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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 368ª
Sesión 20ª, en martes 5 de mayo de 2020
Especial
(De 11:29 a 14:04)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, PRESIDENTA;
Y SEÑORES RABINDRANATH QUINTEROS LARA, VICEPRESIDENTE, Y
CARLOS BIANCHI CHELECH, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Felipe Ward Edwards, y de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Sichel Ramírez.
Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y la Subsecretaria de la Niñez, señora Carol Bown Sepúlveda.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:29, en presencia de 22 señoras Senadoras y señores Senadores.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Los Comités, en sesión celebrada el día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Incorporar, en lugar preferente de la tabla de la sesión extraordinaria de hoy, el proyecto que modifica la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales en las materias que indica (boletín N° 13.401-13), iniciando su discusión en cuanto se reciba el informe o, en su defecto, el certificado de la Comisión Mixta de Trabajo.

2.- Tratar en la sesión extraordinaria de mañana, miércoles 6 de mayo, en primer, segundo y tercer lugares, respectivamente, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede un ingreso familiar de emergencia (boletín N° 13.461-31), si se recibe el informe de la Comisión de Hacienda, quedando facultada la señora Presidenta para prorrogar la sesión hasta su total despacho.
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que promueve el acceso al agua potable (boletín N° 12.512-11).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la portabilidad financiera (boletín N° 12.909-03), si se recibe el informe de la Comisión de Economía.

3.- Tratar en primer lugar del Orden del Día de la sesión extraordinaria del próximo miércoles, 13 de mayo del año en curso, el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, para limitar la reelección de las autoridades que indica (boletines Nos 4.115-07, 4.499-07, 4.701-07, 4.891-07, 7.888-07 y 8.221-07, refundidos).

4.- Respecto de las declaraciones de inadmisibilidad efectuadas por la Mesa, se acordó el siguiente procedimiento para su debate en Sala:
-Declarada la inadmisibilidad de una moción, de producirse el debate en torno a dicha declaración, se otorgarán cinco minutos a uno de los autores de la respectiva iniciativa para sostener su admisibilidad, y, seguidamente, diez minutos por Comité para intervenir en dicho debate. Concluidas las intervenciones, se procederá de inmediato a la votación correspondiente.
Es todo, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Gracias, señor Secretario.

La señora EBENSPERGER.- ¿Qué proyecto es?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Es un procedimiento general para las declaraciones de inadmisibilidad.

La señora EBENSPERGER.- ¡Ah, bueno! Es un procedimiento.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Requiero la unanimidad de la Sala para incorporar en lugar preferente de la tabla de la sesión extraordinaria del día de hoy el proyecto que modifica la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales en las materias que indica (boletín N° 13.401-13), iniciando su discusión en cuanto se reciba el informe o, en su defecto, el certificado de la Comisión Mixta de Trabajo.
Se trata de una propuesta de los Comités.
¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.

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El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Pugh, para un asunto de reglamento.

El señor PUGH.- Señor Presidente, le pido que recabe la autorización respectiva para que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura pueda sesionar paralelamente con la Sala de 12 a 13:30 horas, en atención a que se agendó una reunión con todos los dirigentes del sector pesquero artesanal de la zona sur a fin de analizar los problemas que en estos momentos tienen las caletas de pescadores producto de la pandemia.
Ellos ya están convocados, al igual que las autoridades de Gobierno, el Subsecretario de Pesca, en fin.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el Senador señor Pugh?
Acordado.
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El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Asimismo, solicito la unanimidad de la Sala para incorporar en la tabla de la sesión extraordinaria de mañana, miércoles 6 de mayo, en primer, segundo o tercer lugares, respectivamente, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede un ingreso familiar de emergencia (boletín N° 13.461-31), si se recibe el informe de la Comisión de Hacienda, quedando facultada la señora Presidenta para prorrogar la sesión hasta su total despacho; y el proyecto, en segundo trámite constitucional, que regula la portabilidad financiera, si se recibe el informe de la Comisión de Economía.
¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, entiendo todos estos proyectos que vamos a incorporar en la tabla.
Sin embargo, hoy día, por un error involuntario en la reunión de Comités no alcanzamos a referirnos a una iniciativa de ley, y por eso pido la unanimidad de la Sala para incorporarla a la tabla de hoy o de mañana cuando llegue desde la Cámara de Diputados, que sanciona el incumplimiento de las disposiciones sanitarias sobre la pandemia. Esto, producto del poco respeto a la medida de la cuarentena de parte importante de la ciudadanía, lo que contribuye al mayor riesgo de contagio.
Ese proyecto debiera estar llegando esta tarde. De modo que insisto en mi solicitud para que sea incorporado a la tabla, hoy o mañana, pues, como digo, por una inadvertencia involuntaria no alcanzamos a tratar el punto en la reunión de Comités.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Señor Senador, como usted se habrá dado cuenta, tenemos la mejor voluntad para tramitar los proyectos de ley. Pero hay un solo problema: deberemos citar a reunión de Comités, más tarde o mañana en la mañana, porque se necesita su acuerdo para incorporar dicha iniciativa a la tabla.

El señor GIRARDI.- ¡La hacemos, señor Presidente; no hay problema para ello!

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Por eso señalo aquello: los citaremos más tarde o durante la mañana.
Pero no hay ninguna dificultad al respecto.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, pasaremos a ver la tabla de hoy.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, ¿podrían entrar los dos Subsecretarios?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- ¿Les parece a Sus Señorías autorizar el ingreso a la Sala tanto del Subsecretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa, como de la Subsecretaria de la Niñez, señora Carol Bown?
Acordado.
III. ORDEN DEL DÍA



CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA


El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en segundo trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia y modifica normas legales que indica, con segundo informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.027-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 94ª, en 5 de marzo de 2019 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes: sesión 21ª, en 4 de junio de 2019.
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes (segundo): sesión 18ª, en 29 de abril de 2020.
Hacienda: sesión 18ª, en 29 de abril de 2020.
Discusión:
Sesión 21ª, en 4 de junio de 2019 (se aprueba en general).

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 4 de junio de 2019.
La Comisión Especial deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 12, 14, 28, 30, 33, 43, 44, 45, 50, 52, 53 y 55 permanentes y los artículos sexto, séptimo, noveno y décimo transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Cabe señalar que el artículo 12 y el inciso segundo del artículo 45 requieren para su aprobación 25 votos favorables, por ser normas de rango orgánico constitucional. Por su parte, el artículo 33 precisa de 22 votos a favor, por tratarse de una disposición de quorum calificado.
Con ese mismo quorum calificado de 22 votos favorables debe ser aprobado el artículo 32, el cual no fue objeto de modificaciones en el segundo informe.
La Comisión Especial efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, e introdujo modificaciones en el artículo 18 bis permanente y en los artículos primero, quinto y octavo transitorios del texto despachado por la Comisión Especial en su segundo informe, todas ellas aprobadas por unanimidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o que existan indicaciones renovadas.
De las enmiendas unánimes, las referidas a los artículos 4, inciso final; 9; 10; 11; 24, inciso segundo, y 49, inciso sexto, permanentes, requieren para su aprobación 25 votos favorables, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general; las enmiendas realizadas por la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes; las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, y el texto que quedaría de aprobarse esas enmiendas.
Es todo, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Gracias, señor Secretario.

En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión Especial de Infancia, Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en mi calidad de titular de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, me corresponde entregar el segundo informe con respecto a la iniciativa de ley en referencia, en segundo trámite constitucional, iniciada en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de "suma" el 25 de marzo del 2020.
Este proyecto viene de la Cámara de Diputados, la que lo aprobó en general y en particular a la vez en sesión ordinaria 133ª, de fecha 24 de enero de 2019.
Esta iniciativa ingresó al Senado el 25 de enero de 2019, y se dio cuenta de ella en la sesión ordinaria 94ª, del 5 de marzo de ese año, pasando a la Comisión Especial de Infancia.
Fue aprobada en general por esta Honorable Corporación en sesión de 4 de junio de 2019, oportunidad en que se fijó como plazo para presentar indicaciones el 1° de julio de ese mismo año; luego ese período fue ampliado hasta el 15 del referido mes. Finalmente, la Sala abrió un nuevo plazo para tal propósito, el cual venció el 22 de julio del año pasado.
La Comisión Especial de Infancia despachó este proyecto también en particular, incluyendo una serie de modificaciones producto de múltiples indicaciones presentadas por el Ejecutivo y, principalmente, por los Senadores de la Comisión, las que en su gran mayoría fueron aprobadas después de trabajar arduamente para llegar a la mayor cantidad de acuerdos posibles.
Y digo "la mayor cantidad de acuerdos posibles", señor Presidente, porque en gran parte las normas de que trata son de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República.
Revisado el proyecto posteriormente por la Comisión de Hacienda, fue aprobado sin cambios de fondo, con algunos ajustes de texto y con el cumplimiento del compromiso en el sentido de establecer que la entrada en vigencia de la futura ley sea dentro del plazo máximo de un año contado desde su publicación.
En cuanto a los participantes, debo señalar que durante el análisis de esta propuesta de ley asistieron a la Comisión Especial de Infancia, además de sus miembros, los Honorables Senadores Felipe Kast y Alejandro Navarro. Asimismo, se contó con la participación del Ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Sichel; de la Subsecretaria de la Niñez, señora Carol Bown y de la Jefa de la División de Promoción y Prevención de esa Subsecretaría, señora Blanquita Honorato; de la asesora legislativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, señora Andrea Martínez; de las asesoras legislativas de la Subsecretaría de la Niñez señoras Simona Canepa y Verónica Rodríguez, y del Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Máximo Pavez, además de múltiples expertos e instituciones dedicadas a la protección de la infancia y de asociaciones de funcionarios del actual Servicio Nacional de Menores.
Los artículos 32 y 33 revisten el carácter de normas de quorum calificado, en tanto establecen la reserva legal de datos personales y sensibles de los niños, niñas y adolescentes asistidos por el Servicio, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República.
Los artículos 9, 10, 11 y 12 fueron considerados como orgánicos constitucionales, por tratarse de materias relacionadas con la organización básica de la Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Carta Fundamental.
Asimismo, el inciso final del artículo 4; el inciso segundo del artículo 24; el inciso segundo del artículo 45, el inciso sexto del artículo 49 comparten tal naturaleza preceptiva, por determinar los dos primeros que la separación del niño de su familia solo puede ser ordenada por los tribunales de familia, y los segundos, por crear una nueva atribución a la judicatura, en concreto, otorgar conocimiento y resolución a las cortes de apelaciones de las reclamaciones que los colaboradores acreditados efectúen acerca de las sanciones cursadas a ellos.
¿Cuál es la estructura del proyecto, señor Presidente?
Se divide en seis títulos, que constan de cincuenta y ocho artículos permanentes y diez disposiciones transitorias.
El Título preliminar se refiere al objeto del Servicio, a los sujetos de atención y a los principios rectores, estableciendo que aquel no atenderá a toda la niñez y adolescencia, sino que solo a los menores amenazados o vulnerados en sus derechos. Tampoco se ocupará de los adolescentes infractores de ley, que serán de responsabilidad del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, cuyo proyecto también se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
El Título II Organización y Funciones, que habla del Director Nacional y de los directores regionales; de un Consejo de Expertos, y del deber de coordinación intersectorial.
Título III De la Protección Especializada, que regula las líneas de acción en las que trabajará el Servicio y los programas de atención especializada de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos; los deberes de ejecución coordinada y la atención personalizada; el registro de colaboradores acreditados, de los programas que se ejecutan y su distribución territorial; un sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo, y el deber de reserva y confidencialidad respecto de tal información sensible, así como la evaluación y supervisión de la protección especializada, las sanciones y el procedimiento sancionatorio, en el que se consideran tres circunstancias agravantes:
Primera, el hecho de haberse vulnerado la vida e integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes sujetos a la atención del Servicio.
Segunda, el hecho de haberse obtenido beneficios económicos con motivo de la infracción.
Tercera, el incumplimiento reiterado del convenio o de las instrucciones que dicte el Director Nacional del Servicio o Director Regional.
Y, finalmente, el cierre del lugar y su administración provisional.
Título IV: Del Patrimonio y del Personal.
Título V: Disposición Final.
Título VI: Modificaciones a Otras Leyes, que señalo a continuación:
-La ley N° 20.032, que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename y su régimen de subvención.
-La ley N° 20.248, que establece la Ley de Subvención Escolar Preferencial.
-La ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y modifica los cuerpos legales que indica.
-La ley N° 19.882, que regula la nueva política de personal de los funcionarios públicos que indica.
-La ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia.
-La ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
-La ley N° 20.880, sobre probidad de la función pública y prevención de los conflictos de interés.
-La ley N° 19.862, que establece los registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
-La ley N° 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores.
-La ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
-La ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
-El decreto ley N° 1.263, del Ministerio de Hacienda, Orgánico de Administración Financiera del Estado.
-La ley N° 21.067, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez.
-La ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.
-El decreto ley N° 249 del Ministerio de Hacienda, que fija la Escala Única de Sueldos para el personal que señala.
-La ley N° 20.594, que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece un registro de dichas inhabilidades.
-La ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar.
-La ley N° 20.084, que establece el sistema de responsabilidades de los adolescentes por infracción a la Ley Penal.
-El Código Procesal Penal, en sus artículos 176 y 177.
-La ley N° 19.553, que concede asignaciones de modernización y otros beneficios que indica.
-El decreto ley N° 2.465, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica. Y
-La ley N° 20.379, que crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el sistema de protección integral a las infancias "Chile Crece Contigo".
Por último, señor Presidente, hay diez disposiciones transitorias que, entre otras cosas, consideran el plazo de un año para que el Presidente de la República fije las plantas de personal del Servicio y el traspaso desde el Servicio Nacional de Menores a este Servicio Nacional de Protección Especializada de aquellos funcionarios que cumplan con los requisitos que se establezcan para el desempeño de los cargos y el personal, así como sus perfiles.
El plazo máximo es de un año desde la entrada en vigencia de la ley y de 18 meses para dictar los reglamentos necesarios.
Es todo cuanto puedo informar, Presidente.

El señor QUINTEROS.- Solicito el asentimiento de la Sala para que me reemplace en la testera unos momentos el Senador señor Carlos Bianchi.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Bianchi, en calidad de Presidente accidental.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
Perdón, antes estaba inscrito el Senador Rabindranath Quinteros.
Tiene la palabra, señor Senador.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el día de hoy estamos convocados para votar un proyecto que viene a modificar una de las instituciones más criticadas de nuestro país. Y estas críticas no han sido en vano.
No podemos hacer oídos sordos a todos los abusos e injusticias que se han cometido en algunas de sus dependencias.
No puedo dejar de mencionar la muerte de la pequeña Lissette Villa, hace unos años; pequeña que falleció en un lugar donde debía entregarse cuidado, protección, de los que se la había despojado por diversas situaciones.
Tampoco puedo pasar por alto el convenio con la Agencia Nacional de Inteligencia, que finalmente se dejó sin efecto, donde se entregaban los datos de todos los menores que están a cargo de este Servicio a la ANI.
¿Cuál era el fin? Claramente, estábamos frente a un convenio que contravenía tratados internacionales firmados por nuestro país, que nos obligan a cuidar y proteger la privacidad de estos menores, quienes casi en su totalidad han sido vulnerados en sus derechos en distintos ámbitos. Por eso están bajo el cuidado de esta institución.
¿Qué se pretendía? ¿Vulnerarlos aún más?
Me deja tranquilo que ese convenio haya quedado sin efecto. Y espero que este tipo de situaciones no se repitan bajo ninguna circunstancia.
Como decía, el proyecto que nos convoca viene a cambiar la institucionalidad existente en cuanto a vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es uno de los proyectos de la nueva institucionalidad de menores, cuya otra parte es la iniciativa de ley sobre el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que se encarga del proceso de administración y ejecución de las medidas contempladas en la ley N° 20.084, poniendo especial énfasis en la implementación y desarrollo de programas que contribuyan a la modificación de las conductas delictivas y apunten de verdad hacia una efectiva reinserción social de los adolescentes infractores de la ley.
En este sentido, se viene a separar a aquellos menores infractores de la ley de aquellos que han sido vulnerados en sus derechos por distintas circunstancias, algo necesario desde hace mucho tiempo.
Este proyecto tiene como eje rector la restitución de los derechos de los niños y las niñas afectados por vulneraciones graves a sus derechos; pero también la reparación de esos derechos vulnerados, teniendo como principales articuladores el interés superior de la niña o el niño, la protección reforzada del derecho de los niños y las niñas a su vida familiar, el derecho a ser oídos y el deber de reserva y secreto que tendrán los funcionarios y funcionarias del Servicio respecto de los datos personales de estos menores.
Se avanza en cuanto a la acreditación de los entes que proveen la protección especializada, lo cual es un requisito para ejecutar dicha prestación y recibir la subvención por parte del Estado. Existen normas de carácter general que establecen exigencias para la adjudicación de proyectos y su posterior evaluación. Asimismo, se disponen sanciones para aquellos entes especializados que no cumplan con los estándares fijados por la autoridad.
Acá el foco de atención principal son los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Pero se extiende también el foco de atención al entorno más próximo de los menores.
La familia también es parte del proceso. Y el Estado debe procurar que los menores reconozcan en sus familias espacios de cuidado seguros y con afecto, donde sus derechos no sean vulnerados en ningún ámbito.
Debemos seguir avanzando en una nueva institucionalidad. El Estado de Chile tiene una deuda con los niños, niñas y adolescentes que han visto sus derechos vulnerados en lugares donde se supone que deben protegerlos y entregarles los cuidados necesarios para su desarrollo integral.
Con esta nueva institucionalidad se avanza en ese objetivo. Y esperamos que en lo futuro ninguno de estos adolescentes vea sus derechos vulnerados en situaciones tan dolorosas como las conocidas la semana recién pasada en un hogar de Hualpén.
Ningún niño merece pasar por eso y debe ser el Estado el principal garante de su protección e integridad tanto física como psíquica.
Voto a favor.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador David Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, sin duda que cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes estamos hablando de un sector social, de un sector de nuestra comunidad de enorme sensibilidad en todo sentido.
Y más aún cuando vemos que, a lo largo de la historia y de los años, la suma de situaciones muestra que, como país, como Estado, desde el seno de nuestras propias familias, a veces no hemos sido capaces de generar las condiciones para un desarrollo integral, armónico, como corresponde.
¿Qué más vulnerable que un niño o una niña o un adolescente?
¿Qué más natural y lógico que un país cree la institucionalidad necesaria, suficiente y acorde para hacer frente a lo que significa la adecuada protección, el adecuado resguardo y el adecuado ejercicio de los derechos que le asisten a cualquier persona, y particularmente a un niño?
Por ello, si en algo hemos pecado como Estado ha sido en nuestra permanente y sistemática actitud reactiva frente a los hechos. Si no fuese por lo acontecido en Hualpén, en este minuto no estaríamos tratando el presente proyecto.
¡Qué terrible es lo que estoy planteando!
¡Si no fuese por los dramáticos hechos acaecidos en una institución del Estado, en la cual se generan situaciones tan condenables, como las que pasaron dos menores internados allí, no estaríamos hoy día tramitando esta iniciativa!
Por eso digo que somos muy reactivos. Y aquí con seguridad pronunciaremos grandes discursos respecto de lo que significa la adecuada protección de los niños, niñas y adolescentes.
Considero que ha llegado el momento de no ser reactivos, sino que de ir actuando en consecuencia frente no solamente a ese acontecimiento, sino que ante un cúmulo de situaciones que la sociedad hoy día nos está demandando atender y frente a las cuales debemos mostrar necesariamente una conducta totalmente renovada en la forma de hacer las cosas.
Es triste que cada cierto tiempo emanen, ya sea de entidades públicas o de privadas, porque aquí nadie se exime de responsabilidad, circunstancias a través de las cuales nos encontramos de repente con sendas denuncias públicas por hechos de abuso a que son sometidos niños, niñas o adolescentes.
En la Cámara de Diputados me tocó participar en la tramitación de diferentes iniciativas: la que creaba la Defensoría de la Niñez, modificaciones al Sename, la creación de la Subsecretaría de la Niñez, la que analizaba el rol de los tribunales de familia.
Para qué decir lo que hacían los propios municipios. Los que fuimos alcaldes creamos las famosas OPD, entidades que de alguna manera procuraban hacerle mella al fondo del problema.
Es necesario que hagamos algo, velando por la efectividad o la eficiencia de ello.
Señor Presidente, la urgencia de hoy en día, la prioridad que alcanzan los actos vinculados a la pandemia que estamos viviendo, y que ojalá la sigamos enfrentando con todo el rigor y con toda la sabiduría posible, sin duda que no pueden abstraernos de prioridades humanas, sociales tan significativas como esta.
Espero sinceramente, y esto es un mensaje para cada uno de nosotros y para nuestras propias bancadas, que pongamos en prioridad no solamente lo que tenga que ver con este caso en particular que ahora estamos viendo como sociedad, sino también aquellas cosas trascendentes y permanentes, como son la protección de los niños, el acceso a la salud, el cómo vamos generando mecanismos de resguardo y de derecho.
Es triste lo que ha acontecido con este último caso en Hualpén, como han sido tristes las decenas de hechos ocurridos no solo en instituciones del Estado, sino que también en algunas administradas por privados, en donde los niños han visto vulnerados sus derechos y, a veces, han perdido la vida en manos del Estado.
Creo que esto no resiste más discusión. Habrá que resolver las diferencias que tenemos respecto de cómo proceder, pero aquí la prioridad, el acento y el punto tienen que estar necesariamente puestos en los niños, las niñas y los adolescentes.
Voto absolutamente a favor, formulando un llamado, señor Presidente, a priorizar como sociedad aquellos temas que son mucho más permanentes que cualquier otra circunstancia.
He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Nos han pedido abrir la votación, por supuesto manteniendo los tiempos de intervención.
El Senador Quinteros nos lo ha solicitado.
¿Habría unanimidad?

El señor ELIZALDE.- Sí.

La señora EBENSPERGER.- No, señor Presidente, porque estoy revisando unas cosas.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Bueno, no vamos a abrir la votación por ahora.
Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.

El señor KAST.- Señor Presidente, creo que hay momentos en que realmente la política, aunque a veces pudiera parecer que en forma tardía, cobra sentido. Y hoy es uno de esos días.
Quiero partir agradeciéndoles a la Presidenta de la Comisión de Infancia, la Senadora Rincón, y al señor Vicepresidente, porque cuando se planteó la semana pasada que en medio de la crisis del COVID este proyecto fuese prioridad, se tuvo buena disposición para tratarlo hoy.
Este es un proyecto estructural, porque, más allá de las cosas obvias, como son generar una institución distinta para los niños vulnerados en sus derechos y los niños infractores de ley, acá se está efectivamente construyendo una institucionalidad permanente, robusta, que nos permita poner a los niños primeros en la fila.
Y es central que dicha institucionalidad nunca más vuelva a ser una caja pagadora de favores políticos. Porque, si hay algo que desgraciadamente ha pasado con el Sename, y que ha significado la vulneración sistemática, permanente de los derechos humanos de miles de niños en los últimos treinta años, es que instituciones del Estado que tenían una finalidad social profunda, como era poder defender a estos niños, fueron utilizadas como agencia de empleo para los partidos políticos de distintos gobiernos. Esto no tiene que ver con una falla de un gobierno de turno.
Y por eso yo les pido que cuando creemos el nuevo Servicio, que está destinado a proteger a los niños, pongamos especial cuidado en que disponga de la independencia, de la autonomía que hoy día tiene, por ejemplo, el Banco Central. Y que no manchemos con el cáncer de los operadores políticos esta nueva institucionalidad. Que, si estamos cerrando el Sename para construir un nuevo Servicio, no recibamos presiones políticas que nos digan: "Yo quiero que instalen a uno de los míos en este lugar". Porque los niños no se merecen que los pongamos al final del vagón. Ellos merecen que lleguen a dirigirlos las personas más capaces de Chile, independiente de su color político; que sean elegidas por Alta Dirección Pública, pero por una Alta Dirección Pública de verdad, con autonomía; y que quien esté a cargo tenga un horizonte de tiempo para poder hacer las transformaciones que debe hacer.
Sabemos que la hoja de ruta para construir instituciones no es fácil, no es rápida. A veces para muchos incluso es poco glamorosa. Bueno, los países que logran generar sociedades justas son los que poseen instituciones robustas.
No es casualidad que tengamos hoy día en materia de política monetaria una inflación controlada, ni un Banco Central prestigiado, reconocido internacionalmente.
¡Y tampoco es casualidad que no podamos decir lo mismo en materia de defensa de los derechos humanos de nuestros niños!
Y por eso este proyecto de ley es tan importante.
Por eso este proyecto de ley significa un punto de partida. Y les pido a todos, Senadores de Oposición y Senadores oficialistas, que vigilemos que el nuevo Servicio esté a la altura.
Quiero señalar que lamento que haya partido ayer Susana Tonda. Porque Susana Tonda venía haciendo una labor importante encaminada a una transformación del Sename que no es fácil, que es de largo aliento. Ella tendrá sus razones. Solo espero que en el nuevo Servicio, a las nuevas autoridades y a los funcionarios les brillen los ojos con pasión, porque saben que trabajan en un lugar que está haciendo justicia con nuestros niños. Y que todo el mundo político sea generoso para que lo que aprobemos hoy día -estoy seguro de que será así, y espero que por unanimidad- no sea otro servicio público más, sino un servicio público que de verdad venga a hacer justicia histórica en prevención, en acompañamiento, y que se complemente con una agenda de infancia que tiene 91 compromisos.
Ojalá el coronavirus no ponga debajo de la alfombra esa agenda de infancia, sino que nosotros, como Senado, no bajemos los brazos, para que esta transformación estructural en favor de nuestros niños llegue a buen puerto.
Termino agradeciéndole también a la Subsecretaria Carol Bown, aquí presente, a quien le ha tocado trabajar muy duro para que este proyecto llegue donde está hoy día.
El Gobierno calificó el proyecto con más de siete urgencias que no se respetaron en su minuto. Y me alegro de que después de un esfuerzo transversal podamos hoy día aprobar, luego de una larga lucha, que se cierre el Sename por fuera y que comience un nuevo servicio de protección a la infancia.
Apruebo el presente proyecto.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Vuelvo a preguntar si podemos abrir la votación.
¿Habría acuerdo?

La señora EBENSPERGER.-

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Perfecto.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende, a quien aprovechamos de saludar muy afectuosamente.

La señora ALLENDE.- Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco sus saludos. En verdad, los he echado bastante de menos presencialmente, pues hace mucho rato que estoy trabajando a distancia, pero en fin.
Hoy nos convoca un tema muy importante y quiero partir por agradecer a la Comisión de Infancia, que ha trabajado duramente para mejorar el proyecto, para poder focalizarlo, para concentrarlo realmente en los niños y sus derechos, y también quiero decir que, lamentablemente, la discusión de esta iniciativa se da en medio de una situación que yo, de verdad, lamento.
A mí me tocó, en algún momento en que fui parte de esa Comisión, ver el trabajo de Susana Tonda. Sé que hizo un gran esfuerzo. No es fácil, y yo lo lamento profundamente, porque sí es cierto que hubo una gran equivocación. No es posible que en una institución que se hace cargo de niños y niñas, en la cual estamos absolutamente al debe como Estado desde hace muchísimos años, de la cual tenemos informes dramáticos, como el de la PDI, de todas las vulneraciones -casos de niños que murieron, incluso estando en manos del Estado o en instituciones colaboradoras-, hoy día haya ocurrido lo que ocurrió, que es este convenio para entregarle información de inteligencia a la ANI.
La ANI tiene como labor, para tomar decisiones, la persecución, prevención y seguridad del terrorismo. Por lo tanto, esto no es más que una estigmatización. Tal como lo dijimos, resulta totalmente inaceptable. Al mismo tiempo, y lamentablemente, empañaron la acción de la Directora los hechos ocurridos en Hualpén, donde el organismo colaborador del Sename permitía abusos sexuales a cambio de donaciones. Este es un acto gravísimo y, por desgracia, la Dirección defendió la permanencia de los niños en esa residencia, lo cual, obviamente, generó un conflicto en el Ministerio de Justicia.
Sé que estamos con una deuda muy grande. Desde hace muchos años que recibimos duras críticas y, aunque hemos hecho el intento de adaptarnos al estándar de la Convención del Niño, ha sido muy insuficiente. Incluso, Chile es uno de los pocos países de América Latina y del mundo que aún no cuentan con una ley marco de garantías, lo cual resulta muy lamentable. Lo intentamos; me acuerdo que cuando fui parte de esa Comisión tratamos de empujarla, pero, finalmente, no conseguimos tramitar y conseguir una ley marco, con una mirada mucho más integral de todos los derechos con que, efectivamente, hoy día contamos.
Me quiero referir a la Región de Valparaíso, porque una de las labores que le tocó cumplir, incluso a la renunciada Directora, fue terminar con la dramática situación de ese Cread que se hizo famoso y crear las nuevas residencias, que eran, evidentemente, mucho más desconcentradas; no la locura de doscientos niños o niñas. Y se establecieron cuatro residencias, en Viña del Mar, Villa Alemana, Quillota y Cerro Alegre (Valparaíso), la cual, lamentablemente, sufrió un incendio y está en fase de reconstrucción en Quilpué.
Esas residencias, evidentemente, atienden un número mucho menor de niños y niñas, pero todavía presentan graves falencias de infraestructura y de falta de seguridad a los funcionarios, falta de fiscalización, de condiciones, en fin. Yo creo que eso se ha ido mejorando, pero todavía es insuficiente.
Lo que nos dicen los funcionarios, además, es que no conversan -y esto es lo grave que ocurre en nuestro país- Salud, Educación y Senda. La carencia de atención mental especializada en niños, niñas y adolescentes es brutal en Chile. Lo es con los adultos, lo es con mayor razón en los niños. Pero, además de que no se conversa con Educación y con el Senda, que tiene que ver con la atención especializada a niños que presentan consumo de drogas y alcohol, no hay planes específicos desde Educación. El Senadis tiene que hacerse cargo de estos niños, incluso con discapacidad, que siempre terminan en el Sename.
Francamente, todavía tenemos mucho más por hacer.
Yo no voy a decir que estamos naciendo con una nueva institución y que por fin dejamos atrás la otra, porque creo que todavía falta demasiado. Reconozco el avance; sé lo importante que es el trabajo que hizo esta Comisión, pero necesitamos trabajar mucho más en la protección de los niños vulnerables, necesitamos trabajar mucho más en las familias de acogida, dándoles todas las posibilidades, por supuesto tratando siempre de que los niños estén con su familia biológica, pero, cuando ello no resulta posible, la familia de acogida es una alternativa, siempre, como digo, que le demos todas y las mejores condiciones.
Nosotros necesitamos, y menos mal que ya se está haciendo, una absoluta separación entre los niños vulnerables en sus derechos y los niños infractores de ley. Por fin hemos logrado hacer esta separación que por tantos años pedimos.
Yo lamento que no haya un sistema real de protección legal para estos niños, que no cuentan con servicios de protección jurídica. Por desgracia, esto no se consiguió y creo que es una de las críticas que se podrían señalar. Junto a la falta de una mirada integral que deberíamos haber aprobado en una ley marco, es, para mí, el tema de la mayor importancia.
Por supuesto, voy a votar a favor del proyecto, pero lamento decir que creo que no está muy bien que dejemos, como ocurre en esta iniciativa, por la vía de la regulación mediante un reglamento, nada menos que seis importantes materias que deben canalizarse a través del Ministerio de Desarrollo Social; reglamentos que tienen que ver con la estructura interna del Servicio; el Consejo de Expertos; las Comisiones Coordinadoras de Protección; las líneas relacionadas con programas de protección especializada, que deberán ajustarse, precisamente, al reglamento que dicte al efecto el Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 ter de su ley orgánica; el monitoreo.
Quiero terminar mis palabras diciendo que debemos avanzar no solo en la ley marco, sino en un efectivo y real monitoreo, para de verdad separar aquellas instituciones que no cumplen con los estándares, aquellas que han violado e incluso abusado de los derechos de los niños. Este es, según recuerdo, el tema que más se enfatizó en la Comisión. No resulta aceptable tener colaboradores donde se detectan fallas, donde hay insuficiente fiscalización, y a los cuales no se les puede estar entregando determinados recursos si a la par no se es extremadamente exigente con los estándares que deben cumplir.
Por supuesto, hay que acompañar a los funcionarios: en su formación, en su especialización. Es una situación delicada, delicadísima, tratar con estos niños, que de por sí son vulnerables, que han sufrido abusos, que han sufrido distintas violaciones. Se requiere una formación muy especializada y, por lo tanto, el personal requiere un apoyo permanente. Yo sé que a veces se han sentido separados. Lamentablemente, en algunos casos se cometieron abusos, pero no se puede estigmatizar a todos los funcionarios.
Por eso, señor Presidente, este es un proyecto que da un paso, que abre una esperanza, pero, por favor, no vengamos a decir que ya hemos cerrado el antiguo Sename, que aquí nació uno nuevo, y que, a partir de ahora, los niños van a estar realmente protegidos en todos sus derechos, porque, mientras no haya salud mental, educación y un trabajo firme con el Senadis, estaremos cojeando. Por algo hemos sido duramente criticados por el Comité de Derechos, que vela, justamente, por el cumplimiento de la Convención del Niño, pues todavía estamos lejos de llegar a los estándares que ella nos exige. Pero estamos dando este paso, que celebro.
Reitero: voy a votar a favor, pero no cerremos los ojos ante la tremenda deuda, ante el deber que tenemos con estos niños, ante la vergüenza que debemos sentir como país, ya que nunca tuvimos una política de Estado realmente defensora de estos niños y sus vulnerabilidades. Es doloroso que se nos haya hecho esta crítica, con toda razón, la cual debemos asumir con modestia, pensando que hay que rehacer un camino, hacer un camino nuevo, pero esta vez bien aterrizado, no con palabras altisonantes que después no llegan a nada. Los niños lo necesitan y nosotros hemos esperado demasiado tiempo.
Confío, entonces, en que seguiremos avanzando y en que tendremos, de una vez por todas, la ley marco que tanto nos hace falta.
He dicho, Presidente.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene a continuación la palabra el Senador don Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, por supuesto que hoy día estamos frente a un proyecto de la mayor importancia. Estamos viendo cómo, finalmente, somos capaces de dar dignidad a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Yo fui uno de los que presentaron, junto con la Senadora Provoste, acciones legales por la situación de Valparaíso, y logramos que se imputara a nueve funcionarios para los efectos de verificar si se habían vulnerado los derechos de niños, niñas y adolescentes. Luego recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las propias acciones legales que presentamos con Yasna Provoste, Aldo Cornejo, el abogado Juan Carlos Manríquez, nos llevaron a dicha Comisión, donde pudimos acreditar la vulneración de una treintena de derechos contemplados en pactos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, particularmente en la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos.
Es por eso que me parece imprescindible avanzar en estas materias.
Y digo esto con un poco de amargura, pues han tenido que suceder situaciones como la ocurrida en Hualpén para que se le ponga urgencia o "discusión inmediata" a proyectos de ley de esta envergadura.
Quiero felicitar el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social, en particular su titular, don Sebastián Sichel, y también el Ministerio de Justicia, pues han considerado que este tema hay que resolverlo de una vez por todas.
Durante muchos gobiernos se nos señaló que debíamos terminar con la actual institucionalidad y darle paso a una nueva, capaz de promover el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Yo sé del compromiso del Ministro Larraín, del Ministro Sichel y de los subsecretarios, a quienes agradezco.
Por lo tanto, espero que hoy día podamos avanzar en términos de aprobar la nueva normativa, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, toda vez que ello nos va a permitir terminar con la estructura del Sename, que está completamente obsoleta.
Esta es una pata del proyecto, una pata importante, aunque creemos que debemos seguir avanzando para volver a darles dignidad a los niños, niñas y adolescentes.
Por eso aprobaremos este proyecto de ley y esperamos, en definitiva, que prontamente podamos asegurar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes estarán siendo protegidos en nuestro país.
He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene a continuación la palabra el Senador José Miguel Insulza.
Lo escuchamos, Senador.

El señor INSULZA.- Muchas gracias, señor Presidente.
Lamento mucho que en estas sesiones no se respete el orden en el que se pidió la palabra.
Esta reforma a la institucionalidad de la infancia es una deuda que nuestro país no ha logrado saldar, luego de casi treinta años de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Por eso, mi primera declaración apunta a valorar sustantivamente el avance de este proyecto, ya que tiene como eje la intervención, el interés superior del niño, su derecho a vivir en familia y a ser oído, así como el resguardo de su autonomía progresiva.
Dicho eso, en el tiempo que tengo, considero importante referirme a las carencias que veo en la ley en proyecto.
Parece preocupante que, una vez más, durante la tramitación del proyecto no se haya presentado la estimación real de gastos que requiere el nuevo Servicio. Según el informe financiero, el aumento de recursos tiene como principal foco la oferta residencial, la cual solo corresponde a un 3 por ciento de los usuarios del Servicio.
La mayoría de los niños y las niñas se atiende en el sistema ambulatorio, para el cual no se prevén mayores recursos. Ello resulta especialmente preocupante en la línea de acción de los diagnósticos, seguimientos y pericias, ámbitos donde se requieren entidades con dedicación exclusiva. Las instituciones que ejecutan otras líneas programáticas no pueden, de acuerdo con esta iniciativa, efectuar esa clase de diagnósticos, debido a lo cual vamos a carecer de instituciones que puedan aplicar adecuadamente tales programas.
Lo anterior generará un problema para el Servicio en lo inmediato, toda vez que no dispondremos de oferentes, lo cual -repito- podría provocar un inconveniente importante cuando la Justicia no tenga, por ejemplo, dónde derivar, dentro de la oferta pública, a los niños y niñas víctimas para la elaboración de informes e intervenciones, dejando en manos de las partes involucradas y en los procesos judiciales la realización de las pericias. Ello provocará un escenario de completa indefensión para los niños en situación de pobreza, más aún cuando se trata de prestaciones de alto costo en el mundo privado.
Asimismo, nos preocupa que se contemple la creación de programas especializados para niños y niñas menores de 14 años, que -y cito el proyecto-, habiendo incurrido en conductas delictuales, por razón de su edad sean inimputables, distinguiendo según los grados de dificultad en los casos con el objeto de disponer de una mayor especialización de los tiempos.
La razón que justificaría esa intervención, entonces, es la infracción de leyes penales y no las graves vulneraciones de derechos que los niños puedan tener en la base. Es decir, los niños y las niñas ingresarán al Sistema de Protección Especializada a raíz de una conducta delictual de la cual no son imputables y sin un debido proceso que determine su participación y responsabilidad en ella, sin defensa y sin garantías.
Esto es un retroceso claro, de treinta años, para el sistema de infancia de nuestro país, un claro incumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, y significa un regreso al modelo tutelar, alejado del enfoque de derechos, que es la base del nuevo sistema.
Quiero recordar que los menores de 14 años no son responsables de la infracción de normas penales y no son objeto de reproche jurídico por ello. Por lo tanto, la atención del Estado debe centrarse en la vulneración de derechos que da origen a los actos de infracción de ley.
Ciertamente, la aprobación del proyecto es importante y constituye un gran avance en el objetivo de modificar una institucionalidad que ha fallado radicalmente en la labor de dar protección a la infancia y la adolescencia. No obstante, subsisten algunas deficiencias en esta iniciativa que, espero, sean enmendadas y corregidas en los trámites legislativos que aún restan.
Por cierto, ya se ha dicho aquí, falta avanzar en otras iniciativas legales. Creo que el proyecto es un paso importante y lo votaré a favor, pero dejo registradas mis dudas con respecto a los dos puntos que he indicado.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, no tengo dudas de que la situación actual del Sename es muy precaria. El actual Servicio Nacional de Menores es el peor de los mundos para nuestros niños, niñas y adolescentes, que han visto vulnerados sus derechos.
Es en esa situación y frente a la crisis de institucionalidad que vivimos hoy día que se enmarca el proyecto que nos ocupa, junto a otra iniciativa que crea un Servicio adicional.
El informe del Comité de Derechos Humanos del año 2018, como recordaron varios Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, nos indicaba que Chile violaba en forma grave y sistemática los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en los centros de residencia de nuestro país.
Y comenzó un tiempo, yo diría bastante largo, en que se presentaron proyectos de ley para separar el Sename, como aquí se ha explicado, en dos instituciones: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, que estamos viendo en estos momentos, y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Sin duda, ambos proyectos van por el buen camino y me parece fundamental darles una rápida tramitación.
Comparto algunas críticas que se han hecho en cuanto a la demora del Senado en poner en tabla este proyecto de ley; tanto es así que hubo que crear una Comisión especial al efecto.
Creo que contar con estas diferentes estructuras, con estos dos Servicios, tal vez no sea la solución total, pero sí avanzará mucho en la protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Por lo tanto, señor Presidente, junto con anunciar mi voto favorable al proyecto, quiero decir que tenía algunas dudas con relación a lo establecido en el artículo 25, inciso primero, pero me han aclarado acá tanto la Senadora Ximena Rincón, Presidenta de la Comisión Especial, como la Senadora Ena von Baer, integrante de ella, que la legislación en proyecto no innova en materia de adopción y que persiste al respecto la legislación vigente.
Aprovecho de felicitar, en los minutos que me quedan, no solamente a la Comisión Especial de Infancia, sobre todo a la Senadora Ximena Rincón, quien ha realizado una gran labor en esta materia, en conjunto con la Senadora de nuestra bancada Ena von Baer, que nos lidera en estos temas, sino también, por cierto, a la Subsecretaria de la Niñez, señora Carol Bown, quien ha puesto todo su cariño, su esfuerzo y profesionalismo en sacar adelante estas iniciativas, y, de la misma manera, al Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel.
Me siento muy contenta de que por fin podamos aprobar en particular este proyecto y avanzar en la protección de todos nuestros niños, sobre todo de aquellos que han visto vulnerados sus derechos, pues, sin duda, ellos lo requieren con urgencia.
Gracias, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.
Lo escuchamos.

El señor DURANA.- Gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley que establece la creación de este Servicio es de extraordinaria importancia para el deber que el Estado tiene con los niños, adolescentes y jóvenes vulnerables de nuestro país.
Se plantea crear dos Servicios focalizados: uno dedicado exclusivamente a los menores de edad infractores de ley, entre los 14 y 17 años, y otro cuyo objetivo único sea la atención de niños y adolescentes vulnerables.
En el ámbito de protección, esta no solo se limita a los niños, niñas y adolescentes, sino que también involucra a sus familias biológicas, adoptivas o de acogida.
Asimismo, es destacable que las acciones de protección no se agoten cuando los menores cumplan los dieciocho años: habrá un acompañamiento hasta los 24 años. Así, serán acompañados en su vida estudiantil y, más aún, serán objeto de un seguimiento durante los 24 meses siguientes a su egreso. Con ello estos niños y niñas, cuya vulnerabilidad hoy nos duele, serán los constructores indispensables del futuro de Chile.
El proyecto contempla un Sistema Integrado de Información del Servicio, el cual tendrá como propósito el seguimiento de los niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente proporcionando las ayudas y prestaciones sociales respectivas. Esta será la forma en que podrán conversar los distintos Ministerios que tienen objetivos sociales.
Es indiscutible que este proyecto de ley constituye uno de los pilares de la agenda del Ejecutivo, en relación con las otras iniciativas en trámite. Desde el inicio del actual Gobierno la agenda por la niñez ha sido una prioridad tanto desde el punto de vista de la tramitación legislativa como del discurso político, que tiene un sentido humanitario y que siempre demostró el Gobierno del Presidente Piñera, lo que manifiesta que el tema de los niños y jóvenes vulnerables debe ser, y será siempre, su principal preocupación, constituyendo uno de los cinco grandes acuerdos nacionales propuestos por el Presidente Piñera al Congreso Nacional.
Por lo anterior, no es casualidad que junto con el presente proyecto se crea también el Servicio Nacional de Protección Especializado a la Niñez y la Adolescencia. Y, actualmente, está en trámite la iniciativa de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el cual está pensado para dar solución, tratamiento y reinserción especial a aquellos adolescentes infractores a cargo del Ministerio de Justicia.
El enfoque familiar del nuevo Servicio se evidencia desde un punto de vista concreto, como es el hecho de que la familia del niño también sea objeto del Servicio que se establece, considerando el hecho de que se propende a que el niño viva en su entorno familiar. Esa debiese ser la regla dentro de los escenarios de vulnerabilidad: conservar el vínculo familiar original y solo abordarse excepcionalmente cualquier otro escenario.
En relación con el artículo 25, incisos primero y segundo, que mencionaba la Senadora Ebensperger, referido a la adopción, solamente quiero tomar en cuenta la frase: "en que se procura una familia, cualquiera sea su composición". Ello porque creemos que la adopción es efectivamente una vía legítima; pero dentro de un núcleo familiar lo más cercano a su familia original, privilegiando adoptantes con algún grado de parentesco. Y de no ser así, optando por aquellas familias que representan un vínculo lo más adecuado para el desarrollo del niño o adolescente. Es decir, aquellas que están constituidas por un padre y una madre.
Gracias, señor Presidente.
Voto a favor.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra, a continuación, la Senadora señora Yasna Provoste.
Senadora, la escuchamos.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, en esta sesión votamos un proyecto de ley que debiera ser de la primera importancia para el país.
La situación que viven nuestros niños, niñas y, en particular, aquellos que han sido vulnerados en sus derechos, debiera ser una verdadera prioridad para el Gobierno, para este y para todos, y no el hacer de esto una caricatura con carácter de eslogan de campaña de un Gobierno, que a la hora de asumir, dijo: "Los niños primero en la fila", pero luego se olvidó de que los niños, niñas y adolescentes son realmente una prioridad para nuestro país.
Esta discusión sucede, además, en un momento cruzado por la coyuntura, producto de la sorpresiva renuncia de la Directora Nacional del Sename.
La reforma en discusión estaba llamada a ser una transformación histórica, profunda, estructural en la atención de niños y niñas vulneradas, constituirse en un antes y un después, que asumiera todo lo mal hecho por décadas y recopilara las mejores prácticas nacionales e internacionales, precisamente, porque si hay una materia en la que no se puede errar y volver en el corto tiempo a una nueva reforma es en esta materia.
Por eso que el llamado de las organizaciones que han trabajado durante tantos años, genuinamente, por la protección de los niños y niñas al Gobierno y a este Parlamento es: "Hagámoslo, pero hagámoslo bien".
Por ello, llama la atención que sigamos reincidiendo en los mismos errores cometidos en este y otros ámbitos, como en la educación, y que han sido constantemente señalados por expertos y distintas instituciones, como la Defensoría de la Niñez, que es, señor Presidente, el "sistema de financiamiento". En lo sustantivo, se mantiene el actual sistema de subvención, limitándose a realizar ciertas adecuaciones.
Con lo anterior, se pierde la oportunidad de adoptar una nueva estructura de financiamiento basado en relaciones contractuales que aseguren los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lo ha planteado con claridad la Defensoría en este presente proyecto de ley, el cual perpetúa un sistema que es ampliamente conocido como fallido.
Es más, señor Presidente, en este momento en que discutimos este proyecto de ley, la propia Defensora de la niñez ha señalado que esta iniciativa apunta a que los cambios reales se logren cuando se ponga realmente el centro en los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, dejando la lógica financiera de alimentar un negocio que se mantiene en esta iniciativa respecto de la situación del proyecto de protección estatal.
Ha señalado la propia Defensora, en su cuenta de Twitter, que este proyecto sobre el Servicio de Protección, y que hoy se ha convocado para la votación, mantiene el mismo sistema de financiamiento que ha sido duramente cuestionado por el Comité de los Derechos del Niño.
Es decir, este proyecto perpetúa un sistema que ha sido un foco permanente de críticas y que, más que movilizar a instituciones que tienen un interés genuino por la protección de los niños y niñas, ha movido a instituciones que tienen un interés ineludible por el lucro.
Pero también quiero reiterar que existe un segundo elemento que resultaba indispensable para que esta reforma no fuera solo un eslogan de campaña y se transformara en un cambio estructural de verdad: que se desechara la incorporación de exigencias de acreditación y reacreditaciones precisas y determinadas, a fin de evitar que quienes hubieran ejecutado acciones que involucraran vulneración de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes pudieran llegar a ser organismos o personas colaboradoras o que mantuvieran su acreditación.
Ambos elementos fueron una y otra vez planteados. Y, de verdad, no se entiende que, mientras el Gobierno y sus colaboradores levantan una y otra vez lo que a esta altura ya está absolutamente ridiculizado: el eslogan de campaña "Los niños primero", cuestionen aspectos tan evidentes como los que mencioné, siendo absolutamente irresponsables al haberlas desechado.
Espero, por el bien de los niños y niñas de nuestro país, por aquellos que han sufrido vulneraciones en sus derechos, que logremos rectificar al menos en estos dos aspectos, que pasemos del eslogan barato de campaña publicitaria al diseño de una institucionalidad y una política pública serias y modernas, que pongan el foco en los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y no como ocurre en este proyecto de ley, el cual mantiene el foco en el negocio, en la lógica de la subvención, y que ni siquiera ha incorporado criterios para estandarizar y dejar fuera a aquellos organismos colaboradores que han vulnerado, en su práctica, derechos humanos esenciales.
Por eso, señor Presidente, porque esta no es una reforma estructural, porque este proyecto no coloca el foco en el centro de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, no puedo contribuir con mi voto favorable.
He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Ena von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, lo saludo y -por su intermedio- a todos los colegas.
En primer término, quiero señalar que en el debate de esta iniciativa no ha primado la visión de confrontación entre Oposición y Gobierno; no ha primado la descalificación y la pelea chica de la política normal, sino que hemos logrado, y en eso agradezco también -por su intermedio- a la Presidenta y a los demás miembros de la Comisión de Infancia.
De verdad ha primado un trabajo de colaboración, encontrando acuerdos y buscando lo mejor para los niños, niñas y adolescentes. Además, participaron distintas organizaciones, que estuvieron sentadas en la mesa discutiendo con nosotros no solo el proyecto de nuevos servicios, sino también -y quiero aclararlo a los demás miembros de la Sala- el que crea un sistema de garantías de los derechos de la niñez.
Nosotros discutimos ambas iniciativas, juntas, en la Comisión de Infancia, e hicimos un esfuerzo bien grande para hacerlas conversar. Por tanto, lamento que este trabajo colaborativo, hecho a puertas sumamente abiertas, con la participación de todas las instituciones involucradas, se ponga en duda, porque si hay un tema en el que creo que la confrontación política no ayuda es en el de infancia. Y eso lo demostró el debate que logramos hacer en la Comisión.
También quiero destacar que el resultado de este proceso no es solamente la creación de estos nuevos servicios, que son muy relevantes, sino también el cambio que ha realizado el Gobierno a través del Sename y de la Subsecretaría de la Niñez para ir mejorando las condiciones en que viven los niños.
Creo que es muy relevante cuando hablamos de que se cambió el enfoque que tradicionalmente tenían los Cread, que eran instituciones que atendían masivamente a niños. Así, se han ido cerrando varios de aquellos, principalmente los centros donde tuvimos más problemas con vulneración de derechos, y se han ido transformando en residencias familiares. Me parece que es un esfuerzo no solamente hecho por el Gobierno -quiero ponerlo sobre la mesa-, sino también por los funcionarios del Sename. ¿Por qué quiero destacarlo? Porque cambiar la lógica en la que se ha venido funcionando durante años no es fácil. Es por ello que se cierran los Cread de Playa Ancha; de Arica; de Nuevo Amanecer, en Biobío; de Galvarino; y se está trabajando también en Pudahuel.
Y no solo ese es un paso importante, sino además que hoy día más de la mitad de los niños ya no estén en el sistema de una casa de acogida, sino directamente dentro de familias de acogida. Se ha ido avanzando mucho en la incorporación de estas familias, lo que considero muy relevante.
Respecto a lo que hacía mención la Senadora Allende, me parece también muy importante.
Si nosotros no implementamos un trabajo intersectorial -lo conversamos en la Comisión de Infancia-, si no le damos mayor énfasis a todo lo que es salud mental -en cuanto a esto hago un llamado, por su intermedio, señor Presidente, al Gobierno, al Ministerio de Salud, a que se haga un esfuerzo especial en todo lo que es salud mental- no vamos a avanzar bien.
Si no hay un trabajo intersectorial con el Ministerio de Educación y con todos los ministerios, como el de Deporte, que de alguna manera tocan el tema de los niños, tampoco vamos a avanzar bien.
Pero se ha hecho algo. Por ejemplo, me parece muy muy relevante el nuevo sistema de casas de acogida especializadas en niños que estuvieron hospitalizados por problemas de salud mental. Considero que se ha ido avanzando bien... (falla de audio en transmisión telemática), en conjunto con la Unicef... (falla de audio en transmisión telemática), con la Universidad Austral, perdón, muy distinto al trabajo que se venía realizando hasta ahora.
No solo se trata de hacer una reforma estructural en lo institucional, sino del trabajo que ya se está realizando y el que debe implementarse en conjunto con otras instituciones.
Voy a mencionar solo algunos puntos que me parecen relevantes en este proyecto de ley.
Primero, la especialización. Desde ahora habrá dos servicios: uno que estará preocupado de los niños vulnerados en sus derechos. Y aquí hay algo muy importante, pues no solo se ocupará de los niños vulnerados en sus derechos, sino también de sus familias. El enfoque es completamente distinto: el Servicio ya no va a mirar solo al niño, sino también a su familia y a su entorno. Así lo establecimos en el proyecto de garantías. Eso es muy relevante y es una muy buena noticia. Y el Servicio, a través de las Oficinas de la Infancia, que estarán en cada una de las comunas, llegará territorialmente en el mediano y en el largo plazo a todo Chile.
Por otra parte, aumenta la supervisión y la fiscalización.
Ahí quiero plantear un punto especial respecto a la supervigilancia de los organismos colaboradores y del servicio que el propio Estado entrega. Porque -y con esto termino- lamentablemente la vulneración de derechos no la hemos visto solo en los organismos colaboradores, sino desgraciadamente en los organismos que dependen directamente del Estado: en los Cread. Por lo tanto, la supervigilancia de los Cread es muy relevante, y eso se establece también en este proyecto de ley, que saca la supervigilancia. No seremos juez y parte como en el Sename. Desde ahora habrá una institucionalidad fuera del Sename que supervigilará los hogares que dependen directamente de esta nueva institución.
Por lo tanto, me alegro de que votemos este proyecto de ley, que venimos impulsando desde hace mucho rato, y no solamente por lo que ha ocurrido en las últimas semanas. De verdad así lo hemos hecho. Esto no es reactivo. Trabajamos también con la Comisión de Hacienda. Todos hemos buscado ser proactivos. El proyecto de sistema de garantías de los derechos de la niñez lo trabajamos en conjunto con esta iniciativa de ley.
Quiero agradecer el trabajo de la Comisión de Infancia, al Ministro de Desarrollo Social y Familia y a la Subsecretaria.
Y termino mis palabras agradeciendo a Susana Tonda.
Yo lamento mucho que haya dejado el trabajo que tan bien venía realizando. La vamos a echar de menos, porque de verdad fue un motor en el cambio del Sename. Un cambio que ha sido profundo y que debemos seguir desarrollando, porque esto nos va a ocupar -y tiene que ser así- durante largo tiempo.
Voto a favor.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador señor Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, "asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa". Ese fue el diagnóstico forense al que arribó el Fiscal Marcos Emilfork en el caso de Lissette Villa, niña de once años fallecida al interior del Cread Galvarino, el 11 de abril del 2016, ¡hace cuatro años! ¡Cuatro años!
La Comisión de Derechos Humanos, que presidía en ese momento, concurrió al funeral de Lissette Villa. Con el Senador Ossandón fuimos ese día al Cread, y aún en el funeral se afirmaba que la muerte de la niña se había producido por pena, que Lissette Villa había fallecido por la pena que le produjo que su madre no la fuera a ver el domingo. Ese era el grado de impunidad que existía y aún existe en el Sename.
Intentos de suicidio, violaciones, zoofilia. Señor Presidente, el Sename debe ser intervenido. Y este proyecto, ojalá me equivocara, ¡no lo garantiza!
Porque, además, es una iniciativa de ley que no se abocó al diseño del modelo, ¡pues aquí lo que ha fracasado es el modelo de intervención!, un modelo con colaboradores externos acreditados y un mínimo destinado a centros de atención directa del Sename: cuatro mil funcionarios. El 25 por ciento de ellos hoy día no está trabajando, está con licencias médicas de distinto tipo, particularmente por estrés sicológico. Es decir, mil funcionarios del Sename no están en sus puestos de trabajo producto de licencias médicas dada la grave crisis que afecta a esta institución.
Y la pregunta es, señor Presidente: ¿Será el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia el que hará un cambio, con los mismos colaboradores que han fracasado en este tema o tienen parte extraordinaria de responsabilidad? Yo creo que no.
El Senador Carlos Montes, quien cuenta con toda nuestra confianza en estas materias, dejó constancia en el informe de la Comisión de Hacienda "de la circunstancia de que en la Comisión Especial, pese a haberse solicitado, nunca se presentó un modelo de simulación de costos del proyecto". ¡Nunca fue presentado por el Ejecutivo!
Por tanto, tenemos una cifra que no ha sido objeto de un análisis de proyección; solo fue acordada por el Ministerio de Hacienda, por la Dirección de Presupuestos. Por cierto, se establece lo máximo que se puede gastar en personal y también en gasto real permanente, lo que sobrepasa los 95 mil millones de pesos.
Quiero señalar que, si no nos abocamos al diseño de un modelo de reinserción y repetimos el esquema de colaboradores privados o de centros del Sename, vamos a obtener el mismo resultado.
Si el modelo actual ha sido un fracaso, yo les pregunto a los miembros de la Comisión cuál es la novedad del nuevo sistema.
Se ha determinado un marco legal; se han establecido funciones, líneas de programas, líneas de trabajo. Pero no deja de molestarme y llamarme la atención el hecho de que en todo el proyecto se hable de que el Servicio Nacional de Protección Especializada va a proveer la "oferta" de protección para niños, niñas y adolescentes amenazados, y que será responsabilidad del Servicio mantener una "oferta" programática diversificada de calidad.
Señor Presidente, ¡tratamiento de mercado!
¡Este Servicio debe tener un tratamiento humanizado, no de mercado!
Para tratamientos se externalizan servicios. Se establecen costos por UF en actividades tales como diagnósticos clínicos: 0,5 a 5,8 UF mensuales; o intervenciones ambulatorias de reparación: 0,5 a 8,7 UF mensuales. Ello habla de un modelo económico, no de un modelo social de intervención.
¿Qué entidad especializada internacional exitosa se tuvo a la vista para replicarla en Chile? ¡Ninguna!
¡Se ha hecho una estructura rígida, monolítica, mecánica, insensible, en mi opinión!
Señor Presidente, todos queremos que los niños sean protegidos. Pero tengo la convicción -ojalá me equivoque; se lo dije al Ministro Larraín- de que lo que estamos aprobando solo hace más burocracia para los niños del Sename, ¡no los salva!

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, nuestros niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos siguen hoy día en nuestro país siendo víctimas de un sistema ineficiente que no los pone en el centro de la preocupación.
Creo que todos y todas en este Hemiciclo debemos coincidir en que como Estado -no quiero ocupar la palabra "Gobierno", sino "Estado"- hemos fallado en el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. El Estado, sistemáticamente, los ha olvidado y abandonado.
Hoy, cuando discutimos este proyecto de ley, tengo una sensación de dulce y de agraz.
Creo que efectivamente avanzamos en la discusión -la tuvimos durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y fue recogida por la Administración del Presidente Sebastián Piñera- de separar los servicios: los niños, niñas y adolescentes vulnerados, por un lado; y los menores infractores, por otro.
Pero creo que seguimos cometiendo el mismo error: permitir que otros hagan la labor de asistir a esos niños, a través de la función de los entes privados. No entendemos que, pese a que es posible delegar esa tarea o tener colaboradores en organismos privados, no podemos dejar que estos hagan lo que quieran, porque la responsabilidad sobre esos menores es del Estado. Los tratados internacionales señalan que nosotros somos los responsables de esos niños, niñas y adolescentes.
Le dije a la Subsecretaria de la Niñez -y fue un tema largamente debatido en la Comisión- que hay ciertas cosas que debieran estar recogidas en este proyecto de ley. Y espero que en la iniciativa que establece un sistema de garantías logremos salvarlas.
Me refiero al rol de fiscalización.
Alguien me podrá decir: "Pero eso se consagra en el artículo 1". Ese punto lo hizo muy bien el Senador Coloma en la Comisión de Hacienda. En efecto, el artículo 1 consigna que ese rol le corresponde al Presidente de la República, ¡lo que me parece maravilloso, porque ponemos un estándar!
¿A través de qué ente lo hace? Del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¡Perfecto!
¿Dónde está la unidad de fiscalización del Ministerio para hacerse cargo de ese rol que le compete? ¡No existe!
Y también le dije a la Subsecretaria que, cuando se habla de los organismos fiscalizadores o de la unidad fiscalizadora en la ley, se mencionan otras unidades, pero no esta. Ese fue un tema de insistente discusión en la Comisión. El Ministro, aquí presente, nos dijo: "No pueden presentar indicaciones, porque es inadmisible". Es cierto, porque estábamos creando un servicio. Pero ahí existe un vacío, señor Presidente, y tenemos que abordarlo.
Ayer en la sesión especial de la Comisión -a ella concurrieron la Subsecretaria, el Ministro de Justicia, la Asociación de Magistrados y el Consejo de Defensa del Estado- revisamos este caso. Se recordó el ejemplo del reportaje que emitió Canal 13 en junio del 2018, en el que se daba cuenta de que los documentos que elaboran los organismos privados y que usan los jueces para decidir el futuro de esos niños están mal hechos, son copiados o no existen, quedando claro que no existe una fiscalización de ese trabajo, que resulta fundamental para la vida de esos niños, niñas y adolescentes.
Y eso genera tres consecuencias, señor Presidente.
La primera es que, al no haber fiscalización sobre los operadores privados del sistema de protección, estamos aceptando que se desfalquen los recursos públicos. Por eso el Consejo de Defensa del Estado recurrió ante la justicia, a petición del Ministro de Justicia, señor Hernán Larraín.
La segunda, y más importante, señor Presidente, es que ¡estamos aceptando que los tribunales de familia intervengan en la vida de niños, niñas y adolescentes y sus padres, fundados en información falsa, copiada de otros casos, carente de certeza y validez!
Y la última es que, con ello, la Administración del Estado permite que se produzcan engaños en el Poder Judicial.
Ahí nos encontramos frente al hecho de que hay una investigación que involucra a cinco OCAS. Son conocidos. Ayer informó de ello el Ministro de Justicia. Se mencionó a Corporación Opción, Fundación Mi Casa, Ciudad del Niño y Corporación Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes (Sedej), en razón de la existencia de documentos falsos, que son de años.
¿Y sabe lo que más sorprende, señor Presidente? Que, pese a que el Ministro le pidió al Consejo de Defensa del Estado que interviniera; pese a que hay una causa abierta en la Fiscalía, que dicho Consejo renovó hoy día porque tiene antecedentes que fundan la necesidad de investigar y sancionar, no hay -¡no hay!- investigación en el Servicio respecto de lo que pasó con esos más de novecientos casos de niños, niñas y adolescentes que fueron objeto de una resolución de tribunales. Y en muchos casos, se les separó de sus familias.
Señor Presidente, yo no presidía la Comisión de Infancia el primer año del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sino mi colega Ossandón. Y él me respaldó en esta petición. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta.
En Chiloé, fueron separados los hijos de una mujer porque los informes indicaban que ella era alcohólica, no trabajaba y agredía a los menores. Se trataba de tres niños entre doce y tres años, si la memoria no me falla. ¿Qué dijo el hospital? Que no era efectivo que esa mujer fuera alcohólica y que no era efectivo que los niños hubiesen sido agredidos. Sin embargo, estos fueron separados de su madre.
Esa mujer sacó adelante un curso de secretariado; trabaja en una municipalidad en Chiloé, y perdió la tuición de sus hijos. Una de ellos fue entregada en adopción.
¡Informes falsos, señor Presidente!
Por eso insistimos tanto en la necesidad de crear una unidad de fiscalización. Por eso insisto en que este proyecto, que avanza notablemente respecto de lo que tenemos -no puedo negarlo-, todavía se queda corto en materia de fiscalización y en el rol fundamental del Estado contraído en obligaciones internacionales.
Hago un llamado al Ejecutivo para que en el tercer trámite tratemos de arreglar esto. Sé de la voluntad de la Subsecretaria; sé del empeño y empuje que le ha puesto a este asunto, al igual que el Ministro.
Señor Presidente, creo que hay otros, en los Ministerios de la Segprés y de Hacienda, que no logran entender que todos en este Senado estamos por poner efectivamente, y no solo en un discurso, a los niños primero.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este es uno de los proyectos relevantes de los que nos debemos hacer cargo de debatir y aprobar con un gran respaldo político.
Ya lo hicimos, gracias al trabajo que realizó la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hace casi un año, con otro organismo, el de rehabilitación. El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia es la otra pata que tiene este enfrentamiento contra los problemas de la niñez.
Ha sido el discurso de "Los niños primeros en la fila" lo que ha permitido llevar adelante esas dos iniciativas. Las palabras, sin duda, abren caminos para concretar proyectos. Así como este Senado aprobó unánimemente la creación de un organismo de rehabilitación, debe entregar el mismo respaldo para establecer este Servicio Nacional de Protección Especializada, porque hay una diferencia abismante entre el actual Sename, como estructura, y esos dos nuevos servicios.
Ya en el Sename se estaba haciendo un esfuerzo notable bajo la dirección de la señora Tonda; pero no le podíamos pedir más, pues estructuralmente no tenía capacidad real para hacer una labor como la que podrán efectuar esos dos servicios. Por tanto, este cambio estructural es, en verdad, uno de los más notables en esta materia.
Señor Presidente, quiero poner énfasis en algunos puntos que nadie ha tocado y que tienen una relevancia extraordinaria.
Uno de ellos es la coordinación que debe existir entre los distintos órganos del Estado para proteger al menor.
¿Qué me decían algunos directores de colegios acerca de los niños que el Sename les remitía y que vivían en organismos de acogida? Que nadie preguntaba por esos niños y que eran los de peor rendimiento académico. No había ninguna preocupación por ellos, y para el liceo eran unos alumnos más.
Ahora, cuando veo en este proyecto de ley los artículos 16 y 20, este último relativo al deber de ejecución coordinada, noto no solo que estamos creando un servicio especializado para proteger a los niños y las niñas, sino que además les estamos dando una obligación, ¡una obligación!, a los distintos ministerios y servicios públicos, que deben actuar coordinadamente para otorgar protección a esos menores y permitirles ir superando sus falencias y vulnerabilidades.
Por lo tanto, a partir de esa futura ley, el Ministerio de Educación o el de Salud no podrán decir que no tienen un deber respecto de los niños que atenderá este Servicio Nacional de Protección Especializada.
Ello, a mi juicio, constituye un elemento central, fundamental, porque incorpora a toda la estructura del Estado en la protección de los niños, con un deber de coordinación. Deberá respetarse una serie de normas legales, por lo que nadie podrá decir que no está obligado a dar atención a esos niños.
Lo anterior muestra la robustez no solo de este nuevo Servicio, sino de toda la Administración del Estado, pues todos los organismos públicos deberán colaborar y actuar en la línea de la protección especializada, bajo el deber de coordinación, que es una de las herramientas más fundamentales propuestas.
En consecuencia, la acción de las distintas instituciones públicas hará que dicho Servicio disponga de una capacidad efectiva para velar por el cumplimiento de todos los programas que puedan desarrollarse. Por lo tanto, esa sola estructura posibilitará una mayor fiscalización. Siempre es bueno fiscalizar y mejorar dichos procesos, pero no hay duda de que esa fiscalización será mucho más potente que la que hoy día existe.
En definitiva, señor Presidente, creo que aquí estamos dando un paso gigantesco para mejorar la protección hacia nuestros niños. A ese efecto, quiero valorar las acciones de la Subsecretaria de la Niñez, del Ministro de Justicia, entre otras autoridades de Gobierno, quienes han puesto especial énfasis en el funcionamiento de dicho Servicio, como aquí se ha reconocido, y el trabajo de la Comisión Especial de Infancia, porque no hay un paso más fundamental en esta materia que el que ahora se propone.
En cuanto a las críticas que aquí se han mencionado de la Defensora de la Niñez, hago presente que no me llaman la atención. Se ha transformado en actor político para llevar adelante todas las críticas a la acción del Gobierno. Pero, cuando uno ve a niños a los cuales se les impide estudiar porque algunos se toman los establecimientos educacionales, o a niños a los que no se les puede atender porque se queman los lugares donde estaban siendo atendidos, la Defensora de la Niñez ni opina, porque eso no le permite criticar al Gobierno.
Por lo tanto, si alguien se ha desacreditado públicamente, a pesar de la importancia de su labor, es la Defensora de la Niñez.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Carlos Montes, por vía telemática.
Estamos todos con el ánimo de escuchar al Senador.
¿Don Carlos? Parece que no está conectado en este momento.
Tiene la palabra la Senadora Aravena.

La señora ARAVENA.- Muchas gracias, señor Presidente.
¿Se escucha?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Sí, señora Senadora.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, he escuchado atentamente las intervenciones de mis colegas.
Creo que no solo ha existido una falla del Estado, sino también de la sociedad, y profundamente, en el cuidado de las personas que más requieren ayuda de manera efectiva, a fin de hacerse cargo de los derechos que internacionalmente se reconocen a los niños.
Al respecto, hay que preguntarse por qué llegan los niños al Sename. Son varias las razones: el consumo de drogas; la inhabilidad de los padres; la violencia intrafamiliar; el abuso sexual; los problemas económicos, que no son menores; incluso las complejidades de las jefaturas de hogar.
Una cantidad inmensa de mujeres debe triplicarse para poder financiar la precaria vida de sus niños. Bien sabemos que prácticamente el 70 por ciento de las pensiones de alimentos en Chile se encuentra adeudado. Por lo tanto, esta precariedad, esta falta de tiempo hacen que las madres muchas veces no puedan hacerse cargo de los niños.
A pesar de que el mundo ha cambiado y las sociedades también, Chile todavía está al debe en este rol biparental que deben asumir los padres y las madres.
Entonces, nuestra sociedad debe hacer un profundo análisis respecto de por qué ha pecado con los niños. En ese contexto, es preocupante que, de un total de más de 4 millones, alrededor de un millón de niños -no son pocos- viva en una pobreza multidimensional. En el fondo, este es prácticamente el origen de muchos de los problemas, aparte de la salud mental en Chile, que no es de las mejores.
Por eso los niños presentan serios problemas ya al ingresar al Sename.
Asimismo, el hecho de que una cantidad elevada de niños (más de doscientos mil) esté trabajando, como indica la Unicef, o desarrolle algún tipo de fuente laboral igual es preocupante.
En consecuencia, son multidimensionales los factores que generan los problemas que tenemos en este ámbito.
En ese contexto, puedo dar fe de que la Comisión Especial de Infancia, integrada por Senadores de diversas posturas políticas, y el Gobierno cumplieron un trabajo bastante mancomunado. Me tocó reemplazar al Senador Ossandón en varias ocasiones y vi un espíritu de unidad y de trabajo conjunto. Por tanto, felicito a su Presidenta y a cada uno de sus miembros por la labor realizada.
Antes de terminar, quiero plantear que, para quienes no somos expertos en temas de infancia y hemos ido aprendiendo en virtud del debate de esta iniciativa, es importante consignar que el Gobierno, en conjunto con el Senado, está trabajando varios proyectos que complementarán lo que hoy día estamos aprobando: el relativo al Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, como ley marco, que es muy relevante; el que crea el Servicio de Reinserción Juvenil, que por primera vez se separa del Sename, lo cual es muy valorable; el proyecto sobre adopción, tan importante para otorgar una opción más efectiva y dar respuesta a miles de personas que están esperando incrementar su familia a través de la adopción de un niño; también, la modificación de tribunales de familia, valga también decir que es muy necesario modificarlos; y, por supuesto, las nuevas competencias que tendrá la Defensoría de la Niñez.
Entonces, este es un proyecto de varios que de alguna manera vienen a complementar una política de protección a la infancia que esperamos sea efectiva, con la participación de lo público, principalmente la supervisión del trabajo que organismos sin fines de lucro están haciendo bien, y que pueden mejorar, sin duda.
Pero, más que ideologías, aquí lo único que debe primar es la protección de la infancia.
Una sociedad que pretende ser desarrollada debe cuidar el futuro. Y el futuro son los niños, no importa el origen que tengan, con dinero o sin dinero, de regiones o del área metropolitana. Todos los niños merecen y tienen derecho a una vida libre de violencia, a la educación y a una familia que los albergue.
Sin duda, este es un avance tremendo.
Quiero felicitar a la Presidenta de la Comisión y a todos sus integrantes por este proyecto, y por supuesto voy a aprobarlo.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- A continuación, tiene la palabra el Senador Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, reconozco la oportunidad que constituye este proyecto de ley, que profundiza la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990.
El Servicio será parte integrante del sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, junto con el Servicio de Reinserción Social Juvenil, con miras a lograr generar una institucionalidad que separe la vías de atención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes entre la esfera de responsabilidad penal y la esfera proteccional, articulando intervenciones con distinta complejidad, sumando a las oficinas locales de niñez.
En el año 2018, el Comité de los Derechos del Niño declaró que Chile viola su obligación de tomar todas las medidas para dar efectividad a los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras razones, por mantener un modelo de financiamiento del sistema de protección basado en el principio de subsidiaridad, transfiriendo la responsabilidad de proveer los recursos necesarios para el cuidado de cada uno de los niños y las niñas a los organismos colaboradores, que operan según una perspectiva filantrópica y caritativa, y no de derechos.
Pese a las múltiples recomendaciones de organismos especializados, el proyecto mantiene en lo sustantivo el actual sistema de subvención. Con esto se pierde la oportunidad de abandonar una visión tutelar y caritativa por parte del Estado para adoptar una nueva estructura de financiamiento basada en relaciones contractuales que aseguren los derechos de niños, niñas y adolescentes -como se hace respecto al Servicio de Reinserción Social Juvenil, que sí plantea un modelo especial de intervención, acorde a los estándares internacionales- y, de ese modo, terminar con una línea de incentivos perversos, que han hecho fallar el actual sistema de protección en el pasado.
Ese es el problema: los incentivos perversos de la estructura de financiamiento basado en subvenciones.
Resulta imperativo que esta iniciativa integre exigencias de acreditación o reacreditación precisas y determinadas para evitar que quienes han ejecutado, permitido o tolerado, por ausencia de control y supervisión debida, acciones que han involucrado vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, puedan llegar a ser organismos o personas colaboradoras, o que mantengan su acreditación.
Lamentablemente, este proyecto no lo hace; no se hace cargo del problema con las acreditaciones de los organismos colaboradores que han vulnerado los derechos de niños y niñas.
El nuevo estándar de acreditación debió ser realmente exigente, sobre todo respecto a los organismos colaboradores actuales, pues de no producirse esta modificación central, el Servicio tendrá nombre y dependencia orgánica distintos, pero seguirá siendo ejecutado por los mismos agentes que ya han sido denunciados, sancionados y condenados por vulneraciones.
Eso es algo que no contempla el actual proyecto.
El Estado no puede entender caritativamente su rol, porque es una obligación jurídica que debe garantizar efectivamente los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Lo que se requiere es una reforma estructural, y esta debe ser real, efectiva.
Esta iniciativa mantiene una estructura de financiamiento severamente criticada y cuestionada por el Comité de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Yo valoro que se haya intentado avanzar. También valoro el trabajo que hizo Susana Tonda en el Sename. Y valoro lo que muchos han intentado incidir en esta tramitación. La Defensora de la Niñez, en su rol autónomo -ella representa a una organización autónoma de la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes-, ha insistido en estos puntos. Y, a pesar de eso, el Ejecutivo no se atrevió a hacer estos cambios estructurales, porque depende única y exclusivamente de su facultad.
Espero que este proyecto siga teniendo mejoras en un siguiente trámite, y por qué no en una Comisión Mixta. No se trata de dilatar el despacho; se puede hacer en un tiempo acotado. Pero ojalá que el Ejecutivo escuché estas recomendaciones de organismos especializados en los derechos de la infancia en nuestro país y cambie la estructura de financiamiento y establezca una estructura de acreditación mucho más exigente.
En esta oportunidad me voy a abstener, pero espero que estos cambios se realicen en el futuro.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, en primer lugar, valoro mucho el esfuerzo y el aporte que se hizo en tratar de construir un proyecto que respondiera a ciertos estándares.
Creo que las Senadoras Ximena Rincón y Ena von Baer jugaron un rol muy central.
Los jueces, las organizaciones sociales, la Unicef, los funcionarios y Susana Tonda nos fueron enseñando. Incluso, vino gente de otros países, como Argentina, que nos mostraron otros modelos.
Se hizo un trabajo serio, buscando una alternativa frente a algo de lo que no sabíamos mucho, para ser franco.
En la base de todo esto hay una realidad que nos avergüenza: tenemos una situación de tratamiento de los niños muy precaria, en muy malas condiciones. Y era necesario hacer un cambio.
Por eso se crean estos dos organismos y, además, se establece la Ley de Garantías, que es fundamental.
Trabajamos bien unidos, pero con mucha humildad, sabiendo que frente a este problema no tenemos ni en nuestros teóricos ni en nuestra realidad un modelo suficientemente maduro y superior. Había que recoger lo mejor que se estaba en condiciones de enfrentar, con un ánimo muy constructivo y especialmente con toda la fuerza de algunos. Yo entré a la Comisión en medio de todo esto. Ya había avanzado y entré en el camino.
La situación de la infancia en general, y en particular de niños, niñas y adolescentes vulnerados, de alguna manera es un problema prioritario en nuestra sociedad. Es un tema civilizatorio, que va más allá de las materias habituales que estamos tratando.
No es un problema como los de siempre, económico-social, sino que es uno que tiene que ver con el tipo de sociedad, que no logramos asumir una respuesta adecuada hacia nuestros niños.
Por eso es un problema de carácter civilizatorio.
Las sociedades no comprendemos a los niños, lo que son y lo que están viviendo, y eso hay que reconocerlo para, con humildad, empezar a procesarlo.
Y los niños que son vulnerados están en una situación tremendamente más compleja aún.
En eso la Ley de Garantías es fundamental. El Gobierno no quería sacarla. En la Comisión se logró decir: "Hay que sacar la Ley de Garantías". Se terminó un proyecto. Y, bueno, luego hay que llegar acá y transformarlo en ley, porque es la que establece el marco valórico, de principios, de políticas públicas para todos los niños, no solo los vulnerados. Eso está todavía atrasado, pero es fundamental.
Se nos propone un modelo, que en la Sala han descrito distintas personas que conocen del tema.
El modelo institucional para niños vulnerados que se nos presenta es algo que tiene una reflexión profunda y que parte de cierta crítica.
Primero, hay que centrarse en los niños, las niñas y los adolescentes definitivamente y no desviarse de eso. ¡El centro está en los niños!
En segundo lugar, la clave para el desarrollo de los niños es la familia y un entorno con ese carácter socioemocional; con sistemas de apoyo y de decisiones de acompañamiento sólidos. Porque se trata de crear un sistema lo más sólido posible.
En todo el debate escuché distintas versiones, aproximaciones, y no estoy en condiciones de cuestionar la línea fundamental de lo que se acordó, que está en una perspectiva de avance clarísimo, tomando lo mejor de otros lados. Uno oye a la Unicef, a todos los organismos, y ve que estamos encaminados en una buena línea. Y que haya plena certeza de que esto va a resultar en los términos que quisiéramos, creo que está por verse. Pero estamos asumiendo una responsabilidad y tomando decisiones.
Otra cosa que es clave y que no está bien resuelta -es algo más amplio que esto- es que está claro que no habrá nunca un modelo institucional para los niños que responda por sí solo. El problema de los niños es un problema de toda la sociedad. Es de la familia. Es de la educación: esta debe involucrarse de otra manera en los niños, sobre todo en los vulnerados, en la detección y en el acompañamiento. Es de la salud y lo que aquí se ha planteado. Y particularmente es de lo que tiene que ver con la vida comunitaria y las organizaciones sociales. Necesitamos una cultura de la sociedad para acompañar a los niños.
Yo leía algo en la historia de cómo ha sido esto para atrás, en distintos momentos, y siempre hubo modelos que no tuvieron mucho éxito.
El problema mayor, a mi juicio, está en dos cosas. Por un lado, el modelo local, de las oficinas locales, no está todavía suficientemente maduro, y hay que desarrollarlo. Y por otra parte, no hay un modelo de financiamiento que se corresponda con esto.
Y quiero decirlo en dos palabras. Me tocó estar en el debate anterior, en el Gobierno de Frei, con Delia del Gatto. Y se planteaba un modelo que tenía una perspectiva interesante, pero no había plata. Y por bueno o completo que sea el modelo, si no tiene recursos, no funciona. Pedimos permanentemente que fuera alguien de Presupuestos y no fueron.
En tal sentido, en primer lugar, creo que los recursos que hay, 90 mil millones, no constituyen un incremento suficiente.
En segundo lugar, no está garantizado que si aumenta la cantidad de niños, producto de que será un mejor sistema, exista un mecanismo de financiamiento consistente con eso. Y esto podría distorsionar todos los avances en el modelo.
¿Cuántos de estos recursos se pueden... (falla de audio en transmisión telemática)... filtrar como utilidades para empresas?
La verdad es que yo he visto muchas instituciones bien serias, con gente bien comprometida y tratando de responder. Y hay otros que parece que no son serios.
Se establecieron formas de regularlo, de transparentarlo. Podría, a lo mejor, hacerse más.
Pienso que la vida nos muestra en este campo, al igual que en educación, que el estándar, el piso, lo fundamental lo fija la acción pública.
Aquí debemos fortalecer mucho la acción pública, asociada a una función privada, mixta, sin duda. Pero tiene que haber una acción pública sólida, en distintos aspectos, de las casas, etcétera.
Considero que hay que fortalecer la capacidad pública. Pero esto no lo han entendido la Dirección de Presupuestos y la gente de Hacienda, porque es lo que más recursos significa.
Las oficinas locales son claves y hay que apurarlas, porque todo se vendrá abajo si estas no articulan el esfuerzo de la sociedad, del Estado y de todos a partir de las necesidades de los niños.
Votaré a favor. Creo que se trabajó muy seriamente dentro de las claridades que tenemos y de lo que pudimos avanzar.
Me da vergüenza que estemos contra el tiempo. Esto hay que tenerlo avanzado. Después podemos mejorarlo y reformarlo.
Y reitero mis felicitaciones a las Senadoras Ximena Rincón y Ena von Baer y también a los Senadores Manuel José Ossandón y Jaime Quintana, porque trabajamos con un sentido bastante colaborativo y unitario. Y la verdad es que dentro de las oscuridades que podemos tener se logró dar pasos importantes.
El modelo de financiamiento escapaba de nuestras posibilidades. Y esto dependerá de que la Dirección de Presupuestos en definitiva entienda, y ojalá que allí haya alguien al cual se le pueda hacer ver.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Guido Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, al hablar sobre la situación de los niños en Chile, hay que aprovechar para hacer un debate tal vez más amplio acerca de cuál es la situación, como señalaba el señor Montes, de la realidad que viven los niños en nuestro país, de cuál es el nivel de consciencia respecto a las demandas, la situación y el contexto en el que viven niños y niñas en Chile.
Quiero ir un poco más allá, porque considero que esto tiene raíces muy profundas, que son culturales, ideológicas y sociales, que están en la base de la situación que están viviendo niñas y niñas no solo respecto a la precariedad en la que viven, sino también en cuanto a los niveles de ansiedad, de angustia, que están relacionados con los niveles de violencia, con el consumo de drogas, de alcohol y de tabaco que hay en nuestra sociedad. Y ello tiene que ver con una relación disfuncional.
Un hecho que me preocupa -a veces es totalmente invisible- es que de acuerdo con distintos estudios, de Naciones Unidas, de la Unicef, en Chile el 60 por ciento de las niñas y los niños sufren abuso y maltrato.
Y uno piensa: "Eso es imposible". ¿Cómo el 60 o 65 por ciento de las familias, de los padres, que se supone que lo que más quieren en la vida es a sus hijos y sus hijas, los maltratan?
Pues bien. Cuando se hacen estudios y se les pregunta a los niños si sufren vejaciones, ellos primero dicen: "No, no son vejaciones". Pero cuando uno les consulta: "Mira, ¿alguna vez tu madre o tu madre te ha dicho `estúpido', `imbécil', te ha insultado, te ha dado un tirón de pelo o una palmada?", entonces empieza a desaparecer esta invisibilidad.
Si se les pregunta a los padres si alguna vez han maltratado a sus hijos, todos dirán que no. Pero si se les consulta nuevamente a los padres: "¿Usted alguna vez le ha dicho a su hijo `tonto', `estúpido', ha agredido psicológicamente a un niño, o le ha dado una palmadita o un tirón de pelo?", entonces uno se empieza a encontrar con cifras escalofriantes. ¿Por qué? Porque el modelo de convivencia que tienen los niños en sus hogares es totalmente desadecuado.
Los padres y las madres muchas veces discuten frente a los hijos con acciones que son tremendamente violentas desde lo psicológico.
Entonces, un niño, ¿dónde aprende el modelo para convivir frente al conflicto? ¿Cómo lo procesa? Lo procesa en la casa. Y el aprendizaje que hace de ese conflicto es el mismo que aplicará cuando salga a la calle. Y enfrentado a cualquier conflicto, va a aplicar el mismo modelo de convivencia que aprendió en su casa, que es tremendamente erosivo, degradador.
¿Por qué? Porque es evidente que cuando los niños y niñas sufren agresiones de parte de sus padres, las que son invisibles, estas se traducen en problemas de autoestima gravísimos. Porque tal vez lo más incomprensible para un niño o una niña es que quien -entre comillas- más lo quiere sea también quien más lo agrede.
Es lo mismo que les pasa a las mujeres cuando son maltratadas por sus parejas, los hombres: generan un proceso de degradación y de aniquilación de su autoestima y de depresión que son muy graves y que duran para toda la vida.
Entonces, me parece que tenemos un caldo de cultivo que debe resolverse.
Este proyecto no resuelve eso. Yo deseo plantearlo solo porque creo que el contexto es mucho más complejo. En Chile vivimos lo que podría ser una violación sistemática a los derechos humanos de los niños, de acuerdo con lo señalan los tratados internacionales.
Este es un tema cultural. Y ocurre no solo en los sectores de bajos ingresos, en los que tal vez es más duro, sino también en los sectores de altos ingresos.
Ahora, me parece que esta iniciativa hay que apoyarla de todas maneras. Pero debemos entender que esto es como la punta del iceberg de un problema mayor, de un problema cultural, social, ideológico, de gran envergadura.
A mí me tocó luchar a fines de los noventa contra Niño y Patria. Yo fui el que denunció a Niño y Patria y en definitiva se cerró la fundación. Sus recintos eran verdaderas cárceles para niños. No tenían mala intención, pero los niños vivían en cárceles. No había juguetes, ni imágenes para niños; se los hacía levantarse a las seis de la mañana; se les daban duchas frías a niños de cuatro, seis o siete años. Estaban asimilados a una lógica militar. También les pegaban, los maltrataban.
Hoy día esto ha evolucionado. Pero tenemos muchas unidades prestadoras en que hay gente que no se encuentra habilitada o capacitada y se siguen cometiendo abusos en contra de los niños y las niñas. Evidentemente, falta fiscalización en esta materia.
Yo tengo interés en apoyar esto. Pero considero que debemos revisar las políticas de infancia y tenemos que ir a trabajar con los padres, con las madres, con la sociedad, a nivel educacional, porque este es un tema mayor.
También comparto la necesidad que ha planteado acá el Senador Coloma en cuanto a generar una unidad de fiscalización en el Ministerio de Desarrollo Social. Me parece muy importante, como siempre. A veces ocurre que el Senador Coloma tiene opiniones muy acertadas.

El señor COLOMA.- ¡Pocas veces...!

El señor GIRARDI.- Al mismo tiempo, en cuanto al seguimiento de los casos de todos los niños, no estamos hablando de control ni de fiscalización, sino del seguimiento. Y corresponde que organismos como la oficina local de la niñez de verdad se haga cargo, a fin de que podamos tener garantías de que a los niños que se encuentran en este tipo de instituciones se les esté haciendo un seguimiento adecuado.
Creo que esta iniciativa va en la dirección correcta. Pienso que todavía se puede mejorar, pero tenemos un tema pendiente respecto a los derechos y al respeto a los niños y a las niñas en nuestro país, que están siendo violentados...

El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, hace prácticamente tres décadas que como país suscribimos la Convención sobre los Derechos del Niño. Y aquello le exigía al Estado de Chile realizar las modificaciones legales y culturales necesarias para respetar todos los derechos consagrados en dicha convención. E implicaba que hiciéramos el tránsito desde una mirada tutelar a una con enfoque de derechos. Pero debemos confesar que ese proceso ha sido más lento de lo que hubiésemos esperado.
En tal sentido, no podemos decir que en casi tres décadas no han existido avances, porque los ha habido. Existen iniciativas de ley relativas a la población infanto-adolescente en general.
Una de ellas es la implementación de la Subsecretaría de la Niñez, alojada en el Ministerio de Desarrollo Social.
También se creó la Defensoría de los Derechos de la Niñez, una corporación de derecho público, autónoma de otros órganos del Estado y cuyo objetivo es la difusión, promoción y protección de los derechos de niños y niñas.
Una tercera iniciativa que me gustaría destacar es la ley que sanciona el maltrato, en tanto tipifica el delito de maltrato contra menores y otras personas vulnerables y sanciona las conductas de violencia física que no producen lesiones y aquellas que provoquen un trato degradante, humillación y menoscabo a la dignidad humana de las víctimas.
Y, por último, una normativa que no siempre se destaca, pero que a mi juicio es muy importante: la ley de entrevistas videograbadas, que regula la realización de entrevistas investigativas y protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la declaración judicial, precisamente para evitar la victimización secundaria: la idea del "No me preguntes más". Los niños y niñas en Chile, sobre todo aquellos que eran víctimas de delitos sexuales, al momento de dar su testimonio, terminaban siendo revictimizados, ahora no por el victimario, sino por cómo opera el sistema en su formato. Hoy día, con una única entrevista es posible dar más garantía en tal sentido.
Sin embargo, a partir de la discusión de este proyecto de ley obviamente tenemos que preguntarnos si esto ha sido suficiente.
Y ahí quiero relevar algo que ya han dicho algunos de mis colegas: actualmente como país no contamos, por ejemplo, con un sistema nacional de protección de derechos integrado, tal como lo ha recomendado el Comité de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas. Somos uno de los dos países de Latinoamérica que no tenemos una ley de garantía de derechos o código de la niñez adecuado a lo que señala la Convención.
Por eso, para avanzar en un sistema nacional de protección a la infancia es urgente que aprobemos el proyecto de ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, porque es el marco general a través del cual el Estado pretende generar un sistema coordinado de dispositivos legales, institucionales, políticos y sociales orientados a asegurar la efectividad de los derechos de los niños y a velar por su pleno desarrollo.
Digo aquello porque cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes y queremos garantizar derechos, creo que ha habido un déficit del Estado. Desde lo político, la conversación se instala en la agenda pública siempre como la reacción a algún asunto: la situación del Cread de Pudahuel en el año 2000; el caso de Lissette, y ahora el hecho ocurrido en Hualpén, de vulneración grave a los derechos de niños y niñas en tanto víctimas de delitos sexuales.
Señor Presidente, más allá de los proyectos de ley, es necesario que conversen las políticas públicas; que ellas consideren el carácter multidimensional de los fenómenos sociales, lo que incorpora complejidades, ya que no pueden pensarse para ser ejecutadas por un solo sector del Estado, sino que han de concurrir diversas entidades públicas o privadas para dar respuesta a la compleja interacción relacionada con las causas de muchos de estos problemas.
Ahí es donde en mi concepto tenemos uno de los principales desafíos: reconocer el enfoque de derechos humanos para la creación, diseño e implementación de políticas públicas pensadas en la niñez.
En tal sentido, hoy día tenemos una tarea mucho mayor: hacer conversar a todas las iniciativas que ya están despachadas; disponer de una ley marco; contar con un financiamiento acorde con lo que aprobamos.
Me parece que en diciembre vamos a tener una tarea bien importante, porque si no contamos con el financiamiento necesario, no vamos a hacer que este engranaje funcione de manera distinta. Porque en Chile hay que reconocer que en la base de esta situación ha existido una vulneración constante y sistemática que distintos informes, nacionales e internacionales, han ratificado, porque no se considera, cuando se va a trabajar con niños, niñas y adolescentes, particularmente menores que necesitan protección, un enfoque de derechos humanos.
En ese aspecto, debemos llevar a cabo un trabajo exhaustivo; debemos tener una ley marco de garantías, y un presupuesto que permita la realización de aquello. De lo contrario, no será factible satisfacer todas esas aspiraciones y cumplir esos objetivos en cuanto a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en Chile, particularmente de los que requieren protección del Estado, porque han sido en los organismos estatales o administrados por este donde se ha producido la vulneración de derechos de los menores.
No obstante, quiero reconocer y valorar el trabajo que hizo la Comisión Especial de Infancia, presidida por la Senadora Rincón. Se realizaron bastantes audiencias; se escuchó a distintos actores. Pero, por lo mismo, hoy día lo importante es aprobar este proyecto; dejar en el umbral las recomendaciones que debemos tener a la vista -ya lo he dicho: los niños son sujetos de derechos-; contar con un financiamiento que permita implementar la futura ley y otros programas y políticas públicas.
Así que voy a votar a favor, señor Presidente, y espero que, dejando consignada esta prioridad y la que le ha dado la Comisión Especial de Infancia a este trabajo, también Hacienda y el resto de los actores del Estado hagan lo suyo. Si no, vamos a repetir una historia como la que comenzó el año 2000 y abrió la caja de Pandora, a partir del Cread de Pudahuel.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, ¡voy a partir pidiéndole copia de la intervención del Senador Girardi, para tener en mi archivo que por lo menos se valora algo desde la Oposición...!
Ahora bien, en cuanto a esta iniciativa quiero hacer tres reflexiones.
La primera dice relación con los Senadores Navarro y Latorre, porque oí atentamente sus planteamientos, y en tres cuartas partes de su intervención valoraron el esfuerzo que se ha hecho en la materia. A mi juicio, ello refleja que han estudiado este asunto, lo cual habla bien de Sus Señorías.
Sin embargo, creo que llegó el momento de dar un paso más. Aquí debemos tratar de tener políticas públicas ojalá unánimes, lo cual no significa que debamos coincidir en un cien por ciento. Pero yo he visto el esfuerzo de la Senadora Rincón, de la Senadora Von Baer, del Senador Montes, a quienes escuché en su momento en este debate, donde se nota que ha habido un esfuerzo grande por ponernos de acuerdo en cómo dejar atrás una página negra de Chile.
Porque digámoslo con toda su crudeza: el Sename es una página negra para nuestro país, y es un tema que a todos quienes hemos tenido responsabilidades públicas nos preocupa y que a nadie deja indiferente.
Entonces, si después de un largo trabajo -por eso quise referirme a los Senadores Latorre y Navarro, con todo el respeto y con toda la humildad- hay una valoración, hagamos un esfuerzo por generar también una unanimidad al respecto y que no quede la sensación de que sobre el particular hubo una mayoría que primó, porque aquí hay un trabajo más grande, que es más potente y que nos habla de un Chile con mayúsculas. Eso no desmerece para nada alguna crítica que uno pueda hacer, pero sí valora el esfuerzo para seguir.
Ello lo estimo fundamental.
En segundo lugar, considero que esta iniciativa apunta en un sentido correcto. Planteamos el punto, y escuché tantas veces en distintas discusiones hablar sobre la forma de generar políticas distintas dirigidas por objetivos diferentes, en función de que pudiera haberse infringido una ley o de que alguien hubiera sido vulnerado en sus derechos. Porque son de naturaleza diversa: una cosa es más propia del Ministerio de Justicia, y la otra, más propia del Ministerio de Desarrollo Social, que es lo que estamos viendo ahora, cuestión que forma parte de otras iniciativas, como la reforma al trato a la infancia en general por el Estado; el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; la iniciativa sobre adopción; el proyecto que otorga mayor subvención a organismos colaboradores del Sename. Todo ello constituye un conjunto de elementos que dan sustancia y consistencia, lo cual resulta de mucha importancia en esta materia.
Por consiguiente, estimo que este proyecto se halla bien planteado, y lo he visto y revisado. Nos tocó analizarlo en la Comisión de Hacienda, en lo que le corresponde, y me parece que efectivamente apunta a entrar en una nueva etapa, a fin de tener la claridad de que hoy día hay objetivos, líneas de acciones, enfoque de la realidad territorial; se involucra mucho el Consejo de Expertos; hay comisiones coordinadoras, en fin. Pienso que anda bien.
No obstante, quiero hacerme cargo de un último asunto, donde sí tengo un punto para dejar constancia, relacionado con el artículo 1 y que básicamente se refiere a la fiscalización.
A mi juicio, esto sin fiscalización no existe. Y ello es esencial.
Entonces, por un lado, el Gobierno tiene un punto al decir que en el artículo 39 existe la fiscalización -yo había hablado sobre el punto-, y en el informe financiero además, cuestión muy relevante, se consignan los recursos.
Pero sí estimo fundamental, señor Ministro, dar acá una agilidad máxima, en el sentido de notarla. Porque cuando los organismos nacen se fijan las reglas del juego. Esa es la verdad: cuando se crean, como todo en la vida, se genera la identidad.
Por lo tanto, si nace algo sin ese rol asociado, podemos estar expuestos a que, incorporado después, sea más grave.
Así que esa es una sugerencia.
Pero también, en la misma línea, creo que este proyecto adolece de un pequeño pecado: que en el artículo 1, por iniciativa parlamentaria, no del Ejecutivo, se establece el rol fiscalizador del Presidente de la República. Ya lo hice presente en la Comisión: creo que eso es inconstitucional, pues cualquier cambio en las atribuciones del Primer Mandatario tiene que venir del Poder Ejecutivo.
Pero lo más grave es que no entiendo lo que se crea: alguien que nombra y que fiscaliza. ¡Eso no! El que establece el organismo no puede fiscalizarlo. Me parece que ello es de la esencia. Planteé este asunto en la Comisión de Hacienda, y no tuve éxito.
Sin embargo, dejo planteado el punto para ver si después se puede enmendar.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, el Estado tiene la obligación de resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se hallan en una situación de vulnerabilidad de tal gravedad que no tienen otra opción que ser atendidos en el sistema de protección administrado por él a través del Sename.
Sin embargo, esto no ocurre, ya que, lejos de entregar esa protección, lo que se ha podido constatar en diversas instancias es que en Chile el Estado viola de manera generalizada y sistemática los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.
Es así como en el año 2018 el Comité de los Derechos del Niño de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de Naciones Unidas, comunica el resultado de una investigación lapidaria, donde se estableció la existencia de vulneraciones de derechos fundamentales.
En definitiva, el Comité de Naciones Unidas constata que el Estado de Chile es responsable de graves violaciones a los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño, considerando que el sistema de protección residencial en Chile ha resultado en una amplia vulneración de derechos de miles de niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado durante un largo período de tiempo y, en particular, violación de su obligación de respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes durante su estadía en las residencias de administración directa del Estado, que se ha traducido en una revictimización en menores y adolescentes por parte del personal.
Además, la violación de su obligación de proteger por no proveer el resguardo y cuidado adecuado de niños, niñas y adolescentes que entran en el sistema de protección residencial por haber sido víctimas de vulneraciones de derechos, ni entregar los cuidados necesarios para la recuperación y rehabilitación física y psicológica de los afectados.
Asimismo, violación de su obligación de hacer cumplir los derechos de menores y adolescentes con la existencia de medidas efectivas y oportunas para poner fin a las violaciones de derechos tanto en su familia de origen como en las residencias de administración privada.
Aparte de ello, señor Presidente, se señala que el Estado de Chile es responsable de violaciones sistemáticas de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño a causa de la carencia de una ley integral de protección de la niñez basada en una perspectiva de derechos humanos; de la existencia y uso extendido y continuo de medidas judiciales que fallan en su propósito de protección y recuperación, así como del mantenimiento de un cuadro administrativo del Sename no adecuado en recursos humanos, ni menos financieros, y de la incapacidad o falta de voluntad para tomar medidas eficaces y oportunas, a pesar de que lo tocante al sistema de protección residencial es conocido a través de informes oficiales de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
La pregunta que debemos hacernos es cuánto hemos avanzado frente a este devastador escenario que ha revelado Naciones Unidas con respecto a la violación sistemática y generalizada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección dependiente del Estado, que se supone debe funcionar en favor de los menores más vulnerables.
La creación de la Defensoría de la Niñez fue un paso adelante, pero claramente insuficiente, ya que no cuenta con los medios materiales ni humanos adecuados para hacer frente a una crisis tan profunda y grave. Las propuestas legislativas que buscan reformar el Sename son más bien de carácter administrativo, y claramente constituyen una respuesta tardía y totalmente incompleta.
Mucho se puede hacer, señor Presidente, incluso sin necesidad de leyes, sino con la adopción de medidas eficaces que cambien las prácticas que se han extendido durante décadas y que hacen que en Chile ser niño pobre y vulnerable sea una de las posiciones más peligrosas que puede enfrentar un ser humano.
No obstante todo esto, reconozco el trabajo que ha liderado la Senadora Ximena Rincón, junto con la Senadora Ena von Baer y los demás integrantes de la Comisión Especial de Infancia.
Voy a votar favorablemente este proyecto de ley, que ya se encuentra en su segundo trámite constitucional; pero, sin duda, aquí tenemos todavía el deber de avanzar de manera mucho más profunda a fin de revertir el problema histórico que enfrentan nuestras niñas, niños y adolescentes más vulnerables.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, sin duda, la discusión respecto de la infancia, de la situación de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país no puede dejar ajeno a ninguno, y menos a quienes representamos cargos de elección popular.
Sabemos que donde quizá se produce la mayor vulneración de los derechos es en el caso de los niños, niñas y adolescentes, por diversas razones... (falla de audio en transmisión telemática)... en esto, porque ya muchos colegas se han referido a lo que ocurre al interior de las casas, en que muchos niños son agredidos por sus padres, y otros, violentados sexualmente, en fin.
¿Cuál es la respuesta que tiene el Estado para enfrentar este dilema?
Cuando uno revisa la historia de la infancia en Chile, se da cuenta de que la discusión que estamos llevando a cabo hoy día en cuanto a cómo abordar lo relativo a los niños vulnerables, a los jóvenes infractores de ley tiene más de cien años. Uno puede examinar las actas de la Cámara de Diputados de aproximadamente 1910 y constatar que ya en esa época se hablaba y discutía sobre qué hacer con las casas de menores. Y vemos que la cosa no ha cambiado mucho en este último tiempo.
Sin duda, este proyecto resulta un avance, porque se rompe con la lógica que venía desde hacía bastante tiempo, de tratar de la misma manera a jóvenes infractores de ley con menores vulnerados en sus derechos, cuestión que había sido representada a nuestro país en varias ocasiones por distintos organismos tanto nacionales como internacionales.
Sin duda, en esa línea, esta iniciativa me parece un avance significativo.
Creo que no es menor que hoy día por fin podamos comenzar con el término del Sename y crear un servicio que efectivamente se preocupe de los niños vulnerados, que requieren un tratamiento absolutamente distinto.
Dicho aquello, es del caso señalar que a mi juicio esta iniciativa, siendo un avance, presenta algunas falencias que es necesario corregir. Yo siento que el corazón del proyecto mantiene todavía lo relativo a los organismos colaboradores.
Esta, sin duda, ha sido una de las cuestiones más complejas de lo que ha ocurrido en el caso del Sename. Mientras no exista una forma distinta de entregar mayor ayuda a los niños, no a través de los organismos colaboradores como se ha hecho en el último tiempo, no podremos tener una mirada distinta sobre la manera de abordar los problemas de la infancia vulnerada.
Creo que la gran problemática que se ha suscitado en el último tiempo se vincula justamente con el desempeño que han tenido las OCAS o los Organismos Colaboradores, porque, efectivamente, hay algunas que han hecho muy bien su trabajo, pero... (falla de audio en trasmisión telemática)... dejan mucho que desear.
Por último, creo que el Sename ha vivido un momento bastante complejo, y todavía no hemos escuchado alguna explicación de parte del Ministro de Justicia de lo que ha pasado en los últimos quince días en este Servicio. Hemos conocido el caso de niños que han sido abusados sexualmente en el sur, donde, según ha trascendido en medios de comunicación, se trataría de facilitación de la prostitución de menores de edad.
Y un hecho a mi juicio igualmente grave es el convenio que se firmó entre el Sename y la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, a fin de traspasar información. Si bien producto de la presión pública el Ministerio de Justicia dejó sin efecto dicho convenio, aún no conocemos sus alcances y cuál fue el objetivo que tuvieron a la vista tanto esa Cartera como el Servicio Nacional de Menores para firmar el referido convenio con la ANI, la cual se dedica a recoger inteligencia especialmente para prevenir la acción de grupos terroristas, delitos de lavado de activos, entre otros. No vemos razón para que haya suscrito este convenio con el Gobierno.
Cuando uno dice que quiere proteger a los niños, entonces, la pregunta y la respuesta que uno espera del Ministerio de Justicia tiene que ver con una explicación... (falla de audio en trasmisión telemática)... del por qué la firma del señalado convenio. Y saber si efectivamente alcanzó o no a traspasar algún grado de información a la Agencia Nacional de Inteligencia y que con ello no se hayan vulnerado los derechos de los niños.
Yo espero que el Gobierno pueda dar una explicación satisfactoria respecto de lo que pasó con el Sename en este último tiempo y, especialmente, con el acuerdo con la ANI, porque, en lo personal, me preocupa mucho su firma, pues, si bien ya fue dejado sin efecto, desconocemos aún si se traspasó información, o qué se tuvo a la vista al momento de suscribirlo.
Voto a favor de este proyecto.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, Chile era verdaderamente ciego frente a los casos de violación de los derechos y garantías de los niños que estaban bajo la custodia del Sename.
Y no era un poco ciego; era completamente ciego.
No fue hasta que empezaron a salir a la luz pública casos absolutamente aberrantes de violencia, de muerte, de violación, de abuso, cuando empezamos a abrir los ojos.
Y ello debiera ser vergonzoso, porque la realidad estaba ahí, los casos estaban ahí, el Sename -la institución- estaba ahí y nadie se molestaba en mirar lo que ocurría al interior de él ni en varios de sus organismos colaboradores.
Por lo tanto, lo primero que voy a señalar es que el hecho de querer abrir los ojos ya es un acto muy importante para la institucionalidad y para los chilenos.
Y esto nos obliga no solamente a abrir los ojos frente a los casos más dramáticos, que son los niños vulnerados o los niños infractores que están en el Sename, sino también a repensar, tal como lo planteó un Senador que me precedió en el uso de la palabra, nuestra propia forma de tratar a los niños, las relaciones internas dentro de sus familias, los eventuales nichos de violencia entre cónyuges o entre parejas que pueden finalmente traducirse en violencia hacia los menores y, para qué decir, la violencia directa sobre ellos.
Por lo tanto, como decía, lo primero es valorar enormemente el que nos hayamos atrevido a abrir los ojos frente a una realidad que nos avergonzaba como país.
En segundo lugar, después de abrir los ojos Chile empezó a crear una institucionalidad algunos años atrás.
La creación de la Subsecretaría de la Niñez fue un paso importante. Está acá la Subsecretaria, Carol Bown, a quien quiero agradecerle su dedicación a este trabajo, porque sobre sus hombros quedó la carga de sacar adelante esta institucionalidad, con todos los apoyos, con todas las colaboraciones, por supuesto. Y el primer paso institucional, el primer paso desde el punto de vista del Estado de Chile, fue la creación de la Subsecretaría de la Niñez.
Y ahora estamos dando otro paso gigantesco, ¡gigantesco! Ya lo han dicho algunos Senadores: haber tenido en los mismos hogares a los menores infractores de ley y a los niños vulnerados fue una aberración sin nombre desde la perspectiva de lo que son las garantías y los derechos de la niñez.
Ahí, probablemente, está la raíz de todos los males y todas las vergüenzas que debemos soportar como país en el trato con los niños.
Ahí está la falta de especialización.
Ahí está la falta de cuidado para los niños que más lo necesitaban: los vulnerados en sus hogares. Y resulta que, a pesar de que venían de una situación mala, nosotros los estábamos mandando a una situación peor.
Por lo tanto, el paso que estamos dando hoy es gigantesco.
Yo sé que algunos Senadores tienen críticas y han decidido abstenerse, pero me parece que eso es no mirar en su total globalidad el paso que estamos dando.
Algunos han alegado que este proyecto no ha hecho suficiente hincapié en la fiscalización. Sin embargo, yo sinceramente no entiendo muy bien esa crítica, porque desde el Presidente de la República hacia abajo todos están encargados de fiscalizar.
Y comparto la aprensión del Senador Coloma en el sentido de que el Presidente de la República no debió haber quedado en el artículo 1 con la función fiscalizadora, pues, dicho lo anterior, el mismo precepto establece que el Ministerio de Desarrollo Social debe -y lo dice expresamente- fiscalizar las actividades del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
También el propio Servicio deberá encargarse, dentro de sus funciones específicas, del "diseño, administración, supervisión, fiscalización y ejecución de mejoramientos continuos".
Del director del Servicio, ¿cuáles son parte de sus facultades? También la fiscalización.
Por lo tanto, me parece que las críticas son completamente injustas.
Creo, señor Presidente, que se debe valorar el enorme esfuerzo que se está haciendo.
Asimismo, quiero defender el trabajo de los organismos colaboradores. El mundo privado lleva más de cien años trabajando en la protección de la niñez y no veo por qué ahora habría que dejarlo de lado.
Le pido un minutito más, señor Presidente.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Muy bien.
Puede continuar, señor Senador.

El señor GALILEA.- Así como el Estado falló, muchas veces de manera directa, también algunos privados fallaron, pero no tengo duda de que la gran mayoría de ellos hace una buena labor en este sentido.
Por otro lado, la creación de este Servicio permite la especialización. Tenemos que especializarnos en cuidar a los niños y adolescentes que han caído en vulneración. Y me refiero con esto al personal del Servicio, a los psicólogos que trabajan en él y también a los jueces.
A mí en el Maule me ha tocado ser testigo de casos que me parecen aberrantes: madres a las que durante años no les está permitido ver a sus hijos sin tener aún la certeza de que han hecho algo indebido. Ni siquiera una visita dominical supervisada. ¡Nada!
He visto también cómo a niños se los cambia de hogares, en circunstancias de que eso lo único que ha permitido es que se escapen de los recintos del Sename.
Por lo mismo, señor Presidente, termino agradeciendo el enorme esfuerzo y el paso gigantesco que se ha dado con la creación de este Servicio que protegerá a nuestros niños y adolescentes.
Muchas gracias.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a quienes han trabajado en este proyecto; a las Senadoras Ximena Rincón y Ena von Baer; a todo el equipo de la Comisión Especial; a la Defensora de la Niñez y a cada una de las personas que han participado; a la Subsecretaria y a todos los organismos del Gobierno que han colaborado activamente en su elaboración.
Debemos entender y mirar este proyecto como parte de un todo. Hoy estamos votando, probablemente, la segunda parte de una reforma bastante más global.
La primera la votamos hace un tiempo cuando en la Comisión de Constitución despachamos -y también la Sala la aprobó por mayoría de votos- la creación del nuevo Servicio de Reinserción Penal Juvenil.
A mi juicio, mirando los dos proyectos, el primero fue bastante más ambicioso que el que nos ocupa en cuanto al establecimiento de un conjunto de requisitos adicionales para que los organismos colaboradores y también la propia institucionalidad pública definieran procesos, protocolos, estándares y una especialización funcionaria adecuada que se hiciera cargo del proceso de reinserción penal.
Cuando uno observa el proyecto debe concluir que este significa un tremendo avance en comparación con lo que existe hoy día. Pero lamentablemente lo que tenemos en la actualidad, como se ha dicho y se ha reseñado por muchos Senadores y Senadoras, es de una vara bastante baja en comparación a los parámetros internacionales. Si se analizan las experiencias exitosas en otros países, lo primero que se ve son procesos, protocolos, estándares fijos para todas las instituciones. Luego, uno observa una institucionalidad pública robusta que no solo tiene por objeto administrar un modelo, sino también crear mecanismos para que el desarrollo del cuidado de los menores se base siempre en antecedentes científicos, particularmente en evidencia de carácter educativo, para lograr el fin último, cual es la reinserción o la posibilidad de retornar a esos niños, niñas y adolescentes a familias con un grado de protección mucho mayor.
Y noto que acá faltan algunas medidas en ese sentido.
Yo no soy de aquellos que creen que los organismos colaboradores hacen todo mal, pues algunas cosas las han hecho bien. Pero no nos perdamos. También, al igual que los centros públicos, han cometido errores gravísimos: desde, como se ha conocido en algunos casos, el falsear documentación hasta mirar para el techo frente a graves vulneraciones de derechos humanos.
No nos olvidemos de que en el caso Hualpén no está involucrado un organismo del Estado y, por tanto, ahí también se requeriría una supervisión mayor.
Respecto de la fiscalización, quiero advertir algo que ya mencionó un Senador que me antecedió en el uso de la palabra: es completamente impropio ubicar al Presidente de la República como fiscalizador y supervigilante de este organismo.
Y lo quiero hacer presente, porque eso puede significar que, frente a la eventual vulneración de algún derecho al interior del nuevo servicio que estamos creando, el Presidente de la República podría ser acusado constitucionalmente por infracción de ley, toda vez que se está estableciendo una función específica para él.
En consecuencia, me parece pertinente advertir que eso no es conveniente ni constituye una técnica adecuada.
Segundo, respecto de la fiscalización, es cierto que el artículo 39 y otros contemplan mecanismos de fiscalización. Pero me llama la atención, por ejemplo, que ante una denuncia sobre la vulneración de un derecho en algún centro colaborador, no se establezca lo que se llama la "administración provisional" mientras dure el desarrollo de la investigación. Porque puede ocurrir -y ha ocurrido en algunos casos- que durante el desarrollo de la investigación los titulares del centro privado más bien adopten medidas para encubrir los hechos. Y eso es extremadamente delicado.
Por tanto, creo que es muy importante que se establezca dicha administración.
En segundo lugar, si bien se señala que los colaboradores que al momento de entrar en vigencia esta ley estén reconocidos como tales por el Sename van a tener que acreditarse, ajustándose a los nuevos requisitos establecidos en ella, el artículo 7° de la ley N° 20.032, que regula las prohibiciones para ser reconocido como colaborador, no contempla la prohibición respecto de organismos colaboradores cuyos miembros hayan sido sancionados, sea a nivel administrativo... (falla de audio en transmisión telemática)... por violar, por perturbar o transgredir de cualquier manera los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
A mi juicio, ahí faltó mayor claridad. No vaya a ser cosa que algún organismo que hoy día ha sido condenado se entienda acreditado y pueda ejercer la función con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.
Creo que la Defensora de la Niñez ha planteado a este respecto un conjunto de observaciones que es bueno atender. Es difícil para aquellos que no estamos en la Comisión hacerlo ver, pero ello probablemente será materia de discusión en el tercer trámite constitucional.
Señor Presidente, yo voy a votar a favor, pero quiero dejar puestos estos puntos. Y creo que es importante que se observe lo que ha planteado la Defensora de la Niñez para efectos, justamente, de evitar situaciones que tengamos que lamentar en el futuro.
Al final del día, de lo que se trata...

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador.
En votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, vamos a consultar por la opción de voto de los Senadores que se encuentran participando en la sesión de manera remota.
La Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Araya, ¿cómo vota?
Tiene apagado el micrófono...

El señor ARAYA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
Tiene que activar la imagen.
El Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
El Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?
El Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Von Baer ¿cómo vota?

La señora VON BAER.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.- Voto a favor, señor Secretario.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto, incluidas las enmiendas unánimes introducidas por la Comisión Especial de Infancia y por la Comisión de Hacienda (36 votos a favor y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con los quorum constitucionales exigidos.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron la señora Provoste y los señores Latorre y Navarro.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Por supuesto, se entienden aprobadas también las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones en el segundo informe.
Queda, por tanto, despachado el proyecto en este trámite.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor SICHEL (Ministro de Desarrollo Social y Familia).- Señor Presidente, dos cosas.
Vivimos tiempos complejos en la política, a veces aciagos, con harta fricción, con dificultades en las posiciones que representamos cada uno, pero yo creo que este proyecto tiene que transformarse en un emblema de lo que debería ser el clima de la discusión del país.
Tenemos un pasivo, que es cómo hemos tratado la infancia, pero durante los últimos cuatro años sistemáticamente hemos avanzado en recuperar el volumen y la calidad de las políticas públicas que hacemos para ese sector: la creación de la Subsecretaría de la Niñez, de la Defensoría de la Niñez; la eliminación de los Cread; el aumento de la fiscalización específica; el incremento de las subvenciones.
Es un buen minuto para decir que lo hemos hecho entre todos, que hemos logrado construir acuerdos entre todos. Y este proyecto viene a ser un paso más en esa lógica que básicamente es construir agendas comunes, donde tenemos espacios de encuentro.
Por eso mismo, además de agradecer profundamente a la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, quien ha liderado este trabajo, quiero agradecer a la Senadora Ximena Rincón, a la Senadora Ena von Baer, al Senador Carlos Montes, al Senador Manuel José Ossandón, quienes trabajaron profusamente en una discusión en la que participaron más de cuarenta o cincuenta invitados que dieron sus puntos de vista, donde tuvimos diferencias que no estaban marcadas por las barreras de la política, sino, más bien, por la visión de la buena política pública, y donde fuimos capaces de construir acuerdos.
Es obvio que en estos tiempos, además de maximalismos, en que creemos que todo se soluciona con un proyecto de ley, esta iniciativa no es suficiente, pero es urgente. Y, por tanto, requería una tramitación que cerrara este ciclo; marcara el principio del fin de esa triste institución llamada "Sename", e iniciara una nueva etapa en que la protección de los menores de edad tenga un carril distinto y una estrategia distinta del Estado, en que la fiscalización de las instituciones colaboradoras también tenga un músculo mucho más robusto que el que tenía y, sobre todo, en que la estrategia de contar con un servicio de protección, otro de reinserción y una ley de garantías sea más integral que la mirada que teníamos hasta ahora.
Así que siento un agradecimiento profundo por el proyecto, por lo que hemos hecho. Quizás es un buen minuto para que, como clase política, digamos que aquí hay una buena fórmula para avanzar en los proyectos del futuro, ya que cuando ponemos por delante a las personas, a quienes están al cuidado del Estado, avanzamos mucho mejor. Y esta votación refleja eso.
Muchos de los Senadores lo dijeron, y lo agradezco: no es para nada el cierre de una estrategia de protección a la infancia; es simplemente hacerse cargo de la deuda que teníamos, del déficit, pero hay que seguir acelerando el paso en el resto de los carriles de los proyectos de ley que vienen detrás.
Y, sobre todo para la Subsecretaria, la instalación de este Servicio representa un tremendo desafío. Hay varias cosas que se dijeron allá adentro, pero yo creo que están en el proyecto de ley: las atribuciones de fiscalización, el informe financiero.
¡Hay un desafío institucional gigantesco! Tenemos menos de un año para instalar una institución. Carol Bown va a liderar esta instalación. Y el proceso político que vamos a vivir también esperamos que tenga el respaldo suficiente, porque aquí los tiempos apremian.
Muchas gracias.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:04.
Julio Cámara Oyarzo
Director de la Redacción