REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 368ª

Sesión 66ª, en miércoles 12 de agosto de 2020

Ordinaria

(Celebrada presencial y telemáticamente, de 16:25 a 20:20)

PRESIDENCIA DE SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, PRESIDENTA,

SEÑOR RABINDRANATH QUINTEROS LARA, VICEPRESIDENTE, Y SEÑORA XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA ACCIDENTAL

SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron presencialmente las señoras y los señores:

--Alvarado Andrade, Claudio

--Chahuán Chahuán, Francisco

--Coloma Correa, Juan Antonio

--Ebensperger Orrego, Luz

--Elizalde Soto, Álvaro

--García Ruminot, José

--Girardi Lavín, Guido

--Goic Boroevic, Carolina

--Letelier Morel, Juan Pablo

--Moreira Barros, Iván

--Muñoz D´Albora, Adriana

--Pizarro Soto, Jorge

--Pugh Olavarría, Kenneth

--Quintana Leal, Jaime

--Rincón González, Ximena

--Sandoval Plaza, David

--Von Baer Jahn, Ena

Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:

--Allende Bussi, Isabel

--Aravena Acuña, Carmen Gloria

--Araya Guerrero, Pedro

--Bianchi Chelech, Carlos

--Castro Prieto, Juan

--De Urresti Longton, Alfonso

--Durana Semir, José Miguel

--Galilea Vial, Rodrigo

--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro

--Guillier Álvarez, Alejandro

--Harboe Bascuñán, Felipe

--Huenchumilla Jaramillo, Francisco

--Insulza Salinas, José Miguel

--Kast Sommerhoff, Felipe

--Lagos Weber, Ricardo

--Latorre Riveros, Juan Ignacio

--Montes Cisternas, Carlos

--Navarro Brain, Alejandro

--Órdenes Neira, Ximena

--Ossandón Irarrázabal, Manuel José

--Provoste Campillay, Yasna

--Quinteros Lara, Rabindranath

--Sabat Fernández, Marcela

--Soria Quiroga, Jorge

--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline

Concurrió, además, telemáticamente, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.

Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 16:25.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión .

III. CUENTA

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:

Mensaje

De Su Excelencia el Presidente de la República:

Con el que retira y hace presente la urgencia, en carácter de "suma", al proyecto de ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19 (Boletín N° 13.655-05)

--Se toma conocimiento de la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

Oficios

Del Excmo. Tribunal Constitucional:

Remite copias de sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a los siguientes preceptos legales:

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Roles N°s 8.705-20, 8.715-20, 8.729-20, 8.777-20 y 9.023-20).

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles N°s 8.752-20 y 8.766-20).

--Se manda archivar los documentos.

Seguidamente, adjunta diversas resoluciones recaídas en procesos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los siguientes preceptos legales:

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Roles N°s 8.992-20, 9.016-20, 9.017-20, 9.019-20, 9.024-20, 9.025-20, 9.028-20, 9.030-20, 9.042-20 y 9.045-20).

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles N°s 9.009-20, 9.013-20, 9.022-22, 9.027-20, 9.032-20, 9.033-20, 9.034-20 y 9.043-20).

Artículo 15, inciso segundo, última frase, del DL 824, de 1974 (Rol N° 8.882-20).

Artículo 177 del Código Tributario (Rol N° 8.880-20).

Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290 (Rol N° 9.037-20).

Artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal (Rol N° 8.974-20).

Artículo 4°, inciso primero, de la ley N° 19.886, y artículo 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 8.932-20).

Artículo 5°, inciso primero, letra d), de la ley N° 19.983 (Rol N° 8.826-20).

Artículo 506 del Código del Trabajo (Rol N° 8.942-20).

Artículo transitorio, inciso segundo, de la ley N° 20.791 (Rol N° 8.945-20).

Artículos 248, letra c), y 259, inciso final, ambos del Código Procesal Penal (Rol N° 8.925-20).

Artículos 485, 486 y 488 del Código Procesal Penal; y artículos 7°, números 1° y 2°, y 29°, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Rol N° 8.872-20).

--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público:

Informa, a solicitud del Honorable Senador señor Araya, sobre los casos judicializados por muertes de niños y niñas en el Sename.

Del señor Ministro de Salud:

Responde a una consulta del Honorable Senador señor Girardi referida a la letalidad del virus COVID-19 observada en Chile.

Del señor Ministro de Obras Públicas:

Se refiere a una solicitud de patrocinio del Ejecutivo de una moción presentada por los Honorables Senadores señora Rincón y señores Chahuán, Durana, Harboe y Letelier, que aclara el concepto de "documento de cobro" contenido en el artículo 7° de la ley N° 18.778, relativo al subsidio de agua potable y servicio de alcantarillado.

Del señor Subsecretario de Justicia:

Da respuesta a una consulta de los Honorables Senadores señoras Muñoz y Órdenes y señores Araya, Girardi, Harboe y Quintana, sobre un convenio de colaboración suscrito entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia.

Del señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura:

Explica, a solicitud del Honorable Senador señor Sandoval, los programas de fomento a la pesquería artesanal de la Región de Aysén implementados a contar del año 2015.

Del señor Subsecretario (S) del Trabajo:

Adjunta información solicitada por el Honorable Senador señor Navarro referida a los despidos cursados a consecuencia de la pandemia COVID-19 en Chile.

Del señor Superintendente (S) de Servicios Sanitarios:

Responde a diversas consultas realizadas por el Honorable Senador señor De Urresti relativas a materias de su competencia.

De la señora Directora (S) del Trabajo:

Informa la inquietud planteada por el Honorable Senador señor Elizalde relativa a procesos de fiscalización por posibles irregularidades laborales a la planta de la empresa que indica, en la comuna de Linares.

De la señora Directora (S) del Sename:

Adjunta antecedentes solicitados por la Honorable Senadora señora Allende sobre las medidas impetradas por el Servicio para enfrentar la pandemia COVID-19.

Del señor Director de Presupuestos:

Atiende consulta de la Honorable Senadora señora Órdenes sobre recortes presupuestarios a programas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Del señor Intendente Regional de Los Ríos:

Responde a una solicitud del Honorable Senador señor De Urresti para que el Gobierno Regional apoye un proyecto de alumbrado público de la Ilustre Municipalidad de La Unión.

De la señora Seremi del Medio Ambiente de Aysén:

Se refiere a una inquietud del Honorable Senador señor Sandoval sobre la implementación de las medidas para enfrentar los altos niveles de contaminación atmosférica en la Región de Aysén.

Del señor Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles:

Informa, a solicitud del Honorable Senador señor Navarro, sobre la situación laboral de la funcionaria que indica.

Del señor Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional:

Atiende consulta del Honorable Senador señor Navarro sobre posibles afectaciones a la seguridad aérea producto del incendio ocurrido el día 2 de mayo del año en curso en las bodegas San Francisco, en la comuna de Pudahuel.

--Quedan a disposición de Sus Señorías.

Informes

Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización; segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Ley de Migración y Extranjería (Boletín N° 8.970-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").

--Queda para tabla.

Proyecto de acuerdo

De los Honorables Senadores señor Navarro, señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Quintana, Quinteros y Soria, por el que se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que se abstenga de disponer el reinicio de las clases presenciales en los establecimientos educacionales del país, mientras las comunidades educativas consideren que no están dadas las condiciones sanitarias para ello (Boletín N° S 2.125-12).

--Queda para ser votado en su oportunidad.

El señor BUSTOS (Prosecretario).- Presidenta, en estos momentos han llegado a la Mesa dos documentos.

Certificado

De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, para incorporar disposiciones transitorias de regulación de medidas de retención judicial de fondos previsionales y de suspensión de la tramitación de la solicitud de retiro de fondos en razón de deudas por obligaciones alimentarias (boletín Nº 13.682-07), con urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Queda para tabla.

Informe

De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que modifica normas respecto al plebiscito nacional de octubre de 2020 (boletín N° 13.672-07).

--Queda para tabla.

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El señor BUSTOS (Prosecretario).- Eso es todo, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.

Habría acuerdo, entonces, para analizar en Fácil Despacho el proyecto de trazabilidad.

Le daré la palabra al Senador De Urresti, sobre la Cuenta.

Pero, antes, ¿habría acuerdo para que me reemplace por un momento la Senadora Rincón?

Muy bien.

--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Senadora señora Ximena Rincón.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, respecto al proyecto sobre retención de alimentos, que se encuentra con "discusión inmediata", nosotros conversamos el día de ayer acerca de que se pudiera ver cuando llegara el certificado.

Esta iniciativa, en segundo trámite constitucional, se votó hoy día por unanimidad en la Comisión de Constitución, y podríamos ponerla en el primer lugar de la tabla para poder despacharla a fin de hacer efectivas las garantías que propone.

Y en cuanto al proyecto de plebiscito seguro, pido que lo veamos en el segundo lugar de la tabla de hoy, de manera de despacharlo y no vernos apremiados por los plazos.

Ambos proyectos fueron votados por unanimidad en la Comisión de Constitución.

Y, particularmente en cuanto al de alimentos, hoy día pudimos avanzar con la participación de integrantes de la Comisión de Infancia, a fin de resolver todos aquellos inconvenientes que teníamos pendientes.

Entonces, sin perjuicio del proyecto que se discutirá en Fácil Despacho, solicito poner las iniciativas a que me referí en el primer y segundo lugar de la tabla ordinaria a fin de poder despacharlos hoy día.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Gracias, Senador De Urresti.

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La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, el proyecto que los Comités acordaron poner en Fácil Despacho, el que determina la trazabilidad, no tiene urgencia, y revisando su texto y habiendo efectuado reuniones con diferentes organizaciones de la sociedad civil, la verdad es que surge una preocupación bastante grande respecto de lo que se va a aprobar.

Yo pediría, si hubiese voluntad, volver a discutir esto con una mirada un poquito más acuciosa, porque si bien es loable el intercambio de información entre autoridades ante la pandemia, se está autorizando, en la práctica -escuchen bien-, que todas las bases de datos de salud se entreguen a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Carabineros e Investigaciones).

La finalidad no está debidamente resguardada. Contraviene abiertamente las recomendaciones internacionales. Y, si bien tiene una superbuena intención, la técnica legislativa utilizada va a permitir que esas bases de datos, que hoy día están en manos de los Cesfam, de los servicios de salud, caigan en manos de las policías. Y después nadie sabe para qué se van a utilizar estas fuentes, porque la finalidad no está establecida.

Luego se dice que frente al evento de que haya una vulneración, se aplicará una sanción contenida en la ley N° 19.628. Pero esta no establece un régimen de sanciones.

Entonces, la verdad es que, más allá de la buena intención del proyecto, yo sugeriría que se le diera una vuelta. En una sesión se puede sacar un texto que logre el objetivo que se persigue, pero con los resguardos necesarios, sobre todo considerando que, una vez que se entregan esos datos, ya no hay vuelta atrás, pues no hay capacidad de volver a resguardarlos. Y me parece que esto es superdelicado.

Yo pediría, si fuera posible, que volviera a Comisión. Y me ofrezco, en conjunto con algunos asesores y la sociedad civil, a participar en una sesión para poder ayudar a una redacción que logre el objetivo, sin poner en riesgo la privacidad, y particularmente en materia de datos tan sensibles como los de salud.

Imaginemos que esta información, por cualquier fuente, se filtra y llega después, por ejemplo, a una compañía de seguros y a los afectados les empiezan a subir las primas de los contratos de seguros; o a las isapres. Es superdelicado lo que se está entregando.

Insisto: entiendo el objetivo, pero la técnica utilizada no es la adecuada.

Por eso, reitero que esto vaya a Comisión. Lo conversé con la Senadora Goic, que es la Presidenta de la Comisión, y estaría de acuerdo.

Si le parece, Presidenta.

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La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- La Senadora Von Baer me pidió la palabra respecto a lo planteado por el Senador De Urresti, y luego le daremos la palabra al Senador Insulza. Y después resolveremos lo planteado por el Senador Harboe con la intervención de la Presidenta de la Comisión, la Senadora Goic.

Senadora Von Baer.

La señora VON BAER.- Gracias, Presidenta.

Quisiera consultarle a la Presidenta de la Comisión de Salud si se puede hacer cargo de lo solicitado por el Senador Harboe.

Yo por el momento voy a recabar la opinión de la Senadora Luz Ebensperger, que vio este proyecto en detalle.

Y segundo, respecto a lo planteado por el Senador De Urresti, el acuerdo con la Mesa y el acuerdo de Comités era que si llegaba el proyecto de retención de pensiones de alimentos lo viéramos hoy en la tarde.

Por lo tanto, se estaría cumpliendo con el acuerdo de Comités al colocarlo después de Fácil Despacho.

Creo que debiéramos ver ese proyecto como primer punto de la tabla, tal como está en el acuerdo de Comités, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Perfecto.

Entonces, si hubiera acuerdo de la Sala, conforme a lo solicitado por el Senador De Urresti -veo manitos levantadas en las pantallas-, podríamos verlo en la sesión de hoy día, incorporándolo en la tabla.

¿Les parece?

La señora VON BAER.- Sí.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Ya.

El Senador Insulza y luego la Senadora Goic.

El señor INSULZA.- Presidenta, gracias.

Yo iba a plantear lo mismo que el Senador Harboe, tal vez con algo más de vehemencia.

A mí me parece increíble que vayamos a discutir en Fácil Despacho y a aprobar en media hora un proyecto que señala que al Ministerio de Salud se le comunica ceder a las Fuerzas de Orden y Seguridad los datos personales, especialmente los de salud, y luego de estos, a los que tengan acceso.

Es decir, realmente me parece increíble que se trate con una ligereza semejante un proyecto así.

Yo por lo menos no estoy dispuesto a este Fácil Despacho. Por lo menos devuélvanlo a Comisión.

Y creo que no sería malo que pasara también a la Comisión, creo que de Constitución, donde se está discutiendo la protección de datos personales, porque esto los desprotege completamente, en contra de todas las tendencias internacionales en esta materia, que apuntan precisamente a que la pandemia no permita que se ventilen, y que las compañías, las grandes empresas se apoderen de los datos personales de la gente.

A mí me parece increíble que alguien pretenda tratar esto en media hora, Presidenta.

Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Gracias, Senador Insulza.

Tiene la palabra la Senadora Goic, y luego el Senador Quintana.

La señora GOIC.- Presidenta, yo les pediría a los colegas que en esto tengamos respeto por el trabajo que se hace en Comisión. O sea, nadie quiere vulnerar los derechos de los pacientes, están tomados los resguardos respecto del mal uso de los datos, en el marco de la ley de protección de datos.

Esto siempre será perfectible, por supuesto. Pero quiero recalcar acá la urgencia que tiene un sistema de trazabilidad, que requiere que Salud, sobre todo en el nivel municipal, tenga acceso a los datos. Este proyecto tiene urgencia, si nos demoramos fue porque había aspectos en donde necesitábamos la indicación del Ejecutivo, que ingresó recién esta semana. Tenemos también una iniciativa de la Cámara en esta misma línea, y que tiene un contenido. Hemos de garantizar el segundo trámite en esto.

Yo pido que tramitemos este proyecto con celeridad. Y si la decisión es que vuelva a Comisión, que eso sea el día de mañana y podamos verlo la próxima sesión para que efectivamente avancemos en su tramitación.

Habría sido superbueno conocer esos contenidos cuando lo discutimos en la Comisión de Salud hace ya algunas semanas.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Quintana.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, simplemente quiero recordar que este proyecto ingresó al Senado...

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Micrófono, Senador.

El señor QUINTANA.- Ahí sí.

Simplemente quiero recordar que este proyecto ingresó a tramitación en el Senado el 21 de abril. Y surge precisamente por el clamor de muchos municipios, muchos alcaldes a nivel del país, en un momento de particular crispación -podríamos decir- entre la autoridad sanitaria y los municipios, en que se busca colaborar.

Se ha dicho que aquí hay organismos internacionales. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud ha planteado que es fundamental tener resueltos estos temas de trazabilidad, particularmente en el nivel local, para cumplir, entre otros objetivos, el de desconfinamiento.

Y, a mayor abundamiento, el propio Consejo Asesor del Ministerio de Salud ha señalado en días pasados lo mismo.

Por lo tanto, simplemente quisiera señalar a los Senadores que han hecho este planteamiento que ayer la Presidenta recabó la unanimidad de todos, tanto de los telemáticos como de quienes estamos presencialmente -como en mi caso hoy día-, y asentimos a que esto se discutiera hoy día en Fácil Despacho.

Yo también creo que se podría haber dado una mayor discusión, pero entiendo que la Comisión de Salud escuchó a varios actores.

Quisiera agregar, además, que aquí no se está modificando la Ley de Datos, que es la N° 19.628, sino solamente la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.

En cuanto a lo que plantea un Senador en el sentido de que esto debiera ir a la Comisión de Constitución, ¡por favor!, creo que aquí se merecen un mayor respeto las Comisiones por su trabajo, más aún, cuando el propio Ejecutivo, el Gobierno, ha presentado indicaciones que a mí por lo menos, y a los autores de este proyecto, muy transversalmente, nos parecen bastante atendibles. Los propios funcionarios de Carabineros, y cualquiera que se desplace en la carretera, saben que hoy día hay que usar un pasaporte sanitario. Bueno, y si alguien da positivo, se activa inmediatamente un tratamiento en los datos, porque ese funcionario policial tiene que informarlo a su superior, tiene que haber un parte, tiene que haber un manejo de la información.

¡Qué decir lo que ocurre en materia de los servicios de la atención primaria, que es fundamental!

Yo francamente a veces no entiendo dónde están las prioridades. Este Senado ha realizado muchos proyectos en el marco de la pandemia, muchos en el ámbito social, económico -nos parece muy bien-, pero pocos en materia sanitaria. Y este es un proyecto que va justamente en la línea central de los objetivos, el más difícil de los cuales es establecer la trazabilidad en el nivel local, porque las seremías tienen equipos no muy robustos, que necesitan de los funcionarios de la atención primaria para posibilitar el confinamiento, la trazabilidad, el control.

Por lo tanto, yo comparto los alcances que se le han hecho a este proyecto por parte del Ejecutivo. Pienso que aquí todos hemos aprendido. Esta iniciativa fue presentada el 21 de abril. Hubo tiempo de sobra de todos los Senadores que han tenido dudas. Yo también tengo reparos. El proyecto original planteaba esto en un artículo transitorio. Y el Ejecutivo y los miembros de la Comisión de Salud unánimemente, los cinco Senadores, ¡los cinco!, establecieron que debería estar en un artículo más bien permanente para los casos de pandemia.

No estamos hablando aquí de que los datos van a andar circulando, ni de que se estarán almacenando o transfiriendo a terceros. Esto es solo por un caso de pandemia, con el agregado que le hicieron algunos Senadores de la Comisión de Salud, que me parece bien también, tratándose de los nuevos brotes, que justamente lo que hoy día está experimentando nuestro país.

Si esta materia no es urgente, francamente yo no sé qué puede serlo.

Pido que se vote tal como está previsto, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- La Senadora Luz Ebensperger está pidiendo la palabra.

La señora EBENSPERGER.- Señora Presidenta, dos cosas, en primer lugar, respecto de este proyecto yo concuerdo con el Senador Quintana.

Ayer, cuando la Presidenta de la Comisión de Salud pidió que se analizara, se recabó el visto bueno, y hubo acuerdo unánime en la Sala para que se viera hoy día en Fácil Despacho.

Es un proyecto efectivamente urgente, si queremos que se cumpla el objetivo.

Fui una de aquellas a las que les preocupaba este proyecto en un comienzo, por lo que significaba que respecto a estas personas contagiadas no hubiera una estigmatización. Pero su texto se mejoró bastante en aquello que era de iniciativa exclusiva del Presidente: se contó con la indicación respectiva y el patrocinio; se limitó la responsabilidad, y a quién se pasan estos datos, no ya al municipio y a los alcaldes, sino a los jefes de atención primaria con un fin exclusivo, con penas altas, con responsabilidad civil, administrativa y penal.

Por lo tanto, yo de verdad que de repente no entiendo: aquí no se afecta mayormente a los datos personales. Y cuando venimos escuchando desde hace mucho tiempo en todos los sectores -yo diría- que necesitamos que la atención primaria se sume a la trazabilidad, y hacer la pega por toda la red territorial que tiene, esta es la manera efectiva en que se puede hacer.

Entonces, si mandamos este proyecto a Constitución y de nuevo a la Comisión de Salud, realmente va a salir aprobado cuando ya no tenga ningún sentido que lo hagamos.

Lo que propone este proyecto, como aquí se ha dicho, está exclusivamente limitado a que se entreguen esos datos por la seremi a la atención primaria; está exclusivamente limitado al tema de la pandemia con una finalidad única.

En consecuencia, Presidenta, le pediría que se mantenga el acuerdo de ayer, que este proyecto se vea.

Y aprovecho de solicitar, para no volver a pedir la palabra respecto a la Cuenta y al Reglamento, que, después de resolver este problema, y que se vea en Fácil Despacho, pongamos este proyecto en primer lugar de la tabla, también pensando en la premura de la iniciativa que despachó hoy día la Comisión de Constitución, que busca retener el retiro del 10 por ciento a los deudores alimentarios, que requiere pronta aprobación, porque, si no, también va a ser ineficaz en el fin que persigue.

Gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Han solicitado hacer uso de la palabra la Senadora Goic y los Senadores Sandoval, Girardi, Harboe, Latorre e Insulza.

¿No? La Senadora Goic ya habló.

Entonces, le damos la palabra al Senador Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidenta, efectivamente, este proyecto, que, como bien dice el Senador Quintana, se presentó transversalmente, se hace cargo realmente de una situación que se planteó incluso en algún minuto por el propio Ministerio de Salud y en los trabajos de la Mesa COVID, en relación con el problema de la trazabilidad que se manifestaba.

En ello los municipios son parte esencial de la cadena de la primera instancia en el trabajo de la atención primaria de salud.

Por lo tanto, era obvio y evidente que debía contarse con información básica y esencial para asegurar precisamente la trazabilidad de las personas que estén padeciendo la enfermedad del COVID-19.

Evidentemente nos parece bien este proyecto.

Se hicieron varias correcciones y mejoras en la Comisión, las que abordan varias materias y dudas, entre ellas, un ámbito que a mí me parece esencial. En el área de atención primaria de salud se maneja mucha información sensible de todos los pacientes en las respectivas comunas.

Nosotros, en la Región de Aysén, fruto del fracaso que tuvo este tema por la dispersión y la alta ruralidad, no tenemos este problema. Pero sabemos que las direcciones de atención primaria manejan una cartera de fichas de información personal extremadamente delicada y de alta privacidad.

Sinceramente, no conozco situación alguna en la cual algún servicio de atención primaria haya faltado a ese deber de privacidad.

Por eso tenemos que partir de alguna base mínima de confianza respecto de las labores que están prestando los servicios. Siempre legislamos sobre la base de la desconfianza, como si el que está al lado o la autoridad o el jefe de servicio que está investido de obligaciones y responsabilidades para el cumplimiento de su gestión fuera a hacer mal uso de información de carácter privilegiado.

Creo que debemos partir al revés.

Hay necesidad de contar con información básica y esencial en el ámbito de la atención primaria. De lo contrario, ¿cómo se asegura la trazabilidad?

Yo he hablado con algunos asesores del Ministerio sobre este tema, y me señalaban su plena coincidencia con el objeto de esta iniciativa, la que fue sustantivamente corregida y mejorada para resguardar precisamente lo que planteó recién un Senador con relación al uso de la información.

Las direcciones de atención primaria de salud cuentan con información extremadamente delicada de cada una de las personas de la respectiva comuna. Y no conozco caso alguno de jefes de estas unidades que se hayan pasado de revoluciones, transformando esta información privada en un tema público.

No es así.

Creo que deberíamos tramitar este proyecto como se acordó, como bien dijeron nuestra Senadora subjefa de bancada, Luz Ebensperger; el Senador Quintana, y la Senadora Carolina Goic.

Me parece absolutamente razonable, Presidenta, avanzar en esta materia según el acuerdo que se tomó.

Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Gracias, Senador.

Tengo varios inscritos. Esto ya no parece Fácil Despacho y, además, algunos intervienen para hacer la discusión de la iniciativa.

Les pido a quienes han solicitado la palabra que apuremos el ritmo -y perdonen que lo diga tan claro-, para avanzar en los otros proyectos que están en tabla y que son muy importantes también.

Senador Girardi, ¿va a intervenir?

El señor GIRARDI.- No.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Latorre.

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El señor LATORRE.- Gracias, Presidenta.

En otro tema, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, necesito pedirle una autorización a la Sala respecto de la tramitación del proyecto que modifica y fortalece la ley Nº 20.609, la llamada "Ley Zamudio" o "Antidiscriminación". Dicha reforma corresponde al boletín Nº 12.748-17, y es una moción del Senador Insulza, patrocinada por mí, por la Senadora Muñoz y por los Senadores Guillier y Elizalde.

Dicha iniciativa, de artículo único, se está tramitando en la Comisión de Derechos Humanos. Ya tenemos un preacuerdo para verla en general y en particular a la vez.

Ya hemos hecho toda la discusión de la idea de legislar, para lo cual invitamos a muchas organizaciones de la sociedad civil y a académicos de todas las sensibilidades. Y estamos a punto de votar... (falla de audio en transmisión telemática)... quiero pedir autorización de la Sala para tramitarlo en general y particular.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- ¿Cuál es el proyecto, Senador Latorre?

El señor LATORRE.- Lo dije al comienzo, Presidenta. Es el que modifica la ley N° 20.609, la llamada "Ley Zamudio" o "Antidiscriminación". Corresponde al boletín Nº 12.748-17, que está en trámite en la Comisión de Derechos Humanos.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Perfecto.

Entonces, la solicitud es verlo en general y en particular.

El señor LATORRE.- Así es.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- No hay acuerdo, Senador Latorre.

El señor LATORRE.- Presidenta, si no hay acuerdo, pido que se vote, porque basta con la mayoría simple.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Senador, si se trata de un proyecto de artículo único, la Comisión puede decidir verlo en general y en particular. No requiere votación. Lo tiene que abordar en esa instancia el Presidente de la Comisión respectiva.

El señor LATORRE.- Lo solicito acá, por recomendación de la Abogada Secretaria de la Comisión.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- No es necesario; así que lo pueden resolver ustedes.

Está despachado el tema.

El señor LATORRE.- Perfecto.

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La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra la Senadora Allende.

La señora ALLENDE.- Seré breve.

Creo que tenemos que resolver lo relativo al proyecto que está en Fácil Despacho. Temí que entráramos a otro tema, aunque fuera legítimo, como acaba de ocurrir. Resolvamos lo otro de una vez.

Si la Presidenta de la Comisión de Salud expresó en principio su disposición a que se revisara la iniciativa, sugiero que se pida segunda discusión o se mande de vuelta a la Comisión, con el compromiso de ver el proyecto en la siguiente sesión. Si existe ese acuerdo, hagámoslo así para avanzar.

Por otro lado, tiene razón el Senador De Urresti. Hay dos temas que son muy importantes para hoy: el de la retención de fondos por obligaciones alimentarias y el de plebiscito seguro.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Okay, Senadora.

Vamos a darle la palabra a la Senadora Goic para resolver este asunto.

La señora GOIC.- Presidenta, quiero insistir en la urgencia de este proyecto.

Además, tal como nos ha sucedido con otros temas que tienen relación con la pandemia, hay una iniciativa con contenidos similares que viene desde la Cámara de Diputados.

Entonces, yo no tendría problemas en acceder si garantizamos que en la próxima sesión este proyecto se verá y se votará en el primer lugar de la tabla.

Y, probablemente, vamos a tener que rechazar el proyecto que viene de la Cámara para que los contenidos se refundan sobre la base de lo que ya hemos trabajado a propósito de la indicación del Ejecutivo, lo cual se zanjaría en Comisión Mixta.

Pero esto tiene urgencia. A quienes sugirieron mandar esta iniciativa a otra Comisión les digo que ese trámite no es posible.

Ojalá podamos resolver esto en acuerdo.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- ¡A ver, a ver! ¡Por favor!

Les pido colaboración para poder zanjar este punto: hay una solicitud para que la Comisión de Salud resuelva este asunto, y su Presidenta ha dicho que sí, siempre y cuando este proyecto se vea en el primer lugar de la tabla de la próxima sesión.

El señor GIRARDI.- ¡No!

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Me dicen que no hay acuerdo.

Por tanto, el proyecto seguirá su curso.

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La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Galilea.

El señor GALILEA.- Presidenta, muchas gracias.

Solo quiero reiterar algo que dijo el Presidente de la Comisión de Constitución. Me parece extremadamente relevante alcanzar a ver hoy tanto el proyecto de retención del 10 por ciento de fondos previsionales por deudas de obligaciones alimentarias como el proyecto sobre plebiscito seguro. Ambos son particularmente urgentes y contingentes a lo que está pasando y a los plazos que tenemos en el país.

Simplemente quería pedir que ratificáramos y acordáramos despachar esas dos iniciativas el día de hoy.

Muchas gracias.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Vamos a resolver, entonces, lo relativo al proyecto de la Comisión de Salud.

Ayer en la Sala se acordó ponerlo en Fácil Despacho e, incluso, definimos la modalidad para tratarlo: en media hora.

Además, para solicitar una segunda discusión la petición la debe formular un Comité, no un solo parlamentario.

Por ende, voy a dar curso al acuerdo de ayer.

IV. FÁCIL DESPACHO

Boletín N° 13452-11

TRATAMIENTO DE DATOS DE SALUD PARA CONTROL DE COVID-19

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto que modifica la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes del paciente, para autorizar el tratamiento de datos para el control de la pandemia derivada del COVID-19, con informe de la Comisión de Salud.

--Los antecedentes sobre el proyecto (13.452-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite (moción de los Senadores señor Quintana y señora Goic y señores Girardi, Ossandón y Sandoval): sesión 16ª, en 21 de abril de 2020 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Salud: sesión 65ª, en 11 de agosto de 2020.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Le pido a la Senadora Goic que haga el informe del proyecto.

La señora GOIC.- Presidenta, voy a ser muy breve, porque en la discusión previa ya se ha hablado del objetivo de esta iniciativa, que surge en el contexto de la pandemia y a solicitud de muchos de nosotros, particularmente de quienes están en la salud municipal, a fin de tener acceso a los datos para hacer un seguimiento y toda la tarea de trazabilidad respecto de los casos COVID.

Se entiende que es una situación excepcional y que el acceso a dicha información no se justifica en otras circunstancias.

En cuanto al objetivo del proyecto de ley, el texto que proponemos en el informe autoriza a los servicios de atención primaria de salud y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con ocasión de una epidemia, pandemia o brote de las mismas y por razones de salud pública, a efectuar el tratamiento de datos personales, incluidos datos sensibles de salud, para hacer la trazabilidad y el control de cuarentena, solo por el tiempo de duración de la alerta sanitaria.

La iniciativa plantea que los datos a que tengan acceso los servicios de atención primaria y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán ser eliminados o cancelados de forma segura, una vez que cese la finalidad que justificaba su tratamiento.

A su vez, se incorpora la prohibición de comunicar, ceder o transmitir a terceros no autorizados los datos personales de la persona contagiada, de sus contactos estrechos o de los casos sospechosos, y se aplicará una sanción a quien incumpla la disposición, ya sea culposa o maliciosamente, con penas de reclusión menor en su grado medio a máximo.

También se establece que un reglamento, expedido a través del Ministerio de Salud y suscrito, además, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, establecerá las normas para dar cumplimiento a lo que está dispuesto en el texto de este proyecto de ley.

Asimismo, discutimos sobre la necesidad de que estos datos estén disponibles pero, por supuesto, resguardando su carácter anónimo, como la modalidad en que se avanza en temas de investigación, que son distintos del objetivo de control que se plantea respecto de quienes tienen acceso. Y así está consignado en el texto.

La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión.

En su momento hubo un debate sobre la admisibilidad del texto planteado inicialmente, lo que fue resuelto por el Ejecutivo al presentar una indicación sustitutiva, que es justamente el texto que hoy día se propone aprobar y que los colegas y las colegas tienen a disposición en el comparado.

Insisto en que esto tiene que ver con un contexto excepcional de control de la pandemia. Hoy más que nunca tenemos la necesidad de avanzar con celeridad para fortalecer el trabajo de trazabilidad, de búsqueda de contacto y de aislamiento, que es fundamental para controlar la pandemia.

Por eso, sugerimos aprobar este proyecto y continuar con su tramitación.

He dicho, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senadora Goic.

Le doy la palabra al señor Secretario para que haga la relación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.

La señora Presidenta ha puesto en discusión, en Fácil Despacho, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señor Quintana, señora Goic y señores Girardi, Ossandón y Sandoval, que modifica la ley Nº 20.584, sobre derechos y deberes del paciente, para autorizar el tratamiento de datos para el control de la pandemia derivada del COVID-19, iniciativa correspondiente al boletín Nº 13.452-11.

Este proyecto cuenta con informe de la Comisión de Salud, la que deja constancia de que, de acuerdo a lo que expresa la moción, se autoriza la transferencia de información entre autoridades, a fin de generar condiciones que permitan la adopción de medidas más efectivas tanto para la protección de la salud de las personas afectadas por la pandemia del COVID-19 como para prevenir la propagación del virus a otras personas.

El texto que se propone en el informe autoriza a los servicios de atención primaria de salud y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con ocasión de una epidemia, pandemia o brotes de las mismas, y por razones de salud pública, a efectuar el tratamiento de los datos personales, incluidos datos sensibles de salud, para hacer la trazabilidad y el control de la cuarentena.

Asimismo, la Comisión de Salud hace presente que, por tratarse de un proyecto de artículo único, y en aplicación del artículo 127 del Reglamento, discutió la iniciativa en general y en particular, y propone al Senado obrar de igual modo. La referida Comisión aprobó en general y en particular el proyecto, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Durana, Girardi y Quinteros.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 20 y siguientes del informe de la Comisión de Salud y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición en la Sala y también en la plataforma de esta sesión, documentos que, además, han sido remitidos por correo electrónico.

Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.

De acuerdo al procedimiento que hemos definido, vamos a entregar la palabra a los integrantes de la Comisión de Salud, hasta por cinco minutos. Después abriremos la votación, con fundamento de voto.

Senador Quintana, tiene la palabra.

El señor QUINTANA.- Gracias, Presidenta.

Como lo han señalado la Presidenta de la Comisión de Salud en su informe y el Secretario en su relación, este proyecto ingresó a tramitación el pasado 21 de abril, en un momento en que había mucha incertidumbre respecto del derrotero que iba a tomar finalmente la pandemia. En realidad en ese entonces había mucha incertidumbre en muchos aspectos. Yo siento que de alguna manera todos hemos aprendido de esta situación de pandemia.

A mi juicio, las modificaciones que ha introducido la Comisión, fundamentalmente a partir de las indicaciones del Ejecutivo, van en la línea correcta.

En su oportunidad nosotros planteamos un artículo transitorio en la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes de los pacientes. Nunca nos metimos con la ley N° 19.628, sobre datos personales. Nunca la tocamos.

Lo que se propone aquí tendrá vigencia mientras dure la pandemia. Bueno, se le hizo una ampliación a ese alcance. Se va a requerir de una formalidad: una resolución del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior. Como regirá mientras dure la pandemia, claramente va a estar vigente durante todo este año.

Lo central, como han dicho quienes me han antecedido, es que estamos hablando de información sensible. El Senador Sandoval, uno de los autores de este proyecto, precisó que no se trata de que los municipios o los funcionarios de la atención primaria no tengan esta información. ¡Sí la tienen! De hecho, disponen de muchos datos sensibles.

Prueba de ello es que el Registro Social de Hogares es manejado íntegramente por los alcaldes y por el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí hay información sobre distintas enfermedades y también información socioeconómica, que son datos sensibles.

Entonces, aquí se busca el efecto contrario: usar bien los datos bajo cualquier circunstancia.

No olvidemos la situación en la que nos encontramos, que es excepcional, donde el tratamiento de datos en los hechos ya está ocurriendo. Nadie está esperando esta ley para poder utilizar los datos; la información ya está siendo usada. Incluso, uno podría decir: "Se está empleando fuera de la ley, fuera del marco legal". Puede ser. Incluso, si no hacemos nada, puede ser que haya personas que tengan problemas penales.

Pero, en las indicaciones que se han planteado y también en la propuesta original, se establece que no se puede hacer un mal uso de los datos. Nadie puede almacenar información; nadie puede transferir datos a terceros, y aquellos se deben destruir o eliminar una vez que el decreto de emergencia haya expirado.

En la Comisión se agregaron algunos aspectos, como lo relativo a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Como dije en la parte previa a esta discusión, ello me parece fundamental.

Insisto, este proyecto protege a los trabajadores de la salud, especialmente a los de la atención primaria, que, como señala la Organización Mundial de la Salud, tienen un rol fundamental que cumplir en el control de esta pandemia. También lo han manifestado distintas autoridades del Ministerio de Salud y del consejo de expertos, quienes han llamado a legislar al respecto.

La semana pasada, sin ir más lejos, el Colegio Médico, junto con las autoridades académicas y los alcaldes, quienes partieron con esta solicitud, llamaron a mejorar la trazabilidad. La doctora Verónica Iglesias, Directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, señaló que iniciar el desconfinamiento requiere mostrar un mayor nivel de detalle en la trazabilidad, sobre todo a nivel local. ¡Y a nivel local quién más puede hacer eso que los municipios!

Efectivamente aquí ha habido un cambio, pues la propuesta original estaba centrada solo en los alcaldes, y ahora se saca a los alcaldes. Finalmente, se les da esta facultad o atribución esencialmente a los servicios de atención primaria: a los epidemiólogos que ahí ejercen -como todos saben-, a los médicos, a las enfermeras, a los TENS. Este es también un elemento de protección, además del resguardo de los datos, sobre todo de los sensibles.

Creo que si esta ley hubiese estado aprobada en mayo de este año, probablemente habríamos tenido un curso distinto en algunas situaciones, porque es mucho más fácil para un municipio actuar en el confinamiento o en la trazabilidad cuando se cuenta con la información que cuando no se cuenta o cuando se dispone de ella a la mala. Todos sabemos que los exámenes PCR empezaron a aplicarse a nivel de municipios solo en el último mes y medio. Antes solo los hacían los laboratorios, los que reportaban los resultados a la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud.

Hoy día el manejo de esta información se necesita más que nunca. Cada día que pase es más complejo. Se requiere dar tranquilidad en esto para generar la coordinación adecuada.

¡Qué decir en materia de residencia sanitaria! Esta política partió con el Ministro Mañalich, pero se desarrolló con mucha más fuerza con el Ministro Paris. Y todavía hay mucha residencia sanitaria con capacidad de sobra.

Bueno, costó mucho, porque es muy difícil que la autoridad sanitaria -léase los seremis- vaya donde está el caso, porque no conoce a la persona contagiada, que está en un barrio determinado. Pero sí la conoce el municipio, los funcionarios de los departamentos de atención primaria...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene un minuto más, Senador.

El señor QUINTANA.- Gracias, Presidenta.

Básicamente, lo que hace este proyecto de manera excepcional, durante la pandemia -esperamos que no nos pasemos en sucesivas pandemias en el futuro-, es regular el uso de estos datos para optimizar la coordinación en esta materia, a fin de evitar que después haya que perseguir penalmente a todas las personas que circunstancialmente o de manera activa hayan tomado conocimiento de estos datos, que son sensibles y que son muchos.

Son cientos los funcionarios públicos en Chile -miles, diría yo-, tanto de la policía como de la atención primaria, que tienen acceso a esta información, quienes están haciendo un buen uso de ella, y que requieren una mejor coordinación en esta materia. Y este paso hoy día se está dando. Reitero: la propia Organización Mundial de la Salud ha recomendado avanzar en Chile en este tema, porque en otros países esto se legisló, desde luego, al comienzo. O bien, en su momento, cuando se establecieron las leyes de datos o las leyes de derechos del paciente en otros países el legislador también se puso en el caso de una pandemia e introdujo esa posibilidad.

Eso no ocurre aquí, y por eso hoy día se regula.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Girardi.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, creo que está claro que nos encontramos frente a una situación absolutamente excepcional, grave. Y por eso se ha decretado alerta sanitaria y catástrofe nacional.

Como consecuencia de muchas inacciones, de todo tipo -algunas con responsabilidad, otras debido a la fragilidad de nuestro sistema-, hemos demorado el doble que algunos países en resolver el control de la difusión del virus. Vamos a terminar siendo uno de los países con más contagiados y más fallecidos por millón de habitantes.

Yo estoy convencido de que muy distinto hubiera sido el derrotero, por ejemplo, si hubiésemos hecho la trazabilidad y hubiéramos contado con los elementos tecnológicos de trazabilidad. Pero no lo hicimos, y recién la trazabilidad se empezó a efectuar -yo diría- con la fuerza, con la propiedad y con la seriedad que requiere cuando llegó el Ministro Enrique Paris.

Por eso ha sido tan difícil controlar esta pandemia. Porque esto no se resuelve en las camas de UCI, no se resuelve con las cuarentenas. Lo único que logra disminuir la difusión del virus es tener aisladas al 80 por ciento de las personas enfermas positivas sintomáticas y poder buscar, identificar y cuarentenar a los contactos. Eso es lo que se llama "trazabilidad". Y es imposible hacerlo si no hay apoyo de mecanismos, de tecnologías digitales.

Ese ha sido uno de nuestros problemas. Es tan así que eso se está haciendo sin ley.

Les quiero recordar que para poder establecer el paso de cuarentena a transición el 80 por ciento de los casos debe estar aislado en lugares adecuados y el 80 por ciento de los contactos tiene que estar siendo buscado en las primeras cuarenta y ocho horas. Y para pasar de transición a preparación hay que hacer exactamente lo mismo; y para pasar a apertura inicial, exactamente lo mismo.

Es decir, hoy día la única manera de efectuar esta trazabilidad -y por la vía de los hechos es la forma en que se está haciendo- es con la información que maneja la atención primaria, que es la única que puede identificar a las personas para que se aíslen en las primeras veinticuatro horas y, luego, para que los contactos estrechos de los positivos puedan ser buscados, rastreados y cuarentenados. En este momento el esfuerzo se está haciendo, y sin ley.

Hoy día los consultorios de atención primaria manejan totalmente esta información. Pero también manejan la información de diabetes, de hipertensión, de cáncer, de todas las enfermedades del 80 por ciento de la población.

Por lo tanto, esto es una urgencia.

Es riesgoso seguir avanzando en un proceso de desconfinamiento, en que no siempre existe todo el apoyo ciudadano, en que no siempre se toman todas las medidas. Pero sería un suicidio avanzar a un desconfinamiento si no contamos con elementos de apoyo para que la trazabilidad sea eficaz. Porque lo más probable es que tengamos un brote o rebrotes que incluso pueden poner en cuestión el plebiscito. Y, evidentemente, algunos queremos que el plebiscito se realice, creemos que se tiene que hacer. Por lo tanto, debemos tomar todos los resguardos.

Tenemos un pasto seco. ¿Cuál es? Que el 90 por ciento de la población no se ha contagiado, gracias a las medidas que hemos tomado, a la espera de que haya vacuna o de que haya medicamentos que puedan ayudar. Por lo tanto, ese 90 o 95 por ciento de personas susceptibles son absolutamente vulnerables a nuevos brotes. ¿Qué va a impedir eso? La trazabilidad, que debe tener apoyo, porque se está haciendo de hecho.

Para dejar tranquilos a quienes estén preocupados -todos teníamos dudas y preocupaciones-, se establece que los datos no se pueden entregar. Además, esta medida se implementa solo durante el período de alerta sanitaria, de catástrofe o cuando haya un brote. Porque cuando se produzca un brote no tendremos tiempo, hay que apagarlo inmediatamente, porque de lo contrario se puede transformar en un incendio gigantesco.

Pero, además, existe sanción penal. Se dispone que: "Quien, contraviniendo culposa o maliciosamente las disposiciones de este artículo, almacene, comunique, ceda, transmita, elimine, cancele, modifique o publique los datos personales, será sancionado con penas de reclusión". O sea, tiene sanción penal además de todas las otras sanciones.

Evidentemente, espero que no sean las policías, que también manejan datos sensibles, las que se dediquen a comercializar datos.

Por lo tanto, me parece que debemos avanzar en esto.

Nosotros con algunos parlamentarios tuvimos el lunes pasado una reunión con todos los equipos científicos de todas las universidades justamente para desarrollar sistemas de interoperabilidad.

Debemos avanzar en los temas de ciberseguridad. Estamos trabajando en eso. Pero, señora Presidenta, este proyecto no debe y no puede esperar.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, seré muy breve.

Es inevitable hacer referencia a la oportunidad en que estamos legislando sobre esta materia, a seis meses de declarada la alerta sanitaria.

Y desde un comienzo -aquí se ha dicho-, y con razón, los alcaldes reclamaron una mayor participación de la atención primaria de salud en la estrategia del combate a esta enfermedad, especialmente en cuanto a la trazabilidad de los contagios. La respuesta de la autoridad fue que legalmente no se podían entregar datos sensibles a los municipios. Así se dijo públicamente y en la Mesa Social.

Sin duda, se perdió tiempo en esta inútil polémica.

Al cabo de un período, y sin que haya mediado ninguna ley, la política oficial cambió y constituyó a la atención primaria en el eje de las acciones de trazabilidad en todo el territorio nacional, como debió haber sido desde un comienzo.

Espero que el Gobierno tome nota de esto, porque la grave situación sanitaria, social y económica requiere, como lo hemos dicho, respuestas oportunas.

Algo similar ha pasado con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que llevan varios meses fiscalizando el cumplimiento de las medidas sanitarias, lo que no podrían haber hecho sin contar con la información respectiva.

Por estas razones, yo manifesté en la Comisión mis dudas respecto de la utilidad de una norma de este tipo y, en particular, con el texto del proyecto original, que hacía recaer en los alcaldes toda la responsabilidad en el tratamiento de la información de datos sensibles, en circunstancias de que los municipios cuentan con unidades, que se pueden llamar "direcciones" o "departamentos", que usualmente manejan este tipo de información.

Felizmente, el Ejecutivo acordó una indicación que regula adecuadamente el acceso, tratamiento y eliminación de datos sensibles con ocasión de una pandemia, estableciendo, como lo decía el Senador Girardi, sanciones específicas en caso de un mal uso de ellos. De esta forma, se salvaguarda debidamente la protección de los datos personales, que está garantizada en la propia Constitución, y los objetivos de la salud pública, que constituyen una prioridad siempre, y especialmente en las actuales circunstancias.

Por eso, voto a favor, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- La Senadora Luz Ebensperger tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.- Señora Presidenta, muy breve, en aras del tiempo y de los proyectos igual de importantes que tenemos que ver a continuación.

Nosotros hacemos nuestro todo lo que ha explicado la Presidenta de la Comisión.

En el informe damos fe de lo importante y necesario que es este proyecto; damos fe de que se resguardó todo lo que debía resguardarse para proteger debidamente los datos.

Solo quisiera rescatar un tema adicional que aquí no se ha visto y que también, en conjunto con el Ejecutivo, lo trabajamos. El proyecto va a permitir, además de todo lo que aquí se ha mencionado, la georreferenciación de las personas contagiadas, sin ningún dato más que esa ubicación, para que esa información sin datos personales les sea facilitada por el Ministerio de Salud a las universidades, a las sociedades científicas, es decir, con fines científicos, académicos y de estadísticas, que ha sido una de las grandes debilidades que hemos tenido, precisamente por la falta de información.

Estamos ante un buen proyecto y la bancada de la UDI lo va a votar favorablemente, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senadora Goic, ¿va a hacer uso de la palabra?

La señora GOIC.- No.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Entonces, vamos a abrir la votación.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Vamos a proceder a efectuar la consulta por su opción de voto a las señoras y los señores Senadores que se encuentran participando de manera remota.

En esta sesión corresponde iniciar la consulta con el Senador señor Quinteros.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

Senadora Sabat, tiene que activar su micrófono desde allá.

La señora SABAT.- ¿Ahí sí?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahí sí.

La señora SABAT.- A favor, Presidenta.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Sabat vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.- Voto a favor, señora Presidenta.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Soria vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.- A favor, Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.- Ahí sí. ¿Ahí se escucha?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.- Gracias, señor Secretario.

Yo voy a recoger lo que se ha señalado anteriormente, porque este proyecto tiene que ver precisamente con hacer un seguimiento a la trazabilidad.

Me parece que si esto se hubiese hecho al comienzo o antes, probablemente hubiésemos tenido cifras absolutamente distintas. No se confió en la salud primaria, como tampoco se vuelve a confiar hoy día en ella por parte de algunos Senadores. Es más, se señala que puede haber incluso entrega de información de manera mal intencionada. Yo creo que es al revés. Esta información la ha manejado desde siempre la salud primaria.

Por lo tanto, el proyecto se refiere a circunstancias ocasionales, respecto de la pandemia que estamos enfrentando u otras pandemias.

Entonces, yo no pondría el acento en la desconfianza, como algún Senador manifestó al comienzo de esta discusión. Yo confío absolutamente en quienes trabajan en la salud primaria. Lamento que esto no se haya hecho con anterioridad, porque efectivamente pudo haber sido una gran contribución.

Y me alegra, al revés, que el Gobierno haya cambiado de opinión con respecto a esto y hoy día la salud primaria, con el manejo de esta información sensible efectivamente pueda contribuir en la pesquisa, en la búsqueda de la trazabilidad para evitar mayores contagios.

Voto a favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor Bianchi vota a favor.

Han solicitado adelantar su voto, sin fundamentarlo, los Senadores señores Lagos y Ossandón, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor Lagos vota a favor.

Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.- A favor, Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Vota a favor.

El Senador señor Chahuán ha solicitado el uso de la palabra para fundamentar su voto.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, hoy día estamos votando un proyecto respecto del cual, además, habíamos planteado en su oportunidad la posibilidad de fusionarlo con otra iniciativa, de mi autoría junto con otros señores Senadores y señoras Senadoras, que estaba en la Comisión de Constitución.

Al parecer -me gustaría que después lo clarificara el Secretario del Senado- se aprobó esa fusión de los proyectos. Y he consultado ahora al Secretario de la Comisión, quien me señala que no le llegó el expediente de la iniciativa que estaba en la Comisión de Constitución.

A la vez, había un tercer proyecto sobre la misma materia, que fue declarado inadmisible.

Entonces, me gustaría, para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que se pudiera revisar por qué ese acuerdo de fusión de los proyectos -efectuado hace varias sesiones- finalmente no se materializó y no se envió el expediente desde Constitución a Salud.

Por supuesto, voy a votar favorablemente este proyecto, pues soy coautor de iniciativas que iban en la misma dirección y que buscan tener una política nacional de trazabilidad, que es fundamental.

Yo diría que el gran talón de Aquiles que hemos tenido en algunas regiones es la falta de coordinación entre los servicios de salud, las seremías correspondientes y la atención primaria. En algunas regiones ha habido buenos porcentajes de política de trazabilidad, por ejemplo, en la Región de La Araucanía; pero hay regiones en que esto está completamente al debe. Y para resolver aquello se establece la posibilidad de contar con los datos.

Ahora, para cuidar la confidencialidad de los datos hemos tomado todos los resguardos del caso en este proyecto de ley, ¡todos y cada uno! De hecho, se sanciona drásticamente a aquel que haga mal uso de los datos, y se establecen sanciones ejemplificadoras.

Y, en ese contexto, volvemos a insistir: esta es la llave maestra que puede tener el Ministerio de Salud para, de una vez por todas, coordinar los esfuerzos desde el Gobierno central y desde la atención primaria, que es aquella que está cerca de los pacientes, que puede hacer políticas nacionales de trazabilidad, que puede lograr que se haga seguimiento de los casos de los pacientes que se encuentran en sus respectivos territorios, de los Cesfam, de los Cecosf, de los consultorios, de las postas rurales.

Por tanto, este es un proyecto que va en la dirección correcta. Y la coordinación entre la atención primaria de salud y el Ministerio es absolutamente necesaria para poder controlar la pandemia.

Los países que han fracasado...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Chahuán.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.- Voy a justificar el voto, señora Presidenta.

El tratamiento de datos personales de personas contagiadas por COVID-19 y sus contactos estrechos es una herramienta indispensable para la trazabilidad de esta enfermedad y para allanar una respuesta eficaz de nuestro sistema de salud.

Para ello, se debe establecer un justo equilibrio entre la necesidad de información de...

¿Presidenta?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahí se escucha, Senador.

El señor DURANA.- Para ello, se debe establecer un justo equilibrio entre las necesidades de información de nuestro sistema de salud y el adecuado resguardo de los datos de todas las personas, puesto que su mal uso ocasionaría una profunda desconfianza en el sistema.

Como vivimos tiempos de pandemia, que es una situación excepcional, que nos motiva en una ponderación de derecho a optar por la necesidad de que nuestro sistema de salud cuente con esta información con la mayor prontitud y transparencia posible sin tener que necesariamente, por razones de desconfianza que uno escucha, denostar, primero, a nuestras organizaciones de salud, y luego, a nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad, deslizando lamentablemente comentarios mal intencionados sobre el uso de los datos personales en contra de instituciones que con gran esfuerzo y sacrificio de hombres y mujeres nos ayudan a controlar estos masivos contagios.

Voto a favor, y ojalá que la línea en que estamos trabajando, esto es, en beneficio de las personas producto de esta pandemia, sea la que corresponda y la que en verdad importe a todos los chilenos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Durana vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.- Me abstengo, señora Presidenta.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Galilea se abstiene.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, voy a fundamentar el voto.

Este proyecto de ley sin duda está muy bien inspirado, pero lamentablemente está mal logrado desde el punto de vista de la técnica legislativa.

La ley N° 21.096 consagró la protección de datos personales como un derecho constitucional, estableciendo que la ley es la encargada de regular.

La normativa que estamos discutiendo le entrega ni más ni menos que a una resolución -¡una resolución, el acto administrativo más débil que tiene la Administración Pública!- la regulación en materia de entrega de datos sensibles (no es cualquier información).

Al respecto, es importante destacar que resulta clave que los servicios de atención primaria tengan la información respectiva. Eso no está en discusión. Lo preocupante... (falla de audio en transmisión telemática)... es que en la redacción que se hace, primero, no se consagran los derechos ARCO, esto es, el derecho a acceso, rectificación, cancelación, oposición o portabilidad que tiene todo ciudadano: no están consagrados.

Segundo, no se establecen los niveles de la relación contractual que debe existir entre las autoridades para los efectos del traspaso de esa información.

Tercero, aquí se ha dicho: "Hemos tomado todos los resguardos para evitar la filtración de datos". ¡Falso! El inciso sexto del artículo 13 bis que se incorpora en la ley N° 20.584 mediante el artículo único de este proyecto determina un grado de responsabilidad alta, siempre y cuando se pruebe la culpa, un hecho excepcional internacionalmente. En todos los ordenamientos internacionales existe un principio de la responsabilidad proactiva, no hay que probar la culpa para ser responsable; es decir, para decirlo en fácil, si mañana, a partir de esta ley, se filtra una información que afecta gravemente la honra de alguien o se dice "Esa es la casa de un contagiado" y a ese contagiado, como ocurrió en la comuna de Caldera -me puedo equivocar: Caldera o Bahía Inglesa, por ahí-, le fueron a quemar la casa, bueno, para perseguir la responsabilidad de quien entró a su hogar va a tener que probar la culpa de esa persona.

Ese es un hecho inédito.

Insisto, este proyecto se halla bien inspirado, pero se encuentra bastante mal logrado.

Así que, lamentablemente, no voy a concurrir con mi pronunciamiento favorable.

Voto en contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Harboe, ¿cuál es su opción de voto?

El señor HARBOE.- En contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En contra.

El señor HARBOE.- Sí.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor Harboe vota en contra.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.- Pido la palabra, señora Presidenta, para fundamentar mi voto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, Senador señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señora Presidenta, la trazabilidad: estamos de acuerdo; la interacción entre el Ministerio de Salud y los municipios: correcto; la atención primaria de salud: indispensable. En consecuencia, no hay discusión al respecto.

La pregunta que les hago a las señoras y a los señores Senadores es: ¿Y qué pintan aquí Carabineros y la fuerza pública en materia de datos personales?

¿Me podrían responder eso?

Porque la trazabilidad por supuesto siempre tuvo que haber sido descentralizada entre el Ministerio de Salud y las atenciones primarias de cada uno de los 345 municipios de nuestro país.

La atención primaria hoy día tiene los datos de los ciudadanos de las respectivas comunas. ¿Esta normativa qué dice? La ley en proyecto traza lo siguiente: dice que la atención primaria le pasa los datos al Ministerio de Salud, el cual se los entrega a las Fuerzas de Orden y Seguridad. No dice para qué, ni cuál es la tarea de Carabineros.

La otra cosa -no sé si se han dado cuenta de ello- es que la atención primaria atiende a los pobres. La gente del barrio alto, que va a la Clínica Alemana y a la Clínica Las Condes, no se atiende en la atención primaria. Entonces, le estamos pasando los datos de los más pobres de Chile a Carabineros.

Eso es lo que estamos haciendo acá.

Yo no sé si en este proyecto pensaron que podrían entregarse también los datos de todo el sector privado, de todas las isapres, de todos los que se atienden en las clínicas. Pero ellos estarán exentos, porque sus datos van a quedar protegidos debidamente, pues la atención primaria de los municipios atiende básicamente a los sectores más modestos de nuestro país, y, por lo tanto, quedan fuera los más pudientes.

No sé si se han fijado en ese detalle.

De otro lado, hemos hecho un cuestionamiento; aquí, en este mismo Senado, se han realizado tremendos discursos acerca de la falta de credibilidad de Carabineros por la crisis que vivió, y en La Araucanía específicamente con la "Operación Huracán", donde todavía no tenemos claridad sobre la materia y no hay sentencia ni responsabilidades. Sin embargo, nosotros posibilitamos que la atención primaria en la Región de La Araucanía, donde se atienden los pobres y los mapuches, le pase todos sus datos al Ministerio de Salud, el cual se los entregará a Carabineros e Investigaciones.

¡Francamente no logro entender este proyecto, señora Presidenta!

¡Voto, por supuesto, en contra!

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor Huenchumilla vota en contra.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.- Señora Presidenta, en verdad, lamento que esta iniciativa se haya tratado en Fácil Despacho. Podríamos haberla despachado más fácilmente con una mejor discusión, con un mayor análisis.

Primero, este proyecto estaba en la tabla como de trazabilidad, y la palabra "trazabilidad" no aparece en su texto: ¡no figura ni una vez!

Después se dice que esto es para el COVID; pero no, la palabra "COVID" está en el título nomás. Sin embargo, en el artículo 13 bis que se está incorporando se dice: "En caso de decretarse una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia, pandemia o eventuales brotes de las mismas, y por razones de salud pública, mediante resolución suscrita por el Ministro de Salud", etcétera. Entonces, habla de pandemia; así está decretado y ahí está.

O sea, de acuerdo con el proyecto que se nos está presentando mañana Carabineros puede preguntar en un consultorio cuáles son todos los enfermos de sida.

En seguida, aquí se señala que "El Ministerio de Salud comunicará o cederá a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los datos personales, especialmente los datos sensibles de salud," -no solo los datos sensibles de salud, ¡sino especialmente los datos sensibles en salud!- "para efecto de que estas los utilicen exclusivamente durante la alerta sanitaria, siempre y cuando sean indispensables para el cumplimiento de las medidas de control sanitario que se hayan establecido.".

¿Y quién determina eso? ¿Quién señala cuándo son indispensables o no? Simplemente se dice que se entregan todos los datos.

La pregunta que hizo el Senador que me precedió fue: ¿Eso significa que Carabineros se puede hacer de todos los datos de salud de la gente, de acuerdo con la ley, no ilegalmente?

Este proyecto será una ley permanente; no se establece un artículo transitorio. No es como lo que ocurrió con el proyecto que permite retirar el 10 por ciento de los fondos previsionales, que señalaba que era con ocasión de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19: esto es con motivo de cualquier pandemia, cualquier epidemia o cualquier brote, pues hay otra cantidad de brotes también.

Yo no niego la buena voluntad que hay detrás de esta iniciativa.

Ahora bien, en cuanto a lo que han planteado algunos Senadores debo decir que la transparencia es producto de la falta de confianza. Como lo señala el famoso filósofo coreano que está tan de moda entre los jóvenes: la transparencia empieza cuando termina la confianza.

Y esta iniciativa a mí no me da ninguna confianza. No me da ninguna confianza en cuanto a que no se vayan a filtrar los datos, además de lo que se ha dicho acá respecto de la culpa, en el sentido de que es muy escasa la posibilidad de probarla.

Creo que hay que revisar este proyecto. Espero que por lo menos se nos permita la presentación de indicaciones. La Presidenta de la Comisión nos dijo que tal vez de aquí a mañana podamos introducir algunas propuestas.

Yo les pido que por favor pensemos de qué manera estamos legislando. Me parece que estamos legislando mal, y esta es la gota que rebalsa el vaso en la materia.

Así que me voy a pronunciar en contra de este proyecto. Y les pido por favor que por lo menos algunas cosas se corrijan en su texto, para que no sea una barbaridad que -como se ha señalado- no va en contra de las clínicas privadas, porque ciertamente no están incluidas aquí... (falla de audio en transmisión telemática)...

Voto en contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Insulza vota en contra.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.- Voy a fundamentar el voto, señor Secretario y señora Presidenta.

Obviamente, hay que colaborar con el plan de trazabilidad. Esto lo vienen pidiendo el Colegio Médico, los especialistas en salud pública desde hace mucho tiempo: una política basada en la supresión, en la trazabilidad a nivel local; tiene que estar funcionando muy bien la capacidad de testeo a nivel local, la capacidad de trazar a los contactos estrechos de los casos positivos y de aislarlos en las residencias sanitarias. En cada comuna tienen que haber residencias sanitarias y deben estar en permanente funcionamiento para aislar a la gente que no cuenta con las condiciones necesarias en su casa, por hacinamiento o por distintas razones sociales, a fin de hacer efectiva la cuarentena. Ello, para suprimir el contagio.

En tal sentido, este es un proyecto bien intencionado. Sin embargo, me preocupa lo que han planteado también otros Senadores: por qué pasarles los datos de las personas a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Hoy día, sin la ley en proyecto, la autoridad sanitaria tiene la facultad para pasarles datos sensibles a ellas. Tengo preocupación por el mal uso que pueda haber ahí, pese a que se ponen algunas restricciones y se establecen algunas sanciones. Pero de todas maneras creo que es una información sensible que puede ser mal utilizada.

Y, como se ha dicho acá, también hay un sesgo de clase: solo para la salud pública y no para la salud privada. ¿Qué pasa con las clínicas privadas? ¿Qué pasa con toda la red de atención en el sector privado? ¿Por qué esa exclusión?

Entonces, creo que este proyecto -insisto- está bien intencionado, puede ayudar a un plan adecuado de trazabilidad a nivel local, pero me parece que hay que corregir lo relativo a la entrega de datos sensibles: creo que hay mejorar la redacción a fin de poner más límites, y no considero indispensable el traspaso de este tipo de información a las Fuerzas de Orden y Seguridad.

Por lo tanto, me voy abstener.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Latorre se abstiene.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.- En verdad, conocí bastante rápido este proyecto. Pero las opiniones que han dado en particular tres Senadores me llevan a concluir que hay señales claras en el sentido de que hay que mejorar su texto. Por eso voy a votarlo en contra.

Las reflexiones del Senador Harboe, cuando habla de los riesgos, de la manera en que están regulados los datos personales; las reflexiones del Senador Huenchumilla, cuando pregunta por qué no están claros el sentido y el alcance de la entrega de estos datos a las Fuerzas de Orden y Seguridad, y solo de los consultorios, no del conjunto del sistema; las reflexiones del Senador Insulza, que lo llevan a decir: "Esto es necesario acotarlo, precisarlo; está abierto, no tiene un alcance riguroso, y démonos el tiempo necesario para hacerlo", me hicieron mucha fuerza. Todas estas intervenciones me llevan a pronunciarme en contra de este proyecto. Creo que lo sensato sería buscar la manera de perfeccionarlo para que el análisis y el tratamiento de esta información sean un aporte y no un problema.

Voto en contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor Montes vota en contra.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, no tengo claridad sobre si todos los municipios cuentan con la información para hacer trazabilidad. La fundamentación de los autores del proyecto señala algo que yo les he escuchado a los alcaldes de mi Región, en el sentido de que los datos sobre dónde están los enfermos con COVID no los poseen, y, por tanto, ha sido marginada la atención primaria, lo cual es un gravísimo error del Gobierno en estos seis meses de pandemia.

Está claro que si este proyecto no incluye la trazabilidad en el sector privado de la salud, tiene un sesgo de clase, se torna una iniciativa clasista. Porque lo que interesa es que sepamos dónde están los enfermos de COVID, no dónde están los pobres económicamente enfermos de COVID.

Entonces, mi pregunta, dado el debate de "discusión inmediata", que claramente -como siempre lo es- no era de discusión inmediata, es saber por qué no se incluyeron y si se pueden incorporar, porque está claro que se requiere trazabilidad.

Hoy día, en la Región del Biobío, en Concepción, Penco, Tomé, Coronel, tenemos cordones sanitarios que son perfectamente inútiles, no sirven para el objetivo de disminuir el contagio como ocurrió en Coronel, donde este aumentó un 50 por ciento después del cordón sanitario que estuvo veinte días.

Por tanto, si este proyecto contiene elementos para apoyar la trazabilidad en materia de contagios en el territorio, y ese es un dato epidemiológico que todos los expertos señalan como muy importante, yo estoy por apoyarlo; pero en los términos en que viene, parece que hay que abstenerse para poder revisarlo con más calma.

Hay que dar trazabilidad a nivel comunal a la atención primaria, y hay que darla en todos sus aspectos en cuanto a los contagiados, sin hacer ningún tipo de distinción. Además, me parece que la información a Carabineros no resulta apropiada, porque es de índole sanitaria y en caso de fiscalización este la puede ejercer. En tal sentido, creo que eso le ha introducido un factor complejo al proyecto de ley, mezclando la política sanitaria con la política de orden público, por lo que debe ser revisado.

Yo me voy a abstener, señora Presidenta, pero quiero señalar que el problema que tenemos hoy en mi Región es de trazabilidad y que los cordones sanitarios, medida perfectamente inútil que provoca tacos de tres horas con personas atrapadas dentro de los taxibuses, lo que incrementa la carga viral para los efectos del aumento de los contagios, no tienen sentido.

Eso está ocurriendo en mi zona hoy día, y a pesar de que he emplazado a las autoridades a que nos expliquen cuál es la ventaja de los cordones sanitarios, para qué sirven, cuál es el protocolo de eficiencia epidemiológica, no he tenido respuesta. Al parecer están esperando exámenes de reducción o aumento de la movilidad, porque además siguen los celulares, y mediante un chequeo aleatorio de ellos pretenden establecer baja o alza de la movilidad como un elemento de trazabilidad.

Este proyecto puede ser muy importante -y entiendo la buena fe de los autores- si ayuda a que la atención primaria tenga facultades que le permitan apoyar la política general, porque no todo era camas críticas, no eran respiradores, y es...

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Hay que activarle el micrófono nuevamente.

El señor NAVARRO.- ... estabilidad, creo que sería otro error.

Por lo tanto, me voy a abstener.

Pienso que el proyecto tiene que ser revisado, mejorado; es muy necesario. La trazabilidad, como han dicho varios Senadores, es esencial a la hora de enfrentar la pandemia.

Y el Gobierno llega otra vez tarde. No me logró explicar por qué llega tarde, cuando esta materia sí la conoce.

Me abstengo, señora Presidenta.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor Navarro se abstiene.

Ha solicitado la palabra en la Sala para fundamentar su voto el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, a mí me cuesta comprender bien esta conversación, porque estamos en medio de una pandemia.

El texto del proyecto es muy claro, porque habla de que estamos en una pandemia y respecto a la enfermedad que causa la pandemia. No está en discusión qué tipo de datos se van a entregar.

¡Por favor, aterricemos!

En este caso concreto el proyecto habla del COVID-19, que es la patología que generó la pandemia.

Es cierto, aquí hay dos intereses en conflicto: el bien común y el interés individual.

El bien común tiene que ver con la información necesaria para evitar la propagación de la enfermedad, y, por ello, la necesidad de la trazabilidad tanto respecto de la persona que puede estar contagiada como de sus contactos cercanos y otros.

Lo hemos visto, más allá de los conflictos sociales y políticos que ha habido en nuestro país en fechas recientes; más allá de aquello que pasó en octubre, en otro momento, es evidente que el personal de salud y Carabineros pueden jugar un papel fundamental para ayudar a controlar este tipo de información, que tiene que ver con el contagio, porque dice "datos personales", pero especifica: "especialmente los sensibles de salud"; es decir, los vinculados con un posible contagio.

El texto se podrá perfeccionar, Presidenta, pero me llama la atención que perdamos la brújula de cuál es el objeto principal del proyecto. El Estado, ¡el Estado!, necesita instrumentos para enfrentar una pandemia. Y uno de ellos es la trazabilidad.

Y por mucho que yo respeto profundamente -lo digo muy en serio- a un Senador que ha levantado la bandera de la protección de los datos personales, hay límites. Y el límite es el bien común, la salud pública.

Yo siento que de repente nos perdemos respecto de lo que establece el texto. Y todos sabemos que esta iniciativa, que pienso que debemos aprobar, va a terminar en una Comisión Mixta.

Comparto lo que decía un Senador: aquí, erróneamente, se habla solo de los servicios de atención primaria en el primer y segundo inciso del artículo 13 bis. Tendría que ser más general. Eso se puede perfeccionar. Estoy absolutamente de acuerdo con esa prevención. Esta situación no tiene que considerar solo a los servicios de atención primaria: debemos ser más proactivos en los instrumentos.

Pero busquemos cómo solucionarlo, porque esto lo hacen en Europa. En Alemania a uno lo empadronan para resguardar la seguridad pública, y eso no significa que a uno lo estén persiguiendo.

Pido un minuto, Presidenta, para terminar.

En países como Austria, Alemania, Suiza no es considerado un atentado que uno tenga que informar si se cambia de casa o si posee una pistola.

¿Esa información debemos incluirla dentro de los datos personales también?

¿Cuál es el límite entre el bien común y los derechos individuales? Yo creo que aquí estamos discutiendo aquello: los límites. Y los límites para el bien común, para la salud pública, para el orden público deben permitir que agentes públicos dispongan de información.

Ese es el tema sustantivo.

Estamos votando un proyecto que va a terminar en Comisión Mixta, como lo ha explicado bien la Presidenta de la Comisión de Salud, pero pido que no perdamos el eje: estamos frente a una pandemia que nos va a acompañar, no uno ni dos meses, sino probablemente otro año, y necesitamos contar con instrumental para controlarla.

Voy a votar a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Ha solicitado la palabra en la Sala la Senadora señora Goic.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, señora Senadora.

La señora GOIC.- Presidenta, a mí me gustaría clarificar algunas cosas para que no quede una idea errada.

Nosotros estamos hoy día en un contexto de pandemia. Y eso significa decretar alerta sanitaria y utilizar ciertas atribuciones que posee para estos fines, en virtud de esa alerta sanitaria, el Ministerio de Salud.

Entonces, aquí no se está imponiendo una obligación solo al sector público, en el caso de los consultorios, y no al privado. Considero bien importante clarificar eso.

¿Qué sucede hoy día? El COVID es una enfermedad de notificación obligatoria. Y el resultado, tanto si se hace la PCR en una clínica privada como si se realiza en un consultorio, llega a la Seremi de Salud. Y la Seremi de Salud reúne los datos y los trabaja con la atención primaria, que en este caso tiene la responsabilidad de la trazabilidad. O sea, aquí hay una fuente de información y de datos respecto de contagiados emanada tanto del servicio público como del sector privado y que llega a la Seremi de Salud, pero la responsabilidad en la trazabilidad es de la atención primaria, no de la clínica.

En consecuencia, no se trata de que el sistema opere solamente para unos y no para otros, sino que la trazabilidad la lleva a cabo la atención primaria. Eso es lo que hemos dicho desde el primer día. Y qué distinta sería la situación si se hubiera puesto ahí el énfasis hace meses. Pero no se excluyen los datos de quienes se hacen el examen en una clínica privada.

Es bien importante eso.

Lo anterior forma parte, además, de las atribuciones que hoy día tiene el Ministerio de Salud para el manejo de la pandemia e, incluso, para la integración de la red.

Creo que el Senador Letelier fue claro respecto de que estos datos no se utilizan para cualquier cosa. Y así queda explicitado en el texto de la ley, lo que podría despejar las aprensiones de algunos colegas.

En tercer lugar, quiero reiterar que probablemente vamos a tener el rechazo de este texto en la Cámara de Diputados; allí hay un proyecto similar, por lo que vamos a terminar revisando esta materia en Comisión Mixta.

Por eso, a mí me gustaría que aquellos aspectos que son perfectibles los pudiéramos trabajar con los colegas que los han planteado, a fin de incorporarlos en ese texto en la Comisión Mixta. Pero no podemos seguir dilatando la tramitación del proyecto. Manifestamos la disposición a mejorarlo, pero ojalá que no haya interpretaciones distintas de lo que hoy día está aquí presentado.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Cómo vota, señora Senadora?

La señora GOIC.- Voto a favor, obvio.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.- Presidenta, creo que es viable considerar las observaciones que han manifestado algunos Senadores respecto de este proyecto, que paradojalmente era de Fácil Despacho, pero que ha abierto un debate que me parece atendible.

Ahora, considerando que hay una instancia más, que es la Comisión Mixta, voy a votar a favor, porque estamos frente a una pandemia, en que se requiere testear, trazar, aislar. Esos son, a mi entender, los verbos más importantes para este período. Porque mientras no controlemos la pandemia vamos a continuar no solo con la crisis sanitaria, sino también con la crisis económica y con la crisis social que está experimentando Chile.

Y el proyecto establece medidas en que existe consenso, porque más allá de las observaciones que se han hecho, entiendo que estamos de acuerdo en que sin trazabilidad no vamos a enfrentar de manera efectiva el fenómeno del COVID-19 en el país.

Voto a favor y espero que se recojan las observaciones que han señalado algunos de los parlamentarios que han hecho uso de la palabra, pero pido que continuemos con la tramitación de este proyecto de ley, porque los tiempos también son importantes cuando se enfrenta una pandemia de esta naturaleza.

Gracias, Presidenta.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Órdenes vota a favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

Senadora, tiene su micrófono con el volumen bajo.

La señora PROVOSTE.- ¿Ahí se escucha?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- No muy bien.

La señora PROVOSTE.- ¿Ahí se escucha mejor?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Sí.

La señora PROVOSTE.- Presidenta, quiero señalar que la atención primaria debió haber jugado desde el comienzo un rol muy importante en el manejo de esta crisis sanitaria. Lamentablemente, la disposición de las autoridades del Ministerio de Salud en orden a desplazar a la atención primaria durante los primeros meses fue evidente, con los estragos que estamos viviendo el día de hoy.

Hace pocas semanas recién conocimos la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento que tanto solicitaron el Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Epidemiología.

En la Región de Atacama desarrollamos un trabajo permanente con los municipios, los cuales han reclamado no solo por participar en los espacios de trazabilidad, sino también por los recursos adecuados.

En ese sentido, el día domingo de esta semana, la Alcaldesa de Caldera, por ejemplo, nos preguntaba cuál es la razón para que el Ministerio de Salud entregue los datos desfasados en tres días. Es decir, si queremos ser minuciosos, eficientes y efectivos en la tarea de la trazabilidad, no puede haber un rezago de tres días en la información, como sucede con la que se está entregando hoy.

Nosotros reconocemos que es fundamental que la atención primaria juegue un rol. Y como aquí han señalado quienes conocen de verdad cómo funcionan los sistemas de salud en el territorio, los servicios de atención primaria tienen toda la información. Y por eso que pueden identificar rápidamente los clústeres familiares y entregar una ayuda adecuada.

Nos parece complejo que no se despejen las dudas en este proyecto de ley sobre cuál sería el uso de una información sensible de las personas en manos de las policías. Si bien es cierto que en la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento la atención primaria juega un rol, también están incorporadas las Fuerzas de Orden y Seguridad. Creo que sería mejor, en una discusión más amplia, que este proyecto pudiese responder de forma adecuada a los criterios de protección de datos personales y del control efectivo de la crisis sanitaria.

Por eso, prefiero abstenerme en esta votación, Presidenta, con el propósito de que se mejore la iniciativa en las instancias que quedan.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

La Senadora señora Provoste se abstiene.

El Senador señor De Urresti ha estado solicitando la palabra, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, señor Senador.

El señor DE URRESTI.- Presidenta, solo un tema de forma.

Llevamos dos horas discutiendo un proyecto de Fácil Despacho. Con toda la información que se ha entregado acá, y no habiendo una exposición, yo voy a modificar mi voto. He manifestado mi voto a favor, pero quiero que se cambie por abstención, atendidos los antecedentes que he escuchado en esta discusión.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor De Urresti se abstiene.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El Senador señor Elizalde solicita fundamentar su voto en la Sala, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Gracias, Secretario; gracias, Presidenta.

Solo quisiera señalar que estamos enfrentando una emergencia, y eso implica legislar con celeridad.

El proyecto obviamente es perfectible, pero va en el sentido de lo que se requiere a efectos de contar con la herramienta de la trazabilidad para hacer frente a esta pandemia.

Venimos hace meses exigiéndole al Gobierno, en primer lugar, que la salud primaria juegue un rol fundamental y, en segundo lugar, que se mejore la trazabilidad.

Por lo tanto, voy a votar a favor de esta iniciativa, porque va en el sentido correcto. Me habría gustado incluso que se hubiera aprobado mucho tiempo antes y que el Gobierno hubiera tenido un rol más activo.

Es necesario precisar algunos conceptos básicos.

Cuando se enfrenta una pandemia, se adoptan medidas sanitarias que implican restricciones a ciertas libertades que en un contexto de normalidad no podemos aceptar que se restrinjan. De hecho, se afecta y se restringe la libertad de locomoción y de reunión. ¿Para qué? Para velar por un bien superior, que es la salud de las personas.

Por eso, las medidas sanitarias, contrariamente a lo que aquí se ha dicho, tienen por definición una relación con el orden público, porque son medidas coercitivas: se obliga a las personas a hacer algo que eventualmente no quieran hacer. Y el Estado cuenta con herramientas para garantizar que se respeten esas medidas, incluso disponiendo sanciones de carácter penal para quienes las incumplan.

En consecuencia, no se puede establecer esta especie de dicotomía entre las medidas sanitarias, por un lado, y el orden público, por el otro, porque están íntimamente relacionados.

Cuestión distinta es garantizar que quienes deben velar por el cumplimiento de estas medidas de orden público lo hagan conforme al Estado de derecho, sin ningún tipo de abuso, y, por cierto, cumpliendo con toda la legislación vigente.

Este proyecto establece, en primer lugar, que decretada una alerta sanitaria -es obvio que no solo es para el COVID, sino también para situaciones de similar naturaleza- "con ocasión de una epidemia, pandemia, o eventuales brotes de las mismas, y por razones de salud pública, mediante una resolución suscrita por el Ministro de Salud y por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, se podrá autorizar a los Servicios de Atención Primaria de Salud" a entregar esta información a las fuerzas de orden y seguridad.

Se señala, además, cuál es la finalidad: estos "datos personales, especialmente los datos sensibles de salud, se deben entregar para efectos de que éstas los utilicen exclusivamente durante la alerta sanitaria, siempre y cuando sean indispensables para el cumplimiento de las medidas de control sanitario que se hayan establecido".

Es decir, la finalidad está establecida conforme a las medidas de carácter sanitario.

Como ya estoy en el tiempo, voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Coloma, ¿cómo vota?

El señor COLOMA.- Gracias, Presidenta.

La verdad es que este es un tema bien importante. Lo hemos discutido en muchas ocasiones respecto del tratamiento de datos.

Yo siento que he dado siempre la batalla por la importancia de resguardar los datos, pero coincido con el Senador que me antecedió en el uso de la palabra y con algunos otros en que parece que no constatáramos que hoy día estamos en una situación completamente extraordinaria. Hoy día hay diez millones de personas confinadas. Si uno lo mira en la lógica de derechos, hay diez millones de personas que no pueden movilizarse, entre muchas otras cosas; hay dos millones y medio de personas que no pueden trabajar (derecho al trabajo), porque hay obviamente restricciones respecto de muchas actividades. Partamos con los restoranes, el turismo, el desplazamiento, el transporte. Bueno, es una realidad dramática que está ocurriendo el día de hoy.

Entonces, con la misma fuerza con que uno tiene que combatir y preservar los derechos de las personas, también debe entender qué es el bien común. Si esto tiene que sujetarse al final a una regla ordenadora para todos nosotros, ¡para todos! Y el bien común, obviamente, en determinado momento requiere de restricciones, que ojalá fueran las menos posibles y ojalá las más breves posibles. Por eso, cuesta a veces el desconfinamiento, porque hay personas que sienten que se pueden de alguna manera afectar los derechos de la salud, por la vía de aprobar o valorar otras libertades que son muy relevantes.

Es muy importante el escenario en que estamos, porque pareciera que se está discutiendo en frío. ¡Esto no es en frío, es durante una pandemia!

Creo, personalmente así lo siento, y habiendo participado en diversas ocasiones en las Comisiones de Constitución, que está bien resuelto. No veo que esté mal resuelto. Está excepcionalmente establecido.

Alguien dice: "Claro, no es para esta pandemia". ¡Bueno, es que puede haber una epidemia el día de mañana! Y no nos puede pillar, a Chile -o al mundo, porque este es un tema planetario-, sin considerar que estas cosas que algunos decían que no iban a ocurrir nunca, pueden ocurrir. Lo lógico es que un país esté preparado y que, en el evento de que ocurran, disponga de normas que ayuden. ¿A qué? A la trazabilidad.

¡Si lo que hemos aprendido todos de esta pandemia es que la trazabilidad es vital! No he oído a nadie que no diga eso.

Entonces, ¿cómo lo hace una sociedad, si es vital trazar? Obviamente, con medidas de esta naturaleza. Y con todas las restricciones. Porque si ustedes miran, hay incisos que generan todo tipos de prohibiciones, de sanciones.

O sea, creo que está objetivamente bien resuelto, Presidenta.

Y yo, al menos, aunque sé que todas las cosas en la vida son discutibles, quiero valorar el proyecto.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor García-Huidobro se ha incorporado a la sesión.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto de ley (30 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones), y queda, por tanto, despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Lagos, Letelier, Moreira, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Votaron por la negativa los señores Harboe, Huenchumilla, Insulza y Montes.

Se abstuvieron las señoras Provoste y Rincón y los señores De Urresti, Galilea, Latorre, Navarro y Pugh.

V. ORDEN DEL DÍA

Boletín N° 13682-07

REGULACIÓN DE MEDIDAS DE RETENCIÓN JUDICIAL DE FONDOS PREVISIONALES Y SUSPENSIÓN DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE RETIRO DE FONDOS EN RAZÓN DE DEUDAS POR OBLIGACIONES ALIMENTARIAS

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Conforme al acuerdo adoptado por la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, para incorporar disposiciones transitorias de regulación de medidas de retención judicial de fondos previsionales y de suspensión de la tramitación de la solicitud de retiro de fondos en razón de deudas por obligaciones alimentarias, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (13.682-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 63ª, en 5 de agosto de 2020 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Este proyecto tiene por objeto establecer mecanismos tutelares especiales tendientes a fortalecer la cautela de los derechos derivados de pensiones alimenticias, invocados por medio de los procedimientos de los juzgados con competencia en materias de familia, a través de la retención de los fondos previsionales, cuyo retiro ha sido facultado por la reforma constitucional aprobada por la ley N° 21.248.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que, por tratarse de un proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata" y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió la iniciativa en general y en particular a la vez.

Además, hace presente el acuerdo de la Comisión para que el proyecto sea informado mediante certificado, sin perjuicio de que posteriormente se elabore el informe que detallará en extenso las consideraciones que tuvo presentes la Comisión para aprobarlo.

La referida Comisión aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señoras Ebensperger y Órdenes y señores De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

En particular, lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, con las votaciones que se consignan en el certificado.

El texto que se propone aprobar se registra en las páginas 12 y siguientes del certificado de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición, el cual también se encuentra en la plataforma informática de esta sesión y fue remitido en su oportunidad.

Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el Senador Alfonso de Urresti, para que entregue el informe de la Comisión de Constitución.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, Honorable Sala, la iniciativa que se sometió a la discusión de nuestra Comisión es de la máxima importancia.

Corresponde iniciar el estudio del proyecto que modifica la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, para incorporar las disposiciones transitorias de regulación de medidas de retención judicial de fondos previsionales y de suspensión de la tramitación de la solicitud de retiro de fondos en razón de las deudas por obligaciones alimentarias (boletín Nº 13.682-07).

Esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y tiene su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

Su objetivo es establecer mecanismos tutelares especiales tendientes a fortalecer la cautela de los derechos derivados de pensiones alimenticias invocados por medio de los procedimientos de los juzgados con competencia en materias de familia, a través de la retención de los fondos previsionales cuyo retiro ha sido facultado por la reforma constitucional aprobada por la ley N° 21.248.

Cabe recordar que esta ley agregó una disposición transitoria trigésima novena a la Constitución Política de la República, mediante la cual se autoriza excepcionalmente a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley Nº 3.500, de 1980, así como a los beneficiarios de pensión de sobrevivencia, de forma voluntaria y por única vez, para retirar un porcentaje de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, a objeto de mitigar los efectos sociales derivados del estado de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19.

Esta norma dispone que los fondos retirados se considerarán intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención alguna, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, con la salvedad de las deudas originadas por obligaciones alimentarias.

Para facilitar la aplicación de las disposiciones legales y órdenes judiciales tendientes a la retención de fondos previsionales en razón de deudas por obligaciones alimentarias, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley que ahora analizamos.

Sus principales características son las siguientes.

Primero, confiere mayor eficacia a la medida cautelar de retención de los fondos, generando mecanismos que, tratándose de obligaciones alimentarias, permitan, en la práctica, salvar dificultades con las notificaciones de resoluciones judiciales.

Segundo, agiliza la resolución de solicitudes judiciales de medidas de retención de los fondos previsionales mediante la regulación de una tramitación expedita, en plazos brevísimos y aprovechando el uso de las vías electrónicas.

Tercero, otorga la eficacia tutelar que temporalmente se requiera para que la medida cautelar de retención de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias se prolongue por todo el tiempo en que se mantengan las causas que motivan las medidas decretadas.

Cuarto, establece un mecanismo tutelar especial destinado a permitir una retención de fondos previsionales, cuyo retiro ha sido facultado mediante la reforma constitucional aprobada por la ley N° 21.248, que se activará periódicamente, por disposición legal, a fin de cautelar las deudas derivadas de pensiones alimenticias invocadas ante los juzgados con competencia en materias de familia y que se encuentren devengadas.

La iniciativa, aprobada por la Honorable Cámara de Diputados por 149 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, consta de un artículo único dividido en cuatro numerales, los cuales incorporan cuatro artículos transitorios a la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia.

Señora Presidenta, Honorable Sala, la Comisión que presido, luego de escuchar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a la Ministra de la Excelentísima Corte Suprema señora Gloria Ana Chevesich, y a la magistrada de familia señora Mónica Jeldres, aprobó en general esta iniciativa por la unanimidad de sus integrantes, Senadoras señoras Ebensperger y Órdenes y Senadores señores De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

A continuación, la Comisión examinó en particular cada uno de los cuatro números del artículo único del proyecto.

Durante su estudio, las Senadoras Allende y Rincón presentaron una serie de indicaciones tendientes a incorporar nuevos preceptos al proyecto, a la luz de los antecedentes que habían planteado las mencionadas autoridades judiciales.

Luego de un amplio debate en la Comisión y con el fin de aprobar con la mayor prontitud este proyecto y de facilitar que los alimentarios pudieran hacer efectivos, en el más corto plazo y en plenitud, sus derechos para el cobro de los alimentos que se les adeudan, de conformidad con la reciente reforma constitucional que aprobó el Congreso Nacional, las señoras Senadoras resolvieron retirar la mayor parte de sus indicaciones, dejando constancia en la historia de la ley de los argumentos tenidos en vista para su presentación.

Quiero, en nombre de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, agradecer el gesto de ambas Senadoras, quienes contribuyeron a la pronta tramitación de la iniciativa en la mañana, lo cual nos permite que se convierta prontamente en ley.

Quedan pendientes el tratamiento de otras medidas y mecanismos que en el futuro deberemos analizar para perseguir el efectivo cumplimiento de las sentencias de los tribunales de familia en materia de cobros de pensiones de alimentos.

Asimismo, se acordó con el Ministerio de Justicia hacer un profundo debate y formar una mesa de trabajo, atendido el alto porcentaje de incumplimiento de pensiones alimenticias en nuestro país.

Por estas razones, la Comisión que presido propone a la Sala aprobar en general y en particular este proyecto de ley.

He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Senador.

Se encuentra el señor Ministro Hernán Larraín, a quien le entrego la palabra.

El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Gracias, Presidenta.

Además de saludarla a usted, por su intermedio aprovecho de saludar a las Senadoras y los Senadores presentes en la Sala y a los que están conectados vía remota.

Hubiese querido asistir, pero, por lo rápido que ha sido todo esto, cosa que desde ya agradezco, me resultó imposible hacerlo.

La verdad es que este proyecto busca que a través de la reforma previsional que autorizó el retiro, por una sola vez, de hasta el 10 por ciento de los fondos previsionales, se puedan retener los fondos de un afiliado para cumplir las deudas alimentarias que ese afiliado tuviere.

Como todos sabemos, la deuda alimentaria es una deuda inmensa que existe en el país y afecta a cientos de miles de niños, niñas y adolescentes y, ciertamente, en su inmensa mayoría, a mujeres. Y la verdad es que, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho a través de distintos caminos legislativos, ha sido siempre muy difícil conseguir su pago. Las cifras indican que del orden del 15 o 16 por ciento de las personas con estos compromisos cumple con el pago de dicha deuda, y que el resto no lo hace.

Según estadísticas obtenidas hace un tiempo, cuando presentamos ante este Senado el proyecto que crea en el boletín comercial (Dicom) un registro para los deudores alimentarios, son 180 mil millones de pesos los que se deben por concepto de deudas alimentarias no pagadas.

Por lo tanto, Presidenta, la reforma constitucional aprobada, que tuvo una larga y apasionada discusión, abrió una ventana que ha logrado, en este caso, un gran consenso para permitir, a través de esta vía, que se paguen, a lo mejor en forma íntegra o al menos en una buena parte, las deudas alimentarias que aún se encuentran pendientes.

Lo que el Gobierno ha hecho, al igual que el Poder Judicial, es crear mecanismos efectivos que hagan posible que esa ventana que abrió la reforma constitucional se cumpla y sea efectiva. Los tribunales han generado protocolos y procedimientos de rápida comunicación con las AFP para asegurar que se realice la retención. Y lo que esta iniciativa busca es asegurar que con los mecanismos expuestos en buena parte por el Presidente de la Comisión de Constitución, el Senador De Urresti, sea posible que aquel objetivo se cumpla y no se burle o se evite el pago.

La celeridad de este proyecto resulta indispensable porque, según la información con que contamos, 3 millones de cotizantes ya han retirado sus fondos y es probable que muchos de ellos posean deudas alimentarias y no se haya podido retener esos dineros, pues, no obstante el esfuerzo de los tribunales, el proceso ha sido un poco lento. Siempre existe alguna limitación y faltan algunas medidas, que son las que precisamente incorpora esta iniciativa para asegurar que la retención sea efectiva y resuelva el problema.

Cabe destacar que este proyecto fue aprobado por unanimidad tanto por la Cámara de Diputados como por la Comisión de Constitución del Senado al pronunciarse sobre la idea de legislar.

En particular, quisiera destacar una situación que se produjo hoy en la discusión en ese organismo.

Este proyecto, como todos los proyectos, es perfectible. Hubo parlamentarios que presentaron indicaciones, particularmente las Senadoras Allende y Rincón, que buscaban mejorar el texto. Y la verdad es que nosotros también hubiésemos querido perfeccionar algunos aspectos, si hubiese habido tiempo para la tramitación de esta futura ley. Pero, al final, se entendió que los temas centrales que se buscaba corregir o perfeccionar estaban de alguna manera comprendidos en la legislación vigente y que con una buena acción judicial se podían resolver. En definitiva, no se insistió en las indicaciones, con el propósito central de asegurar el más rápido despacho de esta iniciativa.

Lo destaco porque el Senado, como Cámara revisora, no solo tiene el derecho sino probablemente el deber de corregir siempre los proyectos. En este caso, no es que el texto presente errores graves -no tiene ninguno-, pero las cosas siempre se pueden perfeccionar. Y es parte de lo que hace esta Corporación. Todas las obras humanas son perfectibles.

Sin embargo, en la medida en que la iniciativa cumple sus objetivos, se depuso aquello, lo cual ha permitido, Presidenta y Senadoras y Senadores, lograr un proyecto aprobado, en lo fundamental, por unanimidad, que espero que el Senado despache esta tarde, para tenerlo como ley vigente, ojalá, dentro de esta semana y publicado en el Diario Oficial no después del sábado. Vamos a hacer el máximo esfuerzo en ese sentido.

Como se ha dicho, lo que hace la iniciativa es, básicamente, instalar en forma transitoria una medida cautelar en la Ley de Tribunales de Familia, destinada a asegurar la retención de los fondos para garantizar, por esta vía, el pago de las pensiones alimenticias adeudadas.

Establece también una consulta a los solicitantes de los retiros respecto de si tienen o no deudas impagas; una nómina de las deudas liquidadas en los juzgados con competencia, para asegurar que por esta vía se retengan también las deudas ya liquidadas en conocimiento de los tribunales, y un informe de los retiros efectuados para cuando la retención llegue con posterioridad, para verificar algunas consecuencias.

Respecto de la cautelar de retención, esta puede decretarse, o a solicitud del alimentario, o de oficio por parte del juez cuando la deuda ya esté devengada. Esto ayuda a que exista una proactividad judicial para avanzar con la mayor rapidez en la definición de la retención. La retención debe decretarse de plano por el juez en el más breve plazo, que no puede pasar de 48 horas, cuando sea solicitada por el alimentario, y surte efectos antes de la notificación al deudor, cuestión fundamental, pues, de lo contrario, podrían pasar muchos días, los suficientes para que se produjera el retiro y la medida de retención resultara inútil.

Dicha resolución se notifica a la AFP por medios electrónicos y en el más breve plazo posible. Y, si no se sabe cuál es la administradora del deudor, se notifica a todas las AFP, para evitar cualquier complicación.

Al mismo tiempo, la notificación de la medida de retención al deudor se hace como un encargo a la AFP, para que la realice al domicilio que el afiliado tenga registrado. Esto es crucial, porque normalmente las notificaciones son la parte débil en los juicios de alimentos, ya que no se logra ubicar a los deudores y los juicios muchas veces o no proceden o se demoran enormemente en materializar las gestiones judiciales que deben certificarse vía notificación.

Otro aspecto muy central es que la medida de retención no requiere renovación, por tener valor indefinido durante todo el tiempo en que se mantenga decretada y durante el período en que la ley se halle vigente, es decir, un año desde la promulgación de la reforma constitucional.

Un segundo elemento es el envío, en forma periódica por parte de los tribunales, de las nóminas de las deudas liquidadas, con el propósito de informar de inmediato a las AFP cada vez que se produzcan estas liquidaciones, de modo que las administradoras retengan las sumas liquidadas en las cuentas de los solicitantes que quieran retirar sus fondos. Así aseguramos, de nuevo, que se pague y se cumpla con esta obligación.

Se establece, en tercer lugar, una consulta a los solicitantes: "Dígame: ¿tiene o no usted deudas alimentarias?". Porque, si las tiene, el proceso obliga a las AFP a retener el retiro que desea efectuar el afiliado hasta que acredite ante el tribunal que pagó o caucionó de forma suficiente la deuda registrada en su declaración y que consta en un proceso determinado. Esto es muy importante, porque nos ayuda a que el afiliado se obligue a cumplir con su obligación.

En un cuarto punto, la AFP se encuentra obligada a informar al tribunal de todos los retiros realizados antes de llegar la orden de retención, para así conocer los antecedentes de la persona. Como ya decía, esta situación ya se está produciendo con 3 millones de cotizantes. Y, en tales circunstancias, se obliga a la administradora a informar el domicilio del solicitante, por las razones ya indicadas, así como el monto retirado, la fecha de solicitud del retiro y la fecha de entrega de los fondos. Y, adicionalmente, deberá informar también si el afiliado, antes de que le fuera entregado el dinero, declaró si tenía o no deudas alimentarias. Si las tenía y la AFP le pagó, esta se hará responsable de las consecuencias de ese acto y será perseguida por la Superintendencia y ante los tribunales, por lo que corresponda. Ahora, si el afiliado no declaró las deudas, la AFP tendrá que poner todos los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para que este persiga en los tribunales de justicia las responsabilidades penales que pudieran existir.

Con esto, Presidenta, se cierra el diseño que hemos hecho para asegurar de una manera efectiva este derecho que le ha surgido a los alimentarios para poder cobrar sus deudas dentro del retiro de los fondos que autorizó la correspondiente reforma constitucional.

Creemos que nuestra responsabilidad es, en estos casos, ejecutar efectivamente las decisiones que adopta el Congreso cuando estas requieren de una bajada especial, de una aplicación, de una implementación que haga posible el cumplimiento de su objetivo.

Consideramos que aquí hay un trabajo muy bien hecho. La Cámara de Diputados discutió y despachó con rapidez esta iniciativa, y el Senado hizo realmente lo propio en muy pocos días.

Así que, junto con reiterar mi agradecimiento a los integrantes de la Comisión de Constitución por la labor realizada, como también a las Senadoras y los Senadores que se incorporaron al estudio de este proyecto precisamente por el interés que tiene esta materia, quisiera agradecerles también la celeridad con que se ha tramitado esta iniciativa, que espero contribuya efectivamente a que este derecho a poder cobrar la deuda alimentaria antes de que el afiliado retire el 10 por ciento de los fondos previsionales que les fueron autorizados por la reforma constitucional pueda servir para hacer justicia a niñas, niños y adolescentes y a muchas mamás que llevan años, ¡años!, esperando una solución a su problema.

No olvidemos que en Chile un porcentaje muy alto de la población tiene a mujeres jefas de hogar, y son ellas las que afrontan esta situación. Y la inmensa mayoría de los deudores son, lamentablemente, hombres que en forma irresponsable no cumplen con su deber frente a sus propios hijos o frente a su mujer, o en ambos casos, lo que nos parece muy deplorable, muy triste, una muy mala señal social.

Esta reforma da una señal concreta para avanzar en esa dirección, a cuyo respecto hemos querido colaborar a que se haga efectiva.

Termino, Presidenta, manifestando que estamos trabajando, sin perjuicio de estas normas, en la presentación de una indicación sustitutiva a los muchos proyectos que han presentado parlamentarios y parlamentarias en este último tiempo para mejorar el régimen de pensiones alimentarias; ello, sumado al hecho -como señalaba- de instalar este boletín comercial, este Dicom, con el propósito de que cada vez que alguien incumpla sus deudas, transcurridos ciertos plazos razonables para que pueda ponerse al día, pase a esa página como deudor moroso, en forma pública, y tenga las consecuencias del caso.

Esperamos que ese conjunto de normas pueda ser un paso más para asegurar que esta obligación se cumpla.

Por ahora, aprovechando esta ventana de oportunidades que abrió la reforma constitucional, contribuimos, colaboramos a que en alguna medida se haga justicia a todas esas mujeres y niños que hace años llevan esperando una respuesta.

Gracias, Presidenta.

Muchas gracias, Senadoras y Senadores.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias a usted, señor Ministro.

El Senador Coloma ha solicitado la palabra para un punto de Reglamento.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor COLOMA.- Presidenta, después de oír al Ministro, de ver además las explicaciones que se han dado, y por la urgencia, yo quiero pedirle, particularmente, que se pueda abrir la votación, con la reserva, por cierto, de los tiempos propios que amerita este tipo de debate.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.

Recabo el acuerdo de la Sala en ese sentido.

Acordado.

Tal como lo hemos hecho en sesiones anteriores, los cinco minutos que se entregan para la discusión se pueden sumar a los tres minutos de la fundamentación del voto.

Les concederé inicialmente la palabra a los señores Senadores que la han pedido acá, en forma presencial.

En votación.

--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Rincón.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidenta.

Estimados y estimadas colegas, el presente proyecto del Ejecutivo, sin lugar a dudas, es un avance en un asunto de la mayor necesidad.

Las deudas de pensiones de alimentos son un tema muchas veces invisibilizado y hasta minimizado por la sociedad. Se habla de los deudores de alimentos como "papitos corazón". Esto no es más que caricaturizar un tema complejo, minimizar el drama que viven 70 mil niños, niñas y adolescentes, cuyas deudas en pensiones alimenticias suman más de 180 mil millones de pesos y con una morosidad superior al 84 por ciento.

Lo digo y lo mantengo: señora Presidenta, no son "papitos corazón"; son infractores de ley, y de "papitos" tienen solo el nombre.

El 90 por ciento de los deudores son hombres, y el 10 por ciento, mujeres. Sí, nueve de cada diez deudores son hombres, agravando la situación desmejorada de la mujer en el tema económico y laboral. Pero también sabemos que son miles los padres que efectivamente cumplen sus obligaciones y, sin embargo, se les impide ver a sus hijos.

Por ello, hay que enfocar este problema desde la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes. No es un tema de hombres o de mujeres, ni de madres o de padres. Es un asunto de la infancia, y como sociedad, señora Presidenta, debemos darle la importancia que corresponde.

El Estado, como sabemos, está al debe con la infancia. Lo digo porque esto no corresponde exclusivamente a un tema relacionado con las familias, sino que es un tema social, y el Estado debe involucrarse.

Vimos cómo el caso de Ámbar le puso rostro a la situación de vulnerabilidad en que viven miles de niños y jóvenes: esa menor fue a buscar el dinero de la pensión alimenticia que le envió el padre y, trágicamente, su vida le fue arrebatada a manos de la pareja de su madre.

Allí fallaron todas las alarmas y medidas preventivas que como Estado debiéramos tener, por lo que debemos establecer otras, como aumentar facultades cautelares al juez en casos de vulnerabilidad y permitir que cuidadores de hecho reciban pensiones en sus cuentas o a través del tribunal.

Como Presidenta de la Comisión de Infancia, me ha tocado ver el drama en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y una ayuda imprescindible para lograr concretar los tan conocidos derechos de los niños es contar con recursos materiales para su desarrollo. De ahí la importancia de tener recursos económicos permanentes con los que los niños, niñas y adolescentes puedan subsistir.

Señora Presidenta, al tratar esto solo como un tema privado de la familia, el Estado está incumpliendo su deber de protección a la infancia. Así que deben establecerse varias medidas para evitar que se eluda el pago de pensiones. Y por ello celebro la conformación de una comisión amplia, a la que se me ha invitado como Presidenta de la Comisión de Infancia por parte de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

Una de las principales modificaciones tiene que ser el establecimiento de un fondo solidario de pensiones alimenticias, de carácter estatal y subsidiario, en donde el Estado cuente con reservas para proveer a los niños, niñas y adolescentes vulnerados de nuestro país, que son abandonados económicamente por uno de sus padres. Además, el Estado debe perseguir con mano firme a los deudores, de tal manera que el fondo no se transforme en un incentivo al incumplimiento, sino que se complemente con medidas efectivas de retención de salarios y de devolución de impuestos, con aumento de las penas a los empleadores que se coludan con los deudores para falsear ingresos, con información de deudas en el Boletín Comercial y con la imposibilidad de que los deudores puedan acceder a beneficios estatales.

Esto ya existe en países como Francia y España, donde los estándares de protección a la niñez son altos y acordes a la importancia que tienen.

Señora Presidenta, cuando introdujimos la indicación que permite la retención del 10 por ciento a los deudores de pensiones de alimentos en la discusión del proyecto de reforma constitucional sobre retiro del 10 por ciento, nuestra intención fue saldar la deuda histórica que tenemos con la infancia. Y digo "tenemos" porque, como señalé, esto debe ser un tema de Estado: trasciende a los gobiernos.

Frente a eso, yo espero que el Gobierno honre el compromiso que dice tener con la infancia y le ponga urgencia a los proyectos de reforma constitucional que este Senado ha presentado mediante iniciativas de la Senadora Allende y nuestra, para que los padres que se niegan a hacer el retiro de los fondos puedan ser obligados por el juez a realizar aquello, aunque, como nos han informado esta mañana, la Cámara de Diputados avanzará más rápido en estas materias.

Por lo tanto, ese tema lo veremos de todas maneras.

Finalmente, debo señalar que apruebo este proyecto de ley. Y, tal como se ha dicho aquí, con la Senadora Allende retiramos la mayoría de nuestras indicaciones para avanzar con rapidez, aunque creo que lamentablemente hay cosas que no van a quedar suficientemente claras.

Gracias, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, la posibilidad de retirar el 10 por ciento de los fondos acumulados en las AFP es una decisión personal, una opción que se dio de manera extraordinaria y para tiempos difíciles, muy difíciles, que debe ser tomada de manera responsable.

Con mayor razón la paternidad es un hecho que implica una de las más grandes responsabilidades que tiene la persona: dar vida y formar a un ser humano. Que más del 80 por ciento de los padres que tienen causas en tribunales lo sean por deudas de pensión de alimentos no es solo un tema entre privados, sino también de bienestar público y de salud pública.

Además, que se puedan pagar los alimentos adeudados con el 10 por ciento para aquellos que soliciten el retiro es de toda justicia y se asemeja a la devolución a través de la retención de impuestos, que se hace todos los años en abril, que ya está permitido por la Ley de Alimentos.

Para aquellos casos en que el padre o la madre deudor que efectivamente no ha podido pagar, porque sus medios son escasos o porque simplemente no los tiene, ocupar parte o el total del 10 por ciento constituye una oportunidad de regularizar su situación, de ponerse al día, en definitiva, de hacer lo correcto.

En el caso de aquellos infractores, porque esos son infractores de la ley, que conscientemente han demorado el pago de su obligación, para aquellos denominados "papitos corazón", que deliberadamente buscan escaparse de su responsabilidad, este proyecto constituye una sanción muy ejemplarizadora y una esperanza de alivio y de ayuda para todas aquellas madres o padres que han quedado con el cuidado personal de los hijos en común.

Si fuimos capaces de romper paradigmas con el retiro del 10 por ciento de las AFP, pudiendo ayudar a 7 millones de personas que no solamente lo han pasado mal, sino que muy mal por la pandemia, con mayor razón es justo que también vayamos en ayuda de todas aquellas familias que llevan meses, años, esperando el pago de alimentos.

Por ello, con mucha convicción, con la misma con que voté el retiro del 10 por ciento de las AFP, hoy día lo hago con este proyecto de ley que hace justicia a muchas familias y a muchas mamás.

De tal manera que esto contribuye a seguir priorizando el rol de la niñez, el rol de las madres, y es una demostración más de que somos capaces de ponernos en el lugar del otro y contribuir a beneficiar a muchas familias.

La pensión alimenticia no es para la madre, la pensión alimenticia es para los hijos, para aquellos hijos que necesitan mantenerse, estudiar, sobrevivir, comer.

Por eso, señora Presidenta, mientras menos hablemos y mientras más rápido votemos, mejor será la ejecución de esta iniciativa de ley.

Voto "sí".

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, a mí me parece muy importante y valioso poder avanzar en que aquellos padres o madres que no han pagado la pensión de alimentos tengan que cumplir con ello. Pero a mí me gustaría clarificar algunos puntos.

Cerca del 80 por ciento de los que no pagan son hombres. Yo creo que hay una actitud muy distinta de hombres y mujeres respecto a la responsabilidad para con los hijos y las hijas. Pero tenemos otro antecedente: cerca del 70 por ciento de los jefes de hogar en Chile son jefas de hogar.

Y, si bien yo estoy de acuerdo con la retención del 10 por ciento para aquellos padres que no han cumplido con su obligación, me preocupa que no abordemos integralmente esto. Por ello, creo que tenemos un pendiente, porque qué pasa con aquel padre que, justamente, para no cumplir con el mandato de la pensión de alimentos decide simplemente no retirar su 10 por ciento.

A mi juicio, es importante señalar que las más de las veces son las mujeres las que tienen que hacerse cargo de los hijos y las hijas. Y las mujeres son las que deben alimentarlos, vestirlos, conseguir sus medicamentos, hacerse cargo de ellos. Es algo de lo cual ellas no pueden evadirse, y tienen una responsabilidad. Son las mujeres las que se endeudan, y en ocasiones por años, teniendo que trabajar en condiciones muchas veces dramáticas para poder sostener a los hijos y a las hijas.

Y no solamente eso. En varias ocasiones no se otorga una debida acción de la justicia ni de las policías. Los hombres pueden evadir durante años, durante décadas la responsabilidad del pago de pensiones de alimentos, porque no son notificados, porque se cambian de casa, porque prefieren no tener contrato de trabajo, justamente, para evadir esto.

Y muchas veces las mujeres deben tener, además, el rol de suplantar a las policías: ellas tienen que andar persiguiendo a los hombres para ver de qué manera se los puede notificar.

Entonces, señora Presidenta, creo que aquí hay un tema que está mal planteado. Los hombres o las mujeres, pero fundamentalmente los hombres que no pagan su pensión de alimentos ¡violan derechos humanos! Por ello debieran tener una sanción penal. Y no es aceptable que puedan evadir esto de por vida, usando subterfugios.

Y quiero poner un elemento comparativo.

Yo soy autor de la Ley Cholito, y cuando una persona deja de alimentar a un animal, se considera maltrato y tiene una sanción penal. Me parece muy bien que se haga cuando existe un maltrato a los animales, pero es incomprensible que hayamos sido tan permisivos tratándose de hombres, mayoritariamente, que violan los derechos humanos de sus hijos y sus hijas no alimentándolos, no cumpliendo con requisitos mínimos, que debieran estar establecidos claramente como derechos humanos fundamentales porque lo son, y que dan la espalda a sus hijos y a sus hijas.

Señora Presidenta, si bien apoyo con mucho entusiasmo este proyecto, porque es algo de reparación, algo de justicia, me parece que tenemos que hacer una modificación más profunda para que no sean las mujeres las que tengan que andar persiguiendo y viendo dónde está viviendo su expareja, dónde se la puede notificar, qué trabajo tiene.

Como se ha señalado acá, no puede ser que en Chile no se cumplan los derechos fundamentales de alimentación.

Si un hombre o una mujer deciden tener un hijo o una hija, es una responsabilidad ineludible que se le entreguen los recursos necesarios básicos para su alimentación. Eso debe ser considerado un tema de derechos humanos.

Y así como lo hicimos con la Ley Cholito para los animales, más aún debiéramos hacerlo con los seres humanos.

Entonces, señora Presidenta, creo que esto es un avance, pero tenemos que ir todavía mucho más allá y regularlo de una vez por todas para que se termine con esa situación, que es inmoral, que es poco ética y que de verdad se sancione a los violadores de derechos humanos, que actúan de manera muy grave, porque más aún, más encima, se trata de sus hijos o sus hijas.

Yo propongo a este Senado que podamos avanzar en esa dirección.

He dicho.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senadora Goic, punto de reglamento.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, solicito la autorización de la Sala para que podamos discutir en general y en particular a la vez un proyecto en la Comisión de Trabajo (esta es una solicitud de la Senadora Sabat), el boletín N° 13.553-13, que modifica el Código del Trabajo para posibilitar el trabajo a distancia o teletrabajo de las trabajadoras embarazadas, en caso de alerta sanitaria por causa de pandemia de una enfermedad contagiosa.

Dado que es un proyecto que tiene que ver con el COVID y que busca proteger, sobre todo en la etapa de embarazo, solicito que lo podamos tramitar en general y en particular a la vez.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Habría acuerdo de la Sala para tratar dicho proyecto en general y particular a la vez?

Acordado.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Antes de seguir entregando el uso de la palabra, quiero recordar que tenemos urgencia para discutir el proyecto de reforma constitucional sobre el plebiscito, el cual requiere quorum especial de aprobación.

Pero ya no contamos con él, porque hay problemas de tránsito hoy día. Dejo consignado que, pese a la urgencia de dicha iniciativa, no hay posibilidad de tramitarlo ahora.

Tiene la palabra el Senador Pizarro.

El señor PIZARRO.- Presidenta, estamos citados para mañana por acuerdo de la Sala y, más allá de que sea una sesión especial, podemos votar ese proyecto a primera hora.

Creo que es lo más razonable.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- En una sesión especial no se pueden incorporar proyectos de tramitación legislativa.

El señor PIZARRO.- Entonces, cite a una sesión especial media hora antes o media hora después.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sí, eso es lo que quería proponer: sesionar de 10 a 12 en una sesión extraordinaria,...

El señor PIZARRO.- O después, de 14 a 15.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ... y luego vendría la sesión especial de 12 a 14.

¿Habría acuerdo de 10 a 12?

Acordado.

¡La barra de la Sala dice que sí...!

El señor INSULZA.- Pido la palabra, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.

El señor INSULZA.- Pedí la palabra por reglamento.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Por reglamento, Senador Insulza?

El señor INSULZA.- Sí, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra.

El señor INSULZA.- Usted acaba de proponer y aprobar, sin que alguien alcanzara a decir nada -yo, por lo menos-, un nuevo trámite expedito para otro proyecto de ley.

Si el mecanismo a seguir va a ser otra "discusión inmediata" u otro tratamiento en Fácil Despacho de treinta minutos, en el cual ni siquiera podremos opinar sobre algo que nos parece muy controvertible, yo no voy a dar el acuerdo para la discusión en general y en particular que se ha pedido. Que sea en general primero y después, en particular.

Así no podemos seguir legislando, Presidenta.

Por tanto, yo no estoy de acuerdo con la discusión en general y en particular a la vez del proyecto que usted señaló recién.

Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Insulza, lo que acordamos fue autorizar a discutir en general y en particular un proyecto de ley que está en la Comisión de Trabajo.

Es una iniciativa que no ha llegado a la Sala, que aún está en trámite de Comisión.

El señor INSULZA.- Es que la situación que sigue a eso, Presidenta -y lo hemos visto varias veces-, es que los mismos miembros de la Comisión son los únicos que hablan, y los demás votamos solamente.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien, se registra su reclamo.

El tema es otro.

El señor INSULZA.- Presidenta, por lo menos debiéramos tener la oportunidad de dar una opinión sobre esto y no repetir lo que hicimos ahora: nadie quería votar en contra del proyecto, pero lo votamos negativamente o nos abstuvimos porque no hubo posibilidad alguna de discutir siquiera lo que la iniciativa decía.

Entonces, yo no voy a aprobar lo que se pidió.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Insulza, esos reclamos son para la reunión de Comités. Todo lo que aquí hacemos es con acuerdo de los Comités.

Hay dificultades en la tramitación de los proyectos, por cierto, porque son muy largas las votaciones, por los inconvenientes propios del trabajo remoto.

Pero vamos a considerar lo relativo a las discusiones en Fácil Despacho, pues efectivamente no duran media hora, sino mucho más.

El acuerdo que hemos tomado es sesionar mañana, de 10 a 12, para tramitar el proyecto de reforma constitucional sobre el plebiscito, cuyo informe lo dará la Comisión de Constitución.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Vamos a seguir con las intervenciones sobre el proyecto en estudio.

Senador Sandoval, tiene la palabra.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidenta.

Cuando hablamos del pago de pensión alimenticia para un hijo o una hija, estamos refiriéndonos a un ámbito respecto del cual parece increíble tener que estar legislando.

¿Cómo alguien no puede responsablemente hacerse cargo de algo tan esencial y básico, tan propio de una corresponsabilidad que tanto se quiere hoy día en materia de paternidad-maternidad?

Que el 85 por ciento de las personas con la obligación de cubrir pensiones alimenticias para la manutención de sus propios hijos o hijas sean deudores y no las estén pagando resulta, desde todo punto de vista, absoluta y totalmente condenable, por lo que ello implica.

¡Cómo es posible que a alguien se le tenga que obligar!

Y, para ello, es preciso hacer uso hoy día de una norma que está en desarrollo. Me refiero a la ley que permite el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales.

Tenemos que buscar alambicadamente un camino a través del cual revertir en parte el problema que generan estas deudas con los hijos o hijas.

¿De qué culpa humana se trata? ¿De qué valor psicológico y social de responsabilidad estamos hablando aquí?

El Ministro señalaba una deuda superior a los 180 mil millones de pesos por concepto de pensiones alimenticias impagas. Pero, más allá del valor, más allá de la cifra, uno piensa en qué hay detrás de esas familias, de esas madres que tienen que hacerse cargo de la manutención de sus propios hijos, sin participación de quien también fue parte de ese ámbito tan particular que significa tener un hijo.

Se ha señalado acá que esta no es una solución integral. Sin duda no lo es, porque esta iniciativa se enmarca en determinada circunstancia que vivimos, en la que un número no menor de cotizantes están haciendo retiro de su 10 por ciento. Por tanto, evidentemente esto se requiere realizar con premura.

Por eso me quedo con las palabras del Ejecutivo ante la duda. Alguien preguntó: ¿Qué pasa con aquella persona que no retira el 10 por ciento? No se le puede hacer efectivo el cobro. Pero tenemos el compromiso formal del Ministro de Justicia, Hernán Larraín, ¡gran Ministro de Justicia!, en el sentido de ingresar una reforma constitucional -la idea es que no se produzca un choque con la iniciativa en esta materia-, con el objeto de hacer exigible esta retención a quienes no han hecho el retiro por diversas razones -posibilidad a la que obviamente no van a estar sujetos con el presente proyecto-, para que las madres puedan recibir las pensiones alimenticias adeudadas.

Cuando hablamos de tal irresponsabilidad en nuestra sociedad, debemos remecernos en lo profundo. No es lógico que alguien quiera eludir su corresponsabilidad frente a sus propios hijos, a sus propias hijas. Eso no habla bien de nosotros como sociedad.

Esta no es una solución definitiva, porque va a depender de lo que hoy día está aconteciendo con relación a quienes hacen retiro de parte de su ahorro previsionales. Aún queda un cúmulo enorme de personas que, sin duda, va a estar ajeno a esta situación.

Por eso me quedo con el compromiso manifestado por el Ministro de Justicia respecto de ingresar una modificación para complementar esta propuesta y hacerla más eficiente.

Todas las medidas que se han adoptado y las disposiciones que regulan esta materia no han sido efectivas; por algo el 85 por ciento no ha cumplido con este aspecto tan esencial, tan básico, de su corresponsabilidad humana frente a sus propios hijos. Habrá que corregir y perfeccionar la normativa, porque esto no debería estar pasando.

La Senadora Rincón me invitó a ser parte de una moción en este sentido. Me alegro de que el Ejecutivo haya presentado una indicación sustitutiva para hacerse cargo más integralmente del problema que se está presentando en este minuto.

Voto absolutamente a favor, Presidenta.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Sandoval.

Tiene la palabra el Senador Bianchi.

El señor BIANCHI.- Gracias, Presidenta.

Las vueltas que da la vida: hace pocos días o semanas escuchábamos al Gobierno, al Presidente, al Ministro Briones, señalar que era una pésima idea, una muy mala idea, el retiro del 10 por ciento. Cuando presentamos ese proyecto de reforma constitucional, nos dijeron que iba a ser catastrófico, caótico para el país y para la economía. Sin embargo, hoy hemos escuchado al propio Ministro de Economía manifestar que el retiro de esos fondos ha significado una inyección económica.

Y ahora, de manera muy especial, lo que estamos realizando a partir de aquella ley, es hacer justicia con respecto al pago de las pensiones de alimentos.

El proyecto que hoy discutimos, Presidenta, y que vamos a aprobar, no es más que la respuesta natural y obvia de las políticas que hemos implementado para asegurar el derecho de alimentos, en beneficio de nuestras niñas y niños, lo que obviamente es insuficiente.

Tras la aprobación de la ley sobre el retiro del 10 por ciento, donde impulsamos la inembargabilidad del dinero retirado, se estableció solo la excepción de retener por pago de alimentos, siendo esta una realidad mayoritariamente de madres e hijos.

Hemos llegado a este punto porque las medidas, como ya señalé, siguen siendo insuficientes. Por ejemplo, desde la academia, investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile identificaron graves inconvenientes que son utilizados por quienes están obligados a pagar una pensión, pero que optan por eludir tal responsabilidad. Entre ellos, están los procesos de mediación mal implementados; las dificultades prácticas para notificar al padre renuente a pagar una pensión; los problemas para determinar la capacidad económica real del deudor, y los plazos incompletos en la legislación para iniciar el proceso de cobro de la deuda.

Analizando esos puntos, queda claramente demostrado que el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales se transformó no solo en una ayuda para los afiliados, sino además en una gran oportunidad para cumplir en casos de deuda por pensiones de alimentos.

Proteger a niños y niñas no es un interés jurídico cualquiera, sino uno superior, lo que implica que ha de prevalecer sobre otros intereses jurídicos en caso de haber conflicto entre el primero y los segundos, específicamente cuando estos últimos sean los de los progenitores o, en general, los de cualquier otra persona o de la sociedad toda.

Me alegra mucho estar votando este proyecto de ley y hacer justicia con estos retiros de fondos.

La Ministra del Trabajo en algún momento hizo una declaración respecto al indebido uso de los dineros. En ese entonces le dijimos: "Ministra, el dinero es de las personas".

Pero, cuando discutíamos el retiro del 10 por ciento, efectivamente se hizo la salvedad de permitir hacer justicia con respecto a las deudas que mantienen los padres con sus hijos, mayoritariamente.

Voto favorablemente, señora Presidenta.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor Bianchi vota a favor.

Vamos a proceder a consultar la opción de voto de los Senadores que se encuentran participando en forma remota.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

Ahí está el Senador señor Quinteros.

Senador, tiene que activar su micrófono.

El señor QUINTEROS.- ¿Ahora?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahora sí.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, el Ejecutivo pudo haber incorporado esta materia en la discusión del proyecto sobre el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales. No lo hizo, porque ello significaba respaldar una idea con la que no estaba de acuerdo.

Esta iniciativa aspira a complementar lo ya dispuesto en la ley de retiro de fondos de la AFP, en lo que respecta a las deudas por pensiones de alimentos.

En este punto, aprovechando la presencia del señor Ministro, quiero detenerme en una reflexión que apunta al fondo del problema.

Hemos escuchado cifras bastante preocupantes respecto del nivel de incumplimiento de esta obligación. Se señala que el 84 por ciento de los demandados en causas de alimentos, principalmente hombres, no paga la pensión fijada por el tribunal. Estamos hablando de una deuda que bordea más o menos los 200 mil millones de pesos.

Medios de comunicación y algunos colegas parlamentarios han indicado que son unos setenta mil niños, niñas y adolescentes los afectados por esta deuda. Pero es necesario hacer una precisión para dimensionar el problema en su real magnitud.

Cuando se habla de 70 mil personas, se alude al promedio de los últimos cinco años: el 2015 se decretó el pago de 79 mil pensiones, y 71 mil de ellas no fueron cumplidas; el 2016 se decretaron 76 mil pagos, y 67 mil no fueron cubiertos, y así sucesivamente.

Para un 85 por ciento de los deudores se han emitido órdenes de arresto. Solo 300 cumplen con detención nocturna. ¡Y no es que el resto haya pagado su deuda! Algunos lo hacen parcialmente; otros se comprometen a hacerlo, y muchos ni siquiera logran ser ubicados por las policías. Esto explica por qué entre el 28 y 31 de julio del presente año presenciamos largas filas de mujeres en los tribunales de familia solicitando la retención del 10 por ciento de los progenitores deudores. ¡Solo durante esos cuatro días se ingresaron 210.104 solicitudes de retención!

Podríamos seguir revisando datos, que solo permitirán ratificar la percepción de que el sistema de cobros de pensiones alimenticias es altamente ineficiente. Aquí fallan cuestiones muy particulares: se produce el desapego y la falta de compromiso de quien debe pagar la pensión, y falta efectividad en los procedimientos institucionales para ubicar, perseguir y sancionar a quienes no cumplen con su obligación.

¿De qué sirve tener leyes que pocos respetan y menos cumplen?

Por mucho tiempo hemos visto el cuidado personal de los hijos y la pensión de alimentos como asuntos que deben ser resueltos entre particulares. Las cifras hoy, una vez más, nos demuestran que estos problemas son de carácter social y requieren de la intervención del Estado.

Un estudio realizado el año 2014 por investigadores de la Universidad Católica identificó siete nudos críticos que favorecen la elusión del pago de pensiones: entre ellos, procesos de mediación mal implementados; dificultades en las prácticas para notificar al padre renuente a pagar la pensión; problemas para determinar la capacidad económica real del deudor, y dificultades para hacer efectivos los apremios personales que la ley contempla para persuadir a los deudores de alimentos.

El Ministro de Justicia dijo que se estaba estudiando una legislación. Yo le quiero recordar, con el mayor respeto que me merece el señor Ministro, que en mayo de este año el Gobierno ingresó un proyecto que busca incorporar a los deudores de pensiones alimenticias al boletín comercial. Pero, aunque no nos cansamos de afirmar que los niños están primero, a dicha iniciativa no se le ha dado ningún tipo de urgencia.

El proyecto que votamos hoy allana en cierto modo el pago de la obligación por alimentos y demuestra que se pueden establecer ciertas coordinaciones entre la justicia y, en este caso, las administradoras de tales fondos para ubicar a los progenitores deudores. Curiosamente, en este aspecto las AFP resultan ser más eficientes que la policía para encontrar a los infractores. No obstante, sigue siendo solo una medida circunstancial que no termina de resolver el serio problema de la morosidad. Hubiera sido más efectivo que la retención tuviera carácter obligatorio, incluso sin mediar la solicitud de retiro de fondos.

Lamentablemente, una vez más queda de manifiesto la vulnerabilidad de los niños, las niñas y adolescentes frente a un sistema que hasta ahora no ha logrado conseguir que sus padres cumplan con el deber mínimo de pagar mensualmente una pensión alimenticia.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor Quinteros vota a favor.

Han solicitado adelantar su voto, sin derecho a fundamentar, los Senadores señores Ossandón y García-Huidobro.

Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- A favor, Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Vota a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidenta.

Lo han dicho varios de los Senadores que me antecedieron: tenemos un grave problema de fondo, que es la falta de compromiso de muchos padres chilenos para pagar las pensiones de alimentos que los tribunales han decretado en favor de sus hijos o de otras personas.

Es una realidad que existe hace mucho tiempo, pero que hoy día, a la luz de la discusión de este asunto, toma visibilidad.

Por eso, yo aplaudo la iniciativa del Gobierno, que nos informara hoy día el Ministro de Justicia, de conformar una mesa de trabajo para abordar la cuestión de fondo que aquí ha quedado al descubierto, aunque ya todos conocíamos de su existencia, para mejorar la legislación respectiva.

Y aprovecho de recordar lo que señaló el Ministro -situación a la que aludía el Senador que me antecedió- respecto del proyecto que presentó el Gobierno para que los deudores de pensión alimenticia ingresen al Boletín Comercial. Efectivamente, la iniciativa no ha seguido su tramitación porque se decidió, para tener una sola legislación, que sería abordada en conjunto con todas las medidas a que llegue como conclusión la mesa que está trabajando y que esperamos que asuma su cometido con el sentido de urgencia que el asunto requiere.

Señora Presidenta, yo soy una de las parlamentarias que no le dieron su voto favorable al retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, por los argumentos que esgrimí cuando vimos ese proyecto.

Sin perjuicio de ello, soy absolutamente respetuosa de las leyes vigentes en nuestro país. Y hoy día esa reforma constitucional constituye una legislación válida y, por lo tanto, hay que buscar cómo solucionar el problema que hemos visto para que, con la excepción establecida en esa reforma, los deudores de pensiones alimenticias no retiren su 10 por ciento y evadan el pago de la pensión correspondiente.

Y a raíz de esa situación, se presenta este proyecto del Gobierno, que de alguna manera viene a establecer medidas cautelares para resguardar que eso no suceda.

Son varias las medidas cautelares, particularmente dos.

Una establece que los acreedores de pensiones de alimentos pueden solicitar de oficio que se informe por parte de los tribunales a las AFP para que retengan el 10 por ciento.

Y, de la misma manera, se les impone una obligación a los tribunales de familia para que en forma periódica informen de oficio, aun cuando no haya sido solicitado, el listado de todas las pensiones pendientes que se encuentren devengadas o ejecutoriadas, que ya estén líquidamente determinadas.

Creo que la urgencia de este proyecto queda de manifiesto por el hecho de que ya se han retirado muchos fondos de pensiones, y algunos han recibido el dinero en una sola cuota o ya les han pagado la primera cuota. Y de no aprobarse rápidamente esta iniciativa, va a significar el correspondiente perjuicio para aquellas personas que ven en esta medida una forma de poder pagarse de las pensiones adeudadas.

Por eso, y entendiendo la urgencia que requiere la ley en proyecto -como decía el Ministro, ojalá fuera publicada antes del sábado-, agradezco el trabajo de la Senadora Allende y de la Senadora Rincón, quienes presentaron indicaciones. Y con el ánimo de no retardar la entrada en vigencia de la ley y porque su discusión no generaba acuerdo y nos ocasionaba dudas a unos y otros, que manifestábamos opiniones distintas, retiraron la mayoría de sus indicaciones, con lo cual hicieron posible que hoy día estemos votando el proyecto. Reconozco su trabajo y su permanente compromiso con niños, niñas y adolescentes -como lo tenemos la mayoría de los Senadores y las Senadoras-, compromiso que ellas demostraron hoy día en la Comisión. Y eso también hay que relevarlo y reconocerlo.

Señora Presidenta, este es un buen proyecto, que logra su objetivo. Todo siempre puede...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Un minuto, Senadora.

La señora EBENSPERGER.- Todo siempre puede ser mejor, pero creo que esta iniciativa cumple con la finalidad de resguardar que aquellos que van a retirar el 10 por ciento de sus ahorros previsionales y que sean deudores alimentarios paguen con cargo a ese beneficio dichas pensiones de alimentos.

Voto a favor del proyecto, al igual como lo hice en la Comisión de Constitución.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señora Presidenta, han solicitado adelantar su voto, sin fundamentación, los Senadores señores Harboe y Guillier, la Senadora señora Van Rysselberghe y el Senador señor Kast.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- De acuerdo.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.- A favor, Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.- A favor, Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.- A favor, por supuesto, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Vota a favor.

El Senador señor Insulza ha solicitado adelantar su voto sin fundamentación.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.- Voto a favor, Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.- ¿Señora Presidenta?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra.

La señora ALLENDE.- Señora Presidenta, voy a fundamentar mi voto.

Quiero partir por señalar que la reforma constitucional que logramos aprobar, que permite el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales -tan ampliamente criticada por el Gobierno-, ha mostrado que a pocos días de su entrada en vigencia más de siete millones de afiliados han realizado el trámite. Por lo tanto, esto nos está demostrando lo que expresamos en algún momento: la necesidad de la población de contar con esos recursos.

Pero más allá de ese hecho, afortunadamente era una excepción a la inembargabilidad de los recursos el caso de las pensiones alimenticias, a fin de asegurar su pago.

Y por eso es tremendamente necesario lo que estamos discutiendo en este momento.

Porque, desgraciadamente, como aquí se ha expresado, más del 84, 86 por ciento de los padres -y digo "padres" porque más del 90 por ciento son hombres- no cumplen esa responsabilidad con sus hijos, lo que es extraordinariamente doloroso y les ha significado a cientos de miles de mujeres la humillante situación de desfilar por los tribunales de familia tratando de conseguir que ese padre cumpla con sus compromisos.

No solo aquello: hemos firmado la Convención sobre los Derechos del Niño y hablamos de un derecho humano que tenemos que garantizar.

Y más adelante sería bueno que el Ministro de Justicia, quien ha anunciado la implementación de una mesa técnica al respecto, considere incluso una participación más activa del Estado. Porque está demostrado que las medidas que hasta ahora se han tomado, que van desde la reclusión nocturna, pasando por la no devolución de los impuestos y la no renovación de la licencia de conducir hasta el arraigo nacional han resultado absolutamente insuficientes.

Por lo tanto, tenemos un problema mayor. No podemos seguir permitiendo esta cultura de impunidad por el no pago, a veces con complicidad de empleadores.

Y repito: la humillación para las mujeres, y lo que es más grave... (falla de audio en transmisión telemática)... y las consecuencias que significan para esos niños, niñas y adolescentes.

No es posible que digamos tan fácilmente: "Mire, se deben 180 mil millones de pesos en pensiones de alimentos". Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que tendrían que haberse visto favorecidos con las medidas decretadas de liquidaciones de las pensiones alimenticias.

Lo que se ha suscitado -ha sido impactante- con el retiro voluntario de fondos previsionales, en que una gran cantidad de mujeres ha solicitado que de ese dinero se les considere la pensión alimenticia, motivó una rápida respuesta, por un lado, del Gobierno -y lo reconozco: aquí está el Ministro de Justicia presente-, y también de parte de la Corte Suprema.

Tal como explica el Ministro de Justicia, este proyecto busca cumplir con el pago de esa deuda alimentaria, facilitándolo a través de estas medidas cautelares.

Y creo que esto es tremendamente importante.

Por eso reconocemos y apoyamos que se haga todo lo posible por acelerar el procedimiento de retención a través de esta medida cautelar especial, que tiene efecto desde la notificación en los medios electrónicos a las AFP; que establece la obligación de estas de consultar a los afiliados, como hoy día ocurre, si tienen o no deuda por alimentos para que se suspenda el retiro; que dispone que los tribunales envíen periódicamente la nómina de los deudores de pensiones a las AFP para suspender los pagos, y a su vez estas últimas deberán informar a los tribunales la nómina de quienes ya hayan efectuado el retiro y sean deudores de alimentos, entregando, además, toda la información de su domicilio, la cuenta donde se les depositó, etcétera.

Junto con la Senadora Rincón, con quien participamos activamente en la Comisión, como se ha dicho, formulamos una serie de indicaciones, recogiendo observaciones que nos hicieron presente tanto la vocera de la Corte Suprema, Ministra Chevesich, como la jueza de familia Mónica Jeldres. Nosotros recogimos esas observaciones a través de estas indicaciones.

Sin embargo, como se mencionó, en aras de acelerar la tramitación del proyecto para que lo pudiésemos aprobar y de que sea ley lo antes posible este mecanismo para lograr que se cumpla -con una proactividad del proceso judicial- con esta deuda alimentaria, decidimos retirar nuestras indicaciones.

Pero queremos señalar que sí esperamos que efectivamente en este procedimiento... (falla de audio en transmisión telemática)... Poder Judicial puedan hacerlo cumplir.

Una última observación, señora Presidenta, que es muy importante.

Esto solo tiene aplicación para aquel afiliado que retira voluntariamente sus fondos. Así como el Ministro reconoció nuestra disposición de retirar las indicaciones para que se le diera celeridad al tratamiento de esta iniciativa, también reconoce que van a estudiar la reforma constitucional que hemos propuesto junto con la Senadora Rincón y otros parlamentarios a fin de que la retención de los fondos para conseguir que esa madre recupere lo que se le debe se aplique no solo a aquellos que retiran voluntariamente el dinero, sino incluso a quienes no tienen la voluntad de sacar sus fondos.

Esto es extraordinariamente importante porque amplía el universo e impide que muchos padres, con tal de que no se les cobre esa pensión adeudada, prefieran no retirar los fondos.

Aquí estábamos entregando un instrumento.

Espero, como dijo el Ministro, que también se le dé celeridad al estudio de la otra iniciativa.

Yo convoco a nuestros compañeros y compañeras Senadores a poder tratar esta reforma constitucional, porque nos va a permitir ampliar este universo y lograr algo. Todos estos son meros instrumentos, porque aquí hay una cultura de no pago, de impunidad, de complicidad con empleadores, de no registrar los cambios de domicilio, en fin, las mil argucias que se emplean para no cumplir con este deber, con esta responsabilidad como padre, que, además, afecta tanto a las mujeres, porque este es un tema de género. En la gran mayoría de estos hogares son mujeres las jefas de hogar, las cuales tienen que valerse por sí solas y salir adelante.

Aquí, y se lo digo al señor Ministro, el Estado también debe jugar un rol más activo.

Espero que en la mesa técnica que él ha anunciado tenga en consideración eso. Hay otros países en donde el Estado suplementa cuando existen estas deudas, y después el Estado se cobra. Yo no sé si es el mejor método. Lo que quiero es que se termine con esta cultura de impunidad. Y deseo también un rol activo del Estado.

Pero, sobre todo, quiero que aprobemos también la reforma constitucional, que la veo como complementaria. Permite llegar a un mayor universo. Hace posible que muchas mujeres consigan a través del retiro del 10 por ciento que se les pague esta pensión alimenticia sin tener que esperar que sea el afiliado el que lo haga voluntariamente, constituyéndose en un instrumento que permita de manera forzosa que esas mujeres accedan a su pensión alimenticia.

Por lo expuesto, señora Presidenta, me alegro mucho de que vayamos a aprobar este proyecto, me imagino que unánimemente. Es un tremendo paso.

Yo felicito...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senadora Allende.

La señora ALLENDE.- Voto a favor, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Allende vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.- Señora Presidenta, voy a fundamentar brevemente mi voto, porque es muy difícil, pues somos pocas mujeres en el Senado, que representamos a muchas más que hoy día están esperanzadas con este proyecto de ley.

De las 5,5 millones de familias que hay en este país, el 40 por ciento, más de dos millones, tienen lo que uno llamaría "jefas de hogar", es decir, mamás que están solas criando a sus hijos.

Solo quiero hacer una reflexión que es mucho más profunda que únicamente pensar en por qué no hemos sido capaces como Estado de resolver un tema que lleva tantos años.

La pregunta es por qué en esta sociedad chilena consideramos que son las madres las responsables finales de los hijos. El 85 por ciento de deuda de pensión alimenticia es mucho más que los 180 mil millones de pesos. Tiene que ver con el desamparo de muchas mujeres y de muchos hijos, pero, sobre todo, con cómo entendemos la familia, cómo entendemos que cuando se procrea a un hijo hay un padre y una madre.

Entonces, se trata de un tema mucho más profundo. E implica un cambio cultural en que el Estado evidentemente debe proteger a los niños y a sus madres.

Pero, más allá de lo legal, hay algo que nos debiera cuestionar: el cómo hemos educado, porque finalmente si un padre evita pagar la pensión que en legítimo derecho tienen los hijos lo más probable es que también de alguna manera ese niño, que fue víctima de ese padre, termine replicando las conductas. Este es otro tipo de violencia, violencia -yo diría- económica. Porque no todos los padres que no pagan pensión carecen de recursos; hay muchos que los poseen, pero una forma de castigar a esa mujer que hoy día ya no es su pareja es justamente negándole la pensión de alimentos.

Hace dos años, con la Senadora Muñoz, el Senador Huenchumilla y el Senador Kast presentamos un proyecto -lo comentamos con el Ministro de Justicia y la Ministra de la Mujer de esa época- que establecía la obligación, como lo dijo recién el Senador Letelier, de informar el domicilio al Estado a través, por ejemplo, de la página del Registro Civil.

Pedimos varias veces que nos acogieran este proyecto, que lo vieran. Porque muchas personas vinculadas al tema de familia nos indicaron que uno de los grandes problemas es la notificación: las direcciones no son las correctas y, finalmente, es muy difícil que las causas avancen.

Sé que hoy día el Ministro ha manifestado su preocupación por implementar una mesa de trabajo en torno a esta materia. Yo les pediría que vuelvan a revisar nuestro planteamiento. Sé que eso puede implicar una pestaña más en el sistema del Registro Civil. Pero hay tanta preocupación muchas veces por pagar deudas universitarias, la cuenta de la luz, la cuenta del teléfono, cuando probablemente la cuenta que más debiera preocuparnos es la de las deudas de pensión de alimentos. Esa es la que moralmente más duele a una sociedad, que efectivamente tiene un porcentaje altísimo de mujeres empobrecidas, con dos o tres trabajos, que hoy día lo han pasado pésimo debido a que, además, no les pagan una pensión de alimentos, y a veces pasan una vida entera esperando algo que jamás va a llegar. Quien no tiene abogado para perseguir estas causas, que es la mayoría, simplemente se pierde en el olvido de una cifra más, que es altísima.

Yo voy a aprobar este proyecto.

Y le quiero agradecer a la Senadora Allende que me haya invitado a patrocinar una iniciativa que tiene que ver con la obligatoriedad. Porque lo que va a ocurrir ahora es que probablemente muchos deudores no van a retirar su 10 por ciento, pues se verán tentados a no hacerlo puesto que retirarlo va a significar para ellos que no reciban el total que esperaban. Si bien se ha planteado que es inconstitucional, creo que el Gobierno tiene que verlo o explorar otra alternativa.

Es escandaloso que, a partir de esta situación puntual de la pandemia, tengamos que darnos cuenta de una deuda que es gigantesca.

Muchos de los problemas que hoy día sufren los niños, de temas sociales, de las mismas situaciones de violencia infantil, del Sename y muchas cosas más, tienen que ver con el hecho de que las madres, para poder darles de comer a sus hijos, deben trabajar en extensos horarios y dejarlos solos, porque no tienen otra manera de sobrevivir.

Entonces, esta no es una deuda solo de aquellos que deben, que son muchos, sino también nuestra como sociedad, que no hemos sido capaces de instalar valores que impliquen un concepto de responsabilidad con algo tan importante como son los niños y la familia.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Aravena vota a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, por supuesto que es un motivo de envergadura establecer a través de este procedimiento, que involucra la retención judicial de los fondos previsionales, la posibilidad del pago de las pensiones de alimentos.

Digo aquello porque hemos visto una verdadera avalancha en los juzgados de familia originada por la necesidad de retener el 10 por ciento de los fondos previsionales para el pago de las obligaciones alimentarias que muchos trabajadores chilenos tienen con sus niños, niñas y adolescentes.

En ese contexto, por supuesto que vamos a aprobar este proyecto de ley.

Pero, además, con las Senadoras Ximena Rincón, Carmen Aravena e Isabel Allende presentamos proyectos de ley que van en la dirección de establecer la subrogación. Porque puede ocurrir aquí que haya un desincentivo para que los trabajadores soliciten el 10 por ciento de sus fondos previsionales, pues finalmente mantienen deudas atrasadas con sus alimentarios.

Ese es el primer tema.

El segundo tiene que ver con el Ministro de Justicia.

No sé si todavía está en línea, pero quiero mencionarle que existe un proyecto de ley sobre facilitación del pago de las pensiones de alimentos en tiempos de normalidad, del cual soy coautor, y que fue despachado del Senado y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados. Hubo un trabajo legislativo extraordinariamente potente con la presencia de jueces, de los Ministros del ramo; que logró finalmente zafar el primer trámite en nuestra Corporación y que llegó a la Cámara de Diputados, pero no ha habido mayor urgencia legislativa para sacarlo adelante.

Quiero decir también que uno de los que colaboraron, en su calidad de Senador de la República y miembro de la Comisión de Constitución, para los efectos de llegar a un buen articulado en ese proyecto de ley fue justamente el actual Ministro de Justicia, señor Hernán Larraín.

En consecuencia, por intermedio de la Mesa, quiero pedirle al Ministro de Justicia -y con esto termino- que le dé continuidad a la tramitación de esos proyectos, porque cuando logramos zafar o sacar una iniciativa de tal envergadura del primer trámite constitucional finalmente se le pierde la pista. Por tanto, es muy importante que el Ejecutivo siga el trámite de dichos proyectos.

Tenemos iniciativas como la de etiquetado de bebidas alcohólicas que está desde hace seis años -¡seis años!- en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, sin ningún tipo de urgencia legislativa.

Lo mismo ocurre con el proyecto de ley que señalo, sobre facilitación del pago de las pensiones alimenticias, que después de muchas sesiones en su proceso legislativo logró sortear el primer trámite constitucional.

Por lo tanto, por supuesto que comparto la iniciativa que ahora estamos votando.

Felicito a las Senadoras Aravena y Allende; a la Senadora Ximena Rincón, quien me permitió acompañarla en la presentación de un proyecto de igual naturaleza, el cual además viene en segundo trámite; a los Diputados y a las Diputadas que contribuyeron en ello, y al resto de las Senadoras y de los Senadores que trabajaron en esta materia, entre los cuales se halla la Senadora Ximena Órdenes.

Sin lugar a dudas, estamos disponibles para seguir empujando proyectos de ley de esta naturaleza, porque con esto empezamos a generar espacios e instrumentos que harán justicia con los alimentarios, con los niños, niñas y adolescentes, respecto de los cuales existen deudas impagas en materia de pensiones de alimentos.

Voto favorablemente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor Huenchumilla ha solicitado adelantar su voto sin fundamento.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Muchas gracias.

El Senador señor Huenchumilla vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.- Señor Secretario, voy a fundamentar mi voto.

Como ya lo han dicho varios colegas, el proyecto que permitió el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, sin duda, fue una ayuda para muchas familias chilenas, pero también vino a revelar la enorme dificultad existente en el cobro de las pensiones de alimento.

Hemos visto cómo se mantiene una deuda importante por el no pago de ellas, y queda claro que necesitamos modificar el sistema por medio del cual se hacen efectivos este tipo de obligaciones.

Nuestro sistema está absolutamente obsoleto frente al nivel de morosidad que mantienen muchos padres que no entienden su responsabilidad con respecto a sus hijos.

No cabe duda de que el proyecto que hoy día estamos discutiendo viene en alguna medida a entregar una herramienta para lograr el cobro de las pensiones alimenticias.

Yo voy a votarlo a favor, pero, sin perjuicio de ello, quiero hacer dos prevenciones que mencioné esta mañana en la Comisión de Constitución y que me gustaría que quedaran para la historia de la ley. En el afán de que este proyecto saliera rápidamente y evitáramos un tercer trámite no se corrigieron a mi juicio dos situaciones que no podemos dejar pasar.

La primera es que la iniciativa discurre sobre un plazo de 48 horas para que los tribunales de familias resuelvan las solicitudes sobre retención del 10 por ciento que se presenten. Al respecto, recordé en la mañana en la Comisión de Constitución que los plazos en nuestra legislación tanto en materia civil como en materia procesal son de días (no existe el plazo de horas), y, además, de días hábiles.

Como consecuencia de ello, acá se está estableciendo una nueva forma de computar los plazos, en que los tribunales de familia, que funcionan en días hábiles, esto es, de lunes a sábado, teóricamente van a tener que trabajar días festivos o domingos si el término del plazo coincide con la solicitud que han hecho los demandantes.

La segunda situación tiene que ver con qué ocurre cuando un alimentante es objeto de varias demandas de alimentos.

Al contrario de lo que se sostuvo esta mañana, creo que esta situación no se encuentra resuelta en nuestra legislación, dado que la ley que regula los tribunales de familia, así como también las normas relacionadas con el pago de pensiones alimenticias, no discurren en la situación de qué sucede cuando a un mismo deudor se le están cobrando varias pensiones de alimentos a la vez.

Por esa razón en la Comisión de Constitución se rechazó por 3 votos contra 2 una propuesta que a mí me parecía correcta, presentada por las Senadoras Rincón y Allende, cuyo propósito era establecer que en tal caso debía acumularse en el tribunal que estuviera conociendo de la primera solicitud de retención, es decir, el más antiguo, el resto de las solicitudes, y, a partir de ello, producirse el pago.

Hago esta prevención porque, como decía, la ley sobre tribunales de familia, como asimismo la legislación civil, no contemplan normas especiales para determinar qué ocurre, por ejemplo, con las preferencias del pago cuando existen varias pensiones de alimentos respecto de un mismo deudor, lo que obviamente en este caso puntual puede generar un problema, dado que no está resuelto qué sucede con la primera retención: por ejemplo, si el que logra retener primero se paga antes del que llega segundo, en fin.

Ese tema a mi juicio no quedó bien resuelto en la ley.

No hicimos mayor cuestión de esto, porque entendimos los argumentos del Ministro de Justicia en orden a que querían que este proyecto saliera luego a fin de poder darles una herramienta eficaz a muchas mujeres que necesitan cobrar sus pensiones de alimentos.

Queda pendiente también, como se ha dicho, qué pasa en aquellos casos en que el titular de la deuda de pensión alimenticia no quiere solicitar el retiro del 10 por ciento de sus fondos previsionales.

Nosotros esperamos que el Gobierno recoja lo que se ha presentado en el Senado a través de una reforma constitucional en cuanto a permitir una suerte de subrogación en el cobro para que los alimentarios puedan exigir el pago de la pensión de alimentos.

Dicho todo lo anterior, señora Presidenta, voto a favor de esta iniciativa.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Araya vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.- A favor, Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor Castro vota a favor.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.- Voy a fundamentar el voto, señor Secretario.

Quiero consignar lo que son las vueltas de la vida.

Resulta muy paradójico que ahora exista absoluta unanimidad en torno a una iniciativa que hace cuánto, ¿tres semanas?, dividió tremendamente al Parlamento, al Gobierno (hubo cambio de gabinete después de ello), producto de una reforma constitucional que impulsamos para retirar el 10 por ciento de los fondos previsionales.

A diferencia de los discursos catastrofistas, apocalípticos en el sentido de que esto iba a provocar el caos económico, la caída de la bolsa y decenas de situaciones poco halagüeñas, hoy día vemos cómo el Ministro de Economía señala que se nota una reactivación económica, que hay mayor consumo y, con ello, una mejoría en distintos rubros.

¿Y qué tenemos en este proyecto? Unanimidad para fijar la retención de recursos respecto de las pensiones de alimentos.

Esto también debiera llevarnos a una reflexión mucho mayor: que cuando las discusiones se hacen desde las trincheras ideológicas, de asentarse en que era una situación imposible, que no correspondía bajo ninguna naturaleza disponer del 10 por ciento de los fondos previsionales, es simplemente tener la mente estrecha, una visión cerrada para no querer entender la magnitud del problema.

Lo que ocurre en Chile, además de la pandemia y de la cesantía, es que tenemos un país tremendamente desigual, en el cual se ocultan y se invisibilizan situaciones brutales como el no pago de las pensiones de alimentos. Así como durante mucho tiempo se invisibilizaron, por ejemplo, aspectos del abuso contra menores, de abusos sexuales en la iglesia o en otras instituciones, creo que aquí también ha quedado en evidencia, a propósito del retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, de esa indicación que se introdujo al proyecto de ley que determinaba que no eran sujeto a retenciones salvo en materia de pensiones de alimentos, una situación que era evidente.

Entonces, hoy día surgen tribunales colapsados por la cantidad de demandas que se están presentando; vemos a empleadores que están mirando para el techo, y se convoca a una mesa de trabajo, que me parece bien. Pero, ¿sabe, Ministro Larraín? Con todo respeto se lo señalo: ¡estamos llenos de mesas en este país para cuanta cosa hay!

Hagamos una legislación efectiva, y no solo por el 10 por ciento, si esa es una medida pasajera. Aquí debe haber un cambio de fondo. Y digámoslo con toda franqueza, ojalá que nadie se enoje: cuando nosotros hablamos de esta cantidad de deudores, debe de haber gente bastante cercana a uno también que tiene adeudado el pago de ese tipo de pensiones.

Y nos hacemos los lesos; como que esto fuera un problema de otros. ¡No! Este es un problema de miles de personas. La cantidad de gente, de mujeres principalmente, que a uno se le acerca planteando asuntos de esta índole es enorme. Nos cuentan casos dramáticos de padres de alimentantes que ya no existen, que ya los borraron de su mente porque el cansancio, el agotamiento de tener que bregar todas las semanas, todos los meses por la pensión de alimentos es algo que se torna insostenible.

Esa mujer principalmente, esa jefa de hogar asume una situación dolorosa y ha de vivir estirando el presupuesto, echando mano a sus redes familiares, los abuelos, los papás, o empleando alguna fórmula de ese tipo. ¡Y la sociedad se hace la lesa ante ello!

No seamos hipócritas, porque seguramente en el entorno donde uno trabaja también se dan ese tipo de situaciones. Y si nos vamos a la Administración Pública, deben de haber muchos actores también, funcionarios y funcionarias, que se encuentran en ese caso.

Pero invisibilizamos el problema, y realizamos mesas de trabajo, generamos iniciativas grandilocuentes que no van al fondo del asunto. El fondo del asunto es que debe haber un registro de deudores; tiene que existir un trabajo más eficiente de los tribunales de familia. Conversamos sobre el particular con las magistradas, y nos contaban casos conmovedores. Además, en esto uno no tiene que recurrir a la literatura ni a la academia: simplemente debe preguntarles a vecinos, a nuestros electores en el territorio que representamos, porque son cosas realmente dramáticas.

Ahí yo pongo en el centro a la jefa de hogar, a esa mujer que ha tenido que enfrentar con dignidad, pero muchas veces con dolor y con un sobretrabajo tremendo la economía familiar, principalmente la educación y la alimentación de sus hijos. Por lo tanto, obviamente, qué bueno que estemos todos votando a favor de esta iniciativa. Pero veamos cuál es el origen de esto.

El origen fue precisamente un proyecto que forzamos majaderamente hasta poder conseguir el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales. Y eso ha destapado una realidad. El retiro del 10 por ciento es excepcional, por una sola vez, producto del estado de catástrofe. Lo que nosotros necesitamos -por favor, deme da un minuto más, señora Presidenta- es contar con una política permanente; que esta legislación se despache lo antes posibles y se coordine con un buen trabajo. El Poder Judicial ha estado a la altura, generando iniciativas, avanzando y anticipando medidas para los efectos de hacer las liquidaciones y las retenciones correspondientes.

Ello me parece muy bien.

Sin embargo, debemos establecer una legislación de fondo, porque el 10 por ciento se va a acabar ahora o en un año, y lo que nosotros precisamos son políticas permanentes.

Así como abordamos los abusos en materia de la iglesia o lo relativo a los hijos legítimos e ilegítimos, situaciones en las cuales el país se hacía el leso; las nulidades de matrimonio, en que establecimos el divorcio, y también legislamos en materia del aborto, creo que es tiempo también de enfrentar de fondo y de manera mucho más sistémica el pago efectivo de las pensiones de alimentos.

Voto absolutamente a favor de este proyecto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor De Urresti vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.- Voy a justificar el voto, señora Presidenta.

La iniciativa que estamos votando establece que se podrá decretar la medida de retención del retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales con el fin de cautelar los derechos derivados de pensiones de alimentos y la necesaria satisfacción de los requerimientos de salud, educación, vestuario, transportes, entre otros, porque constituyen un derecho humano fundamental. Y, en consecuencia, el no pago de las pensiones de alimentos por parte de padres y madres constituye un atentado contra los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Lamentablemente, las estadísticas del incumplimiento de las resoluciones judiciales que establecen el pago de pensiones de alimentos son realmente vergonzosas. De acuerdo con las cifras que figuran en el sistema, el 84 por ciento de los demandados por este tipo de pensiones simplemente no las pagan, pese a tratarse, como se indica, se difunde y se reconoce, de un derecho humano.

El pago de alimentos es precisamente una responsabilidad del deudor; pero existen normas y herramientas que obligan al Estado a garantizar el cumplimiento de este derecho en beneficio fundamental de menores de edad. Ese es el beneficio por el cual hoy día estamos todos legislando y trabajando.

Esta medida implica permitir que dichas obligaciones se paguen con el porcentaje de fondos previsionales cuyo retiro ha sido autorizado extraordinariamente producto de la pandemia del COVID-19 que nos afecta a todos, y que obviamente también está perjudicando a menores de edad que hoy día no reciben ninguna ayuda, ningún beneficio de parte de quienes son deudores de pensiones alimenticias.

Por lo tanto, esta norma se encuentra plenamente justificada, así como la medida cautelar, pronta y oportuna, a través de medios de notificación electrónica, que permitan efectivamente que se notifique y, por supuesto, que el deudor se ponga al día en el pago de estas cuentas, que al no ser canceladas perjudican a niños, niñas, jóvenes menores de edad indefensos, quienes también sufren producto de la pandemia.

Al 11 de agosto había 421.892 solicitudes en tramitación. Por eso manifiesto mi aprobación al presente proyecto de ley. Ojalá que un Poder del Estado como el Judicial pueda llegar a cada una de estas personas a fin de lograr finalmente que los menores de edad, los beneficiarios, tengan también un mejor destino en esta pandemia que nos perjudica a todos los chilenos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Cómo vota, señor Senador?

El señor DURANA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Durana vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.- Voy a fundamentar el voto, señora Presidenta.

El hecho de que estemos discutiendo hoy este proyecto de ley no se debe a otra cosa sino que al total fracaso de nuestra legislación para cobrar las pensiones de alimentos.

Ya lo han dicho muchos de mis antecesores: el 85 por ciento de quienes deben pagar dichas pensiones simplemente no lo hacen. Más allá de todas las medidas que existen en la ley (eventuales retenciones de sueldos, órdenes de arresto, de arraigo, en fin), el hecho es que la inmensa mayoría de aquellos que deben pagar pensiones de alimentos no cumplen con esta obligación.

Esto no solo es el 85 por ciento de pensiones alimenticias impagas, sino que significa una enorme cantidad de dinero: más de 180 mil millones de pesos. Creo que algunos decían 200 mil. Cualquiera que sea el monto, es impresionante.

Y, frente a este total fracaso, estamos buscando una medida un poco desesperada, si se quiere, en virtud de una modificación constitucional que es muy particular y que permite un eventual retiro del 10 por ciento de los fondos ahorrados para pensiones.

El fracaso de esto viene por muchas razones. A mí me ha tocado vivir de cerca situaciones relacionadas con intentar cobrar alimentos y que, para variar, han fracasado normalmente. Ello tiene que ver con que no hay buenas normas de acumulación de causas; con que el procedimiento de liquidación de deudas de alimentos es sumamente lento y engorroso; con que las medidas de apremio finalmente se entregan, y si transcurren 15, 20 días -ya no me acuerdo-, ellas pierden su validez y, por lo tanto, nadie sigue persiguiendo al deudor.

Por eso, veo que las madres al final sucumben frente a una selva de burocracia, a un procedimiento que resulta caro, engorroso, muchas veces humillante y que no llega a ningún sitio.

Así que el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en el sentido de dar la posibilidad de esta retención a mí me parece valioso. Hay que recordar que se trata de una ¡retención!, y se han tomado varias medidas: una notificación muy rápida a las AFP; un periodo extraordinariamente breve del tribunal para enviar la solicitud de retención a la administradora de fondos de pensiones; la obligación de mantener informadas a las AFP, durante esta ventana de un año que se ha abierto, de que tienen alguna situación de alimentos quienes están retirando recursos; el deber de la administradora de preguntarle a la persona que retira si tiene o no alguna deuda alimentaria, en fin. Hay una serie de medidas que de alguna u otra manera ayudan a resolver una situación que históricamente ha sido grave y que yo creo que nos obliga a reflexionar, porque -ya lo decía el Senador Chahuán- hace varios años que salió del propio Senado una modificación que, se suponía, venía a arreglar muchos de los problemas que se han observado y en la que participaron expertos -entre ellos, el propio Ministro Larraín cuando era Senador-, pero la cosa simplemente quedó durmiendo en la Cámara de Diputados.

Esa poca consistencia en la tramitación de proyectos tan importantes es, a mi juicio, lo que al final nos pasa la cuenta frente a la ciudadanía.

En la Comisión de Constitución hoy día en la mañana se dio una discusión muy interesante respecto de este proyecto, y yo diría que se centró en tres órdenes de cosas: en el tema de acumulación de causas; en lo relativo a criterios de repartición -es decir, qué pasa si hay muchos alimentarios distintos para un mismo alimentante-, y también en lo concerniente a una eventual subrogación del deudor de alimentos.

Cada uno de esos temas tuvo su discusión, y finalmente fueron resueltos por la Comisión.

A mi entender, el criterio de repartición frente a diferentes tipos de alimentarios figura en una norma sustantiva del Código Civil, que tiene que ver con la fijación de los alimentos. Y creo que se debiera ocupar también a la hora de resolver la situación cuando existen varios alimentarios distintos.

En lo que respecta a la acumulación de causas, tuvimos la duda en la Comisión de si era conveniente o no hacer eso. Es cierto lo que dijo el Senador Araya, de que no existe un procedimiento de acumulación de causas en alimentos. Pero nos bajó la duda de si en este caso ayuda o no eventualmente la acumulación de causas para obtener el pago o la retención de los fondos en la AFP.

Y, finalmente, le dimos también vueltas a la subrogación, que es la parte principal de los proyectos de reforma constitucional que han presentado otros Senadores.

La subrogación -y quiero detenerme aquí un momento- es una figura muy muy especial, y normalmente viene dada respecto de subrogarse en acreencias. Hay subrogaciones legales y subrogaciones voluntarias. Pero es una figura que yo creo que, llegado el momento de discutirla, será sumamente compleja de resolver. ¿Y por qué? Porque aquí técnicamente no existe una acreencia; hay un retiro voluntario, una potencialidad de acreencia. Y, por lo tanto, el hecho de que, bajo una modificación constitucional, una alimentaria pueda subrogarse en el alimentante para expresar su voluntad de retirar fondos previsionales que a lo mejor el alimentante no quiere retirar, la verdad es que es una figura que yo anticipo que va a ser sumamente compleja de tratar. Es muy interesante desde el punto de vista jurídico, pero muy difícil de resolver correctamente.

Así que, habiendo dicho esto, Presidenta, naturalmente voy a votar a favor. Y abogo por que este drama, que se arrastra desde hace mucho tiempo y que persigue a tantos niños y madres, logremos resolverlo razonablemente.

No es para nada entendible que algo tan masivo como el no pago de alimentos no lo hayamos resuelto bien en tantos años.

Por lo tanto, con ese espíritu, voto a favor, Presidenta.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Galilea vota a favor.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.- ¿Ahí sí?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahí tiene audio, señor Senador.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, voy a votar favorablemente este proyecto. Creo que huelga decir las razones.

Esto implica, si usted quiere, un efecto colateral del retiro del 10 por ciento que no se previó en ninguna parte y que creo que va a constituir una tremenda buena noticia para muchas madres en particular, para esa gran mayoría que tiene una batalla diaria respecto de los padres que no cumplen con sus hijos.

Pienso que los argumentos jurídicos que he escuchado en esta discusión hay que mirarlos con atención. Lo que señaló el Senador Araya y, recientemente, el Senador Galilea sobre el tema de cómo tratar esto jurídica y procesalmente no es evidente. Recuerden ustedes que lo de las pensiones de alimentos en los tribunales de familia tiene características jurídicas distintas a los procedimientos más ordinarios o conocidos: no hay juicio ejecutivo, ni existe cosa juzgada en la pensión de alimentos.

Entonces, es una complejidad diferente el tema de tener pensiones de alimentos en relación con un número mayor de hijos y tal vez con distintas familias. Eso también agrega un elemento que, a mi juicio, se hace bien complejo de tratar: la acumulación de causas, si se establece o no una prelación a la hora de pagar, en fin. Lo concreto es que, entendiendo que están todas esas vicisitudes y elementos que hay que ir afinando, el Gobierno va enviar un proyecto para ver qué hacemos con respecto a aquellos que no solamente no se ponen con su mínima obligación como padres de colaborar a la manutención de sus hijos, sino que además se pueden resistir a retirar el 10 por ciento a objeto de que esos recursos no vayan en ayuda de sus hijos o de su exfamilia.

Yo entiendo que ese proyecto se va a enviar y que este otro lo vamos a aprobar.

En ese contexto, considero que debemos hacerlo, y es un efecto no deseado.

Presidenta, quiero hacer un alcance en estos dos minutos que me quedan, y ojalá se entienda bien y no de manera equivocada.

Escuché a varios de nuestros colegas -y les encuentro razón- hablar respecto a la insensibilidad, a la falta de cariño, a la falta de afecto, a la falta de responsabilidad de la paternidad. Pero quiero recordar -y no es una justificación- que el contexto es más amplio, porque ahí hay ciertamente una irresponsabilidad, una falta de sensibilidad, de cariño, de afecto, etcétera, pero también una liviandad con la cual se toman las paternidades. Y eso tiene que ver además con nuestra realidad nacional, con el número creciente de jóvenes chilenas -bueno, también pueden ser extranjeras- que tienen hijos siendo menores de edad. O sea, estamos hablando de padres involucrados en esas relaciones y que también tienen inmadurez para enfrentar estos procesos.

Entonces, eso tiene una dimensión mayor que solamente la pensión de alimentos. ¿Se le va a exigir una pensión de alimentos o hablar del retiro del 10 por ciento a alguien que seguramente ni siquiera trabaja ni cotiza en una AFP?

Por tanto, lo que tenemos es una situación de sociedad más compleja en la cual creo que nos falta mucho en el tema de la educación, de transmitir los valores correctos. Me parece que nuestra educación pública, la educación particular subvencionada en eso han fallado y que también hemos fallado como sociedad al inducir los valores incorrectos.

Por cierto, sí, aquí vamos a abordar algo bien delicado y se va a hacer justicia a centenares de miles de mujeres, de madres, ¡a centenares de miles! Porque esos son los números de las demandas que hay para retener el 10 por ciento. Y yo creo que esa es una tremenda noticia.

Nos va a presentar algunos temas jurídicos; habrá que abordarlos. Pero me parece que nos sigue quedando pendiente saber qué pasa en el subconsciente de muchos de mis compañeros de género que al final del día no cumplen con sus obligaciones mínimas, que no tienen por qué ser jurídicas.

A eso súmele usted el número importante de padres adolescentes que hay, los cuales tienen completa irresponsabilidad o inconsciencia respecto a lo que genera tener hijos.

Voto contento este proyecto de ley, señora Presidenta, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Entendemos que el Senador señor Lagos vota a favor, como lo señaló al principio de su intervención.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.- Señora Presidenta, señor Secretario, voy a fundamentar brevemente el voto.

Obviamente, este proyecto ayuda a reparar una situación de injusticia, de abandono, de irresponsabilidad, poniendo por delante el interés superior de niños, niñas y adolescentes y, sobre todo, también haciendo justicia en la gran mayoría de los casos a mujeres jefas de hogar, quienes deben lidiar con esta realidad y con esta -insisto- situación de abandono.

La iniciativa claramente ayuda a paliar una emergencia, a reparar una deuda, pero queda pendiente cuál será la política permanente. En eso estoy de acuerdo con los argumentos que se han dado.

Pondría, sí, un ojo, una especial atención en no solo aplicar la mirada punitivista. Es necesario aprender a distinguir los casos. Porque efectivamente hay personas que, teniendo los recursos, no cumplen con sus responsabilidades, sus obligaciones con sus hijos e hijas, lo cual amerita una sanción especial, medidas más de corte punitivo, pero tal vez se presentan muchas situaciones.

Con esto no estoy justificando, sino que tratando de entender la complejidad del problema social que hay detrás. Muchas veces, por precariedad laboral, por bajos salarios, por endeudamiento, no se puede cumplir. Como se decía anteriormente, está el caso de padres jóvenes, adolescentes, que no tienen ningún tipo de estabilidad laboral, de ingresos permanentes, y no pueden cumplir esas obligaciones.

Entonces, ahí hay una realidad social mucho más profunda, mucho más compleja, y la pura medida punitivista no soluciona nada.

Por lo tanto, es preciso buscar otros mecanismos o ver, de alguna manera, estos fondos sociales en que se presenta algún tipo de retención al momento de generar ingresos que puedan servir para pagar la pensión de alimentos, porque lo que está en juego es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Eso es lo que debiera prevalecer. Es necesario buscar mecanismos sociales, solidarios para ir en apoyo a esas familias y no favorecer la precariedad. El bienestar de los niños, niñas y adolescentes no debe depender exclusivamente del bolsillo del papá.

Claro, cuando el papá tiene ingresos estables, una buena situación económica, obviamente hay que exigir que cumpla, pero eso es probablemente una minoría de la población en nuestro país. La gran mayoría vive una situación de bajos salarios, de precariedad y ahora, por la pandemia y la crisis, de alto desempleo, por lo que estos problemas se agudizan.

Yo invito, en estas mesas de trabajo, desde el Ministerio de Justicia, a incorporar ciertamente la visión de la Defensoría de la Niñez, pero también una mirada más social, más compleja respecto de un problema que es mucho más profundo.

Insisto: obviamente, en el caso de aquellos que tienen los recursos y no cumplen por negligencia, por abandono, por irresponsabilidad, debe haber una sanción mayor. Y este tipo de medidas más restrictivas, más punitivas van en la dirección correcta, pero no sé si sirven para el conjunto de los casos.

Voto a favor, insistiendo en que esto ayuda en lo inmediato, pero queda pendiente la política permanente.

Gracias.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor Latorre vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.- Señora Presidenta, llevo años de parlamentario. Hay temas que me hacen cuestionar mucho lo que he hecho, lo que hemos hecho. Y este es uno de ellos.

No hacerse cargo de los hijos y no pagar la pensión alimenticia es un abuso inaceptable, cualquiera que sea la condición, le diría al colega que me antecedió.

Estamos ante un problema social, político y cultural. Que haya 84 por ciento de demandados que no paguen, miles de hombres que no pagan, es una vergüenza para el género masculino, muy fuerte; es una vergüenza por la incapacidad de todos por no haber resuelto esto, particularmente del Congreso, particularmente de quienes tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de temas nacionales como este.

O sea, también hay toda una incapacidad del sistema político, cultural, porque a los partidos tampoco se los ve con esto en la agenda muy fuerte; tampoco a los Gobiernos; y tampoco a los abogados, quienes supuestamente deberían ser un factor para resolver este tipo de situaciones con mucho más agudeza. Y para qué hablar de los medios de comunicación, que también sería bueno que se autoreflexionaran frente a temas de esta envergadura.

Creo que es muy importante aprobar lo que se nos propone: que del retiro se descuente lo que se deba. Pero, sin lugar a dudas, como muchos lo han dicho, aquí se requiere una solución más de fondo en el plano social, político y valórico, porque son cuestiones como que se toleran. A todos nosotros nos van llegando permanentemente casos, situaciones. Y la verdad es que pasa a ser parte de la realidad y no un desafío por superar.

Quiero decir que me da mucha vergüenza por mi propio desempeño en estos años en esta materia.

Yo voy a respaldar el proyecto, pero ojalá que el Ministro de Justicia actual, quien ha tenido una sensibilidad y un trabajo particular en el tema, ponga una línea de solución más profunda y permanente y que realmente garantice que los padres, los hombres particularmente, se van a hacer cargo de sus hijos en lo que se refiere a las pensiones.

Voto a favor, Presidenta.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor Montes vota a favor.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.- Señor Secretario; señora Presidenta, seré muy breve.

Bueno, al final del día el 10 por ciento no era una mala idea, como ha dicho Lucas Palacios, quien ha reconocido lo que Briones negó. Preguntamos innumerables veces en la Sala: "Ministro, ¿cuál es el efecto en la economía del retiro del 10 por ciento?". El Ministro guardó silencio.

Lysette Henríquez, economista, nos dio mucha claridad al decirnos que solo en recaudación de IVA esto va a generar para el Estado entre 2.600 y 3.400 millones de dólares, más el impacto en el empleo. Y si se retiran y se gastan 14.600 millones de dólares, vamos a tener 4,5 millones de meses hombre de empleo si se establece que se destina un 25 por ciento a remuneraciones.

Por tanto, hay un efecto positivo en la economía. Y el resultado más brutal es que si se retiran 20 mil millones serán los ciudadanos los que van a poner más dinero que el propio Estado en la reactivación de la economía. ¡La paradoja: los ciudadanos poniendo más dinero que el Gobierno!

Y esta avalancha de solicitudes de retención de pensiones alimenticias nos dice algo que algunos Senadores y algunas Senadoras han señalado -entre ellos, el Senador Galilea-: ha fallado el Estado, ¡ha fallado el Estado!

El Poder Judicial es insuficiente para cautelar los derechos del niño. Es decir, no basta con una orden judicial si no hay posibilidad efectiva de hacer el cobro. Tal como ha dicho Carlos Montes, es un sentimiento de vergüenza el que debiéramos tener por que esta situación se desnude por el 10 por ciento, cuando existía de manera brutal y sigue existiendo hoy, debido a que el Poder Judicial no es efectivo a la hora de ejercer los cobros. Los empleadores muchas veces se coluden, en complicidad con los hombres, para no dar cuenta del lugar de trabajo o de la realidad de los ingresos para pagar la pensión alimenticia.

Pero si de innovación se trata, la verdad es que la solución no está solo en la retención del 10 por ciento que posibilita el proyecto aprobado. Por ejemplo, en Suecia los niños están primero y el Estado paga la pensión alimenticia y luego le cobra al hombre, o a la mujer -el 90 por ciento de los hombres la deben en Chile-, por diversos mecanismos (juicios de cuentas), a través de todas las actividades económicas que dicho proveedor desarrolle para poder proceder al pago de la pensión alimenticia.

Por lo tanto, creo que debemos innovar. Porque, ¿qué pasa al final en nuestro país? Que el Estado termina subsidiando a la madre a través de una pensión básica solidaria o, en subsidio, a través de los municipios. En definitiva, el Estado igual pone el dinero y no lo recupera.

En consecuencia, la legislación de Suecia y de otras partes del mundo, que dan al Estado la facultad de pagar la pensión alimenticia y después cobrarle al padre, al proveedor, me parece una idea que bien vale la pena discutir. Debemos avanzar en ese sentido, para que el alimentario siempre tenga su pensión, si es verdad que los niños están primero. No es excusa no tener trabajo, porque los niños comen todos los días.

El Estado no puede decir que los niños están primero y, en una materia tan esencial para las madres y sus hijos, no actuar de manera decidida, positiva, eficaz y eficiente.

Voy a votar a favor, señora Presidenta, por cuanto este es un proyecto que avanza un poco en la búsqueda de justicia para las madres que cobran pensión alimenticia.

Yo espero que quienes han realizado llamados de amedrentamiento o de amenaza hacia sus parejas para evitar que pidan la retención de parte del 10 por ciento sean sancionados y denunciados. Ni una sola madre debe sentirse amedrentada por un llamado de su expareja amenazándola por si hace efectivo el cobro del 10 por ciento. Los tribunales de justicia y el Ministro, si todavía está en la reunión, deben tomar nota porque dicha situación debe ser denunciada y sancionada.

Voto a favor, señora Presidenta, señor Secretario, teniendo en cuenta que el paso que damos es insuficiente y que la deuda del Estado y de este Congreso se mantiene con las madres que han debido asumir la tuición de sus hijos y su alimentación, sin el apoyo de los padres, aunque ahora hayamos logrado sacarles a estos parte de lo que adeudan, pues el problema no se va resolver totalmente con este proyecto de ley.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

El Senador señor Navarro vota a favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.- Presidenta, voy a fundamentar mi voto.

Primero, quiero valorar el efecto colateral que ha tenido la aprobación de la reforma constitucional que permitió el retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones.

Al principio, ese debate se instaló como una cuestión bien dicotómica -aquellos que estaban a favor versus quienes estaban en contra-, pero hoy día la realidad nos ha mostrado que, en menos de una semana, más de 7 millones de afiliados solicitaron el retiro de su 10 por ciento y que, a la fecha, 8,5 millones de afiliados han comenzado dicho trámite... (falla de audio en transmisión telemática)... económico que, sin duda, ha entregado mayor dinamismo a las economías locales. Además, habrá un retorno a través de los impuestos, particularmente del IVA, hacia el Estado.

Fue una política de carácter universal que, a mi juicio, superó cualquier otra diseñada desde el Gobierno con esta lógica de parcialidades, con exceso de requisitos y, finalmente, generando más frustración que beneficios.

Es una reflexión que quería compartir, porque la considero importante teniendo en cuenta que la crisis se mantiene y que, evidentemente, estará presente mientras no bajemos los niveles en la curva de contagios. Por eso son tan relevantes el testeo, la trazabilidad y el aislamiento de los casos positivos.

Dicho lo anterior, debo agregar que esta pandemia generó una crisis económica importante que hizo necesario aprobar el retiro del 10 por ciento, que provocó un debate que quiero valorar, pues, evidentemente, no estaba en el contexto de la agenda de pandemia por el COVID-19.

Y me parece importante porque los datos manifiestan una realidad que a ratos, como país, como que estuviera bajo la alfombra, muy invisibilizada, en circunstancias de que el hecho de que el 84 por ciento de las pensiones alimenticias se encuentren impagas nos debería llamar la atención a todos.

Como chilenos, pareciéramos estar más preocupados de la cuota que tenemos con el banco, a partir de algún crédito, o con alguna tienda del retail, que de los derechos de alimentos de niños, niñas y adolescentes. Pareciera no ser tema, pero las cifras no son casuales, a pesar de que también tiene que haber un tema cultural en la base que hace que existan tantos deudores que se desliguen de una responsabilidad tan importante como el pago de alimentos.

En dos semanas las demandas por este motivo superaron en 53 por ciento a todas las tramitadas durante el año 2019. Son 72 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes los afectados porque su alimentante no paga las respectivas pensiones.

Me parecen datos muy relevantes que reflejan la magnitud del problema que estamos abordando.

Ahora se ha presentado esta iniciativa del Ejecutivo, aunque hay que reconocer que previamente ya había mociones sobre la materia tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en este caso lideradas por las Senadoras Ximena Rincón e Isabel Allende: dos mociones, una de las cuales ayudé a patrocinar.

Este es un debate que no podemos dejar... (falla de audio en transmisión telemática)... como efecto colateral del retiro del 10 por ciento.

No se puede seguir naturalizando, normalizando, la situación de que un porcentaje muy importante de deudores, que en general son padres -porque acá también hay un tema de género-, no se haga cargo de algo tan fundamental como el pago de alimentos.

Y aquí debíamos actuar con celeridad dado que ya se están pagando las primeras cuotas del retiro del 10 por ciento. Por eso finalmente voy a votar a favor. Creo que se hizo un muy buen trabajo, que valoro, con el Ministerio de Justicia, en el cual se recogieron aportes de las magistradas de tribunales de familia, como Mónica Jeldres, y de la Ministra Gloria Ana Chevesich. Pienso que se levantaron muy buenos puntos.

Evidentemente, queda pendiente el retiro forzoso del 10 por ciento, el cual hoy día queda a la discreción del deudor. Si más del 80 por ciento no ha pagado alimentos, bien vale la pena plantear la hipótesis de que no van a retirar su 10 por ciento, que dejarán en sus fondos de capitalización individual, por lo cual seguirán incumpliendo con su deber y su responsabilidad para con sus hijos.

Me parece que ese es un tema importante.

Por otro lado, hay quienes tienen más de una demanda de pensión de alimentos.

Sin embargo, considero un avance el proyecto, el cual va a permitir sortear la crisis a muchas familias que tienen jefaturas de hogar femeninas que quedaron a cargo de sus hijos. Pero este tema no puede quedar como un efecto colateral ni en la mesa de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, sino que debe ser una materia que nos comprometa a todos y que podamos sacar adelante.

Voto a favor, esperando que podamos continuar con esta conversación.

Muchas gracias, Presidenta.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

La Senadora señora Órdenes vota a favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.- Presidenta, voy a fundamentar mi voto y, por cierto, voy a votar a favor.

Sin duda, el COVID ha develado la precariedad de la vida en nuestro país. Y es más: ante esto, hace poco tiempo, la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, planteaba que nuestro país y América Latina están asistiendo a una crisis de bienestar, ya que los Estados poseen escasas capacidades institucionales para enfrentar con respuestas satisfactorias no solo esta crisis, sino también problemas que se vienen arrastrando desde hace largo tiempo, como la deuda en pensiones de alimentos a tantos niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Esta crisis, claramente, tiene rostro de mujer. Las mujeres son las primeras que salen del mercado laboral y pasan a engrosar las altas tasas de desempleo que hoy tenemos,

Esta pandemia, además, Presidenta, ha evidenciado falta de perspectiva de género en distintas iniciativas.

Quiero llamar la atención en esto, que se da no solo a propósito del retiro del 10 por ciento. También lo vimos en la mal llamada "Ley de Protección al Empleo", que hace que los trabajadores y trabajadoras tengan que, a partir de la decisión de la suspensión temporal, pagarse ellos mismos, con sus recursos de la cuenta individual en la AFC, las remuneraciones mientras dure aquella circunstancia.

En esa ley también se olvidaron los casos de niños, niñas y adolescentes con sentencias ejecutoriadas no obstante que el empleador ya no iba a ser quien efectuara los depósitos. El Ejecutivo no se acordó de esa situación. No fue sino a partir de una indicación que presenté junto a las Senadoras Ximena Órdenes, Adriana Muñoz, Isabel Allende y Carmen Gloria Aravena, entre otras, que el Gobierno recordó que era necesario resguardar a quienes estaban quedando en completa indefensión. Y ahí no estábamos hablando de personas que adeudaban pensiones de alimentos, sino de aquellas que las estaban pagando regularmente tras una sentencia ejecutoriada del sistema judicial. Sin embargo, el sistema de protección al empleo desprotegía a niños, niñas y adolescentes.

Entonces, señora Presidenta, vemos que aquí se incumplen derechos de alimentos que están reconocidos en varios instrumentos internacionales vigentes en Chile y especialmente regulados por nuestra legislación interna.

Creo que debemos ser capaces de pensar en una disposición distinta de las que hemos venido estableciendo; porque, cuando nos enfrentamos a esta dramática realidad, donde más del 84 por ciento de los padres no paga derechos de alimentos a niños, niñas y adolescentes, uno se pregunta: ¿qué más?

Ya existe pena de prisión, en cualquiera de sus grados, para quienes oculten las fuentes de ingresos del demandado en juicio; prisión y multa para quien no acompañe todos los documentos requeridos; reclusión nocturna para el tercero que colabore en el ocultamiento del paradero del demandado; obligación de este último de informar al tribunal de todo cambio de domicilio; obligación del deudor de alimentos, sancionado ya dos veces por alguno de los apremios señalados en la ley N° 14.908, de contar con autorización para la salida del país de sus hijos menores de edad; suspensión de licencia de conducir de vehículos motorizados. Nada de eso, ¡nada de eso! ha permitido cumplir con el propósito de garantizar el derecho de alimentación de niños, niñas y adolescentes.

Por eso me parece conveniente recordar que este debate, como bien lo señalaban los Senadores De Urresti y Navarro, se da a propósito del retiro del 10 por ciento, al que el Gobierno se opuso tenazmente y al cual el Ministro de Economía se refería como una decisión que nos ponía a la altura de un país bananero. Hoy sí que hemos escuchado declaraciones propias de autoridades bananeras que dicen: "Estamos muy contentos porque este retiro ha significado reactivación económica".

De ahí, señora Presidenta, que hoy debemos sacudirnos las lógicas en las cuales hemos estado durante años, tratando de poner parches a un sistema que no funciona.

Y esto es lo mismo que nos ocurrirá con el régimen de pensiones. Si nosotros colocamos parchecitos a un sistema que está fracasado, no tendremos una respuesta adecuada para contar con pensiones dignas. Si somos capaces de pensar una forma distinta y no seguir colocando parchecitos a un modelo que ha fracasado en materia de pensión de alimentos, vamos a tener una sociedad que realmente se hace cargo del bienestar y el cumplimiento del derecho de alimentación de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Pero, para eso, se requiere pensar en otro sistema, donde el Estado juegue un rol como el que cumplen sociedades que efectivamente ponen a los niños primero y no los utilizan como un eslogan barato para ganar una campaña presidencial.

Voto a favor, señora Presidenta, con la esperanza de que realmente logremos una reforma sustancial al sistema de pensiones de alimentos de nuestro país.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.

La Senadora señora Provoste vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (41 votos favorables), y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.

PETICIONES DE OFICIOS

--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:

Del señor ARAYA:

Al Alcalde de San Pedro de Atacama, pidiéndole información acerca de MOTIVOS PARA DEJAR SIN EFECTO CONTRATACIÓN DE SEÑORITA CRISTINA SOTO QUIROZ, DE PROFESIÓN PERIODISTA.

Del señor BIANCHI:

Al Ministro de Agricultura y al Intendente de Magallanes, solicitándoles dirigir RECURSOS PÚBLICOS REGIONALES Y SECTORIALES EN FORMA DE SUBSIDIOS Y APOYOS DIRECTOS EN FAVOR DE DIVERSAS AGRUPACIONES DE "AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA" DE LA REGIÓN DE MAGALLANES.

Del señor HARBOE:

Al Ministro de Obras Públicas, requiriéndole poner TÉRMINO A CONCESIÓN DE EMPRESA ASTALDI POR EVIDENTE INCUMPLIMIENTO E INCLUSIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA PROYECTO DE EMBALSE PUNILLA DENTRO DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN PARA EL AÑO 2021.

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--Se levantó la sesión a las 20:20.

Julio Cámara Oyarzo

Director de la Redacción