REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 368ª
Sesión 21ª, en martes 5 de mayo de 2020
Extraordinaria
(De 15:25 a 19:33)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, PRESIDENTA;
SEÑOR RABINDRANATH QUINTEROS LARA, VICEPRESIDENTE, Y SEÑORAS XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ Y CAROLINA GOIC BOROEVIC, PRESIDENTAS ACCIDENTALES
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Felipe Ward Edwards, y la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora María José Zaldívar Larraín.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y del Trabajo, señor Fernando Arab Verdugo.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:25, en presencia de 17 señoras Senadoras y señores Senadores.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Las actas de las sesiones 106ª, 107ª, y 108ª, ordinarias, en 3, 4 y 10 de marzo de 2020; 1ª, 2ª y 3ª, ordinarias, en 11, 17 y 18 de marzo de 2020, y 4ª, 5ª, 6ª, extraordinarias, en 23 y 25 de marzo de 2020, todas respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Cuatro de S.E. el Presidente de la República:
Con el primero, inicia un proyecto de ley que establece un seguro social de protección de ingresos para los trabajadores independientes que indica (Boletín N° 13.479-05) (con urgencia calificada de discusión inmediata).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Con el siguiente, retira y hace presente la urgencia en carácter de "discusión inmediata" a los siguientes proyectos:
1.-
El que modifica la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica (Boletín Nº 13.401-13).
2.-
Sobre migración y extranjería (Boletín N° 8.970-06).
3. El que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica (Boletín N° 12.345-07).
4.-
El que establece un Seguro Social de Protección de Ingresos para los trabajadores independientes que indica (Boletín N° 13.479-05).
Con los otros dos, retira y hace presente la urgencia en carácter de "suma", a los siguientes proyectos de ley:
1.-
El que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11).
2.-
El que crea un Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de Fonasa (Boletín N° 12.662-11).
3.-
En que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten (Boletín N° 11.934-15).
--Se toma conocimiento de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copias de sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a los siguientes preceptos legales:
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (rol N° 7795-19).
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (roles Nos 8102-20, 8109-20, y 8314-20).
Artículo 169, inciso sexto, de la ley N° 18.290 (rol N° 8005-19).
Artículo 53, inciso tercero, del Código Tributario (rol N° 7864-19).
Artículo 768, inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil (rol N° 7303-19).
--Se manda archivar los documentos.
Asimismo, adjunta diversas resoluciones recaídas en procesos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los siguientes preceptos legales:
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (roles Nos 8621-20, 8633-20, 8638-20, 8642-20, 8643-20, y 8649-20).
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (roles Nos 8586-20, 8653-20, y 8657-20).
Artículos 1°, inciso tercero, 73 y 168, en relación con el artículo 420, todos del Código del Trabajo (rol N° 8546-20).
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República:
Contesta una inquietud de la Honorable Senadora señora Provoste acerca de una eventual corrección del proceso de encasillamiento de los docentes que indica.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales:
Da respuesta a una consulta del Honorable Senador señor Sandoval respecto a procedimientos de regularización de títulos de propiedad en la Región de Aysén.
De la señora Ministra del Medio Ambiente:
Se refiere a un requerimiento del Honorable Senador señor De Urresti sobre el estado de avance y conclusiones del estudio del Humedal Llantén, ubicado en Puerto Montt.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente a los cursos primero a cuarto básico (Boletín N° 11.992-04).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la portabilidad financiera (Boletín N° 12.909-03) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señor Harboe y señora Rincón, con la que inician un proyecto de ley que establece normas para el cobro de créditos derivados del sistema "intercaja" (Boletín N° 13.472-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
De los Honorables Senadores señores Letelier, Chahuán y Pizarro, con la que inician un proyecto de ley sobre ordenamiento de las licencias de conductores profesionales (Boletín N° 13.473-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
De la Honorable Senadora señora Aravena y señores Harboe y Huenchumilla, con la que inician un proyecto de ley para dar reconocimiento positivo a la imprevisión en el Código Civil (Boletín N° 13.474-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Honorables Senadores señor García, señora Ebensperger, y señores Lagos, Montes y Sandoval, con la que inician un proyecto de ley que permite postular al cargo de Concejal a los ciudadanos que cuenten con certificado de Cuarto Medio para Fines Laborales (Boletín N° 13.475-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Del Honorable Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de ley que tipifica el delito de ruptura de la paz social (Boletín N° 13.480-07).
--Pasa a la Comisión de Seguridad Pública.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Honorables Senadores señores Chahuán, Bianchi, Letelier y Pizarro, que modifica el artículo 10 del Reglamento de Transporte Remunerado de Escolares, para extender en dos años el plazo de operación máxima de furgones escolares.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de ley de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Moción del Honorable Senador señor Chahuán que modifica la ley N° 20.845, sobre inclusión escolar, para prorrogar plazo de reconocimiento de locales escolares.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de ley de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador Letelier.
El señor LETELIER.-
Sobre dos materias, Presidenta.
Una, relativa al proyecto que regula la relación de los trabajadores a honorarios, que pido mandar a la Comisión de Trabajo, en primer término. Es ahí donde se hizo la regulación inicial. Este no es un problema financiero, aunque tiene el nombre de un seguro. Es una iniciativa trabajada por el Ministerio del Trabajo, con el cual hicimos una prediscusión legislativa.
Adicionalmente, quiero solicitar que se revise y el Secretario fundamente la declaración de inadmisibilidad respecto del proyecto que aplaza los años de vigencia de los vehículos de transporte escolar para contratarse en esa función. En ninguna parte del artículo 65 de la Constitución se establece que sea un contrato con el Estado. Y el proyecto no crea empleo; simplemente, tiene como objeto fijar la antigüedad para que un vehículo pueda operar en el rubro del transporte escolar.
No hay que malentender que en una ley nuestra la autoridad regulatoria puede fijar estos parámetros. El que nosotros lo deleguemos, como en la respectiva ley de transporte escolar, no significa que no tengamos facultad sobre el transporte escolar. Al contrario, esa es una ley de la república y todas esas materias fueron delegadas. Nosotros no hemos renunciado y ellas no se transforman en una facultad exclusiva del Presidente de la República.
De ahí mi petición al señor Secretario, porque estoy leyendo el inciso tercero del artículo 65, y dice relación con la división político o administrativa, etcétera, y no con la ley.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Sobre el primer tema, relacionado con el proyecto de ley en materia de honorarios, usted solicita que vaya también a la Comisión de Trabajo.
¿Habría acuerdo?
El señor MOREIRA.-
No, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
¿No? ¿Por qué?
El señor MOREIRA.-
¿Quiere saber por qué?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Sí.
El señor MOREIRA.-
Ese proyecto de ley es muy importante y tenemos la necesidad de sacarlo adelante. De alguna manera, hay un compromiso con Hacienda, donde fue visto, y creo que el que vaya a otra Comisión significa dilatarlo. Además, usted sabe perfectamente, Presidenta, que cualquier indicación puede ser discutida en la Sala.
Por eso, manifiesto mi desacuerdo.
El señor LETELIER.-
Puedo pedir después que se vote.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Muy bien.
ADMISIBILIDAD DE PROYECTO QUE EXTIENDE EN DOS AÑOS EL PLAZO DE OPERACIÓN MÁXIMA DE FURGONES ESCOLARES
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Le voy a dar la palabra al señor Secretario, para que se haga cargo de la observación que ha hecho el Senador Letelier sobre la declaración de inadmisibilidad de la primera moción de la que se dio cuenta en tal condición esta tarde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
En relación con dicha moción, tal como se indicó, se declaró la inadmisibilidad para su tramitación, con la precisión de que la norma citada al efecto corresponde al inciso cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución. Por un error, aparecía el inciso tercero, pero es el inciso cuarto, toda vez que se trata de materias que regulan y establecen requisitos para la utilización de los vehículos que se utilizan en el transporte colectivo.
El señor LETELIER.-
¿Qué numeral?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Es el inciso cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución.
La ley que regula el transporte escolar encarga expresamente al Ministerio -y, por tanto, sería una función de un órgano público- esta regulación. La moción plantea una extensión por dos años, pero correspondería al Ministerio regular esta extensión. En consecuencia, se estaría modificando o alterando una atribución de un órgano público.
Esa es la precisión y, como digo, la norma corresponde al número 2° del inciso cuarto del artículo 65.
El señor LETELIER.-
¡Presidenta!
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra.
El señor LETELIER.-
Lo que dice el numeral 2° del artículo 65 a que hace referencia el Secretario es: "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones".
Lo que hacemos con la moción no es crear ni modificar atribuciones, por lo que quiero solicitar, por su intermedio, señora Presidenta, que el Secretario me pueda acompañar en su razonamiento.
Estas son empresas privadas que contratan con privados. No es algo que la ley le haya definido como una facultad al Ministerio de Transportes. Lo que hay es una función delegada de la ley de transporte escolar. Tal como en otras ocasiones, y solo para redundar en el punto, nosotros fijamos si se puede abrir el registro, ampliar el registro o cerrar el registro. Esta es una atribución del Congreso, tal como lo es normar cuál es la antigüedad de los vehículos para ciertas funciones. Otra cosa es que uno piense, de acuerdo al inciso que se ha mencionado, que vivimos no solamente en un sistema presidencialista, sino que el Congreso no posee ninguna facultad para fijar atribuciones de ningún tipo, aunque ya estén establecidas.
Aquí no se crean empleos. La referencia que se ha hecho no tiene nada que ver con el transporte escolar, que es una actividad privada, contratada por apoderados, y en ningún caso se puede sostener que no tenemos atribución para presentar un proyecto de ley sobre la materia.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Como se indicó al momento de dar los fundamentos, nos estamos refiriendo al artículo 65, inciso cuarto...
El señor LETELIER.-
¿Artículo 65, inciso cuarto?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Artículo 65 de la Constitución Política, inciso cuarto, numeral 2°, que expresamente señala que son atribuciones del Presidente crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.
El señor LETELIER.-
No estamos determinando funciones.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El ente rector del tránsito público en Chile es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a la ley 18.059.
A su turno, la ley 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, dispone, en su artículo 1°, que esa Secretaría de Estado establecerá un Registro Nacional en este ámbito y que la "inscripción en este Registro será habilitante para la prestación de dicho servicio, y de los vehículos con que se presta".
El artículo 2° de la misma ley preceptúa que el transporte remunerado de escolares o transporte escolar deberá cumplir con la normativa dictada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Por su parte, el artículo 4° del mismo cuerpo legal manda que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establezca, mediante decreto supremo, la forma y requisitos para la inscripción en el aludido Registro.
En consecuencia, en mérito de lo expuesto en el mencionado artículo 4°, el Ministerio de Transportes dictó el decreto supremo N° 38, del año 2003, en cuyo artículo 10 se fijaron los requisitos que deben cumplir los vehículos destinados a prestar servicios de transporte escolar; entre estos se señala que solo se podrá efectuar esta clase de transporte con vehículos que tengan una antigüedad máxima de 16 a 18 años, según sea la región en que circulen.
De lo expuesto queda claro que es, por lo tanto, una función del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones regular el transporte de escolares y, especialmente en este caso, fijar las condiciones y requisitos que los operadores y los vehículos deben cumplir en este ámbito.
Es sabido que el artículo 65, en su inciso cuarto, numeral 2°, de la Constitución Política, señala que la iniciativa legislativa relativa a las funciones de los servicios públicos corresponde de manera exclusiva al Presidente de la República, de modo tal que la moción que se ha pretendido presentar y que se ha declarado inadmisible altera los requisitos que deben cumplir los vehículos dedicados a este transporte.
Por lo tanto, esta Secretaría estima que la moción es inadmisible, por las razones ya indicadas.
El señor NAVARRO.-
¡Presidenta!
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Senador Navarro.
El señor NAVARRO.-
Presidenta, hemos discutido largamente los temas de la admisibilidad y la inadmisibilidad. En particular, como autor también de este proyecto, hemos alegado que la incorporación del transporte público de los furgones escolares da cuenta de una función que, en los hechos, transporta a un millón de niños al día -¡un millón de niños al día!- y que, en definitiva, es parte del transporte público.
Si la limitante de este Congreso es regularizar una actividad de transporte que hoy día es privada, pero que, efectivamente, es asimismo pública, por cuanto lo que se hace es brindar un servicio de transporte, estamos completamente asimilados a lo que en la actualidad es el transporte público, que también es privado, como lo son los taxibuses y los colectivos.
Por lo tanto -y es lo que planteamos-, un proceso de incorporación no involucra gasto fiscal. Y la fiscalización es exactamente la misma fiscalización que hoy día tiene el transporte escolar.
Y termino, Presidenta. Muy breve.
En consecuencia, una exclusión y la imposibilidad del Parlamento de discutir aquello conlleva una situación gravísima respecto del tema de la seguridad de los niños y particularmente de la regulación.
Yo pido que se vote en la Sala la admisibilidad, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Muy bien.
Vamos a votar la admisibilidad o inadmisibilidad.
Tenemos que entrar a la sesión, colegas, por lo que voy a poner en votación la admisibilidad.
El señor MOREIRA.-
Acuérdese de lo que acordamos, Presidenta. Sería bueno que el Secretario lo señalara.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tenemos el acuerdo de que, cuando un Senador lo pida, hay que proceder a la votación.
El señor MOREIRA.-
Se tomó un acuerdo sobre el particular, pero parece que el Secretario no lo ha mencionado.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Es que todavía no se leen los acuerdos de Comités, señor Senador.
Vamos a cumplir este trámite y después vamos a...
El señor MOREIRA.-
Es que precisamente hay un acuerdo sobre esta materia.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Así es, pero ahora vamos a votar la admisibilidad.
Todavía no logramos pasar a los acuerdos de Comités.
Tome la votación, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Lo que se va a votar es la declaración de inadmisibilidad de la moción presentada por los Senadores señores Chahuán, Bianchi, Letelier y Pizarro respecto a la modificación del artículo 10.
Votar por la opción "sí" significa estar por la posición de la Mesa, esto es, por declarar inadmisible el proyecto, y la opción "no", por declararlo admisible.
"Sí", inadmisible; "no", admisible.
El señor LETELIER.-
Es la declaración de inadmisibilidad del proyecto que modifica el artículo 10 del Reglamento de Transporte Remunerado de Escolares...
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Estamos en votación.
El señor LETELIER.-
... y lo que se busca es que se pueda discutir la moción.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
¿A qué artículo 10 se refiere el Senador?
El señor MOREIRA.-
¿Lo puede explicar?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Ya se explicó largamente.
A lo mejor no estaban en la Sala algunos colegas, pero habló dos o tres veces el Senador Letelier y explicó dos o tres veces el señor Secretario.
Se pidió votación y voy a proceder a abrirla. ¿Qué más vueltas le vamos a dar al asunto? Tenemos que entrar en el Orden del Día.
El señor MOREIRA.-
Pero el Secretario tiene que aclarar.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Está en votación.
¿Puede tomar la votación, señor Secretario?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Sí, señora Presidenta. Está abierta la votación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Estamos en votación.
El señor MOREIRA.-
Pero hay un tema reglamentario que hacer presente, señora Presidenta. Por eso le estoy pidiendo la palabra.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Estamos en votación.
Hay que votar.
El señor MOREIRA.-
Pero él tendría que haberlo advertido.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Lo está haciendo: está advirtiendo.
Han hablado varias señoras y señores Senadores.
Si ustedes quieren abrir un debate aún más largo...
El señor MOREIRA.-
Nadie ha dicho que el debate se alargue. No estamos entrando en un debate.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Muy bien. Lo pondremos en votación, y cuando alguien quiera fundamentar el voto, pese a todo lo que hemos escuchado, lo podrá hacer.
Pero es bastante ocioso seguir en una situación así.
El señor MOREIRA.-
Ustedes deberían dar a conocer los acuerdos.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
En votación, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Está abierta la votación.
Como se indicó, la opción "sí" es por la declaración de inadmisibilidad de la moción; la opción "no" es por la declaración de admisibilidad.
El señor MOREIRA.-
El que vota a favor...
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El que vota "sí", vota por el pronunciamiento de la Mesa de declarar inadmisible la moción.
Vamos a proceder a solicitar su opción de voto a los Senadores que están participando de manera remota.
La Senadora señora Allende, ¿cómo vota respecto de la admisibilidad de esta moción?
La señora ALLENDE.-
Voto que no. O sea, por la admisibilidad.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.-
Voto en contra; voto por lo que decidió la Mesa.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Esa es la opción "sí".
La señora ARAVENA.-
Entonces, a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-
No.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.-
Sí.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.-
Señora Presidenta, si me permite, voy a fundamentar mi voto.
Soy de quienes piensan que la Constitución Política que nos rige hoy día no puede cambiarse simplemente por decisión del Senado, y varias veces se ha tratado de hacerlo por la vía de la inadmisibilidad o la admisibilidad.
Creo que tenemos la Constitución que tenemos, y por eso la queremos cambiar.
Sin embargo, en este caso, francamente no encuentro ninguna razón dentro de la Carta Fundamental para declarar inadmisible esta moción.
Tal como ha argumentado muy bien el Senador Letelier, aquí se está regulando, si se quiere, una actividad privada, y respecto a ello no hay absolutamente ningún asidero en la Constitución para declararla inadmisible.
Por lo tanto, voto que no.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.-
Voto que no.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.-
Voto que sí.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
No.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
La señora VON BAER.-
Sí, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El Senador señor Huenchumilla, que se acaba de incorporar, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
Recién me vengo incorporando, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Estamos votando la inadmisibilidad de una moción.
El señor HUENCHUMILLA.-
Me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Está conectado el Senador García-Huidobro; pero tiene problemas con su computador, y no se puede ver su imagen.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se declara admisible el proyecto (15 votos contra 9 y 1 abstención).
Votaron
por la admisibilidad las señoras Allende, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Bianchi, Castro, De Urresti, Elizalde, Insulza, Latorre, Letelier, Navarro, Ossandón, Sandoval y Soria.
Votaron por la inadmisibilidad las señoras Aravena, Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Durana, Kast, Moreira, Prohens y Pugh.
Se abstuvo el señor Huenchumilla.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
El Senador Chahuán manifiesta su intención de voto negativo.
Le doy la palabra al señor Secretario para que dé cuenta de los acuerdos de Comités.
¿No hay?
Muy bien.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Solicito la autorización de la Sala para que ingrese el Subsecretario Juan José Ossa.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
OBLIGATORIEDAD TRANSITORIA DE EMISIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS POR CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN, DURANTE PANDEMIA DE COVID-19
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Navarro, Chahuán, García-Huidobro, Letelier y Pizarro, que dispone la obligatoriedad transitoria de emisión de contenidos educativos para los concesionarios de televisión, debido a la pandemia del COVID-19, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.419-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Navarro, Chahuán, García-Huidobro, Letelier y Pizarro):
En primer trámite: sesión 12ª, en 8 de abril de 2020 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 17ª, en 22 de abril de 2020.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Esta iniciativa tiene por finalidad establecer una obligación a los concesionarios de radiodifusión televisiva de libre recepción, durante el tiempo que se prolongue la emergencia sanitaria producto del virus COVID-19, de transmitir diariamente dos bloques, de dos horas continuas cada uno, de programas educativos.
Lo anterior a fin de reforzar el aprendizaje de los contenidos impartidos por el Ministerio de Educación en la actual coyuntura que atraviesa nuestro país.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió este proyecto solo en general, no obstante tratarse de aquellos de artículo único, por considerar que contiene elementos que ameritan un mayor estudio y análisis.
Y, en consecuencia, acordó proponer a la Sala que lo discuta y estudie en estos términos.
La Comisión, asimismo, aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Letelier, Chahuán y García-Huidobro.
El texto que se propone aprobar en general se consigna en la página 6 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
En su discusión en general, ofrezco la palabra para informar sobre el proyecto.
¿Alguno de los autores de la iniciativa?
Senador señor Navarro, tiene la palabra.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, esta iniciativa originada en moción parlamentaria busca establecer la obligatoriedad para los canales de televisión abierta en Chile, que tienen una cobertura superior al 99 por ciento del territorio nacional y disponen del uso y usufructo gratuito del espectro radioeléctrico concesionado (bien nacional de uso público, es decir, de propiedad del Estado, de todos los chilenos), de establecer una franja transitoria durante el período de la pandemia, de dos horas en la mañana y dos en la tarde, para los contenidos mencionados ante la crisis que nos afecta en Chile.
Esto significa que los canales puedan transmitir en los citados horarios una franja con contenidos pedagógicos.
Quiero recordar que la alternativa planteada por el Gobierno no logra llegar a todo el espectro nacional. Hay mil quinientas localidades en Chile que no tienen conectividad a internet. Y hay doscientas comunas, de un total de 346, cuya cobertura no supera el 20 por ciento. El promedio es de 17 por ciento. Es decir, más del 80 por ciento de las personas en doscientas comunas no tiene internet. Por lo tanto, es la señal abierta de televisión la que permite acceder de manera directa a todos los hogares de Chile.
¿Qué esperamos de la franja? Bueno, la construirá el Consejo Nacional de Televisión, con el Colegio de Profesores, con el Ministerio de Educación, de tal manera que puedan ofrecer una alternativa no de parrilla programática, publicitaria, sino adaptada a los momentos críticos que estamos viviendo.
Tres millones y medio de niños llevan más de cuarenta días encerrados en sus hogares. Y la perspectiva es que por lo menos pasen otros treinta o sesenta días más. Eso no lo sabemos.
Por tanto, la iniciativa busca establecer un mecanismo que haga que este segmento de la sociedad, este sector empresarial, contribuya de manera regulada a enfrentar la crisis.
En la noche, en la tarde, que se emitan dos horas de contenido, por ejemplo, en políticas de salud pública mental. Lo digo porque es de claro conocimiento que la cuarentena y el "Quédate en casa" han sido asumidos de manera responsable por millones de chilenos; sin embargo, esta es una situación nueva que ha alterado la convivencia intrafamiliar y que ha afectado la salud mental, si no gravemente, sí en las conductas propias de las condiciones normales.
Nosotros decimos: "Tiene que haber una franja especializada", que no sea distractiva, de recreación o solo un programa, sino de especialistas, que ayude a las familias a enfrentar esta situación explicando los fenómenos, de manera tal que no se convierta en la opinión de un determinado sector, sino que sea una política pública explicada más en detalle, no una simple cadena presidencial de los canales o una conferencia de prensa del Ministro de Salud.
Se requiere que esté presente la voz de los especialistas en una profundización de criterios que ayuden a sobrellevar este trágico momento a millones de chilenos.
Para lograr ese objetivo el proyecto establece que los canales tengan la obligatoriedad de transmitir esta franja.
Se establece un artículo único que señala que durante la emergencia sanitaria, producto de la pandemia del virus COVID-19, los concesionarios de Servicios de Radiodifusión Televisiva a que hace referencia el artículo 15 ter de la ley N° 18.838, deberán transmitir diariamente dos bloques de dos horas continuas cada uno de programas educativos que vayan directo al aprendizaje del alumnado, alineados al currículum nacional y en apoyo al cumplimiento de los objetivos de enseñanza del sistema educativo y de los programas del Ministerio de Educación.
La iniciativa está enmarcada estrictamente en la colaboración entre el sector privado y el sector público.
Además, quiero decir que los canales se pueden alternar. No se trata de imponer las franjas mañana, tarde y noche a un solo canal. Por ejemplo, a TVN le podría corresponder el lunes en la mañana; y al canal 13, a Mega, a CNN, en otros horarios. Pueden ir alternando de manera de modificar lo menos posible su parrilla informática, recreativa y periódica, y así distribuir la carga con una clara difusión de las alternativas.
Existen mecanismos. El Consejo Nacional de Televisión puede operar y actuar de manera regulatoria. Y me parece que es un proyecto que no solo pertenece a la coyuntura, sino que es extremadamente necesario. Es una iniciativa transitoria.
Hemos discutido el rol de la televisión pública una y otra vez en materia de la señal de TVN. También hemos debatido sobre las regulaciones que debieran existir en una actividad concesionada por el Estado, como es el espectro radioeléctrico. En mi opinión, actualmente hay una débil representación.
Esto no se trata, como se acostumbra, de enviar avisos de utilidad pública, que representan una obligación para los canales. Esta es una política pública que se ejecuta a través de un medio privado. Los canales podrían hacerlo voluntariamente, y lo han hecho en un acuerdo con un canal alternativo, pero aquello no es suficiente. Esta es una medida complementaria.
El Colegio de Profesores de Chile, el Colegio Médico y muchos otros colegios de profesionales que están participando directamente en la primera línea de la crisis, han dado una opinión favorable, porque la iniciativa está dentro del marco posible de políticas públicas en colaboración estratégica con el sector privado. Es perfectamente posible.
Lo que hace el proyecto es establecer una obligatoriedad transitoria para los canales, sin menoscabo a sus ingresos o a su publicidad. No se trata de hacer una transmisión de carácter ideológico, ni de hacer publicidad de competencia para sus auspiciadores: se trata de emitir un producto elaborado con los entes oficiales que están participando.
De esa forma, perfectamente el Consejo Asesor Presidencial de la emergencia puede participar en la elaboración de los contenidos junto con los colegios profesionales que he señalado: principalmente, el Colegio de Profesores y el Colegio Médico.
No sabemos cuánto durará esta crisis.
Está claro que en mayo, respecto al alza intempestiva de los contagiados, que va en más de mil diarios, se va a retrotraer la decisión del Ministerio de Educación en cuanto a hacer un regreso anticipado a las aulas. Y mi percepción es que ninguna madre en Chile mandará a sus hijos a clases en las condiciones que existen hoy día, martes 5 de mayo. Por lo tanto, esto se hace más urgente.
Solicito la mayor colaboración de la Sala en apoyo a esta iniciativa, de forma tal que sea tramitada a la brevedad en el Senado para que se convierta en ley y podamos hacer un uso oportuno de esta franja televisiva obligatoria y transitoria, con los objetivos que he señalado.
Es una moción parlamentaria. Son pocas las oportunidades que tenemos los Senadores para aportar a este proceso de colaboración pública, y así combatir la pandemia en todos sus aspectos, señora Presidenta.
Y por tratarse de una moción, espero que la apoyemos.
Está firmada por la totalidad de los miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones: el Senador Francisco Chahuán; su Presidente, el Senador Juan Pablo Letelier; y los Senadores Jorge Pizarro, Alejandro García-Huidobro, y quien habla, Alejandro Navarro.
En consecuencia, someto esta iniciativa informada por la Comisión a la consideración de este Honorable Senado, esperando su voto favorable.
El proyecto es perfectible. Lo importante es que se apruebe la idea de legislar y que comience su tramitación.
Ese es el informe de la iniciativa que introduce la obligatoriedad transitoria de emisión de una franja televisiva cultural y pedagógica para los canales de televisión abierta.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador señor Navarro.
Solicito el acuerdo de la Sala para que la Senadora señora Rincón me reemplace en la testera en unos momentos más.
Acordado.
--Se acuerda que la Senadora señora Rincón pase a dirigir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, en unos momentos más.
El señor BIANCHI.-
¿Puede abrir la votación, Presidenta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
¿Habría acuerdo para abrir la votación conservando los tiempos?
Acordado.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.-
Señora Presidenta, estaba esperando que en la presentación del Senador Navarro se nos diera alguna información, o si se tiene, respecto a lo que están haciendo el Consejo Nacional de Televisión y todos los canales de televisión agrupados en Arcatel, que entiendo que han anunciado una iniciativa similar.
Considero que es una buena iniciativa. Y la votaré a favor; pero ojalá no estemos duplicando lo que se plantea y aparezcamos en una especie de competencia con algo que ya están acordando los canales de televisión y el Consejo Nacional de Televisión.
Entonces, me atrevería a sugerir -entiendo que esta es una votación en general; no sé si es de artículo único- que al menos se escuche al Consejo Nacional de Televisión y a Arcatel, porque ellos son los más interesados en esto y lo han estado proponiendo públicamente en los últimos días.
Entonces, quisiera que eso se me aclarara antes de votar. No soy partidario de imponerle a la gente por ley lo que se está haciendo de buena voluntad.
Gracias, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, lo que se desea es dejar con rango legal algo que se ha planteado como una muy buena idea.
Nuestra intención es citar, lo digo en mi calidad de Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, al Consejo Nacional de Televisión y a Arcatel, entre otros actores, precisamente para coadyuvar a que esto, que es básico en la pandemia, como la educación y el uso de las diferentes plataformas audiovisuales para su desarrollo, lo podamos impulsar.
Todos sabemos que el estudio a distancia es complejo en nuestro país porque no hay internet en todos lados.
Los medios de comunicación que más llegan a los hogares son la radio y la televisión.
Esta iniciativa de ley complementa el esfuerzo que están realizando otros actores. Por eso invito a que aprobemos la idea de legislar ahora y que efectuemos el análisis en detalle posteriormente, durante la discusión en particular.
Este proyecto establece el chasís legal para asegurar que lo que se ha planteado pueda llevarse a cabo.
Alguien que está trabajando mucho en esta materia es el Ministro de Educación. Los equipos técnicos de su Cartera han hecho un tremendo esfuerzo para promover esta idea. Evidentemente, el que nos ocupa no es un asunto controvertido. Considero importante subrayarlo. Se trata de un tema sobre el cual hubo acuerdo unánime en la Comisión.
Solo queremos generar la institucionalidad necesaria para que el referido objetivo se logre implementar efectivamente en todas las regiones del país.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, el Gobierno ha llegado a un acuerdo: el lunes 27 de abril partió una nueva señal televisiva, que emiten los canales de televisión nacional agrupados en Anatel y los concesionarios de alcance regional, que conforman Arcatel, la que será transmitida además por cableoperadores. Los contenidos cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Televisión.
La plataforma es aprendoenlinea.mineduc.cl, pero no es de alcance universal debido a que está condicionada a contar con cobertura de servicios de telecomunicaciones. En definitiva, no llega a todos la nueva plataforma que se anunció, por los motivos que expliqué en la presentación del proyecto.
¿Qué porcentaje de Chile tiene TV digital? Ese es el punto. No todos disponen del servicio, y en las regiones, menos. Ni el 50 por ciento del país está digitalizado.
Al revisar hoy, 5 de mayo, el cuadro de canales de Anatel que transmite por la señal secundaria que se ha establecido como posible alternativa, veo que TVN la emite solo en Santiago. Reitero, estimados colegas: Televisión Nacional, el canal de todos los chilenos, que cuenta con cobertura en todo el territorio, está transmitiendo dicha señal solo en Santiago, y la tiene disponible en su página web.
Entonces, ese acuerdo no alcanza a cubrir las necesidades de todo Chile, nuevamente.
Además, ese canal secundario no es la señal educativa comprometida por TVN. Eso está pendiente. Recuerdo que cuando hicimos el debate sobre su capitalización dijimos: "Le vamos a pasar plata (como 64 millones de dólares), pero tiene que cumplir con la implementación del canal educativo". Eso no ha ocurrido, a pesar de que este Senado y diversos gobiernos han financiado las deudas de Televisión Nacional de Chile.
Nuestra propuesta, contenida en el proyecto, no es un canal educativo nuevo, y tampoco un programa nuevo, sino uno transitorio. La televisión no va a cambiar: los matinales no se tocan; sigue cada uno con su parrilla. Lo que se necesita para implementar esta iniciativa es que algunos canales modifiquen su programación habitual por un día, producto de la contingencia. El cómo lo verán los programadores.
Solo quiero reiterar que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con los canales digitales de televisión abierta. ¡Pero hay restricciones! Ante ello, esta iniciativa viene a establecer una obligatoriedad.
En el ámbito que hemos mencionado, tiene que haber una acción estratégica público-privada conjunta para enfrentar la actual crisis. Por lo mismo, debe asociarse el Estado con los privados, lo cual abre una oportunidad para los canales de televisión. La alianza estratégica público-privada para hacer frente al COVID-19 es clave. En tal sentido, lo acordado por el Ejecutivo no es suficiente.
Este proyecto de ley busca establecer una franja obligatoria transitoria. Para ello se requerirá más solidaridad. Los auspiciadores tendrán que comprender que en esa franja, por cierto, no podrá haber publicidad. El canal deberá acomodar la parrilla programática, los minutos de transmisión, con la comprensión de los auspiciadores, que deberán ser solidarios en la crisis, porque estamos hablando del interés superior del niño.
Los 3,5 millones de niños en edad escolar y los 1,2 millones de universitarios serán el objetivo fundamental de esta franja, a través del ordenamiento que logre establecer, respectivamente, el Ministerio de Educación o las universidades.
Si existe voluntad positiva de parte del Senado y del Gobierno, lo establecido en este proyecto podrá alcanzar mayor concreción, mayores regulaciones, mayores observaciones, siempre y cuando ello no implique estar un mes discutiendo.
Hemos redactado la iniciativa en un artículo único simple, para sentar la idea general de legislar. El texto definitivo puede quedar de esa manera simple o puede complejizarse.
Lo único que digo es que la crisis sanitaria avanza y no hay un tiempo determinado para su término. Ante ello, el proyecto de ley puede establecer los elementos que permitan implementar, en el más corto tiempo posible, una franja de televisión obligatoria de dos horas en la mañana y dos horas en la tarde. Es perfectamente posible, y corresponde a una facultad de este Senado, de las pocas que tiene.
Por otro lado, Arcatel no debiera manifestar ningún inconveniente, que era la preocupación del Senador José Miguel Insulza. Y si se presentan objeciones, bueno, se harán las audiencias públicas correspondientes para poder exponerlas.
Millones de niños en Chile no tienen acceso a los programas que ofrece la franja televisiva educativa que se acordó. Esta no es suficiente, pues no llega a todo el territorio. La transmisión de Televisión Nacional es determinante: su señal secundaria no abarca a todo el país; solo se ve en Santiago. ¡Y Santiago no es Chile! Somos 18 millones de habitantes: 7 millones viven en la Región Metropolitana; por tanto, 11 millones quedan fuera.
Por último, miro a los colegas presentes en la Sala y a los que están participando de manera telemática: somos 43 Senadores de la república, todos electos democráticamente en las dieciséis regiones del país. De ese total, 39 son de regiones distintas de la Metropolitana, y solo 4 representan a Santiago. ¡Somos 39 de regiones! Yo apelo al sentido regionalista de la medida propuesta y al hecho de que no provoca mayor costo en materia de programación.
Será responsabilidad del Ministerio de Educación, del Consejo Nacional de Televisión y de las propias universidades la elaboración de los contenidos.
Mientras antes aprobemos este proyecto de ley, más pronto el Senador Letelier podrá llevarlo a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para su discusión en particular, y así convertirlo en ley de la república a la brevedad.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.
La señora VON BAER.-
Señora Presidenta, creo que este proyecto, como muchos de los que hemos visto en las últimas semanas, tiene una inspiración positiva, pero me genera muchas dudas su puesta en práctica.
El Gobierno ha impulsado, a través del Ministerio de Educación y bajo el paraguas del Consejo Nacional de Televisión, la implementación de TV Educa Chile, que es una señal educativa. Por tanto, no se incluyen los contenidos dentro de la programación de otros canales y no es necesario cambiar de una estación a otra. Se trata de un canal pensado para la educación en estos tiempos de pandemia, el cual va a transmitir desde las siete de la mañana y hasta las once de la noche. Es bastante más que las cuatro horas que se plantean en esta iniciativa.
Lo que más dudas me genera -no sé muy bien, más allá de la buena disposición, lo que han pensado los autores del proyecto- es que al parecer, por la sensación que me deja lo que he escuchado, se van a ir intercalando los contenidos educativos en los canales. Entiendo que cada día va a emitir una estación distinta o se van a alternar los programas educativos a diferentes horarios.
Entonces, no sé qué tanto sentido tiene la presente iniciativa, desde la perspectiva de la educación, porque se va a mezclar el contenido del matinal o la telenovela con la franja educativa emitida a horarios probablemente distintos y en canales diferentes.
Creo que tiene mucho más sentido la implementación de un canal educativo que llegue a todas partes del país; que tenga coherencia desde el punto de vista de sus contenidos, y respecto del cual los padres puedan guiar mejor a los niños en el consumo de los programas.
¿Por qué? Porque, en el caso de la idea del proyecto, a un niño le puede tocar el contenido educativo en un canal un día en la mañana; luego en otro canal otro día en la tarde, dependiendo de la programación, en fin. Quizás eso se pueda ordenar. Pero la verdad es que considero que está mucho mejor pensada la iniciativa que ha impulsado el Consejo Nacional de Televisión a través de TV Educa Chile.
Ha dicho aquí el Senador Navarro que TV Educa Chile, que es un canal específico diseñado para la educación, no va a llegar a todas las partes del país. Esa no es la información que yo tengo. Según los antecedentes que manejo, sí cubrirá todo el territorio nacional. Habrá que ver si la señal no llega a algunos sectores y preocuparse de que sí lo haga.
Por otra parte, me preocupa que el proyecto no efectúe ninguna distinción entre los canales grandes y los regionales. Yo represento a una región, y en ella tenemos canales. La iniciativa los carga a ellos igual que a los grandes.
Entonces, la pregunta que hay que hacerse es cómo se regula la emisión de esos programas, cuánto tiempo.
He señalado dos perspectivas, señora Presidenta.
Primero, tengo dudas respecto a cómo está concebido el proyecto. Creo que la señal TV Educa Chile está mucho mejor pensada desde un punto de vista educativo.
Segundo, considero que será complejo establecer cómo se estructurará esto dentro de la programación de los canales. Un símil de esto es la franja política, que es la otra carga que tienen los canales, aparte de las impuestas en tiempos de catástrofe. Pero aquella es en un mismo horario en todos los canales, y por cierta cantidad de tiempo. No es como lo que se está planteando en este proyecto de ley.
Desde un punto de vista educativo, no sé qué tanto sentido tiene la iniciativa. Es mejor idea impulsar la señal de TV Educa Chile y preocuparse, si hay zonas donde no está llegando, en un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de que efectivamente llegue a todas partes de Chile.
Creo que eso tiene mucho más sentido que este proyecto de ley.
Por lo tanto, señora Presidenta, no voy a aprobarlo.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.
No se escucha, Senadora.
La señora ÓRDENES.-
¿Ahora?
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Ahí sí.
La señora ÓRDENES.-
Señora Presidenta, seré breve.
Esta iniciativa va a tener carácter transitorio y obviamente es una respuesta -una más- a las consecuencias que ha traído la pandemia por COVID-19 actualmente.
Probablemente, el contagio se va a intensificar. Hoy día está concentrado en la Región Metropolitana y en regiones con focos bien notorios, como en La Araucanía, Magallanes, entre otras. Ante ello, la medida más eficaz para prevenir el contagio del COVID-19 es el confinamiento, quedarse en casa, lo cual ha significado costos muy importantes.
Más de tres millones y medio de niños, niñas y adolescentes de educación básica y media han visto interrumpido el acceso a los contenidos educativos que, por currículum y por programa escolar, les correspondía.
Por tanto, más allá de las iniciativas que se han resuelto y acordado, es fundamental establecer por ley el marco mínimo para dar garantías de que todos los estudiantes a lo largo de todo el territorio nacional van a tener acceso a los contenidos educativos que les corresponde. Claro, en algunos casos el acceso a internet soluciona el problema, pero gran parte de los hogares en Chile -yo diría que la mitad- no lo tiene, y hay que garantizarlo por distintos medios.
En ese punto la televisión tendrá que cumplir un rol distinto como medio de comunicación. No olvidemos que estamos hablando de concesiones del espectro radioeléctrico que entrega el Estado. Por lo mismo, este tiene mucho que decir y hacer en esta materia.
Creo que esta iniciativa es complementaria con las otras medidas que se han anunciado y adoptado. Además, estamos en la discusión en general. Por tanto, voy a concurrir con mi voto afirmativo.
Falta la discusión en particular. Cuando el proyecto vuelva nuevamente a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, sin duda podremos mejorar los alcances del texto propuesto.
Voto a favor, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Hago presente que está abierta la votación.
Tiene la palabra el Senador Durana.
El señor DURANA.-
Señora Presidenta, el artículo único del que consta este proyecto tiene por objetivo establecer el deber y, en consecuencia, la obligación de transmitir diariamente dos bloques, de dos horas continuas cada uno, con programas educativos que refuercen el aprendizaje del alumnado de acuerdo a los lineamientos y programas del Ministerio de Educación.
En consecuencia, se busca, a través de una ley, que tiene un claro mensaje de intervencionismo estatal, establecer una suerte de cadena nacional, hoy con fines educativos, que va a involucrar a todos los canales de televisión, estatal y privados.
Surge una pregunta básica en este análisis: ¿Para qué tenemos a Televisión Nacional de Chile, si no es precisamente para ser una herramienta fundamental en estas circunstancias? ¿Y por qué el Estado va a recurrir a otras concesiones privadas de televisión, si cuenta con la señal estatal, el canal de todos los chilenos, que tiene una cobertura a nivel nacional y llega a todas las regiones, incluso a casi todos los sectores rurales y aislados del país?
Debiésemos hacer el esfuerzo de llegar con nuestro canal, que es Televisión Nacional, a aquellos lugares a los que no llega la señal.
Al respecto, el canal nacional el año 2017 fue beneficiado con una capitalización aprobada por este Congreso, ascendente a 47 millones de dólares, de los cuales a la fecha se ha ejecutado más del 50 por ciento. Obviamente eso genera una competencia desleal con las emisoras privadas, que hacen el esfuerzo de tener una parrilla y, finalmente, de financiarse.
Señora Presidenta, me voy a abstener en la votación de este proyecto de ley, porque creo que su objeto, que es la difusión de programas educativos, debe ser cumplido por el canal de televisión que pertenece a todos los chilenos, dejando obviamente en carácter de voluntario a las estaciones privadas.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Señora Presidenta, la verdad es que yo celebro esta iniciativa y también valoro muchísimo que nuestro Gobierno esté trabajando en un proyecto muy similar con Televisión Nacional. Creo que son medidas complementarias, que no compiten entre sí.
Primero, quiero reforzar algunos puntos que han señalado otros Senadores.
En la Región de La Araucanía hay 136 sectores a los que no llega internet; por lo tanto, ahí la televisión juega un rol importante.
Pienso que no es malo que, en tiempos de pandemia y, además, de catástrofe declarada, exista la posibilidad de que todos los canales hagan un esfuerzo por trabajar un contenido más educativo, más amplio y vinculado a todos los efectos que conlleva esta crisis.
Incluso puede ser un aprendizaje como sociedad. Yo soy crítica respecto de los matinales. Creo que muchas veces se desaprovechan cuatro, cinco horas de canal abierto para educar a la familia.
En ese contexto, veo como algo positivo este proyecto, que está en su debate en general. Y reitero que es complementario a otras medidas; no compite.
Entiendo que la actividad económica vinculada a un canal de televisión tiene evidentemente un rol de negocios, y no lo discuto; pero en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis tan grave como la que vivimos, me parece importante que los canales también cumplan con su rol social, y por qué no hacerlo a través de programas que permitan que toda la ciudadanía se informe de la mejor manera, que es claramente la radio y la televisión.
Voy a votar a favor en general esta iniciativa.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Vamos a proceder a consultar la opción de voto de las Senadoras y los Senadores que se encuentran participando de manera remota.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
Tiene el micrófono apagado, Senadora.
La señora ARAVENA.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Araya, ¿cómo vota?
¿Cómo vota?
El señor ARAYA.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
No está conectado.
Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.-
Me abstengo, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.-
Voto a favor en general.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
(Falla de audio en transmisión telemática)... señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Perdón. No se escuchó bien.
El señor SORIA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
La señora VON BAER.-
Abstención, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
¿Senador Harboe?
Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
No escucha.
Senador Harboe, ¿cómo vota?
Senador, ¿nos escucha?
Senador Harboe, ¿nos escucha? Falta su voto.
Senador Harboe, no ha votado.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
El señor HARBOE.-
¿Sí? ¿Ahí?
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Sí.
El señor HARBOE.-
No escucho.
¿Aló?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Cómo vota?
El señor HARBOE.-
¿Aló?
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
¿Cómo vota, Senador Harboe?
El señor HARBOE.-
¿Me escuchan?
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Sí. ¿Cómo vota?
El señor HARBOE.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor y 6 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, Elizalde, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, Durana, García y Moreira.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.
Como plazo para formular indicaciones, se sugiere el lunes 25 de mayo.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
)-----------(
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
El Senador Navarro solicita que el proyecto que extiende en dos años el plazo de operación de furgones escolares (boletín Nº 13.486-15), cuya admisibilidad se aprobó hace algunos momentos, vaya a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
RECONOCIMIENTO DE ACCESO A INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Corresponde discutir el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, que reconoce el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.632-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 1ª, en 13 de marzo de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 16ª, en 21 de abril de 2020.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Esta iniciativa tiene por finalidad reconocer el derecho de acceso a internet como parte de los servicios públicos de telecomunicaciones, elevándolo como objeto de estos últimos, y especificar la obligatoriedad de provisión de tales servicios, y con ello de internet, en el plazo de seis meses desde la fecha de la solicitud que el interesado presente a la empresa respectiva, salvo que se produjere un caso fortuito o de fuerza mayor que impida al concesionario atender la petición que se le formula.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió el proyecto solo en general, no obstante ser de artículo único, por considerar que contiene disposiciones que ameritan un mayor estudio y análisis. En tal virtud, el órgano técnico acordó proponer a la Sala que lo discuta y estudie en los mismos términos.
La Comisión, asimismo, aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Letelier, Chahuán, García-Huidobro y Soria.
El texto que se propone aprobar en general se consigna en la página 25 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Gracias, señor Secretario.
En discusión general el proyecto.
Le pediremos al Presidente de la Comisión de Transportes que rinda a la Sala el informe respectivo.
Tiene la palabra el Senador Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, este proyecto, que se aprobó de manera unánime en la Comisión, tiene una importancia trascendental.
Nuestro marco jurídico, en particular la Ley General de Telecomunicaciones, establece con una mirada muy propia del siglo XX la institucionalidad necesaria para enfrentar lo que fue ese siglo.
Pero en el siglo XXI la Ley General de Telecomunicaciones no contiene una mención en cuanto al rol de internet en general. Y la definición que existe al respecto en el marco legal de nuestro país surgió más bien en la Ley de Televisión Digital.
Por ende, no solo tenemos un vacío en esta materia, sino también una falta de reconocimiento del acceso a internet como servicio público.
Por ello, en el artículo 3º de la Ley General de Telecomunicaciones, que se refiere a la forma en que se clasifican los servicios de telecomunicaciones, se agrega en el literal b) que "Dentro de estos servicios" -es decir, de los servicios públicos de telecomunicaciones- "se incluye el acceso a Internet.".
El gran tema en cuanto a declarar algo como servicio público pensando en el siglo XXI es que, a diferencia de lo que ocurre hoy, en el siglo XX, cuando se hablaba de servicio público, se asociaba con una empresa pública.
El tiempo ha evolucionado y tenemos varios bienes públicos que son administrados por privados. Por ejemplo, el transporte, la industria aeronáutica. Antes los países creían que debían ser dueños de las líneas aéreas para que esa función se desarrollara. Hoy, en el siglo XXI, esa es una mirada superada.
Pero el acceso a internet en nuestro país es un tema mayor. En este sentido, es importante diferenciar entre lo que es acceso a internet en los hogares versus internet móvil. Son dos realidades de cualidades absolutamente distintas.
En este Congreso hemos hablado de temas asociados a internet, como la ley de velocidad y calidad mínima de internet, y en la Contraloría aún está pendiente el reglamento del organismo que debe verificar que se estén brindando buenos servicios a los usuarios. También hubo una iniciativa legal en que Chile ahí sí se adelantó a otros países, relativa a la primera ley de neutralidades de las redes, un debate que durante mucho tiempo el Senador Navarro nos insistió que abriéramos.
Discutir de internet como servicio público y el derecho al acceso dice relación con lo territorial, pero en esto no cometamos el error de pensar que esto implica solo el acceso en zonas remotas, en zonas rurales. La verdad es que en nuestro país el acceso a internet en los hogares tiene una cantidad de "zonas rojas" -así lo llaman los técnicos- en las grandes ciudades, en las zonas urbanas. Hay comunas, como La Pintana, donde no tienen una conectividad domiciliaria de buena calidad porque no se han hecho las inversiones de infraestructura necesarias para que ello ocurra.
Hay que recordar que las empresas que normalmente conocemos, sea Movistar, sea Entel, sea Wom, sea Claro, son operadores que dan el servicio, pero son otros los responsables de administrar la infraestructura de internet. Y aun hay otros, que en general han sido financiados por el Estado a través de licitaciones, que se encargan de la fibra óptica, que también está muy asociada. Si hiciéramos un símil, esto es parecido a la industria eléctrica, en que unos generan las carreteras; otros, la distribución, y, finalmente, está la última milla o la última llegada.
Al declararlo como servicio público, lo que hace este proyecto es permitir que el Estado asuma un rol que las empresas solas no van a desarrollar, pues, evidentemente, ellas generan un negocio. Por eso se busca que esto sea considerado un servicio público, para que, por un lado, se garantice el acceso en toda la geografía del país, y por otro, con tarifas razonables, asequibles.
Si algo hemos visto en esta pandemia es que la gran mayoría de los niños que tienen que hacer tareas -los colegios creen que todos pueden hacerlo- no cuentan con internet en su casa, tampoco poseen computadoras y no todos tienen programas contratados en sus hogares. Más aún, muchas personas están usando el celular para bajar las guías de los colegios, pero no cuentan con impresora en sus hogares. Muchas veces las mamás tienen que pasar en limpio las guías para que sus hijos las desarrollen, les sacan fotos y las envían por WhatsApp. Y aplaudo a las madres, que hacen un tremendo esfuerzo.
Pero esto refleja que en la era del internet de las cosas -se ha mostrado en nuestros Congresos del Futuro- es aquí donde radica una de las mayores brechas en nuestro país, brechas sociales, brechas potenciales en lo económico, brechas territoriales. Por tanto, en esta era del internet de las cosas, cuando hemos sido testigos como generación de la creación de internet de 2G, de 3G, ahora de 4G, y vamos a la era de 5G, con el procesamiento masivo de datos y con inteligencia artificial, resulta fundamental más que nunca cerrar esta brecha digital.
Esto es lo que hay detrás, lo que está en juego: cerrar la brecha de la desigualdad.
Con el establecimiento de internet como servicio público se potencia, sin duda, el desarrollo de la infraestructura, la necesidad de la alianza público-privada para el crecimiento del conjunto de infraestructura necesaria; se va a potenciar el área de la logística como pocas veces, algo fundamental para un país que quiere ser plataforma de servicios, y también nos va a obligar a discutir la institucionalidad necesaria.
Escuchamos a expositores extraordinarios en la Comisión en la primera etapa, quienes se refirieron a cuál es la institucionalidad que se requiere. Es decir, crear internet como servicio público no es suficiente. Es un paso necesario, pero a esto debemos agregar algo más importante: una nueva institucionalidad. Incluso, la Subsecretaría de Telecomunicaciones no tiene hoy la capacidad de fiscalizar bien el sector, y no porque no quiera, sino porque no es un órgano robusto.
Tendremos que discutir cómo se licita el espectro electromagnético en nuestro país y cuál es el uso que deseamos dar a futuro a este bien público, que es escaso. También deberemos debatir cuáles serán los instrumentos que utilizará el Estado para apoyar desde el área pública a los privados y lograr el desarrollo de esta industria. Sin duda, el Fondo de Telecomunicaciones, que ha sido uno de los instrumentos utilizados y que ha cumplido una función muy importante en el pasado, hoy debe ser revisado, repensado, tal como tendremos que revisar y repensar los otros instrumentos que se han utilizado para cerrar la brecha digital, en particular a través de la Junaeb con los programas "Yo elijo mi PC" y con acceso a internet, por lo menos básico, durante un año para los usuarios.
En resumen, señora Presidenta, dar este salto, declarar internet como un servicio público, nos coloca como país en un potencial, en una frontera de debate muy importante. No estamos hablando de crear empresas públicas, sino del deber público de garantizar el acceso a internet en todos los territorios, pero también para todos los bolsillos, porque si no aseguramos ambas cosas sería como el agua o la luz si no están al alcance de las personas.
El agua, la luz, el gas e internet son cuatro de los servicios públicos básicos, servicios esenciales. Este es el sentido del proyecto de ley, e invito a mis colegas a respaldarlo.
Termino con un ejemplo, señora Presidenta: aquí hay colegas del extremo sur que conocen la inversión que se ha hecho en fibra óptica, pero no llega el internet a las casas de la gente. La última milla no se ha desarrollado. Hay problemas respecto de quién hará la inversión en infraestructura, de quién va a asegurar ese proceso.
Eso es lo que hay detrás de este proyecto: que efectivamente se asegure un acceso igualitario y universal a todas las chilenas y los chilenos y a todos los habitantes de nuestro país a este servicio tan básico, tan estratégico, tan esencial para nuestras vidas en el siglo XXI.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Gracias, Senador señor Letelier, Presidente de la Comisión.
Senador Sandoval, tiene la palabra.
El señor SANDOVAL.-
Señora Presidenta, con mucha atención hemos escuchado el informe del Presidente de la Comisión respecto a este mensaje, muy sencillo en su enunciado, con dos modificaciones a la ley N° 18.168, en su artículo 3° y en su artículo 24 C, y que apunta a un servicio que hoy día ya no es un privilegio ni mucho menos un lujo, sino una necesidad.
Curiosamente, en la Comisión de Vivienda (probablemente, la próxima semana) estaremos votando el proyecto que modifica la ley de ductos, pues algunos servicios de telecomunicaciones se ven muchas veces limitados por existir una infraestructura insuficiente o a veces cautiva por alguna empresa en particular en desmedro de otras.
También se analizó la implicancia en los ámbitos educacionales en la actualidad, con esta pandemia, ya que lo más probable es que el uso de estas tecnologías, más allá del actual contexto, vino para quedarse. Esto hace necesario perfeccionar, mejorar y asegurar el acceso a internet para que, dentro de los servicios públicos de telecomunicaciones, adquiera una nueva dimensión.
Hace no muchos días conversaba con el Seremi de Educación de Aysén, don Sergio Becerra, a propósito de lo que se mencionaba aquí, sobre la entrega de equipos computacionales de alta tecnología para menores. No son los primeros que se han entregado, con muchas limitaciones: son equipos de alto nivel, de alto estándar, y traen incorporado -como lo señaló el Senador Letelier- el kit de acceso a internet.
Pero resulta que muchos de los beneficiaros de estos aparatos no podrán hacer efectivo aquello, pues no existe la red, la conexión, el acceso a internet. Por ende, eso ya es un problema para muchos de los jóvenes que, a través de este mecanismo, están procurando mantener cierto grado de normalidad en sus procesos de enseñanza, y para qué hablar de la preocupación que esto les genera a los papás también.
Por ello, proyectos de las características como las del que nos ocupa hoy día adquieren una dimensión nueva, distinta, que evidentemente debemos respaldar.
El referido Seremi de Educación me señaló: "Además, tenemos otros tantos inconvenientes, pues ante la ausencia de redes hemos debido procurar entregar los programas a través de algún mecanismo multicopiado". Pero volvemos a situaciones tan especiales, ¡porque no todo el mundo tiene acceso a estos sistemas!
Por tal razón, esta iniciativa, que envuelve esta particularidad sencilla en su enunciado, alcanza una dimensión que obviamente hay que atender.
Quienes vivimos en regiones extremas -y esto me lo confirma mi Senador vecino no solo de asiento, sino que además de la Región de Magallanes en la realidad-, y para qué decir en muchas de las localidades rurales fronterizas, sabemos de la ausencia de este tipo de servicios y de la necesidad que día a día están adquiriendo.
Por eso nos parece interesantísimo apoyar este proyecto, pues sin duda ayudará a resolver un problema en territorios como los nuestros, donde muchas veces ni siquiera existe conectividad terrestre, al menos con este mecanismo. De modo que será de gran apoyo incorporar dentro de los servicios públicos de telecomunicaciones también el acceso a internet.
Evidentemente, vamos a pronunciarnos favorablemente respecto de esta iniciativa, dado el impacto y la significación que reviste hoy día un instrumento como este, y la forma en que las tecnologías vinculadas a internet están penetrando todos los ámbitos de nuestra vida más cotidiana.
Voto absolutamente a favor.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.-
Señora Presidenta, hoy hemos tratado dos proyectos muy interesantes, cuya vinculación y factor común es la tecnología. Se habló de la televisión educativa y de los problemas que tiene llegar a todos los hogares que no cuentan con la capacidad de conectarse a plataformas digitales.
La pandemia, en la práctica, ha hecho adelantarnos el siglo XXI y demostrarnos a todos la necesidad y la dependencia que tenemos de las redes de datos. Hoy no podemos esperar en filas para hacer trámites: debemos ser capaces de gestionar los procesos que el Estado realiza de forma remota, distante no solo por la pandemia, sino también porque es mucho más eficiente, más práctico y permite un mejor control, incluso, un control democrático.
Esa misma internet es capaz de generar el comercio digital. Y hoy hay personas que siguen trabajando desde sus hogares, porque ha sido el lugar donde siempre han desarrollado conocimiento. No es que hayan tenido que ir al sistema de teletrabajo: lo realizan de esa forma.
Hoy la internet está permitiendo sostener la capacidad de las empresas para que algunas personas, con la nueva ley sobre teletrabajo, sigan en sus casas, garantizándoles también el debido descanso: las doce horas de desconexión.
Por eso me alegra que, antes de que este proyecto de ley ingresara, tuviéramos el gran anuncio del mayor subsidio que han recibido las telecomunicaciones chilenas: 86 mil millones de pesos, que se adjudicaron el recién pasado mes de abril, para los efectos de instalar 10 mil kilómetros de fibra óptica y atender a 186 comunas que no tienen acceso a internet, muchas de ellas rurales. Ello, a fin de llegar con las carreteras de la información.
Tal como lo señaló el Senador Letelier, esas líneas tienen la capacidad de llevar información de muchas compañías. Por lo tanto, se ejerce algo fundamental: el derecho de las personas a elegir los contenidos y a decidir con quién se quedan.
La televisión abierta tal como la conocemos y la televisión por cable van a desaparecer muy pronto debido a la capacidad instalada de fibra óptica terrestre que alcanzaremos con el proyecto de fibra óptica nacional que acabo de anunciar, más el cable submarino de fibra óptica. Este mes se acaba de inaugurar "cable Prat". Hoy, 5 de mayo, se recuerda el aniversario del matrimonio de Arturo Prat. El proyecto cable Prat conectará por mar a todas las comunas costeras desde Puerto Montt hasta Arica, entrando en los lugares más diversos. Acá, a la Región de Valparaíso, ingresará por Concón.
¿Qué significa eso? Que Chile se está urbanizando digitalmente. Y esa urbanización digital va a requerir otros dos ingredientes.
De un lado, la alfabetización digital, que es necesaria en todos los niveles. Y al decir "en todos los niveles" me refiero no solo en el de los huérfanos digitales, los niños, quienes parten a edad temprana sin tener una mamá digital que les explique las bondades y los peligros existentes, sino también en el de nuestros adultos mayores, que quedan desprotegidos, desconectados y a quienes hay que acompañar.
Pero también hay que educar a los líderes, quienes deben entender que esta es la única oportunidad que tenemos para ingresar al siglo XXI y ser un verdadero competidor.
Hoy se compite por ideas, y esas ideas se desarrollan con talentos; y los talentos son la riqueza más grande de las regiones. Por eso no podemos dejar a nadie fuera del conocimiento.
La red de fibra óptica permite que esos talentos, donde estén, reciban el conocimiento. Así debemos llegar hasta la comuna más austral de Chile y del resto de los países del mundo: me refiero a Puerto Williams, al cable de fibra óptica austral que navega por el estrecho de Magallanes. Y este año, en que se conmemoran los 500 años de este estrecho, ojalá le cambien el nombre y se llame "Magallanes", para recordarnos el desafío de explorar las fronteras.
La fibra óptica ya es una realidad; sin embargo, debemos mejorar la capacidad para que las personas puedan acceder a ella. Es fundamental que esa capacidad de fibra óptica salga por antenas que hoy se denominan "5G" y que después se van a llamar "6G", "7G", y así sucesivamente. Lo único que hacen esas antenas es darnos la misma capacidad de la fibra óptica, esa alta velocidad, pero ahora disponible de forma móvil. Por lo tanto, se va a acabar la diferencia entre la internet domiciliaria y la internet móvil. ¿Por qué? Porque la latencia en 5G es muchísimo más rápida que la que hoy se ofrece en lo que conocemos como "la internet domiciliaria".
Los sistemas van a empezar a converger, y la discusión será por el espectro, porque ahí es donde debemos poner el real énfasis: qué liberamos para permitir que esto funcione, y bien. Porque es muy eficiente en sistemas nuevos con protocolos que permiten a millones de personas estar conectadas que de repente tenerlo reservado solo para un canal en particular, entendiendo que muy pronto todo va a ser vía streaming, y hacia allá se converge. Este es un desafío transformacional tremendo, pues debemos desarrollar contenidos.
Hace poco se mencionaba lo relativo a la televisión educativa; pero se nos olvida que solamente está prevista de primero a cuarto básico con programación infantil, y quedan fuera los restantes cursos, respecto de los cuales se necesita capacidad para abordarlos. Por eso debemos desarrollar mejores contenidos. Me alegra, pues, que estemos discutiendo en general una iniciativa de ley superior, para llegar con una televisión educativa de verdad, tal como la tiene la BBC: ¡a eso apostamos!
Pero todo va a ir, finalmente, por el lado del streaming.
En tal sentido, creo que vamos por la línea correcta: estamos discutiendo lo que se debe. Sin embargo, también quiero poner sobre la mesa el tema del modelo de interoperabilidad de datos, porque no podemos conectarnos a través de internet y garantizarle a todo el mundo este acceso si el Estado no funciona transaccionalmente y de forma segura con sistemas distribuidos y protegidos con blockchain u otras tecnologías que den confianza a sus acciones. ¿Por qué? Porque ya no se necesita el tercero confiable: el sistema es el confiable, y así se evita la corrupción o que la gente se salte las listas.
Nuestro Estado hoy está siendo gestionado mediante planillas Excel. No hay nada peor que una planilla Excel, en que cualquiera puede modificar el valor de una celda o cambiar a una persona en el orden de un listado. Por lo tanto, no solo se trata de discutir qué significa el bien público, sino también de ver cómo haremos uso de él. Por eso esta educación debe llegar a todos.
Señora Presidenta, es necesario generar una Comisión -ojalá permanente, si no transitoria- en el Senado que se preocupe de la interoperabilidad del Estado, de hacerla realidad, y debemos ser capaces de sacar proyectos de ley que se ajusten a este nuevo entorno, que es muy dinámico, pues todos los años la tecnología va cambiando. No podemos hacer leyes asociadas a una tecnología en particular: ha de ser neutra, no como la ley sobre televisión digital, que quedó asociada a una tecnología que probablemente acabará en un par de años por el streaming.
La neutralidad en la red es fundamental; pero la gestión del tráfico es más importante. Por ello, cuando hoy se habla de planes solidarios para permitirles a todos conectarse, es natural que algunos bits puedan pasar antes que otros, de modo que es fundamental que esos 500 kilobits que se consiguieron como base para que todos accedan a internet sean usados eficientemente.
La gestión del tráfico es un asunto de regulación interna, y los países definirán la forma en que ocurrirá. Pero todo el mundo puede acceder a todos los lugares; esa es la esencia del internet. Si la comprendemos y la sabemos utilizar bien, les vamos a dejar el mejor futuro a las siguientes generaciones. Pero si seguimos cometiendo el mismo error de creer que el ancho de banda de que se dispone es solo para enviar una planilla Excel o un archivo en PDF, estamos equivocados. Es factible sacarle mucho más rendimiento, y eso es lo que esperamos ver.
Creo que se ha presentado el momento; la sociedad hoy se halla totalmente conectada, y quienes no lo están quedan excluidos.
Ese es el tercer pilar: la inclusión digital. No puede quedar nadie afuera, ni por distancia, ni por recursos, ni porque no cuente con las capacidades.
Si resumimos, entonces: urbanización digital; cables de fibra óptica y 5G; alfabetización digital, partiendo a edad temprana, preocupándonos de nuestros adultos mayores y también de las autoridades que deben decidir, para que lo hagan bien, y, finalmente, inclusión digital, ya que no puede quedar nadie fuera.
Por eso, voto a favor.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, quiero plantearle dos asuntos.
Primero, le solicito que abra la votación.
Segundo, le pido, de ser factible, que ratifique el acuerdo en el sentido de que el proyecto que establece un seguro social de protección de ingresos para los trabajadores a honorarios, que ingresó hoy, pase primero a la Comisión de Trabajo, para que pueda iniciarse su discusión.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
¿Les parece a Sus Señorías acceder a los dos requerimientos señalados por el Senador señor Letelier?
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Señora Presidenta, en verdad, a mí me fascina este tema, aunque hablar después del Senador Pugh es siempre difícil, pues su conocimiento en esta materia es infinito.
Ahora, quisiera entender bien el objetivo del proyecto mismo.
Primero, hay que entender qué es el internet.
El internet es una especie de red de redes; es una red que conecta distintas redes en un mundo que nosotros no conocemos, a través de ondas electromagnéticas o cursos de luz, y que contiene dentro de sí otras redes.
Por ejemplo, todos hemos escrito alguna vez "http//www" y todo lo que sigue. Esa es otra red, que se llama "World Wide Web". Usa la internet, pero no es la internet: es otro conjunto de protocolos.
Esto es algo bastante especial, porque todo este sistema no es propiedad de nadie. Por ello me interesa saber qué queremos decir acá: qué internet va a ser bien nacional de uso público, un servicio nacional de uso público.
El internet es un poco arcaico, en el sentido de que se puede decir que no es de propiedad de nadie. Pero también todos sabemos perfectamente quiénes son los dueños del internet: los que lo manejan más; los que navegan con más facilidad por sus redes, por todos lados. Conocemos sus nombres: Alphabet; Google; las redes de Intercom; las redes de compra existentes, las nueve grandes compañías de sistemas telemáticos que ocupamos. Ahora mismo estamos trabajando a través de una de ellas.
Entonces, ¿qué vamos a decir: que internet será un bien nacional de uso público, o que es deber del Estado ponerlo a disposición de sus ciudadanos? Porque, si decimos que es deber del Estado, yo estoy de acuerdo. Si planteamos que vamos a afiliarnos a internet -porque lo asumiremos nosotros-, podemos estar un poco atrasados.
Porque en septiembre pasado, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Huawei de China propuso una nueva forma de internet, con toda claridad, de manera muy simple. Con un gran decorado de todo tipo y con muchas de las cosas de que nos hablaba el Senador Pugh (las fibras ópticas, los hologramas, etcétera), mostró que era posible superar internet.
Se trataba de ilustrar, dice el artículo respectivo del Financial Times, que el actual internet es una reliquia que ha alcanzado los límites de su capacidad técnica, que es más o menos lo que señalaba Su Señoría ahora.
Es tiempo, expresó Huawei, de una nueva network global, de una nueva red global -no internet, sino otra-, con un diseño de pies a cabeza -es decir, de la parte software y de la parte hardware-, y los chinos la podrían construir.
¿A cuál internet estamos afiliando a Chile: a esta, o a la otra? ¿Cuán superado está el sistema actual? El de las grandes compañías está claramente muy superado.
Señora Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto. Pero lo único que pediría es que no dijéramos que estamos declarando que la red de redes que reina en el espacio hoy día, con miles y miles de redes, de infrarredes y suprarredes, será convertida en un bien nacional de uso público o en un servicio público chileno.
Señalemos que, dados los avances de la tecnología digital, tenemos que garantizar que todos los chilenos cuenten con acceso a estas redes, y después ellos verán a cuáles ingresan y a cuáles no.
Me parece que acá hay un error conceptual: internet no es el conjunto de todas estas cosas que nos han hablado aquí. Internet es una red de redes, regida por algunos protocolos, y hay otras redes que se hallan reguladas por otros protocolos, las que se van superando unas a otras. Y, precisamente, la gran competencia, la competencia real global hoy día no es por el dominio de mercados o de cadenas productivas, sino por el dominio de lo que les estoy manifestando.
En todas las revoluciones industriales ha ocurrido que en algún país o en algún grupo de países, rigiendo las nuevas tecnologías... (falla de audio en transmisión telemática). Es un poquito temprano para abanderizarnos con una de ellas; es un poquito temprano para tomar partido.
En consecuencia, yo pido que, cuando este proyecto se discuta nuevamente, se haga con mucha prudencia, dejando en claro lo que queremos hacer. Nosotros deseamos asegurar que todos puedan usar esta maravilla; que realmente la infraestructura esté a lo largo de nuestra nación para que todos la utilicen; que los chilenos accedan a un computador.
En realidad, cito aquí a Bill Gates -esto no vale exactamente para Chile, aunque sí en algo-, cuando dijo que sí quería que todos los habitantes del mundo estuvieran incorporados a la red, pero que para eso todavía había millones que debían contar con electricidad a fin de conectarse a ella.
Pero vamos a intentarlo; es un buen objetivo.
Sin embargo, no digamos que todo eso lo haremos transformando repentinamente, por ley, una red de redes con el carácter relativamente arcaico de no tener ningún propietario, pero respecto de la cual sabemos que cuenta con muchos dueños, y que está constituida por un conjunto más de redes, en uno de nuestros bienes nacionales de uso público.
Hace poco rato, cuando hablábamos del otro tema vinculado con tecnología, la Senadora Órdenes tocó lo relativo al espacio radiotelevisivo. Bueno, el Estado de Chile puede asignar ese espacio a distintas cadenas y a diferentes espectros radioeléctricos; sin embargo, el espacio cibernético, el espacio de internet no se lo puede asignar a nadie. Sí le es factible afiliarse a alguna de las muchas redes existentes y tratar de que sus ciudadanos tengan acceso a ellas.
Por lo tanto, yo voy a aprobar este proyecto en general; no obstante, quisiera que tuviera un nombre un poquito más aterrizado que decir que estamos declarando a internet como un bien nacional de uso público, porque -repito- eso puede ser visto como un lenguaje del siglo XX y no del siglo XXI.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Ofrezco la palabra al Senador Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta, Honorable Sala, en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobamos en general este proyecto. En su debate participaron tanto la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones como la Subsecretaria de Telecomunicaciones, y ambas están conscientes de que los términos fijados en la iniciativa representan el inicio de la discusión en cuanto a los accesos.
Yo comparto lo que señaló el Senador Insulza: acá hay que entender que las brechas digitales son complejas y, en definitiva, van a determinar las diferencias de acceso a la información, por lo que resulta vital dejarlas atrás para que haya igualdad de oportunidades.
Hubo un informe muy interesante expuesto ayer por Educación 2020, en un seminario dirigido por la Comisión de Salud y liderado por la Senadora Goic, en el que se señalaba, por ejemplo, que uno de los temas más complejos detectados en una encuesta realizada a 3.400 estudiantes decía relación fundamentalmente con el acceso a redes. Estamos hablando de que el 70 por ciento -¡70 por ciento!- de los estudiantes manifestó que no tenía un acceso a redes que le permitiera recibir teleeducación y de que un porcentaje no menor de educandos -sobre el 50 por ciento- señaló que tenía dificultades en el uso de herramientas digitales.
Por tanto, acá estamos iniciando una discusión respecto de cómo podemos legislar sobre el particular. Ha habido intenso diálogo en la Comisión con los actores del mercado, con la Subsecretaria de Telecomunicaciones y con la Ministra de Transportes.
En definitiva, nosotros vamos a aprobar este proyecto, que representa el inicio de un debate sobre la materia en cuestión.
Básicamente, lo que nosotros debemos tener en cuenta, entendiendo que esta es una red de redes, que podría haber otras y que internet podría verse limitada en su desarrollo potencial, es que, por supuesto, se trata de una de las posibilidades. Estamos atentos a lo que está haciendo China, pero acá lo relevante es si somos capaces de disminuir las brechas digitales, y por eso el proyecto va a volver a la Comisión, donde seguirá su discusión.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero felicitar a los autores de la iniciativa y reconocer que este es un debate importante, independiente de la denominación del proyecto. Ciertamente, debemos ser claros en el lenguaje que utilizamos para no quedar obsoletos respecto del sistema al cual adheriremos: si es internet o esta red de redes. Pero, en definitiva, creo que nosotros debemos hablar acá de equidad territorial, de acceso para cualquier chileno o chilena, independiente de dónde se encuentre, de cuál sea su nivel de ingresos, de cuáles sean sus capacidades, de cuál sea su posibilidad de sumarse a internet.
Así como en décadas pasadas peleamos tremendamente, como sociedad, para tener instrucción básica, para tener un sistema de salud, para tener, en la década de los noventa, una cobertura de electricidad más amplia -o, en el último tiempo, de agua potable rural-, considero clave asegurar efectivamente el acceso a internet, a estas redes.
Hoy es muy preocupante ver, por ejemplo en la Región de Los Ríos, que me toca representar, que hay más de doscientas localidades donde no existe acceso, y ahí viven chilenos y chilenas, principalmente jóvenes, que estos días, producto de esta pandemia, de esta cuarentena, están en sus casas pero no pueden trabajar, no pueden conectarse.
He recibido llamados de padres o de los propios estudiantes universitarios o de colegios que me dicen: "¿Sabe? Vivo en tal lugar, en la comuna de Los Lagos, de Lanco, de Panguipulli, o dentro del propio Valdivia, en la zona rural, donde no hay acceso".
Lo anterior coloca a esos ciudadanos, a esos jóvenes en una situación de desventaja frente a otros compañeros de curso que viven en las ciudades. Esa falta de acceso representa una inequidad que hoy día se hace más patente que nunca, porque un gran porcentaje de la población, casi el cien por ciento, está efectivamente en sus domicilios.
Durante mucho tiempo se hicieron esfuerzos en las universidades, en los hospitales, en los centros educacionales, en el mundo productivo urbano para desarrollar tremendamente estas iniciativas. Pero acá las empresas en las licitaciones, cuando tenían estas compensaciones, y la no obligatoriedad de cobertura en determinadas zonas rurales, no se preocupaban de que sus antenas, sus equipos, fueran todo lo poderosos que se requería, y así tenemos una internet de primera generación, de buen nivel en la zona urbana, pero en una misma comuna, si te vas a 20, 30 kilómetros de distancia, ya no tienes buena comunicación, y son villorrios, lugares donde vive una buena cantidad de gente.
Entonces, es importante que esta discusión permita al Estado garantizar un derecho fundamental: el acceso de los ciudadanos. Pero esta es también una obligación para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y para las propias empresas que muchas veces licitan estos espectros radioeléctricos, como lo explicaba muy bien el... (falla de audio en transmisión telemática)... pero también tener garantías. Usted postula y seguramente tendrá un negocio con alto tráfico de circulación de datos en las zonas urbanas, en los centros densamente poblados, pero también va a tener una obligación de conexión y de asegurar cobertura a quienes se encuentren en lugares menos densos poblacionalmente. Porque, si no, se genera una brecha y no sacamos nada con alfabetizar, con formar, con capacitar, si hay lugares donde físicamente no se puede acceder.
Señora Presidenta, voy a votar a favor, pero quiero decirles a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y a la Subsecretaria que en aquellas zonas, dentro de las regiones, que no tienen cobertura se debe pisar el acelerador, poner mayor énfasis. Se requiere que las empresas tengan una visión solidaria, de equidad territorial.
No sacamos nada con tener alta competencia, alta velocidad, una banda ancha perfecta para quienes viven en el área metropolitana, o en las capitales provinciales o regionales de nuestro país, si millones de personas, por vivir en otras zonas, son discriminadas de estas medidas, de estas capacidades.
Creo que el proyecto va por buen camino; lo voy a votar a favor. Y espero que en la discusión en particular podamos también tener un compromiso de la contraparte desde el punto de vista de cuál va a ser la política pública para dotar y asegurar a todo chileno, chilena, independiente de donde viva, el pleno acceso a internet.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Senador Francisco Huenchumilla, tiene la palabra.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señora Presidenta, ha sido una discusión bien interesante la que hemos visto hoy día en la Sala, porque estos temas tecnológicos, para algunos de nosotros que llegamos tarde a estas innovaciones, son complejos. Pero el debate ha estado muy interesante, ya que distintos señores Senadores nos han adentrado en este mundo de la tecnología.
Sin embargo, yo estaba pensando que hoy día nosotros los Senadores no estamos disponiendo cosas sobre tecnología, sino dictando una ley, o sea, una norma. Y la norma, que es vieja, porque viene del tiempo de los romanos, después de dos mil años no ha cambiado. Han cambiado el mundo, la economía, la sociedad, la tecnología y seguimos usando la ley. Y lo que estamos haciendo hoy día aquí es una ley. Nosotros no estamos hablando de políticas públicas, no estamos hablando de las nuevas tecnologías.
Yo entiendo que el trasfondo de este proyecto es que internet es una forma de comunicación moderna, con todas las características que aquí han señalado los señores Senadores y Senadoras. Por tanto, se trata, a mi juicio, respecto de esta nueva forma de comunicación, que probablemente en el futuro se va a complejizar mucho más y será mucho más avanzada y sofisticada, de preguntarnos cómo nosotros, como Estado y sociedad, garantizamos que ella llegue a todos los rincones de nuestro país y, fundamentalmente, a los sectores más carenciados y necesitados, que no tienen las mismas oportunidades que otros en el país, para que no se queden rezagados, no se queden atrás.
Entonces, entiendo que cuando estamos dictando una norma aquí estamos imponiéndole una obligación al Estado, porque de eso se trata una ley, de poner una obligación.
¿Qué obligación le estamos poniendo? La de garantizar el acceso.
Frente a eso, en algún minuto -me imagino que en la discusión particular- tendremos que ver cuál va a ser la labor del Estado respecto de esa carga que le ponemos para garantizar el acceso a esta nueva forma de comunicación masiva que existe en el mundo, y que es indispensable si estamos diciendo que es un servicio público.
Estoy pensando en servicios públicos como, por ejemplo, el agua potable, la electricidad, el alcantarillado, la salud, etcétera.
La pregunta es cuál va a ser el papel del Estado en esta nueva forma de comunicación que vive la humanidad. Si pienso en eso, pienso también en cuál es el rol del sector privado, en cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Si es un servicio público, tendremos que ver o no ver qué tarifas se van a cobrar para efectos de que la tecnología llegue y, también, de que la gente pueda pagar el acceso a ella.
Lo que quiero decir es que encuentro sumamente interesante este proyecto, pero tiene numerosos caminos que recorrer, sobre todo en términos particulares. Así que espero que la Comisión trabaje en esa dirección, pero sin olvidarnos de que lo que estamos hoy día discutiendo en el Senado es una norma legal, y las normas legales tienen por objeto establecer obligaciones y un marco jurídico en el cual se desenvuelvan las facultades, el imperio del Estado y también el rol del sector privado en estas nuevas tecnologías.
Con ese marco conceptual que he indicado, señora Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto de ley, esperando que pueda clarificarse en la discusión particular.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.-
Seré muy breve, Presidenta.
El Senador que me antecedió en el uso de la palabra apuntó bien cuál fue el espíritu con el que aprobamos este mensaje presidencial: iniciar un camino en el que debemos definir bien con qué instrumento el Estado va a cumplir esta obligación; cuáles van a ser las facultades de la autoridad; cuál va a ser la nueva institucionalidad del área de telecomunicaciones para este fin.
Se requiere comprender que en el siglo XXI esto pasa por una alianza público-privada, de otro tipo. No estamos hablando de un servicio público en sentido estricto, como el agua, la luz y el alcantarillado, donde operan monopolios naturales, pero sí de un servicio público en tanto es una necesidad esencial, un servicio esencial.
En la literatura, a lo largo de los últimos treinta años han cambiado los conceptos de los "servicios públicos" a los "servicios esenciales". Eso es parte del debate que vamos a tener en la Comisión.
Por ende, quiero simplemente decir que aquí comenzamos un camino que todos debemos construir en conjunto respecto de un servicio que es determinante en la vida de muchas personas y cuya falta de acceso provoca brechas que son tremendas en las sociedades del siglo XXI.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Senadora Von Baer, tiene la palabra.
La señora VON BAER.-
Gracias, Presidenta.
Entiendo que este proyecto no nace de un mensaje presidencial, sino de una moción parlamentaria. No me queda muy claro conceptualmente lo que quiere lograr en definitiva. Pero sí entiendo que pretende hacerse cargo de las brechas digitales, o sea, de las brechas de acceso a la tecnología para poder conectarse, en este caso, a internet.
Entonces, mi primera pregunta es cómo vamos a poder asegurar que todos tengan acceso. Una cosa es lo que mencionaban algunos Senadores respecto de la situación que se ve en muchos lugares del sur de nuestro país, donde no hay cobertura de internet que viene por el espectro radioeléctrico. Uno podría decir: "Okay, aquí hay una inversión en infraestructura que hacer, el espectro radioeléctrico de alguna manera se entrega". Por tanto, quizás se podría decir: "Aquí hay un espacio para ver cómo lo aseguramos".
Pero no es solamente una realidad que se viva a nivel de sectores rurales; también se vive en sectores urbanos, donde las personas a veces no tienen acceso a internet en las casas.
La pregunta es cómo va a asegurar el Estado el acceso a la tecnología, cómo va a acortar la brecha digital. No se trata, como lo mencionaba algún Senador, del espectro radioeléctrico, sino de un servicio que es llevado por cada una de las empresas.
Entonces, nuevamente estamos frente a una iniciativa con un enunciado que puede sonar muy interesante, que se puede discutir. Yo entiendo que lo que se buscaba -y lo planteaba el Senador Chahuán- es poner el tema sobre la mesa. Pero creo que en particular va a haber que trabajar bastante todavía con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que esto se traduzca en algo real; para que nos hagamos cargo de la brecha de acceso que tenemos en muchas partes, no solamente en los sectores rurales, sino que también en los urbanos.
Sin embargo, tal como lo planteaba el Senador Huenchumilla -por su intermedio, Presidenta-, me parece que este proyecto de ley necesita todavía decirnos qué es lo que realmente significa que esto sea un bien público; eso no queda muy claro. Por tanto, en la discusión en particular habrá que hacerse cargo de lo que me imagino que quiere lograrse: reducir la brecha de acceso que tenemos hoy en muchas partes del país.
Eso, evidentemente, es una preocupación de todos nosotros; no solamente en el marco de la pandemia, sino que en general. Los Senadores de regiones tenemos zonas sin acceso a internet. Acá, en la propia Región de Los Ríos, existen muchas zonas sin acceso. Hay una brecha digital muy importante.
Bueno, será una política pública la que tendrá que hacerse cargo de este tema. No sé si el camino para ello es que esto sea un bien público. Habrá que ver qué es lo que eso finalmente significa cuando estamos hablando de la brecha digital.
Gracias, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Senador Latorre, tiene la palabra.
El señor LATORRE.-
Presidenta, este proyecto se originó en un mensaje de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Sin perjuicio de lo importante del aumento en la proporción de hogares conectados, cifra que alcanza a 79,3 por ciento a nivel nacional, lo que implica un avance de un 9,4 por ciento respecto del año 2015, aún persiste una profunda desigualdad e inequidad en el acceso para lugares que no son comercialmente atractivos para las empresas.
Se propone, por tanto, incorporar internet como parte integrante del servicio público de telecomunicaciones, de manera de sujetarlo a la regulación de dicho tipo de concesión y servicio, lo que permitirá impulsar el desarrollo y despliegue de redes de servicio de telecomunicaciones, a fin de facilitar el acceso de tales prestaciones a la ciudadanía.
El proyecto, por tanto, tiene dos objetivos.
Uno es reconocer el derecho de acceso a internet como parte de los servicios públicos de telecomunicaciones, elevándolo como objeto de estos últimos.
Y el otro, especificar la obligatoriedad de provisión de tales servicios, y con ello de internet, en el plazo de seis meses desde la fecha de la solicitud que el interesado presente a la empresa respectiva, salvo que se produjera un caso fortuito o de fuerza mayor que impida al concesionario atender la petición que se le formula.
De este modo, se eleva el estatus de internet y se permite el ejercicio de los derechos asociados al servicio público de telecomunicaciones, como lo son la obligatoriedad de la prestación en zonas de servicio de las concesionarias y la obligación de garantía para otorgar una prestación de servicio continua, de calidad y en las condiciones contratadas.
Por último, a los proveedores de internet les será aplicable la obligación de restablecimiento oportuno, como también la procedencia de descuentos e indemnización a los suscriptores en caso de no cumplir con la referida garantía.
En el contexto actual, en muchos países se ha legislado al respecto, con distinto rango de leyes, y se ha reconocido, además, incluso como derecho humano. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos identifica, como principios orientadores del acceso a internet, el acceso propiamente tal, el pluralismo, la no discriminación y la privacidad.
Esto último, afirma, impone al menos tres tipos de medidas: disminución o cierre de la brecha digital; esfuerzos para desarrollar planes orientados a asegurar que la infraestructura y los servicios tiendan a garantizar progresivamente el acceso universal, y medidas para prohibir el bloqueo o la limitación del acceso a internet o a parte de este.
La Biblioteca del Congreso Nacional elaboró un trabajo, sobre la base de política comparada, donde se menciona a aquellos países que han incorporado explícitamente el acceso a internet al catálogo de derechos fundamentales (por ejemplo, México y Grecia); aquellas jurisdicciones que han resuelto a nivel constitucional el reconocimiento de dicho derecho garantizando su acceso (Francia, Costa Rica), y aquellos países que han reconocido a internet como un servicio universal, implementando medidas para asegurar el acceso y la calidad del mismo (como Finlandia y Suiza). Por lo tanto, hay experiencia con la cual nuestro país puede compararse y de la cual aprender.
¿Cuáles son algunas críticas o puntos a tener en cuenta en la discusión particular?
Si bien el proyecto, como decíamos, pretende que la mayor parte de la población cuente con acceso a una conexión de internet, lo más debatido en la Comisión -y entiendo que será una materia que se seguirá trabajando- fueron los distintos modelos que permiten viabilizar el acceso universal a internet.
El proyecto busca otorgar cobertura nacional por medio de su declaración como servicio público, pero esto implicaría que el Estado se hiciera cargo de dicha gestión. ¿Cuál será el rol del Estado y la relación Estado-mercado en ese sentido?
El Gobierno defiende, por un lado, que los modelos en los cuales se establece la figura de un administrador del sector público en este contexto no han probado ser exitosos en la entrega de una mejor conectividad para las personas. Por el contrario, los buenos resultados en este ámbito se han verificado por medio de esquemas que han propiciado una mayor competencia en el sector, con diversos operadores en juego, en donde el administrador de la red se encuentra separado del proveedor de los servicios.
Ese es un punto que habrá que trabajar.
Por lo tanto, deberemos estar atentos al texto que finalmente surja de la Comisión de Telecomunicaciones y a cómo esta instancia implementará la normativa, junto a los incentivos adecuados para los proveedores privados.
Apruebo la idea de legislar, teniendo en cuenta, obviamente, estos puntos para la discusión en particular.
Gracias, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.-
Presidenta, en primer lugar, quiero valorar esta iniciativa, que estamos votando en general y que, sin duda, requiere un minucioso y riguroso análisis pormenorizado.
Participé en algunas de las sesiones que realizó la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para abordar este proyecto, pero, en el contexto actual, creo que este adquiere aún mayor relevancia, ya que el contexto de pandemia ha mostrado claramente la inequidad en el acceso de internet de los chilenos y las chilenas. Y esto, ciertamente, incumbe no solo a los territorios más aislados, a las zonas rurales, a las zonas extremas, sino también a las grandes ciudades, donde la brecha, evidentemente, tiene que ver con el nivel socioeconómico.
Por lo tanto, reconocer hoy día el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones va a obligarnos, primero, a ver cómo garantizamos un derecho que las Naciones Unidas ya reconocieron el año 2011 como un derecho humano.
En la actualidad, para muchos de nosotros, y por eso menciono el tema de la pandemia, ha quedado en evidencia que se trata de un servicio esencial. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de legislar de cara al futuro y a los cambios que van a venir producto de la crisis sanitaria, por la irrupción de nuevas tecnologías y por la masificación de internet.
Pienso que el mayor peligro que podemos enfrentar en el país es no solo no cerrar la brecha digital, sino, al final, que los excluidos no sean los conectados versus los desconectados. Y eso es parte de la discusión de fondo: cómo garantizar, a través de iniciativas legales y los reglamentos que se requieran, políticas públicas que determinen que el acceso a internet es para todos.
Evidentemente, hoy día eso no es así. Solo el 55 por ciento de los hogares de Chile, aproximadamente, tiene una conexión fija a internet. Eso implica que el resto no ha podido acceder a estas plataformas que, en definitiva, se han dado como solución para asegurar, por ejemplo, el acceso a contenidos educativos.
Por consiguiente, es ahí donde debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para sacar adelante una ley donde vamos a tener que escuchar a todos los actores porque, indudablemente, la simple declaración como servicio público no garantiza el derecho.
Vamos a tener que revisar, cuando se entregue la concesión de un espectro radioeléctrico, cuáles son las garantías y cuál es el rol de los privados para garantizar que no solo un segmento acceda al uso de internet y otro quede, efectivamente, excluido o sin acceso.
Esto lo digo porque Chile ha invertido bastante en infraestructura para mejorar la telefonía móvil, el acceso a internet, a través del programa Chile Conectado, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la propia inversión privada, pero todavía existen brechas importantes.
Se hablaba de la fibra óptica. La fibra óptica austral es una obra emblemática de los planes especiales de desarrollo para las zonas extremas de Aysén y Magallanes. Ya se adjudicaron cerca de 10 mil kilómetros de fibra óptica a nivel nacional y, evidentemente, vamos a tener una carretera digital de muy buen estándar. Pero, ¿cómo hacemos que los privados no dejen a localidades de quinientos habitantes, donde no aparecen usuarios como una masa crítica interesante, sin una empresa que se instale?
Todos estos son temas que vamos a tener que ver, porque eso implica, incluso, revisar los modelos de negocio. Cuando hablamos de servicios públicos clásicos como la luz y el agua, nos encontramos, primero, con monopolios naturales y mercados que ya están regulados, con un modelo de empresa eficiente, aunque también creo que habrá que efectuar una revisión. Pero internet tiene que ver con una realidad mucho más dinámica, donde hay distintos actores en un mismo territorio y donde existe mayor competencia.
Por lo tanto, creo que tenemos una buena oportunidad de fijar ciertos estándares, porque, además, no se trata solo del acceso. Pienso que también vamos a tener que efectuar una conversación respecto de qué pasa con la data que se genera en todo este espacio. Y ahí hay otra legislación que probablemente se discutirá de manera paralela. Existen varias iniciativas de colegas en ese sentido. Y tenemos que dar un paso en esa dirección.
Como estamos en la discusión general, me parece que los aportes que han hecho todos los colegas en cuanto a los temas a los cuales hay que poner mayor atención son bien importantes.
Yo voy a votar a favor, porque creo que este es un primer paso para empezar a legislar con una mirada de largo plazo. Esto no se puede entender como el agua y de la manera en que se han administrado las empresas sanitarias, las empresas eléctricas, sino pensando en los cambios que van a venir. Y hoy día, al menos, ha quedado en evidencia una desigualdad y la necesidad de cerrar la brecha digital en Chile.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario del Trabajo, don Fernando Arab.
¿Habría acuerdo?
--Se autoriza.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Navarro.
El señor NAVARRO.-
Presidenta, internet llegó para quedarse y forma parte de los servicios esenciales para la vida, o sobrevida, de toda la humanidad. Así como la electricidad provocó un vuelco extraordinario en el desarrollo productivo y la calidad de vida del mundo entero, así como el acceso al agua provocó un cambio en el modo de vida de la humanidad, así como el acceso al gas provocó un cambio en el modo de vida y de subsistencia de la humanidad, el acceso a internet representa una revolución digital para la cual no todos estábamos preparados.
En Chile, entre 1903 y 1919, diecisiete años, se discutió si la enseñanza básica debía ser o no obligatoria. En esos tiempos, a principios de siglo, los Senadores conservadores reclamaban en esta Corporación que el campo iba a quedar desierto, que no habría quién lo trabajara, y se negaban a aceptar que el ciclo básico fuera obligatorio.
El mundo vive revoluciones. Cuando hay analfabetismo, los países eligen alfabetizar y enseñan a leer. Y enseñan a leer para que nadie se quede fuera de la magia de la educación, de "esa cosa llamada educación", como decían Los Prisioneros, que a algunos se la dan y a la cual otros no tienen acceso.
Hoy día vivimos una etapa de alfabetización digital. No todos dominamos la era digital. Y comienza el deber del Estado de alfabetizar, de enseñar a usar internet.
Pero nos enfrentamos a algo nuevo: internet tiene dueño. Todo tiene dueño: la luz, el gas. Sin embargo, la luz, el gas, el agua, son bienes nacionales de uso público y, por cierto, son propiedad del Estado, que los concesiona. Internet es de una naturaleza distinta; es una creación del intelecto de unos pocos desarrolladores, particularmente norteamericanos, que han generado esta categoría que hoy día venimos a incorporar dentro de los bienes nacionales, yo diría de los servicios básicos. Siendo una creación comercial, pasa a ser un servicio básico.
Y quiero advertir que esta naturaleza distinta nos pone imperativos distintos. No tenemos dominio sobre internet: no podemos fiscalizarla; no habrá una Superintendencia que controle sus contenidos, que regule sus precios. Porque todo esto se halla fuera del margen nacional; es extraterritorial; es universal. No podemos regular los contenidos de internet; sí podemos regular los precios a través de las concesiones nacionales y hay una alta competencia. Pero quiero decir que el tema no está en la regulación de precios: está en la regulación de la calidad, en la calidad, en los contenidos.
Por lo tanto, estamos bajo un servicio básico que hemos puesto, por ley, dentro de los hogares. Viviendas básicas y sociales van a tener acceso a internet sin que esta sea una prestación monopólica; van a tener el cableado, van a tener canales que les permitan tomar decisiones sobre qué servicio contratar y la gente no va a quedar hegemonizada, controlada monopólicamente por aquel que le instaló la antena, como ocurre hoy en condominios y muchos otros lugares: la empresa que llegó primero se apoderó de la conectividad y no deja entrar a la competencia.
Eso cambió: el Estado va a subsidiar las viviendas sociales, las viviendas que se entreguen de manera gratuita, las cuales van a tener incorporado un mecanismo para que cada casa pueda acceder, dentro de una población, dentro de un condominio, e independientemente del nivel social, a la empresa que, en competencia, ofrezca las mejores condiciones.
Pero, aun así, ya habiendo incorporado por ley este servicio básico a las viviendas sociales, se nos sigue planteando un desafío respecto a los contenidos.
Mark Zuckerberg, creador de Facebook, la mayor red de comunicaciones del mundo, uno de los hombres más ricos del planeta (con una fortuna entre 56 mil y 70 mil millones de dólares); un hombre muy joven (33 años), fue sometido a un interrogatorio en el Senado de los Estados Unidos. Y los congresistas norteamericanos le hicieron la siguiente pregunta: "¿En qué hotel estuvo y con quién compartió anoche?". Él reaccionó contestando: "¿Por qué me pregunta eso? Es parte de mi vida privada". Y un Senador estadounidense le dijo: "Es exactamente de lo que vamos hablar ahora: de la vida privada. ¿Por qué usted, en su red Facebook, permite compartir con cualquiera los datos de la vida privada de miles de millones de ciudadanos? ¿Por qué accede a ellos de manera irregular, ilícita, subrepticia, sin que la gente sepa que está inmiscuyéndose en su vida íntima?".
Hoy día los algoritmos predicen la reacción de cada uno de nosotros mejor que tu médico, mejor que tu esposa, mejor que tus hijos. Los algoritmos pueden predecirnos porque conocen lo que comemos, lo que bebemos, los medicamentos que tomamos, a quién conocemos; conocen más de nosotros que nosotros mismos, pues nosotros no podemos recordar todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que nos gusta, todo lo que dejamos de hacer, todo lo que dejamos de comprar.
Facebook nos conoce mejor que nosotros mismos y nos puede predecir. Esa información tiene un valor extraordinario. Y se vende.
Tal fue la razón por la cual Mark Zuckerberg fue citado por Cambridge Analytica: la venta de datos privados para una elección presidencial.
Por tanto, la pregunta es: ¿quién va a defender en Chile a los usuarios de internet? ¿Quién protege a los usuarios de internet de que no se entrometan en su vida privada, de que no puedan causarles daño, de que no puedan manipularlos?
En nuestro país se exige el RUT. Uno va a cualquier supermercado, compra una máquina de afeitar y le piden el rol único tributario. Yo he presentado un proyecto de ley en este Senado para prohibir que te exijan el RUT al efectuar una compra. No es necesario. Y las ofertas de descuento, para obtener una rebaja, son discriminatorias. Las ofertas distintas para una compra con tarjeta o una compra al contado son discriminatorias, porque significan información. Cada vez que uno va a un centro comercial y te piden el RUT, queda registrado en una enorme base de datos, en un cerebro descomunal, en una nube gigante, desconocida.
Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que alfabetizar y en que hay que integrarse al mundo. Internet se ha vuelto esencial. Sin internet no seríamos lo que hoy somos. Sin telefonía celular, tampoco.
Presidenta, usted lo sabe: cuando luchamos contra la dictadura, no había internet ni teléfonos celulares; existían los "puntos" y había que ponerse de acuerdo para llegar a una reunión. No había móviles, no había comunicación.
Hoy eso ha cambiado.
Pero, si antes había amenazas, hoy día esas amenazas se han multiplicado. Son capaces de intervenir todo, de escuchar lo que conversamos, de conocer lo que vemos, de meterse en nuestro computador y observar nuestra casa. Internet tiene enormes ventajas, aunque también enormes amenazas. Y yo llamo a este Senado a reflexionar para evitar que internet sea el dominio irresistible ante todo poder interno en Chile.
Hay que tener un límite, y hay que legislar abiertos a lo que internet puede provocar en el mundo. ¡Ni hablar -no está Guido Girardi- de la robótica, de cuando los robots manejen el mundo en un futuro muy cercano, ni del poderío de las máquinas!
Hay entusiastas de internet. Yo también me considero uno de ellos, pero tengo conciencia de sus riesgos, de sus problemas, de sus amenazas, así como de sus ventajas.
Cuando el autor de la energía nuclear supo que la atomización o disolución del átomo iba a ser utilizada para destruir Hiroshima, se dio cuenta de que había despertado un monstruo. Porque la energía nuclear no nació para destruir Hiroshima y Nagasaki: nació para contribuir a que el mundo tuviera energía -comillas- limpia, permanente, sin destrucción de los recursos naturales. Pero se transformó en un arma.
¡Y hoy internet también es un arma!
El propio Senador Pugh sabe que en la Comisión de Defensa nos han dicho que, si hay un conflicto bélico con nuestros vecinos o con cualquier país del mundo, el tema no será quién dispara el primer misil, sino quién inhabilita primero los sistemas de comunicación del otro sin disparar un tiro, sin mover un hombre, sin mover un tanque.
Por lo tanto, la seguridad de internet, la seguridad cibernética, de este Senado, de las Fuerzas Armadas, de nuestros datos personales, de los datos del Gobierno, resulta fundamental.
Yo voy a apoyar el proyecto de ley, con todas estas observaciones, porque, si vamos a ceder, si vamos a facilitar el acceso a internet a todos los chilenos a través de considerar esta prestación como un servicio básico, también tenemos que prever las amenazas que significa en el mundo moderno.
Este es un tema apasionante que no podemos eludir.
Voto que sí, señora Presidenta.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Terminado el debate.
Antes de abrir la votación, se va a leer una Cuenta agregada.
)---------(
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero inicia un proyecto de ley que suspende temporalmente procesos electorales de directivas y delegados sindicales, y prorroga la vigencia de los mandatos de dichos directores y delegados sindicales en los casos que indica (boletín N° 13.488-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para el despacho del proyecto de ley recién individualizado.
--Se toma conocimiento de la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Informe
De la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales (boletín N° 13.401-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia (boletines Nos 13.304-11 y 13.389-07, refundidos) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el segundo comunica que aprobó, con las excepciones que señala, las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de reforma constitucional que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones (boletines Nos 9.304-07, 11.124-07, 11.840-07, 12.319-07 y 13.013-07, refundidos), y comunica la nómina de los Honorables Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto.
--Se toma conocimiento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corporación, se designa a los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para integrar la referida Comisión Mixta.
Moción
De los Honorables Senadores Araya, Girardi y Quinteros, con la que inician un proyecto de ley que elimina la facultad de las isapres de solicitar la declaración de invalidez de un afiliado. (Boletín N° 13.491-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
)---------------(
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Senador señor Girardi, ¿usted quiere hacer uso de la palabra antes de la votación?
El señor GIRARDI.-
Sí, señora Presidenta, solo porque me parece que este es un proyecto muy relevante, y quiero darle la importancia y la trascendencia que tiene.
En realidad, esta iniciativa partió de una reforma constitucional que presentamos varios parlamentarios para que internet sea un derecho humano básico, fundamental. Esta todavía se encuentra en tramitación, y espero que se apruebe en la Comisión de Transportes. Pero también hicimos el planteamiento de que no teníamos atribuciones, y por lo tanto, el Ejecutivo envió una moción para transformar internet en un servicio básico.
¿Qué quiere decir que sea un servicio básico? En cierta manera complementa la idea de que internet sea un derecho humano garantizado para todas las personas, pero también va a permitir que opere como el agua, la luz, el alcantarillado; que sea obligatorio; que no se pueda aprobar en Chile ningún tipo de actividad o proyecto si no tiene garantizado internet. Que, además, por ejemplo, si se va a hacer una construcción, se dejen establecidos los ductos y el acceso a internet; porque la parte más compleja es lo que se llama "la última milla", es decir, los procesos de acercamiento.
¿Por qué es importante esto? Porque las brechas del futuro no solamente serán económicas (y, lamentablemente, lo más probable es que perduren); las brechas del futuro más significativas van a ser cognitivas, van a ser de inteligencia. Lo que viene en el siglo XXI es la guerra de las inteligencias.
Está demostrado que las personas que tengan diez puntos más de CI van a vivir más, tendrán mejores ingresos, se van a enfermar menos, tendrán menos obesidad y una mejor calidad de vida. E internet está íntimamente ligada a la posibilidad, justamente, de democratizar la inteligencia, de democratizar el acceso al desarrollo cognitivo.
Pero, además, cada vez más, la vida de los seres humanos va a transcurrir en este nuevo territorio que está determinado por internet. Internet ha definido un nuevo territorio donde se desenvuelve la vida de las personas: el ciberespacio. Y, evidentemente, aquellos que no tengan acceso a internet no van a tener acceso al territorio donde se transen los temas más importantes en materia económica, cultural, social y en todos los ámbitos.
Asimismo, el acceso a internet es un sistema fundamental, como lo vemos en Chile, por ejemplo, frente a una situación de pandemia. Y el mundo pospandemia será cada vez más rápido, se va a desenvolver justamente a través de esta dimensión virtual, que se va a desarrollar en este nuevo país o en este territorio, llamado "el ciberespacio", que tiene otras características.
Los niños y las niñas que no tienen acceso a internet hoy día, por ejemplo, en una catástrofe como una pandemia, no pueden tener cursos de educación a distancia. Los jóvenes universitarios y las jóvenes universitarias que hoy día carecen de internet tampoco pueden participar en el desarrollo del país. Las personas que no tienen internet no pueden participar del teletrabajo. Y, a futuro, las personas que carezcan de internet no van a tener salud, no van a tener acceso al desarrollo que la tecnología trae.
Igualmente, es importante discutir que no se trata solo de abrir las puertas a internet; porque, como todas las tecnologías, tiene un uso que depende de los seres humanos y los valores que están detrás. Y, así como la energía nuclear puede tener un uso benéfico para la humanidad, reducir las emisiones o ser utilizada en materia de salud, la inteligencia artificial asociada a internet también puede ser usada no solamente para el bien de la humanidad como nosotros queremos, sino para su control.
Y por eso, señora Presidenta, es tan relevante que, al abrir el acceso a internet, haya que plantearse "internet de qué manera". Cuando Tim Berners-Lee, en el año 1992, crea internet, lo hace como un espacio de libertad, de autonomía, de pluralidad, de encuentro para el humano. Tan así es que en los primeros años estuvieron prohibidas las transacciones económicas y comerciales.
¿Pero qué es lo que pasa con internet? Finalmente, es privatizada por intereses totalmente reñidos con la concepción de Tim Berners-Lee, y hoy día es un verdadero monopolio privatizado por los Facebook; por los Google; por los Amazon; por las plataformas chinas, como Alibaba. Hoy día no hay alternativas. Y la concepción ideológica que hay detrás de eso es que son monopolistas, es decir, no quieren mercado.
Además, estas plataformas, a través de internet y de los dispositivos móviles, como nuestros teléfonos celulares, que son verdaderos confesionarios móviles y aparatos de vigilancia, se están apropiando de todos los datos de los seres humanos, los cuales se están privatizando.
Existe una nueva economía, la economía del comportamiento, la economía de las conductas de los seres humanos, donde todo lo que hacemos, nuestros sentimientos, emociones, nuestras compras, nuestros desplazamientos, los libros que leemos, se transforman en mercancía. Hay una nueva economía que es la economía de la reputación; porque cada ser humano empieza a construir su yo virtual, que es un elemento que se transa. Hoy día las relaciones ya no son persona a persona, sino entre las dimensiones y los yo virtuales que se van constituyendo.
Por lo tanto, también estas tecnologías viven bajo la amenaza del control. Y, de hecho, por ejemplo, la privacidad ha sido un accidente en la historia de la humanidad, y ya se terminó. Los datos permiten la neuroprogramación de las personas. Hoy día cada vez más, a través de algoritmos, que se están transformando en los guías de la vida, por ejemplo, las personas preguntan qué pareja deben tener, como en Tinder (40 por ciento de los americanos se están relacionando, encontrando pareja, ya no de manera fortuita, sino a través de Tinder).
Los dispositivos algorítmicos les están diciendo a las personas por quién votar, como Cambridge Analytica, y qué comprar. Es una crisis del humanismo liberal, que suponía que cada ser humano era el que mejor sabía qué comprar, por quién votar, qué leer, cuáles eran sus opciones de vida. El sentido de la vida era íntimo. Hoy día el sentido de vida está dado por: "Hazte parte de este gran flujo de datos y un algoritmo te va a decir qué hacer y le va a dar sentido a tu vida".
¿Por qué planteo esto? Porque, si bien yo soy un partidario a ultranza de desarrollar internet, de garantizar el acceso a internet, los que no la tengan van a estar fuera del mundo del siglo XXI. El mundo del siglo XXI es el ciberespacio, pero es un mundo distinto. Ese mundo ya está colonizado, ya está privatizado por las plataformas, y hoy día la disputa geopolítica, económica, social, militar en el siglo XXI es por el control del ciberespacio.
Es decir, no seamos ingenuos. Una cosa es abrir internet; pero otra es decir inmediatamente después: "internet tiene que ser un bien público, nadie se lo puede apropiar, no puede pertenecerle a nadie". Los datos tienen que volver a ser patrimonio de la humanidad, o si no, nos van a controlar, nos van a neuroprogramar.
Ya ha venido a Chile varias veces Rafael Yuste, quien es uno de los neurocientíficos más importantes del planeta, director del proyecto Brain, del Presidente Obama, que explicó que a través de los datos y la inteligencia artificial ya se puede saber lo que piensa una persona, cuáles son sus emociones, y es posible intervenirle su cerebro poniendo emociones, pensamientos que no son de él.
Hemos invitado a otro tipo de neurocientíficos, de los más importantes de Inglaterra, que dicen que en veinte años más para un cerebro humano no solamente va a ser imposible diferenciar entre el mundo real y el virtual, sino que los seres humanos no vamos a poder distinguir, frente a un androide, si es humano o es virtual.
En eso está la neurociencia.
Por lo tanto, también internet, como todas las cosas, requiere que avancemos en normas éticas, en normas de regulación.
Debemos tener mucho cuidado con que el desarrollo tecnológico no corra por su propio camino; porque, así como los científicos son muy relevantes, una ciencia sin ética y sin filosofía al lado puede ser tremendamente peligrosa para la mantención de lo que nosotros entendemos como el humanismo liberal o como el propio homo sapiens.
Ya hay algunos que están pensando en reemplazar el homo sapiens, pues lo consideran obsoleto. Y son los mismos líderes de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Google tiene en sus equipos a los principales transhumanistas, quienes sostienen que homo sapiens cumplió su sentido, su historia, su ciclo y debe ser reemplazado por entes que no serán seres humanos, sino una mezcla de estos y de ciborgs.
Esto no es ciencia ficción. Esto es parte del mundo, no del que viene, sino del que estamos viviendo.
Y entonces, señora Presidenta, solo me cabe decir: "Avancemos con el mayor entusiasmo en internet como un derecho humano y como un bien básico". Nosotros mismos le presentamos al Presidente de la República una estrategia sobre inteligencia artificial. Tenemos que avanzar. Pero también es importante, al mismo tiempo, establecer las regulaciones y las normas éticas que rijan estas tecnologías, porque pueden ser usadas para el bien o para el mal de la humanidad.
He dicho.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-
¿Abramos la votación, señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señora Presidenta, por allá por 1440, Gutenberg inventó la imprenta, y probablemente uno de los mayores impactos de tal creación fue que comenzó a democratizarse el debate.
Se empezó a democratizar la comunicación, la forma de enfrentarla y también el conocimiento, pues se pudo imprimir en un documento escrito, en un papel, lo que antes solo se conversaba puertas adentro en lugares de elite.
La invención de internet es un fenómeno parecido. Es otra revolución: abre la posibilidad de que quienes estamos a un lado del mundo nos enteremos de lo que pasa al otro lado del planeta, de que veamos a los que están ahí y de que muchos conozcan espacios que probablemente nunca podrán visitar de forma física.
Internet se trata, entonces, de democratizar el conocimiento, de democratizar las ideas e, incluso, las comunicaciones.
Ya hoy día es impensado que un grupo de personas maneje todos los medios de comunicación. Evidentemente, las formas de relación política han cambiado con la proliferación de internet. Y la relación entre la autoridad y el ciudadano también se ha modificado.
El diálogo que hoy estamos llevando a cabo en nuestra Sala del Senado, de hecho, lo estamos realizando desde diferentes lugares del país y, adicionalmente, no solo está llegando a miles de personas, sino eventualmente a millones que podrían estar conectadas.
Asimismo, internet significa facilidades para la transparencia, para fiscalizar que aquellos que hablan fuera del Hemiciclo digan lo mismo que dijeron adentro de él y voten de manera coherente.
En consecuencia, internet es parte del proceso democrático.
¿Convertirlo en servicio básico? Eso es fundamental e importante.
Ahora, ¿qué significa convertirlo en servicio básico? ¿Ello implica necesariamente garantizarlo? Lamentablemente, hoy día no.
En la actualidad tenemos un servicio básico, como el agua potable, que no está garantizado para millones de personas. Yo represento una zona donde viven miles de familias que carecen de agua potable y luz eléctrica, a pesar de que hemos declarado como servicios básicos ambos suministros.
¿Qué es lo que necesitamos entonces? No solo quedarnos en la declaración, sino además crear un ecosistema administrativo que permita y fomente el desarrollo de inversiones en infraestructura de redes.
Porque es cierto, como nos decía en su oportunidad el ex Subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, un gran amigo, que Chile fue el segundo país a nivel mundial durante el 2018 con mayor penetración a internet, esto es, con más gente conectada a la red.
¡Claro! Pero estamos repartiendo la misma cañería para más personas.
Entonces, lo que se requiere al final del día es establecer un cronograma de inversiones que hagan llegar ese internet, esa democracia, esa carretera digital a millones de chilenas y chilenos.
Ha quedado en evidencia que la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización y que ha dejado ver también... (falla de audio en transmisión telemática)... de manera evidente las brechas digitales.
Entonces, cuando en una reforma tributaria nos plantearon la boleta electrónica, yo le decía al Ministro de Hacienda de la época: "¡Oiga, de qué me está hablando si en Alto Biobío no hay internet, ni siquiera hay teléfono en muchas localidades!".
En consecuencia, se requiere democratizar, pero también fomentar las inversiones.
Entonces, a mi juicio lo que debiéramos tratar de implementar es una política pública que, por un lado, garantice la lógica del servicio básico y, a su vez, también fomente las inversiones.
Estamos a la espera, por ejemplo, de la nueva carretera austral, la carretera digital con la fibra óptica. No todo puede hacerse a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Tenemos que buscar un mecanismo para ampliar nuestra capacidad, para que el download, el downstream, la velocidad de bajada, sean más adecuados y podamos contar con más aplicaciones.
Hoy Chile se queda fuera de muchos desarrollos digitales porque no tenemos ni la capacidad ni la infraestructura adecuada.
Entonces, mi llamado es a no quedarnos solo en esta declaración de servicio básico, sino a fomentar un ecosistema de inversiones, de regulaciones y, por cierto, de alfabetización digital para que Chile pase a ser de verdad un país digital y logre un desarrollo en la industria de servicios globales.
Sepan ustedes que durante el año 2018 Chile exportó 1.800 millones de dólares en servicios globales, entre los cuales están los servicios informáticos.
Un estudio reciente de Data Dremel, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, nos señala que si tuviésemos una adecuada infraestructura de redes y una buena ley sobre protección de datos y ciberseguridad esas cifras se podrían multiplicar por tres. Podrían ser más importantes en Chile la exportación de servicios globales y los desarrollos informáticos que, incluso, la industria del salmón o la forestal.
Creo que por ahí va el camino del país.
Chile no se va a desarrollar por mayor explotación de materias primas, sino por la expansión de la industria de servicios globales.
Por esas razones, debemos apoyar este proyecto, pero tenemos que incentivar a la autoridad para que implemente mecanismos tendientes a una mayor y mejor infraestructura de redes en nuestro país.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Muy bien.
Vamos a abrir la votación.
La señora RINCÓN.-
¿Me permite, señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra, señora Senadora.
La señora RINCÓN.-
Señora Presidenta, solicito el cierre del debate para proceder al análisis del próximo proyecto.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
El debate se cerró por sí solo, señora Senadora, pues no hay más inscritos.
En votación.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Vamos a proceder a consultar por la opción de voto de los Senadores que se encuentran participando de manera remota.
La Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor Araya, ¿cómo vota?
No está.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
El señor HARBOE.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
(Falla de audio en transmisión telemática)... señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿A favor o en contra?
El señor SORIA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
La señora VON BAER.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Senador señor De Urresti?
No está.
¿Senador señor García-Huidobro?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor), y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 1° de junio, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Durana, Elizalde, García, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Se deja constancia de la intención de voto afirmativo de la Senadora Goic y del Senador Chahuán.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Hemos llegado a la hora de término del Orden del Día. Sin embargo, se ha incorporado a último momento el informe de la Comisión Mixta recaído sobre el proyecto relacionado con la protección del empleo.
Propongo que se dé lectura al informe y luego procedamos a votar o a hacer una discusión moderada de media hora, una hora...
El señor OSSANDÓN.-
Abra la votación de inmediato, señora Presidenta.
El señor GIRARDI.-
Sí, votemos.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Bien.
Luego del informe correspondiente, se abrirá la votación y quienes deseen fundamentar su voto se inscribirán.
¿Habría acuerdo para proceder en esos términos, prorrogando la sesión?
La señora RINCÓN.-
Sí.
El señor OSSANDÓN.-
Claro.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Acordado.
MODIFICACIÓN DE LEY QUE FACULTA ACCESO A PRESTACIONES DE SEGURO DE DESEMPLEO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones de seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.401-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 12ª, en 8 de abril de 2020 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 16ª, en 21 de abril de 2020.
Comisión Mixta: sesión 17ª, en 22 de abril de 2020.
Informes de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 12ª, en 8 de abril de 2020.
Mixta: sesión 21ª, 5 de mayo de 2020.
Discusión:
Sesiones 12ª, en 8 de abril de 2020 (se aprueba en general y en particular); 17ª, en 22 de abril de 2020 (se rechazan las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta).
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Esta iniciativa legal tuvo su origen en el Senado y, durante el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados introdujo dos enmiendas a su texto, a saber: suprimió el numeral 2 del artículo único de la iniciativa, referido al cálculo de la cotización obligatoria del 10 por ciento de la comisión destinada al financiamiento de la administradoras de fondos de pensiones y de la comisión destinada al financiamiento del seguro, todas contempladas en el decreto ley Nº 3.500, de 1980; y, en el artículo transitorio, referido a la entrada en vigencia de la ley, eliminó la referencia al señalado numeral 2, previamente suprimido.
Dichas modificaciones fueron rechazadas por el Senado durante el tercer trámite constitucional, suscitándose así las divergencias entre ambas Cámaras, lo que determinó la formación de una Comisión Mixta encargada de resolverlas.
La Comisión Mixta, como forma de superar tales discrepancias y con las votaciones que se consignan en su informe, acordó una proposición que incluye los planteamientos formulados tanto por el Ejecutivo como por los señores parlamentarios y señoras parlamentarias, y dejó constancia de que las materias incorporadas fueron consideradas por dicha instancia como relacionadas directamente con las ideas matrices de la iniciativa.
En dicho contexto, propone resolver la controversia mediante las diversas materias que se consignan en su informe.
Cabe tener presente que los numerales 1) a 6), 8) a 13), 16) y 17), todos del artículo único, y el artículo transitorio son disposiciones de quorum calificado, por lo que requieren, para su aprobación, 22 votos favorables, por tratarse de normas que regulan el ejercicio de derechos a la seguridad social.
La referida proposición de la Comisión Mixta se consigna en las páginas 45 y siguientes del informe y en el boletín comparado que sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Trabajo, Senador Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, estimados colegas, procuraré entregar el informe de la Comisión Mixta en la forma más ordenada posible. Les agradeceré a los otros colegas que participaron de dicha instancia que complementen la información, porque se abordó una gran cantidad de temas importantes.
Quiero partir explicando el porqué.
Sacamos la ley inicial de protección al trabajo, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo, en un momento crucial. Estábamos, y aún estamos, frente a la necesidad de que los trabajadores puedan acceder a alguna fuente de ingreso. Por el ritmo que tuvo la discusión de esa materia, es evidente que quedaron pendientes temas que se debían perfeccionar en una segunda iniciativa.
Por ello, quiero tratar de explicar por qué se abordaron diversos asuntos en este informe de Comisión Mixta.
Trataré de destacar los temas más relevantes, no necesariamente todos. Y lo haré en el orden del informe.
En primer término, quiero recordar que las primeras indicaciones que se aprobaron dicen relación con aspectos formales del artículo 1 de la ley, el cual fija los criterios respecto de la suspensión del trabajo por orden de autoridad. Ahí se agregó una referencia a las trabajadoras de casa particular (página 5 del boletín comparado), para que puedan acogerse al beneficio, si es que ellas quieren. En el caso de estas trabajadoras, es absolutamente voluntario el uso de sus fondos de indemnización.
La segunda modificación es al artículo 2 de la ley (página 12 y 13 del boletín comparado) y dice relación con la información que debe proveer la Superintendencia de Seguridad Social respecto de si las personas están percibiendo o no subsidio de incapacidad laboral.
Estas primeras dos enmiendas son temas formales y secundarios.
Luego se plantea una modificación al artículo 3, que fue uno de los temas más controvertidos con la Cámara de Diputados. Se refiere a la responsabilidad del empleador que suspende la relación laboral con relación a las cotizaciones de salud y previsionales. Se acordó (página 16 y 17 del boletín comparado) que "se calcularán sobre el cien por ciento de las prestaciones establecidas en este Título para las cotizaciones de pensión a que se refieren" las normas que indica, "y sobre la última remuneración mensual percibida, para el resto de las cotizaciones de seguridad social y salud".
Adicionalmente, en el mismo artículo 3, se precisan ciertas reglas respecto a si uno puede o no ser despedido. Se complementa sobre los procesos de pagos indemnizatorios cuando corresponde, agregando la frase "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 159, números 1 al 5, del Código de Trabajo", que son causales que permiten poner fin a la relación laboral sin una indemnización: por ejemplo, renuncia voluntaria, muerte, caso fortuito o fuerza mayor, u otras situaciones que no vienen al caso. Hay un perfeccionamiento en ese sentido.
Lo más relevante de las modificaciones al artículo 3 es la resolución del conflicto que tuvimos en la Cámara respecto de cómo se pagan las cotizaciones de salud y de pensión. Se acordó que en salud se calcule sobre el 100 por ciento de la remuneración original o permanente, y en pensión, sobre el 100 por ciento del ingreso que se esté percibiendo.
En el artículo 4, que es una norma que habla de las trabajadoras de casa particular, la enmienda que se introdujo en el primer trámite es más bien un complemento. Se establece que "el empleador estará obligado al pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como las del trabajador, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3". Se buscó precisar cómo se hace el pago. Dicha modificación no es sustantiva, sino de mejor expresión.
El artículo 5 se refiere a la suspensión del contrato de trabajo por acuerdo mutuo cuando la actividad de un empleador se vea afectada total o parcialmente. Quiero subrayar este concepto, porque es un aspecto rector para la suspensión. Se modifica dicha norma mediante el establecimiento de un parámetro que objetiva lo que se entiende por verse afectada parcialmente. Se agrega un inciso nuevo, que dice: "Para los efectos del inciso anterior, se presumirá que la actividad del empleador está afectada parcialmente, cuando en el mes anterior a la suscripción del pacto sus ingresos por ventas o servicios netos del Impuesto al Valor Agregado hayan experimentado una caída igual o superior a un 20% respecto del mismo mes del año anterior.". Este es un criterio similar al que se usa para acogerse a la reducción de jornada. Hubo acuerdo unánime para fijar este parámetro.
En este mismo artículo se incorpora el procedimiento para reclamar ante la Dirección del Trabajo cuando un trabajador no crea que la empresa está siendo afectada o denuncie que no ha habido una buena suscripción del pacto. Esta modificación es un complemento que despeja inquietudes que se habían manifestado sobre las facultades de los trabajadores. Hay casos en que trabajadores han alegado que les han impuesto un pacto. Este es el mecanismo que permite que la Dirección del Trabajo reciba la información y se pronuncie al respecto. Para tal efecto, dicho órgano podrá requerir al Servicio de Impuestos Internos los informes pertinentes. De verificarse la veracidad de la denuncia, la DT deberá derivar los antecedentes a los tribunales correspondientes.
También se precisa a partir de cuándo tiene efecto el pacto (página 28 del comparado). Es muy importante saberlo pasa estimar los impactos que generará en los pagos de la AFC. Se especifica que "El pacto producirá sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción". Esta es una precisión muy relevante para el proyecto.
Luego se propone incorporar una enmienda en el artículo 6 de la ley. Al respecto, debo reconocer que esta es una gran contribución de la Presidenta de la Corporación, quien insistió mucho en incluir esta norma, que busca preocuparse de los derechos de los niños y mujeres que hayan demandado al hombre o al causante por pensión de alimentos. Se agrega un inciso segundo para disponer que las personas que se acojan a esta ley no dejan de tener el deber de seguir pagando las pensiones de alimentos. Y se establece el procedimiento correspondiente: el empleador debe informar esta circunstancia a la AFC; esta tiene que hacer la retención y enviársela de vuelta al empleador, para que este le pague a la persona que tiene el derecho, sin necesidad de un trámite en tribunales. Esta corrección, muy importante, está en las páginas 29 y 30 del comparado.
Asimismo, señora Presidenta, se discutió acerca de incorporar una excepción muy relevante en favor de las mujeres que tienen fuero laboral. Se analizó si se les aplica esta ley a ellas o no. Creo que es muy relevante entender el fuero. En primer término es para evitar el despido. Pero aquí se propone un criterio aún más amplio, mediante el artículo 6 bis, nuevo, que dice: "No se aplicarán las normas del presente Título I a las trabajadoras que se encuentren gozando del fuero laboral a que hace referencia el artículo 201 del Código del Trabajo.". A mi juicio, este es un asunto importante.
Voy a tratar de resumir el resto del informe, pues se abordó un conjunto significativo de temas. Trataré de ir a los más medulares.
Se hace una corrección respecto de varios territorios del país que no podían acogerse a la ley por ser zona franca o tener un régimen tributario especial. Es el caso de Isla de Pascua, del archipiélago Juan Fernández y de los territorios con zona franca, tanto en Punta Arenas como en el norte. Ahora pueden acogerse; quedaron incluidos en esta ley. En esta petición el Alcalde de Rapa Nui fue muy proactivo. El Senador Pugh mandaba recados múltiples desde su enclaustramiento para que acogiéramos tal solicitud, al igual que la Senadora Allende y el Senador Chahuán. Es importante reconocer la colaboración de ellos en esta materia.
En ese mismo ámbito se establecieron algunas precisiones formales sobre el orden de las declaraciones juradas que se deben presentar.
Señora Presidenta, quiero pasar a los temas más gruesos y no detenerme en un conjunto de detalles.
Hay modificaciones que incluyen procesos de coherencia en el artículo referido a la reducción de jornada y otros con relación a cómo opera el pago y a partir de cuándo se hace efectivo.
En cuanto a la pensión de alimentos, se incorporaron también los diferentes cuadros que hay para ese efecto.
En las enmiendas sobre los artículos 21 y 22 de la ley hubo una discusión un poco intensa entre nosotros.
El artículo 21 (página 52 del comparado) tiene que ver con el seguro de cesantía que algunos adquieren cuando compran un producto o servicio. Se establece que estar en esta situación de suspensión es equivalente a estar cesante para los efectos de que el trabajador o la trabajadora pueda invocar o no el derecho de usar el seguro de cesantía asociado al crédito adquirido, para que las aseguradoras cubran los pagos en bancos, instituciones financieras, casas comerciales y similares. Además, se dispone la proporcionalidad con que las compañías de seguro deberán contribuir los pagos, en caso de que el trabajador lo pida, y la forma como el trabajador tiene que acreditar aquello.
Respecto del artículo 22, señora Presidenta, quiero recordar que fue motivo de cierta polémica. Se establece que las empresas que estén recibiendo fondos públicos, a las que el Estado les está financiando ciertos servicios, deben mantener los sueldos de esos trabajadores. Es el caso de las manipuladoras de alimentos. No podrán acogerse a esta ley.
Yo les pido silencio a los colegas que están un poco apasionados aquí...
El señor MOREIRA.-
¡Es que tu exposición ha sido brillante...!
El señor LETELIER.-
¡Yo sé que usted las apoya mucho...!
Se discutió si las empresas que están recibiendo financiamiento público pueden suspender contratos de trabajo o no. Pues bien, se prohíbe que suspendan, aunque se establece una clarificación: no podrán hacerlo, pero solo en relación con los trabajadores de la prestación financiada y no con los que tengan otros tipos de contrato.
Se aclara también qué pasa con las empresas que están obligadas por orden de autoridad a ejercer su trabajo y a mantenerse vigentes, pese a la disminución de sus servicios. Es la situación de las empresas de transporte. Se dispone que podrán acogerse parcialmente a la ley en la proporción de los trabajadores que no son esenciales para cumplir su función.
Por otra parte, se establece un texto explícito respecto de las manipuladoras de alimentos: en ningún caso "se les podrá suspender ni afectar sus remuneraciones ni trasladarlas de lugar de trabajo". Esto, para dejar muy en claro que en esta iniciativa no hay ningún menoscabo posible para ellas.
Señora Presidenta, ya voy terminando.
Quiero referirme a la cláusula antiabusos que se redactó. Quizás después los otros colegas podrán precisar los temas que fueron controvertidos.
El señor MOREIRA.-
¡No precisemos nada! ¡Votemos!
El señor NAVARRO.-
¿Y el artículo 21?
El señor LETELIER.-
Ya lo vimos. El artículo 21 es el que se refiere a los seguros de cesantías asociados a créditos de distinta naturaleza adquiridos por los trabajadores.
El artículo 30 propuesto, que podríamos calificar como "cláusula antiabusos", establece lo siguiente: "Las empresas organizadas como sociedades anónimas de conformidad a la ley N° 18.046, que se acojan a la presente ley, o que sean parte de un grupo empresarial (...), en que alguna de las entidades de dicho grupo se acogió a la presente ley, no podrán repartir dividendos a sus accionistas (...) durante el ejercicio comercial en que la empresa o una de las entidades del grupo empresarial tengan contratos de trabajo suspendidos ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía". Este fue un tema de bastante discusión, así como el que ninguna empresa controlada desde paraísos fiscales o lugares de baja tributación en el extranjero pueda acogerse a esta ley.
De la misma forma, en el artículo 31 se establece que "Los directores de las sociedades anónimas abiertas, donde todos o la mayor parte de los empleados o trabajadores tengan que hacer uso del beneficio establecido en el artículo 5 de la presente ley," -es decir, de la suspensión- "no podrán percibir honorario o dieta alguna por el ejercicio de dicho cargo de director, superior a los porcentajes correspondientes al seguro de cesantía, durante el período de la suspensión.". O sea, los directores tendrán que participar con un esfuerzo similar al de los trabajadores.
El artículo transitorio dice relación con el momento en que se implementa la ley, señora Presidenta.
Dejaré hasta ahí el informe.
Repasamos un conjunto amplio de materias; de ahí la extensión del informe.
El proyecto ha quedado equilibrado. Permite seguir evaluando. Y, junto con la existencia de este instrumento, dispone mecanismos para evitar abusos como los que han marcado estos días. La situación con Cencosud evidentemente es un abuso que nadie en esta Sala va a tolerar ni a legitimar.
Lo que queremos es que en la medida que se hace el esfuerzo, y todos los estamos haciendo, se piense en el futuro y no en cómo sacar provechos de corto plazo.
He dicho.
El señor MOREIRA.-
¿Podría abrir la votación, señora Presidenta?
El señor ELIZALDE.-
Sí, votemos.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Me ha pedido la palabra la señora Ministra.
El señor LETELIER.-
Abra la votación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Señora Ministra, tiene la palabra.
La señora ZALDÍVAR (Ministra del Trabajo y Previsión Social).-
No, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
¿No? Muy bien.
Está inscrita la Senadora Provoste.
El señor ELIZALDE.-
¿Puede abrir la votación, señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Sí, está abierta la votación.
El señor LETELIER.-
No.
La señora RINCÓN.-
¿La abrió?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Sí, ese es el acuerdo. Después de presentar el informe se abre la votación.
El señor ELIZALDE.-
Muy bien.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señora Presidenta, quiero hacer uso del artículo 161 del Reglamento, porque si bien hemos conocido en detalle el informe por parte del Presidente de la Comisión Mixta, convengamos en que no es un hecho usual que se termine una Mixta, se prepare un informe y luego se reabra una Mixta para algunos artículos en particular. Entonces, tenemos algunas diferencias respecto de lo que fue distribuido en el comparado versus el informe.
En consecuencia, nos gustaría disponer del tiempo suficiente para hacer una mejor concordancia, particularmente de los textos y de la propuesta final, para que todos sepamos qué es lo que efectivamente constituye el texto final final de esta Comisión Mixta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
¿Se refiere a algún artículo específico, Senadora, o a todo el texto?
La señora PROVOSTE.-
Particularmente a lo que dice relación con las normas antiabuso.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, encuentro de la mayor gravedad lo que está diciendo la Senadora que me antecedió en la palabra.
No están en este momento las personas de la Secretaría de la Comisión. Y aquí se está suponiendo que han sido malos ministros de fe. Porque si se afirma que no hay concordancia es porque hay algo que no corresponde.
Entonces, me gustaría que la Senadora Provoste nos pudiese precisar sus dudas, porque sus dichos quedan como una afirmación general. La Secretaria y el Ayudante de la Comisión realizan una labor de la máxima perfección, han trabajado constantemente.
No sé si hay un tema específico.
La señora PROVOSTE.-
Sí. Por eso intervine.
El señor LETELIER.-
Pero ¿cuál?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Yo participé en la Comisión Mixta. Y puedo señalar -conversé con la Senadora Provoste- que tal vez la diferencia que existe sea sobre el artículo 30. En la Comisión se presentó un artículo 30, nuevo, por parte del Gobierno. Trabajamos sobre ese texto, al que se le incorporaron indicaciones que formularon Diputadas, Senadoras y Senadores.
Ahora, en el artículo 30 había una frase, planteada por la Senadora Provoste y el Senador Pizarro, que si bien recuerdo decía algo así: "durante el tiempo en que presenten contratos de trabajo suspendidos ante la Administradora de Fondos de Cesantía". En la Comisión propusimos eliminar esa frase, porque traía una serie de consecuencias.
El texto del Ejecutivo no incluía esa frase. Entonces, cuando trabajamos sobre el texto del Gobierno, esa frase, que queríamos suprimir, no estaba. Luego se incorporaron dos o tres indicaciones, que por cierto superan el texto del Gobierno, y se aprobó por mayoría de votos. Toda la Oposición votamos a favor de ese texto y se opusieron los Senadores de Gobierno.
Esa es la historia. Conversé recién con Pilar Silva, y me refrenda que ella trabajó sobre la indicación que presentó el Gobierno, a la cual le hicimos enmiendas. Y la indicación del Ejecutivo no venía con el párrafo que nosotros mismos queríamos eliminar. Por eso no aparece ahí.
Tiene la palabra la Senadora Rincón y posteriormente la Senadora Goic.
La señora RINCÓN.-
Señora Presidenta, yo creo que su resumen es correcto y comprende lo que fue la discusión.
Me tocó reemplazar unos minutos a la Senadora Goic, que tenía que presidir la Comisión de Salud, y la frase que la Senadora Provoste echa de menos es una que todos por error habían incluido y que en la indicación del Ejecutivo no se puso, por eso no está en el texto, que decía: "no podrán durante el tiempo en que presenten contratos de trabajo suspendidos". Esa frase es la que se eliminó en el texto del comparado y por eso no se encuentra.
Pero creo que lo importante acá es que el texto final, que es la última columna, no tiene esa frase y se aprobó con las enmiendas e indicaciones que las señoras y los señores Diputados y Senadores propusieron.
Y entiendo -y me corrige, señora Presidenta, porque usted fue parte de la Mixta- que además fue por unanimidad.
Por lo tanto, creo que no hay problemas desde el punto de vista del texto final a aprobar.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
No hay votación de mayoría en el artículo 30, nuevo.
Tiene la palabra la Senadora Goic.
La señora GOIC.-
Señora Presidenta, quiero respaldar lo que usted ha señalado y la labor de Pilar Silva, Secretaria de la Comisión de Trabajo.
Lo que pasa es que en el comparado aparece la proposición final de la Comisión Mixta. En la mañana teníamos una propuesta que habíamos aprobado; reabrimos el debate -ayer, de hecho-, y por eso se puede prestar a confusión respecto del texto anterior.
Pero tal como se hace siempre en una Comisión Mixta, aquí se presentaron indicaciones, sobre esas indicaciones nosotros hicimos algunas modificaciones que buscaron el texto que finalmente permitiera un acuerdo unánime y, además, salvaguardar los planteamientos que se habían hecho inicialmente en las indicaciones.
Así que solo quiero aclarar lo que ocurrió.
Probablemente, en el informe -como se hace habitualmente- están los textos originales de las indicaciones, que se pueden contrastar con lo que aparece en el comparado, que es el texto final que propuso la Comisión Mixta y que fue aprobado.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Está en votación el informe de la Comisión Mixta.
Le daré la palabra al Senador Pizarro, para que fundamente el voto y se pronuncie sobre este tema reglamentario.
El señor PIZARRO.-
Señora Presidenta, lo que pasa es que si estamos en votación no le puedo plantear lo que quería. Entonces...
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Bueno.
El señor PIZARRO.-
... habíamos quedado de dilucidar...
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Había acuerdo de abrir la votación una vez terminado el informe.
El señor PIZARRO.-
... de dilucidar las diferencias que se generan, para evitar un malentendido, como se ha dicho acá.
Nadie está planteando ni colocando en cuestión ni la fe de la Secretaría, ni menos del personal que ha trabajado en esto.
Pero digamos también, con el debido respeto, que cualquiera de los colegas Senadores tiene derecho a pedir aclaración de cada una de las circunstancias, porque esto se abrió de manera absolutamente inédita, inusual. Un proyecto en trámite de Comisión Mixta que ya estaba oleado y sacramentado se reabre sin consulta al resto, por la sola facultad de los miembros de la Comisión Mixta. Y estamos frente a un debate en que respecto de las indicaciones -además, han sido parte de un debate público- cualquier Senador cuenta con el derecho a expresar una opinión o a pedir claridad.
El problema se produce porque lo que aprobó la Comisión Mixta -la "Comisión Mixta 1", por decirlo así- señala: "Las empresas que se acojan a la presente ley y que estén organizadas como sociedades anónimas de acuerdo a la ley N° 18.046, no podrán, durante el tiempo en que presenten contratos de trabajo suspendidos de acuerdo a ley 21.227, repartir dividendos entre sus accionistas según lo dispone el artículo 78 y 79", etcétera.
Y el texto establece no solo la modificación que han señalado ustedes, sino también el cambio del concepto de "sociedades anónimas" por "grupos empresariales".
Evidentemente, consultamos por qué se efectuó esa modificación. Y se nos explica que dicho concepto es mucho más amplio que el de una sociedad anónima, a pesar de que las empresas que pueden repartir utilidades, de acuerdo con la ley de sociedades anónimas, obviamente deben ser sociedades anónimas.
Pero producto del debate aparece como más lógico que sea mucho más amplio. Y la Senadora Provoste pide aclaración respecto de la modificación de ese texto, porque en el comparado no figura. Nosotros acá deberíamos haber tenido la propuesta de la Comisión Mixta 1 y la de la Comisión Mixta 2. Y en el comparado aparece como proposición de la Comisión Mixta y como texto final el mismo texto corregido o cambiado, por decirlo así.
Por lo tanto, uno no puede comparar ese texto con lo que era el informe de la Comisión Mixta 1. Ese es el punto.
Para mí está claro lo que sucedió. Parto de la base de que los cambios se hicieron; uno podrá opinar si son buenos o no. Pero nadie ha planteado ni mala fe ni mucho menos. Lo que necesitamos es mayor claridad.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene razón, Senador Pizarro. Yo he explicado lo que sucedió en la Comisión. Es bastante inédita, lo hemos dicho varias veces, la forma en que se tramitó: dos Comisiones Mixtas. Por tanto, resulta clara esa confusión reglamentaria.
Senador Navarro, tiene la palabra sobre el proyecto.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, la verdad es que esta iniciativa tiene historia. El uso del Seguro de Cesantía pasó por este Senado y advertimos un montón de temas. Yo voté en contra de ese primer proyecto, por cuanto eran platas de los trabajadores y no me parecía justo. E hicimos presente que iba a ser utilizado por las grandes empresas, como Ripley, como Cencosud, que reparten 91 mil millones de utilidades y despiden a miles de trabajadores, haciéndoles usar su Seguro de Cesantía, que lo van a requerir para los meses duros que vienen, como lo ha dicho el propio Ministro de Hacienda.
Lo inédito de esta situación no es solo la reapertura del debate en la Comisión Mixta, sino también la carta que el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en su calidad de Presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, envía a todos los Senadores. ¡Inédito! No hay registro de que una entidad subalterna, como el Consejo de Estabilidad Financiera, le solicite a usted, señora Presidenta, en una carta firmada por el propio Ministro, que es colegislador, que el artículo 21 sea reformado. Ese artículo permite que todos los trabajadores que tengan asociado un seguro de cesantía, tanto en créditos hipotecarios como en créditos de casas comerciales, puedan devengarlo, es decir, puedan hacer uso del no pago o del cobro de dicho seguro.
Dos millones y medio de trabajadores tienen este sistema de seguro de cesantía, que pueden y deben cobrar. Pero las compañías aseguradoras saltaron, presionaron. Y el Ministro hace una carta, como Presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, que dirige a usted, para que se modifique el artículo 21.
¡Eso es intervencionismo!
El Ministro tiene la posibilidad de ir a la Comisión de Hacienda. Él diseñó esta ley y redactó el artículo 21, y si se equivocó, debe reconocer su error.
Yo le preguntaba al Senador Letelier qué había pasado con el artículo 21, porque, seamos claros, no todos pueden estar en las Comisiones Mixtas ni en todas las Comisiones. Y quiero tener la certeza de que dicha norma, tal como está, podrá cumplirse; y de que la solicitud hecha por el Ministro Briones, en su calidad de Presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, no se materializará, porque amenaza directamente un derecho de los trabajadores.
Señora Presidenta, la carta fue dirigida a usted y tiene implícita y directa relación con este proyecto de ley, y usted es la que modera el debate y quien, además, fija la tabla. Y hago presente que esta iniciativa ha sido puesta sobre tabla -sobre tabla- y, en tal sentido, no ha habido posibilidad de conocer en detalle el informe.
Por tanto, hay antecedentes de sobra para recurrir al artículo 116 del Reglamento, que considera que puede haber un plazo mayor, pues señala claramente: "La discusión será aplazada para la sesión siguiente en que figure en tabla cuando lo solicite un Senador por no estar impresos los proyectos o los informes respectivos, o cuando no se hubieren puesto a disposición de los Senadores, a lo menos el día anterior al comienzo de aquélla, en el caso que el informe sólo haya recibido modificaciones formales...". No voy a terminar la lectura de la norma.
Solo digo que estamos legislando a un ritmo, diría, apropiado, porque el Presidente ha dado la instrucción de que hay que aprobar este proyecto. El Gobierno presiona y luego nos manda cambiar. O sea, nos manifiesta que somos obstruccionistas y lo único que hace esta Oposición es correr a aprobar los proyectos del Gobierno.
Bienvenido cuando se trata de beneficios para los trabajadores, pero hagámoslo bien. ¿El señor Ministro de Hacienda no está? No. Se encuentra presente la Ministra del Trabajo. Pero, señora Presidenta, nos someten a este estrés y luego nos dicen que somos obstruccionistas. Después, el Presidente nos conmina a hacer la pega; y el Ministro no solo manda cartas, sino también mensajes.
Por eso este Senado, en la encuesta de El Mercurio, tiene 1,8 por ciento de aprobación. ¡La peor evaluación de todas las instituciones de Chile! Porque somos capaces de someternos a este estrés, a no discutir adecuadamente, cuando este proyecto de ley es tan tan importante para los trabajadores.
Está bien la premura del Gobierno, pero quiero votar adecuadamente este proyecto de ley, porque afecta el bolsillo, el interés de los trabajadores. Y la anterior normativa se convirtió en un abuso. ¿Por qué? Porque se votó apresuradamente. Por fortuna, yo la voté en contra, y con mucha razón.
No quiero tener que arrepentirme de aprobar esta iniciativa por votar, una vez más, de manera apresurada. De eso se trata la observación que han hecho la Senadora Provoste y el Senador Pizarro. No es obstruccionismo, sino que podamos legislar con el tiempo adecuado para hacer buenas leyes, para que después el Presidente no nos enmiende la plana desde La Moneda diciendo que legislamos apresuradamente.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Senador Navarro, no procede el artículo que usted ha invocado porque este es un proyecto que está con "discusión inmediata"; si no, hubiésemos tomado los resguardos pertinentes.
El señor NAVARRO.-
¡La monarquía presidencial!
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Senador De Urresti, tiene la palabra.
Disculpe, el Senador Insulza estaba primero.
Puede intervenir, señor Senador.
El señor INSULZA.-
Señora Presidenta, muchas gracias. Intervendré más modestamente en realidad.
Es cierto que cuando un proyecto de este tamaño, con una relación de la envergadura de la efectuada por el Senador Letelier, nos llega para votarlo de inmediato uno se queda un poquito perplejo.
Yo solo quiero hacer una pregunta, porque, a lo mejor me perdí con la cantidad de cosas que nos informó el Senador Letelier. Creo que solo mencionó a las trabajadoras de casa particular en el sentido de que había habido un cambio de redacción. O sea, entiendo que la condición de las trabajadoras de casa particular sigue siendo que les pagan las imposiciones, pero que ellas se pagan con su 4,11 por ciento la cesantía.
¿Es eso así o hubo algún cambio sustantivo?
Esa es mi pregunta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
¿Ha formulado una consulta a la señora Ministra, Senador Insulza?
El señor INSULZA.-
No, al Senador Letelier, quien fue el relator.
Si no está él, a cualquiera que me la pueda contestar.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
No se encuentra presente el Senador Letelier.
El señor INSULZA.-
Bueno, no sé quién podrá contestar esto, señora Presidenta.
Pero la verdad es que quiero saber simplemente si en el nuevo texto se considera de mejor manera a las trabajadoras de casa particular, porque yo señalé durante la discusión del proyecto, y por esa razón voté en contra el texto anterior, que se decía que tenían derecho al subsidio de cesantía, pero que lo cobraban sobre el 4,11 por ciento, pues, como no están en la ley sobre Seguro de Cesantía, no tenían derecho a tal subsidio -esa es la realidad-, y yo consideraba que eso era una burla. Por eso quiero saber si esto se corrigió o no en las muchas idas y venidas del proyecto al cual se ha hecho referencia hoy día.
Yo pensé que en algún momento se haría, porque nuevamente, antes de votarlo para que fuera a Comisión Mixta, reiteramos, no solo yo, sino también otros Senadores y Senadoras, que ojalá se acordaran de las trabajadoras de casa particular y pusieran fondos para que ellas pudieran cobrar también su subsidio de cesantía. No era una gran suma de dinero. O por lo menos que les dijéramos que no estaban incluidas. Por último, que se les señale: "Ustedes están fuera de esto". Pero plantear que van a cobrar porque les van a pagar las imposiciones la verdad es que me parece un poquito demasiado, francamente.
En fin, si nadie me puede responder, sigamos adelante, señora Presidenta, no hay problema.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Senadora señora Goic.
La señora GOIC (Presidenta accidental).-
Le voy a dar la palabra al Senador Letelier para que pueda complementar el informe en este aspecto.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, muy brevemente, las trabajadoras de casa particular no tienen seguro de cesantía. Lo único que se hizo acá es abrir la opción para que, si ellas lo quieren, se acojan a los beneficios de esta ley usando sus fondos de indemnización.
Por eso, en el otro proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento, que no tuvo buen destino hoy -lo veremos más adelante-, sobre ingreso familiar de emergencia o ingreso mínimo mensual, se establece que las trabajadoras de casa particular van a tener pleno derecho para postular a dichos beneficios.
Por ende, esto puede haber creado cierta confusión; esas trabajadoras no tienen seguro de cesantía; esta iniciativa solo las habilita, si lo desean, para usar esos recursos. Ello se hizo pensando en que pudieran hacer uso de algún instrumento mientras se despachaba este otro proyecto, que es para la gente del mundo del trabajo "informal", como lo han llamado algunos, o para los regidos por los puntajes del Registro Social de Hogares o este nuevo indicador social de emergencia.
Ya tendremos claridad sobre cómo evoluciona esa iniciativa.
Pero es en ella donde se plantea que las trabajadoras de casa particular podrán contar con recursos fiscales para solventar parte de sus gastos, no tanto en el proyecto que ahora nos ocupa.
La señora GOIC (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la Senadora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Señora Presidenta, en realidad, quiero entregar una apreciación general acerca del debate de este proyecto, el cual, por cierto, es una interesante e importante herramienta para evitar el despido especialmente de los trabajadores y las trabajadoras de bajos salarios y de pequeñas empresas.
Sin embargo, también creo que no está bien concebido en cuanto a las grandes empresas. Es una opinión que he planteado durante toda su tramitación.
Estas grandes empresas exhiben mejores condiciones para resistir; y se nos hizo ver que, sin esta ayuda, muchas de ellas también estaban amenazadas por la quiebra.
En verdad -y así lo sostuve, señora Presidenta-, no acepto ese argumento. No es este el único instrumento: las empresas cuentan además con créditos subsidiados, como el Fogape. Tampoco me parece atendible el razonamiento en el sentido de que solo el 1,3 por ciento de las empresas se han acogido a esta ley. Pero se ha reconocido que esa pequeña cantidad representa al 30 por ciento de los trabajadores y las trabajadoras: es un uso bien intensivo de la ley.
Por eso estimo que debieran establecerse condiciones más estrictas para las grandes empresas acerca de este y de beneficios, como las que hoy se están instalando, referidas a la distribución de utilidades, residencias en paraísos fiscales, dietas de sus altos directivos y ejecutivos o prohibición de despidos.
Con relación a la Comisión Mixta, quiero reiterar mi molestia por la reapertura del debate. Puede ser una opción reglamentaria; sin embargo, no me pareció adecuado.
En cuanto a los principales puntos en debate, debo señalar que no he quedado conforme con las soluciones previstas.
En primer lugar, no me gusta que los trabajadores y las trabajadoras vean mermado su ahorro previsional. Sabemos que una de las grandes falencias de nuestro país tiene que ver con las pensiones.
Entonces, tras discutir por meses la importancia del ahorro, al primer problema que surge precisamente se echa mano de estos recursos, lo cual me parece negativo y dañino para los trabajadores.
Hubiera querido que se pagara el cien por ciento de la cotización, aun alargando el plazo del pago, declaración y no pago que existe en nuestro país. Y compartimos en la Comisión el hecho de que podría haberse prorrogado por 24 meses.
En segundo lugar, a mi juicio, el inciso final del artículo 3 servirá para que muchas empresas, a su discreción, suspendan contratos pese a que la ley no los obliga a paralizar faena. Esto escapa a la lógica.
Afortunadamente, en una última corrección hoy día se pudo señalar que respecto de los trabajadores no indispensables la suspensión deberá pactarse.
Creo que faltó hacer una distinción entre grandes empresas, que deberían tener vedada esa opción, y menores empresas, como pequeños productores de alimentos o empresas de transporte, en que esto sí pudiera justificarse.
En el artículo 21, a que se refirió recién el Senador Navarro, si bien se agregó la hipótesis del pacto voluntario en los casos en que pueden operar los seguros convencionales, se buscó una fórmula para resguardar a las aseguradoras. Se señaló que podría afectarse la estabilidad financiera. Lamentablemente, no se recuerda que este proyecto evita pagar con recursos fiscales a las mismas aseguradoras, pues muchos trabajadores hubieran terminado siendo despedidos. Tampoco se considera el riesgo sistémico del impacto sobre los créditos que los trabajadores no podrán cubrir por la baja de sus remuneraciones.
Se ve la moneda por una sola cara: hay casi dos millones y medio de chilenas y de chilenos endeudados solo en el retail.
En cuanto al artículo 22, si bien en la ley habíamos logrado este precepto, que expresamente impedía acogerse a ella a las empresas con contratos o convenios con el Estado que se hubieran pagado regularmente, con el objeto de proteger especialmente a las manipuladoras de alimentos para que no sean afectadas en sus remuneraciones, en la Comisión se aprobaron dos relativizaciones a la norma que había sido aprobada en el primer trámite y que en mi opinión -así lo planteé en la Comisión- son muy lamentables.
Una relativización a lo que ya habíamos aprobado es para contratistas de obras públicas y proyectos de inversión que se paguen por estado de avance, y otra, en favor de los otros contratos privados que tengan las empresas contratistas del Estado.
Me parece que ambas hipótesis eran innecesarias, y abren un forado sobre la última, porque las empresas pueden cambiar de funciones a las manipuladoras a otros contratos privados y luego acogerse a la ley.
Se dijo que ello no podía hacerse, pues hay menoscabo. Recuerdo que el Código del Trabajo lo permite a condición de que se trate de labores similares y que el nuevo recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad.
Esto me parece extremadamente riesgoso, más aún en tiempos en que difícilmente las trabajadoras podrán reclamar de estos abusos.
Por último, como aspecto positivo, en la Comisión Mixta se aprobó una indicación que propuse para excluir del pacto a las trabajadoras con fuero maternal, porque no resulta razonable que vean mermados sus ingresos. Esto debió ser un criterio de sentido común; pero, por desgracia, muchas empresas, como Starbucks, están aplicando la suspensión a trabajadoras con fuero.
Señora Presidenta, Honorable colegas, la ley de protección al empleo es un buen instrumento para pequeñas empresas, pero establece muy bajos requisitos para las grandes.
Lamentablemente, en mi concepto, estas modificaciones no reducen aquello significativamente, sino solo en ocasiones, porque incrementan esas falencias.
Espero que no se siga entregando dinero público a grandes empresas sin los resguardos suficientes mientras se mezquina la ayuda para las familias más vulnerables; mientras el Gobierno se niega a aplicar la ley para detener el pago de intereses y la letra chica en los créditos; mientras elude regular el precio de productos de primera necesidad; mientras no obligue a las empresas de suministro domiciliario a entregar una solución que no sea el prorrateo, que evidentemente tampoco se podrá pagar.
Me parece, señora Presidenta, que hay mucha sensibilidad con las empresas grandes y muy poca con las familias que están pasando hambre y exponiéndose al contagio en la calle para poder sustentar sus ingresos.
Llamo especialmente la atención sobre esto, cuando algunos se abren a apoyar a las grandes empresas. En mi parecer, eso solo es posible con la participación estatal en la propiedad, como lo está haciendo Alemania con Lufthansa y como se hizo el 2008 en Estados Unidos con la General Motors.
Por todo lo expuesto, me voy a abstener, pero sí quiero señalar el malestar que hice presente hoy en la misma Comisión con relación a la nota que nos envió el Consejo de Estabilidad Financiera, carta firmada por el propio Ministro de Hacienda y que hizo llegar al Congreso Nacional, a la Presidenta del Senado, planteando una forma de prevención acerca de lo que estamos legislando.
Señora Presidenta, creo que ello no corresponde al trato hacia un Poder del Estado, porque nosotros somos absolutamente autónomos para legislar, para tramitar los proyectos en la forma y en los tiempos que definamos.
Además, el señor Ministro de Hacienda es colegislador en su calidad de titular de esa Cartera. Entonces, me pareció una falta de respeto, una vez más, al Congreso Nacional el hecho de que se nos hiciera llegar una minuta manifestando una prevención, pero que en mi opinión es más bien una presión.
Eso no puede quedar registrado como una forma de relacionarse con un Poder del Estado como el Congreso Nacional, del que forma parte el Senado de la República.
La señora GOIC (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señora Presidenta, voy a partir por las últimas palabras expresadas por la Senadora Adriana Muñoz, Presidenta del Senado, quien además es histórica integrante de la Comisión de Trabajo.
Lo que dije la semana pasada en la Sala respecto del Ministro de Hacienda parece que es cierto, aunque a algunos les molestó: su origen; su visión del Parlamento, de menospreciar y no entender lo que es la soberanía popular, de no entender a quiénes representamos y cuál es la forma de legislar, lo viene a corroborar... (falla de audio en transmisión telemática)... por escrito el señor Briones, con una carta en la cual, en su calidad de Presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, simplemente se coloca en una posición de presión indebida.
Porque esa es una amenaza, una presión velada, y la ejerce por escrito.
Entonces, nuevamente le pido a la Mesa que se le represente por escrito esta situación al Presidente de la República. Porque un colaborador, un Ministro de Hacienda, cuyo objetivo debiera ser precisamente estar colaborando... (falla de audio en transmisión telemática)..., las fórmulas, las maneras de articular a todos los ciudadanos, no se condicen con esa carta.
Solicito formalmente aquello.
Señora Presidenta, lo señalé en mi intervención de la semana pasada: hoy día vemos a un Gobierno preocupado de salvar la economía. Pero para ellos la economía son los grandes empresarios. Para el Presidente de la República el llamar a sus amigos o a estos grandes grupos económicos es simplemente una situación de trato, de forma de relacionarse. Eso no es ejercer el imperio del mando del Primer Mandatario, lo cual se hace a través de leyes obligatorias para todos los ciudadanos.
Claramente, esta iniciativa deja un forado, y quedo aún más preocupado con las observaciones realizadas por la Senadora Adriana Muñoz. Cuando uno ve a estas empresas, que han ganado durante años de años gran cantidad de dinero y que luego de un mes de crisis simplemente se acogen a estos beneficios, pero igualmente distribuyen sus utilidades, como es el caso de Cencosud, constata una accionar miserable, algo que hiere el alma de miles de chilenos.
Cuando hoy las personas andan en la calle buscando distintas fórmulas para arreglarse la vida, al mismo tiempo los Paulmann, los poderosos, los dueños de Cencosud están repartiendo sus utilidades.
Asimismo, también considero doblemente obsceno y grosero que el ex Ministro de Hacienda, quien estuvo sentado hace un par de meses en la Sala, en el sillón del señor Briones, actualmente sea parte del directorio de esa empresa.
El ex Ministro Larraín hoy se encuentra en la puerta giratoria: sin asco, sin solución de continuidad, sin que se enfríe el sillón que dejó, se va a sentar a Cencosud, con sus dueños, a repartirse las utilidades.
Que interprete aquello la ciudadanía; que lo interpreten los miles, los millones de ciudadanos.
¿Es correcto que el ex Ministro de Hacienda en solo cuatro o cinco meses pase automáticamente al directorio de una empresa que hoy se está repartiendo utilidades? Me parece que ello no es admisible, y, en tal sentido, hago un llamado a terminar con la capacidad de no asombrarse ante tales brutalidades. Esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo.
Hemos propuesto una iniciativa que precisamente ayuda a las grandes empresas, como se ha sugerido en el caso de Latam. No hay ningún problema: que se otorgue apoyo. Pero que se transfiera una parte de su patrimonio al Estado, como se está haciendo en Alemania y en otros países. Y luego se venderá al precio que se estime cuando sea necesario, cuando salgamos de la situación que estamos viviendo.
¿Por qué la crisis debe enfrentarse con un rasero, con un embudo para las grandes empresas y con otro respecto de las chicas?
Hemos peleado por las manipuladoras de alimentos, por las trabajadoras de casa particular, por los colectiveros, por la gente que maneja un taxi, por quienes conducen un transporte escolar, y vemos el hecho grosero e infame que acontece con esas grandes empresas.
No estoy disponible para ese tipo de situaciones. De modo que pido que al menos se lea la carta que envió el señor Ministro Briones en su calidad de Presidente del Consejo de Estabilidad Financiera; que se señale cuál es el interés o su propósito, porque esto no se hace en un proceso legislativo.
Un Ministro que entiende su labor republicana; un Ministro que la semana pasada se paró y se fue de la Sala simplemente sin contestar y que luego pide disculpas acongojado, hoy nuevamente vuelve a cometer una agresión contra el Senado.
Eso no tenemos que aceptarlo.
Tampoco haré aquello votando a favor de iniciativas que relativicen la protección de los derechos de los trabajadores, especialmente de los que están más complicados.
Es cuanto deseo señalar, señora Presidenta, y formalmente solicito un pronunciamiento sobre el envío de una carta de respuesta al Ministro señor Briones.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Por cierto, como Mesa estamos preparando una respuesta en el sentido que lo hice hoy ante el señor Ministro en la Comisión Mixta de Trabajo.
Haremos la gestión correspondiente.
Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.-
Señora Presidenta, me gustaría partir mi intervención, a propósito de la pregunta que se había hecho, complementando solamente lo tocante a la situación de las trabajadoras de casa particular.
Es cierto que queda pendiente generar un beneficio directo para ellas. Además, muchas son informales, pues lamentablemente no tienen contrato.
Sin embargo, considero importante que mis colegas sepan que repusimos las cotizaciones íntegras de ellas, no solo las de salud, que eran las que se habían contemplado, sino también las previsionales; pero además el aporte del 4,11 por ciento, que es el que permite ir configurando el fondo de desahucio que estas trabajadoras tienen, que es la indemnización a todo evento. Entonces, quedan en mejores condiciones con relación a cómo estaban anteriormente en esos aspectos. Ello, a propósito de la pregunta del Senador Insulza y como complemento a lo que señaló el Presidente de la Comisión.
Junto con esto, deseo señalar que sí, que esta fue una discusión muy compleja; que la apertura y reapertura del debate se debe a que estamos frente a una situación difícil, que no es lo habitual y que nos pone frente a la evaluación de cómo se empieza a implementar una ley que busca resguardar el empleo; que persigue proteger a los trabajadores y que no sean despedidos, sino que se suspenda la relación laboral cuando por motivos de la pandemia la empresa se enfrenta a la incapacidad de contar con los recursos para mantener a sus trabajadores y seguir con su actividad normal, o frente a la actuación de la autoridad que impone una cuarentena.
Señora Presidenta, ¿cuántas veces hemos compartido esta reflexión en la Comisión de Trabajo?
Y acá quiero ser justa, porque no son todas, pues aquí hay muchas pequeñas empresas que han utilizado este mecanismo, lo que probablemente las va a ayudar a sobrevivir al período de crisis. Pero nos encontramos con empresas que no conocen el concepto de "ética empresarial". Lo que hizo Cencosud al repartir sus utilidades es inaceptable. Fue un bombazo -y digámoslo así- a una ley en que toda la discusión y el esfuerzo estaban orientados a poner a los trabajadores primero.
Desgraciadamente, así como sucede frente a las colusiones u otras malas prácticas, esa acción empaña a todos y siembra la sospecha y la desconfianza. Y hay que hacerse cargo de ello. Eso obligó a tomar varias medidas, que además fueron bien resueltas en este debate.
Porque lo que no se entiende no es que una empresa reparta sus utilidades, sino que reparta utilidades multimillonarias y a la par les solicite a sus trabajadores que rebajen sus remuneraciones y que utilicen el Seguro de Cesantía.
Eso es lo que no tiene sentido.
Muy bien: nosotros establecimos que las empresas pueden acogerse a este beneficio; ¡pero ello no se condice con el retiro y el reparto de utilidades!
En verdad, el daño que se hace a la confianza es algo de lo que uno esperaría que se hiciera cargo quien lo ha provocado: es daño para la economía; es daño para todos; es daño para la confianza de los consumidores, es daño para los trabajadores.
Por eso durante la discusión de esta materia le hemos pedido a la Ministra del Trabajo que además la Dirección del Trabajo aplique todas las medidas del caso, porque claramente acá debe revisarse si se está haciendo buen uso de la ley; que recurra a los tribunales para examinar esto, y que existan las sanciones respectivas, tal cual lo discutimos inicialmente sobre el mal uso de esta herramienta, que -insisto- fue pensada, trabajada, diseñada y discutida para proteger a los trabajadores y no para los lamentables hechos de abuso que hemos visto al poco tiempo de su implementación.
Así también establecimos que los directores de empresas deben hacer el mismo esfuerzo proporcional acerca de sus dietas. Y hemos conocido sus montos.
Entonces, nadie entiende que en este período de crisis aquellos no hagan el esfuerzo proporcional a la rebaja que tienen los ingresos de sus trabajadores. Me parece que este ha sido el principal foco de discusión que tuvimos en esta iniciativa, donde, además, hemos aprovechado para ir perfeccionando normas que probablemente en otras circunstancias se podían haber resuelto en un dictamen de la Dirección del Trabajo.
Pero si estábamos debatiendo este asunto, me pareció muy oportuno resolver el punto, así como garantizar que los trabajadores tengan sus cotizaciones previsionales respecto de los ingresos que están recibiendo y con un período de 24 meses para que sean integradas.
Así que, a pesar de todas las dificultades, uno espera que esta herramienta cumpla su objetivo, que es la protección del empleo de los trabajadores y las trabajadoras.
Por eso, voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Latorre.
El señor LATORRE.-
Señora Presidenta, personalmente valoro los avances que hubo en la Comisión Mixta, como prohibir que se acojan a la ley de protección del empleo las sociedades anónimas que durante el período tributario y la vigencia de la normativa hagan reparto de utilidades o dividendos entre sus accionistas.
De la misma forma, se prohibió que se acojan a ella las empresas que operan y tienen filiales en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.
Se incorporó también la prohibición del despido, bajo cualquier causal, de aquellas personas que se encuentran acogidas a la suspensión temporal de la relación laboral, haciendo la ley más coherente. Una empresa no puede acogerse a una normativa legal que teóricamente protege el empleo y, al mismo tiempo, despedir trabajadores.
La ley había quedado así de abierta, así de ambigua y así de proempresa o de proempresario, diría más bien. Así de proempresario era la normativa original.
Por otro lado, aquellas trabajadoras que cuenten con fuero maternal no podrán ser suspendidas en su relación laboral.
Para poder acogerse a los pactos de reducción de jornada hasta en un 50 por ciento las empresas deberán acreditar bajas en ventas y servicios hasta en 30 por ciento respecto del mismo mes del año anterior.
Así limitamos los pactos de reducción de jornada a empresas que realmente los necesitan y no a cualquiera que desee hacer una pasada y ganar un beneficio con esta crisis. El resto debe seguir cumpliendo sus obligaciones contractuales con sus trabajadores.
Entre otros puntos acordados por la Comisión Mixta que me parecen importantes están el relativo al pago de pensiones alimenticias y, también, el establecimiento de algo muy central, que originó la Comisión Mixta: que las cotizaciones destinadas a salud, al Seguro de Cesantía, a la Ley Sanna se efectúen sobre el cien por ciento de la renta bruta del trabajador. Esto es un avance y una corrección respecto de la normativa que rige actualmente.
Sin embargo, la ley aún es insuficiente en cuanto a las cotizaciones para pensión y seguro de invalidez. En estos casos no se cotizará sobre el cien por ciento de la renta bruta del trabajador, sino sobre el monto que la persona reciba del Seguro de Cesantía. Ahí hay una merma para el trabajador.
Quizá podía discutirse este punto respecto de las pymes, pero de cualquier forma los trabajadores recibirán un monto menor de cotización de pensión y seguro de invalidez cuando su relación laboral se vea suspendida.
Otro punto crítico ocurre respecto del inciso final del artículo 3 de la ley N° 21.227, sobre el pago del Seguro de Cesantía en circunstancias excepcionales. Si bien será de común acuerdo, las empresas excluidas de la posibilidad de suspender relaciones laborales por la pandemia, por prestar servicios esenciales u otros, podrán dictaminarlo igualmente en el caso de aquellos trabajadores no esenciales. Se amplía el ámbito de aplicación de la ley a una situación que no corresponde, porque los servicios se seguirán prestando por parte de esas empresas.
Por último, quisiera poner de relieve algunas indicaciones que se impulsaron desde mi coalición, el Frente Amplio, en la Comisión Mixta para aplicar retroactivamente la prohibición del reparto de utilidades al momento en que entró en vigencia la ley, así como una propuesta alternativa para que las empresas que se acogieron al beneficio y repartieron utilidades durante este período intermedio se les impusiera la obligación de completar la parte del salario de los trabajadores que el Seguro de Cesantía no cubre, hasta enterar el cien por ciento de la remuneración.
Ambas propuestas fueron rechazadas en la Comisión Mixta.
Y acá es donde a uno le genera una sensación amarga observar el contexto del debate, donde recién el 1° de mayo los trabajadores, la CUT, la ANEF, las trabajadoras de casa particular fueron violentamente reprimidos en Santiago y acá, en la Región de Valparaíso. Con la prensa sucedió lo mismo: muchos reporteros fueron fuertemente reprimidos y se detuvo al Presidente del Colegio de Periodistas de la región. Los manifestantes señalaban en sus lienzos "Que esta crisis no la paguen los trabajadores" y salieron a protestar con esa consigna, manteniendo la distancia, buscando la prevención frente a la situación sanitaria y fueron violentamente reprimidos.
Yo creo que ese es el mensaje más central, y es lo que sigue prevaleciendo de alguna manera en esta crisis: los grandes empresarios, representados en los dueños de Cencosud, finalmente van a salir ganando y los trabajadores, perdiendo.
Eso es lo que queremos evitar.
Por tanto, en la misma línea que la Presidenta de esta Corporación, la Senadora Adriana Muñoz, y siguiendo sus argumentos, voy a dar una señal de abstención, porque lo que se está jugando en este momento es que los grandes empresarios van a salir ganando en esta crisis y los trabajadores, perdiendo.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Vamos a proceder a consultar por la opción de voto de los Senadores que están participando en forma remota.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
Voy a votar a favor, pero quiero fundamentar brevemente mi voto.
He escuchado el debate, y sobre todo el contenido del informe de la Comisión Mixta, donde era difícil el consenso. A lo menos veo que tenemos algunas preocupaciones y hemos experimentado algunos avances en relación con el reparto de dividendos; en relación con el abuso de las grandes empresas, en términos de que no puede llegar y acogerse cualquiera al beneficio, sino que tiene que haber parámetros objetivos.
Encuentro también importante que se haya dejado a un lado la presión de las compañías de seguros y que finalmente los que están acogidos al Seguro de Cesantía puedan cesar sus pagos, porque tienen deudas que de otra manera serían imposibles de solventar.
Obviamente que respecto de las trabajadoras de casa particular no hay ninguna novedad: siguen sin derecho al Seguro de Cesantía y solamente cuentan con su fondo de indemnización. Y ya sabemos que el 50 por ciento de ellas son informales.
Nos importa que las mujeres con fuero maternal no puedan ser despedidas. Y consideramos relevante asegurar el pago de la pensión alimenticia.
Pero me queda, como decía un Senador que me antecedió, un sabor amargo, no solo por la represión del 1° de mayo en Valparaíso y en muchas partes, sino además porque esta crisis no la deben pagar los trabajadores. Y hasta ahora, por la forma en que se ha enfocado la legislación, por la manera en que se han presentado los proyectos, por aquello que está gestionando el Gobierno, la crisis la siguen asumiendo los trabajadores.
Lo vimos en el Fogape: 3 mil millones de dólares que están usando las pequeñas y medianas empresas, pero que benefician mucho más a las grandes, que no los necesitaban. En cambio, de los 2 mil millones de dólares anunciados para proteger al trabajador, el fondo de emergencia anunciado para las familias apenas alcanza a 800 millones de dólares.
Por lo tanto, me quedo con un sabor amargo: el Gobierno no ha entendido que los trabajadores no deben pagar el costo de la crisis. Y por eso peleamos por una renta universal y también por proteger a los trabajadores.
Con todo, porque veo un avance, y es peor que no lo tengamos, para proteger de alguna manera a los trabajadores, voy a votar a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Araya, ¿cómo vota?
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-
Quiero fundamentar mi voto.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra.
El señor DE URRESTI.-
Señora Presidenta, sin lugar a dudas hay un avance desde el punto de vista de iniciativas que se van construyendo para abordar la actual pandemia desde el punto de vista sanitario y también -es lo que nos convoca- desde el punto de vista del empleo.
Pero lo he sostenido en todas mis intervenciones: aquí hay una matriz según la cual los ideólogos de la cultura neoliberal no quieren tocar absolutamente nada; no quieren soltar ninguna prebenda ni ningún privilegio que han construido.
Y aquí hay un error estratégico, aquí hay una situación donde, en definitiva, se recurre a plata del Estado o a plata privada de los trabajadores, sus fondos de cesantía, para abordar la actual situación.
Hay dineros que se entregan con privilegio, con buenas condiciones, a las grandes empresas. Ya lo vimos: lo de Cencosud no es casualidad, lo del ex Ministro Larraín no es casualidad.
Precisamente, la semana pasada Empresas Gasco reclutó a la exjefa de asesores del Ministerio de Economía, la señora o señorita Michele Labbé, para que integre su directorio.
Al directorio de Cencosud, los ex Ministros, los exasesores.
Ahí se están fortaleciendo. Ahí están preservando el modelo. Ahí están cuidando que en definitiva esta crisis no los afecte.
Y es una situación asimétrica, es una situación vergonzosa: mientras al trabajador lo cortan en su trabajo y tiene que hacer uso del Fondo de Cesantía, estas empresas no solo ganan plata, sino que además reparten utilidades.
Por favor, eso no es correcto. Eso es un germen de ira, de rabia acumulada para el futuro.
La crisis tenemos que enfrentarla entre todos; todos debemos hacer un esfuerzo.
Me parecen absolutamente inadecuadas las modificaciones que se han hecho. Valoramos la relativa a las sociedades anónimas. Me llama la atención, y lo dije en la intervención, el concepto de "grupo empresarial". No sé dónde está reconocido ese concepto desde el punto de vista jurídico. ¿Son distintas sociedades que generan de facto un grupo empresarial?
Entonces, ahí también he manifestado mi observación.
Creo que este proyecto sigue dejando forados, sigue dejando privilegios para estas grandes empresas que no se compadecen con lo que está viviendo el país. Este es el momento de la solidaridad, de entender que uno renuncia a ciertos aspectos, o de la decisión de los gobiernos que quieren transformaciones para avanzar en una economía verde, como en Francia, donde en definitiva a las empresas a las que se va a ayudar son aquellas que aceleran su transición ecológica, entre otras cosas, o aquellas que... (falla de audio en trasmisión telemática)... pero con porcentajes... (falla de audio en trasmisión telemática)... del Estado. En definitiva, una cesión de derechos, una cesión de la situación dominante que tienen.
Esto no puede ser como se está planteando; no corresponde.
Por eso, me voy a abstener.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador De Urresti, ¿cómo vota entonces?
El señor DE URRESTI.-
Abstención.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.-
Voy a votar a favor, señor Secretario, pero quisiera, en dos minutos, dejar claro que la labor que ha desarrollado la Comisión Mixta en su mayor parte contiene buenas acciones vinculadas a la protección del empleo. Me preocupa, sí, cuando se mete la mano al bolsillo, pues debemos cuidar la relación público-privada.
No estoy a favor de quienes han hecho uso desmedido del retiro de utilidades, pero al menos debiésemos procurar el respeto a la normativa vigente, porque esa es la que también protege a los pequeños accionistas.
Yo no quisiera que el día de mañana los cuidados del sacristán terminaran matando al señor cura y que producto de esta situación debamos lamentar una disminución en el empleo. Porque a quienes más debemos cuidar hoy día es a los que van a generar empleo y a los que van a tener la responsabilidad, finalmente, de la recuperación económica del país.
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
Quiero dos minutos, señora Presidenta, por favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor HUENCHUMILLA.-
Gracias.
Yo, al igual que la Senadora Isabel Allende y el Senador Juan Ignacio Latorre, me quedo después de este debate con un sabor amargo, porque más allá de los artículos que haya aprobado la Comisión Mixta y que tengan una dirección correcta, uno se da cuenta de que la Derecha y los grupos empresariales en Chile no han aprendido nada de lo que hemos vivido en los últimos meses.
Hoy día estamos enfrentando una situación crítica de origen mundial, pero nuestra crisis partió antes, el 18 de octubre, cuando nos dimos cuenta de que los chilenos estábamos profundamente divididos respecto de la sociedad que habíamos construido en los últimos treinta y cuarenta años.
Y ahora, cuando tenemos una situación crítica de salud y de empleo respecto de los más débiles de la sociedad, vemos cómo los Senadores y Diputados de Derecha, en este mismo informe de Comisión Mixta, cuando se habla de no repartir dividendos o de no pagarles dieta a los directores de sociedades anónimas, inmediatamente hacen reserva de constitucionalidad para ir al Tribunal Constitucional y echar abajo esto.
Por otro lado, vemos lo que ya se ha señalado aquí respecto de los directorios y de los dividendos.
En consecuencia, yo creo que no han aprendido nada. Y después se van a preguntar por qué había tanta rabia acumulada, esa rabia que hoy día está dormida. O si no, se van a preguntar cómo vamos a despertar después de que esto termine. ¿La gente va a pensar que esto fue simplemente un sueño? No es así. La gente procesa esto, a la gente le duele esto, porque el Gobierno, en vez de estar a la altura, con una visión de estadista, pidiéndoles a todos un sacrificio, ejerciendo ese liderazgo, hace las cosas que vemos y que aquí se han dicho.
Yo creo que, lamentablemente, ni el estallido ni esta crisis le hacen entender a los poderosos de este país que es necesario buscar acuerdos para ver el tipo de sociedad que vamos a construir. Porque, de la manera en que lo están haciendo, en realidad están apagando el fuego con bencina.
Entonces, no se quejen después si la gente protesta, si la gente no está de acuerdo. Porque a mí me parece que es reírse de los pobres esta repartición de dividendos, sumada a todas las cosas que hemos visto.
Por eso, señora Presidenta, yo quería simplemente hacer un pequeño desahogo. Ya habrá tiempo de hacerlo más en profundidad. Voy a votar a favor porque creo que es un avance, pero considero que detrás hay una lección ética para todos nosotros: que un sector de Chile, el de los más poderosos, lamentablemente no ha aprendido.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.-
Yo comparto la rabia de la que habla el Senador Huenchumilla y la amargura de la Senadora Allende cuando vemos cómo se reparten el dinero los más ricos en este país.
Esta mañana Radio Biobío, confirmada después por el Gerente de ENAP, nos anunciaba que se estaban pagando bonos por 500 millones de pesos a trece personas por un programa que llaman "retener talentos". ¡Hasta en Arabia Saudita están sacando gente de las petroleras! La caída del precio del crudo ha provocado una enorme cesantía en todas las petroleras del mundo; hay una cantidad de empresas del rubro que están cerrando. ¿Y nosotros tenemos que "retener talentos" por 500 millones de pesos? ¿Hasta dónde llega la inventiva para decir mentiras?
Yo creo que realmente estamos cayendo en un extremo, en un pozo. Esta es una empresa pública, es una empresa del Estado que está lanzando ese dinero a la calle. ¿Cuánto haríamos con las empleadas de casa particular con 500 millones de pesos? ¡Que pongan 500 millones de pesos en las trabajadoras de casa particular! Eso sería mucho más que el 4,11 por ciento que les quieren pagar, cuando es a todo evento. Porque ese derecho no es nuevo, ya lo tienen. Si las sacan de su trabajo, tienen derecho a recurrir a ese derecho.
Ahora se nos dice: "en la próxima ley va". Yo les voy a indicar lo que va a pasar en la próxima ley. En la próxima ley van a señalar que, como la señora que figura en la familia tiene un contrato formal como trabajadora de casa particular, le toca la mitad del subsidio no más, pues. ¿O acaso no dice eso la ley que estamos discutiendo? Por lo menos, lo decía hasta ayer; no sé si lo estará diciendo hoy día.
Entonces, dejemos de reírnos de la gente. Yo soy muy partidario de que busquemos todos juntos una salida y hasta he firmado un documento para un acuerdo nacional, pero sin reírnos de la gente. Hagámoslo realmente. También iba a hacer presente lo que señaló el Senador De Urresti: "sociedades anónimas" es un término legal, pero "grupos empresariales" es, francamente, una cosa que... Con buenos abogados, alguien puede sostener que ellos no eran grupo empresarial, que eran una sociedad anónima.
Entonces, considero que ha habido mucho abuso.
Yo tengo que aceptar que hay algunas mejoras en esta iniciativa y no quiero perjudicar a otros trabajadores, pero no puedo votar a favor.
Me abstengo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador Insulza.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
Voy a decir un par de cosas previas, Presidenta.
La verdad es que a mí me resulta muy difícil tratar tantas materias después de una simple lectura rápida del Senador Letelier. Tomé nota de cada uno de los puntos, pero hay muchos en los que no estoy claro y me cuesta mucho decidir. Y lo lamento, porque cada uno de esos puntos específicos tiene consecuencias muy fuertes para la gente.
Yo no critico que lo hagan bien o mal; lo que digo es que tenemos el derecho, por lo menos, a tener más antecedentes para tomar una decisión.
Creo que, en el fondo, se ha abierto una discusión interesante, porque vivimos en un país cuya cultura considera normal la desigualdad. Y tenemos hoy día debates increíbles.
Hoy día se nos está diciendo, respecto del ingreso familiar, que, dentro del 40 por ciento más pobre de Chile, a algunos les vamos a dar un dividendo y a otros no, porque estos últimos tienen un pensionado, porque reciben una pensión de discapacidad, o porque tienen algunos ingresos formales. ¡Una cosa insólita! Vamos a dejar fuera a 1 millón 300 mil personas.
Entonces, uno se pregunta cómo se producen este tipo de desigualdades.
Yo creo que los bancos, si la Comisión para el Mercado Financiero y el Ministro de Hacienda no les ponen atención, van a cometer muchos abusos no solo con las pequeñas empresas sino con todos.
Lo que hizo Paulmann ahora es una cuestión inaceptable. ¡Como sociedad, no podemos aceptarla!
Cuando discutimos el proyecto sobre el Fogape, presentamos una indicación para sancionar el retiro y distribución de utilidades, el aumento de ingresos, los despidos. Lamentablemente, se dieron ciertas condiciones que no permitieron su aprobación. El Ministro... (falla en audio en trasmisión telemática)... no quedó.
Solo quiero decir que tenemos que enfrentar esta cultura, en la cual nos movemos, que tiende a tratar muy mal a ciertos sectores y a dar muchos privilegios a otros.
Me abstengo, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.-
Me abstengo, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
Voto en contra, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
La señora VON BAER.-
Señora Presidenta, la verdad es que tampoco estoy muy contenta con el resultado de la Comisión Mixta, en la misma línea en que lo planteaba el Senador Durana.
Simplemente, voy a votar a favor, porque entiendo que hay materias relevantes en las que estoy de acuerdo con el resultado de la Comisión Mixta y porque veo que están estrechos los votos.
En ese sentido, voto que sí, aunque mantengo bastantes diferencias con el resultado de la Comisión Mixta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
También estaba conectado y presente en la pantalla el Senador Pedro Araya.
¿Cómo vota, Senador?
El señor ARAYA.-
Señora Presidenta, me voy a abstener por las razones que han enunciado varios colegas.
Creo que la Comisión Mixta hizo un muy buen esfuerzo, pero no resolvió temas importantes. No resuelve adecuadamente, a mi juicio, la situación de las empleadas de casa particular.
Sin duda, lo más llamativo de todo esto es que no existe una sanción o un sistema de sanción para grandes grupos empresariales como Cencosud, que, acogiéndose a la ley, han repartido dividendos y utilidades. Eso, claramente, es una bofetada para los trabajadores.
Hemos conocido también denuncias de otras empresas que se están acogiendo a la ley, las cuales señalan que no tienen cómo pagarles el sueldo a sus trabajadores, pero, a renglón seguido, les ofrecen créditos blandos para completar las remuneraciones que no van a recibir por estar suspendidas sus funciones.
Entonces, quedan varios vacíos que no se regulan adecuadamente y, en la medida en que el Gobierno no tenga una política clara respecto de qué hará con los grandes grupos empresariales, vamos a tener problemas hacia adelante.
Hemos visto que el Ministro de Hacienda tiene una actitud muy confiada en que la banca -y lo ha dicho- va a estar a la altura de las circunstancias, pero hemos constatado que eso no es así.
Por ello, en la medida en que el Ejecutivo y el Legislativo, especialmente este Senado, no pongan reglas claras, no estoy dispuesto a apoyar este proyecto.
Me parece necesario, sin duda, contar con una herramienta para proteger a los trabajadores en los tiempos de la pandemia, pero las soluciones que está ofreciendo hoy día la Comisión Mixta no resuelven, a mi juicio, adecuadamente el problema y permiten que existan y sigan existiendo los abusos que pueden cometer los grandes grupos empresariales.
Por esa razón, me abstengo, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Hago presente que también figura conectado el Senador señor García-Huidobro. Sin embargo, como no se aprecia su imagen, no podemos certificar su opción de voto, toda vez que, por tratarse de una votación de carácter nominal, debo tener la certeza de que es él quien está votando. Y solo es posible escucharle la voz, motivo por el cual, tal como ocurrió en votaciones anteriores, no podemos registrar su voto.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (25 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el
quorum
constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Huenchumilla, Lagos, Letelier, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Votaron por la negativa los señores Navarro y Soria.
Se abstuvieron las señoras Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, De Urresti, Insulza, Latorre y Montes,
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Despachado el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta, si me permite, me gustaría hacer, por su intermedio, tres observaciones al Ejecutivo.
La primera es la consideración de Isla de Pascua o Rapa Nui. Yo le señalé al Gobierno que era necesario, para poder someterse a los beneficios de esta ley, acreditar ventas, en circunstancias de que Pascua tiene exención de IVA. ¿Cómo un microempresario de Rapa Nui va a poder acreditar ventas?
Esta ley no es para todo el territorio nacional, sino que...
El señor ARAB (Subsecretario del Trabajo).-
Sí, está Rapa Nui.
El señor CHAHUÁN.-
Bueno, por lo mismo.
Yo espero que este tema se resuelva como corresponde.
Primer tema.
El señor ARAB (Subsecretario del Trabajo).-
Está incluida.
El señor CHAHUÁN.-
Muy bien.
Segundo tema: un mayor esfuerzo con respecto a las empleadas de casa particular. Nosotros señalamos la necesidad de abordar este tema en su plenitud.
Y tercero: los trabajadores que tienen contratos anteriores al año 2002 y quedaron como trabajadores de segunda clase.
Quiero hacer un llamado de atención al Gobierno para que este tema sea abordado en la ley de trabajadores a honorarios para, finalmente, poder incorporarlos.
Agradezco el esfuerzo que ha hecho el Gobierno, los Ministros de Estado, especialmente la Ministra del Trabajo y el Ministro Felipe Ward, y los Subsecretarios.
Ciertamente, acá hay un Gobierno que está entendiendo que mantener la capacidad de empleo resulta fundamental para enfrentar esta crisis sanitaria, que también es una crisis económica.
Por lo tanto, agradezco al Gobierno del Presidente Piñera por aquello, así como a sus Ministros. Y ojalá podamos considerar a los trabajadores que tienen contratos anteriores al año 2002, quienes no podrán someterse voluntariamente a la ley.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, señor Senador.
Concluido el Orden del Día.
Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor DE URRESTI:
Al Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Los Ríos, para que remitan antecedentes pormenorizados acerca de PLANES Y PROCEDIMIENTOS DE DESPLIEGUE, VIGILANCIA Y CONTROL DESARROLLADOS POR PERSONAL DE CARABINEROS Y DEL EJÉRCITO EN REGIÓN DE LOS RÍOS EN CONTEXTO DE ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL VIGENTE.
A los Ministros de Defensa Nacional y de Bienes Nacionales y al Comandante en Jefe de la Armada, pidiéndoles enviar información detallada respecto de ASIGNACIONES MARÍTIMAS APROBADAS EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN CADA UNO DE LOS LAGOS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS.
Al Intendente y al Presidente del Consejo Regional de Los Ríos, a la Directora Nacional de la Dirección del Trabajo y a la Contralora Regional de Los Ríos, con el propósito de que indiquen ESTADO ACTUAL DE SIGUIENTES PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA ADJUDICADOS A EMPRESA CONSTRUCTORA CARLOS GARCÍA GROSS: ESTACIÓN MARIQUINA; CHOSHUENCO-PANGUIPULLI; CAUPOLICÁN ALTO LA UNIÓN, Y PUERTO NUEVO LA UNIÓN.
Y al Intendente y al Presidente del Consejo Regional de Los Ríos, para que remitan antecedentes acerca de ESTADO ACTUAL DE AVANCE DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MEHUÍN-MARIQUINA. Y al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, con el objeto de que señale ESTADO DE AVANCE DE ESTE PROYECTO EN PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Del señor NAVARRO:
Al Ministro, al Subsecretario y al Superintendente de Educación, solicitándoles informar en cuanto a SITUACIÓN Y DISCREPANCIAS EN COLEGIOS PRIVADOS, A NIVEL NACIONAL Y EN REGIÓN DE LOS RÍOS, POR PAGO DE COLEGIATURA DE CLASES QUE NO SE ESTÁN IMPARTIENDO DEBIDO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS.
Al Ministro y a todos los Seremis de Educación, con respecto a DISTRIBUCIÓN DE TAREAS ESCOLARES Y MATERIALES EDUCATIVOS A PERSONAS SIN RECURSOS PARA IMPRIMIR DICHO MATERIAL.
Al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al Subsecretario de Justicia y al Intendente, al Seremi de Justicia y Derechos Humanos y al Fiscal Regional del Biobío, pidiéndoles indicar SITUACIÓN DE HOGAR NIDO, DE COMUNA DE HUALPÉN, CON FECHA DE CADUCIDAD 1° DE MAYO.
A la Ministra del Trabajo y Previsión Social y al Subsecretario del Trabajo, solicitándoles información acerca de PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN QUEDADO SIN EMPLEO ENTRE MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020, A NIVEL NACIONAL Y EN REGIÓN DEL BIOBÍO.
Al Ministro y al Subsecretario de Obras Públicas y al Intendente y al Seremi del Medio Ambiente del Biobío, solicitándoles indicar SITUACIÓN DE PROYECTO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL BIOBÍO PACYT.
Al Ministro de Obras Públicas y al Director General de Aguas, pidiéndoles información sobre MEDIDAS INMEDIATAS REFERIDAS A PLANES DE EMERGENCIAS PARA LOS HABITANTES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO.
Al Ministro de Obras Públicas, requiriéndole antecedentes acerca de CANALIZACIÓN DE PROYECTOS DE AGUAS RURALES A NIVEL NACIONAL, Y ESPECÍFICAMENTE EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO.
Al Ministro de Salud Pública; a la Subsecretaria de Salud Pública; al Subsecretario de Redes Asistenciales; a la Presidenta de la Confusam, y a los Seremis de Salud de las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana, de O'Higgins, del Maule, del Biobío, del Ñuble, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén, y de Magallanes y la Antártica Chilena, pidiéndoles información sobre FALTA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD PARA TRABAJADORES QUE HAN RESULTADO HOSPITALIZADOS O EN CUARENTENA.
Al Ministro de Salud Pública, al Intendente del Biobío y al Seremi de Salud del Biobío, solicitándoles información relativa a IMPORTACIÓN Y USO DE FÁRMACO USADO CONTRA EL LUPUS (HIDROXICLOROQUINA) PARA CONTAGIOS POR COVID-19, ANTE PREOCUPACIÓN DE ASOCIACIÓN LUPUS CHILE SOBRE FUTURA DISPONIBILIDAD DE ESE MEDICAMENTO Y PARA CONOCER RAZONES DE NO IMPORTACIÓN DE INTERFERÓN, USADO CON ÉXITO POR DIFERENTES PAÍSES EN LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS.
Al Ministro de Salud, al Intendente del Biobío y al Seremi de Salud del Biobío, requiriendo información acerca de NÚMERO DE CONTAGIADOS EN EL PERSONAL DE SALUD, DESAGREGADOS POR MÉDICOS, ENFERMEROS, AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS; MEDIDAS TOMADAS PARA EVITAR FUTUROS CONTAGIOS, Y LUGARES DONDE LLEVAN A CABO SU PROCESO DE CUARENTENA.
Al Intendente del Biobío, al Gobernador de Concepción y al Alcalde de Los Ángeles, solicitando antecedentes respecto de ESTADO DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ARREGLO DE LUMINARIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 400 FAMILIAS QUE HABITAN EN EL SECTOR DE JUNTA DE VECINOS EL ARRAYÁN.
Al Gerente General de Essbio, pidiendo información sobre ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO ADJUDICADO QUE MEJORARÍA LA CALIDAD DE VIDA DE 400 FAMILIAS QUE HABITAN EN EL SECTOR DE JUNTA DE VECINOS EL ARRAYÁN.
Al Seremi de Obras Públicas del Biobío, a la Alcaldesa de Hualpén y al Gerente General de Essbio, solicitando antecedentes referidos a FACTIBILIDAD DE REPARACIÓN DE CÁMARAS DE AGUA, ALCANTARILLADOS EN MAL ESTADO Y DESAGÜES TAPADOS QUE PROVOCAN REBALSES Y DETERIORO DE CALLES EN COMUNA DE HUALPÉN, DIFICULTANDO EL ACCESO DE VECINOS AL REGISTRO CIVIL Y AL CENTRO COMUNITARIO.
Al Seremi de Obras Publicas del Biobío, al Alcalde de Talcahuano y al Encargado de Vialidad del Biobío, requiriendo ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE REPARACIONES DE CAMINOS DE LA COMUNA DE TALCAHUANO, EN SECTORES DE POBLACIÓN MIRADOR DEL PACÍFICO Y POBLACIÓN LIBERTAD.
Al Seremi de Obras Públicas del Biobío y al Alcalde de Talcahuano, requiriendo ARREGLO DE CALLES EN POBLACIÓN JAIME REPULLO, COMUNA DE TALCAHUANO, QUE COLAPSARON CON LAS LLUVIAS:
Al Seremi de Salud del Biobío, al Seremi del Medio Ambiente del Biobío y a la Alcaldesa de Hualpén, en relación con DENUNCIAS RECIBIDAS POR BASURAL EN COMUNA DE HUALPÉN: FISCALIZACIONES REALIZADAS EN TERRENO POR CONDICIONES DE RIESGO SANITARIO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS VECINOS DEBIDO A EXISTENCIA DE BASURA, MALOS OLORES Y PLAGA DE RATONES.
Al Seremi de Obras Públicas del Biobío y a la Alcaldesa de Hualpén, con relación a MEJORAMIENTO DE CAMINO DESDE SECTOR DE LAS CUATRO ESQUINAS HASTA ENTRADA DE CALETA DE LENGA.
A los Seremis de Salud de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, de la Región Metropolitana, de O'Higgins, del Maule, de Ñuble, del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes, consultándoles, en sus respectivos territorios, por IDENTIDAD DE PERSONAS ENCARGADAS DE ABASTECER A ENFERMOS DE COVID-19 CON ENSERES BÁSICOS Y ALIMENTOS CON EL OBJETO DE ASEGURAR UN AISLAMIENTO SEGURO Y NO SER FOCO DE CONTAMINACIÓN.
A los Seremis de Salud y del Medio Ambiente del Biobío y al Alcalde de Talcahuano, para que informen sobre NÚMERO DEFISCALIZACIONES REALIZADAS ANTE DENUNCIAS POR CONSTANTES BASURALES EN DISTINTOS SECTORES DE TALCAHUANO, A FIN DE CONOCER EN QUÉ CONDICIONES DE RIESGO SANITARIO SE ENCUENTRAN VECINOS AFECTADOS NO SOLO POR BASURA Y MALOS OLORES, SINO TAMBIÉN POR PLAGAS DE GUARENES EXISTENTES, y respecto de PLAN DE ACCIÓN PARA EVITAR PROCREACIÓN DE PERROS VAGOS EN LA COMUNA Y SI CUENTAN CON RECURSOS EXISTENTES PARA ELLO.
A los Seremis de Salud y del Medio Ambiente del Biobío y al Alcalde de Coronel, pidiéndoles información acerca de NÚMERO DEFISCALIZACIONES REALIZADAS ANTE DENUNCIAS POR CONSTANTES BASURALES EN LOS SECTORES ESTERO MANCO, CORCOVADO 1 Y VILLA MORA, EN COMUNA DE CORONEL, A FIN DE CONOCER EN QUÉ CONDICIONES DE RIESGO SANITARIO SE ENCUENTRAN VECINOS AFECTADOS NO SOLO POR BASURA Y MALOS OLORES, SINO TAMBIÉN POR PLAGAS DE GUARENES EXISTENTES.
A los Seremis de Salud y del Medio Ambiente del Biobío y al Alcalde de Santa Juana, consultándoles por NÚMERO DEFISCALIZACIONES REALIZADAS ANTE DENUNCIAS POR CONSTANTES BASURALES EN EL SECTOR DE CHACAY, A FIN DE CONOCER EN QUÉ CONDICIONES DE RIESGO SANITARIO SE ENCUENTRAN VECINOS AFECTADOS NO SOLO POR BASURA Y MALOS OLORES, SINO TAMBIÉN POR PLAGAS DE GUARENES EXISTENTES.
A los Seremis de Salud y del Medio Ambiente del Biobío y al Alcalde de Nacimiento, en lo relativo a NÚMERO DEFISCALIZACIONES REALIZADAS ANTE DENUNCIAS POR CONSTANTES BASURALES EN LOS SECTORES DE MONTERREY, LAS CORRIENTES, LA HIGUERA Y LOS LITRES, A FIN DE CONOCER EN QUÉ CONDICIONES DE RIESGO SANITARIO SE ENCUENTRAN VECINOS AFECTADOS NO SOLO POR BASURA Y MALOS OLORES, SINO TAMBIÉN POR PLAGAS DE GUARENES EXISTENTES.
Al Seremi de Obras Públicas del Biobío y al Jefe de Zona de Carabineros del Biobío, solicitándoles antecedentes con relación a ACCIDENTES DE TRÁNSITO OCURRIDOS EN AVENIDA PRINCIPAL CALLE SUIZA ESQUINA CALLE BULGARIA, COMUNA DE HUALPÉN: FRECUENCIA DE MANTENCIONES EN DICHAS VÍAS DE CIRCULACIÓN MASIVA (AL SEREMI) Y NÚMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR ACCIDENTES EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS (AL JEFE DE ZONA).
Al Alcalde de Talcahuano, al Jefe de Zona de Carabineros del Biobío y al Prefecto Inspector de la Policía de Investigaciones del Biobío, requiriéndoles informar sobre MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS PARA DISMINUIR VANDALISMO, DELINCUENCIA, MICROTRÁFICO Y CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCAHUANO.
Al Alcalde de Talcahuano, pidiendo antecedentes respecto de MANTENCIÓN Y CORTE DE MALEZAS Y PASTIZALES EN CALLES SAN VICENTE, PUERTO INGLÉS, EL PARRÓN, COLIUMO Y PLAYA BLANCA, DE POBLACIÓN NUEVA LOS LOBOS, PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
Al Alcalde de Talcahuano y al Gerente General de Essbio, solicitándoles antecedentes sobre CÁMARAS DE AGUA Y DESAGÜES EN MAL ESTADO EN COMUNA DE TALCAHUANO.
Al Alcalde de Talcahuano y al Director Ejecutivo de la Compañía General de Electricidad, requiriéndoles información respecto de FRECUENCIA DE INSPECCIONES AL ALUMBRADO PÚBLICO ANTE DENUNCIAS DE JUNTA DE VECINOS Nº 49 VILLA BADARÁN POR POSTES DETERIORADOS E INCLINADOS HACIA LAS VIVIENDAS.
Al Alcalde de Talcahuano, consultándole por FACTIBILIDAD Y FECHA DE SANITIZACIÓN DE COLEGIO NUEVA LOS LOBOS C-1300; planteándole NECESIDAD DE RETIRO DE VEHÍCULO QUEMADO HACE DOS AÑOS EN CALLE PRINCIPAL LOS FLAMENCOS (POBLACIÓN LOS PABELLONES), y preguntándole por POSIBILIDAD DE ERRADICACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE DESDE CECOSF LIBERTAD GAETE Y POR ALBERGUES O CENTROS DE RESIDENCIA PARA RECIBIR A DICHAS PERSONAS.
Al Alcalde de Chiguayante, solicitándole información sobre "PLAN DE EMERGENCIAS AGUAS LLUVIAS Y DECANTADORES DE BARRO" EN SU COMUNA.
A los Alcaldes de la Región del Biobío, preguntándoles por FRECUENCIA SEMANAL DE ENTREGA DE RECURSO HÍDRICO POR CAMIONES ALJIBES.
A la Alcaldesa de Hualpén, haciéndole presente NECESIDAD DE ARREGLO DE CANCHA DE CLUB DEPORTIVO HALCONES (POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE); planteándole consultas ante DENUNCIAS RECIBIDAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN AVENIDA PRINCIPAL CALLE SUIZA ESQUINA CALLE BULGARIA, y preguntándole por FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE LOMO DE TORO EN CALLE OSTRAVA.
Al Alcalde de Los Ángeles, pidiéndole información sobre ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO ADJUDICADOS A POBLACIÓN CHACAYAR SUR, INDICANDO SI SE CONSIDERA PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR; ESTADO DE REGULACIÓN DE SITIOS DE 120 FAMILIAS PERTENECIENTES A COMITÉ DE ADELANTO LA PODEROSA, SECTOR EL OLIVO, Y ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL ADJUDICADO POR DIDECO.
Al Alcalde de Los Ángeles y al Gerente General de Essbio, solicitándoles información acerca de ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL ADJUDICADO PARA 150 FAMILIAS PERTENECIENTES A COMITÉ DE ADELANTO EL PROGRESO, SECTOR SAN CARLOS DE PURÉN.
A los Alcaldes de Nacimiento, de Coronel y de Santa Juana, requiriéndoles información sobre FALTA DE SEÑALÉTICAS DE TRÁNSITO Y DE PINTURA PARA PASOS DE CEBRA HABILITADOS EN TALES COMUNAS E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIONES QUE PRECISAN SANITIZACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES.
A los Alcaldes de Coronel, de Los Ángeles, de Santa Juana, de Nacimiento y de Hualpén, para que remitan antecedentes relativos a PLAN DE TRABAJO RELATIVO A FUNCIONAMIENTO DE FERIAS LIBRES APLICADO ANTE CRISIS SANITARIA PARA SEGURIDAD DE VECINOS QUE SE ABASTECEN DE ALIMENTOS.
A los Alcaldes de Nacimiento, de Talcahuano, de Santa Juana y de Coronel, solicitándoles información acerca de PLAN DE ACCIÓN ANTE RETORNO A CLASES PARA RESGUARDO DE SALUD DE CADA ALUMNO EN AULAS DE ESCUELAS Y COLEGIOS MUNICIPALES.
A los Alcaldes de Coronel, de Santa Juana y de Nacimiento, para que remitan información sobre CANTIDAD DE PERSONAS QUE HASTA LA FECHA HAN SOLICITADO ALIMENTOS EN ETAPA DE CRISIS SANITARIA Y MONTO INVERTIDO EN AYUDA ENTREGADA.
Al Alcalde de Hualpén, al Jefe de Zona de Carabineros y al Inspector de la Policía de Investigaciones de la Región del Biobío, para que informen respecto de MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS CONTRA VANDALISMO QUE AFECTA A VECINOS DE POBLACIÓN RENÉ SCHNEIDER, COMUNA DE HUALPÉN.
A los Alcaldes de Nacimiento, de Coronel y de Santa Juana, requiriéndoles antecedentes tocantes a MONTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN 2020 RELACIONADOS CON ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES.
A los Alcaldes de Santa Juana, de Nacimiento y de Coronel, a fin de que den a conocer LÍNEAS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA QUE SE ENCUENTRAN EN PARO PARCIAL O INDEFINIDO, DETALLANDO, POR SECTORES, CANTIDAD DE BUSES QUE YA NO CIRCULAN DIARIAMENTE.
Al Alcalde de Coronel, consultándole por FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE AERÓDROMO DE ISLA SANTA MARÍA.
Al Encargado de la Dirección de Aeropuertos en Región del Biobío, Ministerio de Obras Públicas, pidiéndole informar SI AEROPUERTO DE ISLA SANTA MARÍA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO NORMAL, NÚMERO DE VUELOS MENSUALES EN LA ISLA Y CANTIDAD DE PERSONAS QUE OCUPAN ESTE MEDIO DE TRANSPORTE PARA ENTRAR Y SALIR DEL LUGAR.
Al Gerente General de EFE, preguntándole por CANALES DE AGUAS LLUVIAS COLINDANTES CON LÍNEA FÉRREA.
Al Gerente de Mercado Hiper Lider en Walmart, al Director Ejecutivo de Cencosud (Jumbo-Santa Isabel) y al Presidente del Directorio SMU Unimarc, requiriéndoles información sobre ALZAS EN PRECIOS DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, A NIVEL NACIONAL Y DESAGREGADAS POR COMUNAS Y PROVINCIAS.
Al Gerente de ENAP Refinería Biobío, pidiéndole informar sobre FACTIBILIDAD DE APOYO A SOLICITUD DE VECINOS DE POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE HUALPÉN, EN ORDEN A ARREGLAR LA CANCHA DEL CLUB DEPORTIVO HALCONES.
Y al Gerente General de Essbio, sobre MANTENCIÓN DE CÁMARAS DE AGUAS LLUVIAS Y DESAGÜES EXISTENTES EN COMUNAS DE CORONEL, NACIMIENTO Y SANTA JUANA.
De la señora RINCÓN:
Al Ministro de Relaciones Exteriores, solicitándole INICIO DE GESTIONES CON COORDINADORA RESIDENTE DE NACIONES UNIDAS EN CHILE A FIN DE ASIGNAR RECURSOS ECONÓMICOS QUE ESA ORGANIZACIÓN TIENE DESTINADOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL CONTAGIO DEL VIH-SIDA.
Y al Subsecretario de Desarrollo Social y Administrativo, pidiéndole INICIO DE GESTIONES CON COORDINADORA RESIDENTE DE NACIONES UNIDAS EN CHILE Y CON GOBIERNOS REGIONALES A FIN DE DESTINAR RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL CONTAGIO DEL VIH-SIDA.
De la señora RINCÓN, el señor MONTES y el señor QUINTANA:
Al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, solicitándole remitir a la Comisión Especial de Infancia del Senado, en el plazo de diez días: REGLAMENTO PREVISTO EN ARTÍCULO 36, INCISOS 3° Y 4°, DE LEY N° 20.032 Y REGLAMENTO U OTRA NORMATIVA TÉCNICA QUE ESTABLEZCA LOS REQUISITOS Y CONTENIDOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS COLABORADORES ACREDITADOS DEL SENAME PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN QUE ENVÍAN A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA; y hacer llegar, en el mismo período, MEDIDAS ADOPTADAS PARA OBTENER IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS AFECTADOS POR INTERVENCIONES FALSAS Y MAL INVESTIGADAS POR PARTE DE CORPORACIÓN OPCIÓN, FUNDACIÓN MI CASA, CIUDAD DEL NIÑO Y CORPORACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES; INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL MINISTERIO AL SENAME Y A LOS DIRECTORES DE LAS ORGANIZACIONES RESPONSABLES; INFORMACIÓN ENTREGADA AL PODER JUDICIAL Y PLAN DE EVALUACIÓN DE LAS OCAS INVOLUCRADAS, CON VISTAS A LA CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE SUS CONVENIOS.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:33.
Julio Cámara Oyarzo
Director de la Redacción