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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 368ª
Sesión 38ª, en jueves 11 de junio de 2020
Extraordinaria
(De 11:17 a 14:13)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, PRESIDENTA,
Y SEÑOR RABINDRANATH QUINTEROS LARA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade.
Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:17.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. CUENTA

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados:
Comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, y la ley N° 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, para suspender los plazos establecidos en dichas normas en lo relativo a las obligaciones que deben cumplir las federaciones deportivas nacionales, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional (Boletín N° 13.436-29).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muchas gracias.
Terminada la Cuenta.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se ofrece la palabra.
Senador Pugh, tiene la palabra.
Tienen que darle micrófono.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahí está.

El señor PUGH.- Muchas gracias, señora Presidenta.
Con respecto a la Cuenta, se ha enviado una carta dirigida a usted, como Presidenta, en la cual, junto con el Senador Víctor Pérez, hacemos presente la situación particular que se está viviendo en este estado de excepción constitucional, básicamente el estado de catástrofe, donde fuerzas de la Defensa Nacional están contribuyendo al control sanitario, efectuando controles y haciendo cumplir las instrucciones de toque de queda, es decir, no circular después de las diez de la noche.
¿Qué vimos este fin de semana pasado, el domingo 7, el mismo día en que se celebraban los ciento cuarenta años de la toma, asalto y captura del morro de Arica? El asesinato, porque no hay otra forma de referirlo, del conscripto Hugo Jonathan Muñoz Sotomayor, quien fue arrollado por un vehículo.
Le costó la vida el cumplimiento del deber, cuidándonos a nosotros. Las patrullas están para hacer efectiva la orden de la autoridad sanitaria.
También fueron de público conocimiento los fallos de la Corte Suprema que dejaban sin investigación una agresión que afectó a una patrulla de Infantes de Marina en Lota. Ellos también fueron embestidos. Y al denunciar, el fiscal los declaró a ellos como imputados, siendo que estaban informando una situación grave.
Estamos, entonces, ante hechos muy complejos, que nos obligan a analizar en profundidad nuestro Estado de Derecho y a entender que existen reglas claras, que están aumentadas por las que el Presidente emite a través de las RUF; pero se ha venido generando una situación particular con las fiscalías, que están prácticamente imputando a quienes se encuentran haciendo el legítimo uso de la fuerza para, de alguna manera, contener y hacer cumplir la medidas dispuestas.
Es por eso, señora Presidenta, que hemos solicitado, de acuerdo al artículo 67 de nuestro Reglamento, citar a una sesión especial para escuchar al Fiscal Nacional. Creemos que el Fiscal Jorge Abbott Charme debe explicar qué está pasando, cómo vamos a enfrentar este problema, porque, si no, estamos en un callejón sin salida, donde podemos llegar al final sin encontrar una solución a un Estado de Derecho que todos debemos respetar.
Queremos conocer de las actuaciones de los fiscales. No vamos a comentarlas ahora, las expondremos en el momento adecuado. Pero es una situación delicada y el país en estos momentos quiere escuchar explicaciones.
Por eso, hacemos presente este punto, para que, de acuerdo al artículo 67 del Reglamento, se pueda convocar a una sesión especial y escuchar al Fiscal Nacional.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien, Senador Pugh.
Consideraremos una fecha para realizar la sesión especial que usted solicita.
Muchas gracias.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra la Senadora Allende.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahora tiene audio.

La señora ALLENDE.- La verdad es que me va a disculpar, pero no voy a hablar de la Cuenta, porque llegué unos minutos tarde al inicio de la sesión. Estábamos en la Comisión de Recursos Hídricos.
Respecto a lo que acaba de señalar el Senador Pugh, me parece bien que se cite a sesión especial. Pero tengo una inquietud y quiero hacer una consulta, señora Presidenta.
Quiero saber si el Senado ha tenido alguna...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Quedó sin señal.

La señora ALLENDE.- ... (falla de audio en transmisión telemática)... alguna noticia de si va a prorrogar... (falla de audio en transmisión telemática).
¿Se cayó la señal?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ahora la escuchamos.

La señora ALLENDE.- ¿Ahora sí?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sí.

La señora ALLENDE.- Bueno, la consulta es si el Senado o la Mesa han tenido alguna noticia, alguna señal sobre si el Gobierno quiere prorrogar el estado de catástrofe. Si así fuera, obviamente eso debería ser aprobado por el Congreso.
Sería muy importante conocer, primero, si el Ejecutivo tiene esa disposición; y, en segundo lugar, si fuese así, creo que este Congreso merece conocer una suerte de rendición de cómo se ha llevado a cabo este estado de catástrofe desde que se decretó, los esfuerzos que ha significado, el número de personas involucradas, el financiamiento, todo, porque es muy importante, si la disposición es una eventual prórroga, estar al tanto de los detalles de cómo se ha implementado.
Entonces, yo quería saber si hay o no alguna intención de prórroga, porque estamos muy próximos a la fecha de término de este estado de emergencia.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Aún no hay ninguna señal del Ejecutivo con relación a prorrogarlo. Pero sí, por cierto, eso debería ser el 18 de junio, que ya está muy próximo. Y el señor Presidente, el Gobierno, tiene que dirigirse al Senado para esta prórroga y dar cuenta de las medidas implementadas en los términos que usted bien señala.
Pasamos, entonces, a los acuerdos de Comités.


ACUERDOS DE COMITÉS

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
Los Comités, en sesión celebrada el día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar en la tabla de esta sesión extraordinaria en primer, segundo y tercer lugar respectivamente las siguientes iniciativas, sin debate y otorgando solo cinco minutos para fundamentar el voto a las señoras Senadoras y los señores Senadores que quisieran hacer uso de este derecho:
Primero, certificado conjunto de las Comisiones Mixtas constituidas para proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas en la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
a) El que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el Coronavirus (boletín N° 13.315-08, refundido con los boletines Nos 13.417-03 y 13.438-3), y
b) El que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumo de servicios básicos domiciliarios y del corte de tales suministros en caso de deudas, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad (boletín N° 13.329-03, refundido con los boletines Nos 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03).
Segundo, proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que prorroga el mandato de los miembros de las directivas de las comunidades indígenas y la vigencia de los actuales representantes indígenas del Consejo Nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena, por el impacto del desarrollo de la enfermedad COVID-19 en Chile, y proyecto de ley que prorroga el mandato de los consejeros de las comunidades indígenas regidas por la ley N° 19.253 (boletines Nos 13.562-06, 13.492-06, refundidos).
Tercero, proyecto de ley iniciado en moción de los Honorables Senadores señoras Goic y Órdenes y señores Chahuán, Quinteros y Sandoval, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.720 con el objeto de establecer un ámbito de aplicación especial de los procedimientos concursales de renegociación para las personas mayores (boletín N° 12.850-07).

2.- Someter a votación en esta sesión extraordinaria el proyecto de acuerdo de los Senadores señoras Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria, por el que se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República dar por cumplidos los programas de mejoramiento de gestión y convenios de desempeño de los funcionarios y trabajadores de la salud pública (boletín N° S 2.115-12).
Igualmente, Sus Señorías, me ha solicitado la señora Presidenta hacer presente que se mantendrá el acuerdo adoptado por los Comités el día 1 de junio del presente año en el sentido de que las sesiones de Sala del Senado se celebrarán los días martes y miércoles, desde las 16 a las 19 horas, y de que continuará el trabajo de la Sala y de las Comisiones bajo la modalidad de sesiones a distancia, vía telemática. Asimismo, se dispuso mantener y respetar el uso de las denominadas "franjas horarias" para el funcionamiento de las Comisiones, lo que coordinará el Abogado Secretario Jefe de Comisiones, para efectos de que... (falla de audio en transmisión telemática)... las próximas sesiones de Sala se realizarán los días martes y miércoles en el horario ya indicado.
Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sobre los acuerdos de Comités, ofrezco la palabra.
Senador De Urresti, tiene la palabra.
No tiene micrófono.

El señor DE URRESTI.- ¿Ahí?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ahora sí.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahí sí.

El señor DE URRESTI.- Presidenta, llama la atención que nuevamente cambiamos de un día para otro, de una mañana para otra, una tabla.
Teníamos hoy día el proyecto de ley sobre notificaciones de juzgados de policía local. Hemos hecho el trabajo, nos hemos contactado con las organizaciones que están detrás de esto, está en segundo trámite. Entonces, yo insisto, Presidenta, en que no podemos estar cambiando todos los días los criterios de funcionamiento.
Creo que necesitamos tener estabilidad, que haya una franja horaria de funcionamiento. Hoy día se han suspendido Comisiones producto de esta propia situación y, aún más, se cambia la tabla desde lo que acordamos ayer en la tarde a hoy día en la mañana.
Quiero hacer ese punto, con el mejor espíritu de colaboración. Si nosotros fijamos prioridad a ciertos proyectos que podemos despachar, que están para convertirse en ley o que son contingentes desde el punto de vista de la emergencia sanitaria, respecto de otros que están comenzando su discusión, no hay problema, pero eso no está sucediendo, Presidenta.
Yo reitero que no podemos ser sorprendidos en la mañana con el cambio de las tablas. Eso no corresponde, porque está afectando el trabajo en Comisiones y no le hace bien al Senado.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador De Urresti.
Hemos propuesto justamente sesionar solo martes y miércoles en las tardes para no entorpecer el trabajo de Comisiones, lo que por cierto está sucediendo reiteradamente.
Senador Moreira, tiene la palabra.

El señor MOREIRA.- Presidenta, solamente veinte segundos.
Es muy importante que los jefes de Comités informen a sus Senadores de los acuerdos que se toman. Son los jefes de bancadas los que tienen que informarles a sus parlamentarios. Porque cuando se toman las decisiones en Comités, se supone que el representante de cada uno de los Comités actúa por ellos y toma decisiones.
Lo señalo, porque veo que aquí, al inicio de las sesiones, se empieza a cuestionar la labor de los propios jefes de Comités.
¡En el caso de la UDI, están todos ordenados...!
Gracias, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Yo informo que también estuvo presente en la reunión el Comité del Partido Socialista.
¿Hay más palabras sobre los acuerdos de Comités? Si no, pasamos a la tabla.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador Insulza había levantado la mano.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Insulza.

El señor INSULZA.- Sí, yo me hago responsable... (falla de audio en transmisión telemática)...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- No tiene señal.

El señor INSULZA.- Ahora sí.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahí sí.

El señor INSULZA.- Si me permite, Presidenta, la tabla de hoy es casi la misma de ayer. Nada más que ayer discutimos algo durante largo rato y no se consiguió pasar a la tabla, y se consideró que estos tres proyectos eran posibles de analizar.
Ahora, el problema es que como ayer decidimos que íbamos a hacer una sesión hoy, y la reunión de Comités terminó diez minutos antes de que empezara la sesión, era difícil hacer consultas.
Entonces, considero que debemos tener paciencia en esto; estamos en una sesión de emergencia y nosotros estamos dispuestos a todo tipo de reuniones adicionales para despejar la tabla. Esto se conversaba entre algunos Senadores antes de la sesión. Por lo tanto, podemos poner el tema que plantea el Senador, u otro, en la tabla siguiente.
En todo caso, así vamos a tener que estar trabajando por un buen tiempo, porque de esta manera telemática y con urgencias es imposible hacerlo de otra manera.
Gracias, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- A usted, Senador Insulza.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Hay alguna otra palabra pedida?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Coloma.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, señor Senador.

El señor COLOMA.- Presidenta, muy breve, es que me quedó dando vueltas la petición de la Senadora Allende.
Yo entiendo que este es un estado de catástrofe; no requiere la autorización del Congreso. Sí se necesita en los otros estados de excepción. Recordemos que hay cuatro.
Entonces, para que no haya dudas, para que no nos equivoquemos, quería aclarar que en este caso no se requiere esa autorización. Distinto sería si fuera de asamblea, distinto sería si fuera de emergencia. Hay otros estados de excepción, pero en este caso solo se debe informar; no se necesita la autorización.
Quería dejar esa constancia, Presidenta, conforme a la Constitución que hoy día nos rige.
Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Todavía no hemos recibido solicitud de información.
Senador Elizalde, tiene la palabra.

El señor ELIZALDE.- Sí, es bien importante precisar lo que establece la norma constitucional, el artículo 41 en particular.
El Senador Coloma ha señalado algo que es cierto. Lo que le corresponde al Presidente es informar de las medidas adoptadas en virtud del estado de excepción constitucional, en este caso, el estado de catástrofe.
Por tanto, lo que se requiere es que el Presidente informe.
Y, en caso de que el estado de catástrofe tenga una duración superior a ciento ochenta días, el Congreso puede revocarlo a contar del día siguiente de transcurridos los seis meses, pero lo importante es que tiene que haber cesado de manera absoluta lo que motivó la declaración de estado de excepción constitucional, y estamos muy lejos de eso.
Ahora, si el estado de excepción constitucional se prolonga por más de un año, en ese caso, efectivamente, se requiere la autorización del Congreso Nacional. Pero estamos todavía muy lejos de eso.
Por tanto, lo que corresponde ahora es requerir la información del Presidente de la República respecto de las medidas que ha adoptado en el marco del estado de catástrofe. Yo creo que corresponde que lo prorrogue, en esto hay que ser claro. No hay ninguna razón por la cual no se deba prorrogar este estado, porque lo que originó su declaración hoy día se mantiene vigente y con situaciones más dramáticas casi que meses atrás, cuando se dictó por parte del Presidente de la República.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.
Vamos a pasar, entonces, a la tabla.
IV. ORDEN DEL DÍA



SUSPENSIÓN DE CORTE POR NO PAGO Y POSTERGACIÓN DE COBRO DE DEUDAS POR CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS. CERTIFICADO DE COMISIONES MIXTAS


La señora MUÑOZ (Presidenta).- Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde pronunciarse sobre el certificado de las Comisiones Mixtas constituidas para proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados en la tramitación de los siguientes proyectos de ley: a) el que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus (boletín N° 13.315-08, refundido con los boletines Nos 13.417-03 y 13.438-03), y b) el que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumo de servicios básicos domiciliarios y del corte de tales suministros en caso de deuda durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad (boletín N° 13.329-03, refundidos con los boletines Nos 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03).
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (13.315-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Rincón y señores Bianchi, Girardi, Navarro y Quinteros):
En primer trámite: sesión 3ª, en 18 de marzo de 2020 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (13.417-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Provoste y señores Bianchi, Girardi, Guillier y Navarro):
En primer trámite: sesión 12ª, en 8 de abril de 2020 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (13.438-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores Elizalde y Quinteros):
En primer trámite: sesión 15ª, en 15 de abril de 2020 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 26ª, 25 de mayo de 2020.
Informe de Comisión:
Economía (certificado): sesión 17ª, en 22 de abril de 2020.
Economía: sesión 18ª, en 29 de abril de 2020.
Mixta: sesión 37ª, en 10 de junio de 2020.
Discusión:
Sesiones 17ª, en 22 de abril de 2020 (queda pendiente la discusión general); 18ª, en 29 de abril de 2020 (se aprueba en general y en particular); 30ª, en 27 de mayo de 2020 (Se rechazan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta).
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 16ª, en 21 de abril de 2020 (se da cuenta).
Mixta: sesión 31ª, en 2 de junio de 2020.
Informe de Comisión:
Economía: sesión 24ª, en 20 de mayo de 2020.
Mixta: sesión 37ª, en 10 de junio de 2020.
Discusión:
Sesión 30ª, en 27 de mayo de 2020 (se aprueba en general y en particular con modificaciones).

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
Las controversias surgieron producto del rechazo de ambas Cámaras, cada una a su turno, en el tercer trámite constitucional, de las modificaciones realizadas por la otra Cámara, en el segundo trámite constitucional, de las iniciativas legales ya individualizadas.
El certificado de las Comisiones Mixtas deja constancia de los siguientes acuerdos adoptados por dichas instancias para el tratamiento de estos asuntos:
-Sesionar simultáneamente y proponer conjuntamente a ambas ramas del Congreso Nacional la aprobación de un solo proyecto, como forma y modo de resolver las dificultades surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto de las iniciativas señaladas, en el entendido de que los proyectos de ley objeto de estas diferencias regulan la misma materia.
-Emitir un documento único, por tratar ambas iniciativas legales asuntos de similar naturaleza.
-Y que la proposición que formulan conjuntamente ambas ramas del Congreso Nacional sea considerada, en primer lugar, por la Cámara de Diputados.
En seguida, y de conformidad con los acuerdos adoptados, las Comisiones Mixtas proponen conjuntamente, como forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre ambas Cámaras respecto de las iniciativas mencionadas, la aprobación del proyecto de ley que se transcribe en su totalidad.
El texto propuesto contiene las siguientes regulaciones:

1.- Prohibir a las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad, y las empresas de distribución de gas de red, cortar el suministro por mora en el pago a las personas, usuarios y establecimientos que se señalan durante los noventa días siguientes a la publicación de la ley.
Se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas sanitarias y a las cooperativas y comités de agua potable rural que se indican.

2.- A elección de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red que se generen entre el 18 de marzo del 2020 y hasta los noventa días posteriores a la publicación de la ley, se prorratearán en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario, las que no podrán exceder de doce y tampoco incorporar multas, intereses, ni gastos asociados.
Asimismo, a elección del usuario final, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las mencionadas, con los requisitos que se indican.

3.- Durante el plazo arriba mencionado, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se trata de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se trata de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, sin costo, por el plazo que se indica de acuerdo a las características que al efecto se establecen.

4.- Asimismo, se disponen los requisitos que deberán reunir los clientes finales para acogerse a los beneficios de la ley.

5.- Los usuarios finales que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de dichos pagos en las condiciones que se señalan.

6.- Las empresas y cooperativas proveedoras de los mencionados servicios deberán establecer plataformas de atención al cliente, por internet y telefonía, que permitan formular solicitudes para acceder a los beneficios.

7.- Las infracciones a lo dispuesto serán sancionadas en conformidad a la normativa sectorial respectiva.

8.- Los costos que irrogue para las empresas y cooperativas la implementación de esta ley en ningún caso serán traspasados a los clientes finales.

9.- Durante los noventa días siguientes a la publicación de la ley, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo con normalidad sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y a las cooperativas eléctricas.

10.- Si los beneficiarios de la ley hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones de suministro o servicio por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados, la respectiva empresa proveedora o cooperativa deberá proceder a la reposición inmediata del servicio, sin costo alguno, una vez publicada la presente ley.
Las Comisiones Mixtas acordaron la señalada proposición con las votaciones que se consignan en el correspondiente certificado.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición, tanto en el sistema SIL como en la plataforma de documentos de la presente sesión, figura la proposición de las Comisiones Mixtas con el texto resultante del proyecto, de aprobarse dicha propuesta.
Es todo, señora Presidenta.


La señora MUÑOZ (Presidenta).- A continuación, tiene la palabra el Senador Elizalde, Presidente de las Comisiones Mixtas, para que rinda su informe.

El señor ELIZALDE.- Gracias, Presidenta.
No voy a hacer mención a los boletines porque el Secretario ya ha hizo un resumen bastante preciso del proyecto de ley, pero estas Comisiones Mixtas tenían por objeto resolver las diferencias que se habían generado respecto de dos iniciativas, fusiones de proyectos de ley, que se habían desarrollado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, cuyos textos fueron modificados por las Cámaras revisoras y rechazados en sus cambios en el tercer trámite por las ramas de origen y, en tal escenario, hacer el esfuerzo por llegar a una normativa que permitiera superar tales diferencias.
Formaron parte de estas Comisiones Mixtas las Senadoras Rincón y Órdenes; los Senadores Durana, Pugh y el que habla; los Diputados Barrera, Lavín, Mellado y Naranjo y la Diputada Pérez. Y tuvo un rol muy activo en la tramitación la Senadora Yasna Provoste, autora, junto a otros colegas, de una iniciativa incorporada en este proyecto, relativa a la provisión de servicios de internet en el ámbito educacional en el contexto que estamos viviendo en la actualidad.
El proyecto establece, en primer lugar, la prohibición del corte del suministro durante los noventa días posteriores a la publicación de la ley. ¿De parte de qué empresas? De las empresas y cooperativas de distribución de electricidad, las empresas sanitarias y las empresas de gas de red.
Se señala quiénes son los beneficiarios: los usuarios residenciales o domiciliarios; los hospitales y centros de salud; las cárceles y recintos penitenciarios; los hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual; los hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores; los bomberos; las organizaciones sin fines de lucro, y las microempresas, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416.
El mismo articulado precisa posteriormente cuáles son las normativas que no se aplicarán durante este período, justamente para evitar el corte del suministro, que es el primer beneficio que el proyecto consagra para quienes están siendo afectados por la pandemia y sus consecuencias sociales.
Se excluye, en todo caso, a las empresas sanitarias con menos de 12 mil clientes que constituyan una sola unidad económica y no sean filiales de otra empresa sanitaria, así como a las cooperativas y comités de agua potable rural. Es muy importante que sean empresas pequeñas no filiales de otra compañía sanitaria, porque en tal caso no quedarían excluidas debido a que la empresa matriz puede hacerse cargo del esfuerzo financiero de lo que significa otorgar estos beneficios a los clientes.
Asimismo, a elección de los usuarios finales, es posible efectuar un prorrateo de las cuotas que hay que pagar, hasta doce, en relación con las deudas generadas entre el 18 de marzo de este año y hasta los noventa días posteriores a la publicación de la ley. Se trata de cuotas iguales y mensuales. Será el usuario o cliente quien decida el plazo. El máximo es doce meses, pero, si quiere, puede optar por un plazo inferior. Lo más importante es que podrá incorporar deudas anteriores al 18 de marzo, hasta 10 unidades de fomento, en el caso de las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas, y no más de 5 UF, en el caso de las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red.
Adicionalmente, se establece un plan básico en materia de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, de acuerdo a las características que precisa el proyecto de ley.
Además, y esto es muy importante, se incorpora la obligación, para las empresas proveedoras, de ofrecer a las instituciones de educación o sostenedores planes especiales de datos para que puedan focalizar el acceso universal de prestaciones de educación para sus alumnos, los que deberán ser informados al Ministerio de Educación. Las ofertas que se hagan en virtud de esta normativa también deberán ser informadas por los canales correspondientes. Los proveedores de acceso a internet que a la fecha de la publicación de la ley cuenten con menos de 12 mil clientes quedan exceptuados de esta obligación.
Es muy importante lo que estoy señalando porque aquí se incorporó una idea que estaba contenida en otro proyecto de ley, orientado, precisamente, a resolver el problema que se ha generado en el ámbito educacional, sobre todo por la educación a distancia, que ha sido una obligación en el contexto de la pandemia.
Quiero destacar que en la redacción del artículo pertinente tuvo un rol muy importante la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones. De hecho, se le estableció un plazo de varios días para que generara una propuesta que incorporara esa otra iniciativa. Y la Senadora Provoste, tal como ya mencioné, tuvo un rol muy activo participando en el debate en particular de este punto, agregado al texto final.
Después se indica quiénes son los destinatarios de estos beneficios, focalizados, básicamente, en los que realmente los necesitan. Estamos hablando de personas que se encuentren dentro del 60 por ciento de vulnerabilidad conforme al Registro Social de Hogares; de adultos mayores que sean tales de acuerdo a lo establecido por la ley N° 19.828; de los que estén percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece el Seguro de Desempleo; de quienes se hallen acogidos a alguna de las causales de la ley N° 21.227, recientemente despachada por el Congreso Nacional, referida a la protección del empleo, y de los trabajadores independientes o informales no comprendidos en las categorías anteriores y que expresen, mediante declaración jurada, que están siendo afectados por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios. Se establece una sanción penal para quienes utilicen maliciosamente esta declaración.
Igualmente, se incorpora a los usuarios finales no comprendidos en las normas anteriores que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa o cooperativa prestadora. También se establece, en este caso, el mecanismo de la declaración jurada y una sanción por su utilización maliciosa.
La negativa de una empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo, el cual será tramitado por el organismo fiscalizador correspondiente.
Las empresas señaladas en esta ley, así como las cooperativas eléctricas, dispondrán de un plazo acotado para establecer plataformas de atención al cliente, por internet y telefonía, que permitan formular las respectivas solicitudes, las que deberán resolver en un plazo máximo de cinco días hábiles. Respecto de los beneficiarios señalados en el artículo 4°, no procederá rechazo alguno y el beneficio será aplicado de pleno derecho por parte de las empresas proveedoras y cooperativas. En caso de que la respuesta sea negativa, se deberá mencionar expresamente la razón que justifica el rechazo.
Las empresas y cooperativas tendrán que elaborar un registro y estadísticas de los solicitantes beneficiarios en un plazo no mayor a diez días hábiles desde la publicación de la ley y deberán actualizarlo quincenalmente. Esto es muy importante, porque la información respecto de las solicitudes recibidas y el resultado de ellas deberán ser publicados, lo que permitirá su fiscalización no solo por la autoridad, sino también por la ciudadanía.
Las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas en conformidad a la normativa sectorial respectiva. Se tomó la decisión de no fijar un marco especial de penas para este caso, sino aplicar las sanciones contenidas en los cuerpos legales que regulan a los distintos sectores involucrados, de modo que sean los organismos fiscalizadores competentes los que evalúen cada situación y determinen si proceden o no sanciones.
Algo muy importante: los costos que irrogue la implementación de esta ley para las empresas o cooperativas eléctricas en ningún caso serán traspasados a los clientes finales. Se hace mención expresa a los cuerpos normativos que establecen modificaciones tarifarias en virtud del cambio legal. Se señala que no tendrán aplicación en este caso. Por tanto, los efectos de la presente ley no podrán ser considerados en proceso tarifario alguno relacionado con los servicios básicos a que ella se refiere.
Bajo ningún respecto y condición esta norma legal, sus consecuencias y sus efectos podrán considerarse en proceso tarifario alguno de los servicios básicos tratados en esta ley. La mención de legislaciones especiales no importa mantener vigentes las disposiciones y normas omitidas.
Durante los noventa días siguientes a la publicación de la ley, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo con normalidad sus servicios a las empresas distribuidoras y a las cooperativas.
Por el plazo comprendido entre los treinta días previos a su publicación y los noventa días posteriores, de manera excepcional el pago de las cooperativas eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras podrá ser realizado en cuotas, en el mismo número de meses en que se prorrateen las cuentas de sus beneficiarios, sin multas, intereses ni gastos asociados.
A través de esta normativa se hace beneficiarios de la ley a los clientes o usuarios de las cooperativas eléctricas, pero se establece una excepción respecto a la forma en que ellas deberán pagar a sus proveedores, para que de esa forma no resulten inviables desde el punto de vista financiero.
Finalmente, si los beneficiarios de la ley hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones del suministro o servicio por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados, la respectiva empresa proveedora o cooperativa deberá proceder a la reposición inmediata de aquel, sin costo alguno, una vez publicada la ley.
De esta manera, entonces, se establece la prohibición de corte a los beneficiarios señalados en el proyecto y la posibilidad de que puedan repactar las deudas contraídas desde el 18 de marzo hasta los noventa días posteriores a la publicación de la ley, en doce cuotas mensuales e iguales, como plazo máximo -se estará a lo que decida el propio cliente o usuario-, a contar del día noventa y uno posterior a la publicación de la ley.
Lo anterior rige para las empresas eléctricas, las empresas de gas de red y las empresas sanitarias.
Respecto de las empresas de telefonía y de internet, se instaura un plan básico que, además, comprende el desafío de mantener la conectividad en el ámbito educacional.
Por lo tanto, nos parece que estamos frente a una iniciativa que contribuye a ayudar a las familias chilenas que están enfrentando una situación muy dramática como resultado de las consecuencias sociales de la pandemia sanitaria.
Tuvo su origen en mociones parlamentarias tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y, en ese sentido, quiero destacar particularmente a todos los colegas que suscribieron propuestas para dar respuesta a las necesidades sociales que actualmente están enfrentando los chilenos.
Por todo lo anterior, el texto fue finalmente aprobado. Salvo una, todas las normas fueron despachadas en forma unánime por las Comisiones Mixtas. Esto es muy importante, puesto que llevamos a cabo un trabajo para generar consenso y concordia.
La única disposición aprobada por mayoría -6 votos a favor y 4 en contra- es la que permite incorporar las deudas anteriores al 18 de marzo. Había dos alternativas: una planteaba desde los treinta días anteriores a la publicación de la ley, y otra tomaba como referencia la fecha recién indicada. Finalmente, por 6 votos a favor, se aprobó la que considera incorporar las deudas desde el 18 de marzo.
Sin embargo, tal como señalé, adicionalmente se pueden incorporar deudas anteriores, hasta 10 unidades de fomento, en el caso de las empresas eléctricas y las cooperativas, y hasta 5 UF, en el caso de las empresas de distribución de gas de red y las empresas sanitarias.
Concluido el informe que he dado como Presidente de las Comisiones Mixtas, sugiero aprobar la normativa propuesta, por la importancia que tiene para el drama social que estamos enfrentando.
He dicho, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Elizalde.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Para dar una Cuenta agregada, tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
En este momento ha llegado a la Mesa el nuevo primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prorroga el mandato de los miembros de las directivas de las comunidades y asociaciones indígenas y la vigencia de los actuales representantes indígenas del Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile (boletín N° 13.562-06) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Quiero recordarles a los colegas que recién informamos los acuerdos de Comités, en que se estableció que los tres proyectos que están hoy día en tabla se van a tramitar procediendo a abrir la votación inmediatamente y cada Senadora y Senador tendrá cinco minutos para fundamentar su voto.
Abrimos entonces, señor Secretario, la votación en relación con el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Vamos a consultar por la opción de voto.
Senador señor Coloma, ¿cómo vota?

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, durante el debate de ayer escuché varios comentarios en que se hablaba casi con desprecio de las normas reglamentarias o constitucionales, como si fueran el adorno para las instituciones de Chile. Yo pienso completamente distinto. Creo que estas normas son esenciales para poder entender un Estado de Derecho que funciona armónicamente y para garantizar los derechos de las personas.
Cuando uno no valora o simplemente desprecia las normas, los efectos jamás son buenos. Y hemos visto demasiadas veces que ha ocurrido exactamente aquello.
Menciono lo anterior porque, a la luz del proyecto que hoy día votamos, uno podría entender que hay una buena idea o un buen propósito detrás. Sí. Obviamente, en situaciones de pandemia, más allá de que el Presidente de la República dispone de facultades importantes, uno puede decir: "es razonable actuar de esa manera". Pero, al hacerlo, no se repara en cuáles son los efectos constitucionales de esa acción. Y aquí se vulneran claramente el artículo 19, números 24° y 26° de la Carta Fundamental. Y eso yo lo planteé largamente en el debate. Hemos discutido tres veces este proyecto. Recordemos: primero, durante su análisis en general; después, en su trámite en particular y ahora mediante el informe de la Comisión Mixta. No voy a repetir mi argumentación y me remito a lo ahí planteado.
Pero, en segundo lugar, hay dos cosas adicionales que me preocupan.
Una de ellas es la responsabilidad extracontractual que se está fijando en el Estado. A mi juicio, aquí lo que hay que notar es que muchas de estas medidas fueron adoptadas voluntariamente por las empresas en función de un acuerdo con el Gobierno. Y eso lo valoro y lo subrayo y lo levanto a una categoría muy importante. Es muy distinto cuando voluntariamente se generan determinadas actitudes que cuando aquellas son forzadas en virtud de la ley.
¿Dónde está la diferencia? En el primer caso, no existe responsabilidad alguna de parte del Estado respecto de lo que aquí ocurra, y en el otro evento, eventualmente sí puede suceder.
Invito a los que son más escépticos en este punto a que revisen toda la legislación comparada en el mundo y vean la diferencia entre lo voluntario y lo obligatorio. Cómo eso puede terminar significando que esa cuenta respecto a la cual se hacía referencia a que en el fondo nadie la pagaba, la puede terminar pagando el Estado, sobre todo cuando hablamos de servicios que prestan distintos proveedores, que no son los mismos pero se encuentran encadenados por su naturaleza monopólica.
Ahí se produce un problema relacionado con quién asume, y obviamente los afectados pueden repetir contra el Estado. Y esa situación a mí me parece especialmente severa.
Y por último, quiero manifestar mi inquietud respecto de cómo se resolvió el tema del agua potable, en que adicionalmente se estableció el principio muy complejo de no considerar el límite de consumo para efectos de generar los eventuales beneficios que esta ley en proyecto plantea.
Así que no hago más cuestión. Ya argumenté largamente en los debates anteriores. Sí quiero reivindicar que yo por lo menos no voy a votar cosas que no me parezcan. Cada uno puede considerarlos de determinada forma; respeto a quien piense distinto, pero se están vulnerando normas constitucionales que al final son las que ordenan la forma de entendernos y de las cuales no creo que se pueda disponer libremente, a propósito de una causa que a uno le puede parecer justa. Lo que a uno le puede parecer justo a otros puede que no. Pero eso no es susceptible a que cada uno actúe conforme le parezca en esa interpretación.
Y, adicionalmente, habiéndose producido una voluntariedad respecto del pago de tales servicios, no entiendo por qué se genera esta responsabilidad extracontractual del Estado. Nosotros debemos velar, todos los que estamos acá, de todos los sectores políticos, supongo, por que el Estado no se tenga que hacer responsable, al final, de pagos que no le corresponden, a menos que una ley lo fuerce en ese sentido.
Por tanto, esa voluntariedad tenía mucho sentido jurídico, económico, social y constitucional.
Y en el tema del agua potable lamentablemente entiendo que hubo una votación dividida, lo explicó el Presidente de la Comisión, no hubo el acuerdo necesario, pero generó... (falla de audio en transmisión telemática)... al contrario de lo que creo debe ser la forma correcta de resolver este tema.
Por eso, señora Presidenta, y manifestando para estos efectos las prevenciones constitucionales, que ya las hice presentes en la discusión en general, no voy a aprobar este proyecto. Pero como creo que es una idea que tiene sentido, si tampoco vamos a descartar las reflexiones ciudadanas y los legítimos intereses, me abstengo.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Coloma.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Senador señor Durana, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Parece que se saltó al Senador Chahuán.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Chahuán está antes del señor Coloma y hoy día, de acuerdo al Reglamento, partíamos con el Senador siguiente al de la vez anterior.
Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.- Muchas gracias, señora Presidenta.
El proyecto de ley que establece la suspensión del pago de servicios básicos ha sido producto de un amplio consenso. Participaron activamente los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, Energía, Desarrollo Social, Obras Públicas, Segprés, además de diversas entidades de todos los sectores de servicios básicos que hicieron llegar sus propuestas y comentarios.
Es cierto que siempre es posible considerar que un proyecto de ley puede ser mejor en ciertos y determinados aspectos; pero es necesario resaltar que los acuerdos a que arribamos establecen un equilibrio entre las necesidades de los usuarios finales de los servicios básicos, las empresas proveedoras de servicios, la opinión de los Ministros de las áreas involucradas y la apremiante situación de emergencia en que nos tiene sumidos el COVID-19.
Más allá de cualquier consideración, hoy vamos a dar la tranquilidad a nuestros compatriotas de que en tiempos de pandemia podrán seguir contando con servicios básicos indispensables. No se trata de una condonación que pueda afectar la cadena de pagos, sino de una reprogramación de esa deuda, de forma tal de hacerla pagable para las familias más necesitadas. Es un imperativo no solo legislativo, sino ético y moral.
Es evidente que esta norma afectará y traerá importantes trastornos a las empresas proveedoras de servicios básicos. Pero hay que tener presente que su vigencia y aplicación es de carácter transitorio y excepcional, así como focalizada en quienes más lo necesitan, puesto que se circunscribe al 60 por ciento más vulnerable de la población, de conformidad al Registro Social de Hogares.
En el caso de las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad o empresas de gas de red, se considera la posibilidad de prorratear las deudas generadas desde el 18 de marzo de 2020 y hasta los 90 días posteriores a la publicación de la ley hasta en 12 cuotas iguales y sucesivas, de acuerdo a la solicitud del usuario, sin multas ni intereses. Asimismo, este prorrateo podrá incluir las deudas anteriores al 18 de marzo de 2020, siempre que no excedan las 10 unidades de fomento en el caso de electricidad y 5 unidades de fomento en el caso de servicios sanitarios y de distribución de gas de red.
Lamento que haya quedado sin límite en el caso de los servicios sanitarios, porque creo que necesariamente la propuesta presentada por los parlamentarios de Chile Vamos, de 15 metros cúbicos, era clara e importante de aprobar.
Finalmente, señora Presidenta, es importante destacar que se incorporó en esta ley en proyecto el beneficio de un plan solidario de conectividad, de tal manera que se puedan generar condiciones para mantener conectividad telefónica, servicios de transmisión de datos y de internet, con especial orientación a prestaciones educacionales para estudiantes de los distintos tipos de establecimientos, ya sea universitarios, básicos o medios y que pertenezcan al 60 por ciento de vulnerabilidad.
Y, además, es tremendamente importante que hayamos protegido a las cooperativas eléctricas y pequeñas empresas sanitarias que ofrecen servicios en lugares aislados, resguardando la cadena de pago y el empleo.
Voto a favor del proyecto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Durana.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Ebensperger, ¿cómo vota?

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidenta.
Yo me voy a abstener en este proyecto, porque creo que las modificaciones propuestas por la Comisión Mixta finalmente profundizan las diferencias de las mociones originales. Por ejemplo, no se establece, como se habló acá, un límite al consumo de agua; no se focaliza adecuadamente, desde mi punto de vista, el beneficio al establecer una norma abierta y general; se vulneran, como también se ha señalado, algunas normas constitucionales, particularmente en cuanto al principio de igualdad en la repartición de las cargas públicas.
Además, pienso que puede generar eventuales responsabilidades al Estado que agraven la situación. Pero lo más importante es que la finalidad de este proyecto está cumplida con el acuerdo firmado por el Ejecutivo con las compañías de electricidad, telecomunicaciones y agua.
Como ayer escuchamos del Superintendente de la entidad, estos acuerdos voluntarios, que, por lo tanto, no generan una eventual responsabilidad del Estado al modificar los contratos, son, además, obligatorios. Se han dictado circulares al respecto, se fiscaliza su cumplimiento; por lo tanto, la gente hoy día no está abandonada, no van a tener cortes de suministros y, en consecuencia, desde mi punto de vista, con estos acuerdos ya firmados se cumple lo loable que busca este proyecto: que los servicios básicos de las personas más vulnerables no sean cortados.
En razón de todo eso, Presidenta, me abstengo.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senadora Ebensperger.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?
Ahí está con audio.

El señor ELIZALDE.- Yo quisiera, en primer lugar, destacar a los mocionantes de los distintos proyectos de ley que fueron refundidos en el Senado, los Senadores señores Bianchi; Girardi; Guillier; Navarro, quien, por lo demás, es autor de la primera iniciativa; la Senadora Rincón, que tuvo un rol muy activo en la Comisión; y la Senadora Provoste, que también lo tuvo, y el Senador Quinteros, Vicepresidente de nuestra Corporación. Yo también soy mocionante de una de las iniciativas.
Lo segundo que quiero precisar es que todas las normas contenidas en este proyecto de ley que se somete a consideración de la Sala fueron aprobadas por unanimidad, salvo una, referida a la deuda anterior, que se puede repactar.
En ese tema había dos posturas, una de quienes hablaban de 30 días antes de la publicación de la ley, y otra de los que consideraban desde el 18 de marzo. Finalmente primó, por 6 votos contra 4, que fuera desde el 18 de marzo.
También hubo unanimidad respecto de sumar incluso las deudas anteriores al 18 de marzo, con el límite de 10 UF en el caso de la electricidad, y de 5 UF en el del gas y del agua. Por tanto, es un proyecto que contó con un importante grado de consenso dentro de la Comisión.
Efectivamente, como aquí se ha señalado, no se aprobó la norma que establecía un límite al consumo del agua, un límite posterior. Yo lo propuse en la Comisión y lo defendí en la Sala cuando se discutió el primer proyecto. No fue aprobado, y me abstuve en la Comisión porque me parecía que tal cual habían sido propuestas las indicaciones -como se ha señalado- no eran adecuadas para lo que se buscaba.
Pero quiero precisar, porque aquí se ha dicho que esta ley en proyecto es peor de lo aprobado antes y de las mociones a propósito de ese punto, que en ninguna de estas se contenía el límite, ¡en ninguna! Y en ningún texto aprobado por la Cámara o el Senado estaba considerado ese límite. Solo se estableció cuando lo discutimos en la Comisión de Economía; pero después fue modificado cuando se discutió en la Sala.
Entonces, las cosas hay que precisarlas. Yo creo que efectivamente hay que hacerse cargo del tema de la sequía: la mayor responsabilidad de la sequía no está en el consumo domiciliario y hay que dar una señal. Pero eso no puede significar en absoluto que esta iniciativa represente un retroceso respecto de lo que estamos aprobando ahora y los textos que en su momento fueron aprobados por las respectivas Corporaciones, porque ese límite no estaba establecido en ninguna de las dos.
Lo segundo que quiero señalar es que efectivamente tenemos que hacernos cargo del drama social. Esta ley en proyecto presenta beneficios en el tiempo que son mayores a los considerados por el Gobierno, incluso en su cobertura, y mayores a los que las empresas hasta el momento han estado dispuestas a acceder.
Qué es lo importante en esta materia: que las empresas deben tener conciencia de que esta crisis la enfrentamos entre todos, y así como el Fisco tendrá que hacer un gran esfuerzo para proteger a las familias chilenas que se han visto afectadas en sus ingresos, también el sector privado tiene que hacer un esfuerzo. Y si alguien piensa que estando la economía en un estado de hibernación como el actual, producto de las medidas tomadas, se podrán alcanzar los mismos niveles de utilidades que en el contexto de normalidad, no entiende la dimensión de la crisis. Si la economía no funciona por un tiempo, pues bien, durante este no se puede pretender mantener la lógica de las utilidades como si la economía estuviera funcionando de manera normal.
Por tanto, yo creo que el sector privado debe hacer un esfuerzo para que salgamos de esta crisis, que es excepcional, que tiene que ver con una situación sanitaria, no con la economía propiamente tal, que genera un impacto en la economía que termina siendo social.
Por último, si no protegemos adecuadamente a las personas, estas van a tener que salir a la calle a generar ingresos y, si lo hacen, la pandemia va a seguir propagándose, y de ser así, vamos a tener una crisis económica más profunda y la reactivación será más difícil en el futuro.
Por tanto, cuando hablamos de las medidas sociales para proteger la salud de las personas, eso tiene un impacto positivo, finalmente, en la economía, que nos va a permitir salir de la crisis con mayor facilidad. Una crisis que, por lo demás, es muy difícil de enfrentar.
Así que, en ese contexto, me parece muy importante que se dé esta señal respecto de la protección para los ciudadanos: tenemos que resolver lo que está pendiente en el diálogo sobre la protección en sus ingresos, pero a través de esta iniciativa al menos disminuimos sus gastos. Y conste que -con esto termino- aquí no se está haciendo una condonación de deuda, sino solo permitiendo repactar sin intereses, multas ni gastos asociados. No es más que eso, es muy acotado. De todas maneras las personas van a tener que pagar sus cuentas.
Creo que, incluso, estamos cortos en esta iniciativa respecto de lo que debiéramos hacer en esta materia. Así que no entiendo que algunos se opongan a que la llevemos adelante.
Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Elizalde.
Voy a saludar al Ministro Alvarado, que se ha incorporado, y al Subsecretario Juan José Ossa. Sean muy bienvenidos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Galilea, ¿cómo vota?
¿Senador señor García-Huidobro?
Senador señor García Ruminot, ¿cómo vota?
Senador señor Girardi, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Girardi, ¿está conectado?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Sí, pero apagó la cámara.
Senador Girardi, ¿puede prenderla?
Ahí sí.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ahí tiene el micrófono.

El señor GIRARDI.- Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Goic, ¿cómo vota?
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
Tenía problemas con su conexión, según manifestó.
Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.- Yo solamente quiero, por su intermedio, Presidenta, garantizarle al Senador Coloma que nosotros no tenemos el menor interés en violar la Constitución: ¡la queremos cambiar!
¡Queremos terminar con ella y dictar una nueva! ¡No la queremos violar!
Ahora, los dos números del artículo 19 de la Constitución que él cita son particularmente agraviantes; en especial, el último inciso del número 24°, que dice: "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".
Bien saben que hemos intentando eliminar ese texto y no lo hemos conseguido. Por tanto, lo respetamos. No les estamos quitando el agua a los señores propietarios ni dañando esencialmente su derecho, como dice el número 26°, sino que simplemente estamos postergando el pago de los servicios por razones de urgencia y necesidad pública.
Yo no creo que eso sea una violación de la Constitución, en ningún caso, aunque reconozco que me gustaría que despareciera el número 24º. Pero no estamos atacando el derecho de propiedad sobre el agua, que se constituye en esa norma como único caso en el mundo.
Por lo tanto, voto a favor del informe de la Comisión Mixta, con la plena certeza de que las normas propuestas son perfectamente constitucionales.
Gracias.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.- ¿Aló?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Tiene la palabra, Senador.

El señor KAST.- No quiero repetir los argumentos que han dado largamente la Senadora Luz Ebensperger y el Senador Coloma. Solo hago presente que los comparto absolutamente.
Y me alegro de que hoy día ya tengamos un marco de entendimiento, al menos entre los economistas, sobre una política agresiva en materia social. Ojalá en el mundo político estemos a la altura de lo que lograron acordar los economistas de distintos colores políticos.
Claramente, creo que la vía de hacerlo es mediante proyectos constitucionales, proyectos que efectivamente tengan el patrocinio del Ejecutivo.
Por lo tanto, compartiendo las intenciones de esta iniciativa profundamente, me abstengo en esta votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Kast se abstiene.
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.- Quiero fundamentar mi voto, brevemente, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra.

El señor LATORRE.- Presidenta, este tipo de proyectos se está implementando en muchas partes del mundo por gobiernos de distinto signo político. Muchos son de Derecha en países con un capitalismo más avanzado que el chileno. Y tales iniciativas se han llevado adelante con amplio consenso, empujadas por el Ejecutivo, por el gobierno de turno, en acuerdo con las fuerzas oficialistas y opositoras.
Son de sentido común, ninguna cosa de otro mundo. Es básicamente decirles a las empresas que proveen servicios básicos que, en un contexto de pandemia, de restricción y recesión económica, las familias no se pueden quedar sin esos servicios. Habrá que dar facilidades, prorrateos, la opción de repactar las deudas, nuevos plazos para ello, flexibilidad.
Entonces, llama la atención esta rigidez neoliberal económica de algunos que defienden una Constitución -lo diré nuevamente- rígida y extremadamente neoliberal, sobre todo porque con ella se han privatizado servicios básicos con los cuales empresas nacionales y transnacionales lucran con utilidades que son una vergüenza... (falla de audio en transmisión telemática)... en el pasado también se garantizaron utilidades por tales servicios a estos grupos transnacionales.
En este contexto de crisis, esas empresas tienen que hacer un gesto, una contribución, porque se supone que poseen una función social: deberían estar orientadas al bien común. Por eso llama la atención la defensa irrestricta y rígida al interés económico de estas empresas, en vez de empatizar y ponerse en el lugar de las familias que necesitan ayuda.
Dicho eso, obviamente voy a respaldar esta propuesta.
Me parece irrisoria la discusión sobre la restricción del agua en un contexto de sequía, cuando sabemos que el consumo humano corresponde a un porcentaje bastante menor en comparación al consumo para fines productivos. O sea, si hay que hacer restricciones a algún sector hoy día es a la industria extractiva, que abusa muchas veces. En el fondo, todo este ordenamiento jurídico ha facilitado la privatización del agua.
Existen normas, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas al respecto. Además, esta última reconoce el derecho humano al agua estableciendo un mínimo por persona al día, lo que en Chile no se cumple.
Hay muchísimas zonas de nuestro país... (falla de audio en transmisión telemática)... en la Región de Valparaíso, la Provincia de Petorca, por nombrar el epicentro de la vulneración del derecho humano al agua. Existen muchas zonas en Chile, muchos hogares que no cuentan con acceso a agua potable y deben abastecerse mediante camiones aljibes con agua de dudosa calidad, y la cantidad que se entrega se encuentra por debajo de la norma recomendada (100 litros por persona al día); más aún en este contexto de pandemia, en que las personas tienen que lavarse las manos continuamente.
Francamente, me parece inentendible esa lógica de andar defendiendo el interés privado del agua. En pleno siglo XXI, no se entiende esa idea.
La propiedad privada ha de estar orientada al bien común y debe tener una función social; y es labor del Estado velar por ese bien común.
Respecto a la labor de la mesa de trabajo en Hacienda, que fue comentaba por Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, ayer sacaron un documento numerosos economistas, muchos de ellos de Derecha, de Centroderecha, que están a la Izquierda del Ministro Briones, mediante el cual le dicen: "Oiga, Ministro, gaste más; que no solo sean reasignaciones o subejecución presupuestaria", que fue lo que planteó el Ministro el día lunes o martes de esta semana. Le señalan: "Gaste 12 mil millones de dólares, plata fresca". Y hay que comenzar ahora, en el invierno, aumentando el Ingreso Familiar de Emergencia, y ojalá se acerque a la línea de la pobreza.
En definitiva, le están diciendo que gaste más, porque hay recursos disponibles. Economistas de Derecha le señalan a un Gobierno de Derecha: "En Chile hay plata, gaste más; no sea mezquino".
Eso básicamente le están diciendo.
Ojalá que el Ministro Briones y el Presidente Piñera lo consideren, y se llegue a un acuerdo luego, porque ya empezó el invierno y hay varias zonas en cuarenta. El día de mañana comienza en Valparaíso y en Viña del Mar. Hay mucha gente pasando hambre, frío, y se viene un invierno duro.
Es ahora el momento de gastar plata.
Voto a favor, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Latorre.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señora Presidenta, el Senador señor Guillier y la Senadora señora Goic han solicitado que se les consulte por su opción de voto.
Hago presente que se puede efectuar la alteración del orden en la votación, pero, en tal caso, se pierde el derecho a fundamentar el voto.
Les voy a consultar nuevamente.
Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.- A favor, Secretario.
Y, además, felicito el trabajo realizado.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Muchas gracias.
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.- ... (falla de audio en transmisión telemática)... Secretario, disculpe... (falla de audio en transmisión telemática)... tengo problemas de conexión.
Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador vota a favor.
El Senador señor Latorre votó a favor.
Senador señor Letelier, ¿cómo vota?
Apagó el audio, Senador.

El señor LETELIER.- ¿Ahí?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahí sí.

El señor LETELIER.- Gracias, señor Secretario.
Yo voy a votar a favor del informe de la Comisión Mixta.
Entiendo que en diferentes momentos del debate se contó con la presencia de representantes del Ejecutivo; entre ellos, del Subsecretario de la Presidencia.
Quiero valorar lo que se ha construido.
Destaco y agradezco la labor de los miembros de la Comisión Mixta, quienes recogieron la propuesta que habíamos planteado con la Senadora Provoste respecto de considerar internet como servicio esencial para todos los estudiantes, en particular para los que están en el 60 por ciento de vulnerabilidad, conforme al Registro Social de Hogares. Creo que esto es muy relevante.
Además, quiero plantear una inquietud con relación a los volúmenes de agua, en cuanto a si debe haber límites o no al respecto. Lo digo en función de los conflictos que tenemos por la sequía.
Lo importante es que se construyó un acuerdo en la línea de postergar los pagos en la mayoría de los servicios de agua, electricidad y gas. Ello constituye un alivio sensato, mínimo y necesario para muchas familias de trabajo en nuestro país, con el propósito de que estas no paguen todo el costo social vinculado a la pandemia.
Reitero, voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Letelier vota a favor.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.- Voto a favor, señor Secretario.
Creo que la deuda acumulada durante estos meses por las familias que no han obtenido ingresos es muy importante tenerla presente en la discusión del ingreso familiar para los próximos tres meses.
Este es un proyecto muy sustantivo, que de aquí en adelante puede ayudarnos mucho.
Felicito a quienes han trabajado en él, pues hicieron una labor muy rigurosa.
Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Montes vota a favor.
Senador señor Moreira, ¿cómo vota?

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, escucho la fundamentación de voto de los distintos Senadores de Oposición y todos dicen que hay hambre, que hay temor, que la gente lo está pasando mal y que tenemos que buscar las fórmulas para ayudarlos a todos.
Siempre se trata de generar un ambiente como si el Gobierno estuviera indiferente a la realidad, al sentimiento, a la emoción que están viviendo millones de chilenos.
Y cuando el Gobierno hace algo, tratan de caricaturizarlo.
Digamos las cosas como son: esta iniciativa fue del Presidente Piñera. Aunque a algunos no les guste, el Presidente el 27 de marzo -¡27 de marzo!- llegó a un acuerdo para establecer todo lo que este proyecto de ley contempla. En realidad, esta iniciativa no era necesaria, porque se alcanzó un acuerdo con todas las empresas el 27 de marzo.
Se pretenda poner esto en una ley, pero al final se va a plasmar prácticamente lo mismo que el Presidente ya logró a través de un acuerdo.
Yo valoro lo que hizo el Presidente de la República, porque actuó desde un primer minuto. Pasó abril, pasó mayo, pasó junio, para que este proyecto llegara.
Aquí no se trata de darle lecciones a nadie. No tenemos ningún interés en dar lecciones sobre el respeto que todos los parlamentarios debemos guardar por la Constitución. Si uno tiene dudas respecto de la constitucionalidad de una iniciativa, bueno, lo mejor es abstenerse.
Yo no seré obstáculo para que este proyecto de ley se apruebe. Por eso me voy a abstener.
Creo que los argumentos los dio el Senador Coloma.
A mí me parece que la pandemia va a pasar y la Constitución se va a mantener. Por mucho que algunos quieran cambiarla, eso lo veremos en el mes de octubre, cuando ocurra el plebiscito y los chilenos decidan si quieren una nueva Constitución o no.
Pero hoy día hay una Constitución, ¡y se respeta!
Además, le dio legitimidad la propia Oposición, cuando fue Gobierno durante la Concertación y la Nueva Mayoría. Recordemos que la Constitución lleva la firma de un ex Presidente de la República que perteneció a la Concertación. Por lo tanto, es una Constitución totalmente válida.
A mí me parece que el Gobierno hizo su trabajo.
Yo no vengo aquí a defender a las empresas, pero sí la voluntad y la buena intención del Presidente de buscar soluciones para los problemas que esta iniciativa señala.
Y si hay una duda de constitucionalidad, tengo el derecho a abstenerme.
Creo que el acuerdo al que llegó el Presidente de la República fue bueno para la ciudadanía.
Asimismo, quiero recordarles que llevamos más de veintidós proyectos de ley relacionados con la pandemia. Por lo tanto, el Gobierno ha tratado de diversificar su acción para ayudarles a todos un poquitito. Esto no se trata de la política del goteo. Ningún Gobierno podría dar solución durante una pandemia a los problemas de los 17 o 18 millones de chilenos. ¡Ningún Gobierno!
Y este Gobierno lo está tratando de hacer; está llevando un rumbo, el cual no está exento de errores y equivocaciones. Con todo, lo está haciendo con la mayor fuerza y la mayor responsabilidad.
Por último, ninguno de los que hacen discursos encendidos acá, en el Parlamento, es más o menos chileno que aquellos que pensamos distinto.
Por eso, Presidenta, me abstengo.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Moreira se abstiene.
Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.- Voy a fundamentar mi voto, señor Secretario.
El debate constitucional tiene un camino trazado. Va a haber nueva Constitución. El 80 por ciento de los chilenos ya tiene claro en el fondo de su corazón y en su conciencia que la actual Constitución es caduca, obsoleta y no le sirve a Chile, menos al Chile del futuro. Por tanto, ese debate está saldado.
Quiero señalar que hay un plan sistemático en torno a minimizar las ya mínimas facultades del Congreso con relación a la presentación de proyectos de ley. En este sentido, observo que se exacerba la situación de constitucionalidad de las iniciativas que podemos presentar.
La crisis de la monarquía presidencial, del autoritarismo presidencial, se expresa a diario en el Senado frente a las restricciones que tiene el Parlamento soberano para representar al pueblo.
Quiero hacer presente que este proyecto de ley lo presentamos el 17 de marzo. El Presidente de la República el 27 de marzo anunció, con sus amigos, que iba a resolver esta materia por la vía de la "amiguitis", esta nueva forma de legislar y de gobernar. ¡El 27 de marzo!
Lo presentamos junto con la Senadora Yasna Provoste, con los Senadores Girardi, Quinteros y Bianchi y con la Senadora Rincón. Dijimos: "Hay que prohibir los cortes de suministro de los servicios básicos".
El proyecto de ley establece, además, la postergación del pago de dichos servicios. Creo que es lo que corresponde, porque las cosas vienen mal, ¡vienen mal!
¡Más de cinco mil nuevos contagiados hoy y cientos de fallecidos!
¡Las cosas vienen mal!
¿Es tan difícil para el Gobierno entender que cometió errores que costaron vidas? Y escucho discursos en donde se habla de errores. Pues bien, ¡esos errores cuestan vidas, dramas familiares! Van a quedar en la conciencia, en el corazón, como una herida profunda de los chilenos.
¡Los errores cuestan vidas!
Y como no queremos que haya más errores, decimos: "Anticipémonos: hay que postergar los pagos". La gente no va a poder pagar ni en junio ni en julio ni en agosto ni en septiembre ni en octubre ni en noviembre, porque no va a haber trabajo.
Lo dijo la Ministra Zaldívar aquí, en el Senado: 18 por ciento de desempleo. ¡Todos los economistas proyectan una dura cesantía!
El proyecto prohíbe los cortes de suministro, pues eso sería un crimen, y establece la postergación de pago, que es lo más razonable. Y aclaro que estamos pidiendo postergación, no condonación. ¡Postergación! La gente les va a pagar igual a estas empresas, que se han hecho millonarias con sus acciones monopólicas.
Por lo tanto, la abstención de la Derecha solo revela la real preocupación de este sector: si no es un acuerdo con los amigos de Piñera, se abstienen y le niegan al Parlamento la posibilidad de respaldo.
Y el Gobierno no patrocina. Este es un Gobierno egoísta, un Gobierno que quiere firmar con estrellitas, pero estas estrellitas se le han convertido en hoyos negros, porque se ha equivocado.
Intentó el regreso seguro; intentó el retorno de los funcionarios públicos; intentó la nueva normalidad, y ahora estamos pagando con 9,6 millones de chilenos y chilenas en cuarentena, la que no hizo a tiempo. ¡No hizo a tiempo!
Hoy día le advertimos al Presidente Piñera: si a la gente le cortan el agua, la luz, el gas y la presionan por los pagos, va a salir a la calle y romperá la cuarentena con el riesgo de contagiarse; si a la gente no le damos la posibilidad de tener certeza en su alimentación, va a salir a las calles y van a surgir los saqueos a los supermercados. Se lo advertimos con tiempo porque queremos enfrentar de manera unida esta lucha contra la pandemia, pero el Gobierno no se deja. ¡No se deja!
No sé cuál es el análisis; quiénes están cerca del Presidente Piñera; quiénes lo asesoran; quiénes lo han convencido de que Mañalich lo está haciendo de manera brillante, que recibe felicitaciones del mundo entero. ¡Yo no sé quién está al lado de Piñera!
Y si son los Senadores, en mala hora, porque si son Senadores de Gobierno debieran decirle al oído al Presidente Piñera: "Presidente, lo está haciendo mal; está equivocado; enmiende el rumbo; dele facultades; suelte la pelota; déjese ayudar por los médicos, por los científicos, por la Oposición".
¡No! Quiere un acuerdo político-económico y no quiere hacer el plebiscito de octubre.
Quiero anticipar que esta movida política de no realizar el plebiscito no es buena para la ciudadanía y para el debate político sobre la Constitución. Yo anuncio desde ya ¡mi total y absoluta oposición y la del bloque político al cual pertenezco: Unidad para el Cambio! No estamos disponibles para que no se efectúe el plebiscito, para que haya un acuerdo que se salte el plebiscito, para que pasemos directamente a la elección de los constituyentes.
Eso observo en esta ofensiva constitucional de la Derecha aquí, en el Senado, que se opone a todo, que denuncia a la Presidenta de la Corporación. Y se volvieron constitucionalistas de la noche a la mañana porque ven...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Dele un minuto para que manifieste su voto, señor Secretario.

El señor NAVARRO.- Altiro, señora Presidenta.
Voto a favor de establecer la prohibición de los cortes de los servicios básicos y la postergación del pago ¡todo lo que sea necesario!
He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Navarro.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Navarro vota a favor.
El Senador señor Lagos ha solicitado también que se le consulte nuevamente su voto, con la prevención de la pérdida del derecho a fundamentar.
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.- Voto a favor, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Lagos vota a favor.
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.- Señora Presidenta, el 27 de marzo del presente año el Ejecutivo llegó a un acuerdo con las empresas de servicios básicos para impedir el corte de los suministros y para prorrogar el pago.
Entonces, algunos se preguntarán por qué estamos discutiendo este proyecto de ley, que es lo que algunos han puesto en duda.
Antes de esa fecha ya se habían presentado dos iniciativas: una, en el Senado, y otra en la Cámara de Diputados. Y la razón por la que continuamos con ese trabajo es porque este proyecto de ley, a mi juicio, mejora sustantivamente un acuerdo inicial y le da legitimidad en tanto se basa en una ley, finalmente.
Nosotros discutimos harto esta iniciativa en la Comisión Mixta. Y quiero reconocer, a través de su Presidente, Álvaro Elizalde, el trabajo realizado por todos quienes estuvieron en ese debate.
Hoy en día la realidad de los servicios básicos, a raíz de la pandemia -y lo más probable es que vamos a repetir este tipo de situaciones a futuro-, efectivamente nos obliga a reflexionar qué es lo que está pasando, cómo funcionan. Y esta iniciativa no hace otra cosa que permitir a aquellos que no están en condiciones de pagar los servicios una prórroga en un máximo de doce cuotas sucesivas, cuotas que además son iguales. Y cuando tenemos una pandemia de esta naturaleza hay que garantizar a lo menos los servicios básicos y, a mi juicio, especialmente el derecho y acceso al agua potable.
Yo diría que en general llegamos a muy buenos consensos. Así, cuando hablamos de los beneficiarios de este proyecto no nos referimos solo al 40 por ciento más vulnerable a partir de los datos del Registro Social de Hogares, sino al 60 por ciento, por ejemplo, adultos mayores, microempresas, organizaciones sociales, aquellos que se hayan acogido al seguro de cesantía, etcétera. Primero, logramos ampliar la cobertura; segundo, incrementamos las condiciones bajo las cuales iba a operar esta suspensión de corte y prórroga de pagos. Y por eso creo que es importante.
Pero cuando se instala el debate constitucional, obviamente, me parece que es pertinente, porque la Constitución hoy día requiere un cambio urgente. Nunca hemos podido hacer modificaciones en el tema del agua, precisamente por los altos quorum que se exige para ello. Hay millones de chilenos sin acceso al agua, y en época de pandemia vamos a tener que garantizarlo.
En general, el tema lo abordamos, a mi juicio, de manera adecuada. Lo único fue el límite de metros cúbicos para el consumo, que se proponía finalmente entre 15 metros cúbicos como límite o ilimitado. Yo confío en que las familias se autorregulan en su consumo. Esta es una cuenta que van a pagar. Las familias requieren el acceso al agua. Otra reflexión que deberíamos hacer es cuántos litros de agua se requieren para producir en Chile paltas, un litro de vino, un kilo de carne. O sea, el consumo y el déficit hídrico requieren una reflexión no solo en función de uno de los principales usos, que es el consumo humano, sino del uso productivo del agua.
Y el modelo de concesiones también hay que repensarlo. La empresa modelo garantiza una utilidad al 7 por ciento a las sanitarias. O sea, se les está dando certeza a las empresas. Lo que queremos hoy día es darles seguridad a los usuarios y a aquellos que deben tener derecho a acceso al agua en tiempos de pandemia
Yo valoro el trabajo que se hizo.
También reconozco lo que se realizó en materia de telecomunicaciones, en que logramos incorporar un proyecto de ley que lideró la Senadora Provoste y que yo patrociné, y finalmente estamos dando una buena alternativa, especialmente a los estudiantes, que han debido cambiar de modalidad.
El tráfico de internet aumentó un 30 por ciento. Y de acuerdo con lo que se nos informó, el consumo de agua se incrementó en 4 por ciento, que tampoco ha sido significativo. Y, obviamente, esto es algo que las personas van a pagar, y confío en la autorregulación.
Pero la reflexión, evidentemente, debe ser mucho más a fondo. Tenemos que apuntar a una estrategia mucho más integral. Espero que salga humo blanco durante estos días, con un ingreso de emergencia que permita efectuar las cuarentenas y tomar las medidas sanitarias para controlar el coronavirus y tener una buena salida.
Es urgente el cambio de estrategia.
Nuevamente, valoro el trabajo que se hizo.
Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senadora Órdenes.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Órdenes vota a favor.
Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?
Ahí tiene audio, Senador.

El señor OSSANDÓN.- A favor, señor Secretario.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Vota a favor.
Senador señor Víctor Pérez, ¿cómo vota?

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, ¿puedo fundamentar mi voto?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, a mí me llama mucho la atención el hecho de que Senadores que ocuparon cargos muy importantes en Gobiernos de la Concertación, gobiernos pasados, en los cuales se firmaron contratos con empresas concesionarias, hoy día desconozcan que ese contrato le entrega obligaciones al Estado y que requiere cumplimientos.
Por lo tanto, el camino para resolver los temas sociales que la pandemia genera es el que ha seguido el Presidente de la República, que consiste en acuerdos con las empresas que se transforman en obligatorios, como ayer lo dijo con toda claridad el Superintendente de Electricidad y Combustibles.
Esta retórica ofensiva, agresiva contra el Presidente de la República, en el sentido de que "llamó telefónicamente a sus amigos", es absolutamente irreal. Aquí el Jefe de Estado, sabiendo que el Estado tiene contratos con determinadas empresas y que debe cumplirlos, las convoca y llegan a un acuerdo que se transforma -reitero- en obligatorio, es decir, fiscalizable y demandable por parte del Estado, para resolver los problemas de las personas.
¿Y cuáles son esos problemas? Los relativos a estos servicios. Y a nadie le van a cortar la luz, a nadie le van a cortar el agua, a nadie le van a cortar los teléfonos. Por lo tanto, eso está demostrado la preocupación que el Estado tiene sobre esta materia. Y las deudas se van a pagar a prorrata doce meses después. Se trata de una preocupación primaria, desde el día 27 de marzo.
Pero lo que no se puede desconocer, y particularmente -reitero- por aquellos Senadores que tuvieron cargos muy importantes durante los Gobiernos de la Concertación, en los cuales se firmaron la mayoría de estos contratos, es que si se establece este mecanismo se les dará a las empresas el derecho a demandar al Estado, porque se están alterando contratos que el Estado de Chile firmó libremente.
Por eso, a mi juicio, lo que está haciendo el Presidente Piñera es cuidar al Estado. Y lo que hace este proyecto de ley es generarle una incertidumbre al Estado en privilegio de las grandes empresas.
Por esas razones, señora Presidenta, me voy a abstener. La iniciativa está muy bien intencionada, pero el camino es el que mostró el Gobierno en esta materia.
Y respecto a otras afirmaciones, particularmente del Senador Latorre, en cuanto al neoliberalismo y que se ponen al lado de las empresas y no al lado de las personas, quiero decir lo siguiente. Tanto el Senador Latorre como el Senador Navarro muestran gran felicidad frente a los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y en esta pandemia nadie sabe lo que pasa en esos países, nadie tiene información. La OMS ha declarado que la información que entregan esos países es falsa o no concluyente, en el mejor de los casos, donde se está condenando a la ciudadanía a quizás qué cuestiones, porque nadie sabe lo que pasa al interior de esos países.
Por lo tanto, quiero que tengan mayor responsabilidad al emitir juicios. Aquí, en Chile, en una democracia como la de Chile, con una Constitución como la de Chile, todos saben y todos tienen derecho a acceder a todos los datos. Y podemos discrepar y discutir sobre eso, pero todos saben lo que la autoridad hace. En los países que ellos admiran, y adonde quieren llevar a Chile, nadie sabe absolutamente nada.
Por lo expuesto, señora Presidenta, me abstengo, pues creo que aquí se pone en riesgo al Estado frente a empresas que han contratado con él y, por lo tanto, el día de mañana a raíz de esta legislación eventualmente podrían demandar al Estado de Chile.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Pérez.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Pérez se abstiene.
Senador señor Pizarro, ¿cómo vota?

El señor PIZARRO.- Voto a favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Pizarro vota a favor.
Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.- Voy a fundamentar mi votación, señora Presidenta.
Creo que la ley en proyecto va mucho más allá de los acuerdos establecidos originalmente entre el Gobierno y las empresas.
Primero, porque ese acuerdo no alcanza a más de cincuenta mil hogares, que son los que han accedido a él, lo que resulta un mínimo considerando los más de seis millones de hogares que existen en Chile.
Hoy día, a partir de este proyecto de ley, al menos el 60 por ciento de la población más vulnerable y todos los casos especiales que cambiaron o cambian su situación debido a la pandemia podrán acceder a este beneficio.
El acuerdo del Gobierno con las empresas contemplaba solo hasta el 40 por ciento. Y hemos recibido innumerables testimonios de personas que durante este tiempo, con el acuerdo entre amigos, han tenido que enfrentar el anuncio del corte de suministro de servicios básicos.
Este proyecto de ley, además, incluye el gas de red, que no contemplaba el acuerdo del Gobierno.
Estos beneficios se establecen por ley y no son de carácter voluntario para las empresas, por lo que están obligadas a cumplirlos. Son para todos quienes vivimos en este país.
El Gobierno se negó durante estos tres meses a legislar. Los primeros proyectos, como decía la Senadora Ximena Órdenes, se presentaron el mismo 18 de marzo, y sistemáticamente el Ejecutivo ralentizó su tramitación y llegó a amenazas como las que hemos visto y escuchado en el día de hoy de parte de algunos colegas que hacen una abierta defensa del mercado.
Esta lógica del Gobierno se enmarca en actuar permanentemente y en evitar que el Estado intervenga más en el mercado de manera legal. ¡Le tiene terror a que pasada la pandemia queden precedentes legales de un Estado con más facultades! Por eso, intenta hacer todo por acuerdo y nada por la vía legal. ¡Es insólito que la suspensión del cobro de servicios básicos y eliminar la posibilidad del corte del suministro durante todo este período de la pandemia no fuera una de las primeras medidas dictadas legalmente, de verdad, con sentido común, que ha estado muy fuera de las capacidades de algunas autoridades!
Las familias en nuestro país, señora Presidenta, necesitan tranquilidad y necesitan certezas.
Me impresiona el alegato que se hace aquí respecto de la certeza que hay que darles a las empresas. ¡Perdón! ¡Si lo que nosotros debemos hacer en este Parlamento es darles certezas y tranquilidades a las familias chilenas! A la pérdida del empleo, a la baja en los ingresos y al temor al contagio se suma también el quedarse sin luz, sin agua. ¡Es realmente impresentable!
Afortunadamente, estamos aprobando este proyecto de ley, pero lo hacemos tres meses después de cuando se debió hacer.
Quiero felicitar a los mocionantes de esta iniciativa, una larga lista en la Cámara de Diputados y también acá, en el Senado: el Senador Navarro, el Senador Bianchi, el Senador Girardi, el Senador Guillier, el Senador Elizalde, el Senador Quinteros, la Senadora Rincón, y yo soy mocionante también de estos proyectos que se refunden en esta iniciativa.
Con la misma fuerza con que soy crítica tengo que reconocer cuando las cosas se hacen de una forma distinta.
Y, en ese marco, en el cierre del proceso legislativo, reconocemos la disposición distinta que ha tenido el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para avanzar en incorporar a los estudiantes en el beneficio de internet.
Lo digo porque junto con la Senadora Órdenes, la Senadora Allende, el Senador Pizarro, el Senador Chahuán y el apoyo del Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el Senador Letelier, presentamos una moción para entregar acceso gratuito de internet a estudiantes de todo el ciclo escolar. Y esto fue recogido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, trabajamos con ellos. Y este acuerdo ha permitido incluir en este proyecto de ley nuestra moción parlamentaria y que los beneficios de internet señalados se extiendan para fines de acceso prioritario a contenidos educacionales por los tres meses siguientes desde publicada la ley; y los estudiantes de establecimientos educacionales de educación parvularia, básica, media y superior que pertenezcan al 60 por ciento de vulnerabilidad, de acuerdo con el Registro Social de Hogares, tendrán acceso gratuito a internet. Esto incluye a estudiantes de todo tipo de establecimientos educacionales, sean municipales, subvencionados, universidades públicas, universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales. Hablamos de más de...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Dele un minuto, Secretario.
No tiene señal.
Un minuto para que nos señale su intención de voto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahí está con audio.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, señora Presidenta.
Señalaba que este beneficio de internet gratuito será para más de dos millones de estudiantes.
Voy a votar a favor.
Junto con valorar el esfuerzo de la Comisión Mixta, encabezada por el Senador Elizalde, también es justo reconocer el trabajo y el apoyo que ha dado a esta moción el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, haciéndose eco también de garantizar el acceso a la educación, que hoy día no estaba siendo garantizado porque muchos jóvenes no contaban con acceso a internet. Esta pandemia ha revelado también con crudeza la pobreza y las desigualdades en acceso a las nuevas tecnologías.
Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senadora Provoste.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Provoste vota a favor.
Senador señor Pugh, ¿cómo vota?

El señor PUGH.- Muchas gracias, Secretario.
Señora Presidenta, haré uso de la palabra para fundamentar mi voto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, Senador.

El señor PUGH.- Muchas gracias, señora Presidenta.
Las leyes tienen como objetivo precisar reglas. Y estas reglas tienen que ser lo suficientemente claras para que se entiendan y así se puedan hacer cumplir. Las reglas que no se entienden y no se pueden hacer cumplir o que se interpretan de otra manera, obviamente, generan problemas.
Ese es el desafío que tenemos como legisladores en nuestra función de desarrollo de política pública. Y por eso era necesario, de alguna manera, definir reglas. Y estas reglas son bastante técnicas y por eso quiero reconocer algunos aspectos de esta Comisión Mixta, que me tocó integrar, puesto que tengo pequeñas discrepancias.
La primera de ellas es con el certificado que fue presentado. Si bien obedece a un acuerdo de Comités hacerlo de esta manera, para no tener que esperar el informe y retardar la votación, por la forma en que fue redactado el certificado, pareciera reflejar que hubo acuerdos unánimes en todo. Y la verdad es que no tuvimos acuerdos por unanimidad en todo. Hay muchas situaciones que no quedaron reflejadas en ese certificado.
Por eso quiero decir, en primer término, que se debe revisar la historia de la ley cuando se tenga que interpretar cualquiera de estos artículos.
Por ejemplo, el artículo 10, que obliga a reponer las condiciones del servicio. Si una persona, por ejemplo, tenía contratado un sistema eléctrico y dejó de pagar, quedó morosa, le cortaron el servicio y esa persona instaló un sistema fotovoltaico y no quiere contratarse, obviamente, la empresa no tiene por qué conectarlo nuevamente, no lo puede obligar. Y ahí viene el principal punto de discrepancia. Esto es voluntario, las personas tienen que decidir, y para eso se definió. Pero no es automático. La discusión estaba en si era automático o no. Finalmente, primó la cordura, porque no se puede forzar a hacer algo a las personas. Es más, estas quieren ahorrar, quieren evitar tener, probablemente, una carga financiera posterior. Entonces, la ley llama primero a tratar de mantener la cadena de pago: los que puedan pagar, que paguen; y hay que seguir haciéndolo. Si se recibe cualquier recurso adicional, debe usarse para pagar.
La segunda discrepancia fue por los límites.
¿Límites en la ley en proyecto? Sí, los tiene. El principal -y por eso quiero destacarlo- es el que ha materializado la industria de las telecomunicaciones, que ha permitido un plan gratuito, sin costo, que no le va a significar a nadie pagar ni un peso: el plan solidario, con 256 kilobits y hasta 512 kilobits, lo que equivale a un plan 2G básico o 3G básico. ¡Básico! Tenemos que entenderlo, esencial para mantener la conectividad y hacerse cargo de los alumnos que lo necesitan.
Esto es algo inédito. No habíamos tenido antes la oportunidad de disponer de algo que creemos fundamental. Vamos a una sociedad digital, y por eso queremos crear una República Digital. Chile puede ser la primera República Digital, avanzando en fibra óptica y entregando servicios de conectividad. Pero ha de haber límites, porque las familias cuando no tienen recursos, que es lo que está ocurriendo ahora, deben ahorrar. Entonces, hay que ahorrar en los consumos básicos: apagar las luces; cortar el agua, no se puede dejar a esta correr.
Pusimos un ejemplo usando las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud: cien litros diarios por persona. En una familia de cuatro miembros, cien litros diarios son 3 metros cúbicos de agua al mes por cada uno de ellos, y cuatro personas consumen 12 metros cúbicos. Finalmente, llegamos a los 15 metros cúbicos, que es lo que garantiza el Estado con el subsidio, aumentándolo en 4 metros cúbicos más por persona. En cada lavado de manos se ocupa un litro y medio. Si se ocupan 10 litros al día es menos de lo que se ocupa en otros servicios. Ya vimos que no se aumenta más de un 4 por ciento el gasto familiar en agua.
¡Pero no hubo voluntad para fijar límites! No la hubo en algo que consideramos esencial: definir los mínimos a garantizar por el Estado cuando sea necesario incluso subsidiar.
Por eso me parece que la norma no quedó de la forma en que debía establecerse; no se determinaron los límites; no quedó consignado lo relativo a la conciencia respecto de la crisis hídrica que estamos experimentando. Aparte la pandemia, lo que vamos a enfrentar desde el punto de vista sanitario y de la crisis económica, es porque ¡no tenemos agua para absolutamente nada! Probablemente, muchos de los paltos que se mencionaron acá se van a secar.
Tenemos que hacernos cargo de ello.
A mi juicio, la ley en proyecto no quedó tan bien como se dijo; no existe esta unanimidad. Quiero hacer presente que hubo muchas discrepancias, y por ello debemos esperar el informe y hacernos cargo de la historia de la ley.
Por todo lo expuesto, señora Presidenta, habiendo sido parte de estas Comisiones y habiendo perdido en varias votaciones, me voy a abstener.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Pugh.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Pugh se abstiene.
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.- Todavía no, señor Secretario.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Señor Secretario, hay una solicitud del Senador Harboe para un punto de reglamento.
Hace rato que está pidiendo la palabra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se le va a dar la palabra al Senador señor Harboe para un punto reglamentario.
En este minuto no está conectado a la sesión, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.
Entonces, continuemos con la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.- A favor, Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Senador señor Quintana?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- No tiene micrófono.

El señor QUINTANA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahí sí. Gracias.
El Senador señor Quintana vota a favor.
Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros, Vicepresidente de la Corporación.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, la importancia de este proyecto y sus beneficios han sido latamente explicitados. Además, el brillante informe del Presidente de la Comisión ha dejado clarísimo todo lo que este significa.
Pero a raíz de las dudas de constitucionalidad que les he escuchado plantear a varios Senadores, quiero decir que en cualquier país del resto del mundo esto pudo haber sido resuelto por un decreto del Gobierno en virtud de las facultades derivadas de la declaración de estado de emergencia.
Incluso acá, en Chile, podría haberse hecho apelando a la antigua legislación sobre emergencias que sigue vigente; pero la autoridad administrativa ha preferido resignar sus facultades y ha buscado acuerdos voluntarios con las empresas, lo que claramente no ha sido suficiente.
Las empresas de servicios deben ser reguladas. Esto quedó clarísimo en la sesión especial donde se conocieron los diferentes abusos que se siguen cometiendo aún en estas circunstancias trágicas. ¡Eso es inaceptable! ¡Los servicios que proveen siguen siendo públicos, pues se trata de concesiones y el Estado no puede abandonar sus deberes!
Además, el proyecto que estamos viendo, respecto del cual no tengo ninguna duda de que vamos a aprobar, debió formar parte de un paquete de ayuda integral y no de soluciones parciales y por goteo como ha imperado acá, a pesar de que este término a algunos no les guste.
Creo que el ideal es que toda esta legislación especial que estamos aprobando para hacer frente a la pandemia sea recogida en la futura ley sobre gestión de riesgos de desastre, cuyo proyecto se halla en discusión en este mismo Senado, como una facultad de la autoridad administrativa.
Yo voy a votar a favor, señora Presidenta, pero creo que sigue pendiente la tarea del Gobierno de buscar un acuerdo integral, leal y de buena fe que incluya una renta básica de emergencia, así como los apoyos que sean necesarios, para que las personas puedan cumplir las medidas sanitarias y enfrentar los duros efectos de la crisis económica que nos golpea.
Escuché con mucha alegría lo expresado por un señor Senador, quien dijo que le gustaba el acuerdo. Podría recomendarle a su compañero de partido que le hiciera caso para los efectos de que lleguemos a un buen consenso.
Voto a favor del informe de las Comisiones Mixtas.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Quinteros vota a favor.
Senadora señora Rincón, ¿cómo vota?

La señora RINCÓN.- Señora Presidenta, voy a fundamentar mi voto.
Agradezco a todos los que han participado en este proyecto, a los mocionantes. Yo soy una de ellas, de la primera iniciativa que presentamos con los Senadores Navarro, Quinteros, Girardi, Bianchi, pues es una de varias que se refundieron.
Hoy día -lo han dicho todos- damos un paso importante, cuestión podría haber hecho el Presidente de la República, pero no fue así. Nosotros lo dimos dentro del ámbito de nuestras competencias.
A la luz de lo que hemos debatido en estas sesiones del Senado, de la Comisión de Economía y de las Comisiones Mixtas, queda claro que tenemos dos desafíos por delante, y ellos podríamos resumirlos en la frase "conectar a los no conectados". Uno de los asuntos pendientes es dar agua potable a más de un millón de chilenos y chilenas, ciudadanos y residentes en nuestro país; y el otro, ser capaces de contar con telefonía e internet de calidad.
¿Cuál es el desafío en este último ámbito? Una conexión robusta que permita conectividad digital estable, con capacidad suficiente para que puedan desarrollarse las nuevas formas de vida digital, básicamente en los ámbitos de la educación, del trabajo y de la salud.
Actualmente, en Chile la conexión robusta de internet solo es posible cuando hay fibra óptica en el caso de la internet fija y cuando hay tecnología 4G en el caso de la internet móvil.
En nuestro país, en materia de internet fija solo el 55 por ciento de los hogares accede a esta posibilidad. De ellos, únicamente el 30 por ciento cuenta con fibra óptica. El resto tiene conexión vía cobre u otra tecnología.
En medio de la pandemia, ha quedado en evidencia que carece de calidad y que muchas veces no funciona.
En lo que respecta a internet móvil, el 87 por ciento de las personas cuenta con conexión 4G; y el 13 por ciento restante, 3G o 2G, por lo que registran dificultades.
Por consiguiente, es preciso que nos pongamos el desafío de llevar fibra óptica a los hogares y 4G a la telefonía móvil.
Hoy día debemos rentabilizar los proyectos de Fibra Óptica Austral (FOA) y Fibra Óptica Nacional (FON). Necesitamos que la fibra óptica llegue a la última milla, señora Presidenta, es decir, desde las troncales que se están construyendo hasta los hogares de los ciudadanos, pues, de lo contrario, este tremendo esfuerzo no tendrá rentabilidad ni cumplirá el objetivo.
Hoy existen iniciativas legislativas como el derecho constitucional a internet; la declaración de la internet como un servicio público; el proyecto de ley que despachamos gracias al empeño, esfuerzo y empuje de nuestra colega Ximena Órdenes, sobre roaming en telecomunicaciones, o incluso la iniciativa que hoy día estamos aprobando para no suspender los servicios básicos y dar gratuidad en materia de internet con el plan solidario.
Pero el desafío es lograr conectividad para todas las personas y en todo el territorio, porque de lo contrario, ninguno de los proyectos que he mencionado va a rendir frutos ni logrará su objetivo: serán leyes vacías.
Por tanto, resulta fundamental alcanzar aquello, porque si no, van a persistir la pobreza, la desigualdad y la indignidad en territorios y en personas: un plan de conectividad digital que aborde en serio la tecnología del siglo XXI y consiga salvar la brecha digital.
Señora Presidenta, propongo a nuestros colegas de la Comisión que está negociando con el Gobierno, el Senador Pizarro, quien la encabeza, y los Senadores Montes, Lagos, Coloma y García Ruminot, que trabajen los mecanismos y desafíos para lograr la creación de un plan de conectividad digital para personas y hogares en telefonía fija y móvil. ¿Qué significa esto? Obtener fibra óptica para todos, así como la reconversión de antenas a tecnología 4G.
Para ello hay que establecer, primero, un plan de incentivo a las inversiones financiado por el país, y han de estar Hacienda y Telecomunicaciones. Esto no solo dará conectividad, sino que creará trabajo. Se estima, por los expertos, que permitiría quinientos empleos por comuna, lo cual se halla además dentro del objetivo de desarrollo sostenible número 9 de Naciones Unidas. Y, segundo, un plan nacional para incorporar al agua potable a más de un millón de personas que en Chile no la tienen. Esto es parte también de los objetivos de desarrollo sostenible.
Hoy día damos pasos, pero que requieren nuevos desafíos. Creo que nuestros colegas pueden tomar esto como parte de un planteamiento del Senado que cambie la inequidad territorial y la inequidad que viven innumerables personas en nuestro país.
Por eso, señora Presidenta, agradeciendo a todos y a todas, voto a favor del informe de las Comisiones Mixtas.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
La Senadora señora Rincón vota a favor.
Se ha conectado el Senador señor Harboe, quien solicitó la palabra por reglamento.

El señor HARBOE.- Sí.
¿Me permite, señora Presidenta?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahí se escucha.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Harboe, tiene la palabra.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, solo para los efectos de informar que, de acuerdo con el artículo 5°, letra B, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y el artículo 8° del Reglamento del Senado, me debo inhabilitar en este proyecto.
Quiero dejar constancia de ello.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Harboe.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.- Señora Presidenta, en primer lugar, uno entiende y ve que los servicios básicos constituyen una cuestión absolutamente esencial en la vida de cualquier familia o persona.
Además, estamos viviendo hoy día un estado de excepción y en un entorno extraordinariamente peculiar, diferente que nos tensiona y pone en estrés permanente al Estado. Y dicho sea de paso, ojalá esta condición de estrés en el Estado la mantuviéramos incluso después de la pandemia. ¡Cuántos gastos superfluos, cuántos programas, cuántas acciones sin ningún sentido concreto se desarrollan en nuestro país y que nos deberían obligar a ser mucho más rigurosos en el uso de los recursos públicos, partiendo, ciertamente, por la utilización de los dineros del propio Congreso Nacional!
Sin embargo, pienso que los actos públicos tienen validez cuando son formales. Uno valora absolutamente el acuerdo a que llegó el Gobierno en su oportunidad con las empresas y que permitió tempranamente que familias se acogieran a la posibilidad de postergar el pago de las cuentas por sus servicios básicos dada la situación de crisis económica que está enfrentando el país.
A veces se demora demasiado la tramitación de los proyectos de ley en el Parlamento. De hecho, todavía nos encontramos discutiendo esta normativa.
Por eso, si bien valoro el esfuerzo y el rol que jugó el Gobierno en esa gestión, creo, sí, que los actos públicos deben ser formales y no sujetos a los acuerdos o a la expresión de voluntades.
Me da la impresión de que en el contexto en que estamos viviendo, en el estado de excepción en que nos hallamos, en la urgencia que tenemos desde el punto de vista social de asegurarles a las familias el suministro de estos servicios básicos, que no me imagino en otra condición, voto absolutamente a favor del informe de las Comisiones Mixtas.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Sandoval.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Sandoval vota a favor.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.- ... (falla de audio en transmisión telemática)..., señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Cómo dice, Senador?

El señor SORIA.- Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Senador.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Secretario, voy a fundamentar mi voto.
En verdad, creo que este proyecto -ya se ha dicho- tiene algunas cosas buenas, como lo que se vio en cuanto al Plan Básico Solidario. Eso es positivo. Sin embargo, además presenta una serie de deficiencias que a mi juicio quedan mal resueltas.
Me parece que se habló mucho del prorrateo, de la flexibilidad, de poder pagar con posterioridad. Y eso es cierto. Pero pienso que es un beneficio que no está bien focalizado. Acá no veo por qué podrían hacer uso de un beneficio de esta naturaleza aquellos que no han visto disminuidos sus ingresos, y me da la impresión de que es factible que lleguen a ser beneficiarios también.
Este proyecto se establece en el contexto de la pandemia. De modo que no veo por qué si alguien tenía una deuda o estaba moroso respecto del pago de algún servicio se le deba restituir aquel sin ningún cobro. A lo mejor se puede prorratear; pero acá debió haberse considerado que esto se plantea en el marco de la crisis sanitaria y no para las personas que previo a la crisis, por la razón que sea, incluso algunas de diferente índole, no hayan pagado sus servicios.
También considero de riesgo el haber eliminado el límite de 15 metros cúbicos de agua potable. Aquí se buscaba garantizar el agua para consumo humano. Y ello quedaba bastante bien garantizado por los 15 metros cúbicos que se estaban estableciendo inicialmente en el proyecto. De hecho, se había aumentado de 12 metros cúbicos a 15.
Por todo lo expuesto, porque si bien se trata de una iniciativa bien intencionada tiene una serie de deficiencias y, además -tal como dijo un Senador-, bordea el límite constitucional, me voy a abstener en esta votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
La Senadora señora Van Rysselberghe se abstiene.
Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.- Señor Secretario, voy a argumentar mi votación.
En primer lugar, creo que no hay nadie en esta Sala que no esté de acuerdo con que debemos hacernos cargo de la forma como nuestros compatriotas en esta situación de extrema gravedad, con una crisis económica muy difícil, van a pagar los servicios básicos.
La pregunta es cómo solucionamos ese problema.
Y aquí, básicamente, hay tres caminos.
Primero es establecer que esto tiene un costo, aunque se diga que no lo hay. La pregunta es quién paga ese costo; quién... (falla de audio en transmisión telemática)...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Está sin conexión, Senadora.

La señora VON BAER.- ... (falla de audio en transmisión telemática)... judicialmente en contra del Estado.
Esa es la gracia que podríamos decir que posee el acuerdo.
Por eso aquel no tiene el problema que plantea esta normativa.
El segundo camino es hacer lo que esta normativa propone, que es obligar a las empresas. Y en el momento en que las obliga, pero no las indemniza, genera un problema, porque les dice... (falla de audio en transmisión telemática)... tienes que asumir este... (falla de audio en transmisión telemática)... general, pero también por la Constitución. Pero no solo por la Constitución chilena, sino que por la... (falla de audio en transmisión telemática)... en el mundo moderno y qué puede ocurrir, a diferencia del acuerdo que impulsó el Gobierno.
Lo que puede suceder es que las empresas recurran judicialmente en contra del Estado.
Entiendo que tengo problemas de conexión...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sí, hay problemas Senadora Von Baer.

La señora VON BAER.- A ver.
Voy a buscar una solución.
¿Se escucha mejor, Presidenta?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sí, ahí sí.

La señora VON BAER.- Entonces, argumento sin video, porque de esa manera la conexión es mejor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- De acuerdo.

La señora VON BAER.- Presidenta... (falla de audio en transmisión telemática)... pero básicamente el problema que genera a las empresas, y no impone que el Estado tenga que pagar, porque no puede hacerlo... (falla de audio en transmisión telemática)... Por tanto, puede generar un sinnúmero de acciones en contra del Estado... (falla de audio en transmisión telemática)...
Señora Presidenta, yo invito acá a ver las consecuencias de los actos que... (falla de audio en transmisión telemática)... que aquí el Estado hubiese quizás financiado a través de un subsidio la solución para los más vulnerables. Me hubiese gustado que se hubiera buscado una solución a través de los otros subsidios que se están entregando, básicamente como de alguna manera se está haciendo en el caso del agua potable rural.
Acá se dice: "Mire, nosotros tenemos que generar certezas a los ciudadanos". Yo creo que la certeza para los ciudadanos en el acuerdo que se generó... (falla de audio en transmisión telemática)...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se cortó el audio, Senadora Von Baer.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Vamos a ver si se puede reconectar.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tomemos otra votación y la Senadora Von Baer se reincorpora cuando pueda resolver su problema de conexión.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Perfecto.
Senador señor Allamand, ¿cómo vota?

El señor ALLAMAND.- Abstención.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Allamand se abstiene.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.- Presidenta, quiero partir por señalar que felicito a los distintos parlamentarios, Diputadas y Diputados, Senadoras y Senadores, que se preocuparon rápidamente de presentar esta moción.
Asimismo, felicito el trabajo de la Comisión de Economía. Creo que realmente fue muy riguroso, serio, y me alegro mucho de que haya llegado finalmente a este acuerdo en la Comisión Mixta. No solo le puso el rigor necesario, sino que, además, amplió el radio de acción, por ejemplo, en relación con lo que hablamos sobre internet y la posibilidad de garantizarles a los estudiantes y a las familias el acceso a algo tan importante. Justamente, nosotros habíamos apoyado a la Senadora Provoste para que eso ocurriera.
Dicho lo anterior, no puedo sino mencionar la gravedad de esta crisis. Es muy muy importante aliviar a estas familias, que tienen ya una enorme cantidad de deudas, con la alta cesantía a que estamos llegando y también con la que se nos va a venir.
Por lo tanto, el poder postergar estos pagos, prorratearlos; el que no se cobre intereses; el que no se corte el servicio, es una señal muy significativa. También lo es que se abarque al 60 por ciento; a diferencia de las conversaciones que llevó adelante el Presidente, que evidentemente no tienen el rigor de una ley y que solo se hacían cargo del 40 por ciento.
Reitero: esto abarca a ese 60 por ciento tan necesario.
Pero, independientemente de ello, tengo una duda. Lo he señalado anteriormente: yo espero que estas familias no solo vean... (falla de audio en transmisión telemática)... sino que después puedan, al cabo de doce meses, cumplir con estos compromisos.
Yo tengo serias dudas, Presidenta. Veo que la crisis se agrava y, sobre todo, que el Gobierno no entiende que con un Ingreso Familiar de Emergencia digno, necesario, realmente se sustentaría a las familias.
Hoy día se habla de un acuerdo, que tanto entusiasma -por su intermedio, Presidenta- al Senador Kast. Pero le quiero decir que en ese acuerdo no se escucha a los economistas que están pidiendo que se considere al menos la línea de pobreza, ¡la línea de pobreza! O sea, 370 mil pesos para una familia. Se insiste en los 270 mil. Realmente es muy indigno que no quieran entender que es la única forma de proteger la salud y la subsistencia de esas familias.
Ahora vamos a entrar en cuarentena en Valparaíso, Viña del Mar y hasta en San Antonio. Yo espero que les entreguen los recursos a las personas para que puedan realmente cumplir con su confinamiento, porque, de otra manera, no va a ser posible, como lo hemos estado viendo.
Presidenta, celebro, entonces, este acuerdo. Me alegro de que se haya excluido a las empresas pequeñas, las cooperativas, como los sistemas de agua potable rural. Todo eso es un avance. Pero también le quiero reiterar que son muy importantes las señales que nosotros entregamos.
Y aquí tenemos que decirle al Gobierno, una vez más, que en lugar de ocupar apenas 3 mil millones para este año en reasignaciones, que no es dinero fresco, gaste ahora, ¡ahora!, ¡en esta emergencia!, ¡en esta pandemia!, ¡en esta situación dramática que viven las familias!
Lamentablemente, el Gobierno nos dice: ¡no, no y no! Porque le importan más las señales para el próximo año y futuras reactivaciones, que todos queremos, pero lo primero es la salud de las personas; lo primero es salvar la vida de las personas; lo primero es no arriesgar a las personas.
Parece que no logramos entender eso. Y espero que el Ministro de Hacienda oiga a sus colegas economistas, no solo a su pequeño grupo, sino que a muchos otros, quienes le están diciendo que espacio fiscal tenemos, y con absoluta responsabilidad; se dice y se sustenta.
Finalmente, no puedo dejar de...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Un minuto para que exprese su voto, Senadora Allende.
Ahí tiene micrófono.

La señora ALLENDE.- Gracias, Presidenta.
Sí, veía que me tocaba un minuto, pero no sé qué paso. En el reloj por lo menos salía eso. No importa.
Partí diciendo que iba a votar a favor.
Sin embargo, no puedo dejar de hacerles ver a algunos colegas que, si estamos hablando de entregar estos recursos, también se requiere dignidad.
Y hablando de dignidad, no puedo dejar de expresar en esta sesión el dolor, la vergüenza, la denigración que significa haber visto ese manual, ese instructivo, que rápidamente se ha sacado y respecto del cual la Ministra Carla Rubilar asumió la responsabilidad. Francamente, es abusar de las familias, del hambre, del dolor; es tratar de conseguir efectos comunicacionales para un aprovechamiento político miserable. ¡Esa es la palabra que corresponde exactamente!
Y me duele. Me duele por esas familias, me duele por lo que esto significa: degradar la política.
Espero que nunca más tengamos que vivir algo así, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senadora Allende.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Allende, entonces, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Dele micrófono.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Sí, ahí está.

La señora ALLENDE.- Comencé diciendo que iba a votar a favor.
Lo reitero: a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Senadora.
Se conectó la Senadora señora Von Baer.
Le vamos a activar su micrófono para que exprese su opción de voto.

La señora VON BAER.- Gracias, Secretario.
Termino solo recordándoles a aquellos que dicen que con este proyecto se está defendiendo a los más desfavorecidos que el día que ocurra la próxima licitación puede que sea más costosa para el Estado, ya que las empresas proveedoras van a tener incertidumbre respecto de si estos servicios en algún minuto se deberán brindar de manera gratuita.
Por lo tanto, hay que hacerse responsable de los actos que uno realiza. En ese sentido, me abstengo.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Von Baer se abstiene.
Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.- Quiero fundamentar mi voto, señora Presidenta, brevemente.
Todos lo hemos repetido. Estamos en una situación crítica a nivel mundial y Chile, tal como vemos, tampoco lo está pasando bien. Y es probable que transitemos de una crisis económica y sanitaria a una crisis humanitaria. Esa es la realidad de un país que todavía no alcanza el desarrollo y que implicará un gran sacrificio para muchas familias.
A mí me tiene complicada la permanente disputa entre la moralidad y la legalidad. La hemos visto no solo en este proyecto, sino en varios otros.
Yo soy una Senadora oficialista, del Comité RN, y lo dije antes y lo volveré a repetir: considero que no debiéramos estar en esta discusión. Actualmente nuestro Gobierno tiene atribuciones para mejorar los acuerdos a que ha llegado, que se valoran y se felicitan. Pero evidentemente se plantea esta disputa, este análisis de si estamos a favor o en contra del Gobierno, a favor o en contra de la legalidad. Y la Constitución hoy día aparece en nuestras discusiones, cuando nuestro mayor debate debiera ser cómo somos capaces de ponernos de acuerdo, con todos los problemas que están viviendo las familias.
Entonces, me parece que es el momento de ponernos de acuerdo. Nunca hicieron más falta el diálogo y la capacidad de escuchar, la humildad para aceptar que no hay nadie que tenga absolutamente la razón y que debemos ser capaces de llegar a acuerdo.
Yo me abstuve en la votación anterior de la iniciativa justamente porque no me gusta estar entre la espada y la pared por considerarse inconstitucional un voto y constitucional el otro.
Creo que lo que debiera estar primero son los ciudadanos de Chile. Y si el Gobierno tiene atribuciones, no debiéramos estar ni siquiera votando este proyecto nosotros.
Me voy a abstener. Pero quiero dejar en claro que espero que cambiemos la forma de conducirnos, porque no es justo que el Senado tenga que estar muchas veces tomando decisiones que no le corresponden para beneficiar a la ciudadanía.
Me abstengo, señor Secretario.
Muchas gracias.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
La Senadora señora Aravena se abstiene.
Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.- Voto a favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.- Gracias, Secretario, Presidenta.
He escuchado atentamente cada una de las intervenciones y deseo hablarle a la gente, si es que alguien ha tenido el aguante de seguir esta discusión.
Comienzo agradeciendo a la Senadora Provoste y al Senador Navarro por haberme invitado a ser parte de estos proyectos.
No hay que asombrarse cuando vemos aquí lo que cada uno de los Senadores representa, los intereses que representa.
Si alguien ha seguido esta sesión, podrá constatar que hay Senadores que se abstienen, que votan en contra, y otros que deben inhabilitarse, porque claramente lo que representan no son los intereses de las personas.
La discusión de la constitucionalidad efectivamente la han usado en todo este último tiempo para objetar proyectos que se relacionan con lo humano, con la situación que enfrenta el mundo y nuestro país.
Y como nosotros tenemos enormes limitancias para sacar proyectos adelante -las facultades las tiene el Presidente de la República-, se hace lo humanamente posible por intentar tramitar iniciativas que muchas veces son de reforma constitucional. Y luego el Gobierno, a través de sus parlamentarias y parlamentarios, hace lo posible para que todo quede en el acuerdo que el Presidente ha logrado con la gerencia o con los propietarios de las sanitarias, de las empresas eléctricas, etcétera.
Quiero decirle a la gente que lo mínimo que uno debe hacer es colocarse en el lugar de las personas que actualmente están cesantes. Hoy acaban de despedir a más de trescientos trabajadores y trabajadoras de una pesquera en la Región de Magallanes. Las ollas comunes están siendo cada día más numerosas. Los pagos de patentes, de los colegios, de las deudas que arrastraban las personas se suman a los pagos de los consumos básicos, y las empresas eléctricas, particularmente Edelmag, en la Región de Magallanes, han abusado. No hay quién en la región no se sienta abusada o abusado por los valores que se han cobrado en los últimos meses.
En consecuencia, esta situación es del todo humana, es del todo necesaria. Y no resuelve el fondo del problema.
Cuando me invitaron a participar en este proyecto no teníamos claro en qué momento esta situación podía comenzar a superarse. Y hoy vemos que, al revés, la crisis se va a prolongar mucho más, que va a tomar muchos más meses, si no un año, a lo menos.
Entonces, lo que están haciendo las personas hoy con muchas de las propuestas que el Gobierno entrega es simplemente endeudarse más, es alargar la agonía, estirar el chicle, dejar para un par de meses o un año más la obligación de enfrentar estos gastos.
Yo lo mencioné el otro día: ¿Qué pasa cuando hay una persona jubilada que tiene un único ingreso? ¿Qué pasa con alguien que ha quedado cesante? ¿Qué pasa con quien era dueño de un pequeño comercio y simplemente hoy no tiene acceso a ningún crédito, a nada?
Por lo tanto, esta situación debe revisarse. El Gobierno tiene que allanarse a la búsqueda de soluciones más concretas, que enfrenten la realidad que están viviendo una cantidad de hogares enorme en todo nuestro país.
En el caso de la Región de Magallanes, hay que considerar el uso del gas, el uso de la electricidad, porque se oscurece mucho más temprano.
Yo escuchaba a un Senador que decía: "Ahorren". Pero, ¿acaso alguien piensa que la gente hoy, cuando permanece más tiempo dentro de sus hogares, no tiene el sentido común del ahorro? Obviamente que lo tiene. Lo que ocurre es que las personas están más horas dentro del hogar, estamos hacinados, hay un mayor consumo de calefacción, de luz, de agua, etcétera.
Entonces, lo que estamos haciendo con este proyecto es un salvataje. Y claramente lo llevamos a cabo porque no creíamos en el compromiso que el Presidente le había anunciado al país. Además, no solucionaba la situación de una gran cantidad de hogares.
Por lo tanto, agrego otro punto más, Presidenta. ¿Nos vamos a atrever o no a la reforma constitucional que presentamos respecto al retiro de un porcentaje de los fondos de pensiones?
Presidenta, coloquemos esta materia como discusión. El país no está...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Dele un minuto más, por favor, señor Secretario.

El señor BIANCHI.- ... personas de clase media.
Y conozco su sensibilidad en esta materia, Presidenta.
Hemos visto que hay parlamentarias y parlamentarios que han defendido toda la mañana a las empresas. Bueno, saquémoslos a la pizarra, veamos quiénes somos y a quiénes representamos los que estamos dentro del Congreso.
La clase media está pasando por una crisis humana y económica enorme. Necesitan un salvataje. Y el Gobierno no lo ha entregado.
Por lo tanto, esta reforma constitucional que hemos hecho -y la invito a suscribirla, Presidenta-, junto con el Senador Araya y la Senadora Provoste, busca que las personas puedan disponer, a lo menos, de un porcentaje de sus propios ahorros para enfrentar los meses que tienen por delante.
Como sabemos, el Tribunal Constitucional ha señalado insistentemente que estos recursos son de los cotizantes, pero...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador señor Bianchi.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Bianchi, ¿cómo vota, entonces?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Son cinco minutos. Le di un minuto adicional, Senador Bianchi.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Cuál es su opción de voto, señor Senador?

El señor BIANCHI.- Bien, Presidenta.
El país lo va a entender igual.
Voto favorablemente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Senador.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.- Presidenta, voy a fundamentar un poquitito.
Esta es una iniciativa sencilla, humana y necesaria. Pero también hay que entender lo siguiente.
Nada es gratis en la vida. Siempre alguien termina pagando la cuenta. Este es un proyecto sencillo y humano, pero ¿quién paga la cuenta? ¿La paga el Estado de Chile? ¿La pagan los propios contribuyentes o las empresas?
También sabemos que el proyecto no tiene toda la constitucionalidad que nos gustaría. Pero lo que sucede, y ahí va mi crítica, es que este no es un tema en que estemos defendiendo a las empresas. Nadie quiere defender a las empresas. Yo no estoy por defenderlas, primero que nada. Y segundo, siento que este Senado, o este Congreso, también debe tener una mirada que permita trabajar en mejor forma. Y creo que no lo estamos haciendo.
Pienso que tenemos una tremenda responsabilidad. Yo lo he dicho muchas veces: en este Senado no se trabaja bien, no se legisla en buena forma. En un proyecto tan sencillo, tan humano y tan necesario como este, todas las bancadas deberíamos haber ido trabajando de una buena forma y presionando. Si el Gobierno no entiende, tenemos que ser capaces de sentarnos a presionar para que salga una buena ley, que le llegue a la gente. No me cabe ninguna duda de que la gente la necesita, hoy día más que nunca, con todo lo que estamos viviendo.
Pero este proyecto a mí no me gusta, porque creo que no les va a dar solución a las personas, muchas de las cuales van a quedar con deudas. Sin embargo, lo voy a apoyar.
Voto a favor, esperando que algún día este Senado llegue al acuerdo de trabajar en unión, de trabajar por el bien común de las personas, tratando siempre de resguardar los intereses del Estado y de los ciudadanos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Castro vota a favor.
Senador señor Chahuán, ¿cómo vota?

El señor CHAHUÁN.- Presidenta, Secretario, voy a fundamentar mi voto.
Sin lugar a dudas, estamos frente a la crisis económica más profunda que ha vivido Chile desde que se tenga registro, desde la década del cincuenta del siglo pasado, donde las familias se hallan especialmente afectadas. En este contexto, ya había existido una primera conversación del Presidente Piñera con los distribuidores de servicios básicos en términos de prohibir la suspensión de los servicios por no pago. Y me parece que lo que hace el proyecto de ley es reforzar aquello.
En segundo lugar, quiero agradecer en particular a la Ministra de Transportes y a la Subsecretaria de Telecomunicaciones. Junto con la Senadora Provoste, presenté una iniciativa para dotar de internet a los niños, niñas y adolescentes de la educación primaria, secundaria o universitaria que tuvieran gratuidad para los efectos de lograr que ellos accedieran a un proceso de teleeducación positivo o en mejores condiciones. En ese escenario, la Ministra de Transportes y la Subsecretaria Gidi nos dijeron que iban a recoger ese proyecto, que muchos calificaron de inadmisible, inconstitucional.
Asimismo, quiero agradecer al Presidente de la Comisión del ramo del Senado, Juan Pablo Letelier, que puso el tema en discusión y estuvo conduciendo, así como a la Senadora Allende, otra de las mocionantes.
Finalmente, se logró que la Ministra y la Subsecretaria recogieran ese proyecto, señalado por muchos -repito- como inadmisible, el cual fue incorporado al texto a través de una indicación suscrita por los mismos mocionantes, logrando, en definitiva -y aprovecho de agradecer, nuevamente, a la Senadora Provoste-, que se convirtiera en ley de la república con este trámite.
Esto implica, efectivamente, dotar de mejores condiciones de conexión a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la condición indicada mediante su incorporación al plan solidario que ahora ofrecen las compañías de telecomunicaciones.
Por eso, agradezco a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y a la Subsecretaria Gidi por el trámite que hemos logrado efectuar.
Hoy día se está viviendo una situación crítica. Tenemos particularmente afectadas a las pymes y a las mipymes. Vivimos un escenario complejo desde el punto de vista de sostener la capacidad de empleo en el país. Las familias chilenas se han visto especialmente afectadas.
Todo ello debe tenerse presente cuando se dictan medidas de carácter sanitario como las cuarentenas, que nosotros aplaudimos. Incluso hemos expresado que se decretaron algo tarde, pero valoramos que se hayan implementado en la región, al menos en Valparaíso, San Antonio y Viña del Mar. Esperamos que se extiendan a otras comunas con índices de carga viral aún mayor, como El Tabo, El Quisco, Cartagena, Algarrobo, Santo Domingo, y a las provincias de San Antonio, Marga Marga, Los Andes, San Felipe, que las requieren urgentemente.
Sin embargo, para poder sostener una medida de carácter sanitario como esa se requiere dar tranquilidad a las familias. Y para ello es necesario no solo asegurar un Ingreso Familiar de Emergencia a través de un gran acuerdo nacional, sino también garantizar que los servicios básicos no serán suspendidos por no pago.
Acá nadie está hablando de gratuidad, pero estamos ante una situación específica de tal entidad, como la pandemia sanitaria, que obliga a adoptar medidas excepcionales. Y, en ese sentido, agradezco el compromiso que ya existía de parte de las empresas para no suspender los servicios, incluso mucho antes de la presentación de este proyecto de ley, el cual simplemente viene a garantizar aquello por ley.
Por lo tanto, agradezco la primera gestión del Presidente Piñera, así como la disposición que hubo por parte de las empresas, aunque, por supuesto hoy día resulta imperativo asegurarlo por ley y por eso voto favorablemente.
A la vez, agradezco de nuevo a la Ministra de Transportes y a la Subsecretaria Gidi por haber incorporado un proyecto que muchos consideraron inadmisible, a través de una indicación nuestra, en el texto que han despachado las Comisiones Mixtas, razón por la cual la Senadora Provoste y el resto de los colegas que fuimos mocionantes nos sentimos hoy muy satisfechos de que nuestra iniciativa haya sido recogida y se transforme en ley de la república en tiempo récord.
Voto favorablemente.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor GALILEA.- Yo quería inhabilitarme, Secretario, en este proyecto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Perfecto.
El señor Galilea se inhabilita.
¿Senador señor De Urresti?

El señor DE URRESTI.- Señor Secretario, voy a votar a favor.
Creo que esto es una expresión clara de la visión absolutamente proempresa que ha generado el Gobierno, cuyo corsé ideológico le impide ver que aquí, en una situación de esta magnitud, en una crisis de esta entidad, resulta fundamental ayudar a la sociedad, a los miles y miles de chilenos que hoy día se encuentran tremendamente afectados por los cobros de consumos básicos como la luz. El abuso que existe en este ámbito, la insensibilidad de muchas empresas e instituciones para abordar esta crisis no se soluciona sino con la capacidad del Estado, del Parlamento, para establecer una legislación clara y precisa sobre la materia.
Me alegro y voy a votar a favor, porque creo que esta normativa representa un avance para ir rompiendo, para ir desarmando la visión ideológica absolutamente de mercado que existe en nuestra sociedad.
La pandemia y la recuperación económica del país no se solucionarán simplemente con la libertad, la autonomía y la capacidad de emprendimiento de las que hace gárgaras la Derecha. Aquí tiene que haber una intervención del Estado, sumar a la sociedad y lograr acuerdos claros y precisos para estos tiempos de crisis. Creo que así podremos salir: con el esfuerzo de todos, de los agentes locales, de las regiones, de las comunidades organizadas, pero también con un Estado que protege a sus ciudadanos. Y eso es lo que se tiene que ver.
Que la gente revise cómo votan sus parlamentarios al momento de tener una disputa sobre si este costo también va a ser compartido por las empresas distribuidoras, por las empresas de servicios básicos. Aquí es donde nos jugamos el debate.
Por eso, insisto en la necesidad de discutir otros proyectos que igualmente vayan al fondo de la crisis: en materia previsional, en materia de servicios básicos, en materia de un ingreso garantizado para todos los chilenos. Ahí es donde nos jugamos la visión ideológica, la visión de qué sociedad queremos construir.
Voto absolutamente a favor de esta iniciativa, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor De Urresti vota a favor.
¿Senador señor García Ruminot?
¿Senador señor García-Huidobro?
¿Señora Presidenta?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Secretario.
Voy a votar a favor.
Realmente, es en este tipo de debates donde quedan con mayor evidencia las grandes diferencias que Oposición y Gobierno tenemos para enfrentar la crisis no solo sanitaria, sino en cuanto a las medidas sociales y económicas que se han venido instalando desde marzo hasta ahora.
Resulta bastante sorprendente que el Gobierno no haga uso de los potentes instrumentos que le entrega el estado de emergencia para condonar multas, regular y bajar precios y aliviar de esta manera a los hogares en las diversas condiciones que están viviendo.
En Coquimbo, una región que lleva más de quince años con extrema sequía y que sufrió además un tsunami, un terremoto, los pequeños mineros, los campesinos se hallan en situación de miseria. Y la ayuda no llega en los momentos en que realmente se necesita, con la prontitud y la facilidad de acceso requeridas, para los pocos beneficios que se entregan.
Por eso, considero muy pertinente la dictación de una ley. Los acuerdos circunstanciales a que ha llegado el Presidente pueden dar algún alivio, pero hoy, en medio de la crisis, resulta indispensable garantizar derechos sociales a los chilenos, lo cual se logra a través de leyes. Para eso está el Parlamento: para legislar en beneficio de nuestros compatriotas, que están viviendo una extrema situación de pobreza, de miedo, de temor frente a la pandemia.
Por lo tanto, voto que sí.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
Procedería dar por finalizada la votación.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba el certificado de las Comisiones Mixtas (28 votos a favor y 10 abstenciones) y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, Kast, Moreira, Pérez Varela y Pugh.


La señora MUÑOZ (Presidenta).- Despachado el informe.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Había solicitado la palabra el señor Subsecretario.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra.

El señor OSSA (Subsecretario General de la Presidencia).- Muchas gracias, Presidenta.
Primero, por su intermedio, quiero saludar a todos quienes han participado en esta sesión y hacer una muy breve reflexión previa.
Creo que aquí nadie tiene diferencias en cuanto a que era y es necesario auxiliar a las personas que están sufriendo en estos días por la vía de permitirles postergar el pago de los servicios básicos. Me parece que en eso no hemos tenido ninguna duda ni nos separa ningún sesgo ideológico; sí, obviamente, nos ha separado la forma de implementación y, en consecuencia, quisiera explicar por qué el Ejecutivo optó por obrar de la forma en que lo ha hecho.
Quiero señalar que una primera consideración para que el Gobierno suscribiera un convenio con las distintas empresas que participan en estos mercados dice relación con la necesidad de acudir rápido en auxilio de la gente. Y es por eso que ya con fecha 27 de marzo, recién comenzada la pandemia, se alcanzó un acuerdo en la materia.
Una de las principales razones para optar por ese mecanismo, y sin perjuicio del detalle que daré a continuación, fue que, aun cuando se trataba de un acuerdo, se trataba de un acuerdo que debía cumplirse, que podía ser fiscalizado y que aparejaba sanciones.
Esa es una primera desmitificación que consideramos importante efectuar en este contexto.
En segundo lugar, bien ha señalado el Senador Latorre que en muchos países ya se ha optado por medidas de este tipo. Eso es efectivo, pero, según consta en el informe que salió de la Cámara de Diputados, en la mayoría de esos países el auxilio se canalizó por la vía administrativa.
¿Por qué, entonces, el Ejecutivo se ha conducido de esta forma para la tramitación de la ley en proyecto? Primero -ya lo dije-, para llegar rápidamente en ayuda de las personas, pero también porque, más allá de las distintas cosmovisiones que cada uno pueda tener sobre la conveniencia o no de las reglas constitucionales, como bien se señaló durante el debate, tenemos ciertas normas fundamentales. En tal sentido, nos pareció que, incluso para proteger la responsabilidad patrimonial del Estado ante eventuales demandas, aun en sede internacional, el modo en que esto se estaba planteando no resultaba acorde con la Constitución.
¿Por qué lo digo? Porque el inciso tercero del numeral vigésimo cuarto del artículo 19 de la Constitución, si bien permite que una ley general pueda limitar el derecho de propiedad de los particulares, establece que ello requiere una compensación. Y, en este caso, eventualmente puede estar limitándose el derecho de propiedad, básicamente porque es posible que la postergación produzca costos financieros.
Por tal motivo, hicimos ver este punto de vista en las Comisiones Mixtas, cuyo Presidente, el Senador Elizalde, comprendió perfectamente, por lo cual nos pidió colaborar, pero únicamente desde la perspectiva técnica... (falla de audio en transmisión telemática)... el proyecto en sí mismo.
Quiero recordar, además, que con fecha 27 de marzo del año 2020 los Ministerios de Energía, de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones alcanzaron un acuerdo, primero, en materia de electricidad, que permitió suspender el corte del servicio por mora en el pago de las boletas. Los saldos impagos que se originaran durante la vigencia del estado de catástrofe serían prorrateados hasta en doce meses, una vez que este terminara. Y los clientes con deudas menores a 10 UF, acumuladas antes del referido estado de catástrofe, también podrían prorratear sus pagos.
Tal beneficio está disponible para más de 3 millones de familias, esto es, aproximadamente 7 millones de chilenos, y no quedó limitado al 40 por ciento de las personas más vulnerables, sino que incluyó también a los mayores de 60 años con dificultades de pago, a todos los trabajadores que hubieran perdido su empleo durante el estado de catástrofe, y a cualquier persona que acreditara su otorgamiento como necesario.
Insisto: este es un convenio plenamente fiscalizable, que debe ser cumplido, y que en caso alguno es un acuerdo blando o de buena fe que dependa de la buena voluntad de las empresas.
En materia de telecomunicaciones, se entregó conexión gratis a internet a clientes actuales activos, de los hogares más vulnerables, en principio por sesenta días, plazo que luego se extendió a noventa.
En materia hídrica, los clientes domiciliarios de empresas sanitarias pueden optar por postergar el pago de sus cuentas por los consumos facturados en agua potable y alcantarillado por los próximos tres meses, pudiendo acceder el 40 por ciento más vulnerable de nuestros compatriotas, lo que se tradujo en un beneficio para 1 millón 500 mil familias.
Respecto al límite que en su minuto se impulsó para el consumo de este vital elemento, quiero destacar que quienes sugerimos tal opción en caso alguno desconfiamos, ni mucho menos, de los usuarios, que tanto necesitan acceder a este beneficio. Pero quiero recordar que en tiempos de sequía, en momentos en que las empresas sanitarias comienzan el proceso de ahorro de agua, nos parecía importante fijar un límite, el cual, además, sugerimos que no fuese inapelable, sino susceptible de modificarse al alza si así lo ameritaban las circunstancias de ciertos usuarios.
Y quiero agregar que en esto no hubo un sesgo ideológico por parte del Ejecutivo. Tal como hizo presente el Senador Pugh, aquella fue una decisión que requirió tres votaciones y que solo en la última se estableció que no hubiera límite.
Termino, señora Presidenta, dejando para la historia de la ley lo siguiente: primero, que se optó por un acuerdo para ir rápidamente en auxilio de las familias; segundo, que se estimó que aquella era la forma correcta de respetar la institucionalidad constitucional vigente, y tercero, que la inmensa mayoría de los puntos recogidos en esta futura ley ya se encontraban considerados en el referido acuerdo.
Aprovecho de despedirme no solo de los presentes, sino de todos aquellos con quienes nos tocó conversar en las distintas instancias de la tramitación del proyecto.
Gracias, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- A usted, señor Subsecretario.
Despachado el informe de las Comisiones Mixtas.
Se ha cumplido el tiempo destinado al Orden del Día, por lo que necesito el asentimiento de la Sala para ver el siguiente proyecto, sobre organizaciones indígenas, quizás con una modalidad de tramitación abreviada: conocer el informe de la Presidenta de la Comisión, la Senadora Luz Ebensperger, y que lo votemos sin discusión.
No sé si la iniciativa requiere muchas intervenciones; pero si existe el acuerdo de una Comisión, más la urgencia que posee, podríamos escuchar el informe y proceder a la votación, ojalá sin fundamento, porque tendríamos para mucho rato más.
La idea sería tramitar el proyecto sin discusión, y proceder a su votación.
¿Hay acuerdo en prorrogar la sesión por una hora y poner en tabla esta iniciativa?
Acordado.



PRÓRROGA DE MANDATO DE DIRECTIVAS DE COMUNIDADES Y ASOCIACIONES INDÍGENAS Y DE VIGENCIA DE ACTUALES REPRESENTANTES INDÍGENAS DE CONADI


La señora MUÑOZ (Presidenta).- Conforme a lo recién acordado, corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y en moción de los Honorables Senadores señora Aravena y señor Quintana, que prorroga el mandato de las directivas de las comunidades y asociaciones indígenas, y la vigencia de los actuales representantes indígenas del Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile, con nuevo primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (13.492-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de la Senadora señora Aravena y Senador señor Quintana):
En primer trámite: sesión 22ª, en 6 de mayo de 2020 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (13.562-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República):
En primer trámite: sesión 32ª, en 6 de junio de 2020 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 36ª, en 9 de junio de 2020.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (nuevo primer informe): sesión 38ª, en 11 de junio de 2020.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La iniciativa tiene por objeto prorrogar el período de las directivas de las comunidades y asociaciones indígenas, y de los actuales representantes indígenas del Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, debido al actual estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública.
Este proyecto de ley cuenta con un primer informe y un nuevo primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, con motivo del acuerdo de la Sala adoptado en la sesión del 10 de junio en curso.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización deja constancia en su nuevo primer informe de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación y tratándose de un proyecto de artículo único, acordó unánimemente proponer a la señora Presidenta del Senado que en la Sala el proyecto de ley sea considerado en general y en particular a la vez.
Asimismo, deja constancia de que el texto despachado en primer informe fue aprobado en forma unánime por los miembros de la Comisión, Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza. En su nuevo primer informe la Comisión aprobó la iniciativa con las modificaciones y votaciones que se registran en el respectivo informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 5 y 6 del nuevo primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a disposición tanto en el SIL como en la plataforma de documentos de la presente sesión.
Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.
En discusión general y particular el proyecto

Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión, Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidenta.
Seré muy breve en aras del tiempo.
Efectivamente, como bien señaló el señor Secretario, el informe que se pone a disposición de esta Sala para su votación refunde dos propuestas: un mensaje del Presidente de la República (boletín N° 13.562-06) y una moción de los Senadores señora Aravena y señor Quintana (boletín N° 13.492-06).
En términos generales, este proyecto busca prorrogar el mandato de las directivas de las asociaciones y comunidades indígenas y el período de los consejeros del Consejo Nacional de la Conadi. Se hace por tres meses desde el término del estado de excepción o sus prórrogas; y también contando tres meses antes en el caso de las que hayan vencido, es decir, a partir del 18 de diciembre, al igual que como se consideró para las personas jurídicas de otras organizaciones comunitarias en un proyecto ya despachado.
Esto fue aprobado por unanimidad en el primer informe. Hoy día nos reunimos nuevamente para ver tres indicaciones. Si bien una de ellas fue aprobada por unanimidad, la otra no lo fue no porque no estuviéramos de acuerdo, sino porque la segunda indicación, la que se rechazó, había sido presentada por la Senadora Allende y el Senador Latorre, y la Senadora no tenía la autorización del Senador para retirarla y para abrir la posibilidad, si él lo consideraba, de reponerla. Ella votó a favor de esa indicación y no de la otra.
Lo que se buscaba en las indicaciones era establecer tres excepciones a esta prórroga.
La primera es para cuando, durante el período de vigencia de la futura ley, alguna de estas organizaciones ya hubiera elegido sin problemas su nueva directiva; y la segunda busca, haciéndonos eco del sentimiento y habiendo escuchado el problema que presentó, particularmente, una organización indígena de Rapa Nui, que se estableciera la posibilidad, una vez aprobado el proyecto, de que se realizaran elecciones cumpliendo todas las instrucciones de la cuarentena, porque hoy día no existen casos de personas contagiadas en su comuna.
En definitiva, se aprobó la indicación presentada por el Senador Pugh, que establece esta posibilidad y que es más amplia: no se limita solamente al caso de Rapa Nui. Es decir, si en esta misma situación se encuentran otras asociaciones o comunidades indígenas a nivel nacional la idea es que también puedan acogerse a esta norma.
Yo agradezco a la Senadora Allende, quien, aun queriendo realizar una excepción específica para Rapa Nui, entendió y aceptó que aprobáramos esa otra indicación que resultaba más genérica, puesto que solucionaba además el problema planteado por la asociación de Rapa Nui.
Y la última excepción corresponde a la indicación presentada por la Senadora Provoste, que también se aprobó por unanimidad, y que plantea que no se prorrogue el mandato de aquellas directivas en que alguno de sus miembros se encuentre denunciado formalmente por mal uso de fondos o recursos de la asociación a la que pertenece, considerando que la denuncia, aparte de ser formal, haya sido interpuesta ante las autoridades competentes.
Eso es cuanto puedo informar, Presidenta. Es un tema absolutamente urgente, porque se nos informó que el 30 de junio vence el mandato del 71 por ciento de los representantes de las asociaciones indígenas y el 33 por ciento de las comunidades indígenas, y el 21 de junio vence el período por el cual fueron nombrados los actuales consejeros del Consejo Nacional de la Conadi.
Es cuanto puedo informar, Presidenta.
Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senadora Ebensperger.
De acuerdo al informe que ha entregado la Presidenta de la Comisión, vemos que la iniciativa fue tramitada con bastante consenso y, además, votada en forma unánime.
Le solicitaría a la Sala que pudiésemos aprobar por unanimidad este proyecto de ley.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Les pediría a las señoras Senadoras y a los señores Senadores, quienes están aprobando la iniciativa en forma unánime, que mantengan el dedo arriba y que activen sus cámaras -un segundo, por favor-, para que así yo puedo registrarlo.
Perfecto.
Gracias.

--Se aprueba unánimemente en general y particular el proyecto de ley, y queda despachado en este trámite.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador Huenchumilla pide la palabra por reglamento.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador Chahuán también la había solicitado, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Antes de que demos la palabra por reglamento, como prorrogamos por una hora, consulto a la Sala si es posible ver la propuesta sobre insolvencia de la tercera edad.
Yo creo que también es una iniciativa bastante consensuada; podríamos alcanzar a verla.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla, por reglamento.

El señor HUENCHUMILLA.- Gracias, Presidenta.
Yo solamente quería hacer presente una cuestión que me parece importante dejar para la historia fidedigna de la ley de la propuesta que acabamos de aprobar y para la que di también mi voto.
No tengo ningún problema con el proyecto; sino que solamente quiero mencionar algunos requerimientos que he tenido de parte de algunos dirigentes de mi región.
Asimismo, quiero puntualizar que en un principio surgió una duda en cuanto a si esta iniciativa requería o no consulta indígena en virtud del Convenio 169; porque, tal como se decía en el fundamento del proyecto del Gobierno, el decreto 66 suspendía la aplicación del referido Convenio.
Entonces, el razonamiento es cómo un decreto puede suspender la aplicación de una ley, dado que el Convenio, sin perjuicio de que es un instrumento internacional también, es una ley de la república.
En consecuencia, la explicación es que el propio decreto señala que la suspensión rige para las medidas que se adopten en caso de calamidad o catástrofe. No quiere decir que se suspenda para proyectos en tramitación que dicen relación con cuestiones productivas o de otra naturaleza.
Por lo demás, la propia Corte Interamericana dictó una resolución en abril de este año mediante la cual señala que, cuando se trate de medidas relacionadas con calamidad pública, catástrofe y la situación que estamos viviendo, es posible realizar este tipo de acciones sin necesidad de consulta.
Por lo tanto, señora Presidenta, quise hacer presente este punto nada más para que tengamos una visión completa de cuál es el sentido de este proyecto de ley. Y, si lo hicimos sin consulta, fue porque está plenamente respaldado por la Corte Interamericana y por el propio decreto 66 sobre la materia.
Gracias, señora Presidenta.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- A continuación tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, solamente quiero solicitar que, dado que el proyecto que viene fue ampliamente consensuado, procedamos a despacharlo de la misma manera como lo hicimos con el anterior. Vale decir, si es posible, aprobarlo por unanimidad, salvo que algún Senador o Senadora se oponga y quiera expresar su opinión.
Se trata de un proyecto de ley absolutamente necesario, sobre todo en tiempos de crisis, que ha sido liderado por la Comisión Especial del Adulto Mayor, y especialmente por su Presidenta, Carolina Goic, quien ha estado al frente de este tema.
En consecuencia, si fuese posible aprobar el proyecto referido por unanimidad, sería ideal.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.
Vamos a seguir en el mismo espíritu colaborativo que hemos tenido hasta ahora y, después del informe que nos entregue la Senadora Goic, solicitaré la unanimidad para aprobar el proyecto.
Así se procederá.



ÁMBITO ESPECIAL DE APLICACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE RENEGOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES


La señora MUÑOZ (Presidenta).- Según lo acordado por los Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.720 con el objeto de establecer un ámbito de aplicación especial de los procedimientos concursales de renegociación para las personas mayores, con nuevo primer informe de la Comisión Especial del Adulto Mayor.
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.850-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de las Senadoras señoras Goic y Órdenes y de los Senadores señores Chahuán, Quinteros y Sandoval):
En primer trámite: sesión 41ª, en 14 de agosto de 2019 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Especial del Adulto Mayor: sesión 68ª, en 13 de noviembre de 2019.
Especial del Adulto Mayor (nuevo informe): sesión 24ª, en 20 de mayo de 2020.


La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Carolina Goic, Presidenta de la Comisión Especial del Adulto Mayor.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, daré un brevísimo informe.
Todos sabemos que la ley N° 20.720, de reorganización y liquidación de empresas y personas, en el fondo contempla un procedimiento especial destinado a superar la situación de insolvencia de las personas naturales.
Este es un procedimiento administrativo flexible, que permite la renegociación de las deudas.
Lo que busca este proyecto es evitar que se liquiden los bienes con la consiguiente pérdida de patrimonio.
Este es un procedimiento gratuito y cada vez más utilizado.
¿Qué es lo que hace el proyecto? Considera la situación especial de los adultos mayores.
Los requisitos para que la persona deudora pueda acceder a esta asesoría son tener dos o más obligaciones vencidas por más de 90 días corridos y, además, su monto debe ser superior a 80 unidades de fomento, es decir, a cerca de 2 millones 200 mil pesos.
¿Y qué pasa? Cuando uno ve las estadísticas sobre endeudamiento y montos de deudas de los adultos mayores, observa que en el tramo entre 60 y 69 años el endeudamiento promedio es de 1 millón 800 mil pesos y, en el caso de los adultos mayores de 70 años y más, este supera la cifra de 1 millón 400 mil pesos.
No tengo que entregarles a los colegas más datos acerca de la situación de endeudamiento que afecta a nuestro país ni de cómo esto se agrava en el contexto de la pandemia.
En el caso de numerosos adultos mayores sus ingresos son mucho más bajos y, por tanto, tenemos un monto de pensiones inferior.
Por lo tanto, a pesar de que estos montos de deuda promedio son altos para ellos, muchos adultos mayores quedan fuera de procedimientos que les permitan renegociar sus deudas y disponer de una asesoría gratuita. En vez de ello, llegan a procesos de liquidación y, lo que es más grave, muchas veces al remate de sus bienes por deudas bajas.
Lo que hace fundamentalmente la iniciativa es disminuir en el caso de las personas mayores de 60 años este requisito desde 80 a 40 UF, y también se hacen proporcionales los honorarios del abogado que apoya la asesoría, de acuerdo con los aportes que tenemos contemplados por ley.
En consecuencia, lo que busca básicamente el proyecto -insisto- es garantizar que los adultos mayores puedan acceder mayormente a este beneficio.
Por estas razones, lo aprobamos unánimemente en la Comisión y sugerimos a la Sala que proceda en los mismos términos.
Gracias, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Entonces, estamos de acuerdo en dar la unanimidad para la aprobación de este proyecto de ley.
Señor Secretario, registre la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Por favor, los que estén de acuerdo en aprobar el proyecto que pongan el dedo hacia arriba, tal como lo hicimos denantes.
Ya, señora Presidenta, está registrada la unanimidad de los Senadores presentes en la sesión.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muchas gracias.

--Por unanimidad, se aprueba en general y particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.


La señora MUÑOZ (Presidenta).- Hago presente a la Sala que nos queda todavía en tabla el proyecto de acuerdo que hoy día en reunión de Comités resolvimos poner en votación.



RECONOCIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO Y GESTIÓN PARA FUNCIONARIOS DE SALUD PÚBLICA Y POSTERGACIÓN DE SUS PROCESOS CALIFICATORIOS. PROYECTO DE ACUERDO

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Proyecto de acuerdo, presentado por señoras y señores Senadores, mediante el cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República dar por cumplidos los programas de mejoramiento de gestión y convenios de desempeño de los funcionarios y trabajadores de la salud pública.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.115-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 37ª, en 10 de junio de 2020.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- No sé si hay unanimidad.
Vamos a registrar la votación de modo breve.
Quienes están de acuerdo que levanten el dedo; los que no, que pongan el dedo hacia abajo.
En votación el proyecto de acuerdo.
Señor Secretario, primero registre a quienes están de acuerdo.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Senador Quintana...?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Pero tome la votación en forma breve, señor Secretario.
Después registre a quienes no están de acuerdo.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ya.
No me aparece aprobando la Senadora señora Van Rysselberghe.
Los Senadores señores Araya, Insulza y Letelier aparecen votando "sí".
Solamente no pude registrar a la Senadora Van Rysselberghe, que después salió de la sesión.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.
Hay Senadores que no aprueban.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Von Baer se acaba de incorporar y también aprueba el proyecto de acuerdo, por lo que veo...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- El Senador Pizarro también.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿No? La Senadora Von Baer no aprueba.
El Senador Pizarro se ha incorporado y también aprueba.
Los Senadores señor Elizalde, señora Rincón y señor De Urresti, que se acaban de incorporar, también aprueban.
¿Senador Chahuán? Sí.
Ya, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- El Senador Moreira se abstiene.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Así es.
¿Alguien más se abstiene o vota en contra?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.
Se aprueba el proyecto de acuerdo.
Muchas gracias.
Ha concluido el Orden del Día.
Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora GOIC:
Al Ministro de Salud y al Director del Fondo Nacional de Salud, solicitándoles INCORPORACIÓN EN EL SISTEMA DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD DE TRATAMIENTOS TENDIENTES A CORREGIR HIPOACUSIA CONDUCTIVA PERMANENTE, INCLUYENDO EL FINANCIAMIENTO DE AUDÍFONOS DE CONDUCCIÓN ÓSEA.
Del señor OSSANDÓN:
Al Ministro de Salud, con el objeto de que informe CONDICIÓN DE PROCESO DE EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS POSTULADOS EN FEBRERO DE 2020 PARA SU INCORPORACIÓN EN SISTEMA DE PROTECCIÓN FINANCIERA DE LEY RICARTE SOTO.
Del señor PUGH:
A la Ministra del Medio Ambiente; al Intendente de la Región de Valparaíso; a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, y a la Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, con copia a los Alcaldes de Quintero y Puchuncaví, dándoles a conocer RELEVANCIA PARA HABITANTES Y COMUNIDAD DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO DE CONOCER IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DISPUESTAS PARA QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:13.
Julio Cámara Oyarzo
Director de la Redacción