REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 368ª
Sesión 84ª, en martes 8 de septiembre de 2020
Ordinaria
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 16:19 a 19:51)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, PRESIDENTA,
Y SEÑOR RABINDRANATH QUINTEROS LARA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Alvarado Andrade, Claudio
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Lagos Weber, Ricardo
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Von Baer Jahn, Ena
Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Galilea Vial, Rodrigo
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Montes Cisternas, Carlos
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Sabat Fernández, Marcela
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
Concurrieron, además, presencialmente, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Monckeberg Bruner, y telemáticamente, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, retira y hace presente la urgencia, en carácter de "discusión inmediata", a los siguientes proyectos de ley:
1.-
Sobre Migración y Extranjería (Boletín N° 8.970-06).
2.-
El que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica (Boletín N° 12.027-07).
3.-
Introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio (Boletín N° 13.716-07).
4.-
El que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (Boletín N° 12.589-07).
5.-
El que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19 (Boletín N° 13.655-05).
6.-
El que modifica la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica (Boletín N° 8.466-07).
Con el segundo, retira y hace presente la urgencia, en carácter de "suma", a los siguientes proyectos de ley:
1.-
Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N° 11.077-07).
2.-
El que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para agravar las penas y sanciones cuando la infracción se cometiere conduciendo a exceso de velocidad (Boletines Nos 10.109-15 y 12.065-15, refundidos).
3.-
El que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten (Boletín N° 11.934-15).
4.-
El que crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de Fonasa (Boletín N° 12.662-11).
5.-
El que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes (Boletín N° 12.233-01).
6.-
El que establece un beneficio excepcional y transitorio respecto a la obligación de garantizar el cierre de una faena de conformidad a la ley N° 20.551, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras (Boletín N° 13.645-08).
7.-
El que modifica la ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia (Boletín N° 12.118-04).
8.-
El que deroga los artículos 13 y 14 de la ley N°16.441, que crea el departamento de Isla de Pascua, en materia de atenuantes a la penalidad asignada a ciertos delitos y al cumplimiento de las mismas (Boletín N° 10.788-06 y 10.787-06, refundidos).
Con el tercero, retira y hace presente la urgencia, en carácter de "simple", al proyecto de ley establece el 5 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Cuidador Informal (Boletín N° 12.922-06).
--Se toma conocimiento de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados:
Con el que comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad (Boletín N° 12.261-13)
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaídos en las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal de los delitos contemplados en dicha ley (Boletín N° 13.301-06) (con urgencia calificada de "suma").
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública (Boletín N° 12.100-07) (con urgencia calificada de "suma").
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prorroga la vigencia de las cédulas de identidad para el efecto de participar en las elecciones y plebiscitos que se realicen entre la publicación de esta ley y el 31 de diciembre de 2021 (Boletín N° 13.745-06).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señoras Muñoz y Rincón, y señores Insulza y Latorre, con la que inician un proyecto de ley que posterga el uso de la boleta electrónica (Boletín N°13.770-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Terminada la Cuenta.
Sobre ella, ofrezco la palabra.
Senador señor Coloma.
El señor MOREIRA.-
¿Me permite, señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta, antes de que el Senador Coloma haga su planteamiento, quisiera pedirles a la Sala y a la Mesa lo siguiente.
Con motivo de la pandemia hemos ido avanzando en muchos proyectos de ley, tratando de aliviarles la carga a todos los chilenos y, especialmente, a distintos organismos.
¿De qué se trata esto? El boletín N° 13.684-03 contiene el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Cooperativas para permitir que los excedentes o remanentes que corresponda distribuir durante el año 2020 sean determinados con el solo acuerdo del Consejo de Administración sin intervención de la Junta General de Socios.
La referida iniciativa viene con informe de la Comisión de Economía; es de artículo único, y está con urgencia calificada de "simple".
Debido a la pandemia las distintas cooperativas a través de todo el país no han podido reunirse para aprobar en forma inmediata estos excedentes para miles y miles de cooperativistas.
Por eso, señora Presidenta, como este proyecto viene aprobado de la Cámara de Diputados; estuvo en la Comisión de Economía, la que lo despachó, le solicito considerarlo para verlo en tabla de Fácil Despacho, pues prácticamente fue aprobado por unanimidad en dichas instancias.
Así que le formulo esta petición para que usted pueda evaluarla.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tendremos en consideración su solicitud, señor Senador.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX SENADOR SEÑOR MARCO CARIOLA BARROILHET, RECIENTEMENTE FALLECIDO
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señora Presidenta, el pasado domingo en la tarde fuimos informados del lamentable fallecimiento de un destacado Senador de nuestro partido, don Marco Cariola.
Fue una persona que destacó siempre por su sentido de entendimiento, por su caballerosidad, por su inteligencia, por su talento, y creo que es de justicia solicitarle, en nombre de la UDI, un minuto de silencio en su memoria.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Muy bien, señor Senador.
Solicito a la Sala guardar un minuto de silencio en memoria del ex Senador Cariola.
--La Sala guarda un minuto de silencio.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Muchas gracias.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Entramos, entonces, a la tabla de Fácil Despacho.
OBLIGACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS DE OFRECIMIENTO DE AGUA POTABLE GRATUITA A CLIENTES
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que obliga a los establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.606-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (Moción de los
Senadores señor García-Huidobro, señoras Van Rysselberghe y Von Baer y señores Coloma y del entonces Senador señor Prokurica)
En primer trámite: sesión 87ª, en 6 de marzo de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Salud: sesión 97ª, en 20 de enero de 2020.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de ley tiene por objeto establecer la obligación de proveer gratuitamente agua potable en restoranes, centros de trabajo y centros de personas mayores y personas con discapacidad.
La Comisión de Salud, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Goic y señores Coloma y Quinteros, aprobó en general y en particular esta iniciativa de ley, y propone que la Sala la considere de igual modo.
Asimismo, el referido órgano técnico deja constancia de que el proyecto no requiere algún quorum especial de aprobación y no afecta la organización o las atribuciones de los tribunales de justicia.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 3 y 4 del informe de la Comisión, el cual Sus Señorías tienen a su disposición tanto en la Sala como también en la plataforma de documentos de esta sesión remota o telemática y en el sistema SIL, y además fue remitido a los correos electrónicos de las señoras Senadores y de los señores Senadores.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi, para entregar el informe correspondiente.
El señor GIRARDI.-
Señora Presidenta, este proyecto es muy importante, y lo presentaron varios colegas, encabezados por los Senadores García-Huidobro, Coloma, entre otros; además, fue aprobado en forma unánime en la Comisión de Salud, y tiene que ver con una realidad, la de que tal vez hoy día hay mucha más conciencia de que estamos enfrentando una doble pandemia: la del COVID, cuyas consecuencias han sido dramáticas para todos los habitantes del planeta; y también tenemos una pandemia silenciosa, la de la malnutrición, que es la de los estilos de vida, que está generando tal vez tantas muertes como el coronavirus.
Mueren 41 millones de personas como consecuencia de la malnutrición; mueren cerca de 112 mil personas todos los días, y fallecen cerca de 40 mil personas, cuyas muertes son evitables, y ahí es donde nos tenemos que concentrar. Y están falleciendo justamente por complicaciones de hipertensión, de diabetes, de infarto al corazón, de infarto al cerebro, de cáncer.
¿Por qué son evitables? Porque son muertes prematuras; se trata de personas que fallecen jóvenes: a partir de los 30 años mueren por esas causas. Porque es normal que alguien muera sobre los 70 años por alguna de esas causas, de las mal llamadas "crónicas no transmisibles"; pero no que lo hagan prematuramente.
Toda la evidencia científica apunta a que por lo menos hay factores absolutamente incidentes en esto. Toda la evidencia científica señala hoy que la mitad de los cánceres se podrían evitar y que el 70 por ciento de los infartos al corazón y al cerebro, de las complicaciones de hipertensión y diabetes podrían evitarse solo a condición de cambiar los estilos de vida nutricional y de actividad física y sedentarismo.
Dentro de los factores nutricionales que se ha visto, además de la reducción de la ingesta de sal, grasa y azúcar -Chile es pionero en el mundo en esto-, hay dos elementos fundamentales respecto de los cuales, lamentablemente, no hemos logrado avanzar en nuestra población.
Uno se relaciona con que no más del 20 por ciento de los chilenos y de las chilenas consume en promedio lo que se recomienda, esto es, cinco porciones de frutas y verduras, por distintas razones, tanto culturales como también de precio.
Aquello es muy importante, porque está teniendo incidencia en el aumento de estas enfermedades, que ya son la primera causa de muerte, particularmente el cáncer, que en el futuro va a ser por lejos la primera.
El segundo elemento, que tiene que ver con este proyecto, dice relación con que no más del 20 por ciento de los chilenos y de las chilenas consume la cantidad de agua necesaria recomendada.
Un adulto debiera tomar al menos 2 litros de agua diarios. Y es una paradoja, porque en Chile hay un aspecto que a mi juicio uno debiera valorar, sobre el cual no nos damos cuenta sino hasta cuando salimos del territorio nacional: nuestro país tiene una calidad de agua potable de la cañería, de la llave que es una de las mejores y una de las más seguras de Latinoamérica.
Al respecto, les quiero señalar que en Chile es mucho más seguro tomar agua de la llave que beber agua embotellada. De hecho, hay estudios que indican que el agua embotellada tiene niveles de arsénico y de pH alterados, que están sobre las normas internacionales y por encima de la propia norma chilena.
Diría que el agua potable en Chile -salvo algunas excepciones por contaminación de arsénico, pero también en el norte tienen sistemas para reducir esos niveles- en general es de las mejores en calidad a nivel mundial.
Por lo tanto, es un contrasentido que habiendo esa calidad de agua no esté disponible.
La iniciativa que nos ocupa es muy simple; se halla dentro del marco de otras iniciativas que también se han presentado, pues apunta a establecer la obligación de tener a disposición de las personas que vayan a un restorán o a un lugar de expendio de alimentos un recipiente con agua de la llave.
Hay evidencia también muy sólida que plantea que al tener agua potable en la mesa se reduce el consumo de pan, de bebidas alcohólicas y de bebidas gaseosas dulces, que son el cáncer del siglo XXI: el azúcar.
Por lo tanto, nos parece que este proyecto apunta justamente a uno de los aspectos nutricionales vinculados con la prevención, con disminuir la carga de enfermedad, con mejorar la calidad de vida de las personas, y también con generar ahorros para el país, porque finalmente con recursos públicos se debe financiar el exceso de muertes, el exceso de hospitalizaciones, de medicamentos que implican estas patologías crónicas no transmisibles.
Por eso la Senadora Goic me pidió -ella está viajando- que hiciera este informe a fin de valorar este proyecto de ley y de solicitarle a la Sala del Senado que lo apruebe. Lo estamos discutiendo en general; se abrirá un plazo por si alguien quiere presentar indicaciones, que siempre son bienvenidas. Pero a nuestro juicio esta iniciativa va precisamente en la dirección de lo que deben ser las políticas públicas en el siglo XXI, que han de tener un eje fundamentalmente preventivo.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
Su Señoría tiene que activar el micrófono.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Ahí sí; ya lo activé.
Parece que había algún problema.
En primer lugar, valoro su decisión, señora Presidenta, junto con los Comités, de poner en tabla este proyecto, porque fue presentado el 2 de enero del año 2018. Es decir, prácticamente hace dos años y medio que está esperando poderse tramitar, por lo menos en la Sala, ya que la Comisión lo aprobó en forma unánime.
Como bien dijo el Senador Girardi, esta es una moción que presentamos junto a la Senadora Van Rysselberghe, la Senadora Von Baer, el Senador Coloma y el ex Senador Baldo Prokurica, actual Ministro de Minería. Está en primer trámite constitucional, con informe favorable de la Comisión de Salud, donde se aprobó por unanimidad.
El proyecto es muy simple: consta de un artículo único que dice que "En los establecimientos gastronómicos de expendio de bebidas y comidas se ofrecerá siempre a los clientes un recipiente con agua potable, de forma gratuita y complementaria a la oferta del propio establecimiento".
El segundo punto señala: "La inobservancia de lo establecido en este artículo será sancionada con multa de una a diez Unidades Tributarias Anuales".
La moción fue ingresada a principios del año 2018 y, como bien dije, cuenta con el informe favorable de la Comisión de Salud de ese momento.
Aun cuando los beneficios del agua potable para el consumo humano resultan absolutamente evidentes, vale la pena profundizar en dos elementos que son muy importantes, y que justifican y explican este proyecto: la salud de las personas y sus derechos.
En primer lugar, el consumo de agua resulta fundamental para la preservación de la vida y la salud del ser humano. La falta de consumo absoluto por parte de una persona implicará inexorablemente su muerte por deshidratación en un período probable de tres a cinco días, dependiendo de las condiciones ambientales que ocurran.
Sin perjuicio de lo anterior, un consumo insuficiente de agua no producirá la muerte, pero sí afectará el funcionamiento del cuerpo en diversas formas, partiendo de la base de que la hidratación es indispensable.
Y ejemplifico con algunas funciones corporales que se ven beneficiadas con una adecuada hidratación, según se señala en la moción:
Una correcta hidratación es muy importante en el funcionamiento del cerebro, pues permite que la sangre adecuadamente oxigenada sea recibida por las células cerebrales, lo que hace que las personas puedan encontrarse en alerta para desarrollar sus labores diarias; permite, asimismo, un buen funcionamiento de los riñones, al favorecer una adecuada filtración de la sangre; colabora con una adecuada digestión, al aportar en la disolución de los nutrientes; mantiene la elasticidad y tonicidad de la piel; lubrica los músculos y articulaciones.
Es decir, existe una gran necesidad de consumo de agua.
Hay también acuerdo en que, tal como lo manifestó el Senador Girardi, las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes resultan responsables de la mayoría de las muertes por enfermedades no transmisibles. Al no ser contagiosas, se originan, entonces, en los hábitos de las personas, sin perjuicio de los factores genéticos involucrados.
Así lo reconoció la OMS al incluir a ese grupo de enfermedades entre sus objetivos prioritarios.
La prevención y el control de este grupo de enfermedades, que tanto costo generan a las personas, a las familias, y también al Estado, parten por promover hábitos de vida saludables, y para ello el consumo de agua y la alimentación juegan un rol fundamental.
Señora Presidenta, creo que es absolutamente obvia la necesidad de esta iniciativa. En muchos países del mundo, como ustedes habrán visto, lo primero que se pone en la mesa, antes de ofrecer cualquier bebida, cualquier trago, o cualquier comida, es un vaso y un jarro de agua, con hielo fundamentalmente, para que la gente se hidrate. Es un hábito que se va contemplando en las distintas generaciones.
Por lo tanto, es fundamental aprobar este proyecto, que fue aprobado tanto en general como en particular en la Comisión, ya que el consumo de agua beneficia la salud de las personas; disminuye el consumo de otros líquidos y de alcohol durante la comida, y, al transformarse en un hábito, colabora a mejorar, en definitiva, la calidad de vida.
Por eso, señora Presidenta, ojalá que el Ejecutivo le ponga urgencia "suma" a esta iniciativa, porque me da la impresión...
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Dele un minuto al señor Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Muchas gracias, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Está sin micrófono.
¿Terminó?
Muy bien.
Se ofrece la palabra.
Senador García-Huidobro, ¿usted concluyó su intervención?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Sí, Presidenta.
Es que al final se cortó. Pero, en general, lo importante es que ojalá podamos aprobar ahora este proyecto y ponerle la máxima urgencia posible a su despacho en particular, con el fin de que sea una realidad en nuestro país.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador Alejandro García-Huidobro.
Vamos, entonces, a abrir la votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Vamos a consultar por la opción de voto de las señoras y los señores Senadores que se encuentran a distancia. Y se va a abrir la votación en la Sala igualmente.
--(Durante la votación).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-
¿Se puede fundamentar el voto?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Sí, Senador.
Tres minutos.
El señor DE URRESTI.-
Creo que es importante el debate que se realiza, y me parece muy bien que quienes han presentado este proyecto lo defiendan con gran énfasis, pero también sería importante que pudiéramos recuperar el agua como un bien nacional de uso público para todos los chilenos. Porque, para poder beber agua, para tener disponibilidad de agua en distintos establecimientos, como reza esta iniciativa, también hay que tener una mirada hacia atrás y ver desde dónde proviene esa agua, cómo tenemos la posibilidad de acceder a ella.
En otras palabras, es preciso ver cómo recuperamos las aguas para todos los chilenos, de manera que no sigan siendo materia de especulación, de utilización para fines distintos de aquellos por los cuales han sido otorgados sus derechos de aprovechamiento.
A mi juicio, es allí donde debiéramos poner el acento: en que el agua sea de todos los chilenos. Esa es la mejor manera de asegurar que en las plazas, en los restoranes, en los establecimientos educacionales podamos tener agua. Pero también es fundamental que el agua esté disponible en lugares donde genera más impacto, como las comunidades agrícolas, las comunidades indígenas, el mundo rural, las comunidades de pequeños agricultores de Petorca o la zona central. En fin, hay distintos lugares donde claramente hoy día se da la apropiación de las aguas por parte de especuladores, o de quienes las han inscrito de manera gratuita para especular, para poder conservarla y transarla en el mercado, a costa del resto de la comunidad, y claramente ahí tenemos un tema muy muy pendiente.
Yo voy a votar a favor de esta iniciativa. Valoro que se avance, que exista el reconocimiento del agua como un bien nacional de uso público, como un derecho fundamental, pero también vamos al origen, vamos a ver de dónde provienen estas aguas y cuál es la naturaleza jurídica, la garantía constitucional que se les da para que sean de todos los chilenos, y no simplemente de quienes las hayan inscrito y de quienes especulan con ellas.
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor De Urresti vota a favor.
Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.-
Voy a justificar mi voto, señora Presidenta.
Manifiesto mi aprobación al proyecto de ley que establece una medida absolutamente racional, como es la provisión gratuita de agua potable en establecimientos gastronómicos, complementaria a la oferta del propio local.
No obstante lo anterior, quiero reflexionar en torno a los difíciles tiempos que enfrenta el sector turismo producto de la pandemia, lo que es preocupación de los miembros de la Comisión de Economía, como también de distintos Senadores, de manera transversal. Pienso especialmente en garzones, gremios, empresarios y, obviamente, en quienes hacen el turismo receptivo.
Por ello, es necesario, en relación con este proyecto, incluir un proceso de transición que permita educar, entregando folletería, porque no me parecen prudentes las sanciones que se consideran, las que, a mi juicio, debiesen ser proporcionales a la dimensión del establecimiento.
El rango máximo de sanción establecido en esta iniciativa es de diez unidades tributarias anuales, lo que considero excesivo, si es que finalmente el propósito es entregar agua saludable y si es que, como se supone, todos trabajamos en torno a que el agua es un derecho de todos los chilenos.
Voto a favor, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Durana vota a favor.
Senador señor Galilea, ¿cómo vota?
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
El señor GUILLIER.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
Voy a fundamentar el voto, señora Presidenta y señor Secretario.
La intervención del señor Presidente de la Comisión de Constitución, el Senador Alfonso de Urresti, me motivó a decir unas palabras respecto de este proyecto inocente y virtuoso, porque es un buen proyecto y lo vamos a votar a favor.
Pero, como se trata del tema del agua, yo creo que es de la máxima importancia lo que hay detrás de esta moción: el agua como una cuestión fundamental para los seres humanos.
Digo esto porque, a propósito del escenario político que vivimos en el país en este tiempo, hay sesudos analistas en distintos medios de prensa que dicen que este proceso constituyente genera una gran incertidumbre, porque no se sabe cómo se van a resolver ciertos problemas sustantivos.
Bueno, efectivamente el agua es una cosa que nos divide. Porque, tal como está establecido ese bien en la Constitución Política del 80, va a ser un tema que vamos a tener que cambiar al redactar la nueva Constitución. Eso nos divide.
Entonces, todos sabemos que es así. Pero, nosotros estamos tratando hoy día, en la Comisión de Constitución del Senado, justamente un proyecto que modifica el Código de Aguas, donde el Gobierno y la Derecha tendrían la oportunidad de consensuar la legislación que pudiéramos tener respecto del agua.
Sin embargo, uno ve cómo se discute el punto y la coma y se dan todo tipo de argumentos como para torpedear ese proyecto, en circunstancias de que si tuvieran una visión más estratégica de la situación política, pudiera ser una buena oportunidad, a propósito de esa discusión en la Comisión de Constitución, para generar un piso estable, sustantivo respecto de la legislación sobre el agua.
Creo que sería un gran avance, que contribuiría a provocar menos incertidumbre, respecto de un punto tan central, por lo que podría pasar en una Convención Constitucional.
Quería señalar solamente eso, señora Presidenta, votando a favor de este proyecto, que, como digo, es bueno, es virtuoso. Pero detrás del agua hay cuestiones sustantivas que todavía el país tiene pendientes.
Gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Huenchumilla vota a favor.
Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.-
Muchas gracias, señor Secretario.
Yo voy a decir un par de cosas también.
En realidad, esta es una práctica regular en casi todos los restoranes. Si uno pide agua, le dan agua.
Ahora, yo ignoraba, hasta que no surgió esta iniciativa, que no tenían obligación de dar agua. Porque uno parte de la base de que cuando uno va a algún lugar a consumir algo, le ponen un vaso de agua.
Hay países en los cuales esto es obligatorio. Por cierto, en todos los países europeos, en todas las ciudades norteamericanas, y en ciudades latinoamericanas -por ejemplo, en Buenos Aires- esto está consagrado en la ley. Hay una ley que lo dice.
Y la verdad es que las razones son muy claras. Pero lo que yo quiero señalar es que aquí a veces no ocurre. Porque, como es propiedad el agua, en realidad, uno tiene que pedirla y es facultad del dueño dársela o no.
Ustedes han vivido alguna experiencia. Reitero: esto casi no pasa. Pero qué bueno es consagrarlo, porque a veces uno se sube a un avión, pide un vaso de agua y le dicen: "Aquí no llevamos agua, señor. Tenemos agua en botella nomás".
Eso me ha pasado a mí. Y me ha pasado en los últimos meses.
Por lo tanto, esta es una ley que vale la pena aprobar. Pero, como ha dicho el Senador que me precedió en el uso de la palabra, vale la pena consagrar en una ley no solo el derecho de que le sirvan agua en los restoranes, sino el derecho que tienen todos los chilenos a disfrutar del agua como quieran y donde quieran, ya que no está permitido que alguien se la niegue.
Yo creo que eso sería un avance mayor que, como se ha dicho también aquí, el Ejecutivo podría poner en la reforma del Código de Aguas, consagrando así este derecho humano fundamental.
Nadie tendría que pedir que le hagan el favor de darle un vaso de agua. Y a nadie tendrían que dársela como regalo, sino como obligación.
Repito: a la mayor parte de la gente le ponen agua en los restoranes. Pero necesitamos que esto no sea solamente una costumbre, sino que un derecho consagrado en la ley.
Por eso, voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Insulza vota a favor.
Senador señor Kast, ¿cómo vota?
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
Senador señor Latorre, ¿cómo vota?
El señor LATORRE- Quiero fundamentar brevemente el voto, Secretario.
Creo que este proyecto es bien intencionado, acotado, simple, sencillo. Obviamente, voy a votar a favor. Pero creo que la cuestión de fondo va a ser uno de los desafíos centrales del proceso constituyente, por los cuales es necesario ir el 25 de octubre a votar "apruebo" y "Convención Constitucional". Se trata de ver cómo recuperamos democráticamente el agua como un derecho humano, un bien común, un bien natural común, sobre la base de lo que dice Naciones Unidas. No estamos acá inventando la pólvora; estamos diciendo simplemente lo que Naciones Unidas establece y recomienda desde el año 2010: que el derecho humano al agua es la base, la esencia de los demás derechos humanos.
En ese sentido, el Estado también tiene un rol preponderante de priorizar el consumo humano. Lo ha dicho recientemente el relator de Naciones Unidas Léo Heller. Y yo creo que la Constitución que tenemos fue escrita en otro contexto, con otra ideología, impuesta en dictadura. Hoy día nos merecemos, como sociedad, un debate democrático, pensando en los desafíos del siglo XXI, en un escenario de escasez hídrica, de emergencia climática, ecológica, de abuso, de saqueo también de los derechos de aprovechamiento de agua privados para fines productivos, con un rol subsidiario del Estado que no prioriza el consumo humano.
Yo creo que este es uno de los desafíos del proceso constituyente, por lo cual es necesario ir a votar "apruebo" y "Convención Constitucional" el 25 de octubre.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Latorre vota a favor.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
Senador señor Navarro, ¿cómo vota?
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.-
Presidenta, yo voy a votar a favor de este proyecto de ley.
Es un proyecto bien acotado, porque obliga a los establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes, aunque comparto la reflexión que han hecho los colegas acerca de cómo llevamos este ejercicio -que puede parecer pequeñito, pero bien simbólico- hacia algo mucho más estratégico y que genere cambios a futuro.
Hoy día, 400 mil personas son abastecidas de agua a través de camiones aljibe. Esa es una realidad que estamos viviendo: el cambio climático y la sequía como expresión de ese fenómeno. Chile también ha mostrado que es vulnerable. Por ejemplo, en el caso de Monte Patria ya se está hablando de migrantes climáticos a raíz de la sequía. Y estamos ad portas del proceso constituyente, que se inicia el 25 de octubre a partir del plebiscito, donde el desafío que vamos a tener es conversar claramente respecto de la propiedad y los derechos.
En eso somos un país único y es necesario cambiar esa realidad, porque lo que tenemos ahora son familias y pequeños agricultores sin poder trabajar en Petorca, sin poder tener acceso garantizado al agua.
Es más, el Ministerio de Obras Públicas destinó 66 millones de pesos para recuperar y devolver derechos de agua, siendo que es el mismo Ministerio, a través de la DGA (Dirección de General de Aguas), el que los otorga.
Por lo tanto, no podemos permitir más ese tipo de paradojas. Chile tiene que cambiar en esa línea. Y claro, este proyecto me parece pertinente, pero claramente es muy muy acotado. Yo espero que en el desafío futuro seamos capaces, como país, de tener una mirada distinta respecto de un recurso tan vital, tan elemental. La OMS lo establece como un derecho humano fundamental y, efectivamente, ahí tenemos una tremenda desigualdad.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
La Senadora señora Órdenes vota a favor.
Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?
Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?
¿Senador señor Prohens?
El señor PROHENS.-
Voto a favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?
El señor QUINTEROS.-
Secretario, yo voy a votar a favor de este proyecto, a pesar de que es bastante acotado y bastante menos ambicioso que el que aprobamos la semana recién pasada, pero, como aspira a reponer al menos en parte el acceso libre y gratuito de un bien primordial, lo voy a aprobar, con el convencimiento de que, si sus autores están planteando que el agua en los restoranes sea gratuita, me imagino que la próxima vez que votemos la reforma constitucional que define el agua como bien nacional de uso público votarán a favor y no la rechazarán.
Apruebo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Vota a favor.
Gracias.
Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?
La señora SABAT.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
Presidenta, voy a votar a favor este proyecto, que es bastante acotado, pues solamente se limita a los restoranes que entregan un servicio gastronómico para que sirvan gratuitamente agua, algo que, además, ya se usa bastante en muchísimas partes.
Sin embargo, no puedo dejar de señalar que no queda claro a quién le corresponde fiscalizar y aplicar la multa. En ese sentido, no estaría mal que en el momento de hacer alguna indicación se planteara la posibilidad de una acción popular, término jurídico que permite que cualquier persona pueda denunciar el incumplimiento de la ley.
Junto con lo anterior, quiero hacer presente en esta Sala, una vez más, que no podemos seguir actuando con el actual modelo de gestión y el actual modelo de mercado del agua, que han significado concentración de derechos de aprovechamiento, sobreexplotación, agudizar la sequía. ¡Para qué hablar de lo que ocurre al interior del valle de Aconcagua! Es realmente inadmisible que haya gente que deba ser abastecida por camiones aljibe.
El Gobierno se ha negado, incluso, a cumplir con la normativa de la OMS. No ha querido aceptar una resolución que permite a lo menos 100 litros de agua, en circunstancias de que estamos viviendo una pandemia y le pedimos a la gente que se lave las manos frecuentemente y use muchísimo más agua para limpiar su ropa y cualquier elemento que use. Es una contradicción que no se entiende.
Yo espero que realmente no tengamos que volver a vivir lo que ocurrió cuando presentamos una moción de reforma constitucional para garantizar el agua, que es un derecho humano, tal como lo ha reconocido Chile en diversos tratados internacionales y como se establece en al menos dos instrumentos de las Naciones Unidas. El agua es considerada un derecho humano y es vital. Y sin embargo nosotros, en este Parlamento, a pesar de haber obtenido 24 votos a favor y solo 12 en contra, no pudimos lograr esa reforma constitucional.
Es lamentable. Lo encuentro deplorable, y espero que a futuro no sigamos de esta manera, porque el actual modelo del agua no funciona bien. Funciona para unos pocos, pero no necesariamente le garantiza el agua a toda la población como prioridad para el consumo humano, que es lo que corresponde.
Voy a aprobar, pero pido ir por favor al fondo del asunto. No nos quedemos solo con un pequeño proyecto que, está bien, puede garantizar el agua a quienes van a consumir a un restorán, pero no se trata de eso, sino de garantizar el agua y el consumo humano como primera prioridad, cosa que en nuestro país no está ocurriendo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Vota a favor, Senadora Allende?
La señora ALLENDE.-
Lo dije al comienzo; voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.-
... (falla de audio en transmisión telemática)..., señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Cómo vota?
El señor ARAYA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?
El señor BIANCHI.-
Gracias, señor Secretario.
Yo voy a votar a favor de este proyecto, que es simple. Lo que hace es exigir que los restoranes entreguen un jarro con agua previamente al consumo. Pero esto ya se da en muchos lugares del mundo y también, por ejemplo, en lugares como cafeterías, donde, cuando uno pide un café, efectivamente le entregan un vaso con agua.
Sin embargo, yo también quiero entrar un poco más al fondo, Presidenta y estimado Secretario, porque lo que estamos analizando acá tiene que ver con los profundos cambios que debemos hacer en la nueva Constitución, relacionados con la propiedad del agua y su consagración como derecho humano. Creo que este va a ser uno de los grandes temas que será necesario debatir, la recuperación del derecho al agua, dentro de los muchos otros que van a tener por delante los constituyentes.
Dicho eso, creo que nosotros debemos evitar estar en un mundo paralelo, porque hoy día lo que estamos votando es decirles a los restoranes que entreguen un jarro con agua. ¿Cuántos de los restoranes están cerrados? ¿El 80, el 90 por ciento? Entonces, si alguien nos está viendo en el país, sería bueno volver a repetirle al Gobierno lo que está ocurriendo en este rubro: este rubro, que tiene una altísima contratación de personal, está en la peor condición económica. Y el Gobierno no ha llegado con las ayudas que ha comprometido.
Por lo tanto, junto con votar que los restoranes estén obligados a servirles a sus clientes un jarro de agua, hagamos presente con fuerza que necesitamos recuperar esta importante actividad económica y que el Gobierno llegue con ayuda en su favor. Hemos visto que emblemáticos restoranes, restoranes con cien años de existencia, simplemente ya no pudieron resistir más y cerraron. Entonces, capaz que la ley avance antes: que se apruebe y exista la obligación de tener el jarro con agua, pero los restoranes aún no puedan abrir, no puedan subsistir, no puedan sobrevivir, no tengan una resurrección económica.
Así es que yo, Presidenta, por su intermedio, le pido al Gobierno que en esta materia sea concreto y lleve ayuda directa a quienes ejercen esta noble actividad, algunos por décadas, y están en la peor condición.
Voto que sí, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Bianchi vota a favor.
Senadora señora Aravena, que también está en la sesión, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.-
Un minuto, Secretario.
Me pasó de largo y no es que yo me haya retirado de la sesión.
Eso lo dejo claro altiro.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Sí.
La señora ARAVENA.-
Pasó de largo mi apellido y también el del Senador Alvarado.
Yo quisiera argumentar, en los tres minutos que tengo, lo siguiente.
Primero, el proyecto es simple, pero es un buen proyecto. A mí me parece una muy buena señal, así que quiero felicitar a sus autores, porque lo sencillo no necesariamente es poca cosa. Reitero: me parece una buena señal.
Y lo segundo, coincidiendo plenamente con el Senador Huenchumilla en cuanto a lo que se planteó en la discusión del Código de Aguas que se está dando en la Comisión de Constitución, es aclararle un punto al Senador Latorre, relacionado con la posición de los Senadores de Centroderecha o de Derecha -como quieran llamarnos-, porque, en estricto rigor, todos los cambios a ese proyecto fueron aprobados por unanimidad, con los votos del Senador Castro y el mío, uno RN y la otra pro RN.
Por lo tanto, no es que la Derecha o la Izquierda tengan absoluto dominio en el tema de las aguas. Nosotros estamos muy a favor de todos los cambios del Código. Y es más, el artículo 5 dice: "Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenecen a todos los habitantes de la nación".
Nosotros aprobamos indicaciones que van a permitir que no se especule más con el agua, que no se entreguen derechos a perpetuidad y que efectivamente se evalúe, cada tantos años, el verdadero uso que se le está dando. Y le otorgamos facultades a la DGA para que realmente fiscalice.
Por lo tanto, por favor les pido: ¡no confundamos a la población!
Efectivamente, puede haber un sector que ha estado permanentemente luchando para que aquello no ocurra, pero no toda la Derecha o la Centroderecha piensan igual.
Hay gente nueva que viene ingresando a la política, que tenemos otros pensamientos, que sí creemos que hay que hacer cambios en los recursos naturales. Así que no nos echen a todos en un mismo saco.
Y por favor tratemos de avanzar en la discusión en la Comisión de Constitución para sacar pronto el proyecto sobre Código de Aguas, sin esperar que haya un cambio en la Carta Fundamental para que ello ocurra.
Muchas gracias.
Voto a favor, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
La Senadora señora Aravena vota a favor.
Le pido disculpas. Efectivamente la había saltado.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Coloma para fundamentar su voto.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Yo he oído dos conceptos que a mi juicio hay que unir y que le dan un toque especial a este proyecto.
Primero, que los cambios culturales son muy relevantes. Yo concuerdo plenamente en eso. Lo hemos vivido y lo hemos sufrido; depende de cómo se mire. A veces, las prácticas o las lógicas culturales van cambiando y eso, en la medida en que vaya bien orientado, apunta en el sentido correcto, al contrario de lo que ocurrirá en la medida en que esté mal orientado. No porque haya un cambio cultural este será bueno o malo per se. Sí cuando uno tiene conceptos, ideas, lo óptimo es amarrarlos, justamente, a incentivos culturales.
Yo he estado hablando con otros Senadores respecto de cambios culturales que debe haber, por ejemplo, en materia de ejercicio físico, o de consumo o no consumo de determinados alimentos. Y bueno, creo que con mucha mayor razón cambios culturales en función de la salud, relacionados con el agua, son muy importantes.
Para lo segundo voy a recurrir a un viejo aforismo que oí en mi casa: "Nada mejor cuando una cosa es simple como un anillo y recta como una espada". Creo que eso es cierto: las cosas simples son las importantes. Ha habido por lo menos siete Senadores que han catalogado a este -yo concuerdo con ellos- como un proyecto simple. Y me parece que esa es la idea. Los proyectos simples son a veces muy profundos, porque generan cambios culturales, cambios de hábitos, cambios de acercamiento a los temas que producen o pueden producir un efecto positivo.
Es cierto lo que dicen algunos de que esto se usa en muchas partes del mundo, pero en muchas partes del mundo también se legisla para que ello ocurra. Otros han planteado, con razón, que en algunos establecimientos es una práctica habitual, pero no es una práctica general. Una cosa es la habitualidad, y otra, la generalidad.
Yo he vivido y he sufrido, en su momento, la dificultad de obtener agua en un lugar de expendio, siendo que es un elemento vital para la salud.
Cuando firmé el proyecto, que fue idea del Senador que primero intervino, lo hice con un poco de duda: cómo se irá a tomar una iniciativa de esta naturaleza. Y de repente uno se va encontrando con que las cosas simples pero bien orientadas, que producen cambios de hábitos positivos, son a veces las más importantes.
Por eso, valoro el amplio apoyo a este proyecto, al cual espero que el Gobierno, tal como se lo hemos pedido, le coloque la urgencia adecuada, porque mientras antes salga, mejor.
Lo simple, a veces, es muy bueno.
He dicho, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador Coloma.
Ofrezco la palabra al Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Gracias, Presidenta.
Yo no diría, tal vez, que es un proyecto simple, porque lo de simple se puede entender de manera un poco peyorativa. Sí es un proyecto sencillo en su planteamiento. Consta de un artículo único que lo único que hace es establecer que "En los establecimientos gastronómicos de expendio de comidas y bebidas se ofrecerá siempre" -¡siempre!- "a los clientes un recipiente con agua potable, de forma gratuita y complementaria a la oferta del propio establecimiento.".
Esto, que es algo de Perogrullo y debiera ser parte, como se ha dicho aquí, de la cultura del país, de las necesidades del ser humano, que requiere consumir cierta cantidad de agua al día, en los restoranes chilenos, o en los lugares de expendio de comida o de otros, no se hace nunca, y el que la necesita tiene que pedirla por favor. Normalmente se la dan; es raro que se cobre, pero aquí se trata de fortalecer o de socializar, por decirlo así, lo beneficioso que resulta el consumo del agua potable; lógicamente, garantizar que esa agua sea beneficiosa para la salud, y un cambio cultural, un cambio de costumbre.
Presidenta, a propósito del debate que ha habido en torno a este proyecto, yo rescato la intervención de la Senadora Aravena. Es primera vez que escucho a un parlamentario de Derecha, desde que estuve en la Cámara de Diputados y llegué el Senado, manifestar que están disponibles para establecer, de una vez por todas, que la constitución de los derechos de agua no puede ser indefinida o a perpetuidad. ¡Primera vez!
Lo recalco porque este tema se viene discutiendo desde la primera enmienda al Código de Aguas en la Cámara de Diputados, por ahí por los años 1990-1992. Hubo seis o siete años de debate en la Cámara. Nunca se pudo hacer una modificación importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos la presión que los grupos de interés, fundamentalmente vinculados a la agricultura en este caso, ejercen, con hechos públicos, con declaraciones, con lobby, con visitas acá, con antecedentes, con razones también algunos, para que no se pueda ni pensar en efectuar un cambio en esa línea.
Así fue en la Comisión de Recursos Hídricos, así ha sido en la Comisión de Agricultura, así ha sido en las Comisiones de Obras Públicas, y así está siendo, seguramente, en la Comisión de Constitución.
Por eso, yo me alegro muchísimo de que aquí se exprese que hay mentalidades nuevas, mentalidades distintas, y que hay una mayor apertura frente a un tema tan sensible como este. Y además, Presidenta, porque en la fundamentación de este proyecto se hace referencia al acceso al agua como un derecho humano fundamental. Lo subrayo porque esta es una moción de, básicamente, Senadores de la UDI, que me parece muy bien y muy positiva. Y por eso es que desde esta bancada nos ha parecido extraordinariamente positivo y propositivo el que se reafirme ese principio, para que cuando llegue el momento de legislar en serio en esta materia podamos tener más acuerdo del que hasta hoy día se ha generado.
Yo voy a votar a favor, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador Pizarro.
Tiene la palabra el Senador Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, muy breve.
Estos son los proyectos que tienden a cambiar la cultura, las prácticas. Acá, más allá de los argumentos médicos, más allá de que esto evidentemente es bueno para la salud, más allá de que establece una práctica muy importante, en Chile consumimos muy poca agua, y es evidente que en tanto consumamos más va a ser mejor para todo el país: se va a gastar menos en salud; se va a gastar menos en remedios; habrá muchos beneficios. Pero además iremos instalando una cultura de convivencia distinta.
Yo voy a votar a favor.
Felicito a los colegas que han planteado este tema.
Y espero que en torno a estos pequeños proyectos podamos ir construyendo un debate sobre lo que expresaba el Senador Pizarro, porque en el tema del agua no podemos seguir encajonados con un debate sobre su propiedad, sobre lo que se instaló después de la modificación del Código de Aguas en la Constitución actual, en que abogados muy ingeniosos -no puedo negarlo-, ¡muy ingeniosos!, transformaron las concesiones de uso en títulos de propiedad, y eso, sin duda, trastocó lo que son los bienes nacionales de uso público en nuestro país no solamente en cuanto al agua, sino también en la minería.
No lo lograron hacer en el espectro electromagnético, Presidenta, porque en ese Ministerio siempre hubo uniformados, y no ¡aguantaron! que eso ocurriera, curiosamente, durante la dictadura. No aguantaron porque, como eran uniformados, tenían una concepción sobre el uso del espectro electromagnético para fines estratégicos; pero sí concedieron lo que fueron estas concesiones con título de propiedad en el agua y la minería en forma no solamente incorrecta, sino muy perjudicial para el país.
En estos pequeños proyectos vamos a ir abriendo el debate de otros temas que se vienen con el proceso constituyente.
Este proyecto lo voy a votar a favor, por cierto.
Y como usted misma, Presidenta, lo ha planteado tantas veces, espero que en esta Corporación podamos reconocer que el agua es un derecho humano básico que el Estado tiene que garantizar siempre. Hoy, por desgracia, no lo puede hacer porque el marco institucional no lo permite.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador Letelier.
Tiene la palabra el Senador Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta, Honorable Sala, por supuesto que vamos a votar favorablemente este proyecto, que también guarda concordancia con otro que aprobamos la semana recién pasada, que decía relación justamente con el acceso al agua potable.
No me cabe la menor duda de que hoy día Chile requiere un cambio de conducta respecto al agua, que, por supuesto, dice relación primero con el consumo, luego con el acceso al agua como un derecho humano fundamental. También en su momento yo promoví una reforma constitucional que buscaba que la consideración de bien nacional de uso público que tenía el agua pudiera asimismo consagrarse a nivel constitucional, así como los usos preferentes del agua, partiendo por el consumo humano, partiendo por las obras de saneamiento, y las economías de subsistencia.
Y, en ese contexto, por supuesto que este proyecto busca establecer un cambio de conducta desde el punto de vista del promedio de consumo humano de agua que hoy día tenemos los chilenos por día, per cápita, que efectivamente aumente significativamente. Y establecer esta condición me parece completamente adecuado.
Por eso vamos a votar favorablemente.
Y, además, felicito a los autores de la iniciativa.
Y espero que estos dos proyectos que hemos aprobado, la semana pasada y esta, efectivamente puedan encontrarse en la Comisión de Salud, donde claramente debieran tratarse conjuntamente para poder avanzar en esta dirección.
He dicho.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Montes ha solicitado adelantar su voto sin fundamentación.
Está conectado.
¿Senador señor Montes?
El señor MONTES.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Castro ¿cómo vota?
El señor CASTRO.-
Una pequeña intervención, Secretario.
Cuando yo escucho que el agua nos divide, la verdad es que estoy muy en desacuerdo.
Varios Senadores han hecho intervenciones, y a veces yo he sentido, de verdad, que no saben bien cómo funciona el agua.
Yo no tengo ningún problema en apoyar cualquier modificación al Código de Aguas; ninguna, ¡ninguna!, objeción a hacer cambios profundos.
Nadie quiere el aprovechamiento de los más grandes respecto de los más pequeños. Pero sí yo siempre voy a defender a los agricultores. La actividad agrícola de la Región del Maule es la principal herramienta de subsistencia que se tiene. Y no son siempre grandes agricultores; son pequeños agricultores, y estos tienen derecho a ganarse la vida como cualquier chileno en este país y a hacer uso de esa agua para poder formar el alimento que llega a nuestras mesas siempre.
Por lo tanto, yo siempre voy a defender el derecho de los agricultores a poder regar, porque si no tienen este derecho, la verdad es que no tendremos ni agricultores ni alimentos en nuestras mesas.
Pero, reitero, ¡el aprovechamiento no me gusta! Y lo que sucede -es la mala imagen que tiene hoy día el uso del agua- es que grandes empresas, ¡grandes empresas y grandes empresarios!, han inscrito derechos de agua, y estas no se utilizan para la agricultura. Y esos son los derechos que salen a remate, que se aprovechan y que generan esta mala imagen.
Por lo tanto, yo estoy disponible para hacer todos los cambios y las modificaciones, siempre y cuando defendamos a los agricultores, que son los que nos aportan los alimentos día a día.
Voto a favor de este proyecto, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Castro vota a favor.
¿Senador señor Galilea?
Senador señor Harboe ¿cómo vota?
El señor HARBOE.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
¿Senador señor Kast?
¿Senador señor Lagos?
Senador señor Navarro, ¿cómo vota?
El señor NAVARRO.-
Aló.
Señor Secretario, muy brevemente.
Este es un proyecto absolutamente bien orientado. Lo único que yo diría es que de Talca al norte voy a pensar dos veces antes de pedir agua; en Antofagasta, jamás, por el arsénico. Porque no en todos los lugares el agua llamada "potable" es de la misma calidad. De Talca al sur, ni un problema; la máxima seguridad. De Talca hasta el norte, problema en la calidad.
Yo solo quiero señalar que el Servicio de Salud tendrá que fiscalizar adecuadamente que el agua que se ofrezca de manera gratuita cumpla el estándar mínimo de calidad, de frescura, pues es un producto a granel. Porque aquí va a haber presiones de aquellos que venden las bebidas envasadas, los refrescos, como las ha habido siempre, para que se vendan sus productos y no el agua.
Por tanto, va a ser necesaria la fiscalización de la calidad del agua que se le ofrezca al cliente en todo Chile. En el sur no hay problema. En el norte, lamentablemente, por la escasez del agua y la extraordinaria valorización de esta, la fiscalización va a ser necesaria y efectiva para que al cliente que solicite el agua, de manera gratuita, siempre se le ofrezca de calidad y fresca.
Voto a favor.
Y felicito al Senador Girardi, autor de este proyecto de ley, y a los Senadores que lo han patrocinado.
El agua es de todos.
Todos vamos a votar a favor de este proyecto, y espero que cuando votemos para recuperar el agua para todos los chilenos tengamos el mismo resultado.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Navarro vota a favor.
Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?
La señora PROVOSTE.-
Voy a votar a favor de este proyecto de ley.
Y quiero ratificar lo que aquí han señalado la colega Carmen Gloria Aravena y el Senador Juan Castro. Me ha tocado trabajar directamente con ellos en la Comisión de Agricultura en la discusión del proyecto sobre modificación al Código de Aguas, y con el Senador Castro somos colegas en la Comisión de Recursos Hídricos. Siempre hemos visto, de parte de ambos, una disposición absoluta a hacer reformas que garanticen el agua como un derecho humano esencial.
Voto a favor de esta iniciativa.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
La Senadora señora Provoste vota a favor.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
Senador señor Galilea.
Senador señor Kast.
Senador señor Lagos.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Terminada la votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Tengo un problema acá con el computador.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Sabat y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Hay que fijar plazo para presentar indicaciones.
Acá tenemos un pequeño calendario.
¿Habría acuerdo para fijar como plazo el viernes 25, a las 12 del día?
No hay respuesta, lo doy por aprobado.
--Así se acuerda.
)-------------(
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier, para un asunto de reglamento.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, quiero pedir que se recabe el acuerdo unánime a fin de autorizar a las Subcomisiones Especiales Mixtas de Presupuestos para sesionar paralelamente con la Sala durante el mes de septiembre, con el objeto de ver la ejecución presupuestaria de los Ministerios antes de que llegue el proyecto de Ley de Presupuestos.
Ha sido difícil reunirnos por las sesiones especiales que hemos estado celebrando. Y lo pido, evidentemente, con el compromiso de estar en Sala al momento de votar y para coordinar el trabajo con los Ministros y Subsecretarios.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
¿Habría acuerdo con relación a la solicitud del Senador Letelier?
Acá, en la Sala presencial, hay acuerdo. En la Sala remota, ¿lo habría?
--Así se acuerda.
MODIFICACIÓN A LEY SOBRE REGULACIÓN DE ENTREVISTAS GRABADAS EN VIDEOS Y OTRAS MEDIDAS DE RESGUARDO A MENORES VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, en los términos que indica, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.630-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 53ª, en 23 de julio de 2020 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 65ª, en 11 de agosto de 2020.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto tiene por objeto actualizar las referencias normativas del inciso primero del artículo 1° de la ley Nº 21.057, que regula entrevistas grabadas en videos y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, a fin de concordar esta disposición con los cambios introducidos por la ley Nº 21.212 en el articulado del Código Penal, en relación con el delito de femicidio.
Asimismo, se modifica el cronograma para la implementación de la segunda y tercera etapas de la ley N° 21.057, establecido en su artículo primero transitorio.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, por tratarse de un proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata", discutió la iniciativa en general y en particular a la vez.
La referida Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, De Urresti, Galilea y Huenchumilla. Con idéntica votación, unánime, aprobó en particular la iniciativa en los mismos términos en que fue despachada por la Cámara de Diputados.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 26 y 27 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a sus disposición tanto en la Sala como también en la sesión virtual y en sus correos electrónicos.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señora Presidenta, este proyecto de ley, que cumple su segundo trámite constitucional en la Corporación, se originó precisamente en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República presentado en la Cámara de Diputados.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento procedió a su discusión en general y en particular, dado que se trata de un proyecto de artículo único y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación.
Esta iniciativa tiene dos objetivos, que paso a señalar.
El primero es actualizar las referencias normativas del inciso primero del artículo 1º de la ley Nº 21.057, con el propósito de concordar esta disposición con los cambios introducidos por la ley Nº 21.212 en el articulado del Código Penal con relación al delito de femicidio.
El segundo es modificar el cronograma para la implementación de la segunda y tercera etapas de la ley N° 21.057, establecido en el artículo primero transitorio de la misma norma.
En los fundamentos del mensaje se explica que la ley Nº 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, fue publicada en el Diario Oficial el día 20 de enero de 2018.
Dicho cuerpo normativo tiene por objeto regular la realización de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales por intermedio de entrevistadores especialmente capacitados y en instalaciones equipadas al efecto, con el objeto de prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves, con ocasión de su interacción con los intervinientes en el proceso penal.
Según lo previsto en el artículo primero transitorio de la ley Nº 21.057, esta comenzaría a regir en forma gradual, de conformidad con el inciso final del artículo 77 de la Constitución y de acuerdo al cronograma establecido en la referida disposición transitoria.
De esta forma, la primera etapa de la ley que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales entró en vigencia el 3 de octubre del 2019, comprendiendo esta fase las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, del Maule, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena.
A su vez, la segunda y la tercera etapas entrarían en vigencia transcurridos 18 y 30 meses, respectivamente, después de publicado en el Diario Oficial el referido reglamento, esto es, el 3 de octubre del 2020 para la segunda etapa, y el 3 de octubre del 2021 para la tercera.
En el escenario de crisis actual, la creciente afectación de la vida social que está produciendo la expansión del coronavirus, con la consecuente dictación de medidas de carácter de salud pública y de control sanitario, ha producido una serie de restricciones y afectaciones que limitan el desarrollo de las actividades de las personas e instituciones, alterando radicalmente su normal desenvolvimiento.
En este contexto, la inminente puesta en marcha de la segunda y la tercera etapa de implementación de la ley Nº 21.057 se ha visto seriamente impactada por la emergencia asociada a la irrupción del COVID-19 en la contingencia nacional, particularmente en lo que atañe a la imposibilidad de cumplir con el cronograma dispuesto para los cursos iniciales de formación especializada y la habilitación de las salas en que se van a realizar las entrevistas.
En vista de todas las consideraciones antedichas, del diagnóstico compartido entre las distintas instituciones y organizaciones involucradas en tan importante reforma, como la establecida por la ley N° 21.057, y teniendo presente especialmente que la prevención de la victimización secundaria, el resguardo de la dignidad y el interés superior de niños, niñas y adolescentes son objetivos primordiales a resguardar, la imposibilidad de su puesta en marcha conforme a los estándares exigidos por la ley constituye un riesgo que debe ser evitado y que pugna con la voluntad del Estado de trabajar firmemente en la preparación del camino hacia una cobertura total dentro del territorio nacional de este tipo de entrevistas.
Por otra parte, el 4 de marzo de 2020 fue publicada en el Diario Oficial la ley Nº 21.212, que modificó el Código Penal, el Código Procesal Penal y la ley Nº 18.216, en materia de tipificación del femicidio. En dicho contexto, se suprimió el inciso segundo del artículo 390 del Código Penal, que hasta esa fecha tipificaba el delito de femicidio, pasando a regularse esta materia en los nuevos artículos 390 bis a 390 quinquies de este Código. Dichas modificaciones no fueron plasmadas en el texto vigente de la ley Nº 21.057, en circunstancias de que el inciso primero del artículo 1° de este cuerpo legal contempló, desde su origen, al delito de femicidio dentro del catálogo de ilícitos de aplicación de la ley, mediante la referencia al artículo 390 del Código Penal.
Para el estudio pormenorizado de la iniciativa, la Comisión escuchó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín; a la Jueza del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago señora Nora Rosati, y a la Gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, señora Erika Maira.
Así, el artículo único del proyecto sometido al conocimiento de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone en su numeral 1 intercalar, en el inciso primero del artículo 1º de la ley N° 21.057, a continuación de la expresión "390;", lo siguiente: "390 bis; 390 ter;".
El objetivo de esta enmienda es otorgar el amparo del sistema de entrevistas videograbadas a niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas o testigos de delitos contemplados en los referidos artículos 390 bis y 390 ter del Código Penal. El primer precepto sanciona con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado al "hombre que matare a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común" y al "hombre que matare a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia". La segunda disposición, en tanto, castiga con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo al "hombre que matare a una mujer en razón de su género".
Luego el numeral 2 del artículo único del proyecto efectúa tres enmiendas en el artículo primero transitorio de la ley Nº 21.057.
Primeramente, la letra a) sustituye en el inciso tercero la expresión "dieciocho meses" por "veintiséis meses", lo que, en los hechos, aumenta el plazo en el cual entrará en vigencia la ley N° 21.057 en las Regiones de Atacama, de Coquimbo, de Ñuble, del Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos.
La letra b), por su parte, reemplaza en el inciso cuarto la expresión "treinta meses" por "cuarenta y dos meses", incidiendo en el plazo dispuesto para la entrada en vigor de dicha preceptiva en las Regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, de Los Lagos y Metropolitana.
Por último, la letra c) agrega el siguiente inciso final: "La Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal deberá informar mensualmente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados y a la Defensoría de la Niñez, acerca del cronograma y estado de avance de la implementación de la ley N° 21.057.".
Honorable Sala, la Comisión, una vez analizadas las disposiciones propuestas, aprobó por la unanimidad de sus miembros la idea de legislar en esta materia. Seguidamente, durante la fase de discusión en particular, se aprobaron en su integridad las disposiciones contenidas en el texto despachado por la Cámara de Diputados.
Señora Presidenta, la Comisión que presido concordó con la idea de otorgar la mayor celeridad posible a esta iniciativa, con el fin de configurar el nuevo cronograma de implementación de la ley Nº 21.057, en razón de la pandemia que vive el país, y así cumplir plenamente con el objetivo de dar protección a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas o testigos de delitos muy graves.
He dicho, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador De Urresti.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia, don Hernán Larraín.
Señor Ministro, tiene que activar el micrófono desde su equipo, por favor.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Ahora sí.
Gracias, Presidenta.
Junto con saludarla a usted, por su intermedio, saludo a las Senadoras y los Senadores que nos acompañan en esta sesión en forma remota o presencial en la Sala de la Corporación, en Valparaíso.
Quisiera agradecer esta oportunidad para dirigirme brevemente a ustedes en esta materia. La intervención que ha hecho el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador Alfonso de Urresti, me permite hacer comentarios más breves.
Efectivamente, como ustedes recordarán, la ley Nº 21.057 reguló las entrevistas videograbadas con el propósito de resguardar a las niñas, niños y adolescentes (los menores de edad) que tuvieran que declarar por haber sido víctimas de delitos sexuales. Por esta vía se evitaba la revictimización que suponían todas las investigaciones judiciales anteriores en esta materia, las cuales, por implicar entrevistas una y otra vez a esos niños, a esas niñas y a esos adolescentes, se les hacía recrear, volver a sufrir las consecuencias de ese acto deleznable, que, además, debía ayudar a esclarecer.
Por ese motivo, dicha ley, que siguió un trámite bastante activo, fue publicada el 20 de enero del 2018 y, para poder funcionar, requirió la dictación de un reglamento, el cual se aprobó el 2 de abril del 2019.
Su puesta en marcha supuso un ingreso gradual en tres etapas, como se ha recordado, seis meses después de publicado el reglamento: primero, el 3 de octubre del 2019, se aplicó en un grupo de regiones del norte y del extremo sur, más el Maule; durante el 2020 ingresaron las Regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos, y, finalmente, el 3 de octubre del 2021 lo hizo el resto de las regiones, que era el grueso, pues correspondía al 61 por ciento de la población.
El monitoreo y la puesta en marcha ha sido supervisada por la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, que preside el Ministro de Justica y que integran el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, el Defensor Penal Público, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones, el Presidente del Colegio de Abogados y distintos otros organismos. Uno de los subcomités que ha creado esta Comisión es el que ha estado a cargo de supervisar y coordinar la puesta en marcha de este sistema.
¿Por qué es tan complejo este sistema, Presidenta? Porque exige la operatividad de diversos elementos, que son los que hacen el cambio, la diferencia.
Uno de ellos es tener entrevistadores especialistas, preparados y capacitados para desarrollar las entrevistas con los menores, que es una situación compleja y difícil.
En seguida, se requieren salas especializadas, adecuadas a quienes van a ser entrevistados; que cuenten con las facilidades para grabar y que no tengan a todas las personas enfrente de los niños, sino detrás de vidrios espejo, permitiendo así la privacidad y, al mismo tiempo, la información y la transparencia.
También se necesita capacitar a los operadores, hacer difusión, en fin.
Hay un conjunto de elementos que posibilitan que este proceso funcione, y funcione bien.
De hecho, el trabajo que se hizo permitió que la primera etapa, prevista para el 3 de octubre de 2019, entrara en vigencia con esta coordinación que se dio entre todas las instituciones. En este punto ha habido bastante integración, aprovechamiento de los recursos y de los propios entrevistadores entre las distintas instituciones. Por eso creemos que se ha dado un buen ejemplo del uso de los recursos.
Sin embargo, la puesta en marcha de la segunda etapa, prevista para el 3 de octubre de este año, ha tenido dificultades. Como bien señalaba el Presidente de la Comisión, Senador De Urresti, la situación producto de la actual contingencia sanitaria ha obligado a suspender buena parte de estas actividades. Se impidió la construcción adecuada y oportuna de las salas especializadas; se dificultó y paralizó la capacitación de entrevistadores, de intermediadores, en fin. No obstante que se alcanzaron a formar varios, una cantidad apreciable, aproximadamente la mitad en algunos casos, el número de capacitados sigue siendo insuficiente, y la preocupación es que se produzca un rebote para la tercera etapa, la que debe empezar a funcionar el 3 de octubre del 2021.
Todo esto hizo que la Comisión Coordinadora, a través del subcomité respectivo, encendiera las alarmas en su momento y, luego del estudio de la medida, decidiera solicitar la prórroga de la entrada en vigencia a través de una norma, ya que el calendario para ello está establecido en la propia ley que creó este sistema, la N° 21.057.
Quiero decir que no ha sido una decisión fácil, porque uno advierte la necesidad de este sistema.
Este mecanismo realmente ha servido para evitar, como decía, la revictimización de niños, niñas y adolescentes, y postergarlo significa que no podremos seguir avanzando con la rapidez que se requiere, con lo cual niños o niñas víctimas de abusos sexuales seguirán declarando bajo el sistema antiguo.
Pero la verdad es que tampoco se puede instalar un nuevo sistema a medias, con salas que no están construidas, con entrevistadores que no están capacitados, con un equipo que no entiende cómo funciona el proceso. Por lo tanto, la recomendación que hizo el referido subcomité fue prorrogar en los términos que aquí se señalan.
De hecho, la prórroga era mayor. El proyecto originalmente proponía retrasar en doce y quince meses la entrada en vigencia de la segunda y la tercera etapa, respectivamente, pero en la discusión que tuvimos en la Cámara de Diputados se pidió hacer un esfuerzo adicional para que entrara en vigor con antelación.
En resumen, este es el proyecto que se aprobó en la Cámara y, también, en la Comisión de Constitución del Senado, como dijo su Presidente.
La prórroga de la segunda etapa se hace por ocho meses: en lugar del 3 de octubre del 2020, comenzará el 3 de junio del 2021. Y la prórroga de la tercera etapa -y última- se hace por doce meses: en lugar del 3 de octubre del 2021, entrará a regir el 3 de octubre del 2022. Con eso, es posible cumplir con las metas y que este sistema entre en funcionamiento en la forma debida.
Adicionalmente a esta propuesta, que es la modificación central que promueve el proyecto, y dado que entremedio hubo una nueva legislación en relación con la tipificación del delito de femicidio, que contempla en ciertas situaciones a menores de edad, se decidió que el femicidio -básicamente los tipos que se incorporaron en la ley N° 21.212, con los nuevos artículos 390 bis y 390 ter, que tipifican el femicidio de distintas maneras- también fuera incorporado al catálogo de delitos que están llamados a utilizar entrevistas videograbadas. Por tanto, se actualizan esas normas, dándoles mayor seguridad en estos casos a quienes vayan a ser entrevistados en los procesos judiciales que lleven adelante el Ministerio Público y los tribunales de justicia.
En ese sentido, aprovechamos para hacer una actualización de los delitos que estarán en el catálogo, incorporando los que se establecieron en la ley referida, que se aprobó durante la tramitación de esta iniciativa.
En dos palabras, señora Presidenta, queremos pedir la aprobación del Senado para el proyecto que busca prorrogar la puesta en marcha de las etapas dos y tres de la ley que estableció las entrevistas videograbadas para los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, de manera de asegurar que entren en vigencia de forma adecuada, con la calidad y seguridad que requiere una materia tan delicada.
Es lamentable tener que hacerlo, pero son las consecuencias que ha impuesto esta crisis sanitaria, que ha complicado en todos los sentidos nuestra vida. En esta área hemos recibido un golpe muy duro, pues nos obliga a solicitar esta prórroga, que gracias a Dios ha tenido la comprensión de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Constitución y esperamos que también de esta Sala.
Y aprovechamos de completar el catálogo con el delito de femicidio en los términos en que lo despachó este Congreso.
Con estos antecedentes, señora Presidenta, ojalá podamos contar con la aprobación de la Sala y despachar el proyecto para asegurar que la prórroga se realice, ya que estamos a días del plazo en que debería entrar a regir la próxima etapa, de conformidad con el cronograma original.
Gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, señor Ministro Larraín.
Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Gracias, Presidenta.
Escuché atentamente al Ministro Larraín, a quien, por su intermedio, aprovecho de saludar.
Efectivamente, es doloroso hacer esta constatación.
Este proyecto busca prorrogar la concreción de las etapas dos y tres de la ley que regula las entrevistas videograbadas en casos de niños que han sido abusados. El objetivo, tal como lo ha explicado el propio Ministro, es evitar la revictimización de esas niñas y esos niños.
Esta situación es muy compleja, porque entiendo que hay una baja en el presupuesto para esta actividad, además de la prórroga en la contratación de profesionales, que son tremendamente necesarios para proteger a estos niños.
Entonces, no es fácil votar favorablemente este proyecto. La Cámara así lo hizo.
No dudo de los esfuerzos que está haciendo el Ministerio en esta materia; no dudo de la sensibilidad que esto provoca, fundamentalmente, en quien lidera dicha Cartera, el propio Ministro, y en todas y todos nosotros.
Solo me queda solicitar que estas etapas puedan ser concretadas lo antes posible, porque no es fácil votar la prórroga de un mecanismo que evita la revictimización de los menores abusados.
Por lo tanto, en la medida que esto se prolongue más, se sigue manteniendo el brutal brutal daño a estos menores de edad.
Solo por lo que ha dicho el Ministro, que para llevar a cabo todo este proceso hay que prorrogar un par de meses su entrada en vigencia con el objeto de lograr implementar este tipo de entrevistas para no volver a hacerles daño a estos menores de edad, yo votaré favorablemente este proyecto. Yo no aprobaría una prórroga si efectivamente no fuera tal como se ha explicitado, porque aquí tenemos que encargarnos precisamente de evitar el doble sufrimiento de estos niños, niñas y adolescentes.
Por lo tanto, en esa condición, Presidenta, respaldaré esta prórroga, pero pidiendo que pueda ser revertida lo antes posible. Aquí estamos ante un profundo daño histórico a estos menores de edad, y precisamente este tipo de programas y acciones intentan contribuir a evitarles más daños.
Gracias, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador Bianchi.
Senadora Luz Ebensperger, tiene la palabra.
La señora EBENSPERGER.-
Señora Presidenta, como acá se ha señalado, la ley N° 21.057, publicada el año 2018, regula la realización de entrevistas investigativas videograbadas y la declaración judicial de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de los delitos que contempla esa ley.
Como indica el propio artículo 1°, "Mediante la prevención de la victimización secundaria se busca evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos señalados" en la propia ley.
La implementación de la ley requiere la formación de especialistas en metodologías y técnicas de entrevistas investigativas videograbadas y declaración judicial de niños, niñas y adolescentes, además de la provisión de instalaciones físicas y salas acondicionadas para el efecto, de manera de proteger la privacidad y seguridad de los menores de edad, a los efectos de controlar la presencia de los participantes, asegurar la fidelidad del testimonio de los menores y el control de los métodos utilizados en las entrevistas de que se trate.
Los requerimientos de capacitación son aplicables al personal y a los procedimientos llevados a cabo por el Ministerio Público, por ambas Policías (tanto Carabineros como la PDI), por el Ministerio del Interior y por el Poder Judicial. En particular, se requiere capacitar a jueces en el nuevo procedimiento que se aplica conforme al principio de especialidad, con preferencia el Código de Procedimiento Penal.
De ahí que, pese al esfuerzo tanto del Ejecutivo como de todos los entes involucrados en la implementación de esta ley, y a consecuencia no solo del estallido social de octubre del 2019, sino además de la pandemia del COVID, todo el proceso se ha visto alterado, se han producido postergaciones y no se ha podido cumplir con la calendarización.
Por lo tanto, se requiere la modificación legal propuesta porque, de lo contrario, una mala implementación podría ocasionar un efecto negativo. Así lo señalaba la propia jueza de familia que nos acompañó en la Comisión de Constitución, quien explicaba que una mala implementación podía no solo vulnerar una vez más los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino que también causarles un mayor daño.
Y explicaba, asimismo, que se habían tratado de realizar las capacitaciones mediante videoconferencias, pero que son tan especializadas que debían impartirse de preferencia de manera personal; además, si realizarlas de forma presencial significaba una semana, al hacerlas telemáticamente o a distancia el proceso demoraba un par de meses.
Por lo tanto, la postergación que se está solicitando a través de este proyecto se encuentra plenamente justificada, es necesaria y urgente.
Se había consensuado postergar la implementación de la segunda etapa, pasando de dieciocho a veintiséis meses, como he señalado, posponiendo su implementación al año 2021, y la tercera etapa al año 2022. Les recuerdo que la primera etapa ya se encuentra en ejecución.
Lamentando, como todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, que tenga que postergarse su entrada en vigor, considero ampliamente justificada la solicitud, porque la implementación de esta ley debe hacerse de manera correcta.
Esperamos que todos los entes que participan en su implementación se aboquen prontamente para que el plazo establecido se cumpla, por el bien de los niños, niñas y adolescentes, pero que se haga de la forma correcta.
Nosotros vamos a votar a favor del proyecto, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senadora Ebensperger.
Tiene la palabra el Senador Galilea.
El señor GALILEA.-
Señora Presidenta, abundando en lo que ya han señalado el Presidente de la Comisión de Constitución y el Ministro de Justicia, el proyecto de ley que estamos votando no es fruto de una improvisación, ni tampoco de menos presupuesto (de hecho, se está poniendo toda la plata posible para avanzar en esta materia), sino que simplemente es una muy mala consecuencia de lo que estamos viviendo a raíz de esta pandemia.
Tal como se ha dicho, la ley N° 21.057, que se refiere a las entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas de abuso, se estaba implementando en Chile en tres etapas.
La primera, que empezó en octubre del año pasado, involucró a algunas regiones que más o menos equivalían a cerca del 14, 15 por ciento del total de la población nacional.
En octubre de este año tocaba iniciar la segunda etapa, que abordaba más o menos a un 25 por ciento de la población nacional.
Y finalmente, en octubre del 2021, se sumaba el resto del territorio, en una gran etapa que abarcaba al 60 por ciento de la población del país, incluida, por supuesto, la Región Metropolitana.
Pero hay que observar la realidad y ver lo que ha ocurrido.
La subcomisión de implementación de esta ley, en la que participan el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros, PDI, llegó a la total certeza de que era absolutamente imposible estar listos para implementar la etapa que comenzaba ahora en octubre, en poco más de un mes, y también que iba a ser imposible abarcar lo que faltaba, que es más de la mitad de Chile, dentro de un año.
Por eso que esta situación se empezó a trabajar, se discutieron distintos tipos de prórrogas y finalmente se llegó a la conclusión de que, si bien van a ser plazos ajustados, ocho meses más para la segunda etapa y un año adicional para la tercera etapa era lo que aparecía como más razonable y como más prudente.
En este punto hay que tener bien claro que la implementación no solo considera la construcción de espacios físicos, cosa que es necesaria, como salas especiales de escucha y de entrevista. Lo más relevante es tener preparados a los entrevistadores. Y su especialización no implica un curso que se imparte online, no es simplemente una cosa telemática. No. Es una formación muy muy delicada, que abarca una gran preparación psicológica para saber hacer que los niños digan la verdad de manera genuina, no manipulada, que obtengan lo que efectivamente sucedió respecto de una eventual situación de abuso.
Por eso que se debe preparar a muchos entrevistadores y se les tiene que preparar muy bien. Para la segunda etapa, que se iba a iniciar ahora, se requerían 144 entrevistadores y también unos 48 jueces especialmente preparados.
Al final del día, la preparación de los entrevistadores va más o menos en un 50 por ciento. Y el Poder Judicial, por lo que todos sabemos, ha tenido que suspender completamente el proceso y ninguno de estos teóricos 48 jueces ha podido realizar sus respectivas capacitaciones.
Así que, vuelvo a reiterar, el proyecto de ley que estamos votando obedece a una imposición de la realidad. Por desgracia, no hemos podido avanzar a la velocidad que quisiéramos, por la pandemia.
Y el asunto es particularmente dramático. Hace algunas semanas, la Fiscalía informaba que la atención psicológica y la reubicación de víctimas de violencia intrafamiliar habían subido un 50 por ciento durante la pandemia.
Por lo tanto, el tema es particularmente delicado.
Por consiguiente, además de aprobar la iniciativa, le pido al Ministro de Justicia, al Ministerio del Interior, al Poder Judicial, a Carabineros, a la PDI, que, independiente de que tengan más plazo, ojalá puedan casi adelantar el proceso, porque la situación de violencia intrafamiliar que ha generado la pandemia se ha puesto aguda aguda, y eso no podemos obviarlo de ninguna manera.
Quiero terminar agradeciendo la participación de las juezas de familia que asistieron a la Comisión y también a Erika Maira, quien participó por parte de la Fiscalía, que estuvo muy pero muy a cargo de que este proyecto de ley viera la luz.
Así es que voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador Galilea.
Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señora Presidenta, sumándome a lo que ya han señalado los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, quiero manifestar que voy a votar a favor de esta iniciativa.
Este proyecto tiene dos puntos principales.
Primero, actualizar la normativa de la ley N° 21.057, que regula las entrevistas videograbadas, dado que cuando esta se dictó no existía en Chile la figura penal del femicidio contemplada en los artículos 390 bis y 390 ter del Código Penal. En razón de eso, se aprovechó este proyecto de ley a fin de incorporar estas dos figuras penales dentro de aquellas respecto de las cuales puede realizarse entrevista videograbada a menores, a fin de evitar la victimización secundaria.
En segundo lugar, como ya muy bien lo han señalado quienes me han precedido en el uso de la palabra, la ley originalmente había fijado un plazo para su entrada en vigencia, pero distintos acontecimientos, como el estallido social de octubre del año pasado y principalmente la pandemia del coronavirus, han impedido llevar adelante las diversas tareas que se tenían en carpeta para que la ley pudiera implementarse. Entre otras, por ejemplo, la construcción de las distintas salas en los tribunales del país, así como en las dependencias de la Fiscalía, para tomar las entrevistas videograbadas a los niños.
Y lo que ha resultado más complejo es que no se ha podido preparar a los entrevistadores y a los jueces especializados que deben hacerse cargo de tomar este tipo de entrevistas.
Se nos comentó en la Comisión, y lo compartimos, que justamente, dada la especial preparación que han de tener los entrevistadores y los jueces, no fue posible realizar de forma remota los cursos de capacitación, porque se requiere que sean de carácter presencial.
Por esa razón, como una forma de que esta ley pueda ser aplicada eficazmente, se ha pedido una postergación, en un plazo que a mi juicio es del todo razonable, dado que responde al tiempo que no se ha podido utilizar en la preparación de aquellas personas que lo necesitan para cumplir con los distintos roles que plantea la ley.
En el caso de aquellas regiones donde hoy día están funcionando las entrevistas videograbadas, hay una experiencia bastante buena.
Por eso, esperamos que esto se replique en el resto del país y que podamos contar con un sistema eficaz, que evite la victimización secundaria, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Creo que este proyecto debiera ser aprobado en forma unánime, porque busca dar un mayor plazo a fin de poder implementar el sistema en forma adecuada en aquellas regiones donde todavía no comienza a regir la ley.
Por esa razón, Presidenta, voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador Araya.
Tiene la palabra el Senador Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señora Presidenta, nosotros examinamos este proyecto en la Comisión de Constitución y estimamos que existen todos los presupuestos positivos para acceder a la prórroga que pide el mensaje, y que en su exposición solicitó el señor Ministro de Justicia, en orden a que este sistema, implementado por la ley N° 21.057, de enero de 2018, y que entró en funcionamiento en forma gradual en distintos territorios de la república, pudiera sufrir una postergación, una prórroga en sus etapas segunda y tercera.
Estamos hablando de un sistema innovador, que tiene por objeto proteger a los menores que han sufrido abusos por determinados delitos, para que cuando ellos presten su testimonio lo hagan en condiciones de tranquilidad, de respeto, por todos los efectos psicológicos que implica el haber sido abusado y más encima volver a revivir en los interrogatorios todos esos nefastos hechos ocurridos en su niñez.
Nosotros examinamos si esta prórroga se justificaba o no y si no había aquí alguna causal de tipo presupuestario o alguna negligencia de parte del Ejecutivo. Y pudimos comprobar que todo está en regla y en orden y que simplemente la fuerza mayor que ha significado la crisis social y sanitaria que tenemos hace indispensable acceder a esta prórroga de unos cuantos meses más para los efectos de que se puedan llevar adelante las implementaciones físicas necesarias y también para que los entrevistadores, que son personas con una especial formación psicológica para el tratamiento de los menores, también puedan cumplir adecuadamente con ese ciclo de formación, al igual que los jueces.
Por lo tanto, señora Presidenta, quiero decirle a la Sala que se justifica plenamente la petición planteada en este mensaje presidencial.
En consecuencia, llamo a que lo aprobemos.
De esa manera, este sistema puede tener el tiempo necesario para una adecuada y correcta implementación.
Por eso, votaremos a favor.
Gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador Huenchumilla.
Se ha solicitado abrir la votación.
Vamos, entonces, a iniciar la votación con la Senadora Isabel Allende, que estaba inscrita anteriormente, y después seguiremos el orden alfabético que tiene el Secretario.
En votación.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Senadora Allende, tiene la palabra.
La señora ALLENDE.-
Señora Presidenta, efectivamente, tal como lo han expresado todos los que hasta este momento han hablado en la Sala, estamos ante un proyecto que debiera tener una aprobación unánime.
Todos entendemos que la ley que consagra la entrevista videograbada ha sido un gran avance para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, se cumple a cabalidad con el interés superior del niño, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Todos sabíamos que antes de que se aplicara esta ley había una revictimización de los niños, que podían ser o víctimas o testigos de delitos graves, dada la repetición de su testimonio, que obviamente significa un detrimento psicológico, físico y la trasgresión del rol protector que debe cumplir, por supuesto, el propio Estado con ellos.
Además, no existía mayor exigencia -esto es muy importante- respecto de la idoneidad y la capacitación que debían tener las personas que hacían esas interrogaciones.
En tal sentido, con esta ley, que se aplica a cualquier menor que deba actuar en un juicio, sea como víctima o testigo, tenemos que evitar esa revictimización, contando con un personal suficientemente capacitado y con las salas y las condiciones adecuadas para que este sistema se aplique de la mejor forma.
Y es muy importante, dadas las condiciones y la situación que ha vivido nuestro país, que el Ministerio de Justicia, como lo ha expresado honestamente, plantee que es imposible aplicar el sistema en los plazos que se habían concebido.
Por lo tanto, es preferible darnos un nuevo plazo, más razonable, que permita esa preparación presencial, contar con todo ese personal idóneo capacitado, y que no ocurra lo que justamente queremos evitar: la revictimización y el daño consecuente que les generamos a estos niños, niñas y adolescentes.
Solo ha habido un avance de 47 por ciento respecto de los entrevistadores. Y existe una brecha de las capacitaciones que alcanza hasta un 100 por ciento.
También, como decíamos, se encuentra pendiente la construcción de las salas.
Espero que se pueda avanzar más en ese sentido, porque estamos todavía muy lejos de cumplir las metas que nos habíamos propuesto.
A mí me preocupa, y se lo quiero decir -por su intermedio, Presidenta- al señor Ministro, no saber exactamente qué ocurre en Valparaíso, pues se habla de un aumento entre treinta y cuarenta y dos meses. Me gustaría saber con más precisión cuándo se pueden cumplir esos plazos.
También es muy importante lo relativo a la incorporación a la ley de la entrevista videograbada a niños y niñas víctimas o testigos de femicidio. Hicimos una adecuación con la "Ley Gabriela", normativa en estos tipos penales, creando incluso un nuevo tipo de femicidio, por razón de género, con lo cual es absolutamente necesario hacer una actualización.
Presidenta, quiero destacar el avance que han significado estas modificaciones. Porque en el caso que ha provocado tanta conmoción en Villa Alemana y en la Región de Valparaíso se ha podido por lo menos formalizar al asesino, o presunto asesino, de Ámbar por violación con femicidio. Y esperamos que reciba una de las penas más duras, que la ley no permitía al no haber vínculos familiares.
Yo votaré a favor. Existen todos los argumentos para conceder esta ampliación de plazo y prepararnos de la mejor manera, siempre pensando en el interés superior del niño.
He dicho, Presidenta.
Muchas gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
La Senadora señora Allende vota a favor.
Ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar la Senadora señora Aravena.
Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
Se le apagó el micrófono.
Ahí sí.
La señora ARAVENA.-
Voto a favor del proyecto.
Muchas gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
La Senadora señora Sabat igualmente ha solicitado adelantar su voto.
¿Cómo vota, Su Señoría?
La señora SABAT.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
El Senador señor Prohens también ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar.
¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor PROHENS.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.-
Voy a justificar mi voto, señor Secretario.
El proyecto busca actualizar algunas normas y reformar el itinerario que fija la ley N° 21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales.
Todos los procesos de capacitación, de acuerdo a la planificación proyectada, se realizaron con antelación a la publicación de la ley. Sin embargo, desde el inicio de la emergencia sanitaria se han visto retrasados o impedidos, situación que hace necesario adecuar la normativa para cumplir con la segunda y tercera etapas, incluyendo a instituciones vinculadas con esta ley, como lo son el Ministerio Público, el Poder Judicial, Investigaciones, Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
La ley en proyecto busca hacer frente a la llamada "victimización secundaria", que consiste en el sufrimiento que experimenta la víctima en su paso por las diferentes instancias del sistema procesal penal y por las reacciones de su entorno social.
La incorporación de estos delitos a la modalidad de entrevistas videograbadas y declaraciones judiciales es una medida acorde con el pleno respeto de las víctimas, lo cual, sin duda, es un elemento eficaz para combatir la impunidad en estos casos.
No obstante manifestar mi aprobación a este proyecto, hago un llamado al Ministerio de Justicia para que considere las 17 mil denuncias anuales que se producen por delitos sexuales contra menores de edad, con el objetivo de acortar los plazos en su implementación.
Esta normativa, que beneficia principalmente a nuestros niños, niñas, jóvenes y familias en general, no puede seguir esperando y necesita el esfuerzo y la colaboración de todos nosotros.
Voto a favor, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Durana vota a favor.
Senador señor Galilea, ¿cómo vota?
El señor GALILEA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El Senador señor Castro ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
El señor GUILLIER.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
A favor había dicho, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.-
Señora Presidenta, realmente es difícil hablar de hechos tan lamentables como estos.
Esta mañana leía una noticia acerca de la cantidad de delitos sexuales que se habían cometido durante este período, de las denuncias que existían, y la mayor parte de ellos son perpetrados por familiares o por gente cercana a los niños, niñas y adolescentes, que -entre paréntesis- son más de las tres cuartas partes de los delitos sexuales que se consuman en nuestro país.
Creo que debemos aprobar esta normativa y examinar -estamos hablando de decenas de miles de delitos de este tipo- si estamos trabajando adecuadamente para prevenirlos y sancionarlos duramente.
A mi juicio es muy triste tener que hablar de esto. Pero nuevamente deseo recordar que si hay una cosa que le falta a Chile es una legislación o una política de salud mental infantil, que ciertamente sería muy necesaria para estos niños tan abusados y maltratados al comienzo de su vida y que llevarán las huellas de estos hechos durante toda su existencia.
Voto a favor, diciendo que este no es un buen día; es un día triste tener que aprobar un proyecto de ley sabiendo cuánta cantidad de niños, niñas y adolescentes son víctimas de estas brutalidades.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Insulza vota a favor.
Senador señor Kast, ¿cómo vota?
El señor KAST.-
Señor Secretario, tal como decía el Senador Insulza, quien acaba de hacer uso de la palabra, me parece que este es uno de los temas en que muchas veces hemos llegado tarde. Son heridas abiertas invisibles de nuestra sociedad y donde el proyecto de hoy día realmente es muy relevante.
Por eso no solo me voy a pronunciar favorablemente, sino además considero muy necesario que sigamos avanzando en iniciativas como esta.
Hay otro proyecto muy importante que lo ha venido pidiendo la Fundación para la Confianza desde hace mucho tiempo y que busca pedirles a los colegios que cuenten con protocolos de detección de abusos sexuales.
Fue una iniciativa que ingresamos en su minuto en la Cámara Alta cuando yo era Diputado junto a la actual Ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, y que tiene el concepto de que muchas veces, aunque uno no lo crea, es el colegio el lugar donde uno puede finalmente detectar los abusos que, por desgracia, ocurren mayormente en la casa.
El colegio puede ser la tabla de salvación para miles de niños, niñas y adolescentes, si efectivamente tienen un protocolo para identificar los abusos que pueden estar sucediendo en sus hogares.
Esto es especialmente relevante por lo que decía recién el Senador Insulza, en el sentido de que, en medio de la pandemia, cuando no hay colegios ni jardines infantiles funcionando, se presta mucho más para que puedan acontecer casos como estos.
Por eso me alegra que estemos avanzando en esta línea, pero nos queda un largo camino por recorrer.
Así que voto a favor, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Kast vota a favor.
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
Senador señor Latorre, ¿cómo vota?
El señor LATORRE.-
Voy a fundamentar brevemente mi voto, Secretario.
Soy consciente de que la implementación de la ley en proyecto exige la creación de salas especiales, la formación de entrevistadores, intermediarios; la conformación de una estructura de soporte tecnológico, de custodia de las entrevistas investigativas; la capacitación general y la incorporación de nuevos trámites, como la evaluación previa a los funcionarios de las unidades de víctimas para verificar que los niños, niñas y adolescentes estén en condiciones de participar en una entrevista videograbada, lo cual facilita el respeto a sus derechos humanos y evita la revictimización, en fin, todo lo que se ha argumentado anteriormente.
Obviamente, respaldaré esta iniciativa. Pero me llama la atención que un Gobierno que tiene como eslogan "Los niños primero", cuando llevamos más de seis meses de pandemia, en que se han adecuado todas las modalidades de teletrabajo... (falla de audio en transmisión telemática)... organizaciones, no seamos capaces de invertir, de poner los presupuestos ahí donde se dice que hay prioridades.
O sea, si de verdad nos interesa poner en primer lugar a los niños, niñas y adolescentes, respetar sus derechos humanos, particularmente los de aquellos que han sido amenazados y vulnerados, eso implica establecer los presupuestos; determinar los gastos y las prioridades administrativas, colocar los recursos para tal propósito.
A veces se ocupan muchos recursos, por ejemplo, para comprar nuevos artefactos policiales destinados a reprimir a la gente, pero acá falta poner los medios para implementar adecuadamente esta legislación.
Voto a favor; sin embargo, lamento que nuevamente tengamos que postergar el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Latorre vota a favor.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
Senador señor Navarro, ¿cómo vota?
El señor NAVARRO.-
Señor Secretario, lo cierto es que este proyecto de ley es una vieja aspiración, una sentida aspiración de quienes han luchado por la causa de la defensa de los niños, niñas y adolescentes.
Yo espero que los recursos económicos estén disponibles para que el Poder Judicial o quien corresponda los tenga y esto se haga efectivo. Ello va a depender del señor Ministro de Justicia, del señor Ministro de Hacienda. Ojalá que en el Presupuesto para el próximo año, que ya ha comenzado a discutirse, los fondos pertinentes estén considerados.
De no ser así, la agonía va a ser más larga.
Me pronunciaré favorablemente, pues considero que es un extraordinario avance en la defensa de los niños vulnerados, de los niños abusados. Solo espero que el Gobierno esté a la altura con su eslogan "Los niños están primero", y eso significa destinar ahora, en el Presupuesto del 2021 que discutimos en el 2020, los recursos económicos necesarios para su implementación.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Navarro vota a favor.
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.-
Señora Presidenta, quiero valorar esta iniciativa, porque efectivamente está enfocada en las víctimas, que son niños, niñas y adolescentes.
El hecho de haber sido alguna vez víctimas de delitos sexuales es una experiencia que después cruza toda su vida, y por eso también existe una ley de imprescriptibilidad de este tipo de ilícitos.
En este caso, las víctimas tienen que contar su testimonio en distintas instancias: desde el lugar donde hacen la denuncia, que puede ser un recinto policial, una oficina dentro de la red de asistencia judicial, hasta en los establecimientos hospitalarios; o sea, a veces han llegado a consultarles siete veces con respecto a la experiencia traumática de la cual han sido víctimas o del delito en sí mismo.
Por lo tanto, el gran valor que tiene este proyecto de ley es que neutraliza la victimización secundaria, pues a veces es el sistema el que termina vulnerando aún más a las víctimas.
Y creo que esta es una buena señal.
Algunos han hablado de este proyecto como la ley "No me preguntes más". Y deseo valorarla.
Espero que tenga visibilidad dentro del Presupuesto y podamos contar al menos en todas las regiones con los expertos para las entrevistas videograbadas y también con las salas, con los dispositivos y con el equipamiento que corresponde.
A mí me parece un gran avance, porque durante años niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abusos sexuales finalmente terminan siendo vulnerados tanto por el sistema como por el propio victimario.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora señora Órdenes vota a favor.
Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?
La señora PROVOSTE.-
Voy a fundamentar mi voto, señora Presidenta.
Pareciera que aquí se está hablando como si recién fuéramos a despachar una ley en circunstancias de que ya fue aprobada y promulgada en enero del año 2018.
Esta ley tuvo una larga tramitación en que fue convocada la sociedad civil y donde participó hace prácticamente ya más de una década todo un equipo intersectorial -reitero: incluida la sociedad civil- que estuvo trabajando en ella, y que terminó en este anteproyecto de ley el año 2012, el cual además incorporó el estudio de costos respectivo.
Durante el 2017 sacamos adelante esta ley y fue promulgada en enero del 2018 por la Presidenta Bachelet.
Sin embargo, este Gobierno, que utilizó como eslogan a los niños y niñas, hoy día los posterga, porque el objetivo de esta ley era precisamente no volver a preguntarles más a los niños, no seguir revictimizándolos.
¡Y hoy día esta es una mala noticia! ¡No tratemos de poner como una buena noticia el que se posterga la aplicación de una ley tan anhelada en nuestra sociedad!
Insisto: esta ley fue promulgada en enero del 2018; es decir, no es producto de la pandemia el que aquí no se haya organizado toda la estructura judicial para capacitar, para disponer de la infraestructura, las salas y no seguir repitiendo la victimización de los niños, niñas y adolescentes que han sido objeto de delitos sexuales graves.
Por otra parte, en lo que dice relación con la ley N° 21.212, yo también lamento que se postergue una iniciativa que costó tanto sacar adelante, con la generosidad que puso a disposición la familia de Gabriela, con todo su dolor, para que estas situaciones no siguieran ocurriendo en materia de femicidios, de maltrato y de delitos contra la mujer.
Yo no puedo votar a favor de un proyecto que posterga la tan anhelada búsqueda de justicia y que, más allá del reconocimiento que el Gobierno ha señalado, no ha recibido la disposición ni los recursos financieros para llevar adelante esta iniciativa.
Lo lamento por los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Lo lamento por las mujeres.
Esta es una mala noticia.
Yo me abstengo, señora Presidenta, pues no puedo concurrir con mi voto favorable para que se siga postergando la implementación de una iniciativa que, insisto, no es de ahora: fue promulgada en enero del año 2018. Porque ha habido tiempo suficiente para que este Gobierno, que utilizó a los niños como un eslogan, no los siga postergando y revictimizando ante una situación tan compleja.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora señora Provoste se abstiene.
Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?
El señor QUINTEROS.-
¿Ahora sí?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Sí.
El señor QUINTEROS.-
Señora Presidenta, tiene razón la Senadora Provoste.
Este ha sido uno de los avances más importantes en los últimos años en cuanto a protección y no revictimización de menores de edad víctimas de delitos sexuales.
La ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, ha exigido la creación de salas especiales; el soporte tecnológico necesario; la formación de entrevistadores y de intermediarios, y también la capacitación de todos los actores intervinientes en el proceso.
Nos dicen que su implementación se ha visto interrumpida por la emergencia sanitaria, lo que hace necesaria una prórroga para las siguientes etapas.
La verdad es que yo podría justificar esta medida, pero debo insistir en la necesidad de perfeccionar todos los instrumentos para prevenir y perseguir eficazmente delitos tan graves como los cometidos contra la integridad de menores de edad.
Hace pocas semanas -nos recordaba la Senadora Allende- el país se ha conmovido nuevamente, y esta vez por el crimen que costó la vida a una adolescente. Lo sucedido es inaceptable. Falló todo el sistema y todo el sistema debe reaccionar: el Sename, que aún está vigente, y también el Gobierno, las policías, los tribunales, el Ministerio Público deben agotar todos los recursos para evitar una nueva tragedia.
Lo que más se necesita es erradicar la pasividad, el conformismo y la burocracia cuando se trata de atender a niños, niñas y adolescentes que están siendo afectados en su integridad o que corren riesgo de ello.
Espero que el nuevo Servicio de Protección de la Niñez no solo pueda cumplir eficazmente sus funciones propias, sino también le inyecte el sentido de urgencia y prioridad que este tema debe tener en todos los organismos que juegan algún rol en esta materia.
Me voy a pronunciar favorablemente, señora Presidenta, porque con la pandemia a lo mejor podrían tener algo de razón.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Quinteros vota a favor.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
Puede activar su micrófono, Senador.
Ahí sí.
El señor SORIA.-
¿Ahí estoy cerca? ¿Ahí?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¡Ahí sí!
El señor SORIA.-
Escuché a mi colega la Senadora Provoste y le encuentro toda la razón. Yo le pido al Gobierno que apure esto y no espere lo que hoy día le estamos tramitando, por esto de la pandemia y por los problemas que hubo, para que ponga a los niños en primera prioridad. Porque no es posible que a un menor lo estén llamando para que conteste respecto de las atrocidades que hicieron con él.
Yo creo que aquí hay que ponerse la mano en el corazón. Está bien que nos demoremos mucho en las leyes, pero llamar a propuesta pública en la calle... Bueno, llevo cincuenta y cinco años, cuarenta y tantos fui alcalde, y cuando se quieren sacar rápido las cosas se sacan.
Le pido al Gobierno que saque rápido el proyecto, y no haga sufrir a los niños chilenos.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Soria vota a favor.
¿Senador señor García-Huidobro?
Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
El señor HARBOE.-
Gracias, Secretario.
Seré muy breve.
Esta ley, como bien decía la Senadora Provoste, es del 2018; se promulgó en enero de ese año. La trabajamos en la Comisión de Constitución de entonces, e invitamos a todas las organizaciones. El objetivo justamente era evitar la revictimización o victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes a quienes les preguntan una y otra vez, dentro del marco del proceso investigativo y judicial, cómo fueron victimizados; cómo fueron abusados sexualmente, generando un doble, triple o cuádruple trauma; lo que los lleva a revivir en cada ocasión la dramática situación de haber sido abusados sexualmente.
Se nos dice hoy día, dos años después de la entrada en vigencia de esta ley, que producto de la pandemia no se puede implementar, y que habría que postergarla.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Fíjese usted: el año 2020 se asignaron 242 mil millones de pesos a programas que la propia Dirección de Presupuestos evaluó mal. ¡Fueron mal evaluados y contaron con recursos!
Y la verdad es que uno dice: "Bueno; pero, a ver, momento, ¿cómo se están financiando programas mal evaluados, y, en paralelo, no existen recursos para implementar esto?". No me parece que sea adecuado.
En consecuencia, creo que es altamente inconveniente que estemos aprobando un proyecto que va a postergar nuevamente la entrada en vigencia de esta ley, porque en la práctica esto no es solo su postergación: es decirles a los niños, niñas y adolescentes que han sido abusados, o que lamentablemente serán abusados dentro de los próximos meses, que van a seguir siendo revictimizados; y les van a preguntar una y otra vez todo de nuevo.
Entonces, yo no puedo concurrir con mi voto favorable, porque creo que tuvieron dos años en los que no hubo pandemia para haber hecho lo que debía hacerse. Por tanto, yo no voy a votar a favor.
Me abstengo, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Harboe se abstiene.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Senadora Rincón, tiene la palabra.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidenta.
La verdad es que no iba a intervenir durante el debate de este proyecto. Pero después de escuchar a algunos colegas y de hablar con otros que participaron en su discusión en la Comisión, y al revisar el informe, creo que tenemos que ser capaces de compatibilizar el sentido de la ley con su pertinencia.
Y no podemos obviar lo que ha pasado en nuestro país.
Cuando consideramos, Presidenta, que la primera etapa de esta ley se inició el 3 octubre del 2019 y que incorporaba un 14 por ciento del territorio de nuestro país, incluida la Región del Maule, que yo represento; que la segunda comenzará en octubre próximo, y la tercera, en octubre del próximo año; y cuando vemos lo que han sido las capacitaciones para esto, la preparación del personal en medio de la pandemia, sencillamente uno no puede obligar a lo imposible.
Creo que esta ley posee dos virtudes. En primer lugar, incorpora ciertas situaciones que no estaban consideradas, para quedar dentro del amparo del sistema de las entrevistas videograbadas; esto es, incorpora a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas o testigos de los delitos contemplados en los artículos 390 bis y 390 ter del Código Penal. Y, en segundo término, prorroga en cuatro meses -de 18 a 22 meses- la entrada en vigencia de la ley, y de 30 a 42 meses la tercera etapa de ella.
Entonces, Presidenta, no es que no se vaya a cumplir con la ley; no es que estemos vulnerando su espíritu; sino que lo que nos está pidiendo el legislador, y entiendo que ha habido unanimidad en la Comisión de Constitución al respecto, es que esto lo hagamos bien. Y que además nos situemos en la realidad que tenemos hoy día como país. Quizá lo que debiéramos pedirle al Ejecutivo es un detalle de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de esta normativa.
Yo creo, Presidenta, y lo digo porque nos faltan tribunales especializados en materia de infancia, y en otras áreas, por cierto, que debemos tender a eso. Debemos tender a que exista equidad territorial en los tribunales, equidad territorial en distintas materias. Pero negarse a una realidad que ha ocurrido, y que hace imposible ir a la velocidad que el legislador se propuso cuando se aprobó esta normativa, no es correcto.
Por mi parte, lamento que se tenga que postergar o diferir en algunos meses la implementación gradual que el legislador consignó. Pero considero que eso recoge también la necesidad de establecer una adecuación a la realidad. Y hoy día la realidad nos ha tocado; y debiéramos aprovechar lo que la pandemia nos deja para discutir sobre la inequidad profunda que existe en nuestro país y sobre cómo hacemos para corregirla.
Yo voy a aprobar lo que han informado unánimemente en la Comisión de Constitución. Y obviamente voy a pedir al Ministerio de Justicia, a través de la Mesa del Senado, un informe respecto de qué ha pasado con las implementaciones que ya se han hecho y los presupuestos que se han ejecutado.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Gracias, Presidenta.
Es importante recalcar lo que ha dicho la Senadora Rincón. Básicamente, esta postergación ha sido solicitada por las instituciones del sistema penal, los tribunales, el Ministerio Público, Carabineros y la PDI; por el impacto del estallido social y la pandemia. No es el Gobierno el que la pidió. Ella ha sido producto de la imposibilidad de formar entrevistadores y hacer las salas. Por lo tanto, no existe un problema de presupuesto; la primera etapa ya se cumplió.
En consecuencia, es importante aclarar esa situación, y ojalá que el Ministro pudiera insistir en esto, porque creo que va en el camino correcto.
Así que yo voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor García-Huidobro vota a favor.
Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?
El señor BIANCHI.-
Gracias, señor Secretario.
Seré breve.
Mire, en mi intervención señalé que era muy complejo votar a favor de una prórroga. Me hizo mucho mucho sentido la intervención de la Senadora Yasna Provoste. Y obviamente no voy a entrar a realizar el juicio de si el Gobierno lo hizo mal o bien; ¡no! Aquí estamos efectivamente defendiendo el sufrimiento de niños, niñas y adolescentes.
Por lo tanto, yo me voy a abstener en esta votación, estimado Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Bianchi se abstiene.
Ha solicitado la palabra en la Sala, para fundamentar su voto, el Senador señor Elizalde.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor ELIZALDE.-
Gracias, Presidenta.
Efectivamente, la Senadora Provoste ha hecho un punto que era importante precisar al momento de argumentar respecto de cómo se vota este proyecto de ley.
Porque en las intervenciones anteriores se hacía referencia a un avance legislativo que ya fue consagrado en una reforma legal, que es la establecida en la ley N° 21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales en los términos que indica.
Por tanto, esta normativa ya fue aprobada por el Congreso Nacional. La disposición que estamos votando ahora se refiere a dos aspectos que son fundamentales: el primero, a mi entender del todo justificable, es actualizar la referencia normativa del artículo 1° de la ley N° 21.057, a la cual aludí, incorporando la mención de los artículos 390 bis y 390 ter, que tienen que ver con la figura del femicidio. Y, por tanto, hace aplicable la normativa que ya aprobó el Congreso Nacional también respecto de las entrevistas vinculadas a estos delitos. Obviamente, cuando se trata de menores de edad.
Ese es un primer punto que hay que destacar.
Y yo suscribo plenamente la necesidad de actualización de dicha referencia normativa, precisamente incorporando modificaciones al Código Penal, aprobadas también por este Congreso Nacional con posterioridad a la ley N° 21.057, en la figura del femicidio.
Lo segundo a lo cual se refiere esta iniciativa es la postergación de la entrada en vigencia o de la segunda y tercera etapas de la aplicación de la ley N° 21.057. En este sentido, el Gobierno ha utilizado como argumento particularmente la necesidad de formar monitores o a quienes son los encargados de implementar esta ley, en lo relativo al sistema de entrevistas, que se habría visto interrumpido o imposibilitado de ser realizado con motivo de los hechos acontecidos en nuestro país a contar del mes de octubre.
Yo creo que es bastante debatible este argumento -en eso quiero ser preciso-; no obstante, voy a votar a favor del proyecto, esperando, obviamente, que se cumpla con el plazo propuesto, el que se amplía en ocho meses, es decir, de 18 meses a 26 meses. Y en el caso de la segunda etapa, ahí sí hay una ampliación más significativa, porque se modifica la referencia de 30 meses a 42 meses, esto es, en un año.
Pienso que es bastante discutible si es necesaria o no una ampliación en estos términos, pero yo voy a confiar en lo que han planteado las autoridades del Ejecutivo en esta materia para una implementación adecuada.
Por eso, votaré a favor de este proyecto de ley y, sobre todo, por la actualización de la referencia normativa considerada en el numeral 1 del artículo único. Eso no obsta a que yo estime efectivamente necesario que el Gobierno exprese un compromiso más nítido con la implementación de estas iniciativas.
Por tanto, me parece que la crítica que aquí se ha formulado debe ser tomada en cuenta para efectos de la evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección de los menores.
Dicho lo anterior, voto a favor de esta iniciativa.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Vota a favor?
El señor ARAYA.-
Sí, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (35 votos a favor y 3 pareos), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Rincón, Sabat y Von Baer, y los señores Araya, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
No votaron, por estar pareados, la señora Provoste y los señores Bianchi y Harboe.
PROHIBICIÓN DE CAPTURA DE ESPECIES SALMONÍDEAS PROVENIENTES DE CULTIVOS DE ACUICULTURA
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.571-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 12ª, en 23 de abril de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 40ª, en 13 de agosto de 2019.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El principal objetivo del proyecto es permitir a los pescadores artesanales, por resolución fundada de la Subsecretaría de Pesca, la captura de especies salmonídeas que se hayan escapado de centros de cultivo o que hayan sido dejadas en libertad por sus dueños y se encuentren fuera del área de concesión, pero dentro del área marítima correspondiente a la región en que estén inscritos dichos pescadores.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura discutió esta iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Aravena y Rincón y señores Castro y Quinteros.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 36 a 38 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición, como también en la plataforma de esta sesión, en el sistema SIL de la Corporación y en los correos electrónicos.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra al Senador Quinteros, miembro de la Comisión de Pesca, para que entregue el informe.
El señor QUINTEROS.-
Gracias, Presidenta.
Bueno, el Secretario ha sido muy explícito en la relación de este proyecto. Yo voy a entregar datos sobre algunos hechos, como que la industria salmonícola nacional se encuentra radicada en manos de particulares, actividad que ha reportado al país importantes beneficios económicos y sociales por la entrada de divisas y el empleo generado. Sin embargo, el exponencial crecimiento de la industria del salmón, los ataques por parte de depredadores, las pérdidas por robo y las condiciones climáticas adversas han generado condiciones para el escape masivo de esta especie exótica directamente al mar, aguas interiores y ríos.
Las consecuencias de los escapes se han transformado en un problema ambiental, toda vez que el salmón, por su naturaleza, devora todo, en tanto que la captura y la comercialización de estos ejemplares son consideradas prácticas ilegales.
El objetivo de esta iniciativa es autorizar a cualquier pescador artesanal inscrito en el registro respectivo para extraer de manera permanente los salmones presentes en el área marítima de la región correspondiente.
También se establece la obligación de declarar al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura las cantidades de salmones extraídas por cada embarcación artesanal, y una sanción penal por la sustracción de salmones desde centros de cultivo, la ruptura maliciosa de redes y toda acción que provoque o pueda provocar un escape de peces.
Además, se contempla una prohibición temporal de captura de salmones que se han escapado desde un centro de cultivo, para que el titular del centro de cultivo ejerza acciones de recaptura, teniendo un plazo de treinta días, extendible por igual duración por una única vez.
Por otra parte, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura deberá publicar mensualmente información sobre el uso de antibióticos, la biomasa, la mortalidad y cosecha, desagregada por empresa y por centro de cultivo.
El titular de un centro de cultivo donde se produzca un escape de salmones podrá celebrar un contrato con organizaciones de pescadores artesanales de la zona para efectos de cumplir con el porcentaje de recaptura, peces que deben ser entregados al titular de la concesión. Deberá existir un procedimiento de recaptura que defina la nómina de pescadores participantes y los términos de la devolución al titular.
En resumen, el proyecto aprobado autoriza en forma permanente la captura de salmones por parte de organizaciones de pescadores artesanales y establece una prohibición de recaptura solo en el evento de escape de salmones, porque en ese caso la obligación del titular es recapturar los ejemplares que se escaparon dentro del plazo señalado, vencido el cual rige el régimen de autorización permanente de captura de salmones por parte de los pescadores artesanales.
La idea de legislar fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadoras señoras Aravena y Rincón y señores Castro y Quinteros.
Es cuanto puedo informar sobre este proyecto.
Y le pediría a la Presidenta que me dé los minutos que me corresponden para fijar mi posición con respecto a él.
¿Presidenta?
Bueno, la industria del salmón se ha convertido en un importante polo de crecimiento económico para el país. Solo durante el año 2019 las exportaciones alcanzaron los 5.135 millones de dólares. Y es también una importante fuente generadora de empleo.
No obstante, a pesar del aparente éxito de las cifras, la industria del salmón suele ser cuestionada, de manera ciertamente justificada, por una serie de prácticas que priorizan el logro económico por sobre la mantención de relaciones armónicas con el ambiente y las comunidades. El uso de antimicrobianos, la proliferación de desechos en el fondo marino, los escapes de peces, el manejo de mortalidades y la instalación de cultivos en zonas de alta biodiversidad o de interés social son cuestiones que es necesario regular y resolver.
Este proyecto aborda dos de esas situaciones.
Actualmente, el artículo 118 quáter de la Ley de Pesca establece que se presumirá la existencia de daño ambiental si en caso de fuga de salmones el titular del centro no recaptura, como mínimo, el 10 por ciento de los ejemplares en el plazo de 30 días, contado desde el evento, prorrogable por una sola vez en los mismos términos.
Claramente, este parece, por sí solo, un valor poco entendible a la luz de la falta de estudios que fundamenten el haber establecido tal porcentaje. En el caso, no se hace distinción alguna respecto a la especie, tamaño o cantidad de ejemplares involucrados en la fuga.
Tales variables no son triviales ante un eventual impacto ambiental. Hay especies que se han adaptado mejor al ambiente nacional. Prueba de ello son las poblaciones asilvestradas de salmón chinook, trucha arcoíris y salmón coho.
Estudios demuestran que, mientras más pequeños sean los ejemplares escapados, mayor será su capacidad de evadir a sus depredadores y capturar su propio alimento, asentándose en el medio. Los ejemplares mayores, en cambio, son más susceptibles de servir como alimento para otras poblaciones, como las de lobos marinos, los que a su vez suelen generar estragos en otras especies, afectan a la pesca artesanal y, paradójicamente, también atacan a los centros de cultivo. Ellos también constituyen un daño ambiental.
Y a pesar de que el Código Civil declara a los peces como res nulius -vale decir, son de quien los captura-, los pescadores no pueden acceder a este recurso, ya que no está declarado como pesquería. Si capturan salmones, aunque sea de modo circunstancial, pueden verse expuestos a fuertes sanciones.
Una vez que ese magro 10 por ciento es recapturado, su destino es convertirse en harina de salmón o ser depositados en algunos vertederos que, por cierto, ya no quieren seguir recibiendo desechos de la industria, pero no van a consumo humano directo, aunque no hay razones claras para ello.
Tema aparte es que, en la práctica, cada vez que ocurre un escape de salmones desde centros de cultivo, se produce un incremento sustancial en la venta ilegal para el consumo humano.
Resulta curioso que exista una protección tan fuerte de la propiedad de los salmones, incluso cuando estos han escapado, situación que produce pérdida de trazabilidad, impidiendo con ello asegurar su inocuidad alimentaria.
Respecto del uso excesivo de sustancias y químicos en el proceso de crianza de los salmones, la industria salmonera ha enfrentado serios cuestionamientos a nivel nacional e internacional por esta práctica. Al ser aplicados en ambientes abiertos, los químicos impactan a los medios naturales y afectan el desarrollo normal de los ecosistemas. En concreto, más de un 40 por ciento de los antibióticos administrados a los salmones son expulsados al medioambiente.
Hoy no existe la posibilidad de acceder de manera pública a datos desagregados sobre el uso de antibióticos en centros y barrios. Es necesario hacer una solicitud de acceso a la información, las cuales han sido repetidamente negadas por algunas empresas.
Señora Presidenta, está muy bien que las empresas del salmón contribuyan de manera importante al PIB, que generen utilidades, que den empleos y dinamicen la economía, pero ello no les otorga, bajo ningún término, licencia para operar con mayores facilidades que otras actividades productivas.
En los últimos diez años se han materializado 73 eventos con más de 6 millones de salmones escapados, lo que da cuenta de la magnitud del problema y sus efectos en el medioambiente de la zona sur de nuestro país.
¡Urgen soluciones!
Y este proyecto, al autorizar a los pescadores artesanales inscritos en el registro respectivo para extraer de manera permanente los salmones presentes en el área marítima de la región correspondiente, contribuye a minimizar el daño ambiental que estas especies ocasionan en nuestros ecosistemas marinos.
Por otra parte, al asegurar mayor transparencia en la información sobre el uso de antibióticos respecto de cada empresa de la industria del salmón, aporta una solución básica y esencial, a fin de lograr identificar a aquellas que hacen mal uso de estas sustancias o que no hacen cambios en sus estrategias de manejo para lograr su disminución.
Por estas razones, voto a favor de este proyecto en general.
La señora MUÑOZ (Presidente).-
Gracias, Senador Quinteros.
Senadora Rincón, Presidenta de la Comisión de Pesca, tiene la palabra.
La señora RINCÓN.-
Señora Presidenta, la verdad es que este proyecto se tramitó durante la presidencia del Senador Rabindranath Quinteros, quien ha hecho un completo informe.
Por consiguiente, solo diré que esta es una normativa que arranca de una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados y que viene a recoger una realidad. Permite que no solo los pescadores artesanales capturen salmón escapado, sino que también establece una obligación a la industria en cuanto a su responsabilidad en el manejo de la acuicultura.
Así que suscribo lo que ya expresó mi colega el Senador Rabindranath Quinteros, y solicito, Presidenta, abrir la votación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Muy bien.
¿Les parece a los colegas?
Se abre la votación, señor Secretario.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
¿Estaba inscrito el Senador Bianchi?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Así es, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra, Senador Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Gracias, Presidenta.
Sobre este proyecto de ley, creo que es poco ambicioso para poner realmente fin a las malas prácticas que ha tenido y tiene el sector salmonero en nuestro país, el que, luego de haber arrasado la Región de Los Lagos y la Región de Aysén, pretende, con un tremendo lobby, llegar a instalarse en la Región de Magallanes, la que aún cuenta con sectores prístinos, sobre todo en sus fiordos y canales, los cuales están en riesgo latente de ser invadidos por esta industria, la que, sin duda, arrasará con un lugar único en nuestro país y en el mundo.
En cuanto a la estructura del proyecto, este cambia la regla general del régimen actual de los salmonídeos, ya que, según la ley vigente, estos son de propiedad de las empresas productoras, incluso después de que se han escapado. Por tanto, la captura y comercialización de estos ejemplares son consideradas prácticas ilegales.
Por eso se autoriza, en el artículo 1 del proyecto, a los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal la extracción de especies salmonídeas presentes en el área marítima correspondiente a su región.
Con esto, sin duda, se produce un importante cambio, que permitirá a los pescadores artesanales tener una nueva fuente de ingresos y, además, que estos colaboren en el control de la presencia de salmones en el mar.
Asimismo, a los pescadores artesanales se les permitirá participar del proceso de recaptura que efectúe una empresa salmonera ante un episodio de escape, ya que se autorizará al titular del centro de cultivo para celebrar contratos con organizaciones de pescadores artesanales aledañas al centro siniestrado con el objeto de que participen en la recaptura.
Por último, se crea una figura penal especial que sanciona la sustracción de especies desde un centro de cultivo, así como la ruptura maliciosa de redes y toda acción que provoque o pueda provocar el escape de ejemplares desde centros de cultivo, lo cual, sin duda, es necesario castigar.
El proyecto avanza en la línea correcta en cuanto a evitar las consecuencias medioambientales que están generando los escapes de salmones desde centros de cultivo. Sin embargo, estimo que es el momento de efectuar una revisión más profunda a la legislación sobre acuicultura en materia de producción salmonera, así como a las políticas que lleva adelante el Ministerio de Economía respecto a esta industria, ya que es evidente el total colapso de nuestros mares a consecuencia del actuar irresponsable de la industria del salmón y, como representante de la Región de Magallanes, es de mi mayor preocupación el hecho ya real de que próximamente estaremos invadidos en nuestras prístinas aguas por esta industria, lo cual va a generar, obviamente, los efectos que hemos conocido en nuestras regiones contiguas de Aysén y de Los Lagos.
Voy a votar favorablemente este proyecto, Presidenta, habiendo hecho ya el punto en cuanto a la situación particular de las salmoneras.
Gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
A usted, Senador Bianchi.
Tiene la palabra el Senador Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Gracias, Presidenta.
Este proyecto de ley fue presentado como moción en la Cámara de Diputados y tiene por objeto, principalmente, autorizar a los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal la extracción de especies salmonídeas presentes en el área marítima correspondiente a su región. Obviamente, esta es una autorización que solo se aplica al área marítima.
La iniciativa contiene siete artículos permanentes que regulan distintos aspectos que nos parecen fundamentales en esta materia.
Tal como señalaba el Senador Bianchi, está lejos de resolver todos los problemas provocados por esta industria, pero al menos genera un mecanismo adecuado de incentivos para que las empresas se hagan cargo de lo que representa esta producción, particularmente cuando se produce el escape de las especies correspondientes, y crea, al mismo tiempo, una fuente de ingreso adicional a la pesca artesanal, que las propias empresas dedicadas a la acuicultura pueden contratar para los efectos de proceder a su captura o recaptura.
Nos parece que es un proyecto que va en la senda adecuada; representa un avance significativo, y lo voy a votar a favor, insistiendo en que hay una serie de otros aspectos que deben ser regulados con urgencia, por tratarse de una actividad productiva fundamental para la economía de nuestro país en muchas zonas, pero que requiere un marco regulatorio que sea bastante más estricto, en particular en materia ambiental.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senador Elizalde.
Tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Muchas gracias, Presidenta.
No me tocó participar en la tramitación de este proyecto, toda vez que no soy miembro de la Comisión especializada; sin embargo, estuve en varias audiencias en las que se desarrolló su discusión.
Esta iniciativa, como bien se señaló acá, viene de una moción bastante transversal de la Cámara de Diputados. Recuerdo ahí a don Jorge Ulloa, actual embajador nuestro en Paraguay, y a Fidel Espinoza, entre otros participantes.
Un Senador señaló acá que el problema eran los salmones, pero en realidad el problema no son los salmones, y no es la situación que hay que resolver. No hace muchos días me tocó participar en un programa en la Región de Aysén respecto de qué hacemos con esta actividad, tan relevante, que genera cerca de 5 mil millones de dólares para el producto interno bruto nacional. Después del cobre, es la actividad económica más significativa que tiene nuestro país.
Y, como bien se expresó acá, la zona sur austral es parte fundamental en el proceso de desarrollo de la misma. Además, origina en el área una multiplicidad de empleos diversos. Hay empresas radicadas en la región en el ámbito no solo de la producción, sino también en el del procesamiento. Quiero destacar ahí a Mowi, una empresa establecida en el litoral aysenino, y a AquaChile.
Y lo que hicimos fue simplemente estructurar un protocolo, un acuerdo que involucró a todas las industrias, tanto a las insertas en el gremio de SalmonChile como a aquellas que no lo están, a objeto de que se entendiera que esta actividad no es el problema, como aquí creo que alguien manifestó, sino las muchas externalidades que genera, por lo que el problema radica en cómo hacerlo bien.
Ahora, una de las falencias que tiene el sistema es, precisamente, el asunto de las fugas. En ese sentido, resulta evidente que hay responsabilidad directa de muchas empresas. Es cosa de ver las numerosas publicaciones del Sernapesca sobre fugas de diferente naturaleza. La última pasó no hace más de tres semanas, en que miles de salmones, a veces como consecuencia de las condiciones del clima, a veces por ataques de depredadores, pero también en muchas ocasiones por malas prácticas de la propia industria al no hacer las debidas mantenciones a los diferentes centros, se fugaron.
La ley en proyecto, compartiendo lo que decía el Senador Rabindranath Quinteros, creo que deberá ser corregida. Aquella industria que recupere el 10 por ciento de las especies fugadas se exime de la responsabilidad del 90 por ciento restante. Y ahí se genera esta suerte de acuerdo entre la industria y los pescadores artesanales inscritos en los respectivos registros para complementar este tema.
Yo creo que la iniciativa tiene un punto evidentemente interesante, que habrá que analizar. Hubo una discusión, en algún minuto dado, respecto de si era preciso tener una normativa especial y no que esta se encontrara inserta en la propia Ley General de Pesca y Acuicultura, lo que, a mi juicio, habría sido el camino más adecuado. Pero entiendo que esta situación habrá que resolverla desde el punto de vista legislativo en la discusión en particular. Hay materias que se deberán analizar, como el uso de antibióticos, por lo que implica este fenómeno.
Pienso que la actividad requiere, indudablemente, cambios regulatorios. Yo espero sinceramente que en la discusión particular podamos avanzar significativamente en ello, por las evidentes consecuencias que producen las fugas sin determinados controles. Hay peces que de repente se encuentran en tratamiento sanitario que, una vez capturados, probablemente pueden generar efectos en la población. Y habrá que tener cuidado en ese tema: la pérdida de trazabilidad.
Pero aquí hay dos fenómenos: uno, de carácter natural evidente, que escapa a cualquier instancia de control, y otro relativo a las corresponsabilidades de las propias industrias.
Creo que, más allá de eso, Presidenta, es necesario avanzar en una regulación. En lo personal, voy a votar a favor de la idea de legislar respecto de este proyecto, esperando que en la tramitación en particular podamos corregir muchas de las materias que evidentemente requieren ser revisadas, requieren ser acotadas, a objeto de determinar qué hacer, porque hoy día, como bien se señalaba, falta hacerse cargo del otro 90 por ciento que no se captura, el cual, en mi opinión, produce un efecto en el medio ambiente, en la biomasa natural que tiene el litoral. A través de la discusión particular esperamos, como digo, corregir y superar gran parte de las debilidades que presenta la iniciativa.
Voto absolutamente a favor en general, porque creo que es necesario legislar sobre esta materia.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
A usted, Senador Sandoval.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Pedro Araya ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar, igual que la Senadora señora Isabel Allende.
Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-
A favor, señor Secretario.
Voy a fundamentar mi voto.
Este proyecto es tremendamente relevante para regular una actividad que, claramente, tiene un gran impacto en la zona sur, que nadie desconoce, pero que debe ser normada.
Se trata de una industria que a través de concesiones se apropia de un espacio que es un bien nacional de uso público, el mar, y que genera además una serie de externalidades que impactan en el territorio y que no son suficientemente evaluadas.
Obviamente los peces son una figura simbólica en ello, porque se desplazan y terminan moviéndose a decenas de kilómetros del propio lugar de cultivo. Esa es la situación -lo señalaba el Senador Quinteros- que debemos regular, además de la actuación con los pescadores artesanales, de forma clara y precisa. ¿Qué ocurre con los pasivos ambientales?, ¿con los desechos que producen las jaulas? Los centros de cultivo provocan un enorme impacto en el lecho marino. ¿Qué ocurre con los barrios?
En definitiva, a propósito de la crisis, en su momento se determinó cierta densidad, cierta cantidad máxima de centros de cultivo por área.
El debate no es si uno está a favor o en contra de esta industria. Como ocurre en muchas partes de nuestro país, en la industria forestal, e incluso en la agrícola y en la minera, el problema es la magnitud, el descontrol absoluto, la falta de regulación, la voracidad, por decirlo claro, de empresas que no trepidan en ocupar lugares prístinos. Esto sucede hoy en la Región de Magallanes, donde incluso están colisionando al disponerse ocupaciones en lugares donde hay reservas y parques nacionales.
Entonces, aquí debe haber un debate de fondo.
Me parece que esta industria aporta riquezas en el sur del país, dinamiza la economía, genera ingresos, pero requiere mayores estándares de control.
Entre los años 2006 a 2007, en la Cámara de Diputados constituimos la Comisión investigadora para conocer las condiciones laborales y medioambientales de la industria del salmón. Recorrimos todos los centros de producción de la zona sur: isla Melinka, Aysén, Chiloé, el propio Puerto Montt, y la verdad es que uno se impacta con los pasivos ambientales que generan.
Creo que hay que avanzar en una regulación adecuada, correcta con los pescadores artesanales, con el entorno, pero también desde el punto de vista de los factores ecosistémicos que producen.
Al criar una gran cantidad de salmones, que muchas veces se escapan por falta de control, o por una tormenta, o por negligencia de la propia empresa, se produce una asimetría entre el impacto ambiental que se genera respecto de las sanciones que reciben. Muchas veces su mal funcionamiento les sale prácticamente gratis, sin ninguna sanción, ni pecuniaria ni administrativa...
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Está sin audio.
Le vamos a dar un minuto, Senador.
El señor DE URRESTI.-
Lo que señalaba, señora Presidenta, es que votaré a favor de la idea de legislar. Me parece que esta propuesta de ley aborda aspectos importantes, pero tenemos que establecer ciertas regulaciones específicas para que, en definitiva, el estándar de cumplimiento por parte de la industria salmonera sea mucho más alto.
Hemos visto que la autorregulación, el control por parte de las propias empresas no ha sido suficiente, y los impactos los pagan el ecosistema, las comunidades locales, los pescadores artesanales o simplemente comunidades costeras.
Debemos emplear una mirada más rigurosa, especialmente en la discusión en particular, cuando presentaremos las indicaciones que correspondan.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor De Urresti vota a favor.
Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.-
Señor Secretario, es importante definir y analizar ciertos efectos y externalidades, como la pérdida de trazabilidad y eventuales riesgos sanitarios.
Por lo tanto, me voy a abstener en la votación del presente proyecto de ley.
Gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Durana se abstiene.
Senador señor Galilea, ¿cómo vota?
El señor GALILEA.-
Voy a fundamentar el voto, señora Presidenta.
Soy un asiduo visitante de los canales de la Décima y Undécima Regiones, por lo tanto, me ha tocado ver y conocer de cerca la evolución de la industria del salmón en los últimos, vamos a decir, veinte años, la cual ha pasado por distintas etapas, que son bastante evidentes.
Desde la crisis provocada por el virus ISA han aparecido sucesivamente otros virus, que han generado transformaciones muy grandes, entre ellas, la posibilidad de ir adecuando la masa de peces en cada uno de los centros dependiendo de la mortalidad. Si se produce mayor mortalidad, el permiso para mantener peces en esa determinada jaula-centro, es cada vez menor, es decir, si surge un pasivo ambiental que va en contra de la salud del propio medioambiente de los salmones, en este caso, ese centro debe ir disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo.
Aun así, si uno compara las cifras que yo he podido revisar, los datos de antibióticos que se usan en Noruega y en Chile, que son los típicos dos países que se miran como competidores, pareciera que Chile utiliza un estándar muchísimo más alto. Hay bastantes diferencias, sí, entre las propias empresas; pero, en términos generales, nuestra industria de salmón ocupa muchos antibióticos.
Este proyecto de ley busca de alguna manera controlar el impacto ambiental del salmón. Y aquí es donde yo tengo dudas con el mecanismo que se ha usado, porque está perfecto que se imponga a las empresas recuperar el salmón; que se presuma daño ambiental si no recupera al menos el 10 por ciento, un número discutible, pero al menos la presunción empieza en el 10 por ciento.
Que eventualmente se recurra a los pescadores artesanales para recuperar esos ejemplares y procesarlos también me parece perfecto. Pero lo que no me termina de convencer es que, a contar de cierta fecha, ese salmón pase a ser lo que en derecho se llama res nullius, y, en consecuencia, pescable por cualquiera.
Entiendo que hoy día no hay cuota de salmón en esta región, por lo tanto nadie lo pesca. Pero si lo dejamos de pesca libre a contar de cierta fecha, creo que podríamos estar generando un incentivo muy grande a los ladrones de pescado, provocando un problema por la entrada de buzos, rotura de mallas, etcétera.
Entonces, evidentemente hay que resolver algunos temas: la calidad; las técnicas de jaulas y su supervisión; cómo enfrentar a los ladrones, a los lobos marinos y a todas las condiciones climáticas que provocan el escape de peces...
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Está sin audio, Senador.
Denle un minuto.
El señor GALILEA.-
Concluyo, señora Presidenta.
Creo que el impacto ambiental del salmón, que viene dado fundamentalmente por su condición exótica y por la gran cantidad de medicamentos que se le administra en Chile, es algo que debemos resolver, pero en realidad tengo severas dudas de que la solución que se está planteando sea la correcta.
Así es que yo, creyendo que hay que avanzar en este tema, me voy a abstener, porque me parece que la solución propuesta en el proyecto no es la correcta.
No me cierro para nada a aprobar en particular, pero creo que hay que hacer indicaciones para llevar este control hacia otro tipo de medidas y no a las que está proponiendo esta iniciativa de ley.
En concreto, me abstengo, y esperaré la presentación de indicaciones, señora Presidenta.
Gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Galilea se abstiene.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señora Presidenta, el texto original de este proyecto permitía a los pescadores artesanales la captura de los salmones escapados, a través de una resolución fundada de la autoridad técnica. Y me parecía que ese era un camino mucho más correcto: una autorización excepcional y no permanente, por lo que ello significa.
A mi entender, el proyecto, tal como está ahora, produce ciertos inconvenientes con los que no estoy de acuerdo y, por eso, me voy a abstener hasta ver cómo llega el texto luego de la discusión en particular.
Primero, porque produce un riesgo sanitario, toda vez que, como acá ya se ha señalado, se pierde la trazabilidad del salmón capturado. Y esto no permite asegurar la inocuidad alimentaria del producto para aquellas personas que lo consumen.
Segundo, con tal procedimiento también se permite, de alguna manera, el blanqueamiento de especies robadas o sustraídas; se incentiva la rotura de las redes donde se crían los salmones; se estimula el robo de especies; se induce a la creación de una verdadera nueva actividad económica, de una nueva pesquería.
Considero que esta actividad hay que regularla, pero debe hacerse mediante una resolución fundada en casos excepcionales y no por una autorización permanente.
Por eso, a la espera de cómo llega el proyecto después de su estudio en particular, me voy a abstener, Presidenta.
Gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Gracias, Senadora Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Abstención, Presidenta, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Se abstiene.
¿La Senadora señora Carmen Gloria Aravena está solicitando la palabra para votar sin fundamentar?
La señora ARAVENA.-
No.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Gracias, señora Presidenta.
Muy breve.
Respecto al proyecto en discusión, debo señalar que el problema de los salmones escapados es una cuestión de muy larga data, y durante mucho tiempo se ha querido legislar sobre la materia.
Y tal como se ha señalado, inicialmente la moción tenía como propósito que la captura de salmones escapados fuera producto de una resolución fundada del organismo técnico competente.
Hoy día, en los términos en que se nos presenta el proyecto en la Sala, queda la posibilidad de captura de manera permanente.
Y eso tiene dos efectos eventuales: uno, que puede constituirse en un incentivo perverso, en orden a materializar robos de salmones, rompiendo las jaulas correspondientes; dos, que luego se salga a la pesca de ese salmón -entre comillas- escapado para comercializarlo ilegalmente, con todo el riesgo sanitario que ello conlleva.
Si bien es cierto resulta necesario regular una materia, que ha estado en el debate durante muchos años, y la moción original traía elementos positivos para sacar adelante la iniciativa, creo que es importante volver a analizar, a trabajar el proyecto en la Comisión; presentar indicaciones que puedan reponer parte del espíritu de la moción inicial, a los efectos de restituir el propósito de la captura del salmón escapado, el cual, por las características de la especie, sin duda que provoca daños, pero al mismo tiempo que se la establezca como una acción regulada. Y no que a través de una ley se pueda dolosamente obtener beneficios económicos, con el consiguiente riesgo para la población.
He dicho.
Me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
¿Senador señor Guillier?
El señor GUILLIER.-
Ahí.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Apagó el micrófono, Senador.
Tiene que encenderlo.
El señor GUILLIER.-
Ahí sí. Es que se me impedía hacerlo desde la Mesa.
Voto a favor, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.-
Voto a favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Kast, ¿cómo vota?
Senador señor Latorre, ¿cómo vota?
El señor LATORRE.-
Voy a fundamentar brevemente el voto, Presidenta.
Creo que hay que poner en contexto el presente proyecto de ley. A finales de junio, por ejemplo, 800 mil salmones se escaparon de un centro de cultivo en el seno de Reloncaví. Se trata del último ejemplo de un desastre que es cíclico. Entre el 2010 y el 2018 se produjeron 87 eventos similares.
Estos no son simples accidentes, sino problemas de fiscalización y sanción originados en una regulación que se ha enfocado en proveer garantías sanitarias a la industria más que en fortalecer el cuidado del medio ambiente.
La industria salmonera condensa muchas contradicciones del modelo económico chileno, pues debe su exitosa inserción global y alto nivel de competitividad internacional a procesos de degradación ambiental y desigualdad territorial.
Este proyecto de ley es acotado: permite una función ecológica con la captura de los salmones escapados por parte de los pescadores artesanales y tiene algún impacto menor en la economía local.
Pero, sin duda alguna, acá se necesitan reformas estructurales a la industria salmonera para armonizar una industria económica muy exitosa desde el punto de vista financiero, pero con gran impacto en el medio ambiente, en el territorio. Y, por supuesto, el rol del Estado no es simplemente fiscalizar y poner algunas sanciones que son, de algún modo, menores en cuanto a las ganancias que obtiene la industria salmonera, que cuenta con estándares ambientales muy por debajo... (falla de audio en transmisión telemática)... efectivamente a nivel internacional.
Voto a favor de la idea de legislar. Creo que es -insisto- un proyecto acotado, que se podría mejorar mediante indicaciones; pero no es la solución estructural a una industria salmonera que en Chile significa degradación ambiental y desigualdad territorial.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Latorre vota a favor.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Navarro, ¿cómo vota?
El señor NAVARRO.-
Secretario, voy a fundamentar.
El virus ISA ha causado estragos. Hace una década, Marine Harvest y muchas otras industrias salmoneras generaron una grave contaminación por el virus ISA. Todavía no se aclara su origen, se especuló mucho respecto a si las ovas venían contaminadas desde Noruega, pero lo concreto es que se perdieron 40 mil empleos y se arruinó la industria acuícola en Puerto Montt y la isla grande de Chiloé.
Y significó un golpe ambiental que desnudó las falencias de una industria: el gigante de pies de barro. Chile, el primer exportador de salmones en el mundo, pero con una fragilidad biológica y económica impresionante.
Este proyecto de ley nos permite abrir el debate.
El premio para las salmoneras, después del desastre del virus ISA, fue que se podían ir a lugares sanos. Y trasladaron sus concesiones a Magallanes y a la Región de Aysén. Dejaron un desastre ecológico; no limpiaron el fondo marino, y tuvieron nuevas concesiones en las cuales seguir con la industria. Había más de 2.600 inscripciones acuícolas, en un mercado especulativo de concesiones.
Este proyecto de ley da cuenta de una realidad: hay salmones escapados.
Más que la recuperación de los salmones, habría que preocuparse de las medidas de seguridad para que estos eventos no ocurran. ¡Pero siguen ocurriendo! ¡Se escapan millones de salmones! ¡Una especie depredadora! El salmón se come a todo el resto de la cadena trófica del mar. Es un depredador. Por tanto, su recaptura es importante.
Cuando ocurren estos eventos se producen daños. El 10 por ciento de recaptura, me parece insuficiente; que los pecadores artesanales colaboren con esta situación, me parece adecuado; que los salmones queden depredando en el mar sin poder ser capturados porque tienen un dueño, me parecería un grave retroceso.
Aquí hay eventos acotados a tiempo.
Con las indicaciones podemos determinar cuándo es res nullius; cuándo se puede capturar el salmón escapado y cuándo no. Eso puede ser producto de las condiciones que fije la ley, aunque la autoridad siempre termina defendiendo a la industria salmonera y desprotegiendo a los trabajadores, particularmente a los pescadores artesanales, y al medio ambiente.
Yo voy a votar a favor.
Esto abre un debate necesario, porque hasta ahora la industria salmonera solo ha tenido beneficios, subsidios y apoyo de parte del Gobierno, y jamás ha reconocido el grave daño ecológico que causa con los salmones escapados.
Esta iniciativa nos permite abrir la discusión hacia soluciones más de fondo, aparte de la que ya está planteada en sus normas.
Apoyaré la idea de legislar y anuncio que presentaré indicaciones para moldear y establecer un contexto general, para evitar lo que hoy día ocurre en el sur con una industria depredadora, que da ingresos a Chile, pero que también ha provocado importante daño ambiental, que es irreversible en esa zona del país.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Navarro vota a favor.
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.-
Presidenta, estamos en la votación en general.
El salmón es el segundo producto más exportado en Chile: primero, el cobre; luego, el salmón.
Si lo analizamos desde la perspectiva territorial, habría que señalar que dicha actividad está concentrada básicamente en las regiones del sur de Chile: partió en Chiloé; continúa en la Región de Aysén, y hoy día está ingresando fuertemente en Magallanes.
Paradojalmente, yo haría la misma ruta para evaluar cuál ha sido el impacto en los territorios. Chiloé tiene vacíos ambientales bien importantes, de los cuales hay que hacerse cargo. La Región de Aysén hoy día es el centro de engorda del país: el 60 por ciento de los centros de cultivo de salmones están en mi Región. Y la verdad es que uno no ve eso reflejado en el desarrollo regional.
Tengo serios cuestionamientos a esta industria, aunque nunca la voy a negar. Ella existe; genera empleo; es importante en el sector exportador chileno. Pero, si hablamos de los temas sanitarios, ambientales y de la relación con las comunidades, dicha industria está al debe.
Por lo tanto, a nivel de macrozonas, es urgente que se tomen medidas. Acá decimos: "Mire, si hay escape de salmones -lo hay, ¡son millones!, y estamos hablando de una especie invasiva-, usted tiene la obligación como empresa de capturar el 10 por ciento, y queda el 90 por ciento dando vuelta". Dado que eso ocurre, vamos a permitir que la pesca artesanal pueda capturar esta especie, y ya no será ilegal.
De eso se trata este proyecto.
¡Pero no es la solución al problema del escape!
El territorio marítimo ahí es muy poco conocido por los chilenos y de difícil acceso. La fiscalización es más compleja que en otro tipo de sectores productivos. Sernapesca, para abordar el litoral de Aysén, tiene que pedirle ayuda a la Armada. Ni siquiera tiene una embarcación propia. Se ha aumentado el número de fiscalizadores, pero no es suficiente para la magnitud y la superficie de la que estamos hablando.
Los canales y fiordos de Aysén son también una reserva. ¿Cómo compite la reserva o el parque nacional con las grandes industrias que ocupa el territorio en la práctica? Tradicionalmente, han sido los pescadores artesanales, pero la relación no es igualitaria en cuanto a los dispositivos, a los medios y al equipamiento que tiene una industria de esta naturaleza.
Esta actividad requiere mayor fiscalización y mayor regulación. Ese debería ser el horizonte.
Y a una industria de este nivel le exigiría mayor innovación. El Instituto Tecnológico del Salmón, Intesal, a mi juicio, tiene mucho más que aportar. Hoy día se sigue usando y abusando de los antibióticos. Avanzamos en productividad, pero no en tener...
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Está sin audio.
Tiene un minuto más, Senadora.
La señora ÓRDENES.-
Decía, Presidenta, que esta industria requiere mejorar sus estándares. Por eso hago esta reflexión.
Este proyecto está bien delimitado en sus alcances. Pero esta industria, si quiere seguir siendo importante para Chile, debe ser mucho más sostenible en el tiempo y mejorar la relación con sus comunidades.
Voy a votar a favor en general, pero, sin duda, esta iniciativa en particular requiere más análisis.
Muchas gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?
La señora PROVOSTE.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?
La señora SABAT.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.-
Presidenta, los problemas ambientales de esta industria no están solo en el lugar de procesamiento o donde se produce el escape, que es donde los salmones ya han alcanzado una etapa adulta, sino también en los lugares de gestación, particularmente en las pisciculturas de las Regiones de Los Ríos y La Araucanía (provincia de Cautín, Melipeuco), donde se concentra el grueso de esta industria incipiente y donde empieza precisamente la gestación de estos salmones.
Hay denuncias ambientales bien bien severas. Comparto algunas dudas que se han planteado.
Este proyecto se hace cargo parcialmente del escape de los salmones. Pero también tenemos que mirar el descalabro ambiental que esta industria ha significado en todos lados. Sin ánimo de perjudicar a nadie, es importante salvaguardar los intereses medioambientales de todo el proceso, de toda la cadena.
Precisamente por eso y porque también me interesa mucho conocer lo que pasa en la parte inicial del ciclo productivo, voy a votar a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Quintana vota a favor.
Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?
El señor QUINTEROS.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
... (falla de audio en transmisión telemática)... Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Vota a favor?
El señor SORIA.-
Sí.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.-
Secretario, voy a tratar de ser breve en la fundamentación de mi voto.
Lo primero es aclarar que Chile es el segundo exportador de salmones del mundo, después de Noruega, que es un país muy desarrollado, bastante más que nosotros.
También coincido con muchos de los que han planteado que esta industria ha sido bastante polémica, principalmente porque ha tenido que aprender de sus errores, que han sido gravísimos.
Efectivamente, creo que ha faltado mucha investigación respecto a cuáles son las consecuencias de estos cultivos exóticos en el medio ambiente, sobre todo en los lugares donde se instala.
Por otro lado, también es verdad que, a pesar de que se modificó la Ley de Sernapesca y aumentaron los fiscalizadores, probablemente no son suficientes, Y coincido, principalmente, en que hay pocas embarcaciones, incluida mi Región.
Es compleja la situación cuando el remedio que se busca para una enfermedad no es el adecuado. Y este no lo es, claramente.
Nosotros debiéramos ir al fondo del asunto y plantear de alguna manera cómo somos capaces, tal como lo hizo Noruega, de exigir un mucho mayor control respecto al impacto medioambiental y, sobre todo, a lo que implica el escape de una especie que, además de exótica, es muy agresiva.
Por lo tanto, el problema no se resuelve con dar la alternativa de recaptura a los pescadores artesanales, porque esa opción siempre ha existido por resolución de Sernapesca.
Y si bien se exige el 10 por ciento, normalmente se llega a acuerdos con los pescadores y se captura más de ese porcentaje, porque todos sabemos -incluidas las mismas pesqueras- el daño que esto provoca.
Entonces, siento que el remedio es peor que la enfermedad.
Todos sabemos que hay un alto grado de uso de antibióticos. Ha bajado en los últimos diez años, pero sigue siendo alto. Mucha de la resistencia antibiótica en los habitantes de este país puede tener que ver con los alimentos que estamos consumiendo.
Por lo tanto, si vamos a liberar el consumo, ¿quién se hará cargo de los niños, adultos mayores y demás personas que van a consumir esos salmones? ¿Quién se ocupará de realizar el análisis químico y bioquímico del contenido y la trazabilidad de estos alimentos?
Me da la impresión de que todos coincidimos en que hay que regular el escape y el impacto de la salmonicultura, sin dejar de comprender que es una tremenda industria desde el punto de vida económico para el país. Y lo que debemos hacer es ayudar para que mejore.
Pero el remedio que le estamos encontrando a esta situación es absolutamente ilógico, desde mi punto de vista. Lo que estamos haciendo es generar una pesquería comercial de un producto que no tendría que haber escapado, ¡y todos debiéramos querer en este Senado que no escape!
Las consecuencias de vender un producto contaminado con antibióticos son gravísimas. Y estamos incentivando que se sigan rompiendo jaulas, porque no se monitorean como corresponde. Ante ello, la solución es: transformemos esto en un negocio ilícito.
Yo no le veo por ninguna parte algo positivo a este proyecto. Sí le veo mucha...
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Señor Secretario, dele un minuto más a la Senadora, por favor.
La señora ARAVENA.-
Voy a abstenerme en esta iniciativa, reconociendo que hay mucho por hacer, pero considero que la solución no va por este camino.
Muchas gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora señora Aravena se abstiene.
Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?
El señor BIANCHI.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.-
Gracias, Secretario.
Creo que cuando una industria es exitosa, es ganadora de dinero y se posiciona como el segundo sector más exportador del país, como ocurre en el caso de la salmonicultura, debe preocuparse de tener un buen cuidado de sus instalaciones.
Además, obviamente, se requiere mayor fiscalización y a lo mejor aumentar las multas.
Considero que este proyecto es el inicio de un texto que se puede mejorar.
Por eso, voto a favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Castro vota a favor.
Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
El señor HARBOE.-
Me abstengo, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Harboe se abstiene.
Senador señor Kast, ¿cómo vota?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La Senadora señora Sabat pide la palabra, Presidenta.
La señora SABAT.-
Secretario, deseo manifestar mi abstención al proyecto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Va a cambiar su opción de voto?
La señora SABAT.-
Sí.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Por abstención?
La señora SABAT.-
Así es, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor y 11 abstenciones) y se fija como plazo para presentar indicaciones hasta el viernes 2 de octubre, a las 12 horas.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, De Urresti, Elizalde, García, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron las señoras Aravena, Ebensperger, Sabat y Von Baer y los señores Alvarado, Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro, Harboe y Pugh.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al Director Regional (S) del Sernageomín de Valparaíso, para que informe en general sobre ACCIDENTE MINERO CON RESULTADO DE MUERTE EN PETORCA, LOCALIDAD DE HIERRO VIEJO, MINA ANGOSTURA, OCURRIDO EL 18 DE AGOSTO.
Del señor ARAYA:
A la Ministra de Desarrollo Social y Familia, a la Gobernadora de El Loa y al Alcalde de Calama, pidiéndoles ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES ANTE SITUACIÓN DE JENNY, JOVEN CALAMEÑA QUE VIVE EN SITUACIÓN DE CALLE, QUE PADECE ESQUIZOFRENIA Y QUE HA SIDO VÍCTIMA DE REITERADOS ABUSOS SEXUALES.
Del señor COLOMA:
Al Director del Servicio Agrícola y Ganadero, requiriéndole PRONUNCIAMIENTO SOBRE CRITERIOS APLICADOS EN TRAMITACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES PARA PROYECTOS FOTOVOLTAICOS QUE SE HALLAN PARALIZADOS EN REGIÓN DEL MAULE.
|Del señor GIRARDI:
Al Superintendente de Electricidad y Combustibles, solicitándole antecedentes respecto de NUBE TÓXICA QUE SE DESPLAZÓ ENTRE DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA EL MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE, DETALLANDO PROTOCOLO APLICABLE Y MEDIDAS ADOPTADAS ANTE UNA EMERGENCIA DE ESTA NATURALEZA.
Al Superintendente del Medio Ambiente, para que dé a conocer MEDIDAS ADOPTADAS ANTE POSIBLE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL MANIFIESTA EN EPISODIO DE OLOR A GAS EN DISTINTAS COMUNAS DE SANTIAGO EL 2 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO; PROTOCOLOS DE EMERGENCIA ANTE CONTAMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DE SANTIAGO; LISTADO DE SUJETOS DE FISCALIZACIÓN QUE PUDIESEN SER CAUSANTES DEL EVENTO; SI REQUIRIÓ INFORMACIÓN SOBRE ESTOS HECHOS A EMPRESAS LISTADAS EN SU ESTRATEGIA DE FISCALIZACIÓN ANUAL; Y ACCIONES DE COORDINACIÓN ADOPTADAS CON LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN.
A la Secretaria Ministerial de Salud de la Región del Maule, para que se pronuncie sobre PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE TRASLADOS DE PERSONAL POR PARTE DE CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN LUEGO DE SU ANUNCIO DE LLEVAR 2.400 TRABAJADORES A LA COMUNA DE CONSTITUCIÓN; MEDIDAS POR TOMAR ANTE AUMENTO DE POBLACIÓN FLOTANTE EN ESA COMUNA; Y NECESIDAD DE FISCALIZAR A CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN PARA ASEGURAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO EMPRESARIAL.
Al Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional, al Ministro de Bienes Nacionales y al Superintendente del Medio Ambiente, para que informen sobre FISCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS QUE CIRCULAN EN ZONA DE HUMEDAL DE CONCÓN y señalen MEDIDAS ADOPTADAS PARA PRESERVAR EL BORDE COSTERO DE ZONAS PROTEGIDAS.
Y al Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia, a fin de que informe sobre PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE TRASLADOS DE PERSONAL ANUNCIADOS POR CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN Y NECESIDAD DE TOMAR MEDIDAS ANTE AUMENTO DE LA POBLACIÓN FLOTANTE EN COMUNA DE CONSTITUCIÓN; y respecto de PROTOCOLO DE EMERGENCIAS UTILIZADO EN HORAS SIGUIENTES A EVENTO DE OLOR A GAS REGISTRADO EN ALGUNAS COMUNAS DE SANTIAGO EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EVENTUAL RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO DE MEDIDAS DE COORDINACIÓN TOMADAS CON OTROS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN.
De la señora GOIC:
Al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y al Director del Servicio Nacional del Consumidor, pidiéndoles MEDIDAS PARA PROTEGER A PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS QUE HAN SOLICITADO EL CRÉDITO COVID-19 CON GARANTÍA DEL FOGAPE, ANTE RECLAMOS FORMULADOS POR CLIENTES DE INSTITUCIONES BANCARIAS QUE HAN POSTERGADO EN FORMA UNILATERAL CRÉDITOS VIGENTES AL CONTRATAR DICHO CRÉDITO.
Del señor HARBOE:
Al Director Nacional de Vialidad, en cuanto a PLAN ESPECIAL DE PAVIMENTOS DE RUTAS EN PRESUPUESTO 2021 PARA COMUNAS DE LA PROVINCIA DEL ITATA.
Y al Ministro de Salud, solicitándole envío de proyecto de ley para INCLUSIÓN DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR EN CÓDIGO SANITARIO.
Del señor NAVARRO:
Al Ministro de Hacienda, consultándole por ÍTEM PRESUPUESTARIO PARA FINANCIAMIENTO DE ACUERDO CON CAMIONEROS.
Al Ministro de Educación, en lo relativo a TURNOS ÉTICOS Y JUBILACIONES DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.
Al Alcalde de Yumbel, pidiéndole informar sobre AVANCES DE PRIMERA ETAPA DE EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE RURAL DE SECTOR EL PINO EN RÍO CLARO; AVANCE DE REPOSICIÓN DE SEDE SOCIAL RÍO CLARO; MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN RESPECTO A VECINAS Y VECINOS QUE ACUDEN A LAS FERIAS LIBRES PARA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS, Y PRESUPUESTO PARA SUBVENCIONES MUNICIPALES 2020 DESTINADAS A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES Y TERRITORIALES.
Al Alcalde de Lota, solicitando antecedentes acerca de MONTO ASIGNADO EN PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA POSTULACIÓN A BECA MUNICIPAL EDUCACIÓN SUPERIOR AÑO 2021.
A la Alcaldesa de Hualpén, requiriendo información referida a SITUACIÓN DE TRABAJADORAS DE LA JUNJI Y BONOS QUE HAN RECIBIDO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS.
A los Alcaldes de Hualqui y Cabrero, y a los Directores de Educación Municipal de Tomé, Yumbel, Penco, Santa Juana, Hualpén, Lota, Talcahuano y Coronel, consultándoles por MECANISMO PARA INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2020/2021, ANTE CRISIS SANITARIA QUE ENFRENTA EL PAÍS.
A los Alcaldes de Florida, Lota, Santa Juana y Yumbel, para que remitan INFORMACIÓN A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES Y FUNCIONALES SOBRE LEY 21.239, QUE EXTIENDE VIGENCIA DE DIRECTIVAS DE JUNTAS DE VECINOS Y OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES.
Al Superintendente de Servicios Sanitarios, con relación a ESTUDIOS SOBRE CALIDAD DEL AGUA EN PENCO, REGIÓN DE BIOBÍO.
Al Superintendente de Pensiones, planteándole PROBLEMA DE UN VECINO DE PENCO RESPECTO AL RETIRO DEL 10 POR CIENTO DE SUS FONDOS PREVISIONALES.
Al Jefe de Defensa Nacional de la Región del Biobío, requiriéndole AUMENTO DE MILITARES POR TURNO EN COMUNA DE PENCO PARA PERMITIR MAYOR FISCALIZACIÓN Y EVITAR CONTAGIOS POR COVID-19.
Al Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, solicitándole REFORZAMIENTO DE ATENCIÓN DE OFICINA EN COMUNA DE FLORIDA.
Al Presidente del Banco del Estado, para que se INFORME A FUNCIONARIOS RESPECTO DE LEY Nº 21.239, QUE EXTIENDE VIGENCIA DE DIRECTIVAS DE JUNTAS DE VECINOS Y OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES.
A la Vicepresidenta Ejecutiva de Junji, solicitándole antecedentes acerca de TURNOS QUE ESTÁN DESARROLLANDO LAS TRABAJADORAS DE JUNJI.
Al Director del Servel del Biobío, consultándole por MECANISMOS PARA QUE HABITANTES DEL SECTOR RURAL PUEDAN ACCEDER A EMITIR SU SUFRAGIO A LOS LUGARES MÁS CERCANOS DE VOTACIÓN EN PLEBISCITO DE 25 DE OCTUBRE.
Y al Director del Serviu del Biobío, pidiéndole información sobre ESTADO DE AVANCE DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA COLIUMO, COMUNA DE TOMÉ.
Del señor PUGH:
Al Presidente de la Corte Suprema y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, solicitándoles que informen acerca de MEDIDAS ADOPTADAS O QUE ESTIMEN NECESARIAS, DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO O LEGISLATIVO, PARA IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN DEL TRABAJO DE LAS NOTARÍAS.
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--Se levantó la sesión a las 19:51.
Julio Cámara Oyarzo
Director de la Redacción