de lavado de manos, etcétera, para todas las personas privadas de libertad y para todos aquellos condenados que vayan a sus casas a arresto domiciliario.

En seguida, me parece que la decisión del Ejecutivo de no incluir a los condenados por violencia intrafamiliar en este beneficio carcelario, en este indulto es correcta. La idea es que queden excluidos los delitos más graves, como homicidio y una serie de otros tipos penales.

Y, por supuesto, se debe excluir a los condenados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Como lo han manifestado en una declaración pública un grupo de familiares de personas recluidas en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad, ellos creen que sus parientes deberían continuar su condena en la cárcel. Obviamente, atendiendo de manera adecuada su situación sanitaria, respetando el distanciamiento social, satisfaciendo todas sus necesidades, dándoles un trato digno. Nadie acá quiere revanchismo, nadie acá quiere venganza. Pero hay argumentos éticos y políticos de fondo para que esas personas continúen su condena en la cárcel.

Lo mismo cabe decir de los individuos condenados por delitos graves. Algunos inculpados por delitos graves también deben continuar en las cárceles, pero asegurándoles condiciones decentes, condiciones dignas, para todos y todas.

Por último, Presidenta, como se lo manifesté formalmente y por escrito, considero que el Congreso Nacional debe defender su punto frente al requerimiento ante el Tribunal Constitucional que ha formulado un grupo de Senadores de Derecha a propósito de la presentación de este proyecto de ley. A mi juicio, es importante que el Congreso emita su opinión ahí y que vaya a defender su punto respecto de la iniciativa que acá se está tramitando y votando. Me parece relevante realizar ese acto político de discusión sobre la constitucionalidad del proyecto, habida consideración del requerimiento al Tribunal Constitucional que han presentado algunos Senadores y Senadoras de la Derecha.

Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe, hasta por cuatro minutos.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, voy a votar a favor del veto, tal como lo hice ayer en la Comisión de Constitución, porque este indulto conmutativo va a beneficiar a 1.299 personas que se hallan privadas de libertad, algunas de las cuales se encuentran gozando de algún tipo de beneficio: salida dominical o reclusión nocturna. Su objetivo es evitar que la gente que participa de una condición objetiva de hacinamiento no sea fuente de contagio ni se contagie ella misma.

En consecuencia, el primer elemento que establece esta ley es que el hacinamiento es una condición fundamental.

Lo segundo es que junto al Senador De Urresti hemos presentado un "téngase presente" al Tribunal Constitucional, porque aquí hemos escuchado, a propósito del proyecto, que es de indulto conmutativo, todo un alegato respecto de las condiciones carcelarias de los violadores de derechos humanos.

Perdón, la Constitución Política dispone que es la ley la que establece los criterios objetivos. Y en el Congreso hemos puesto ciertos criterios objetivos: primero, el hacinamiento, para evitar el contagio, y en segundo lugar, la peligrosidad de los delitos cometidos. Hemos excluido a violadores sexuales, a abusadores de menores, a homicidas. No veo razón por la cual discriminar -y algunos Senadores están pidiendo aquello- e incluir en el beneficio a los violadores de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

¡Eso sí que sería una discriminación!, toda vez que las condiciones objetivas no se dan: no están hacinados y frente a un eventual contagio no se les abandona -lo ha señalado el Ministro Larraín-, sino que se adoptan medidas preventivas y también curativas.

En consecuencia, señora Presidenta, voy a votar a favor y los argumentos por los cuales creo que este proyecto no adolece de ningún vicio de inconstitucionalidad los he manifestado en el "téngase presente" ante el Tribunal Constitucional.

Finalmente, valoro que el veto aditivo haya excluido de este beneficio a los condenados por delitos de violencia intrafamiliar, que es un fenómeno que hoy día se ha ido presentando, dada la cuarentena, en muchas comunas, y que, ojo, va a crecer ahora que el Gobierno ha anunciado cuarentena en comunas más populares, con menos metros cuadrados disponibles y donde hay condiciones de hacinamiento muy complejas.

En consecuencia, votaré a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Senador Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, estos cinco minutos de que dispongo me permiten aclarar una serie de dudas que tuvimos en vista en la Comisión de Constitución y que son relevantes de dilucidar.

Vamos a apoyar este veto aditivo porque desde el primer momento estuvimos de acuerdo en que un conjunto de condenados por delitos no calificados como graves y que se hallan en situación de hacinamiento puedan cumplir lo que resta de su pena en el medio libre, pero en reclusión domiciliaria.

E insisto en los conceptos considerados: hacinamiento y peligrosidad.

Aquí se quiere instaurar una falacia y confundir a la sociedad al afirmar que existe una serie de "abuelitos", de personas de más de 75 años -son 122- que también deben tener derecho al beneficio. Pero recordemos que dentro de esos 122 individuos están los peores criminales que ha tenido la historia de Chile, delincuentes que violaron a mujeres, que torturaron, que asesinaron, que degollaron.

Si alguien considera que esos "abuelitos", esas "personas bondadosas" tienen derecho a estar en libertad producto de esta contingencia de salud, que lo explique claramente. Quienes violaron mujeres, quienes degollaron, quienes quebraron los huesos de personas, quienes con corvo abrieron su estómago para arrojarlas al mar, que digan, con nombre y apellido, que los quieren libres. Y que también quieren a violadores, a secuestradores, a homicidas en las calles. Yo, al menos, no lo quiero y, como socialista, jamás voy a permitir ese tipo de situación.

Aquí se estableció la exclusión de un conjunto de peligrosos delincuentes. Y no lo establecimos nosotros. Entonces, aquí no hay venganza. Fue el Gobierno el que definió en su proyecto que hay un conjunto de actores (violadores de derechos humanos, homicidas, traficantes, autores de violencia intrafamiliar) que no pueden estar incorporados en este beneficio. ¿Y por qué? Porque su peligrosidad no permite que estén en un medio libre. Y, en el caso de los de Punta Peuco, entre otras cosas, porque no tienen hacinamiento; están en una cárcel con mejores condiciones, en que hay menos densidad.

Y, por favor, si son abuelitos y tienen avanzada edad, es porque son delincuentes que se escondieron durante años, que recurrieron a todos los subterfugios para escaparse de la justicia.

Entonces, personas que no han reconocido su culpa, que no han pedido disculpas, que no se han arrepentido, que, al contrario, siguen enalteciendo los crímenes que cometieron, no van a salir por la ventana en esta situación. Toda la atención médica, toda la atención que corresponde a cualquier ciudadano.

Vamos a apoyar esta ley porque favorece, efectivamente, a casi 1.300 personas que, habiendo cometido delitos, se encuentran en condiciones de hacinamiento y son una población de riesgo. Hay mujeres que, por distintos delitos, están condenadas. Algunas están embarazadas o son madres.

Claramente, vamos a tener una consideración humanitaria respecto de estas personas, para ayudarlas a ellas y a su entorno familiar, pero también con el propósito de favorecer al personal de Gendarmería que, para controlar este conjunto de población, tiene que destinar más recursos y se expone.

Es importante entender que en el registro por regiones hay una cantidad de personas que tendrán este beneficio y que podrán descomprimir la presión que existe en las cárceles.

Por último, quiero señalar que en la Comisión aprobamos unánimemente este veto porque se mejoran algunos aspectos que, técnicamente, eran complicados. Quien sale en libertad pero tiene una orden de alejamiento del hogar en la sentencia, obviamente no puede ir a cumplir la condena en el medio libre en el domicilio del cual fue alejado producto de algún delito con familiares.

Debemos también tener un procedimiento para quienes incumplen estas normas, de manera que sean sancionados y vuelvan a la reclusión. Pero, en definitiva, quiero reiterar que junto al Senador Harboe hicimos un "téngase presente" en el Tribunal Constitucional, y esperamos que ese Tribunal no trate, a través de un fallo o de una resolución, de entender que se extiende el beneficio a quienes taxativamente están excluidos: graves violadores de derechos humanos, delincuentes de delitos de alta peligrosidad y el catálogo que se establece en el artículo 15. Por la ventana no van a salir los homicidas, ni van a salir los violadores de derechos humanos.

Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- Señora Presidenta, seré bien breve.

Quiero señalar, como contexto, que según el informe de Gendarmería en el 2020 tenemos alrededor de 142 mil personas recluidas, en régimen abierto o cerrado. Hoy día estamos legislando respecto de un número bastante restringido de ellas: alrededor de mil trecientas. No es mucha gente, pero sin duda esta iniciativa será un aporte para disminuir el hacinamiento que viven nuestras cárceles.

Me interesa hacer mención de dos cosas.

La primera es que la violencia intrafamiliar y los femicidios han aumentado en forma importante en estos últimos meses. Ya tenemos una sesión planificada con el Ministerio para abordar este tema en los próximos días.

Por otro lado, deseo referirme a la intervención que hizo uno de los Senadores respecto a la prisión preventiva. Si son alrededor de un tercio las personas que están en prisión preventiva, eso implica un número cercano a las cuarenta mil. Veo bastante difícil que la Fiscalía o la Justicia, en el fondo, pueda revisar tantos casos hoy día. Ello es complejo porque tenemos una gran cantidad de personas que están siendo procesadas producto del estallido social.

Entonces, es bueno dimensionar el número de beneficiados. Son alrededor de mil trecientos, de un total de 142 mil que hoy día están en régimen de reclusión abierto o cerrado.

Valoro la iniciativa y, principalmente, valoro el anuncio que ha hecho el Ministro de Justicia en cuanto a retomar la conversación, el análisis, la discusión de una ley humanitaria que no tiene nombre ni apellido. En un país que abolió la pena de muerte hace muchos años es importante revisar cómo estamos tratando a los adultos mayores con enfermedades terminales en las cárceles, más allá del delito que hayan cometido.

Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro, hasta por cinco minutos.

El señor NAVARRO.- Presidenta, cuando pasó este proyecto lo voté a favor, pues beneficia a 1.300 personas que están en condiciones deplorables, en riesgo sanitario. Por tanto, es una buena iniciativa, que busca establecer mayor seguridad para personas con vulnerabilidad.

Hay riesgo en las cárceles chilenas -todos lo sabemos-, hay hacinamiento, hay riesgo para Gendarmería. No hemos tenido un informe respecto de las condiciones de los funcionarios de esa institución, de cómo se están protegiendo, porque escasean los insumos.

La "primera línea" de salud, aquellos valientes hombres y mujeres que no se pueden quedar en casa y que van todos los días a enfrentar el virus, sí cuenta con protección. Los funcionarios de Gendarmería, hombres y mujeres, héroes, valientes, no requieren aplausos: ¡requieren insumos urgentes para proteger su vida y la de sus familias!

Quiero señalar que extraño en el veto del Presidente lo que solicité respecto de la prisión preventiva. Si bien es cierto que se trata de procesos, no de condenados, hay más de 1.100 personas, jóvenes en su mayoría, que están en la cárcel en prisión preventiva por desórdenes públicos que no van a tener condena de cárcel, y llevan tres, cuatro y más meses. Pero el Presidente Piñera no los incluyó en este veto.

Creo que no es lo más adecuado. Hay riesgo con ellos también. La Corte de Apelaciones ha acogido parcialmente esto, ha sancionado a Daniel Urrutia y ha frenado los intentos de avanzar en este sentido.

Pero también dije: "la Derecha, la UDI, va a ir al Tribunal Constitucional y va a hacer que este proyecto incluya a quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad". Ello, a pesar de que esas personas no están en la idea matriz de la iniciativa. Esta no las contiene de manera expresa, como lo señaló el Ministro Hernán Larraín.

No obstante, ayer el Tribunal Constitucional declaró admisible la solicitud que hicieron Senadores de este Hemiciclo para agregar a esta iniciativa a los condenados por crímenes de lesa humanidad que están en Punta Peuco. Por tanto, el Tribunal Constitucional va a terminar modificando esta ley por la vía de incluir en el beneficio a quienes expresamente fueron excluidos de él. El Tribunal los va a incorporar bajo el concepto de "discriminación". Y eso altera absolutamente el sentido político, social, histórico, de derechos humanos de esta iniciativa.

Punta Peuco no es Colina I, no es "la peni", no es San Miguel. Punta Peuco no es una cárcel, ¡no es una cárcel! Nunca fue concebida como tal. Allí hay condiciones que por lejos, de manera infinita, superan las de una cárcel. Por tanto, el riesgo allí es infinitamente menor que el de quienes están en una cárcel, con igual edad e igual condición.

Este proyecto de ley va a terminar sacando de la cárcel a violadores de derechos humanos para llevarlos a sus hogares. Repito: este proyecto de ley va a terminar sacando a violadores de derechos humanos para que cumplan la pena en su casa. ¡En su casa! Y yo no estoy disponible para esa opción, señora Presidenta. No estoy disponible, porque eso contraviene, por cierto, el espíritu de confianza que hemos intentado establecer con el Gobierno cuando nos presenta sus proyectos de ley.

Los Senadores de Derecha no le han hecho caso al Gobierno. Y si los Senadores de Derecha no le hacen caso a su Gobierno, no me pidan a mí que lo haga.

Voto en contra de este proyecto de ley por las razones que he señalado.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Guido Girardi, hasta por cuatro minutos.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, es evidente que esta es una situación de excepción -lo hemos dicho en distintos planos- para enfrentar diferentes tipos de circunstancias. Estamos en una crisis planetaria, estamos en una pandemia, estamos en una condición de catástrofe donde está en riesgo la vida de decenas de miles de compatriotas, realidad que se da a nivel mundial de la misma manera.

Por eso yo valoro la iniciativa del Gobierno, que intenta disminuir los riesgos de un sector de nuestra sociedad que está privado de libertad en razón de los delitos que ha cometido. Y valoro también que se haya excluido de estos beneficios a aquellos que cometieron delitos de sangre, de drogas, de violencia intrafamiliar y otros.

Pero quiero hacer un punto, particularmente a propósito de las intervenciones de algunos colegas a los cuales les tengo mucho aprecio. Porque en ninguna parte de su argumentación esos señores Senadores expresaron que las personas a quienes están defendiendo son violadores de derechos humanos; personas que actuaron como agentes del Estado con niveles de crueldad brutales; personas que han sido sancionadas por todas las instituciones de derechos humanos existentes en el planeta, desde Naciones Unidas, Human Rights Watch hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras más.

Entonces, ¿cuál es el reclamo que yo les hago? Se los señalaba anteriormente: la memoria.

Las sociedades que no tienen memoria pueden volver a cometer esos hechos. La memoria, en una sociedad, es un elemento fundamental. Por eso, cuando se cometen violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, las sociedades actúan anteponiendo esa dimensión: la memoria.

Y es por eso que las sanciones y las penas que castigan los delitos de lesa humanidad son de por vida, son para siempre, son simbólicas, para recordarles, a todos y a todas, que bajo ninguna circunstancia es admisible violar los derechos humanos.

Acá no podemos tener -insisto- un doble discurso. Porque el discurso de que la violación de los derechos humanos puede justificarse en función de quién los viola y a quién se les viola resulta inaceptable, ¡inaceptable!, ya sea tanto para aquellos de izquierda, que no reconocen la violación de los derechos humanos en determinados países, como para aquellos que, por ejemplo, no admiten la violación de derechos humanos en su propio país, en circunstancias de que han sido las mismas instituciones las que han acreditado tales hechos.

No es aceptable que se aplauda a Human Rights Watch cuando señala que existen violaciones a los derechos humanos en Nicaragua o Venezuela, y se la fustigue cuando hace la misma afirmación con respecto a Chile. O al revés. No puede ser que se felicite a Human Rights Watch cuando certifica que se violan los derechos humanos en Chile, pero cuando dice lo mismo respecto de otros países, por ejemplo Venezuela y Nicaragua, se la cuestione y se la descalifique.

Ese doble discurso es tremendamente peligroso.

Entonces, cuando algunos Senadores ponen en el mismo nivel, en el mismo estándar, en la misma jerarquía, la violación de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad con los simples delitos, lo que quieren es borrar la memoria y negar el compromiso de la sociedad con el respeto a los derechos humanos.

Y yo le hago un reclamo a la Derecha. Creo que las personas de Derecha tienen que levantar la bandera de la defensa de los derechos humanos, aunque les cueste, aunque les duela. Porque la violación a los derechos humanos -insisto- no tiene territorialidad y no puede haber un discurso incoherente en función de quién los viola o a quién le son violados.

He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, hasta por seis minutos, la Senadora Jacqueline van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, si me sobran algunos minutos, se los daré al Senador Durana o al Senador Moreira, quienes habían solicitado tiempo adicional.

La verdad es que lamento profundamente el hecho de que en este veto aditivo no se haya integrado a las personas que hoy día cumplen condenas bajas. Nadie está hablando de los autores materiales, sino de personas que cumplen condenas bajas, en Punta Peuco o en Colina II, y fueron condenadas por hechos en los cuales no actuaron como autores materiales, pues en la década del setenta eran solo soldados, jóvenes -incluso conozco algunos casos- que estaban haciendo su servicio militar o eran subtenientes; no tenían mando y estuvieron en una posición donde les tocó participar sin haber tenido la intención y, en muchos casos, sin ni siquiera saber que formarían parte de esos hechos. Y por eso han sido condenados por los tribunales.

Uno puede tener su opinión con respecto a la forma como esas personas han sido condenadas debido a que aún se mantiene el sistema procesal penal antiguo, el cual, sin duda, genera una discriminación en torno a la defensa que ellas pueden hacer de sus propios casos.

Sin embargo, este indulto conmutativo se está implementando en virtud de la situación sanitaria que vive el país. No se trata de un indulto que responda a una ley humanitaria. Es por la situación sanitaria; es porque las cárceles son un centro, un foco de contagio tanto para los gendarmes como para los reos que están dentro de los recintos carcelarios. Y el coronavirus aumenta su peligrosidad y su agresividad en la medida que aumenta la edad de las personas. Sin duda, en los mayores de 75 años, y con mayor razón en los mayores de 80, la letalidad que provoca esta enfermedad se incrementa en más de un 10 por ciento.

Por lo mismo, no resulta lógico ni razonable que a las personas que están en esas cárceles y que no fueron condenadas como autores materiales, que carecían de mando al momento en que se cometieron los hechos y no tuvieron la capacidad de negarse o de rebelarse ante esas situaciones, razón por la cual terminaron condenadas, hoy día además las estemos condenando a mantenerse en una situación de riesgo y, por tanto, en un espacio de alta vulnerabilidad al contagio, con las complicaciones sanitarias que ello significa.

De verdad, lamento profundamente que mi Gobierno, el Gobierno por el cual yo trabajé y trabajo, haya mantenido esta discriminación arbitraria, que, sin duda, acarreará consecuencias en la vida de personas que solo por un capricho o, más que un capricho, por un ensañamiento de la Izquierda no podrán hacer uso de esta ley. Lo lamento profundamente.

Por esas razones, y dado que este veto habilita una legislación que consolida esa discriminación arbitraria, no voy a dar mi aprobación para consagrar, con mi voto, una ley que mantiene esta discriminación.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Jaime Quintana, a quien la Democracia Cristiana le ha cedido cuatro minutos.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, en esta misma Sala muchas veces hemos sido muy críticos de la actitud laxa del Gobierno en materia de derechos humanos a raíz del estallido.

El estallido, como saben, se encuentra en cuarentena, pero a mí no me cabe ninguna duda de que gran parte de las demandas van a reinstalarse en la sociedad chilena cuando la crisis sanitaria haya transcurrido.

Ahora, sí debo reconocer, de la misma forma, que hoy día en el Senado el Gobierno presenta un proyecto que se hace cargo de los derechos humanos, específicamente de las mujeres embarazadas reclusas. Junto con el Senador Navarro presentamos un proyecto para que las madres reclusas puedan cuidar a sus hijos cuando estos son menores de dos años.

En materia de infancia también hay un cuidado en este proyecto que debemos valorar. Por supuesto también va en otras direcciones que se han planteado desde él... (falla de audio en transmisión telemática). El hecho de que personas que hayan cometido delitos relacionados con la violencia intrafamiliar, delitos tan peligrosos como la asociación ilícita de narcotraficantes o transgresiones a la Ley sobre Control de Armas no puedan ser objeto de este beneficio me parece que va en la línea correcta.

A mí lo que me preocupa, señora Presidenta, es que el Ministro Larraín presentó este proyecto, muy bien, hace dos semanas, cuando había 300 mil casos de contagiados y 16 mil muertos en el mundo. Hoy día ya vamos en un millón y medio de contagiados y 83 mil fallecidos. De Chile todos conocemos las cifras, que han sido actualizadas esta mañana.

Lo que quiero decir es que aquí hay un sentido de urgencia. Por tanto, que un sector de la Derecha haya recurrido al Tribunal Constitucional es un acto irresponsable. Ya lo decía el Senador Harboe hace poco rato. Los alegatos son el día lunes y, si algo ocurre en algún penal en estos días, la responsabilidad será, y tendrán que asumirla, los Senadores de Chile Vamos que recurrieron al Tribunal Constitucional. Me parece tremendamente grave, porque aquí nada se ha dicho de las medidas sanitarias que efectivamente están contenidas y que será imposible (falla de audio en transmisión telemática) que operen ahora, una vez despachado el proyecto desde el Senado y la Cámara de Diputados.

Creo que algunos Senadores no han entendido la pandemia que tenemos.

Por ejemplo, la de La Araucanía es la región que tiene más fallecidos en Chile y la segunda con más contagios, por lo que el riesgo latente -y así me lo han manifestado dirigentes de Gendarmería de los distintos penales ubicados en la zona- es un tema central.

Por lo tanto, aquí podemos hacer algo concreto, como Senado. Y por eso este es un proyecto que está contenido en la agenda COVID-19. Pero, claramente, en la medida que estos Senadores mantengan este recurso -lo mismo que hicieron los Diputados, que alargaron la discusión, cuando evidentemente había un sentido de urgencia- van a tener que asumir su responsabilidad por lo que pueda pasar en estos días en los recintos penitenciarios.

Simplemente quería señalar eso. Y, por favor, no vengamos a hablar acá de los "abuelitos" mayores de 75 años. Estamos hablando de genocidas. Y no importa si esa persona tiene un riesgo de reincidir o no; lo que aquí importa, como recién decía el Senador Girardi, es la señal en cuanto a la memoria y la distancia que algunos pretenden que este Senado y el Estado de Chile tomen respecto de la causa de los derechos humanos, que es una causa universal.

Por todas esas razones, señora Presidenta, voto a favor, porque, a mi juicio, acá hay un sentido de urgencia. Creo que han hecho muy mal algunos Senadores al recurrir al Tribunal Constitucional. Y el Senado debe ser muy claro, como se ha hecho en otros casos, en hacer presente y entregar su opinión, como Corporación, respecto a este punto.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- En el tiempo que resta al Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador Allamand, hasta por tres minutos.

El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, voy a votar a favor del veto por las distintas razones que distinguidos Senadores han señalado, partiendo por la exposición que efectuó el colega Víctor Pérez. Creo que el veto se justifica plenamente y por eso lo apoyo.

Pero el debate se ha orientado hacia un tema distinto, vinculado con las personas sometidas a prisión y que son culpables de violación a los derechos humanos. Yo simplemente quiero señalar, para que quede constancia en el registro, que tener una visión humanitaria respecto de estos personajes dice relación con algo muy simple, que se puede resumir en una frase: apartarse del "ojo por ojo, diente por diente".

Cuando se invoca una razón humanitaria, no se discute la maldad extrema de las conductas en que hayan incurrido los presos o los detenidos, sino que se considera un valor extraordinariamente importante, cual es que no debemos incurrir en comportamientos que, en definitiva, se equiparen a la maldad o sean igualmente reprochables a aquellos en que incurrieron las personas de que se trata.

Señora Presidenta, sin ánimo de hacer ningún discurso encendido ni nada que se le parezca, ¿alguien puede sostener que hay justicia cuando se mantiene en prisión a una persona de avanzada edad, que padece una enfermedad terminal y es incapaz de valerse por sí misma o está, incluso, privada de juicio? Yo creo que es muy difícil que alguien afirme que una situación de esa naturaleza responde a un parámetro de justicia.

Y a quienes sostengan aquello los invito a la siguiente reflexión. Todas -repito: todas- las organizaciones de derechos humanos, así como los tratados internacionales referidos a esta materia, no se oponen al otorgamiento de beneficios cuando, en definitiva, se trata de terminar con situaciones que mancillan o degradan la dignidad humana. Estas organizaciones, como se ha visto en estos días, son favorables a terminar con realidades de este tipo, por la razón que he señalado.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Allamand.

Restan dos minutos y medio al Comité UDI, los cuales serán usados por el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- Señora Presidenta, reitero que este indulto conmutativo tiene un profundo sentido humanitario respecto de las personas que se encuentran privadas de libertad.

Lamentablemente, este es un proyecto discriminatorio. Cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas hoy privados de libertad y que no están considerados en el texto fueron juzgados y condenados, algunos -vuelto a repetir- a través de una ficción jurídica. Y todos están calificados como de bajo compromiso delictual en la escala de reincidencia, sumado a que las condiciones históricas por las que fueron condenados no son repetibles y, además, hoy son adultos mayores que perfectamente pueden estar en sus casas privados de libertad.

Las circunstancias de salubridad pública que ahora enfrentamos ameritan que las decisiones del Gobierno y, obviamente, también las nuestras se enmarquen en el objeto que se persigue, sin incorporar elementos extraños que nos lleven a un tipo de debate que se enmarque en lo político.

Por tal razón, voto en contra del veto presidencial.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminado el debate.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señora Presidenta, vamos a proceder a consultar la intención de voto a las Senadoras y los Senadores que se encuentran participando en la sesión de manera remota.

Senador señor Allamand, ¿cómo vota?

El señor ALLAMAND.- (Falla de audio en transmisión telemática)... del veto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Perdón. ¿Cómo vota?

El señor ALLAMAND.- A favor del veto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.- Por ser un proyecto discriminatorio, voto en contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Durana, ¿cómo vota?

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.- En contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¡Micrófono, Senador!

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Tiene que encender su micrófono, señor Senador.

Ahí sí.

El señor HARBOE.- Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.- Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.- Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.- Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.- Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.- Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.- En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador de los que están presentes en la Sala aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba el veto presidencial (31 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Votaron por la negativa los señores Castro, Durana, Navarro y Prohens.

Se abstuvieron las señoras Ebensperger y Van Rysselberghe y los señores Chahuán, Coloma, García y Pugh.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señora Presidenta, durante la discusión quería agregar algunos antecedentes para precisar datos y cifras, pero a estas alturas no es necesario.

Agradezco la buena acogida que este veto ha tenido de parte del Senado. Esa comprensión nos ayuda a avanzar. Y espero que la Cámara de Diputados haga lo propio un rato más tarde.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Ministro.

Solicito el acuerdo de la Sala, tanto a distancia como presencial, para suspender la sesión hasta un cuarto para las cuatro.

Acordado.

Se suspende la sesión.

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--Se suspendió a las 14:47.

--Se reanudó a las 16:06.

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El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:

Mociones

De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Bianchi, Elizalde, Guillier y Pizarro, con la que inician un proyecto de ley que dispone la suspensión del pago de las cuentas de los servicios básicos, como medida de protección de los usuarios ante la crisis generada por la emergencia sanitaria por el COVID-19 (boletín N° 13.417-03).

De los Honorables Senadores señores Bianchi, Guillier y Navarro, con la que inician un proyecto de ley que prohíbe el alza de precios de alimentos, medicinas y artículos de limpieza y desinfección (boletín N° 13.418-03).

De los Honorables Senadores señora Rincón y señores Durana, Elizalde y Girardi, con la que inician un proyecto de ley que suspende por seis meses los pagos de créditos hipotecarios y de consumo (boletín N° 13.423-03).

De la Honorable Senadora señora Muñoz, con la que inicia un proyecto de ley que suspende el pago de los créditos hipotecarios y de consumo otorgados por entidades bancarias y financieras (boletín N° 13.425-03).

--Pasan a la Comisión de Economía.

De los Honorables Senadores señor Letelier y señora Ebensperger, con la que inician un proyecto de ley que prorroga el mandato de los directorios de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias debido a la pandemia producida por el COVID-19 (boletín N° 13.420-06).

--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

De los Honorables Senadores señores Navarro, Chahuán, García-Huidobro, Letelier y Pizarro, con la que inician un proyecto de ley que dispone la obligatoriedad transitoria de emisión de contenidos educativos para los concesionarios de televisión, debido a la pandemia del COVID-19 (boletín N° 13.419-15).

De los Honorables Senadores señoras Provoste, Allende y Órdenes y señor Pizarro, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de las empresas proveedoras de entregar internet gratuito a estudiantes vulnerables en caso de suspensión de clases debido a la declaración de emergencia sanitaria (boletín N° 13.422-15).

--Pasan a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

Declaraciones de inadmisibilidad

Asimismo, la Mesa declara la inadmisibilidad, por las razones que indica, de las siguientes mociones:

Moción de los Honorables Senadores señores Navarro y Latorre, que faculta la entrega de fondos de las administradoras de fondos de pensiones a los particulares que indica, por la sola solicitud del afiliado.

Moción de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Bianchi, Girardi, Guillier y Navarro, que suspende la obligatoriedad de la cotización en administradoras de fondos de pensiones establecida en la ley N° 21.133 para los trabajadores independientes durante la Operación Renta correspondiente al año 2020.

--Se declaran inadmisibles por corresponder a materias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 6º, del artículo 65 de la Constitución Política.

Moción de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Bianchi, Girardi, Guillier y Navarro, que dispone la suspensión de las cuentas de los servicios básicos como medida de protección de los usuarios ante la crisis generada por la emergencia sanitaria por el avance del COVID-19 y el pago parcial de dichas deudas por parte del Estado.

--Se declara inadmisible por corresponder a materias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Es todo, señor Presidente.

REVISIÓN DE MOCIONES DECLARADAS INADMISIBLES

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, he estado mirando una serie de mociones que llegaron hoy día -no sé si habrán llegado hoy, pero se dio cuenta de ellas ahora-, y quiero hacer una referencia por lo menos a las dudas respecto de su constitucionalidad de fondo. Desde mi perspectiva, claramente algunas de ellas -por lo demás, son muchas- se involucran en contratos vigentes y violentan a veces, en otros casos, la libre iniciativa de las personas.

Quizás la más curiosa -bueno, no sé si curiosa- es la primera moción cuya admisibilidad se declara, la cual señala que los Honorables Senadores señora Provoste y señores Bianchi, Elizalde, Guillier y Pizarro inician un proyecto de ley que dispone la suspensión del pago de cuentas de servicios básicos, como medida de protección de los usuarios ante la grave crisis generada por la emergencia. Y también hay otra de los Senadores señora Provoste y señores Bianchi, Girardi, Guillier y Navarro, que dispone la suspensión de las cuentas de los servicios básicos como medida de protección de los usuarios ante la crisis generada -o sea, lo mismo que la anterior- y el pago parcial de dichas deudas por parte del Estado, e imagino que por referirse al Estado se declara inadmisible.

Yo confío en el criterio de la Mesa; lo he defendido. Pero aquí tengo dudas, y pido que ojalá en este tipo de mociones uno pueda tener conocimiento previo respecto de su contenido.

Me parece que acá hay inconstitucionalidad de fondo. No sé si son inadmisibles; ese es otro tema. Por eso me gustaría verlas, para una próxima oportunidad, con cierta anticipación. Pero aquí estamos generando una serie de iniciativas legales que yo estimo, en sentido contrario, que presentan inconstitucionalidad de fondo. Y entiendo que ustedes pueden ver una cosa más de forma como Mesa, pues a veces no les corresponde abocarse a lo anteriormente señalado.

Quiero dejar constancia de esto, porque voy a plantear en la discusión las dudas de constitucionalidad respecto de los cuatro primeros proyectos, que son, adicionalmente, muy parecidos a otros que fueron declarados admisibles.

Entonces, veo que hay una cierta -no sé cómo describirlo fácilmente- efervescencia en materia de proyectos, que puede ser producto de la necesidad, pero que no necesariamente se adecúa con exactitud a lo que la institucionalidad supone.

Quiero, por mientras, dejar constancia de ello respecto de esos proyectos de que se ha dado cuenta.

Gracias, Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Esta bien, Senador.

Muchas gracias.

Vamos a continuar con la tabla.

Pero antes tiene la palabra el Senador Pizarro.

El señor PIZARRO.- Presidente, a propósito de lo que planteaba el Senador Coloma en cuanto a la admisibilidad o inadmisibilidad de algunas de las propuestas que ha encabezado la colega Yasna Provoste, lo que se está planteando prácticamente en todas ellas es la necesidad de que se establezca en una situación de catástrofe, de emergencia o de pandemia, como en la que estamos, la suspensión de los cobros, y en algunos casos también se suma la prohibición de los cortes de suministro, por las mismas razones. O sea, sería un atentado para alguien que el día de mañana no pudiera pagar una cuenta porque está sin ingresos que más encima le corten el agua, por ejemplo, con lo cual lo dejan, si ya está en una situación sanitaria compleja, en una situación de salud imposible.

Ese es el propósito que se plantea en cada uno de los proyectos, fundamentalmente, y es la razón por la cual se busca generar debate para que -vuelvo a insistir- el Ejecutivo se pronuncie acerca de las medidas que va a adoptar de acuerdo con las facultades que tiene.

La interpretación que existe es que la declaración de zona de catástrofe le permite al Gobierno tomar medidas extremas, y no se están tomando. Mientras tanto, la gente hoy no cuenta con aquellas garantías.

Pedí la palabra, además, porque un proyecto exactamente igual a una de las iniciativas de las que se dio cuenta acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados, luego de ser declarado admisible. Es una moción de la Diputada Joanna Pérez. Lo señalo porque vamos a tener las mismas dificultades que ya tuvimos en otras materias.

Habíamos solicitado una reunión con la Cámara de Diputados, con los Comités, a fin de efectuar una coordinación en este tipo de proyectos y mociones, para establecer un cierto orden.

La Presidenta nos dijo en la mañana que iba a tener una conversación al respecto con el Ministro Secretario General de la Presidencia. Entiendo que conversaron. Sería bueno tener en esto mayor claridad. Nos hemos cansado de pedírsela al Gobierno.

¡Tal vez ahora en la Cámara estén más diligentes: como tienen más facilidades para conducir la Corporación...! ¡Capaz que nos ordenemos un poco más!

Hay que hacer ese esfuerzo, Presidenta y Vicepresidente. Es absolutamente necesario para una mejor marcha y un mejor funcionamiento nuestro.

Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Acabamos de tener una reunión con el Ministro Ward y hemos definido un camino de trabajo para revisar las agendas parlamentarias constituidas por iniciativas que han sido declaradas inadmisibles, con el objetivo de ver si es posible un acuerdo de patrocinio o de avance en esas materias.

No puede haber impedimentos para avanzar en temas que son ciudadanos, proyectos que, por su admisibilidad, muchas veces no podemos impulsar.

Por tanto, hay disposición del Gobierno, a través del Ministro, para encontrar un cauce de trabajo y diálogo.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, ya el Senador Pizarro se ha referido en extenso a la iniciativa sobre suspensión de las cuentas de servicios básicos.

Quiero referirme a otro de los proyectos que hemos presentado y que la Mesa ha declarado inadmisible en la Cuenta de hoy: el que suspende la cotización de AFP para los trabajadores a honorarios.

Nuevamente, esta es una iniciativa que busca colaborar para resolver un problema entre todos, pero el Gobierno hace oídos sordos.

Hemos escuchado acerca de un nuevo paquete de medidas económicas, ahora para los trabajadores independientes. Son más de un millón los trabajadores que entregan boletas a honorarios. El contexto en el cual se les dio la obligación de cotizar es muy distinto al que existe hoy; por tanto, nos parece que es una buena iniciativa que reciban el cien por ciento de los recursos.

Hacemos extensivo este proyecto a la línea de trabajo que la Presidenta ha anunciado con el Ejecutivo. Se lo entregamos completamente para que lo patrocine y lo tramite.

No me quiero extender más en este punto, solo les recuerdo un dato básico: la idea de generar la obligación de una cotización previsional para los trabajadores a honorarios se fundamenta en la necesidad de que estos cuenten con un ahorro previsional que les permita superar la total indefensión en la que se encontraban. Pero hoy día cada peso que se ponga en las AFP es un saco sin fondo,...

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Gracias, señora Senadora.

La señora PROVOSTE.- ...dadas las fuertes caídas que han experimentado los fondos que administran, producto de la pandemia.

Por lo tanto,...

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Muchas gracias.

La señora PROVOSTE.- ...consideramos que el referido proyecto es una buena medida.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, Senadora.

La señora PROVOSTE.- ¡Se lo regalamos al Gobierno, para que no siga haciendo oídos sordos!

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Bien.

Tal como informó la Presidenta, se van a revisar con el Ejecutivo los proyectos que han tenido dificultades de admisibilidad. Esperamos hacerlo la próxima semana. Vamos a elaborar un listado con tales iniciativas, y ahí veremos las que nos han pedido los Senadores que han hablado.

Senador Carlos Bianchi, tiene la palabra.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, entiendo que haya alguna inquietud por parte de un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra con respecto a la admisibilidad de ciertas mociones.

Efectivamente son inadmisibles. Y, desde ya, le quiero pedir a la Mesa, en nombre de la Senadora Provoste, quien nos invitó a participar en esos proyectos -soy autor de uno de ellos-, que solicité el patrocinio del Ejecutivo.

No estamos descubriendo ni inventando nada nuevo. Esto se ha hecho históricamente: sabemos que no tenemos posibilidad de llevar adelante un proyecto de ley, pues es inadmisible; igual lo presentamos e instalamos el tema, y luego se pide a la Mesa que requiera el patrocinio del Gobierno.

Ahora bien, alguien señaló que se está siendo muy creativo con muchas iniciativas. Quiero decirle al señor Senador que planteó eso que no se trata de ser creativo, sino de buscar soluciones a la gran cantidad de problemas que tenemos y vamos a tener por delante, lo que nos obliga -afortunadamente, lo hacemos- a responder de alguna manera a esas peticiones ciudadanas. Ahí se enmarcan tanto la suspensión de los cobros de servicios básicos como lo que ha señalado recién la Senadora Provoste con respecto a las personas que trabajan a honorarios, que boletean.

Estamos colocando los temas que son de prioridad para la ciudadanía y otros tantos más que afectan a todo el país hoy.

Por lo tanto, quiero pedir formalmente, señor Presidente, que se le pida el patrocinio al Ejecutivo de las mociones que la Mesa ha declarado inadmisibles.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- A ver.

Lo que acordamos con el Ministro fue que íbamos a pedir a los jefes de bancadas que nos hicieran llegar un listado con los proyectos que requieren patrocinio o participación del Ejecutivo. Se lo solicitamos desde ya, para poder contar con ellos en la próxima semana.

Tiene la palabra el Senador Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, se dio cuenta de la inadmisibilidad del proyecto de ley que hemos presentado con la Senadora Provoste y los Senadores Bianchi, Guillier y Latorre para dar la opción a los afiliados pensionados de las AFP a retirar parte de sus ahorros previsionales por única vez, en un monto de uno a dos millones de pesos, dependiendo del tramo de edad.

Dada la circunstancia de que la crisis por la pandemia avanza, ante lo cual el Gobierno, a través del Ministro Mañalich, ha señalado que lo más fuerte respecto de fallecimientos se va a presentar a fines de abril, la discusión de un proyecto de esta naturaleza requiere urgencia inmediata; más aún, cuando se busca que un segmento de la población, que llega a 650 mil pensionados, pueda retirar fondos de sus pensiones de AFP para invertirlos en autocuidado, es decir, en medicamentos, en calefacción, en alimentación, de manera tal que estén más protegidos frente al avance inconmensurable de esta pandemia.

Por tanto, pido que se discuta y se vote la admisibilidad de la moción señalada que la Mesa declaró inadmisible, toda vez que claramente el Gobierno anunció el 3 de enero que sabía que esto venía: ¡el 3 de enero! Estamos a 8 de abril, en medio de esta pandemia, y la verdad es que no hemos tomado las medidas necesarias para enfrentar esta crisis en muchos ámbitos.

Mientras más tiempo pasa, más fallecimientos habrá. La gente se va a morir sin haber podido optar a su fondo de pensión. ¡No hay subsidio ni apoyo del Estado para mejorar la condición los pensionados! Por lo tanto, permitirles optar a sus fondos personales, en mi opinión -y tengo aquí la argumentación constitucional-, es perfectamente factible.

Martín Vizcarra en el Perú ha anunciado el no pago de las cotizaciones a las AFP y el retiro de hasta un 25 por ciento de los fondos.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Muy bien.

Como esta mañana ya estuvimos viendo lo relativo a la inadmisibilidad de esta materia, vamos a pasar al siguiente proyecto que nos convoca.

El martes habrá una sesión especial para tratar el tema de las AFP. Ahí podremos ver todos estos asuntos.

Seguimos con la tabla.

Boletín N° 13401-13

MODIFICACIÓN DE LEY QUE FACULTA ACCESO A PRESTACIONES DE SEGURO DE DESEMPLEO

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje del Presidente de la República, que modifica la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley Nº 19.728, en circunstancias excepcionales, en las materias que indica, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (13.401-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite: sesión 12ª, en 8 de abril de 2020 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Trabajo y Previsión Social: sesión 12ª, en 8 de abril de 2020.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Los principales objetivos de este proyecto son:

1.- Incorporar a las trabajadoras y a los trabajadores de casa particular a las prestaciones de la ley N° 21.227, cuando hayan paralizado sus actividades en el período comprendido entre la declaración de estado de catástrofe y la entrada en vigencia de dicha ley. Asimismo, se dispone el pago, por parte del empleador, de las cotizaciones previsionales y de seguridad social y la cotización a todo evento.

2.- Especificar que, respecto de las cotizaciones obligatorias del 10 por ciento, la comisión destinada al financiamiento de la administradora de fondo de pensiones y la destinada al financiamiento del seguro contempladas en el decreto ley N° 3.500, de 1980, que deberán pagar los empleadores durante la suspensión de actividades, solo ellas, se calcularán sobre el 50 por ciento de la remuneración que sirve de base a la prestación que recibirán los trabajadores.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió este proyecto en general y en particular a la vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, por tratarse de una iniciativa con urgencia calificada de "discusión inmediata". Aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes presentes, Honorables Senadoras señoras Goic y Van Rysselberghe y Honorables Senadores señores Allamand y Letelier, luego de lo cual aprobó el proyecto en particular, con las modificaciones y votaciones que se registra en su informe.

Asimismo, la Comisión deja constancia de que los numerales del artículo único, con excepción del número 8), y el artículo transitorio de la iniciativa son de quorum calificado, toda vez que regulan el ejercicio del derecho a la seguridad social, por lo que requieren, para su aprobación, 22 votos favorables.

El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 10 y 11 del informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- En discusión.

Tiene la palabra el Senador Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, esta "ley corta", por así llamarla, está vinculada con el uso del seguro de desempleo en las circunstancias excepcionales que estamos viviendo.

No voy a recordar todo el debate que hicimos acerca de ese proyecto o sobre si nos gusta o no utilizar este instrumento para enfrentar la crisis. Quiero solamente remitirme a los temas que están contenidos en la iniciativa en análisis, que incorpora modificaciones, en lo principal, relativas a los plazos de vigencia de los pactos en la ley.

Voy a ir explicando por parte.

En el comparado, el único objeto de la primera enmienda que se introduce es incluir a las trabajadoras de casa particular en la posibilidad de darle retroactividad a los efectos de la ley; es decir, si una trabajadora de casa particular fue suspendida el 18 de marzo, podrá usar los fondos que indica la ley, que son recursos propios, por lo demás.

En realidad, la trabajadora de casa particular aquí no recibe nada, ¡nada! Solo se permite que haga uso de su fondo de indemnización. Es una cosa muy peculiar. Pero no recibe ninguna otra ayuda. Estas mujeres deberían estar incluidas en las políticas del Estado para apoyar a las personas que no tienen Seguro de Cesantía.

¡Ellas no tienen Seguro de Cesantía!

Quiero subrayar eso, porque algunos han mostrado una confusión al expresar que ellas van a tener derecho al Seguro de Cesantía. ¡No lo tendrán! Solo se les otorga la posibilidad de usar su fondo de indemnización a todo evento y se les permite utilizarlos con hechos producidos con anterioridad a la ley.

Esa es la primera modificación.

La segunda está en la página 3 del comparado, cuya redacción surgió de la Comisión Mixta respectiva.

En el debate de la Cámara de Diputados entiendo que se plantearon dos temas en lo relativo a las obligaciones del empleador.

El primero es -y creo que es bueno detenerse en este punto para que todos los colegas tengan claridad- que en la redacción original no quedó claro lo que se había acordado, que es que el empleador siempre pagará el 100 por ciento de todas las prestaciones de salud, ¡todas!, con excepción de lo correspondiente a la Ley de Accidentes del Trabajo. Pero, en relación con la cotización de Fonasa, de la Ley Sanna, etcétera, el empleador deberá pagar el 100 por ciento de las prestaciones de salud.

En el texto que aprobó la Cámara de Diputados, se podía interpretar que se cotizaba solo por la mitad de las prestaciones de salud. Se corrigió la redacción: se cotiza por el 100 por ciento.

El segundo tema que se discutió tiene que ver con las cotizaciones a las AFP o de previsión. La propuesta que surgió de la Comisión Mixta en su minuto es cotizar sobre el 50 por ciento de los ingresos que perciben las personas en estas circunstancias.

El Ejecutivo en el debate en la Cámara de Diputados, como nos dijeron el señor Subsecretario y la señora Ministra, no tenía los votos para reunir el quorum necesario para aprobar la iniciativa. Ante ello, algunos Diputados y Diputadas, como condición para dar su respaldo, pidieron que se mandara un proyecto que estableciera que los empleadores deben pagar el 100 por ciento de las cotizaciones previsionales.

En el debate que tuvimos en la Comisión Mixta -este fue uno de los puntos en controversia- analizamos si se debe o no obligar a las pequeñas empresas o a todas a pagar el 100 por ciento de las cotizaciones, no solo de salud, que implica mantener el 10 por ciento de la planilla vigente, sino también de previsión.

La Comisión Mixta en su oportunidad planteó que era una situación muy gravosa para las pequeñas empresas y para algunas medianas mantener vigente el 20 por ciento de la planilla, considerando que eso representa salud y previsión. Por ello, se votó a favor de establecer 100 por ciento para salud y 50 por ciento para las AFP, a partir de los ingresos que recibe el trabajador, con la posibilidad de que se paguen en forma diferida en doce meses.

La Cámara de Diputados detectó que tuvimos un problema de redacción respecto a lo de salud. Pero, con relación al monto de pago de las cotizaciones previsionales, ha habido opiniones distintas.

La Comisión de Trabajo tuvo votación dividida en este punto. Cuatro de sus cinco integrantes eran partidarios de no obligar a todas las empresas a pagar el 100 por ciento de la cotización a la AFP, con el argumento del temor a que ello pudiese generar quiebras e informalidades en la relación laboral, en particular respecto de las pequeñas empresas. La otra integrante, la Senadora Muñoz, sostuvo que siempre se tendría que garantizar el pago de parte del empleador de los derechos del trabajador, para no producir lagunas previsionales.

Fueron las dos posiciones que hubo en la Comisión. Se aprobó la norma respectiva con voto de mayoría.

Se encuentra en la página 3 del comparado el texto que establece el pago del 100 por ciento en salud y de 50 por ciento a la AFP, de acuerdo a los ingresos que perciben los trabajadores en ese período. Cabe recordar que en tiempos de cesantía no se paga la cotización ni de salud ni de previsión. Es cero el aporte. Aquí se ha mantenido en la forma indicada.

También se elimina el último inciso del artículo 3, señora Presidenta, que dice relación con lo siguiente. Disculpe que me alargue, pero el proyecto tiene varias complejidades.

Cuando hay actos de autoridad, algunas empresas igual deben seguir funcionando, ¡igual! Por ejemplo, la industria de alimentos, los supermercados, las farmacias van a tener la obligación de continuar operando. La ley establece que tales empresas quedan excluidas de las prestaciones de la misma ley.

Pero la experiencia que ha habido en estos días muestra que en algunas de las empresas que deben seguir funcionando se necesita menos personal o hay trabajadores que no cumple funciones. Por ende, se puede reducir o suspender jornada. El propósito de eliminar el inciso final del artículo 3 de la ley es que en tales empresas exista la posibilidad de disminuir la jornada o suspenderla parcialmente para algunos trabajadores. Esto, de hecho, es lo que está pasando en las actividades mineras con las empresas contratistas, entre otras.

La otra modificación, en el número 3, tiene que ver con el artículo referido a las trabajadoras de casa particular. Solo deseo precisar que es evidente que la intención es que el empleador esté obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como las del trabajador, así como el aporte del 4,11 por ciento a que hace referencia el literal a) del inciso quinto del artículo 163 del Código del Trabajo. Agrega la enmienda que se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 28 de la ley Nº 21.227. Es decir, se paga la totalidad de las obligaciones con las trabajadoras de casa particular cuando hay una suspensión de parte del empleador.

Las siguientes enmiendas, señor Presidente, dicen relación con las vigencias de los pactos. En la redacción, dado que la ley que se está modificando se aprobó los primeros días de abril -esperábamos que se despachara en marzo-, no quedó claro cuándo se pueden comenzar a pagar los pactos. En el texto que se aprobó se planteó que iba a ser el primer día del mes siguiente a la fecha de la publicación, lo cual significaba que se comenzaría a cancelar desde mayo. Entonces, se hace la corrección a fin de que se puedan pagar a partir del mes de abril los pactos que se suscriban. Las enmiendas se hacen tanto en el artículo 5 como en el artículo 10 de la ley vigente, ambos relacionados con los pactos de reducción de jornada.

La modificación contenida en la página 7 del comparado es simplemente una clarificación respecto a la proporcionalidad en los pagos del Seguro de Cesantía de acuerdo con el tiempo que uno esté trabajando.

La enmienda de la página 9 del comparado tiene que ver con lo mismo, en el sentido de cuándo el trabajador tendrá derecho a percibir los beneficios.

Por último, hay una modificación al artículo 27, relativo al registro de información que debe mantener la Dirección del Trabajo respecto a quienes van a usar la ley. La idea es que en él se incluya a todas las empresas y personas, sea en los casos de suspensión de la relación laboral como de reducción de la jornada laboral o de pactos que se hagan entre las partes. Es para precisar aquello.

Señor Presidente, esas son las enmiendas. Disculpe que me haya alargado. En esencia, son perfeccionamientos de la ley para asegurar que estos beneficios puedan operar de forma más oportuna. El mayor impacto es la vigencia de los pactos a partir de abril.

He dicho.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.- Muchas gracias, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Perdón.

Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra.

El señor INSULZA.- Me dio la palabra a mí, ¿sí o no?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Senador.

El señor INSULZA.- Gracias.

Señor Presidente, tengo entendido que hay un comparado de este proyecto, pero no lo he recibido. Es un problema que estamos experimentando quienes nos encontramos en la casa. No sé si los doce colegas que están conectados igual que yo en esta sesión tienen su comparado. ¡Yo no lo tengo!

Por lo tanto, me voy a referir a lo que parece que es uno solo de los temas. A pesar de que el título alude a incorporar a trabajadores de casa particular, parece que hay otros asuntos.

En cuanto a los trabajadores de casa particular, me guío fundamentalmente por las informaciones que me ha entregado la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular.

Efectivamente, ellas fueron incluidas de alguna manera en la ley de Seguro de Cesantía, pero no están en realidad ahí, porque no existe un fondo solidario. Ellas solo tienen lo que depositan. Esa es la realidad. O sea, en caso de cesantía, no pueden recurrir a la ley Nº 19.728, sino solo al 4,11 por ciento que las respalda y les da derecho únicamente si su contrato termina por cualquier causa, lo cual ya es bastante discriminatorio.

Entonces, se nos propone que digamos que estamos de acuerdo en que las trabajadoras de casa particular puedan sacar de sus fondos, del 4,11 por ciento, algún dinero cuando son dejadas cesantes.

Y estamos hablando de las que tienen algún contrato, porque sabemos perfectamente bien que casi la mitad de las trabajadoras o los trabajadores de casa particular no poseen contrato.

Señor Presidente, este proyecto presentado por el Gobierno -no es una moción de ningún Senador- se viste con ropa ajena, porque en realidad ellos no van a colocar un peso. ¡El Estado no pone un peso para proteger a las trabajadoras de casa particular! Les dice que se protejan ellas mismas con los exiguos fondos que tienen ahorrados, mientras les duren.

Probablemente, con el bajo ahorro que pueden realizar estas mujeres -en su mayoría son mujeres, pero hay también hombres-, que ganan bastante poco dinero, van a quedar sin su fondo y tampoco tendrán ningún respaldo.

Yo no acepto este proyecto, señor Presidente. Ya he aceptado muchas cosas de este tipo, como los 50 mil pesos del otro día, porque benefician a la gente. Pero ¡esto no beneficia a las trabajadoras de casa particular! ¡Es una mentira, es una falsedad, que me niego a aceptar!

Gracias.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, hay un aspecto que no se ha considerado en este proyecto. Y me gustaría que el Ejecutivo pudiera recapacitar y buscar la fórmula para incorporarlo.

Me refiero fundamentalmente a aquellos que no cotizaban y que hoy día son parte importante en las planillas de trabajadores de las empresas.

Espero que cuando se dé la solución para los trabajadores independientes sean incorporados aquellos trabajadores de más larga data que no estaban cotizando en el Seguro de Cesantía. Ojalá que el Ejecutivo -lamentablemente, hoy día no está presente- los incluya también, porque esto produce efectivamente un problema importante.

Este proyecto está corrigiendo algunas materias que implicaban algunas dificultades, particularmente las que dicen relación con pagos con efecto retroactivo. Pero lo que planteó el Senador Insulza ya estaba resuelto, a mi entender.

He dicho.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¡sinceridad! Eso es lo que debiéramos pedirle al Gobierno respecto de cuánto va a invertir en momentos de dolor, de angustia, de desesperanza, de desesperación de miles de trabajadores que hoy están quedando cesantes en todo el país.

Es el caso de los seiscientos trabajadores despedidos en el proyecto MAPA en Arauco, en las diversas empresas.

Y la pregunta no es sobre el Seguro de Cesantía, sino respecto de los 3 millones y medio de trabajadores que quedaron fuera.

Aquí les expreso la angustia de todos los conductores del transporte público que hace veintidós días en Lota, Coronel, Concepción, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante se fueron a sus casas y hoy no tienen qué comer. No hay subsidio universal respecto de los trabajadores independientes, sin ingresos, obligados a hacer cuarentena.

¡Son 3 millones y medio!

Por eso me abstuve en el proyecto de ley sobre el Seguro de Cesantía, porque era plata de los trabajadores y porque, además, el Fondo Solidario hay que devolvérselo en diez años al Ministro de Hacienda.

¡Ni un solo peso puso Piñera en el apoyo a los trabajadores cesantes! ¡No ha puesto un solo centavo!

Y hoy día nos señalan que se incluyen las trabajadoras de casa particular. Lo ha dicho con claridad el Senador Insulza: ¡Este es un proyecto mentiroso! ¡Este es un proyecto que busca hacer populismo, por cuanto no ayuda realmente a quienes hay que ayudar ahora!

¡Yo emplazo al Gobierno y a la Derecha! Díganle al Presidente: ¡Hay gente que está pasando hambre, que está abandonada, que requiere que hoy día nos preocupemos de ella! ¡Hoy día!

¡Este Senado se ha negado a discutir acerca de sacar los fondos de las AFP! ¡Se las defiende! ¡Los amigos de las AFP no quieren debatir sobre el retiro de los fondos!

Entonces, ¿quién va a ayudar a los trabajadores?

Señor Presidente, la situación se hace difícil en su región, en mi región y en todas las regiones de Chile.

Viene una mayor cuarentena. Va a fallecer mucha gente. Las personas están desesperadas. No hay que llegar tarde.

Este proyecto sigue jugando con la esperanza y la ilusión de decirles a las trabajadoras de casa particular que las vamos a apoyar. ¡La mitad de ellas no tiene un peso para aportar a este fondo! Y la otra mitad se gastará en esta coyuntura lo que va a necesitar en junio, en julio, en agosto, en septiembre, porque viene dura la cesantía.

En consecuencia, el Gobierno debiera estar preparando planes para apoyar a los que han perdido el empleo y a la clase media, que también está perdiendo el empleo.

Estos proyectos son para un sector muy minoritario, de bajos ingresos. Y la clase media está abandonada, ¡abandonada! Piñera la ha abandonado. Llegó a la Presidencia con un discurso hacia la clase media y hoy día ni una sola de sus medidas la toca.

Porque se les dice a los profesionales que ocupen su Seguro de Cesantía por tres, cuatro o cinco meses, cuando ganan un millón y van a terminar recibiendo 250 lucas en el quinto mes, en circunstancias de que tienen que pagar el colegio de sus hijos, el arriendo.

Señor Presidente, dejemos de jugar. Este es el momento en que el Gobierno debe poner recursos.

Y les consulto a los Senadores de la Comisión de Hacienda: ¿Cuántos recursos de los 12 mil millones efectivamente irán a subsidio directo para paliar las necesidades de los trabajadores independientes, los tres millones y medio que quedaron fuera? ¿Y cuánto se destinará de verdad para ayudar a la gente que está recluida en sus hogares?

Porque, de no tener ingresos para parar la olla, a que haya saqueos de los supermercados hay un solo paso. Y eso sucederá. Van a saquear los supermercados porque el Gobierno se sigue demorando en entregar recursos. Y hoy nos dicen que son de redistribución, de reasignación. ¡Nos quitaron 20 mil millones en la Región del Biobío!

Aquí hay 39 Senadores de región. Muchos se llaman "regionalistas" y crean bancadas regionalistas. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los Senadores frente al hecho de que nos quitaron dinero? ¡Sacaron plata de todas las regiones para reasignarla!

Boris Chamorro, alcalde de Coronel, me ha llamado hoy. También lo hicieron el alcalde de Chiguayante y el alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa. Me dicen: "Senador, ¿qué están haciendo? ¡Necesitamos recursos ahora! ¡Nos vienen a golpear la puerta! ¡Somos la primera línea de la demanda social!".

Por lo tanto, quiero decirles a los Senadores que aprobaron la "Ley anticapucha" -hoy están todos encapuchados en esta Sala; habrá que suspender dicha ley, porque en Chile circulan millones de encapuchados- que se han equivocado. Y ahora, con esta iniciativa, se vuelven a equivocar.

Voto en contra.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Pedí la palabra para referirme a otro tema, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Muy bien.

Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, tuvimos esta discusión hace unos días.

Yo me abstuve de aprobar el proyecto, entre otras razones, por el tema de las cotizaciones.

Hay algunas cosas que me gustaría que la Ministra pudiera precisar para la historia de la ley. Y me refiero a qué pasa -y lo hemos conversado con el Senador Letelier, con la Senadora Goic, con la Senadora Muñoz- con aquellas empresas que han hecho un esfuerzo por mantener el sueldo de sus trabajadores, pese a que no existe la posibilidad de que se desempeñen, porque los lugares donde laboran están cerrados.

Yo les pido silencio a mis colegas, de verdad.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Por favor, señores Senadores.

Escuchemos.

La señora RINCÓN.- Muchas gracias.

¿Qué pasa con esos empleadores que han hecho esfuerzos y les han pagado la remuneración a sus trabajadores? Van a tener que hacer un convenio, van a tener que suspender relaciones laborales porque no pueden mantener el flujo de dinero. Y eso significa que esos trabajadores, acogiéndose a la ley, van a recibir el 70 por ciento de sus remuneraciones el primer mes. Y ese empleador quiere aportarle la diferencia haciendo un esfuerzo.

La ley no es explícita en este punto. Lo conversábamos con el Presidente de la Comisión. Y la Ministra me dijo: "La verdad es que eso puede arreglarse por dictamen".

Me gustaría que quedara consignado en la historia de la ley que aquello será posible. Porque si no es así, tal como está redactado, el empleador incurriría en una ilegalidad. Y considero que debieran permitirse todos los espacios de solidaridad.

Un segundo tema, al que aludía el Senador Insulza. No es cierto que la ley en proyecto beneficie a la trabajadora de casa particular. Porque la ley que se legisló hace algún tiempo lo que hace es que por una renuncia o por despido la trabajadora tiene derecho a una suerte de indemnización, que es el seguro, que se cubre con el aporte del empleador, del 4,11 por ciento.

Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es meterlas expresamente en la ley, pero no las estamos beneficiando con el monto que aporta el Estado, con los 2 mil millones que destinará al Fondo Solidario.

Y, finalmente, hay un vacío.

¿Qué pasa con todos aquellos trabajadores dependientes, que tienen una relación formal, que empezaron a trabajar y tenían un contrato de trabajo previo a este Seguro y que no cotizaron, porque no era obligatorio que se les incluyera? En ese momento se les dijo: "¿Sabe qué?, no le conviene; prefiero darle un aumento en su remuneración, pero no hagamos que cotice". Son trabajadores formales, tienen un contrato de trabajo, pero no están cubiertos por este Seguro.

¿Qué pasa con ellos? Y son muchos.

Son preguntas que necesitan respuesta. Y me gustaría escucharlas de la señora Ministra.

Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Si la Ministra quiere intervenir, puede pedir la palabra.

Tiene la palabra el Senador Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, anteriormente quise solo informar sin entregar mi opinión particular sobre la iniciativa.

Comparto plenamente la inquietud que planteó el Senador Insulza respecto a las trabajadoras de casa particular.

Ellas no reciben ningún beneficio. Y es importante que lo tengamos en cuenta, no para excluirlas de la posibilidad que usen el Fondo de Indemnización. Aquí lo único que estamos permitiendo es que ellas puedan usar dicho fondo sin tener un finiquito.

Pero son sus recursos. Y para muchas trabajadoras de casa particular el fondo que se ha acumulado, del 4,11 por ciento, no dará para mucho dinero.

Son muy pocas las beneficiadas. De las cientos de mujeres trabajadoras de casa particular no a todas les pagan esta cuenta, del 4,11 por ciento. Sabemos que en este sector existe una gran informalidad.

A muchas de ellas, si es que se lo pagan, lo hacen por el sueldo mínimo, no por su sueldo real.

Y esto era lo que pedimos en un momento: que tuvieran acceso al Fondo Solidario, pero al no ser parte del Seguro de Cesantía, no corresponde.

Tiene un punto el Senador Insulza. Pero lo aprobamos en la ley anterior, no en este proyecto. En esta iniciativa lo que estamos estableciendo simplemente es la posibilidad de que exista un efecto retroactivo y clarificar que aquellos buenos empleadores -deberían ser todos- tienen que pagarles todas las leyes sociales. Todas: salud, previsión y el 4,11 por ciento.

Respecto a lo que planteó la Senadora Rincón, el Ejecutivo ha manifestado que desea resolver ese punto a través de un dictamen.

Lo ha señalado la señora Ministra, está el Subsecretario, y espero que al final de nuestra votación pueda ratificarlo, porque es muy importante que exista claridad al respecto.

Hay empleadores que no tienen flujo para pagar la planilla completa; que no tienen ventas; que están en condiciones de suspender legalmente, por pacto o como sea; pero que tienen la voluntad de ayudar a sus trabajadores para no perderlos y para que no queden en situaciones precarias. Y todos entendemos que eso debería tener un cauce positivo para los empleadores que deseen ayudar en este momento.

Hay un punto de la iniciativa que me gustaría plantear, que dice relación con el pago de las imposiciones.

Señor Presidente, nosotros tenemos empresas de tamaño grande, mediano y pequeño.

Lo ideal es que la norma respecto de la obligación del pago de los derechos sociales por parte de los empleadores hubiese sido diferenciada por tamaño. Ese era el ideal.

Lo cierto es que las empresas que generan más empleo en nuestro país son las pequeñas y las medianas.

Muchas de ellas tienen la opción hoy de declarar la quiebra. Y si lo hacen, los trabajadores quedan en absoluta indefensión. Absoluta. Se demorarán dos años en acceder a los recursos de una indemnización.

Hay una situación que queremos evaluar y deseo plantearla porque es un tema real. Siempre he tratado de defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero exigirle hoy a una pequeña empresa, cuando no tiene ni una venta y no tiene clientes, mantener la planilla completa de pagos de derechos sociales durante dos, tres meses, o no sabemos cuántos, puede llevar a que quiebren.

Entonces, tal como existe el escenario que relataba la Senadora Rincón, de empleadores que están en condiciones de hacer un esfuerzo mayor, también hay empresas que no se hallan en esa situación. Por eso se han planteado diferentes alternativas, pues no tenemos un único tipo de empresa en el país.

En tal sentido -y disculpen la frase-, creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Porque yo he hablado con la Conapyme, que estuvo presente en la Comisión, y para muchos de ellos es más fácil declarar la quiebra que sostener el gasto del 20 por ciento de su planilla, porque no tienen ventas.

Por lo tanto, es un equilibrio complejo, señor Presidente.

Sí quiero decir que esta es la primera vez en que una persona va a actuar como si fuera cesante y el empleador tendrá que cubrir con sus propios recursos estas prestaciones, en particular las de salud, que son claves en este momento.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, lo que más me preocupa es la situación de las empleadas de casa particular, pues estas no van a poder acceder a ningún fondo.

Entonces, aclarando nuestros puntos al Presidente, en el sentido de que nos encontramos con un proyecto ya despachado y que lo que estamos haciendo ahora son pequeñas correcciones, yo también pido que veamos ese caso en particular. Porque ellas conforman un segmento de trabajadoras respecto de las cuales es probable que el fondo ni siquiera les alcance tres meses para poder complementar hasta en un 70 por ciento su sueldo.

Por consiguiente, resulta necesario hacernos cargo de ello -no lo visualizamos en su momento-, de que cometimos un error ahí. Y dado que el Gobierno puso 2 mil millones de dólares para la AFC, pienso también que es momento de efectuar un análisis a fin de corregir un error que impactará de manera muy importante en ese sector: son más de 180 mil las empleadas de casa particular que hoy día se encontrarían en esa coyuntura.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador José García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero agradecer la aclaración que hizo el Senador Juan Pablo Letelier, porque respecto a la situación de las empleadas de casa particular ya se ha legislado.

El artículo 4 de la normativa, cuyo proyecto despachamos la semana pasada, esto es, la ley N° 21.227, dice: "En el evento señalado en el inciso primero del artículo 1," -es decir, cuando hay un acto de autoridad que permita hacer uso de este seguro- "los trabajadores de casa particular podrán impetrar el derecho a percibir el beneficio a que se refiere el literal a) del inciso quinto del artículo 163 del Código del Trabajo. En este caso, la Administradora de Fondos de Pensiones respectiva deberá girar de la cuenta del trabajador, el equivalente a un 70% de su remuneración", etcétera. O sea, la persona va a poder cobrar anticipadamente el derecho a indemnización.

¿Qué está haciendo este proyecto? Simplemente, como bien lo dijo el Senador Juan Pablo Letelier, es darle efecto retroactivo a la fecha en que se produce el acto de autoridad, que es el 18 de marzo. Es un perfeccionamiento, un mejoramiento a lo que ya legislamos. No hay una modificación sustantiva en ello.

Así ocurre con varias de las enmiendas que estamos introduciendo.

Por lo tanto, señor Presidente, quiero hacer un llamado a la Sala a que ojalá en una única votación podamos aprobar las modificaciones que nos propone la Comisión de Trabajo, porque -como digo- están perfeccionando normas de la ley N° 21.227. Son disposiciones aclaratorias. Por ejemplo, se esclarece el tema relativo al pago de las cotizaciones previsionales: 100 por ciento en lo que respecta a salud; 50 por ciento en materia de administradoras de fondos de pensiones, situaciones que no estaban nítidas en el texto aprobado hace algunos días.

Además, existe urgencia en cuanto a que haya claridad para los trabajadores que van a acogerse al beneficio y también para las pequeñas y medianas empresas que se someterán a estas disposiciones.

Así que voto favorablemente, y pido a la Sala que haga lo mismo.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Carolina Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, quizás voy a reiterar aspectos que ya señaló con claridad el Senador Letelier y que se relacionan con lo que hoy día estamos llamados a votar.

Lo que ahora se plantea tiene la virtud de hacerse cargo de temas que se discutieron cuando vimos el proyecto que dio origen a esta ley y que no iban en consonancia con el texto que finalmente se aprobó. Y señalo esto con esa franqueza.

Así lo han reconocido también la Ministra, el Ejecutivo; lo hicieron ver los Diputados; lo señaló la Senadora Rincón. De modo que me parece sano que esta iniciativa la aprobemos en esos términos. No es más que eso.

Siempre dijimos que aquí debían mantenerse íntegras las cotizaciones de salud y que las cotizaciones previsionales tenían que ser lo más proporcionales posibles a los ingresos que van a estar recibiendo las familias. Y la estimación se hacía sobre la base de la mitad de sus remuneraciones, de acuerdo a los giros en el Seguro de Cesantía.

Lo mismo pensamos y discutimos en su momento sobre las trabajadoras de casa particular, esto es, que se les siguiera pagando, y de cargo del empleador, el 4,11 por ciento, que justamente financia el fondo con el cual se constituye la posibilidad de que ellas tengan recursos que ante todo evento utilicen en caso de un despido: el fondo de desahucio.

Eso es lo que estamos haciendo, que a dichas trabajadoras también se les sigan enterando las cotizaciones previsionales en el mismo monto y se mantenga lo que ya habíamos garantizado, que eran las cotizaciones de salud. Esto es lo que nos hallamos corrigiendo; no estamos efectuando algo distinto.

Dicho aquello, es del caso manifestar que deseo sumarme al planteamiento relacionado con lo que está pendiente.

Este proyecto, si uno pudiera decirlo en aritmética, es menos uno; es un proyecto que además debimos haber aprobado hace bastante tiempo, y quizás nos hubiéramos evitado mucha desinformación que ha existido en estos días, de gente que fue a la AFC a hacer el trámite respectivo, el cual no les corresponde realizar a los trabajadores, sino al empleador, y recién a partir de hoy día para quienes tienen acceso al seguro.

Pero, efectivamente, lo que suscribimos con motivo de la discusión de este proyecto fue un protocolo con la Ministra a fin de avanzar en generar beneficios para las trabajadoras de casa particular -esto es algo que está pendiente-, para muchos trabajadores a honorarios, para trabajadores independientes, para familias que no tienen acceso al Seguro de Cesantía y que no quedan cubiertos con esta ley. Ello -reitero- está pendiente.

En el compromiso que se suscribió con la Ministra eso se estableció de modo explícito, así como también el crear una comisión en donde nos sentemos a analizar los datos sobre quiénes son los trabajadores; cómo los identificamos; cuál es la forma más eficiente y eficaz de llegar con apoyos, los que hoy día son fundamentales para que cumplan la cuarentena. No les podemos pedir a las familias que sus miembros no salgan a trabajar si no tienen ingresos, sobre todo las que viven el día a día. Ellos quedan fuera de este proyecto. Y ahí tenemos una urgencia.

Hoy día el Presidente ha anunciado un fondo, pero no sabemos cómo se va a usar, ni a quiénes llegará.

¡Por eso necesitamos sentarnos a la mesa a discutir aquello, en función de salvar vidas!

En esa lógica, nosotros tenemos poco tiempo. Y debemos establecer medidas que garanticen que la gente que tiene que quedarse en su casa pueda hacerlo y cuente con el sustento básico para su familia.

Yo creo que a todos nos estremece cuando miramos el mapa de las comunas populares y constatamos cómo empiezan a multiplicarse los contagios. ¡Qué distinto es vivir una cuarentena en una casa de 40 o 47 metros cuadrados! ¿Cuál es la solución que damos ahí?

En tal sentido, junto con respaldar estas modificaciones, quiero relevar el sentido de urgencia en avanzar en esas medidas, para que lleguen a las familias que hoy día no tienen protección, que no cuentan con el respaldo del Seguro de Cesantía.

Eso es lo que nos plantean las dirigentas de las distintas agrupaciones y sindicatos de trabajadoras de casa particular: de Sintracap, de Fesintracap, de Anecap. ¡A eso se refieren! Pero no le podemos pedir eso a este texto, que no lo contemplaba desde el principio. Y en ello hemos sido muy claros.

Me parece fundamental también que salga con celeridad el dictamen de la Dirección del Trabajo que especifica aspectos sobre cómo funciona esto en los casos en que se opta por modalidades compartidas, como señaló el Presidente de la Comisión; asimismo, que quede especificado lo que expresó la Senadora Rincón respecto de poder complementar la renta.

Ese es el sentido de lo que se plantea.

Se busca también facilitarles las cosas a los buenos empleadores, a los que se hacen cargo de sus trabajadores, a los que no quieren despedirlos, a los que pueden y desean hacer un esfuerzo para que ojalá aquellos perciban la mayor cantidad de sus ingresos permanentes durante el tiempo en que debamos enfrentar esta pandemia.

Entonces, solo quiero reiterar la necesidad de avanzar en este plan de medidas urgentes y de tener la disposición a sentarse a trabajar en conjunto, más allá de la aprobación de este proyecto, que subsana las deficiencias del texto anterior.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, la Región de Magallanes, particularmente Punta Arenas, está viviendo, al igual que el resto del país y el mundo entero, momentos muy críticos, con un aumento muy significativo, por desgracia, de personas contagiadas por coronavirus.

Por intermedio de la Mesa, quiero formularle una pregunta al Presidente de la República: señor Piñera, ¿esto es lo que más puede entregar, a sabiendas de que tenemos hoy día un país donde un porcentaje muy significativo de sus habitantes se halla en cuarentena, lo que significa que las personas no tienen cómo salir a trabajar?

Entonces, estoy tratando de ver cómo pueden hacerlo la propia asesora del hogar, cuya situación de desprotección estamos viendo en este debate; las trabajadoras de plantas pesqueras; los maestros pintores, los maestros albañiles, los trabajadores de la construcción; los pescadores artesanales; los amigos suplementeros y las mujeres suplementeras; los feriantes. ¿En qué condición quedan?

¡De lo que estamos hablando hoy día es de la subsistencia para los próximos meses en nuestro país!

Por eso, no puedo aceptar que el Presidente Piñera señale que ha enviado un proyecto, que en algo corrige al que había presentado anteriormente, que posibilita dejar en mejores condiciones a las asesoras del hogar cuando esto realmente no es así. Ellas van a ocupar sus propios fondos, si los tienen, que es otra situación.

¿Cómo se van a canalizar las futuras medidas de apoyo, de ayuda a estas familias, a los adultos mayores?

En Magallanes, que es la región que represento, comienza a aparecer ya un clima mucho más riguroso, lo que impide trabajar a la intemperie. De modo que aquí se genera una crisis nunca antes vista.

¿Y qué hago yo? ¿Voto a favor un proyecto de ley preguntándole al señor Piñera si esto es lo mejor que puede traernos a este Senado?

El señor MOREIRA.- ¡Señor Presidente!

El señor BIANCHI.- "Señor Presidente", como me acota acá el Senador Moreira.

Entonces, señor Presidente Piñera, ¿esto es lo mejor que usted puede enviar a este Senado?

Claro, uno podría dar continuidad a los mecanismos que el Gobierno está implementando para generar algún grado de asistencia a las familias más carenciadas; pero aquí queda de lado absolutamente la clase media, ausente totalmente de medidas de apoyo.

Ya lo han manifestado algunos de los Senadores que me antecedieron: ¿qué ocurre con los pequeños comercios, con los locales comerciales, en que se va a exigir pagar el cien por ciento de las cotizaciones de salud y una parte de las de AFP?

¡Pero si eso es imposible!

Hay locales a los que simplemente eso no les resultará factible. Por eso con mucha razón, a juicio de algunos de ellos, señalan que es bastante más rentable o más real irse a la quiebra, porque no tienen otra opción para poder asumir los compromisos económicos que aquí estamos señalando.

Entonces, desde acá es fácil plantear las cosas; pero poniéndonos en el lugar de las mipymes, de los pequeños comerciantes, de las asesoras de hogar, de las personas que trabajan en la informalidad, de quienes producen el recurso a diario, tenemos que señalar con angustia que estos proyectos ¡no están resolviendo el problema de fondo!

Eso es lo que debemos exigir como Senado: pedirle al Presidente de la República, señor Piñera, que nos traiga iniciativas que permitan asegurar el sustento, la viabilidad de vida; superar momentos que nunca antes la humanidad ha experimentado.

Por ello uno espera que se presenten proyectos que apunten al fondo del problema.

Señor Presidente, yo me voy a abstener, porque no puedo votar en contra algo que no está resolviendo la cuestión central. Y hago esto por la propia dignidad de las personas respecto de las que decimos que esta solución les va a alcanzar, porque no va a ser así.

Lo propio va a ocurrir con esta nueva propuesta económica, la cual dudo que efectivamente llegue a regiones extremas como la que represento, donde hay un BancoEstado absolutamente indolente, que no ha acogido las solicitudes de crédito de cientos de pequeñas empresas que en la actualidad no cuentan con otro mecanismo que no sea el acceso a un préstamo blando, que no han obtenido.

En consecuencia, con mi abstención busco simplemente señalar, por la dignidad de las personas que hoy día están sufriendo una situación nunca antes pensada, mi esperanza en cuanto a que el Gobierno nos traiga proyectos que permitan enfrentar la crisis que estamos viviendo.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Castro.

El señor CASTRO.- Señor Presidente, hace varios días realicé una intervención donde señalé que le había pedido al Presidente de la República establecer una mesa de trabajo para ver todo lo relacionado con esta crisis económica que vamos a vivir como país.

Si bien este proyecto mejora la situación de las trabajadoras de casa particular y las ayuda, no es la solución.

Hoy día el Primer Mandatario anunció un plan que contempla recursos para entregarles a las empresas como crédito garantizado por 24 mil millones de dólares, que es una tremenda cantidad de dinero. Yo siento de verdad que con ese monto de recursos vamos a ser capaces de solucionar todos los problemas económicos de las pequeñas empresas, que son las que realmente están sufriendo.

Lo que me duele a mí hoy día es ver que hay empresas grandes y medianas que se están aprovechando de los fondos que el Estado está colocando a disposición para enfrentar esta crisis.

Esa es una cuestión que nosotros como Senadores también lo permitimos. Porque, si hoy día tuviésemos una real -llamémosla así- preocupación, deberíamos estar todos de acuerdo en parar la legislación e invitar al Ejecutivo a sentarse a una mesa a conversar sobre la planificación de un trabajo para los efectos de buscar una solución de verdad.

No siendo economista, estoy convencido de que, con las cantidades de dineros que el Estado hoy día está poniendo para resolver los problemas que tenemos, vamos a ser capaces de financiar a lo menos por tres meses a todas las pymes de nuestro país.

No podemos permitir que las empresas grandes se aprovechen de esta situación; no podemos permitir que algunos supermercados, que están haciendo un tremendo negocio, despidan gente y se beneficien de este tipo de medidas; no podemos permitir que los funcionarios de los servicios públicos también se cuelguen de ciertas ayudas, porque ellos están recibiendo el cien por ciento de su sueldo.

Por eso, si se focalizan bien los recursos que el Estado ha dispuesto; si esto se hace de manera bien pensada, con información -de quién: del Servicio de Impuestos Internos, pues este sabe perfectamente qué empresas rentabilizan y qué nivel de venta alcanzan-, se van a dar cuenta ustedes de que habrá muchas empresas medianas y grandes capaces de pagarles el cien por ciento de las remuneraciones a sus trabajadores durante estos tres meses. Y si alguna no puede hacerlo, deberá informar aquello con detalle para poder revisar su problema.

Señor Presidente, imagínese a los bancos en esta crisis. Yo estoy seguro de que las instituciones bancarias van a duplicar su rentabilidad. ¿Por qué? Porque existe mayor necesidad de pedir recursos.

Entonces, todo ello debe ponerse arriba de una mesa para poder trabajar esta materia; de manera que los bancos también puedan ayudar a sus clientes y apoyar a las empresas que lo soliciten.

En verdad, los recursos del Estado deben estar focalizados donde realmente se necesiten. Nosotros podemos hacer mucho. Me parece que los representantes de los Comités deben reunirse a conversar para ver cómo hacer que el Ejecutivo se siente en una mesa de trabajo para dar una solución real.

De otro lado, en lo tocante a la entrega del beneficio, ¿cuándo le va a llegar a la gente? Debemos ser capaces de alivianar esa burocracia que sin duda es gigantesca. ¿Cómo deben entregarse los recursos? Yo estoy seguro de que hoy día el Banco del Estado les puede pasar recursos de manera rápida a muchas pequeñas empresas que deben pagar el cien por ciento de los sueldos a sus trabajadores.

Ya pasará esta crisis y podremos sentarnos a conversar acerca de cuántos recursos gastó el Estado y cuántos de verdad puede recuperar. Soy un convencido de que habrá muchos dineros que el Estado o los bancos les pasarán a las empresas que se van a recuperar.

Por eso, señor Presidente, estimados colegas Senadores, creo que deberíamos estar ya pidiéndole al Ejecutivo sentarse a una mesa para hacer un trabajo serio, de verdad, y con la rapidez que se necesita.

No podemos pretender que con un seguro de cesantía la gente va a solucionar su problema. Muchas empresas se van a aprovechar, y eso duele, porque realmente el Estado tiene los recursos necesarios para...

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador. Vamos a tomar nota de su intervención.

Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.

El señor KAST.- Señor Presidente, he escuchado a varios Senadores acá decir de nuevo: "No, mire, voy a votar en contra; esto es completamente insuficiente". Bueno, me parece que eso es no entender la dinámica completa del esfuerzo que se está haciendo.

El señor BIANCHI.- ¡Habla por ti no más!

El señor KAST.- Estoy hablando por mí, y le estoy hablando a usted, que se da el lujo de venir acá y abstenerse. ¡Por su intermedio, Presidente!

Hay personas que pareciera que no entienden el esfuerzo financiero que se está haciendo.

El señor NAVARRO.- ¡Qué esfuerzo!

El señor MOREIRA.- ¡Suma las cifras!

El señor PIZARRO.- ¡Ilumínenos...!

El señor KAST.- Lo primero es que aquí va a haber tres paquetes financieros, no uno. Y por eso los invito a que ojalá entiendan la dinámica de todo esto. Porque hay algunos que, me imagino que no por mala voluntad sino por algún otro motivo, no quieren entender de verdad el esfuerzo que se está haciendo.

El primer paquete financiero estuvo dedicado principalmente a la protección del empleo. Ese paquete, que buscaba ayudar a los trabajadores formales dependientes, se aprobó hace pocos días y hoy le estamos haciendo una corrección.

El segundo paquete se avisó el día de hoy y es de 2 mil millones de dólares, que van a los sectores más vulnerables.

Yo recuerdo que en este mismo Senado se decía que el bono original era insuficiente, porque involucraba un gasto de 170 millones de dólares. Bueno, hoy día, hace pocas horas, se acaba de informar que vienen 2 mil millones de dólares para los sectores más vulnerables.

La señora RINCÓN.- Son reasignaciones presupuestarias.

El señor KAST.- ¡Qué bueno que haya reasignaciones presupuestarias! ¡Qué bueno que seamos capaces, en este momento, de tener la posibilidad de poner los recursos donde más se necesitan!

Adicionalmente, hay un paquete de 3 mil millones de dólares que va destinado a las pymes, con el propósito de que tengan liquidez a través de un crédito con aval del Estado.

Y, como si ello fuera poco, se acaba de anunciar hace escasas horas que viene un tercer paquete económico, que va a ayudar a los independientes que boletean a honorarios.

Por lo tanto, en lugar de quedarnos simplemente con la mirada parcial de que hoy día estamos corrigiendo una ley que ya aprobamos o con el anuncio de hoy, es necesario entender que este es un proceso dinámico. Por eso, invito a aquellos Senadores que dicen que esto es insuficiente a que ojalá miren la película completa y no se queden pegados en una sola dimensión. De lo contrario, no entenderán el componente completo, que tiene, básicamente, cuatro dimensiones relevantes.

La primera es fundamental. De hecho, somos el único país de Latinoamérica que ha sido capaz de garantizarles a los trabajadores formales que recibirán el 70 por ciento de su sueldo a fin de mes, lo que el segundo mes baja a 55 y a 45 por ciento, cifra que será mayor en el caso de los sectores de más bajos ingresos. No hay ningún otro país de Latinoamérica que lo pueda hacer.

Adicionalmente a eso, es muy potente que tengamos 2 mil millones de dólares para apoyo social, parecido a los bonos, el cual, incluso, no va a llegarles solamente a las personas que han recibido bonos en el pasado, sino que va a beneficiar a colectiveros, a personas del transporte.

Entonces, ojalá que el espíritu del debate permita dimensionar estos grupos de la población: los trabajadores dependientes; las personas vulnerables independientes que no tienen ninguna cotización y que van a recibir estos 2 mil millones de dólares; las personas que son independientes y boletean.

El Gobierno fue muy honesto hoy, cuando anunció el proyecto, pues dijo: "Miren, esto viene más adelante". Y probablemente en los próximos días ya sea una realidad. El Ministerio de Hacienda está trabajando a toda máquina para sacar adelante estos proyectos.

Yo lo único que pido es un poco más de generosidad, de mayor espíritu unitario, y menos mezquindad, en lugar de dedicarnos acá a pelear, a no entender la magnitud del paquete que se anuncia. Porque, de hecho, hasta la fecha, sin el tercer paquete económico, que todavía no conocemos, ya estamos hablando de una cifra cercana a los 17 mil millones de dólares destinados a apoyar en esta crisis.

Por lo tanto, obviamente voto a favor, y espero que el clima en el Senado esté a la altura, para que saquemos adelante el país y no sigamos dividiéndonos por peleas mezquinas.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora...

El señor MOREIRA.- ¡Presidente, punto de reglamento!

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Puede intervenir, señor Senador.

El señor MOREIRA.- Presidente, varios Senadores, tanto de Renovación Nacional como de la UDI, me han hecho presente que tienen que viajar lejos y viene el toque de queda.

Yo no digo que no se siga discutiendo este proyecto -hay siete personas que han pedido la palabra-, pero pido que podamos reducir los tiempos de intervención -yo no voy a hacer uso del mío-, ojalá, a dos o tres minutos. ¿Por qué? Porque hay otra iniciativa de ley que me parece sumamente importante, la que aumenta las sanciones a quienes violan la cuarentena, y creo que debiéramos estar presentes para eso. No sé si hay ánimo en la Sala para reducir ahora los tiempos de uso de la palabra para poder ver esa otra iniciativa.

Esa es mi sugerencia.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Okay. Se lo dejamos, entonces, al criterio de cada orador, para hacerlo más justo.

El señor BIANCHI.- Presidente, yo fui aludido, pero me voy a abstener de responder.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Muy bien.

Tiene la palabra la Senadora Jacqueline van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Muchas gracias, Presidente.

Al respecto, varias cosas.

Tal como se dijo en algunas alocuciones anteriores, acá estamos corrigiendo ciertos aspectos que quedaron con defectos de redacción en el proyecto que se aprobó la semana pasada, cumpliendo la palabra empeñada, al aprobarse esa iniciativa en la Cámara, y mejorando también, desde nuestra perspectiva, la situación de aquellas personas que van a estar en un proceso de suspensión de jornada, de manera que puedan tener su cotización de salud completa, lo mismo que en el caso de las y los trabajadores de casa particular.

Sin embargo, no quisiera dejar pasar algunas cosas que se han planteado. Todos nos damos cuenta -acá no hay una superioridad moral de algunos parlamentarios versus otros- de que nuestro país está viviendo una situación supercompleja, en la que todos lo van a pasar extremadamente mal: tanto aquellos que generan empleo como las pymes, mipymes, las medianas empresas y las no tan medianas también, y los trabajadores que, en muchos casos, ven en riesgo su fuente laboral.

Y todos hemos pedido buscar alguna solución -el Gobierno se ha comprometido a ello- para aquellas personas que, teniendo un trabajo a honorarios, no pudieron verse beneficiadas con el proyecto del subsidio de cesantía, como también para aquellas que son completamente independientes, que no están registradas en el Servicio de Impuestos Internos, pero que, sin embargo, en la situación actual y debido a esta especie de hibernación que tenemos hoy día, se encuentran sin un ingreso familiar.

Lo mismo sucede -y lo planteó de alguna manera el Senador Navarro- con la locomoción colectiva. Efectivamente, nuestra región tiene un sistema de locomoción colectiva que está licitado y que enfrenta un problema grande. Además, es una empresa estratégica y debe seguir funcionando para darle cierta estabilidad al sistema.

Pero, teniendo todo esto en cuenta, no quiero dejar de decir lo siguiente.

Acá nosotros no nos podemos olvidar de que el país viene saliendo de cinco meses de una situación supercompleja, no solo en lo social, sino también en lo económico, y el Gobierno había ya invertido una cantidad importante de recursos: llegamos a un 4 por ciento del producto interno bruto de endeudamiento fiscal. Y hoy día, de acuerdo a las cifras que ha dado el Ejecutivo respecto de las distintas medidas que se están tomando, este puro proyecto contempla alrededor de 2 mil millones de dólares que se están girando para darle estabilización al Fondo de Cesantía. ¿Que van a tener que ser devueltos después? Sí, y eso, dentro de la política fiscal, creo que es bastante sano. Pero se están generando los esfuerzos.

Por tanto, plantear acá que el 8 por ciento de endeudamiento a que está llegando el país es no hacer nada, me parece que es faltar a la verdad. Creo que se puede tratar de aumentar los esfuerzos, focalizar mejor los recursos, ayudar todos juntos a mejorar su inversión, colaborar para ir resolviendo los temas que van quedando, pero intentar borrar los esfuerzos que está haciendo el país me parece que no corresponde.

Porque, además, no es el Gobierno, no es el Parlamento, no es la Oposición, no es el Oficialismo: es todo el país el que debe hacer un esfuerzo para que podamos salir de la crisis, no solo sanitaria sino también económica, que se nos viene por delante.

Si estamos con pequeñeces, tratando de defender la trinchera política, la verdad es que a estas dificultades económicas, a estas dificultades sanitarias les vamos a agregar la inestabilidad que naturalmente viene de la mano de esta situación.

Por lo tanto, yo haría un llamado a reconocer el trabajo que se está haciendo, a sumar esfuerzos para avanzar en aquello que falta y a que todos juntos enfrentemos esta situación, porque de verdad los tiempos que vienen hacia delante serán muy difíciles. Lo peor de esta pandemia no ha llegado.

Entonces, debemos tener la capacidad de corregir aquellas cosas que faltan pero también de apoyar las que se están haciendo bien.

Muchas gracias, Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, este proyecto corrige en un aspecto un mal proyecto que se aprobó la semana pasada. La corrección consiste en clarificar que se debe pagar el cien por ciento de las cotizaciones previsionales, porque el texto aprobado la semana pasada es tan antitrabajador que incluso les permitía a los empleadores pagar solo el 50 por ciento de ellas.

Entonces, me parece importante lo que hoy día se ha puesto en discusión: las trabajadoras de casa particular. Eso ya lo aprobaron la semana pasada. Y digo "lo aprobaron" porque yo no concurrí con mi voto favorable debido a que me pareció una mala iniciativa.

Y cuando aquí escucho una serie de intervenciones señalando que sería bueno reconocer el esfuerzo que hace el Gobierno, yo también les pediría que reconozcan el esfuerzo que hoy día están haciendo los trabajadores, porque tanto en esta iniciativa como en la que se despachó la semana pasada solo vemos autoayuda.

Lo que se les pidió a los trabajadores fue que ellos se pagaran el sueldo con sus ahorros individuales. Y lo que se les está pidiendo ahora a las trabajadoras de casa particular es que ellas se paguen sus remuneraciones con sus propios ahorros.

Entonces, ¡por favor!, digamos las cosas como son.

Aquí, en el caso de los trabajadores, particularmente de las trabajadoras que enfrentan mayores dificultades, lo que se les pide es la autoayuda. No hay solidaridad de parte del Estado, no hay recursos fiscales involucrados.

En el caso de la suspensión de la relación laboral, como las trabajadoras de casa particular no cotizan en la AFC, será su propio ahorro, lo que claramente nos parece una injusticia y una discriminación, el que les permitirá enfrentar esta crisis.

La declaración que la Ministra del Trabajo -por su intermedio, señor Presidente- realizó la semana pasada, cuando señaló que las trabajadoras de casa particular no querían imposiciones para así seguir siendo carga de sus maridos y gozar de otros beneficios constituye, en mi opinión, una afirmación totalmente injusta hacia ellas, las cuales, en su gran mayoría, son mujeres jefas de hogar.

Quisiera además, en esta intervención, hacer un llamado para que el Gobierno implemente adecuadamente las iniciativas que el Parlamento aprueba.

Hemos visto largas filas de trabajadores y trabajadoras intentando cobrar su seguro de desempleo. Y ahora, cuando entre en vigencia la suspensión temporal, la realidad va a ser aún más dramática.

No queremos que los trabajadores y las trabajadoras cobren estos seguros desde el hospital, pues muchos de ellos han tenido que correr el riesgo de contagiarse por no existir la implementación adecuada de una medida que es del todo, por cierto, poco solidaria, dado que tanto a los trabajadores que tienen contrato como a las trabajadoras de casa particular se les ha pedido que enfrenten esta pandemia con sus propios ahorros y no con el apoyo y la solidaridad del Estado.

Me abstuve la semana pasada, porque era un mal proyecto, y creo que esta iniciativa va en la misma dirección. No hay solidaridad. Se les pide a las trabajadoras y a los trabajadores que sigan haciendo autoayuda.

El ejemplo más claro son las 300 mil trabajadoras de casa particular que hoy día se ven afectadas, porque se las obliga a consumir el ahorro de su indemnización a todo evento para enfrentar la crisis.

Lo único que hace este proyecto es corregir una mala iniciativa que despachamos la semana pasada, en la cual se les permitía a los empleadores incluso pagar menores cotizaciones previsionales a los trabajadores.

He dicho.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- ¿Se oye?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Lo escuchamos.

El señor DURANA.- Gracias, señor Presidente.

La iniciativa establece una serie de medidas con la finalidad de modificar o aclarar disposiciones de la ley recientemente aprobada y que hoy es complementada a través de este articulado, en especial para beneficiar a las trabajadoras de casa particular, ya que sus cotizaciones deberán ser pagadas en su totalidad, de tal forma que la norma tenga efecto retroactivo y reciban el mismo tratamiento de los trabajadores dependientes.

Este proyecto permite que los trabajadores conserven sus fuentes laborales, continúen recibiendo ingresos, y que las empresas eviten la quiebra.

Ese es el punto central.

Se otorga certeza jurídica y administrativa en cuanto a que en una misma empresa algunos trabajadores podrán quedar sujetos a la suspensión de su relación laboral y otros, a la rebaja de su jornada laboral en un 50 por ciento como máximo.

Eso es muy relevante, en especial para aquellas empresas que pueden continuar con sus operaciones pero que necesariamente requieren realizar ajustes por las bajas ventas y la menor productividad que van a tener durante los próximos meses.

En el caso de las cotizaciones para seguridad social, resultaba sumamente necesario hacer el ajuste de cien por ciento del salario en salud y seguros para que las trabajadoras tengan cobertura total.

Ello, porque en el tiempo que dure la suspensión será el empleador el que se hará cargo de esta prestación. Y obviamente se contempla el beneficio del 50 por ciento de las cotizaciones previsionales con el argumento de no sobrecargar a las empresas, en especial a las pymes, con pagos durante los meses en los cuales no realizarán ventas.

Si bien hay un sentido de realidad en la argumentación, se debe recordar que la misma ley permite declarar y no pagar durante doce meses, sin multas ni intereses.

Lo más importante que quiero destacar es que, si bien primero se usan las cuentas individuales, siempre se genera... (falla de audio en transmisión telemática)... el seguro por parte del Estado. Y ese seguro llega hoy a quienes tienen menos capital en sus cuentas individuales, pues no sabemos el tiempo que va a durar esta pandemia.

Voto a favor.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos.

El señor LAGOS.- No intervendré, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Senador.

Tiene la palabra la Senadora señora Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, creo que aún no conocemos el peak ni la verdadera magnitud que va a tener la pandemia de COVID-19 en el país, pero se espera un fuerte impacto económico y social.

Por lo tanto, una medida que sea clara y oportuna va a ayudar a mitigar un poco esos efectos.

Yo entiendo este proyecto como parte de una batería de iniciativas. La verdad es que la realidad es muy dinámica, los hechos están ocurriendo rápidamente, al igual que en otras latitudes, y, por lo tanto, vamos a tener que utilizar una gama de instrumentos suficientemente flexibles para cubrir a todos aquellos segmentos de la población que están sufriendo con mayor impacto la crisis y que necesitan claramente una red de apoyo.

En ese sentido, creo que el Senado ha sido bien serio. O sea, el bono COVID no era algo que a muchos nos hiciera sentido cien por ciento, pero se aprobó y yo valoro que en el Congreso Nacional se lograra ampliar su cobertura a 670 mil usuarios o beneficiarios más.

El Seguro de Cesantía efectivamente se aprobó ya en una primera instancia y hoy día lo que se está haciendo es rectificar algunos puntos. Obviamente, no es lo mejor, pero yo voy a respaldar el trabajo que realizaron los distintos parlamentarios en la Comisión de Trabajo.

Quiero recordar, sí, el protocolo.

El protocolo establece estudiar fórmulas para ir en apoyo de segmentos que no están cubiertos por el Seguro de Cesantía, como los trabajadores independientes y los que laboran a honorarios.

Yo espero que en los anuncios que va a realizar hoy el Ministro de Hacienda se incluya en esta nueva batería a tales segmentos.

Nosotros, en toda la región, hemos recibido llamados de los conductores de taxis colectivos, de taxis básicos, de los artesanos. O sea, hay una gama de fuentes de empleo que se están viendo mermadas a raíz de la crisis. Y, por lo tanto, debemos hacer un seguimiento a los impactos que tendrán estas medidas, sobre todo en el mercado laboral, a fin de estar atentos a cuál otra implementar.

Pero insisto: creo que el Senado ha cumplido un rol bien colaborativo. Y el debate generado lo entiendo lejos de los adjetivos utilizados y que me llaman la atención: superioridad moral, mezquindad. El debate es un debate democrático. Tenemos distintas visiones, pero, si de algo no se nos puede acusar...

A mi juicio, la Oposición ha hecho una propuesta bien consistente al Ministerio de Hacienda. Si vamos a pedir cuarentena, si vamos a avanzar en la lógica de las cuarentenas progresivas y los cordones sanitarios, efectivamente habrá que poner más baterías de instrumentos sociales y de apoyo al empleo y también de las pymes.

Por último, una reflexión que ya he hecho varias veces, relativa el sector privado. Acá, la banca debe tener una sola línea. ¿Qué va a hacer con los créditos de consumo, con los créditos hipotecarios? En el caso de los dueños de taxis que están pagando una cuota en entidades financieras, en algunos bancos les plantearon una prórroga de dos meses y en otros les dicen que no. Entonces, no hay una línea única. Y es ahí donde espero que el Ejecutivo ocupe los instrumentos constitucionales que le otorga el estado de catástrofe y establezca reglas claras.

En tal sentido, esto lo entiendo solo como parte de una batería más, pero creo que estamos en deuda con los trabajadores a honorarios e independientes, que espero que sean incluidos en una segunda etapa.

Voy a apoyar la iniciativa, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, se había planteado la discusión respecto de si estábamos siendo obstruccionistas o no.

Solo quiero recordarle al Senador Kast -por su intermedio, señor Presidente- que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, acá la crisis la están pagando los trabajadores y las trabajadoras. En otras naciones existe un sistema de seguridad social -el cual, lamentablemente, no tenemos en Chile-, en que el Estado aporta un conjunto de recursos. Solo a modo de ejemplo, Alemania ha determinado un reembolso total, con fondos públicos, para que los empleadores paguen las cotizaciones previsionales durante todo este tiempo. En consecuencia, se destinan directamente recursos públicos.

Aquí lo que está ocurriendo, en la práctica, es que los ahorros de los trabajadores y del empleador están financiando esta etapa. Probablemente, no es el momento para discutir el fondo, pero, evidentemente, no podremos seguir así después de esta crisis, la que nos está enseñando que debemos construir un sistema de seguridad social mucho más robusto, mucho más profundo.

Valoro las correcciones que se están haciendo. Desde luego, el pago del cien por ciento de las cotizaciones resulta fundamental para efectos de no generar lagunas y un conjunto de otros problemas más.

Voy a votar a favor de la iniciativa, pero déjenme decirles que me preocupa lo que se ha planteado acá respecto de las trabajadoras de casa particular.

También quiero advertir, si bien no es materia de esta corrección, aunque debió haberse incorporado en ella, que la aplicación misma de la ley que aprobamos la semana pasada está sujeta a una resolución que deberán dictar el Subsecretario del Trabajo, el Subsecretario de Hacienda y el Director de Presupuestos para fijar las zonas en las cuales será posible que las empresas hagan uso de este sistema de suspensión.

El problema que tenemos es el siguiente.

En la región que represento, por ejemplo, se vive una situación extremadamente delicada. En Ñuble, en Chillán específicamente, la capital regional, existe un cordón sanitario. O sea, ningún pequeño productor que viva en Pinto, en Ninhue, en Coihueco, en Bulnes, puede ir a vender a Chillán. A pesar de que esos pequeños locales de Bulnes, de San Carlos, de Coihueco, no están en situación de cuarentena, no pueden vender y tampoco acogerse al sistema de suspensión.

¿Qué va a ocurrir, entonces? Algunos dicen: "Bueno, en ese caso habrá que despedir". Oiga, pero cuidado, ¡si despedir también le resulta muy caro a un pequeño local comercial! ¿Qué va a pasar? Al final del día, se generará el incentivo perverso de declararse en quiebra. Y ese es el peor de los escenarios, porque los trabajadores y las trabajadoras saben que quedan en muy malas condiciones.

Están conectados la Ministra y el Subsecretario del Trabajo, quienes creo que debieran tener mucho cuidado en la resolución que van a sacar, si es que ya no la sacaron. Pero -insisto- existen muchas comunas pequeñas que no están declaradas en cuarentena y que, aparentemente, no quedarían cubiertas por este beneficio de la suspensión de la relación laboral o bien, eventualmente, de la reducción de jornada.

Es una situación extremadamente compleja, porque lo que se dijo en su oportunidad, públicamente -hay ahí unos tuits del Ministro Felipe Ward y otros personeros-, es que los beneficiarios podrían llegar a los 4 millones de trabajadores. ¡Eso no es así! Y no es así porque tenemos el problema que estoy comentando.

Quiero advertir una segunda situación, señor Presidente, que nuevamente me llega desde la Región de Ñuble. Se ha habilitado, en el sitio web de la Dirección del Trabajo, el finiquito electrónico, por lo que los empleadores, masivamente, están recurriendo hoy día a ese mecanismo a través de dicha plataforma. El grave problema es que el finiquito electrónico no admite la posibilidad de reserva del trabajador o de pago parcial. Y fíjense que el artículo 177 del Código del Trabajo establece la exigencia de un ministro de fe presencial.

Por lo tanto, el trabajador se está viendo obligado a aceptar la totalidad del finiquito planteado por el empleador, lo cual está generando un tremendo problema en la región que represento. Y sería muy importante que la autoridad se pronunciara al respecto.

Por último, señor Presidente, quiero plantear lo siguiente.

Está bien, este segundo paquete económico va en la línea correcta, pero, si no se fiscaliza que los recursos lleguen a las pequeñas empresas, nos encontraremos con una gran dificultad. En Europa se debe informar, transparentemente, cuántos de los recursos entregados a la banca por los bancos centrales llegan a la pequeña empresa, a los pequeños empresarios y también a las personas naturales, porque hay que saber si se están guardando para liquidez de los bancos o solo para las grandes empresas.

Por eso, valoramos las medidas del paquete económico, pero debemos ayudar a que ellas lleguen a la calle.

El Presidente ha dicho: "Vamos a postergar el pago de los servicios básicos". Eso no funciona (la postergación). Oiga, tenemos un problema de pandemia y, al final del día, en noviembre vamos a tener una pandemia económica, de desempleo, de quiebras. En consecuencia, no se requiere una postergación, sino un subsidio público para que la clase media pueda pagar los servicios básicos.

Valoro la iniciativa y la voy a votar a favor, pero insisto en que la situación requiere una batería de medidas mucho más profundas.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Como hay varias dudas y consultas, le voy a dar la palabra a la Ministra María José Zaldívar.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Tiene que activar el micrófono, Ministra.

La señora ZALDÍVAR (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- ¿Ahí sí?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Sí, perfectamente.

La señora ZALDÍVAR (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, por su intermedio, me gustaría dar respuesta a algunas de las consultas que se han hecho hasta el momento.

Quiero partir señalando que tenemos claro que el problema de los trabajadores en nuestro país es más amplio que los cuatro millones y medio que se verán beneficiados con este proyecto de ley. Y es por eso que se suscribió un protocolo de acuerdo con los Senadores de la Comisión de Trabajo para seguir explorando alternativas de cómo dar protección al resto de las categorías de trabajadores.

Si hacemos un recuento más o menos rápido, veremos que, de los 9 millones de trabajadores que tenemos hoy día en Chile en la fuerza laboral, estamos llegando, con esta iniciativa de ley, a aproximadamente 4 millones 700 mil; cuatro millones y medio del Seguro de Cesantía; trabajadores dependientes; 200 mil trabajadoras de casa particular. Y, si agregamos a los trabajadores del sector público, tanto de planta como a contrata u honorarios, que no se están viendo afectados por la actual situación, estamos hablando de 1 millón 300 mil más. Por lo tanto, estaríamos abarcando a alrededor de 6 millones de trabajadores.

Todavía tenemos una deuda y debemos seguir avanzando con respecto a los 3 millones de trabajadores que hoy día no están teniendo una solución. Y es por eso que el plan anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, ya comenzado, dice relación con los trabajadores informales y también con aquellos que emiten boletas de honorarios.

Sin embargo, debemos seguir avanzando para darle una solución al resto de los grupos.

Lo segundo que quiero que quede claro es que, en el caso de la suspensión, esta se puede dar por dos causales.

Por una parte, tenemos, como primera causal, el acto de autoridad, pero también, en el artículo 5°, el común acuerdo de las partes. Por lo tanto, en todas las comunas donde no haya en este momento una orden de autoridad -las que están, por ejemplo, fuera del cordón (es lo que planteaba el Senador Harboe); me refiero a comunas con cafés y tiendas en que no están ingresando clientes por el hecho de que las personas se están cuidando-, existirá la posibilidad de optar a la suspensión a través del común acuerdo entre el empleador y sus trabajadores. Y así quedó establecido en el proyecto de ley.

Además, en la discusión se dijo latamente que esas eran las dos alternativas que teníamos para el caso de la suspensión, más, por el otro lado, la vía de la reducción.

En otro orden, lamento que la Senadora Provoste haya sacado de contexto una afirmación que hice en la Comisión Mixta cuando hablamos de la situación de las cien mil trabajadoras de casa particular que no tienen sus cotizaciones al día. Se trata de un asunto bastante complejo, como es que los beneficios en materia de seguridad social hoy en día pueden generar desincentivo. Por ejemplo, ¿cuántas veces les ha tocado a ustedes oír a personas decir: "Yo prefiero trabajar desde la informalidad y no cotizar porque, eventualmente, podría perder una pensión básica solidaria u otro beneficio"?

A lo que nosotros estamos apuntando es a la realidad que tenemos, de falta de cobertura en materia de seguridad social, muy compleja, pues afecta a trabajadores que son vulnerables. Y debemos ver cómo nos hacemos cargo de ellos. Por ejemplo, si una persona no posee cotizaciones previsionales se atiende por Fonasa tipo A, pues, si las tuviera, se debería atender en una letra distinta que implicara copago.

Por lo tanto, existe una realidad en materia de seguridad social de la cual debemos hacernos cargo. Tenemos a muchas mujeres trabajadoras de casa particular que, producto de esta situación, que es un problema de la seguridad social en nuestro país, y de los desincentivos, no necesariamente están con sus cotizaciones previsionales al día cuando así debería ser, pues a una mujer o a un hombre que se desempeña como trabajador de casa particular se le debieran efectuar sus imposiciones, aun cuando solo trabaje algunos días o algunas horas.

Esta es -repito- una realidad de la cual debemos hacernos cargo. Se trata de un segmento que justamente no queda con esta cobertura y es parte de los 3 millones de trabajadores a los cuales les debemos buscar una solución.

En consecuencia, Senadora Provoste, yo recojo el punto que usted plantea en el sentido de buscar alternativas para los trabajadores que en este momento no tienen protección en materia de seguridad social, pero lamento que haya sacado de contexto la forma en que me referí al drama de muchas personas que hoy debieran ser trabajadores formales y que no cuentan con el pago de sus cotizaciones previsionales al día producto de una serie de aspectos que se dan en nuestro país.

Por supuesto, debemos hacernos cargo de todos los trabajadores que quedan fuera del proyecto. Ese es el compromiso que establecimos en la Comisión Mixta y para ello vamos a coordinar una reunión durante esta semana. Ya hemos conversado hoy día de cómo poder seguir avanzando para encontrar mecanismos que den cobertura a los trabajadores que no se hallan comprendidos en el Seguro de Cesantía, como sí lo están aquellos que pertenecen al sector público.

En cuanto al complemento de las remuneraciones que se ha comentado, no hay ninguna norma en la ley que lo prohíba. En la medida en que sea beneficioso para el trabajador por la posibilidad de que su empleador le quiera dar una ayuda mayor, no habrá inconveniente. En todo caso, es un asunto a resolver entre las partes que eventualmente puede ser objeto de un dictamen de la Dirección del Trabajo.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Muchas gracias, señora Ministra.

¡Lo han entendido muy bien los Senadores Chahuán y Ossandón...!

Ofrezco la palabra...

El señor MOREIRA.- ¡No corresponde!

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- El siguiente orador inscrito es el Senador Guillier.

Hicimos una excepción.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, voy a ser breve porque creo que el punto está claro.

Se trata de una situación desesperada que se procura corregir, sobre todo para las trabajadoras de casa particular, entendiendo que se refiere a aquellas que deberían contar con algún fondo. En el futuro deberemos ver cómo se hará con las que no los tienen.

Se ratifica una línea o una estrategia para que la política sea que, cuando se trate de trabajadores o de trabajadoras, estos se arreglen con sus propios recursos, en circunstancias de que esta crisis probablemente será más larga y agotará tales medios. O sea, tendremos pateado el problema a un tiempo mediano, lo que implica una limitación.

Igualmente, en el caso de las micropymes, obligarlas a pagar el cien por ciento de las leyes sociales es urgente en salud, sin duda, pero en el aspecto previsional debería replantearse, pues, como están cayendo los fondos previsionales, hoy día sería mejor negocio entregarle al trabajador su aporte mensual y arreglarlo un poquito que seguir metiendo su plata en un sistema que se está desplomando. Quizás eso podría revisarse.

También quiero hacer presente que hay un contraste con recursos importantes que se están entregando a la banca. Hay 500 millones de dólares para el BancoEstado. Y muy pocas pymes están renegociando, porque el nivel de condiciones que les ponen es para tiempos normales y no para estos tiempos de crisis. Por lo tanto, se forma un cuello de botella que las propias autoridades están empezando a reconocer.

Esto se advirtió hace varias semanas. Y ahora se anuncian 24 mil millones para la banca, pero sin especificar las tasas, las cuales deberían ser de cero intereses y aplicar solamente el IPC en vez de dejarlas a un criterio de "tasas preferenciales". ¡Qué es eso! ¡Se le entregan 24 mil millones a la banca en situación ambigua! No se sabe bajo qué condiciones prestarán los bancos, que podrían ser, por lo tanto, los grandes ganadores -¡para variar!- de esta crisis.

Creo que falta pensarlo bien, en el sentido de que los esfuerzos tienen que ser para todos. Los trabajadores no deben quedar entregados a su suerte y que se las arreglen los que pueden. Necesitamos políticas a más largo plazo, como se está haciendo con muchas empresas, y, sobre todo, no traspasar recursos a la banca sin definir criterios de asignación. Por lo tanto, el beneficio potencial no necesariamente llegará a las pymes y, al final, terminará fortaleciendo más o siendo una fuente de utilidad para el sector financiero.

Lo planteo, entonces, para que la autoridad lo piense.

Yo, por razones casi de drama, para que los trabajadores no lleguen a fin de mes sin un peso, voy a apoyar el proyecto, pero no se puede presentar esto como que vamos en la línea correcta, porque no me parece que lo sea aplicar un criterio para el trato que se le da al trabajador que se las arregla por cuenta propia, con sus propios recursos, sin saber además cuánto tiempo podrá aguantar, y otro distinto para las empresas.

Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Andrés Allamand.

El señor ALLAMAND.- Estimado Presidente, solo haré unos pequeños comentarios generales después de haber seguido con mucha atención el debate.

Estoy seguro de que las personas que están mirando esta sesión, en forma objetiva, en forma independiente, desde sus casas, deben estar, de alguna manera, sorprendidas; sorprendidas porque de pronto, a través de encendidos discursos, se anuncia el rechazo a una normativa que fue aprobada la semana pasada. Nadie entenderá eso.

Después, se dice que aquí todos los mecanismos son de autoayuda, en circunstancias de que los propios parlamentarios han planteado que estamos hablando, en muchos casos, de miles de millones de dólares, cantidades verdaderamente muy significativas.

En fin.

La reflexión que cualquier persona podría hacer al seguir este debate, señor Presidente, es que resulta incomprensible la polémica de fondo, porque algunos señores parlamentarios, a través de encendidos discursos, le reclaman al Gobierno que haga más y que, en definitiva, acceda al conjunto de peticiones que se le formulan.

Entonces, la pregunta que cabría hacerse es: ¿por qué racionalmente un gobierno rechazaría acoger, aquí y ahora, todas las proposiciones que se le formulan? Sería un camino para obtener un nutrido aplauso de la galería. ¿Habrá algún gobierno que deliberadamente pretenda ser impopular, castigar a la ciudadanía, perjudicarla, o que no quiera ayudarla en estas circunstancias? ¿Es racional ese razonamiento? ¿Es lógico? ¿Hace sentido? ¡Por supuesto que no!

Yo creo, señor Presidente, que lo que está haciendo el Gobierno es lo que cualquier gobierno serio haría en su situación: actuar con dos criterios. El primero es calibrar los tiempos, precisamente para no agotar prematuramente los recursos disponibles.

La señora Senadora Órdenes decía, con mucha razón, que tardaremos en ver el peak de la pandemia. Algunos piensan que esta durará hasta junio, en tanto que otros opinan que será mucho más prolongada. Por lo tanto, la responsabilidad de un gobierno es ser particularmente responsable con la disponibilidad de los recursos.

En segundo lugar, señor Presidente, me parece que cualquier gobierno serio tiene que asegurarse de que las políticas públicas que implemente sean eficaces y lleguen precisamente a las personas a las cuales se quiere y se debe ayudar para los efectos de colaborar y resolver su situación.

En consecuencia, solamente quiero llamar la atención en el sentido de incorporar, de alguna manera, a nuestra conversación, a nuestras deliberaciones, una lógica de sentido común, más que una lógica de encendidos discursos, que de pronto aparecen muy fuera de lugar y que creo que no contribuyen para nada ni al espíritu de reflexión que la gente está esperando del Senado ni a la existencia de un ambiente constructivo que, en definitiva, es lo que el país requiere.

Aquí se han mencionado algunas políticas públicas que han impuesto algunos países europeos, y quiero sugerir a mis amables amigos colegas que, por ejemplo, revisen cuál es el tipo de debate que se efectúa en Alemania o en Portugal, porque el tenor de las intervenciones, de las propuestas que se formulan, el ambiente en que esos dirigentes políticos laboran, esos parlamentarios como nosotros, créanme, es completamente distinto al que se refleja en nuestras deliberaciones.

He dicho.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.

El señor MONTES.- Gracias, Presidente.

La verdad es que yo creo que todos tenemos ganas de ser constructivos. Nos preocupa mucho -ojalá que hubiera una gran unidad al respecto- ser serios, pero también es muy importante reconocer los problemas. Por tanto, les diría a las personas de este Gobierno y a sus parlamentarios que también hay que reconocer los problemas.

De otro lado, me parece que la descalificación que hace el Senador Kast de otros Senadores, por tener determinadas preocupaciones, no es adecuada. Hay que tratar de oír.

Existe mucho dolor en la gente. ¡Si hay gente que está sufriendo mucho en este momento, con bastante agobio, con desesperación, y con rasgos de terminar expresando su malestar!

¿Ustedes se imaginan qué estarán pensando los vecinos de sectores de Puente Alto y, particularmente, de Bajos de Mena, que el día jueves van a tener cuarentena por siete días, primero, y probablemente renovables? ¿De dónde van a sacar alimentos para esos catorce días? ¿De qué ingreso dispondrán para sobrevivir? No han tenido trabajo el último tiempo, y ahí ya se está hablando de ollas comunes. ¡Se está hablando de ollas comunes!

Entonces, es bien fácil hablar como si no hubiera problemas. Pero existen. Hay que reconocer los problemas, así como también que en las políticas puede haber errores. Yo creo que fue un tremendo error el bono de 50 mil pesos, porque todo el mundo sabía que era absolutamente insuficiente. Es cierto que no sabemos cómo está la pandemia, cuánto va a durar. Pero es reimportante tener claros por lo menos tres meses, les diría a varios Senadores, tiempo durante el cual habrá mucha gente que va a sufrir demasiado. Por eso se requiere una política clara de apoyo.

Aquí hay dos discusiones, una sobre este proyecto, respecto del cual comparto la interpretación que hace el Senador Letelier y manifiesto mi apoyo, y otra se refiere al plan que se presenta hoy día. Y ese es el problema, pues desconocemos qué está pasando en la realidad.

Yo considero muy necesario discutir, dialogar sobre el particular.

Y le diría al Senador Allamand, a propósito de Alemania y Portugal, que yo también he seguido esos debates y efectivamente existe un clima por ambos lados, donde también el Gobierno recoge, dialoga. Aquí no tenemos un espacio de diálogo en estos temas. No hay un espacio de diálogo, como en salud, por ejemplo, ahora en lo sanitario; en lo económico-político, no lo hay. Nosotros tuvimos una reunión con el Ministro Briones estos días para decirle "Mire, nos preocupa, no sabemos qué es lo que hay. Nosotros tenemos ideas, pero no sabemos qué va a hacer el Gobierno".

Bueno, hoy día se presenta el plan, y creo que es muy general. Me parece que va en una línea correcta. Pasamos de 170 millones de dólares a 2 mil millones de dólares. Pero ahora vienen las dudas. ¿A quién se va a beneficiar? Porque hay 3 millones de personas a las cuales se les destinaba el bono de 50 mil pesos, que entiendo que todavía no se paga, o se paga muy parcialmente. Esa es una parte.

Pero están también las personas que reciben honorarios en el sector privado. ¿En qué situación van a quedar? Y están los independientes. ¿Los 2 mil millones son para cubrir todos los sectores que no tienen seguro de desempleo? Porque en el discurso y en el informe escrito del Ministro, que a mí me llegó, la verdad es que eso no está claro en ningún caso. Ojalá que esto cubra todo, pero habría que ver por cuánto tiempo. ¿Por un mes? ¿Por dos meses? Si es por dos meses es una cosa, pero si es por cuatro o seis meses es otra totalmente distinta.

Entonces, es bien importante aclarar qué se quiere hacer.

Se requiere un bono significativo. ¿Qué propusimos nosotros -y sabemos que es muy fuerte-? 301 mil pesos, o sea, un sueldo mínimo durante tres meses, como renta básica, para los sectores que hoy día no tienen ingresos. Eso fue lo que propusimos varios. Y se lo dijimos al Ministro, porque las familias no solo lo deben tener para sobrevivir, sino también para sentir seguridad de que al otro mes van a poder sobrevivir.

A mi juicio, en esto puede haber grandes problemas si las cosas no las hacemos bien.

Por el lado de las empresas. Está claro que la vez anterior fueron 2 mil millones de dólares para ellas; ahora 3 mil, 5 mil millones de dólares en total. Eso está bien.

Sin embargo, tenemos dos problemas: ¿Quién fija las tasas de interés? Viendo otros países, hay mucho mayor regulación de las tasas de interés y no son los bancos los que las determinan como se les ocurre, como en el caso del CAE en la educación. Aquí debe haber factores de regulación distintos. Y eso no puede estar suelto, porque, como alguien decía, a veces los bancos quieren generar rentabilidad en esto. Pero tales instituciones en este período no pueden tener rentabilidad. Tienen...

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Gracias, Senador.

El señor MONTES.- Voy a terminar, Presidente.

Yo no he hablado.

Y termino diciendo que aquí hemos ampliado al sector de grandes empresas hasta 28...

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Presidente, la verdad es que quiero compartir un poco la sensación angustiosa que uno tiene cuando participa en esta larga sesión.

Lo que estamos haciendo es una cosa mínima: mejorar o tratar de mejorar algunos aspectos que no quedaron bien en el proyecto que se aprobó la vez pasada. Yo voté en la Comisión Mixta. Pero en la iniciativa en general, por no haber todavía trabajo a distancia, no participé en su votación. Ahora volvemos a discutir un proyecto que tratamos, como dije, de mejorar.

Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad para ahondar en una situación que nos preocupa, porque nosotros tuvimos una conversación como bancada con el Ministro Briones. Le hicimos ver que era completamente insuficiente lo que hasta ahora habíamos visto, que era necesario tener una política mucho más agresiva, más expedita, que realmente llegara a los que no van a tener ingresos, que ya lo están pasando muy mal, que están muy angustiados. Son muchísimos los trabajadores que no tienen contrato de trabajo, que no acceden a un fondo de cesantía, que no tienen recursos, y que, obviamente, incluso les resulta imposible hasta cumplir cuarentenas porque no tienen cómo obtener recursos.

Le hemos propuesto no solo nosotros, sino el exministro Eyzaguirre, una serie de connotados economistas, que no son gente que uno pudiera calificar, por favor, de izquierda o mucho menos, que es necesario tener una renta básica, por lo menos para todos esos trabajadores que no perciben ingresos, a objeto de garantizarles estos tres meses. Esta situación será muy larga, muy compleja, muy difícil.

Por lo tanto, quiero decir que participar de esta sesión y aprobar un proyecto así realmente complica, en el sentido de que uno sabe que no está yendo más que parcialmente a solucionar aspectos puntuales de la iniciativa anterior sin ir al fondo.

Se supone que el Gobierno nos va a presentar un proyecto. Falta diálogo, no nos dan a conocer contenidos con antelación. Esta mañana escuché a la Presidenta del Colegio Médico, quien decía que ellos, que participan de la Mesa Social del COVID, no tienen toda la información, no es compartida, y por lo tanto les cuesta mucho aprobar medidas, por no ser parte de ellas, como las que se han dado ahora último respecto de dividir algunas comunas en cuarentena.

Volviendo a un tema muy preocupante, específicamente el de las trabajadoras de casa particular, creo francamente que este proyecto no está poniendo ningún recurso. Lo que se está diciendo es que se cambia la fecha, a partir del 18 de marzo, cuando se inicia la catástrofe, y no cuando esto sea publicado, en que estas trabajadoras podrán acceder al 4,11 por ciento del fondo de indemnización, que pone el empleador, el cual representa el único recurso de que ellas disponen frente a un finiquito, al cese del trabajo.

Hoy ellas no tienen, como otros trabajadores, un contrato que les permita acceder a un fondo de cesantía. Por eso, con toda razón, la Coordinadora Nacional... (falla de audio en transmisión telemática) Nos ha hecho llegar creo que a todos los parlamentarios sus inquietudes. Y tienen razón, porque ellas sienten y son efectivamente un grupo muy desprotegido, no tienen contratos... (falla de audio en transmisión telemática). Por supuesto que si reciben esta renta básica de emergencia, que no existe para el conjunto de los trabajadores y por eso la estamos pidiendo, será bueno.

Pero también hay muchas quejas respecto de las inspecciones que hace la Dirección del Trabajo. Y, finalmente, les gustaría acceder al Convenio 189 de la OIT, para que todos los trabajadores tengan los mismos derechos laborales y no exista esta suerte de categoría especial, como les ocurre a las trabajadoras de casa particular, porque eso es lo más duro. ¡Si aquí lo único que estamos diciendo es: "Miren, se les va a aplicar a partir del 18, y se tiene que poner la totalidad de las cotizaciones de salud"! Pero eso es muy insuficiente.

Hay otros temas que son más profundos, que tendremos que ver en su momento y que aquí ya se han dicho.

No sabemos bien qué significa realmente el aporte para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, pero sí sabemos la queja profunda que ellas tienen.

Yo he recibido información de Valle Hermoso, en la comuna de La Ligua, y ahí no pueden acceder al crédito, no tienen facilidades de la banca, no se les entregan, no se les reconoce la situación difícil que ya tenían producto del estallido social: menos ventas, el esfuerzo grande que hacen. Son conocidos...

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Le quedan treinta segundos, señora Senadora.

La señora ALLENDE.- Yo lo siento, Presidente, pero voy a apoyar esto con mucha dificultad porque falta el fondo: cómo apoyamos a los trabajadores independientes, informales, que hoy día no tienen recursos.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Gracias, Senadora.

Tiene la palabra el Senador De Urresti por tres minutos.

El señor DE URRESTI.- Gracias, Presidente.

En la misma línea de lo que se ha discutido.

Es realmente insoportable esta ceguera del Gobierno de seguir, simplemente, tratando de enfrentar estos temas con una legislación parcial. Lo que aquí estamos haciendo es elaborar una legislación específica para las trabajadoras de casa particular por un tema retroactivo; pero, nuevamente, el costo de esta situación es en contra del fondo que ellas tienen para otras situaciones.

Entonces -lo dijo muy bien el Senador Montes-, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la visión de conjunto para abordar, definitivamente, soluciones más de fondo?

Yo quiero diferir absolutamente del Senador Allamand, por su intermedio, Presidente, cuando señala que aquí hay un gobierno serio que está enfrentando este problema. Yo me pregunto: ¿es serio un gobierno con un Presidente al que el propio sector que representa el Senador Allamand le ha reconocido su arrogancia, su prepotencia para ir a sentarse a la "plaza Dignidad"? ¿Es alguien que está en sus cabales? ¿Es alguien que está conduciendo, efectivamente, los destinos del país?

Entonces, hablemos de un gobierno serio.

Así como les gusta tanto compararse con Europa y con otros países, comparémonos en todo: ayudemos a las grandes empresas, pero nacionalicemos lo que corresponda respecto del aporte. Están dispuestos a eso, ¿sí o no? ¿O vamos a tener nuevamente una Derecha que quiere sortear este problema, que quiere sortear esta pandemia, pero ayudando y mejorando, incluso, las condiciones de las grandes empresas, como hicieron en la década del ochenta?

Entonces, seamos claros: aquí no tenemos un Presidente serio, no tenemos un gobierno serio. Tenemos un gobierno encabezado por un señor Piñera que está absolutamente fuera de sus cabales, y usted lo sabe bien, Senador Allamand, porque lo conoce. Y eso es irresponsable. Partamos reconociendo eso.

Un país serio no es el de un Presidente que se va a sentar a fotografiarse, para su ego, para su arrogancia, en la "plaza de la Dignidad". ¡No me hable de seriedad del Gobierno! Seriedad es convocar a todo el país, porque a este país le va a ir mal si no estamos todos unidos y no con este tipo de picoteo, como ustedes están tratando de hacer.

Voy a votar a favor, señor Presidente, porque las trabajadoras de casa particular necesitan esto. Pero le insisto: de seriedad, señor Allamand, su Presidente tiene muy poco; de arrogancia, mucho.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Gracias, Senador De Urresti.

Bien, no hay más solicitudes para intervenir...

El señor COLOMA.- Pido la palabra.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- ¿Reglamento?

El señor COLOMA.- Sí.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- La tiene.

El señor COLOMA.- Presidente, dos cosas.

Primero, yo pido formalmente que se revise la forma de acción.

Yo sé que aquí hay parlamentarios que, con legítimas razones, pueden estar sesionando en forma telemática, pero hay otros que tenemos que estar acá y creo que se produce una distorsión respecto de la forma de debatir y le quiero pedir a usted y a la Sala que lo revisen con relación a los tiempos, a las horas, a cómo se genera un debate.

Aquí no se está dando una discusión; aquí hay una cosa rara: se genera algo acá, en la Sala, y otra situación, que no tiene nada que ver, se maneja telemáticamente, incluso con horas. Fíjese que tenemos que ver otro proyecto y tenemos que dar el quorum para tal efecto.

Asimismo, hay muchos funcionarios que deben esperar para que no los pille el toque de queda. Y otras personas...

El señor MOREIRA.- ¡Están cómodamente en sus casas...!

El señor COLOMA.- Hay muchas personas que tienen la obligación de estar allá, pero se generan unos debates que no tienen que ver con el sentido de las cosas. Y esto lo planteo formalmente.

Y, como tengo la palabra, me parece inaceptable la insolencia del Senador que me antecedió. ¡Es una vergüenza! Yo creo que estamos en un debate serio.

Aquí todos hemos hecho un esfuerzo gigantesco, unos y otros.

He escuchado intervenciones serias de la Oposición tratando de colaborar con un problema que ha sobrepasado al mundo entero, respecto del cual, afortunadamente, Chile está haciendo un esfuerzo grande, unitario por resolver el tema de la pandemia, para lo cual cuenta con la seriedad de todos.

Entonces, cuando un señor Senador empieza a decir que son todos unos payasos, que el resto son unos tales por cuales, que son unos ineptos, unos incapaces, unos faltos de seriedad, eso desnaturaliza el debate y genera una reyerta que le hace muy mal a Chile.

Es muy distinto que desde la casa se empiece a injuriar a todo el mundo a que se defiendan ideas con un sentido de unidad, que yo creo que es fundamental y que he apreciado en casi todas las otras intervenciones.

Yo, por lo menos, aprovechando este fundamento, quiero señalar que eso no hace bien. Aprecio y valoro otras condiciones que hemos conversado con el Senador, pero creo que aquí se ha excedido absolutamente en la forma de tratar a un Presidente de la República.

Si el día de mañana no nos respetamos y todos creemos que el otro es el deudor permanente al cual uno puede herir en sus sentimientos más profundos, vamos a ir por un mal camino.

Yo llamo a seguir un buen camino, cual es el del entendimiento, de la seriedad, de la conversación, no el de la descalificación.

Eso le hace mal a Chile.

He dicho.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Bien Senador.

Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, habiendo terminado el debate vamos a proceder a consultar por la opción de voto de las señoras y señores Senadores que se encuentran participando de la sesión a distancia.

Senador señor Allamand, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Votación exclusivamente.

El señor ALLAMAND.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.- ¡Que el Senador Coloma no esté tan delicado de cutis!

Voto a favor.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- ¡Por favor, Senador!

Votación nomás.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Cómo vota?

El señor DE URRESTI.- Para los delicados de cutis, a favor.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- ¡Senador, por favor, su voto!

¿"A favor", dijo?

Ya.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.- En contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.- Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Senadora Provoste, su voto.

La señora PROVOSTE.- El problema es que desde la Sala no está el audio.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Votación nomás, por favor, Senadora.

La señora PROVOSTE.- Abstención.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.- Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.- Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador en la Sala o a distancia aún no ha emitido su voto?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (37 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones) y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Votaron por la negativa los señores Insulza y Navarro.

Se abstuvieron la señora Provoste y el señor Bianchi.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de la Senadora señora Muñoz.

El próximo proyecto se votará sin discusión, ya que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución. Por supuesto, se dará previamente un informe.

Boletín N° 13363-07

SANCIONES POR INFRACCIÓN DE REGLAS HIGIÉNICAS O DE SALUBRIDAD EN TIEMPOS DE CATÁSTROFE, EPIDEMIA O CONTAGIO

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Según lo acordado por los Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fortalece los protocolos determinados por la institucionalidad de salud pública en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, mediante el aumento de las penas a delitos por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad, con certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

--Los antecedentes sobre el proyecto (13.363-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Ossandón, Allamand, De Urresti, Harboe y Pérez Varela):

En primer trámite: sesión 7ª, en 26 de marzo de 2020 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (certificado): sesión 10ª, en 31 de marzo de 2020.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Este proyecto de ley tiene por objeto modificar el artículo 318 del Código Penal para aumentar hasta 200 unidades tributarias mensuales la sanción de multa al que pusiera en peligro la salud pública por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad decretadas por la autoridad en tiempos de catástrofe o epidemia.

Asimismo, busca sancionar al que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, lo obligue a trabajar cuando este se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio.

Finalmente, propone castigar a las empresas, servicios o instituciones que, sin la debida autorización, sigan funcionando presencialmente en un territorio declarado en cuarentena o aislamiento sanitario.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto de ley en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y propone a la Sala considerarlo del mismo modo.

Aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señora Rincón y señores De Urresti, Galilea, Harboe y Pérez. Luego aprobó la iniciativa en particular, también por unanimidad, con las modificaciones y votaciones que se registran en el certificado.

El texto que se propone aprobar se consigna en la página 6 del certificado de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Gracias, señor Secretario.

Tiene la palabra el señor Pérez Varela, para dar el informe de la Comisión.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, el Senador De Urresti me ha delegado la función de informar este proyecto.

La iniciativa se originó en una moción del Senador Ossandón, quien invitó a varios colegas a respaldarla: a los Senadores Allamand, De Urresti, Harboe y quien habla, y la Comisión la analizó en sesiones pasadas.

El objetivo del proyecto que se somete a la consideración de la Sala es modificar el artículo 318 del Código Penal para aumentar hasta 200 unidades tributarias mensuales la sanción de multa al que pusiera en peligro la salud pública por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad decretadas por la autoridad en tiempos de catástrofe o epidemia.

Finalmente, plantea castigar a las empresas, servicios o instituciones que, sin la debida autorización, sigan funcionando presencialmente en un territorio declarado en cuarentena o aislamiento sanitario.

En los fundamentos de la moción se establece, en lo medular, que la situación que aqueja al país y a gran parte del mundo por la crisis sanitaria que ha desatado el coronavirus COVID-19 ha sido un evento sin precedente en la historia moderna, que ha llevado a las autoridades de salud a extremar medidas para evitar el contagio masivo de las personas.

En ese orden de ideas, una de las acciones más eficaces para contener el virus, y que ha sido decretada en casi todos los países, dice relación con el aislamiento y la cuarentena, no solo de enfermos y personas que tuvieron contacto con quienes se han contagiado, sino también de personas sanas, ya que de esta forma se evita un contagio masivo al impedir la propagación del virus, controlando así la curva de crecimiento de la enfermedad. Para que dicha medida funcione, se necesita que efectivamente las personas cumplan la cuarentena o el aislamiento sanitario; de lo contrario, la dictación de la medida es solo algo formal.

Sin embargo, los autores de la iniciativa estiman que en el país se han registrado casos de personas que no han cumplido la cuarentena obligatoria, además de que, cuando se ha solicitado una cuarentena voluntaria, no toda la población la ha acatado satisfactoriamente. Tal situación es crítica, ya que, de no cumplirse con las medidas sanitarias ordenadas por la autoridad, se corre el grave peligro de que la enfermedad no se pueda controlar, lo cual podría generar un gran número de muertes. Ello ya aconteció en Italia, lugar donde parte importante de la población no respetó las medidas sanitarias iniciales que determinaron sus autoridades.

Adicionalmente, la moción sanciona a los empleadores o empresas que no cumplan con los reglamentos o protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. En este sentido, si se demuestra que el trabajador fue obligado a romper el período de cuarentena, la empresa o empleador será también sancionado.

Así, el articulado del proyecto sometido al conocimiento de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento proponía elevar las penas del delito tipificado en los artículos 318 del Código Penal, además de contener sanciones penales a los empleadores y empresas que no cumplieran con las medidas sanitarias decretadas por la autoridad pública.

La Comisión, una vez analizadas las disposiciones propuestas, aprobó, por la unanimidad de sus miembros, la idea de legislar. Seguidamente, durante la fase de la discusión particular, se recibieron diversas indicaciones de los integrantes de la Comisión destinadas a perfeccionar el texto legal, las cuales también recibieron la aprobación unánime de sus miembros.

De esa forma, el proyecto de ley quedó estructurado en un artículo único, que propone enmiendas en el artículo 318 del Código Penal, que establece sanciones a quien "pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio".

En primer término, se aumenta el castigo para el que incurra en dicha conducta, incrementándose el techo de la multa de 20 a 200 unidades tributarias mensuales, penalidad que se consideró apropiada para generar un efecto disuasivo en la población.

Luego, se ha propuesto la incorporación de tres incisos nuevos en el mencionado precepto legal.

El primero de esos incisos busca sancionar al que, "a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, lo obligue a trabajar presencialmente cuando éste se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad pública". La pena que se impondrá al infractor será de "presidio menor en sus grados mínimo a medio y una multa de veinte a doscientas unidades tributarias mensuales por cada trabajador obligado".

En otro inciso se precisa lo siguiente: "Lo anterior, será sin perjuicio de las responsabilidades civiles, laborales y administrativas del representante legal de la empresa o del jefe superior del servicio público, según corresponda.". Ello, en opinión de los miembros de la Comisión, tiene como objetivo aclarar que el castigo penal instituido será aplicable tanto a empresas privadas como a instituciones públicas.

El último inciso propuesto consigna: "Las empresas, servicios o instituciones que, sin la debida autorización, sigan funcionando presencialmente en un territorio declarado en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad pública o durante un toque de queda, serán castigadas con multa de cien a mil unidades tributarias mensuales y con las penas establecidas en los números 2) y 3) del artículo 8° de la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica.".

Los referidos numerales hacen mención, respectivamente, a las sanciones de "Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con el Estado" y "Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de los mismos por un período determinado".

Señor Presidente, quiero reiterar que la totalidad de las enmiendas explicadas contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros de la Comisión. Ello da cuenta del transversal apoyo alcanzado en esta materia, en aras de otorgar una respuesta efectiva desde el Poder Legislativo al cumplimiento estricto de las medidas de aislamiento y cuarentena dictadas por la autoridad sanitaria, destinadas a evitar la propagación de la pandemia que afecta actualmente al país y al mundo entero.

He dicho.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Gracias, Senador Pérez.

Tal como señalé, votaremos sin debate.

En votación general y particular.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Vamos a proceder a hacer la consulta de la opción de voto de las señoras y señores Senadores que se encuentran participando de la sesión de manera remota o telemática.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Solamente el voto, por favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Allamand, ¿cómo vota?

El señor ALLAMAND.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.- Voto a favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.- Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.- Voto a favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.- Voto a favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador en la Sala o a distancia aún no ha emitido su voto?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (34 votos a favor) y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Harboe, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Por haberse cumplido su objetivo, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.

PETICIONES DE OFICIOS

--Las peticiones de oficios cuyo envío se anunció son las siguientes:

De la señora ALLENDE:

Al Ministro de Economía, Fomento y Turismo y a la Directora Nacional de Sercotec, para que informen respecto a INQUIETUD DE COMERCIANTES DE LA LIGUA, LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO, ANTE SITUACIÓN ECONÓMICA DIARIA QUE NO ALCANZA A SER ABORDADA POR INSTRUMENTOS GUBERNAMENTALES DESTINADOS A PROTECCIÓN DE EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Al Ministro de Salud, pidiéndole antecedentes sobre NÚMERO DE CAMAS UCI Y DE VENTILADORES MÉCANICOS EXISTENTES EN VALPARAÍSO Y CAPACIDAD PARA AUMENTARLOS Y PRESUPUESTO CONSIGNADO PARA COMPRA DE NUEVOS VENTILADORES Y DE INSUMOS CON MOTIVO DE CRISIS SANITARIA.

Y a la Directora Nacional del Trabajo (S), solicitándole información respecto de CANTIDAD DE DESPIDOS REGISTRADOS O TOMADOS EN CONOCIMIENTO DESDE APARICIÓN DE PRIMER CASO DE COVID-19 DEL 2 DE MARZO A LA FECHA, CON INDICACIÓN DE CAUSAL ESGRIMIDA POR EMPLEADORES, DIVIDIDOS POR REGIÓN Y, PARA EL CASO DE VALPARAÍSO, POR COMUNAS.

Del señor ARAYA:

Al Presidente del Directorio del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, requiriéndole instruir a sociedades de apoyo al giro bancario REBAJA DE COMISIONES COBRADAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS POR COMPRA CON TARJETAS, EN ATENCIÓN A SITUACIÓN QUE VIVE NUESTRO PAÍS.

Del señor BIANCHI:

Al Presidente del Directorio de BancoEstado, pidiéndole ESTABLECIMIENTO DE LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE EMERGENCIA PARA PROPIETARIOS DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE PUNTA ARENAS Y CREACIÓN DE LÍNEA DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL PARA PROPIETARIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN AGRUPADOS EN ARCATEL, SEAN O NO CLIENTES, POR DIFICULTADES DERIVADAS DE PANDEMIA COVID-19.

Del señor DE URRESTI:

Al Ministro de Defensa Nacional, al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y al Director General de Aeronáutica Civil, para que remitan antecedentes acerca de NÚMERO DE ATERRIZAJES REGISTRADOS EN MARZO ÚLTIMO EN HELIPUERTO DE SECTOR MAE, CERCANO A COMUNIDAD FLOR DE LAGO, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS, SEÑALANDO IDENTIFICACIÓN DE NAVE Y TRIPULANTES Y PRECISANDOSI DICHOS VUELOS ERAN CON FINES PARTICULARES O LABORALES.

Al Ministro de Hacienda, para que informe respecto de PETICIÓN DE COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE SOBRE EVALUACIÓN DE EXTENSIÓN DE PLAZOS PARA OPERACIÓN RENTA 2020 EN AL MENOS 60 DÍAS ADICIONALES.

A los Ministros de Hacienda, de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo; al Intendente de Los Ríos; al Director de Presupuestos, y al Director del Serviu de Los Ríos, pidiéndoles antecedentes relativos a AJUSTES PRESUPUESTARIOS INFORMADOS POR OFICIO CIRCULAR N° 11, MINISTERIO DE HACIENDA, DE 23 DE MARZO DE 2020, SEÑALANDO LA FORMA EN QUE SE HARÁ REINTEGRO DE RECURSOS Y MONTOS ESPECÍFICOS QUE VOLVERÁN A ARCAS FISCALES, E INDICANDO CRONOGRAMA DE INVERSIONES COMPROMETIDAS Y CARTERA DE PROYECTOS CUYOS FONDOS SERÁN REDUCIDOS O RECORTADOS.

A la Ministra del Trabajo y Previsión Social, requiriéndole antecedentes tocantes a MEDIDAS PARA REALIZACIÓN DE CATASTRO, CON DATOS DESAGREGADOS POR REGIONES, DE TRABAJADORES QUE TENIENDO CONTRATOS ANTERIORES A 2012 NO SON COTIZANTES NI USUARIOS DE FONDO DE SEGURO DE CESANTÍA, y respecto de NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES DE SEGURO DE CESANTÍA EN REGIÓN DE LOS RÍOS.

Al Ministro de Obras Públicas y al Superintendente de Servicios Sanitarios, a fin de que informen acerca de SITUACIÓN LEGAL DE DENOMINADO "TRANQUE DE LA LUZ", SECTOR DE CURAUMA, COMUNA DE VALPARAÍSO, PRECISANDO PROPIEDAD DE DICHO CUERPO DE AGUA Y USO QUE EMPRESA ESVAL HACE DE ESTA.

Y a la Ministra del Medio Ambiente, para que remita antecedentes relacionados con INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS SOBRE ESTADO ACTUAL DE TURBERAS EN CHILE, INDICANDO REGIONES DONDE SE ENCUENTRAN, SU EXTENSIÓN, SU ESTADO DE CONSERVACIÓN, SEA BAJO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O PRIVADA, ASÍ COMO USOS DADOS A TAL RECURSO Y POLÍTICAS DE PROTECCIÓN IMPULSADAS Y SU CRONOGRAMA.

Del señor LATORRE:

Al Ministro de Educación, solicitándole información respecto de CRONOGRAMA DE FECHAS Y METODOLOGÍA PARA ENTREGA DE CANASTAS FAMILIARES ASIGNADAS A BENEFICIARIOS DE REGIÓN DE VALPARAÍSO, CON DESGLOSE POR COMUNAS.

Y al Ministro de Salud, requiriéndole información detallada sobre NÚMERO DE CAMAS UCI EXISTENTES EN CENTROS ASISTENCIALES DE SALUD EN REGIÓN DE VALPARAÍSO; EXISTENCIA DE PROTOCOLOS DE RECAMBIO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD AFECTADOS POR CONTAGIO DE COVID-19 O POR ENCONTRARSE DENTRO DE GRUPOS DE RIESGO; MEDIDAS PARA ARRIENDO DE RECINTOS PRIVADOS O DISPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE APOYO ANTE CRISIS SANITARIA, Y MEDIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE INSUMOS MÉDICOS, EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD QUE ATIENDEN TALES CENTROS; pidiéndole informar sobre ACTUALIZACIÓN DE STOCK Y PRÓXIMO ABASTECIMIENTO DE VACUNAS CONTRA INFLUENZA EN REGIÓN DE VALPARAÍSO; dar a conocer RECURSOS FINANCIEROS, ADICIONALES Y DISTINTOS DE LOS OTORGADOS EN UN AÑO DE NORMALIDAD, DESPLEGADOS EN LOS TRES SERVICOS DE SALUD DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, CONSIDERANDO POSIBILDAD DE DECRETAR "CENTRO DE SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD" A HOSPITAL SAN AGUSTÍN, DE LA LIGUA, y suspender APLICACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS A PERSONAL DE SALUD DE HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, DE SAN ANTONIO, POR HABER UTILIZADO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DONADOS POR EMPRESA PORTUARIA.

De la señora MUÑOZ:

A la Contraloría General de la República, solicitándole verificar MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS EN SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA CUARTA REGIÓN PARA PROTECCIÓN DE SUS FUNCIONARIOS, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19.

Al Ministerio de Salud, para que informe sobre PROTECCIÓN DE PERSONAL DE LOS HOSPITALES EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN DE FLUJOS DE PERSONAS EN FARMACIAS, ENTREGA DE HORAS, VISITAS DE PACIENTES Y OTROS SERVICIOS DE ALTA CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO; DESTINACIÓN DE PERSONAL EN RIESGO A TELETRABAJO, Y ENTREGA DE MATERIALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD; respecto de FACTIBILIDAD DE HABILITACIÓN URGENTE DE LABORATORIOS EN LA CUARTA REGIÓN PARA PROCESAR RESULTADOS DE TEST COVID-19; en cuanto a FACTIBILIDAD DE AVANZAR EN CUARENTENA TOTAL PARA REGIÓN DE COQUIMBO Y ESTABLECER CORDÓN SANITARIO EN PROVINCIA DEL CHOAPA; sobre ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES DE PESQUISA Y DETECCIÓN DE COVID-19 EN ILLAPEL, y acerca de AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE RONDAS MÉDICAS QUE SE REALIZAN EN CALETAS RURALES DE LA CUARTA REGIÓN.

Al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para que dé a conocer MEDIDAS ADOPTADAS O EN ESTUDIO PARA IR EN APOYO DE PROPIETARIOS Y CHOFERES DE TAXIS BÁSICOS Y COLECTIVOS AFECTADOS POR MENOR AFLUENCIA DE PÚBLICO Y ACTOS DE AUTORIDAD RELATIVOS A PANDEMIA COVID-19.

A la Subsecretaría de Pesca, pidiéndole comunicar MEDIDAS ADOPTADAS Y EN ESTUDIO TENDIENTES A APOYAR A PESCADORES ARTESANALES DE REGIÓN DE COQUIMBO ANTE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS POR PANDEMIA DE COVID-19; estudiar FACTIBILIDAD DE COORDINAR CON DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A CALETAS RURALES PARA FACILITAR INGRESO DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD; buscar soluciones a PROBLEMÁTICAS QUE INDICA DE CALETAS SIERRA, PICHIDANGUI, PUERTO OSCURO Y RIGO; evaluar FACTIBILIDAD DE OTORGAR BONO POR TRES MESES, A PARTIR DE MAYO, PARA PESCADORES ARTESANALES A FIN DE ATENUAR EFECTOS DE REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD COMO CONSECUENCIA DE PANDEMIA COVID-19; informar acerca de SITUACIÓN ACTUAL, RECURSOS DISPONIBLES Y LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO PARA CONVENIOS GORE IV-FFPA Y GORE IV-FAP, QUE DEBERÍAN SER CONTINUADOS POR INDESPA; FINANCIAMIENTO DISPONIBLE PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO PARA 2020 DESTINADOS A CONOCER STOCKS POBLACIONALES DE ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS, Y POSIBILIDAD DE ABRIR LÍNEAS DE CRÉDITOS DE CONSUMO PARA PESCADORES ARTESANALES DURANTE JUNIO Y JULIO DE 2020, y en relación con FACTIBILIDAD DE LEVANTAMIENTO DE VEDA DE ALGAS PARDAS.

A la Superintendencia de Pensiones, con el objeto de requerir a Administradora de Fondos de Cesantía ESTADÍSTICAS ACERCA DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DEL SEGURO DE CESANTÍA, POR DÍA, DESDE EL 1 DE MARZO DE 2020 HASTA LA FECHA.

A la Superintendencia de Seguridad Social y a la Dirección del Trabajo, a fin de que informen respecto de gestiones realizadas en la Cuarta Región para verificar CUMPLIMIENTO DE MUTUALIDADES RESPECTO DE SUPERVIGILANCIA Y ORIENTACIÓN A EMPLEADORES (LA PRIMERA) Y CUMPLIMIENTO DE EMPLEADORES (LA SEGUNDA) SOBRE NORMAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TRABAJADORES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19.

Y al Director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, requiriéndole informar en cuanto a MEDIDAS ADOPTADAS RESPECTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y, PARTICULARMENTE, AQUELLAS TENDIENTES A QUE TRABAJADORAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE EMPRESAS CONTRATISTAS SIGAN RECIBIENDO SUS REMUNERACIONES DURANTE LA SITUACIÓN DERIVADA DEL COVID-19.

Del señor NAVARRO:

Al Ministro de Hacienda, solicitándole informar en cuanto a PROPUESTAS PARA ACTUALIZAR O DEROGAR EL DECRETO LEY N° 701, REFIRIÉNDOSE A PROYECCIÓN E IMPACTO DE LA INDUSTRIA FORESTAL, y en lo concerniente a FACTIBILIDAD DE INGRESO A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE DECRETO QUE CONTIENE SUBSIDIO A LA ELECTRICIDAD PARA ISLA MOCHA, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO.

Al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, pidiéndole antecedentes acerca de FISCALIZACIONES PARA DETERMINAR CAUSAS Y RESPONSABILIDADES DE COLISIÓN DE EMBARCACIÓN DE EMPRESA PACIFIC BLU CON LANCHA ALCAMAR I EL 31 DE ENERO DE 2020 EN COSTAS DE COMUNA DE LEBU.

A los Ministros de Desarrollo Social y Familia, de Obras Públicas y de Salud; al Intendente y al Seremi de Salud del Biobío, y al Alcalde de San Pedro de la Paz, consultándoles por IDEA DE PROYECTAR HOSPITAL PÚBLICO PARA COMUNA DE LEBU.

Al Ministro de Obras Públicas, solicitándole SUSPENSIÓN DE COBROS DE PEAJE EN RUTA 160, QUE UNE PROVINCIAS DE CONCEPCIÓN Y ARAUCO EN REGIÓN DEL BIOBÍO; INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE LICITACIÓN DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINO QUE UNE COMUNAS DE CONTULMO Y CAÑETE, Y ACCIONES POR FALTA DE LIMPIEZA Y DESPEJE DE ESTERO NONGUÉN.

Al Ministro de Salud, con el objeto de que haga llegar ESTADÍSTICAS DE AÑOS ANTERIORES EN MATERIA DE NEUMONÍA E INFLUENZA Y SOBRE NÚMERO DE ENFERMOS EN REGIÓN DEL BIOBÍO.

Al Ministro de Salud y al Alcalde de Concepción, demandándoles FISCALIZACIÓN DE SITIO ERIAZO A ORILLAS DE COSTANERA EN PUENTE JUAN PABLO II POR INVASIÓN DE INDIGENTES Y POR SER FOCO DE DROGADICCIÓN Y PELIGRO DE CONTAGIO DE COVID-19 PARA VECINOS DEL SECTOR POBLACIÓN JUAN PABLO II DE LORENZO ARENAS, COMUNA DE CONCEPCIÓN.

A la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, al General Director de Carabineros, a las 33 comunas de la Región del Biobío y al Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la misma región, para que informen SITUACIÓN FINAL DE CONTRIBUYENTES QUE DEBEN RENOVAR SUS PERMISOS DE CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.

Al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, respecto de FORMALIZACIÓN DE COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO PARA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS EN LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLICO, COMUNA DE CURANILAHUE, y solicitándole gestionar EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL EN COMUNA DE LEBU, PARA ABSORCIÓN DE CESANTÍA POR CIERRE DE MINA DE CARBÓN TRINIDAD.

Al Intendente del Biobío, pidiéndole CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DIÁLISIS PARA COMUNA DE CURANILAHUE A TRAVÉS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, SEÑALANDO CARACTERÍSTICAS, GRADO DE AVANCE Y CRONOGRAMA PREVISTO.

Al Intendente y al Superintendente de Electricidad y Combustibles del Biobío, para informar sobre ESTADO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ISLA MOCHA, COMUNA DE LEBU, DETALLANDO DIFICULTADES TÉCNICAS Y DE ADMINISTRACIÓN.

A la Gobernadora de Arauco, requiriéndole información sobre MEDIDAS TOMADAS EN COMUNAS DE ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ÁLAMOS, LEBU, CAÑETE, CONTULMO Y TIRÚA, EN MATERIA DE SALUD Y ORDEN PÚBLICO, ANTE CRISIS SANITARIA QUE ENFRENTA EL PAÍS; y en cuanto a CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO PARA GESTIÓN DE MAQUINARIA DESTINADA A DESPEJE DE ROQUERÍO Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN CALETA DE QUIDICO, COMUNA DE TIRÚA.

Al Alcalde de Arauco, pidiéndole REPARACIÓN DE CAMINO EN SECTOR DE CALETA YANI Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS PREVENTIVOS ANTE LLEGADA DE OTOÑO/INVIERNO: LIMPIEZA DE RECOLECTORES DE AGUAS LLUVIAS O PODA DE ÁRBOLES.

Al Alcalde de Concepción, solicitándole ACCIONES POR FALTA DE LIMPIEZA Y DESPEJE DE ESTERO NONGUÉN, PARA PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN Y DESBORDE EN SECTOR COLLAO.

A los Alcaldes de Penco y de Tomé, a la Dirección de Vialidad y a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Región del Biobío, para que remitan información sobre EXISTENCIA DE ESTUDIO PENDIENTE PARA OCUPACIÓN DE FRANJA FERROVIARIA FUERA DE USO ENTRE PENCO-LIRQUÉN Y TOMÉ, PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTERA.

Al Alcalde de Yumbel, requiriéndole informar acerca de EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE MEJORAMIENTO EN LICEO TÉCNICO PROFESIONAL GONZALO GUGLIELMI MONTIEL.

Al Alcalde de Tomé, pidiéndole antecedentes acerca de INICIO DE FUNCIONES DE SEMÁFOROS EN SECTOR DE PUENTE DE PARRAL; LIMPIEZA DE MALEZA EN PARQUE ESTERO DE DICHATO, Y REPARACIÓN DE CERÁMICAS EN HALL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DAÑADAS DURANTE EL ESTALLIDO SOCIAL EN OCTUBRE DEL AÑO 2019.

Al Alcalde y al Director de Tránsito de Tomé, solicitándoles EVALUACIÓN DE UBICACIÓN DE SEÑALÉTICA QUE PERMITE VIRAR A LA DERECHA, UBICADO EN CALLE VICENTE PALACIOS, ESQUINA REDONDA, SECTOR FRUTILLARES.

Al Alcalde y al Superintendente Bombero de Tomé, para que informen con relación a PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DURANTE ESTADO DE CRISIS SANITARIA A TRAVÉS DE MANTENCIÓN Y CORTE DE MALEZAS.

Al Alcalde de Florida, consultándole por MONTOS ASIGNADOS A SUBVENCIONES MUNICIPALES, INDICANDO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS BENEFICIARIAS DURANTE PERÍODO ENERO-MARZO DE 2020 Y REQUISITOS PARA POSTULACIÓN; solicitándole antecedentes sobre PROYECTOS "REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL ESTADIO MUNICIPAL", "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN DIFERENTES SECTORES" Y "PUENTE SANTO SILVIA"; requiriéndole evaluar INSTALACIÓN DE PARADERO FRENTE A JARDÍN INFANTIL DE SECTOR DE COPIULEMU (CALLE O`HIGGINS), y para que informe acerca de MONTO APROBADO PARA EL FONDEVE SEGÚN PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE PARA 2020 Y FECHAS DE POSTULACIÓN.

Al Superintendente de Pensiones, para que dé a conocer MEDIDAS PARA PAGO DE PENSIONES VITALICIAS A PIRQUINEROS Y CHINCHORRERAS DE LA CUENCA DEL CARBÓN.

A la Onemi, con relación a CANTIDAD DE CAMIONES ALJIBE DISPUESTOS PARA PROVINCIA DE ARAUCO Y POSIBILIDAD DE EVALUAR ENTREGA DE MÁS MAQUINARIA ANTE CRISIS SANITARIA.

A la Directora Nacional del Trabajo, pidiéndole REVISIÓN DE CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO.

Al Director Nacional del Sence, consultándole por FACTIBILIDAD DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORES DE PROVINCIA DE ARAUCO, A RAÍZ DE LAS DESVINCULACIONES QUE SE PRODUCIRÁN A CAUSA DE LA CRISIS SANITARIA POR COVID-19.

Al Director Nacional de Obras Hidráulicas, requiriéndole FISCALIZACIÓN A INSTALACIONES DE SOCIEDAD DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE TEMUCO CHICO, ANTIHUALA Y LA ARAUCANA, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, PARA INFORMAR SOBRE PROBLEMA TÉCNICO EN FILTRO DE DICHO SISTEMA.

Al Gerente General de BancoEstado, para que remita información sobre MEDIDAS PARA NORMALIZAR SERVICIO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN COMUNA DE CAÑETE.

Al Director de Conaf de la Región del Biobío, con relación a MANTENCIÓN Y CORTE DE MALEZAS DE SITIOS ERIAZOS CORRESPONDIENTES A COMUNA DE TOMÉ, A FIN DE PREVENIR INCENDIOS FORESTALES.

Al Seremi de Salud del Biobío, solicitándole gestionar ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LOCALIDAD DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LEBU.

Al Seremi del Medio Ambiente del Biobío, pidiéndole FISCALIZACIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIOBÍO, POR MALOS OLORES Y CONTAMINACIÓN EN SECTOR 4 TUBOS Y POBLACIÓN SANTA CAROLINA, COMUNA DE CAÑETE.

A la Directora Regional del Sernac del Biobío, consultándole por RAZONES QUE JUSTIFICARÍAN ALZA EN PRECIO DEL PAN EN HASTA 20 POR CIENTO EL ÚLTIMO MES, EN REGIÓN DEL BIOBÍO.

A la Dirección del Trabajo de la Provincia de Arauco, para que informe sobre CATASTRO DE SINDICATOS REGISTRADOS CORRECTAMENTE EN SU BASE DE DATOS EN RUBROS DE PESCADORES, RECOLECTORES DE BASURA, PIRQUINEROS Y BRIGADISTAS FORESTALES.

Al Director del Servicio de Salud Arauco, solicitándole antecedentes sobre CONTROLES SANITARIOS EN PROVINCIA DE ARAUCO ANTE PANDEMIA COVID-19.

Al Gerente General de Essbio, requiriéndole información respecto de PLANTAS EXISTENTES EN COMUNAS DE TOMÉ, PENCO, FLORIDA Y YUMBEL.

Al Secretario Comunal de Planificación de Tomé, consultándole por MONTO ASIGNADO 2020 PARA FONDO DE DESARROLLO VECINAL.

Al Director de Obras Municipales de Tomé, planteándole necesidad de REPARACIÓN DE VEREDAS DAÑADAS EN SECTOR VICENTE PALACIOS DESDE FRENTE A ENTRADA VILLA LOS BOLDOS HASTA ENTRADA RANCHO BLANCO.

Al Director de Tránsito de Tomé, pidiéndole EVALUACIÓN DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN EN CALLE CHACABUCO Y DE PASO DE CEBRA UBICADO AFUERA DE ESCUELA E-423 GABRIELA MISTRAL, SECTOR DE FRUTILLARES.

Al Director de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Concepción, SOLICITÁNDOLE INSTALACIÓN DE LOMO DE TORO EN CALLE MIRAFLORES CON ALEJANDRO VI, ANTE INMINENTE APERTURA DE NUEVA CONEXIÓN CON AVENIDA COSTANERA.

Y al Director del Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento, al Director del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, al Director del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, al Director del Hospital Dr. Roberto Muñoz Urrutia de Huépil (comuna de Tucapel), al Director del Hospital de la Familia y la Comunidad de Mulchén, al Director del Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara, a la Directora del Hospital de la Familia y la Comunidad de Yumbel y a la Directora del Hospital Higueras de Talcahuano, requiriéndoles INFORMACIÓN SOBRE FALLECIDOS REGISTRADOS EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE NEUMONÍA.

De la señora ÓRDENES:

Al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, consultándole por ESTADO DE AVANCE EN PUBLICACIÓN DE DECRETO QUE AUTORIZA LICITACIÓN PARA CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE RADIO PARA LOCALIDADES DE PUERTO GUADAL Y PUERTO BERTRAND, CHILE CHICO.

Al Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén, solicitándole GESTIONES PARA POSTERGACIÓN DE COBRO DE CUOTAS E INTERESES PARA PAGO DE AUTOMÓVILES RESPECTO DE CHOFERES DE TAXIS BÁSICOS DE COYHAIQUE, BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS.

Y a la Directora Regional de la Junaeb de Aysén, requiriéndole antecedentes sobre MEDIDAS ADOPTADAS RESPECTO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE REQUIERAN REALIZAR TRÁMITES DE OBTENCIÓN, RENOVACIÓN Y SUSPENSIÓN DE BECAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.

Del señor PROHENS:

Al Ministro de Hacienda, con el objeto de INSTRUIR A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE FLEXIBILICE REQUERIMIENTOS A FIN DE QUE CONTRIBUYENTES PUEDAN ACCEDER A CONVENIOS DE PAGO POR TODA CLASE DE DEUDA FISCAL.

Y al Ministro de Salud, solicitándole INCORPORACIÓN DE CIERRE DE MACROZONA NORTE EN PLAN DE ACCIÓN CORONAVIRUS DEL GOBIERNO DE CHILE.

De la señora RINCÓN:

Al Ministro del Interior y Seguridad Pública, pidiéndole MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, TRATAMIENTO Y ACCESO A INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEGIA PARA COMBATIR PANDEMIA DE COVID-19.

Al Ministro de Hacienda, planteándole PREOCUPACIÓN POR MANEJO DE RECURSOS ASOCIADOS A LA CONTINGENCIA POR CORONAVIRUS y solicitándole DETALLE Y DESGLOSE DE MEDIDAS ANUNCIADAS EN MATERIA ECONÓMICA.

Y a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, al Ministro de Salud y al Superintendente de Seguridad Social, manifestándoles PREOCUPACIÓN POR TRAMITACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS EMITIDAS CON MOTIVO DE PANDEMIA COVID-19.

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El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.

--Se levantó a las 18:29.

Julio Cámara Oyarzo

Director de la Redacción