REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 5ª, en miércoles 24 de marzo de 2021
Ordinaria
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 16:27 a 20:12)
PRESIDENCIA DE SEÑORA YASNA PROVOSTE CAMPILLAY, PRESIDENTA,
Y SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Alvarado Andrade, Claudio
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Von Baer Jahn, Ena
Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--De Urresti Longton, Alfonso
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Montes Cisternas, Carlos
--Órdenes Neira, Ximena
--Quintana Leal, Jaime
--Sabat Fernández, Marcela
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
Concurrieron, además, presencialmente, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz; y telemáticamente, los Ministros del Interior y Seguridad Pública subrogante y de Defensa Nacional, señor Baldo Prokurica Prokurica, y de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.
Asimismo, se encontraban telemáticamente los Subsecretarios de Justicia, señor Sebastián Valenzuela Agüero, y del Interior, señor Juan Francisco Galli Basili; el Subdirector de Onemi, don Cristóbal Mena, y la Jefa de División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señorita Macarena Cortés.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:27, en presencia de 20 señoras Senadoras y señores Senadores.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
El acta de la sesión 2ª, ordinaria, en 17 de marzo de 2021, se encuentra en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el que hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para el despacho del proyecto de ley que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes (Boletín N° 12.233-01).
--Se toma conocimiento de la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización de las federaciones y asociaciones que agrupan organizaciones deportivas profesionales (Boletín No 12.371-29).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el segundo, hace presente que aprobó el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, para propender a una denominación igualitaria, en términos de género, de los bienes municipales o sujetos a su administración (Boletín N° 12.455-06).
--Pasa a la Comisión Especial encargada de conocer asuntos y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género.
Con el siguiente, informa que ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley que modifica la disposición transitoria de la ley N° 21.213, que modifica los cuerpos legales que indica, para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas, para extender su vigencia (Boletín N° 14.096-15) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Con el último, señala que ha aprobado, con las enmiendas que indica, el proyecto de ley que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios (Boletín N° 13.740-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Seguridad Pública.
Moción
De los Honorables Senadores señores Chahuán y Castro, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que deroga el numeral segundo del artículo 16 de la Constitución Política de la República (Boletín N° 14.124-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Comunicaciones
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, por la que informa que ha elegido como su Presidenta a la Honorable Senadora señora Ximena Órdenes Neira.
De la Comisión de Obras Públicas, mediante la cual hace presente que ha elegido como su Presidente al Honorable Senador señor Alfonso de Urresti Longton.
Del Comité del Partido Socialista, por la que informa que ha designado como sus representantes a los Honorables Senadores señores José Miguel Insulza Salinas y Rabindranath Quinteros Lara.
--Se toma conocimiento.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, por la que comunica que, por la unanimidad de sus miembros, acordó dirigirse al Presidente de la República para que solicite al Gobierno de Israel el inmediato cumplimiento del artículo 56 de la Cuarta Convención de Ginebra otorgando a la población palestina la vacunación requerida en las actuales circunstancias y pedir a la Sala del Senado que haga suya esta resolución de la Comisión.
--Queda para ser votada en su oportunidad.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Terminada la Cuenta.
Sobre la Cuenta, se ofrece la palabra a las señoras Senadoras y a los señores Senadores.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
No es precisamente sobre la Cuenta, Presidenta.
Quiero solicitar un cambio de Comisión respecto del proyecto que prohíbe el uso de armas no letales o menos letales que causen grave daño a la integridad física de las personas en manifestaciones sociales (boletín N° 13.833-07).
En la actualidad, la Comisión de Seguridad Pública está extremadamente recargada de trabajo; por tanto, solicito que esta iniciativa sea enviada a la Comisión de Derechos Humanos, sin perjuicio de que luego pueda volver a aquella Comisión.
El mismo procedimiento pido en cuanto al proyecto que rebaja a dieciséis años el requisito de edad exigido para adquirir la condición de ciudadano (boletín N° 5.585-07), que se halla radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de que sea transferido a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, pues en mi opinión es la que ya ha abordado el tema y que puede darle tratamiento.
La Comisión de Constitución está siempre extremadamente agobiada por muchas iniciativas de ley que debe analizar. Espero que la Sala pueda autorizar dicho traslado.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
No hay acuerdo para ninguna de las solicitudes que realizó el Senador Navarro respecto de los proyectos que mencionó.
Si les parece a Sus Señorías, le daremos un plazo de treinta días a la Comisión de Seguridad Pública para que remita un informe a la Sala sobre el proyecto que prohíbe el uso de armas no letales o menos letales que causen grave daño a la integridad física de las personas en manifestaciones sociales.
¿Habría acuerdo para ello?
Así se acuerda.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Ha solicitado la palabra sobre la Cuenta el Senador Carlos Bianchi.
Puede intervenir Su Señoría.
El señor BIANCHI.-
Gracias, estimada Presidenta.
No alcancé a escuchar si se dio cuenta o no de proyectos de acuerdo. Si no fue así, les pido a mis colegas, Senadoras y Senadores, que tengan a bien suscribir un proyecto de acuerdo que -según entiendo- se les hizo llegar a cada uno de ustedes y que dice relación con la imposibilidad que van a tener las alumnas y los alumnos de enseñanza técnico profesional para llevar a cabo su práctica.
Hay muchas carreras técnicas, entre ellas, turismo, gastronomía y tantas otras, que continúan impartiéndose de manera e-learning, vía online, cuya práctica, sin embargo, los alumnos que las cursan no podrán realizarla durante este año. Entonces, el referido proyecto de acuerdo se encarga precisamente -reitero que no sé si se dio cuenta de ello- de permitir, en este estado excepcional de pandemia, que los alumnos y las alumnas no efectúen la práctica respectiva, pero que de igual manera puedan obtener su título técnico profesional.
No sé si les llegó este proyecto de acuerdo a las señoras Senadoras y a los señores Senadores, pero me parece del todo necesario y razonable -y se lo digo sobre todo a usted, estimada Presidenta, que en materia de educación tiene un natural liderazgo- aprobar este asunto, porque es urgente. Han pedido esto muchas maestras y muchos maestros, y fundamentalmente alumnos de todo nuestro país.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Carlos Bianchi.
No hay ninguna duda acerca de la importancia del proyecto de acuerdo que señala.
Nos informan de Secretaría que recientemente se ha recabado el número requerido de firmas para su presentación. De manera que vamos a evaluar la posibilidad de dar una Cuenta agregada para que se consigne el proyecto de acuerdo a que usted hace referencia.
Se ofrece la palabra sobre la Cuenta.
Se ofrece la palabra.
Entraremos, entonces, al Orden del Día.
El primer punto de la tabla es el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que establece derecho a indemnización para funcionarios del Servicio Nacional de Menores, con informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes e informe de la Comisión de Hacienda. Esta iniciativa fue discutida en general y particular, y viene con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Quiero recordar que esto corresponde a un acuerdo de la Sala recabado ayer, en el sentido de colocar este proyecto sobre tabla.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Punto de reglamento, Senadora Rincón?
La señora RINCÓN.-
Sí, Presidenta.
Excúseme, pero estaba firmando un documento cuando pedí la palabra y no me alcanzó a ver.
El Ejecutivo, nos ha pedido ver la posibilidad de despachar lo antes posible a la Sala el proyecto que modifica la ley N°18.583, orgánica constitucional que fija la planta del Servicio Electoral, para adecuarla a la creación de la Región de Ñuble, el cual tiene que ser analizado por nuestra Comisión. Ya lo discutió la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Por tal razón, Presidenta, le solicito que recabe la autorización respectiva para que la Comisión de Hacienda pueda sesionar paralelamente con la Sala a partir de las 5 de la tarde a fin de ocuparse en esta iniciativa.
Reitero que este proyecto tiene urgencia. Por ello pido que se autorice a nuestra Comisión a funcionar en forma paralela con la Sala.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.
La señora RINCÓN.-
Gracias.
DERECHO A INDEMNIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE SERVICIO NACIONAL DE MENORES
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que establece derecho a indemnización para funcionarios del Servicio Nacional de Menores, con informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.030-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de ley tiene por objeto facultar al Director Nacional del Servicio Nacional de Menores para cesar en el cargo, por necesidades del Servicio, a funcionarios de ese organismo, por razones vinculadas al proceso de reestructuración de dicha institución, con motivo de la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Para el ejercicio de tal atribución se establece el deber del Director Nacional de realizar evaluaciones a los funcionarios para los efectos de desempeñar los cargos en la nueva institucionalidad.
Con todo, a los funcionarios que se proceda a desvincular se les otorgará una indemnización equivalente a treinta días de remuneraciones por cada año de servicio prestado o fracción de seis meses, con un límite máximo de trescientos treinta días de remuneraciones.
La Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes hace presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular esta iniciativa por ser de artículo único, y acordó unánimemente proponer a la señora Presidenta que en la Sala sea considerado del mismo modo.
La citada Comisión Especial aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus miembros, Senadores señoras Carvajal, Sabat, Provoste y Von Baer y señor Montes. En particular lo aprobó con las modificaciones y votaciones unánimes que se consignan en su informe.
Por su parte, la Comisión de Hacienda, de conformidad con su competencia, se pronunció acerca del artículo único de la iniciativa en los términos en que fue aprobada por la Comisión Especial, como reglamentariamente corresponde. Además, deja constancia del informe financiero considerado, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
El referido órgano técnico aprobó el artículo único de la iniciativa por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Von Baer y señores García, Guillier, Lagos y Montes, sin introducir modificaciones al proyecto despachado por la Comisión Especial en su informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 70 y 71 del informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes y en las páginas 14 y 15 del informe de la Comisión de Hacienda, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a disposición en la Sala, y también se encuentra en la plataforma informática de esta sesión remota o telemática y ha sido remitido a los correos electrónicos de todas las señoras y de todos los señores Senadores.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
En discusión general y particular a la vez.
Le ofrezco la palabra al Presidente de la Comisión Especial de Infancia, Senador Carlos Montes, para que dé el informe respectivo.
El señor MONTES.-
Gracias, Presidenta.
No soy Presidente de la Comisión Especial de Infancia, salvo accidentalmente; sin embargo, estoy de acuerdo con entregar un breve informe, pues estuve en las dos Comisiones que vieron este proyecto.
Como ha dicho el Secretario, esta iniciativa busca fundamentalmente el derecho a recibir una indemnización para los funcionarios del Servicio Nacional de Menores que no califiquen para ser traspasados a la nueva institucionalidad.
Eso es lo principal.
El señor Secretario leyó los objetivos del proyecto. Y para ello se faculta al Director Nacional del Sename a cesar en el cargo, por necesidades del Servicio, a los funcionarios de este organismo, por razones vinculadas a la reestructuración, con motivo de la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Además, se estableció el deber del Director Nacional de realizar evaluaciones a los funcionarios para desempeñar los cargos en la nueva institucionalidad. Y, como se dijo, a quienes se proceda a desvincular del Servicio se les entregará una indemnización.
En cuanto a su estructura, se trata de un proyecto de artículo único que se configura en cuanto a sus incisos como sigue: primero, se le da la facultad al Director Nacional bajo ciertas condiciones; posteriormente, se le determina la obligación de realizar evaluaciones, y después se establece la indemnización respectiva.
La iniciativa fue muy conversada, bastante discutida con los gremios, cuyos dirigentes estuvieron presentes en las cinco reuniones, en realidad en las cinco sesiones y media que llevó a cabo la Comisión Especial de Infancia, a saber: el Presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores (Antrase), señor Walter Arancibia; el Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales del Sename (Anfur), señor Luis Cortez; el Presidente de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores del Sename (Armetrase), señor Gonzalo Marín, y el Presidente de la Asociación Regional Biobío de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores (Artrase), señor Roberto Belmar, además de la Presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename (Afuse), que es la organización más grande, congrega a más de la mitad del total, cuya Presidenta es la señora Alicia Del Basto.
Además, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos estuvo permanentemente en nuestras discusiones; también el Subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela; la Subsecretaria de la Niñez, señora Blanquita Honorato, y el equipo de ambas Subsecretarías.
No voy a dar cuenta del debate en general.
Sobre el proyecto de ley hubo bastante consenso; sin embargo, respecto de cómo aplicarlo había disenso. Por eso, en el curso del debate general de la Comisión se plantearon un conjunto de observaciones con relación a las ambigüedades que presentaba esta iniciativa tocantes a esta facultad tan fuerte que se le daba a la Directora del Sename.
Por ello se hizo ver la necesidad de acotar esto, de precisarlo, así como de esclarecer de qué evaluación estamos hablando, aparte de otras materias.
Todo esto llevó a que los gremios, junto con el Ministerio, elaboraran un protocolo. En el informe de la Comisión se dice que quedó como anexo; pero considero muy importante que Sus Señorías tengan interés en meterse a fondo en este asunto y ver el protocolo, porque ahí están las bases de un decreto con fuerza de ley que tendrá que dictar el Ministerio de Justicia para los efectos de aplicar esta ley. Ahí se establecen los puntos más polémicos y se logran soluciones importantes.
El primer punto polémico tenía que ver con cuáles eran los perfiles de la nueva institución. Esto no fue presentado en la Comisión, no estaba listo; esto lo estaba elaborando la otra Subsecretaría (la de la Niñez). Recién ayer -según entiendo- se entregó a los gremios, y la Comisión aún no lo conoce. Pero, en verdad, ello suponía un nivel de acuerdo con los gremios.
El segundo punto de conflicto dice relación con la proporción que se seguirá en la ponderación entre la trayectoria de los funcionarios y la evaluación que se haga. Los funcionarios fueron muy críticos, sobre todo la organización más grande, en cuanto a que se considerara solo un 20 por ciento para la trayectoria y un 80 por ciento para la evaluación. Decían "Bueno, aquí hay toda una historia; se sabe, se ve la calidad, se conoce su desempeño", etcétera, y se presionó mucho para que se cambiara la ponderación de la trayectoria.
El Ministro de Justicia se abrió, y esto quedó en 40 por ciento para la trayectoria y 60 por ciento para la evaluación.
Sobre la evaluación hubo harto debate, porque la experiencia de los Cread, de las evaluaciones que tienen los funcionarios respecto de estos centros, partiendo por el de Valparaíso, es mala; o sea, aquí hubo instituciones que tenían muchos defectos; en algunos casos resultaban, en otros no.
Finalmente, se estableció en este protocolo que la empresa encargada de la evaluación y, a su vez, la forma y la metodología con que la realizaba tenían que ser sometidas a un comité, en el cual estarían presentes las tres asociaciones, para asegurar que hubiera consenso respecto a las instituciones que iban a hacer la evaluación.
El otro tema en que hubo bastante debate fue el de las instituciones colaboradoras, porque el argumento que sostuvieron varios Senadores fue por qué se iba a aplicar un estándar tan alto a los funcionarios del Sename y no al de las instituciones colaboradoras, en virtud del nuevo enfoque a que se había optado en la ley al respecto.
Finalmente, se consideró que eso no correspondía a esta ley ni tampoco al protocolo, pero el Ministro de Justicia se comprometió a garantizar que se aplicarían los mismos estándares a los funcionarios que entraron antes de la vigencia de esta normativa, como también a los de las instituciones colaboradoras.
Hubo también un debate sobre las mujeres embarazadas que se hallaban con prenatal y aquellas con posnatal en orden a que no podían estar en la evaluación, no podrían ser evaluadas y, por tanto, qué pasaba con ellas al terminar el período. Al respecto se plantearon dos cosas: una, que serían evaluadas al final, y otra, que a juicio de las asociaciones este era un tema bastante discutible.
En consecuencia, se aprobó el proyecto de ley con el protocolo. Los cambios fueron bien precisos: se les obliga a hacer la evaluación, y otras cosas; también se obliga a que el Ministro de Justicia firme el DFL 2 y no solo la Directora.
Son aspectos de esa naturaleza.
Personalmente, creo que mejoró mucho el proyecto.
Para los que no se acuerdan, esto surgió en la discusión del proyecto de ley de reajuste del sector público, cuando el Gobierno quiso poner esta materia como un artículo en dicha normativa, pero el Senado cuestionó eso, y finalmente se resolvió que tenía que ser por ley. Y aquí está la ley. La discutimos en varias sesiones, con participación de los gremios.
En definitiva, no hubo acuerdo en todos los temas: hay gremios que consideran que no corresponde que a los funcionarios se les haga una evaluación cuando tienen derechos adquiridos, en fin.
Eso fue parte de lo que se estableció en esta ley en proyecto.
Es lo que puedo informar en lo fundamental, señora Presidenta.
En consecuencia, propongo que aprobemos esta iniciativa, de tal forma que pueda empezar la evaluación, que va a durar cuatro años.
Respecto al financiamiento -por agregar una materia-, aquí hay 14 mil millones de pesos considerados en cuatro años para pagar las indemnizaciones. El promedio que estima el Ministerio del ramo son 14 millones por funcionario, de aquellos que no queden, y que del total, de los 4 mil funcionarios, alrededor de mil o un poco más serían desvinculados, sea por decisión de ellos o porque no logran la evaluación.
En lo referente a la evaluación misma, hay distintas situaciones: al funcionario que le falta un título o le falta especializarse en cierta materia, tendrá un tiempo para completar sus estudios. Y habrá funcionarios que van a tener experiencia sobre determinadas materias que son compatibles con aspectos de la evaluación. O sea, en el protocolo se otorgó bastante flexibilidad, que esperamos que se traduzca en normas.
Durante la discusión se vio la conveniencia de que la Comisión Especial de Infancia hiciera un seguimiento, de tal forma de velar por lo que se dijo en el debate, particularmente por lo que señaló el Ministro de Justicia, quien estuvo muy abierto, pero que son cosas que no quedan plenamente expresadas en el protocolo. Es decir, hay que velar por eso, que está bastante desarrollado en el informe de la Secretaría.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A usted, Senador Montes.
También se encuentra presente de manera telemática en la sesión, y le damos la bienvenida, el Ministro de Justicia, don Hernán Larraín, quien está acompañado del Subsecretario de Justicia, el señor Sebastián Valenzuela, y de la Jefa de División de Reinserción Social del Ministerio, la señorita Macarena Cortés.
Le ofrezco de inmediato la palabra al Ministro de Justicia.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Gracias, Presidenta.
Agradezco la oportunidad de poder intervenir en esta sesión. Entiendo que este es un proyecto que está en Fácil Despacho.
Por cierto, la saludo a usted y, por su intermedio, a todos los Senadores y las Senadoras presentes o que están siguiendo vía remota el debate de un proyecto muy importante, muy circunscrito en su objetivo, pero muy relevante para hacer posible la gran transformación en que el país está empeñado, que es terminar con el Sename y generar nuevos servicios que garanticen un nuevo trato a la niñez.
Para esa finalidad se han venido tramitando desde hace ya varios años dos iniciativas: una, la que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, que es la instancia que se va a hacer cargo de la niñez vulnerable. Ese proyecto hoy día ya es ley -la N° 21.302- y, si bien se aprobó el año pasado, entra en plena vigencia y funcionamiento el 1° de octubre de este año.
Y el otro proyecto es el que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, cuyo objeto es trabajar modelos de intervención con los infractores juveniles para lograr su rehabilitación, su reinserción social, con particular atención al hecho de que se trata de adolescentes, con quienes hay que hacer un esfuerzo distinto. Y en eso es lo que ha avanzado esta iniciativa. Ese proyecto está en su tercer trámite constitucional; se inició en el Senado; fue a la Cámara; hoy día está de nuevo en el Senado, y probablemente va a ser despacho por esta Corporación muy pronto porque hay bastante acuerdo en las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
Ahora bien, estos proyectos suponen, tratándose de la creación de un nuevo Servicio, una definición en torno al destino futuro de los trabajadores y las trabajadoras que actualmente están en el Sename.
Muchas veces, cuando se crean nuevos servicios a partir de órganos antiguos, se produce un traspaso automático; en otras ocasiones hay un traspaso parcial, según las características de los proyectos. En este caso, ambas iniciativas, tanto la que ya es ley como la que está en avanzado estado de tramitación, establecen que estos funcionarios podrán ser traspasados al nuevo Servicio siguiendo los procedimientos de evaluación que correspondan, porque al final se ha tenido en cuenta la necesidad de crear nuevos servicios, donde se trabaje de una manera distinta a la que se ha venido desarrollando en el actual Sename, con un modelo de intervención diferente y probablemente, en algunos casos, con especialidades, con personas dotadas de otras preparaciones profesionales. Por lo tanto, se requieren perfiles que en muchos sentidos son diferentes a los actuales.
No se trata de hacer más de lo mismo, sino de hacer cosas distintas que realmente signifiquen cambios y terminen con la vulneración de los derechos de niños y niñas, que son situaciones que han sido incluso denunciadas a nivel de Naciones Unidas.
Este trabajo supone, en consecuencia, pensando en el interés superior del niño, que no haya un traspaso automático. Así se estableció.
Sin perjuicio de ello, este traspaso no implica simplemente vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Sename, sino ver quiénes pueden buenamente continuar en el Servicio, si lo quieren, y en ese evento poder ser traspasados debidamente.
Dicho proceso ya se incorporó en la actual ley 21.302, la cual señala que un decreto con fuerza de ley va a definir la forma como se va a realizar este traspaso.
No obstante ello, se descubrió una situación que no estaba cubierta en ninguna de estas normativas y tampoco en el DFL, en cuanto al ámbito de sus disposiciones, que deben ser presentadas por el Presidente próximamente.
Es en ese sentido que estamos hablando de este proyecto.
No se estableció que, en el evento de que algunas personas no sean traspasadas al nuevo Servicio, ellas podían tener un derecho a indemnización, lo que no es menor, porque el Estatuto Administrativo, si bien garantiza ese derecho a indemnización a quien no sea traspasado a un nuevo servicio, solamente lo hace respecto de los funcionarios de planta. Y de los aproximadamente 4.700 funcionarios que hay hoy día en el Sename, solo veinte son de planta; el grueso está a contrata. Por lo tanto, si no hay una disposición que les asegure el derecho a indemnización, los trabajadores a contrata que no sean traspasados se irían a la casa sin indemnización alguna, lo cual es obviamente muy injusto.
En tal sentido, lo que estamos haciendo es proponer en este proyecto -y ese es su objetivo central- que se otorgue derecho a indemnización a todos los funcionarios que no quieran continuar o que no aprueben las evaluaciones que se establecen para el traspaso a los nuevos servicios. Este beneficio alcanza al pago de once sueldos mensuales por año de servicio, con ese tope, que corresponde a la indemnización que se entrega en el ámbito privado, y que supera a la que existe en el Estatuto Administrativo, porque aquellos veinte funcionarios de planta que pudieran no ser traspasados tendrían derecho a una indemnización, pero con un tope de seis meses por año de servicio. Lo estamos extendiendo para ambos a once, y el proyecto lo que hace es establecer ese derecho a indemnización, extendiéndolo a once meses por año de servicio.
Ahora bien, el problema -y el Senador Carlos Montes, que en algún minuto presidió ambas Comisiones junto con la Senadora Rincón y la misma Presidenta del Senado, lo estableció-, es cómo garantizar que este traspaso sea hecho de la mejor forma posible mediante procesos de evaluaciones justas y adecuadas, que tengan en consideración situaciones. Porque si, por ejemplo -ya lo decía el Senador Montes-, se requiere en el nuevo Servicio de Protección a la Niñez una especialidad o un título profesional, en circunstancias de que hay una persona que está en condiciones de desempeñarlo y se le puede homologar ese título, debería considerarse.
Consideraciones de ese tipo son las que, de alguna manera, fueron conversadas: algunas de ellas fueron incorporadas en este proyecto de ley y otras en protocolos que han sido conversados por nuestro Ministerio, a través de la Subsecretaría de Justicia, en conjunto con la Dirección del Sename y las tres asociaciones nacionales que representan a los trabajadores y las trabajadoras de la institución.
En ese sentido, el trabajo que se ha hecho fue muy discutido en la Comisión de Infancia -también en la de Hacienda, pero particularmente en la primera-, porque es ahí donde nosotros, una vez oídas las distintas inquietudes, incorporamos una indicación en donde avanzamos, ya que las reglas de evaluación, que originalmente iban a ser dadas por la Directora del Sename, ahora pasaron a ser entregadas por el Ministerio, de manera que quien aplica las reglas no sea el que las dicta.
Por lo tanto, esa obligación va a recaer en nuestro Ministerio a través de un decreto que regule las normas para hacer ese proceso de evaluación, el cual, cada vez que se haga, deberá hacerse mediante una evaluación objetiva, seria, rigurosa y trasparente.
Enseguida se consagra una instancia de participación para las asociaciones de funcionarios con el propósito de establecer esta regulación, y adicionalmente se excluyen de la evaluación para hacer este traspaso a todos aquellos funcionarios pertenecientes a los Cread, que ya fueron evaluados y se incorporaron a las residencias familiares. Estamos hablando, en cifras, de un total de 4.709 trabajadores, de los cuales 1.104 pertenecen a los Cread, 1.320 adicionales que pertenecen al Servicio de Protección, y 2.320 al Servicio de Reinserción Social Juvenil.
Ahora bien, estamos hablando de aplicar estas normas y, en particular, el protocolo que las acompaña, porque adicionalmente a las normas que se contemplan en esta iniciativa legal, y que fueron perfeccionadas en la discusión, con los compromisos a que ha hecho referencia el Senador Carlos montes, se incorporó un protocolo conversado y discutido, que va a complementar y permitir ultimar más detalles para asegurar la garantía de los propios trabajadores en este proceso de evaluación.
Una de esas inquietudes -la mencionaba el Senador Montes- se levantó a propósito del traspaso de los funcionarios de los Cread a las residencias familiares, respecto de las propias evaluaciones que se hicieron. Para garantizar de mejor modo esas evaluaciones, en la comisión seleccionadora de las entidades que harán la evaluación, que son terceros ajenos a la institución, se incorporó como miembros de ella a representantes de las tres asociaciones con el objeto de que participen en la selección de esas entidades evaluadoras, y así los propios trabajadores puedan estar tranquilos en el sentido de que quienes van a evaluar cumplen con los requisitos objetivos para hacer esa tarea a la altura de lo que estamos pidiendo.
Queremos que los trabajadores y las trabajadoras sientan que, si bien van a ser sometidos a una evaluación, tienen apoyo. Incluso se ha hecho el compromiso de que el Sename hará una capacitación previa a quienes se van a someter a la evaluación, de manera de garantizar que todos los funcionarios que quieran puedan traspasarse si acaso cumplen con los requisitos. Es decir, hay la voluntad de ayudarlos y apoyarlos.
Por lo tanto, Presidenta, garantizado el cumplimiento de los perfiles para realmente hacer una buena intervención en el interés superior del niño, el proceso destinado a lograr ese traspaso atraviesa por una evaluación, la cual debe realizarse de la forma más objetiva y rigurosa posible, garantizando, por lo tanto, el mejor trato y análisis de esa situación.
Las asociaciones han estado divididas en esta materia. Dos de las tres asociaciones, que representan al 40 por ciento de los funcionarios, están de acuerdo con este procedimiento -por cierto, siempre todos tenemos algún punto de vista, pero en lo fundamental vieron y firmaron el protocolo-, y la tercera, que es un poco más grande -tiene un poco más del 42 o 44 por ciento de representación-, no ha estado de acuerdo, sin perjuicio de lo cual han advertido y reconocido los avances y la buena voluntad que hemos puesto para asegurar que el proceso sea lo más serio y riguroso posible.
Y muy importante, Presidenta: si no tuviéramos la posibilidad de dar este derecho a indemnización, los traspasos se van a tener que hacer igual mediante una evaluación, porque así lo establece la norma y el DFL que la va a establecer, pero sin ese beneficio.
Por lo tanto, aquí realmente hay un compromiso de hacer justicia con aquellas personas que, por las razones que hemos señalado, no logren asegurar ese traspaso.
El proyecto tiene un costo de poco más de 14.000 millones de pesos, que se gastan en cuatro años. El primer año, el actual, es para el financiamiento de aquellas personas que no se traspasen al nuevo Servicio de Protección de la Niñez, cerca de 4 mil millones de pesos, y el otro, que se va a realizar a partir del año 2022 hasta el 2024 en tres etapas, que corresponde a las indemnizaciones para aquellos trabajadores que hoy día están en la sección de protección juvenil, que no se incorporen al Servicio que se va a implementar de forma gradual en tres años, que son el 2022, el 2023 y el 2024.
Ese es el escenario en el cual se mueve este proyecto: establecer un derecho de indemnización para quienes no sean traspasados después de pasar un proceso que hemos procurado sea absolutamente objetivo y riguroso, porque queremos que se vayan con la mayor cantidad posible.
Estas cifras son un techo. No hay una cantidad prevista. Efectivamente, se hizo un cálculo de más menos un 25 o 30 por ciento de los trabajadores que no se serían traspasados, teniendo como antecedente lo que ocurrió con los Cread. Pero si al final se traspasa el 85 por ciento, el 15 por ciento será indemnizado y esa plata no se va a gastar. Es un techo, no es nuestra voluntad no traspasar a una cantidad de personas, sino simplemente un techo que se ha hecho teniendo en cuenta una experiencia que a lo mejor no es suficientemente clara, pero es la única que tenemos para poder asegurar el éxito de este proceso.
En resumen, creemos haber escuchado debidamente a los trabajadores y las trabajadoras en su interés legítimo de asegurar un proceso adecuado.
Señora Presidenta, agradecemos su buena disposición para colaborar, así como también a las Senadoras y los Senadores de la Comisión de Infancia, quienes nos ayudaron a perfeccionar este proyecto y con quienes hemos tomado compromisos que vamos a asegurar para que realmente este proceso se haga bien, y, desde luego, a los miembros de la Comisión de Hacienda, que dieron su aprobación al informe financiero y a las normas correspondientes del proyecto.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A usted, señor Ministro.
Para rendir cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el Senador José García Ruminot.
El señor GARCÍA.-
Señora Presidenta, Honorable Sala, tal como señaló el Senador Carlos Montes en su doble calidad de integrante de la Comisión de Infancia y de la de Hacienda, y tal como expresó también el señor Ministro de Justicia, la Comisión de Hacienda en el día de ayer analizó este proyecto en las normas que corresponden a la Comisión de Hacienda, principalmente en lo que concierne al mayor gasto público que, como ya se ha dicho, por tres años bordearía los 14.000 millones de pesos, y cuyo objetivo, simplemente, es reservar los recursos necesarios para proceder a la indemnización de los funcionarios del actual Servicio Nacional de Menores que no van a tener continuidad en ninguno de los dos organismos que se crean como reemplazo del actual Sename.
Nosotros consideramos, y por eso lo votamos favorablemente de manera unánime, que es un proyecto necesario; trabajado además con las organizaciones que representan a los trabajadores del Servicio, donde ha habido mucho acuerdo, y por lo tanto recomendamos a la Sala, dada su urgencia, proceder a su aprobación.
Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador García Ruminot por rendir el informe de la Comisión de Hacienda.
A continuación, le ofrezco la palabra a la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Presidenta, en primer lugar, saludo al Ministro de Justicia y a quienes nos acompañan.
Escuchando el informe tanto del Senador Montes como del Senador García, y en particular el del primero, que detalló más el proceso, lo mismo que el Ministro de Justicia, me parece muy positivo que el proyecto se haya discutido largamente con las asociaciones y se haya escuchado las inquietudes que ellas manifestaron para no hacer de esto una calificación arbitraria. Considero muy importante que se den, evidentemente, todas las garantías, y en ese sentido, que, a pesar de que se fija en el artículo único del proyecto, de todas maneras se haya elaborado un protocolo. Me parece sumamente importante la intervención del Ministerio de Justicia, estableciendo reglas, para que quienes van a calificar no sean juez y parte.
Dicho todo eso, yo había pedido la palabra inmediatamente, incluso antes de que hablara el Ministro de Justicia, porque, cuando recién entramos a la Sala y se inició el Orden del Día, quería manifestar mi profunda inquietud por lo que ocurrió anoche en el Cread de Carlos Antúnez, en Providencia. Ha conmocionado bastante a la opinión pública, por lo que se ha visto, el hecho de que un niño se subiera el techo y estuviera más de una hora arriba. La versión fue que se había descompensado, etcétera, etcétera. La Defensora de la Niñez dice que no se activaron los protocolos como debiera.
Dicho todo esto, he recibido, hace unos minutos, un proyecto de acuerdo que nos manda la hasta ahora Presidenta de la Comisión de Infancia, Senadora Ximena Rincón, al cual yo desde luego adhiero. Porque, a la inquietud frente a estas nuevas residencias, que justamente sustituyen a los que eran los Cread, que suponen otra manera de comportarse y, en lo posible, otro personal, o por lo menos uno que haya sido evaluado, se agrega lo sucedido en Ñuñoa, con la agravante de que había lactantes y habían pasado diez meses desde las denuncias de los vecinos, a las cuales no se había hecho caso, fuera de la visita de la jueza de familia Mónica Jeldres, que constata los hechos denunciados.
Por eso, Presidenta, le quiero pedir que consulte a la Sala para poner sobre tabla ese proyecto de acuerdo, y ojalá aprobarlo, porque es urgente que tomemos conciencia de la debilidad que tenemos como país en términos de profesionales que traten la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, y de los que se van a hacer cargo incluso de los lactantes que estén en las residencias familiares.
Esto, justamente a raíz de lo que estamos discutiendo, y por eso había pedido la palabra inicialmente, por cuanto quería pedirle al Ministro de Justicia su impresión de lo que pasó ayer, y las medidas que se han adoptado o se adoptarán.
A mí me parece preocupante, como ya señalé, que la jueza Jeldres haya ido y constatado los hechos, o que ayer la Defensora de la Niñez haya dicho que los protocolos no se activaron o no eran los que correspondían. No me acuerdo bien cuáles fueron sus palabras exactas: si no se activaron a tiempo, o no eran los que correspondían, o no se supieron aplicar. Pero, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos con la creación de este nuevo Servicio, de terminar con los Cread (de los cuales el de Playa Ancha fue como el ícono de una gestión imposible de llevar a cabo con los niños, cuando se supone que ahora hay una menor cantidad de menores y justamente tienen el nombre de "residencias" para que sean lo más parecidos a lo que puede ser una casa-habitación familiar), ambos casos nos parecen extremadamente dolorosos, preocupantes y graves si seguimos con problemas en la forma en que tratamos a los niños internados, en la forma y claridad en que deben aplicarse los protocolos, y si el personal no está lo suficientemente entrenado. No es posible que un niño esté una hora en un techo, lanzando algunas cosas, y que la explicación sea: "Se descompensó".
En consecuencia, creo que sería bastante oportuno, porque viene muy bien al caso, que el Ministro de Justicia nos dijera algo en relación con lo que pasó ayer. Y también, Presidenta, reitero mi petición de que el proyecto de acuerdo sea visto sobre tabla y, ojalá, aprobado unánimemente por la Sala del Senado. Me parece que tenemos que dar una señal de preocupación, de que no tenemos especialidad en psiquiatría infantil en un número importante que permita una buena cobertura, de que no tenemos prácticamente capacidad de absorber la salud mental de estos niños, niñas y adolescentes, y de que el Ministerio de Justicia debe hacerse cargo, cuando vea que algo no funciona, de buscar instrumentos para intervenir de manera más rápida y directa en estos hogares si efectivamente se comprueba que las denuncias efectuadas son veraces y verídicas.
Le pido a la Sala, por su intermedio, Presidenta, que el proyecto de acuerdo sea aprobado a la brevedad, a fin de dar una señal clara y contundente de preocupación, y al mismo tiempo reitero mi petición de que ojalá el Ministro de Justicia nos diga algo al respecto.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senadora Allende.
El Ministro de Justicia ha manifestado toda su disposición para referirse a los temas que usted ha planteado, y le hemos pedido que lo haga una vez que finalicemos la votación de la iniciativa en debate.
Respecto del proyecto de acuerdo al cual usted hace mención, este aún no se recepciona en la Mesa. En cuanto eso ocurra, daremos la Cuenta agregada correspondiente.
¿Les parece que abramos la votación, manteniendo los tiempos de intervención?
Así se acuerda.
En votación.
--(Durante la votación).
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofrezco la palabra a la Senadora Marcela Sabat.
La señora SABAT.-
Gracias, Presidenta.
Es bien difícil abstraerse de los hechos que conocimos el día de ayer, cuando además nos damos cuenta de que se han cumplido treinta años desde que ratificamos la Convención sobre Derechos del Niño y asumimos, como Estado, la obligación de adoptar las medidas administrativas, legislativas y de toda índole que fueran necesarias para dar efectividad a los derechos reconocidos en dicho acuerdo internacional.
Como digo, es difícil abstraerse de la situación que conocimos ayer, ocurrida en la residencia familiar de Carlos Antúnez, en Providencia. Los gritos y llantos de un niño que se escuchan al interior del recinto a través de un video resultan realmente escalofriantes, muy dolorosos. Y ahí nos damos cuenta de que estos hechos se siguen repitiendo. Llevamos décadas de este dolor en el alma de Chile, y finalmente no les hemos cumplido a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Este nuevo y doloroso episodio se produce justo cuando estamos en el comienzo del fin de Sename. Hemos dicho que estamos dando pasos hacia un nuevo Servicio de Protección de la Niñez y una nueva institucionalidad, que esperamos sean capaces de promover el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, y de entregar una protección integral y real por parte del Estado a quienes estén bajo su cuidado.
Aquí estamos claros y nos damos cuenta, por lo que conocimos, que no basta solo con esta nueva estructura. El nuevo Servicio de Protección tiene que ir acompañado de leyes que lo complementen, como la Ley de Garantías de la Niñez -considero urgente que la saquemos adelante-, y por sobre todo, de planes focalizados en materia de salud mental, de especialización de los cuidadores, de un mayor involucramiento y un mayor gasto fiscal -de este Gobierno, por cierto, y de los que vengan-, y de una red de salud pública de atención a los niños, niñas y adolescentes, que en esta materia está al debe.
Ha habido un aumento en la subvención, desde el año 2019, de alrededor de 240 mil a 1.200.000 pesos. Hay esfuerzos para que el nuevo Servicio de Protección avance con mayor esmero fiscal, por cierto. Podemos tener una nueva estructura, podemos tener una linda fachada, pero, si no enfrentamos la situación con un esfuerzo fiscal potente en términos de salud mental, este cambio no se va a desarrollar en el fondo del asunto.
Ya lo hemos dicho: en el ámbito de la salud mental, la infancia y la adolescencia son etapas vitales para el desarrollo, que requieren de una consideración, una comprensión y un abordaje específicos, y en Chile, lamentablemente, no estamos dando esa atención adecuada. Sí se está abordando el foco principal de este cambio del antiguo Sename al nuevo Servicio de Protección, donde se quiere desinstitucionalizar a los niños. Un mes de un niño desinstitucionalizado es una falta en el desarrollo del hijo de alrededor de un año de retroceso.
Respecto a la situación de la salud mental en residencias Sename, según un estudio realizado hace algunos años por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se mostró que el 68,6 por ciento de niños y niñas de 14 años o más presentaban síntomas que llevaban a sospechar que estaban experimentando un cuadro depresivo. Y se dice que más de un 43 por ciento de niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años consume diariamente psicofármacos en estos centros. O sea, la situación mental de nuestros niños, niñas y adolescentes en las residencias del Sename es crítica.
Por eso debemos involucrar más a la red pública en la atención de la salud mental, en especial respecto de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en tales centros.
Muchos de los casos que hemos conocido en el último tiempo se deben a un mal manejo -y esto no es ninguna sorpresa- en la contención de niños y niñas descompensados. Este es un punto sustantivo, Presidenta, que debemos corregir con el nuevo Servicio, velando tanto por la correcta atención de la emergencia como por el acompañamiento en el desarrollo de estos niños y niñas.
Es en dicho contexto en el que se enmarca el proyecto que nos encontramos discutiendo hoy día, el cual tiene como principal objetivo asegurar de manera adecuada el traspaso de los funcionarios desde el actual Sename al nuevo Servicio de Protección Especializada, para que de esta forma podamos contar con funcionarios de excelencia en la nueva institución, para tener a los mejores funcionarios, y para que aquellos que no cumplan con estas competencias, con las habilidades necesarias, cesen en su cargo, pero otorgándoles un beneficio que no existiría si no fuera por la normativa en estudio.
Al respecto, debemos recordar que la ley 21.302 establece a priori una serie de requisitos de ingreso al Servicio Mejor Niñez, los que, de no ser cumplidos, implican la imposibilidad de traspasar a los funcionarios que actualmente están en el Sename.
Por lo mismo, el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, haciéndose cargo de las necesidades de dichas personas, trabajó en un protocolo de acuerdo que fue firmado por dos asociaciones que reúnen a alrededor del 40 por ciento de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores, y que recoge la mayoría de sus inquietudes. Yo quiero valorar que, si bien no fue una negociación fácil, de una forma u otra estuvo presente el diálogo entre el Ejecutivo y las asociaciones, lo que permitió llegar a un acuerdo que satisface algunas de las inquietudes de los funcionarios y que permite avanzar, así, en la implementación de este importante Servicio de Protección de la Niñez.
Recién hoy podemos decir que está comenzando el principio... (se corta el audio del micrófono)...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Puede activar su micrófono ahora, Senadora Sabat, para que pueda finalizar el minuto adicional que se le ha concedido.
La señora SABAT.-
Muchas gracias.
Sí, solo para terminar.
Podemos decir que hoy está comenzando el principio del fin del Sename. Casos tan terribles como los que hemos visto en el último tiempo nos muestran que hay mucho, mucho por hacer. Pero, si no avanzamos en una modificación estructural, integral y profunda, y no sacamos adelante la institucionalidad en su conjunto, no vamos a cristalizar el cambio urgente que hoy necesitamos para nuestros niños, niñas y adolescentes.
Así es que anuncio mi voto a favor de este proyecto y, por cierto, también el de nuestra bancada.
Voto que sí, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Ofrezco la palabra a la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidenta.
Voy a votar a favor, suscribiendo lo que han hecho la Comisión de Infancia y la Comisión de Hacienda.
Solo quiero aprovechar la discusión de las adecuaciones administrativas del Sename para poner el foco en lo que ha pasado en estos días.
Durante el mes de marzo se han conocido dos hechos que afectan gravemente los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes al cuidado de sistemas alternativos del Estado. Y, Presidenta, debo decirlo: no son hogares del Sename; son organismos colaboradores. Lo digo porque la verdad es que muchas veces somos muy duros con los funcionarios del Estado. Y sé que se ha escuchado largamente a los funcionarios, que fueron atendidas sus demandas y que se suscribieron acuerdos con ellos. Lo explicó largamente el Senador Montes.
Pero lo ocurrido en la residencia familiar de Carlos Antúnez, en Providencia, donde se habría afectado la integridad física y psíquica de un niño que aparentemente no pudo ser atendido de manera correcta por el personal de la residencia; los hechos del Hogar Macera, de Talcahuano, en noviembre pasado, y lo que hemos conocido a través de un informe de la jueza Jeldres en cuanto a la residencia de protección Trinidad, de la Corporación Acogida, institución colaboradora del Sename, de la comuna de Nuñoa, son hechos dramáticos, donde se han vulnerado los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, donde han sido dejados llorar por horas, y por días, y donde todo el sistema, Presidenta, ha fallado.
Es por eso que hoy día estamos pidiendo a los colegas que nos apoyen con un proyecto de acuerdo en que se solicita al Gobierno que instruya la revisión del número y calidad de los cuidadores que se desempeñan en las residencias; instruya al Ministro de Justicia, con el que tenemos el mejor de los diálogos, para que haga uso inmediato de las facultades que le entregan los artículos 12 y 17 del decreto ley 2.465, que crea el Sename, y solicite al Ministerio de Justicia que revise la historia de desempeño de las corporaciones involucradas.
Presidenta, estamos dando pasos, es cierto, no todos los que nos gustaría -ojalá se agilice la Ley de Garantías-, pero, frente a estos hechos, no podemos quedarnos solo en la lamentación y el asombro. Tenemos que actuar, porque el Estado es el que garantiza o debe garantizar la protección de estos niños.
Voy a respaldar este proyecto de ley, Presidenta, pero pido que todos nos movamos en la dirección correcta para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Senadora Ximena Rincón.
Ofrezco la palabra al Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidenta.
El proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad para niños, niñas y adolescentes y deja atrás al Sename tiene una dolorosa y trágica historia. Y la verdad es que en ese camino de conducción queremos colaborar, porque es urgente que el Estado se responsabilice por los niños que tiene a su cuidado. Miles han fallecido; otros han quedado con traumas permanentes, y la mitad de ellos está en las cárceles del país. ¡La mitad de los niños egresados del Sename está hoy día en cárceles o ha pasado por las cárceles de Chile! Por tanto, una nueva institucionalidad es una tarea urgente.
Este proyecto de ley permite una justicia laboral con aquellos funcionarios a contrata que no tenían derecho a indemnización. Lo discutimos largamente. ¡Cuatro mil funcionarios, mil de ellos con licencia médica, producto de las condiciones de trabajo! ¡Mil de ellos! ¡Veinticinco por ciento! Y hoy este proyecto dará una salida voluntaria o petición de retiro con once meses de indemnización. Yo espero que haya los fondos suficientes. Se han calculado. En el informe hay diversos montos: 14 mil millones. El número exacto de las personas que van a salir, voluntaria u obligadamente, no está claro. Y, dado el informe que ha dado el Senador Montes y el que le hemos escuchado al Ministro, esto debiera quedar zanjado de manera positiva.
Mi única preocupación está en lo que ha expresado este último. Las dos asociaciones que han apoyado este proyecto representan al 40 por ciento. Pero hay una que representa al 44 por ciento, es decir, casi a la mitad, que no estuvo de acuerdo. He buscado en el informe de Hacienda la opinión de quienes no firmaron el acuerdo, pero no está. Solo se consagra la opinión de una de las organizaciones y no del resto. Don Walter Arancibia, de Antrase, entiendo que es parte de una de las dos asociaciones que firmaron.
Me hubiera gustado que el Ministro hubiera podido detallar cuáles son los puntos pendientes y por qué la organización que representa a la mitad de los trabajadores no quiso firmar. Porque hay puntos pendientes que, si no pueden ser resueltos en este proyecto de ley, habrá que enfrentar en algún momento.
Yo voy a votar a favor de la iniciativa, porque resuelve problemas que compartimos. Sin embargo, me preocupa que la mitad, el 50 por ciento de los trabajadores involucrados, organizados, afiliados a organizaciones sindicales, no haya firmado. Desconozco las razones.
Por lo tanto, Presidenta, por su intermedio le pido al Ministro Hernán Larraín si pudiera explicarnos cuáles fueron los puntos en que no se llegó a acuerdo con dicha organización. No sé cuáles son. He intentado comunicarme con los dirigentes vía WhatsApp, los he llamado, para saber exactamente qué fue lo que originó que no estuvieran todos de acuerdo.
Siempre hay procesos muy complejos en estas negociaciones. Las hemos enfrentado en múltiples ocasiones. Se trata de conciliar los derechos de los trabajadores en justicia con los recursos pertinentes. Y, por cierto, a veces no hay acuerdo.
Yo más bien quiero saber por qué no hubo acuerdo. Y si la causa fue de carácter económico, administrativo o más estructural, de tal manera de tener la certeza de que quienes se vayan lo hagan con tranquilidad y seguridad.
Echar trabajadores a la calle en momentos de pandemia, sin indemnización, de verdad era un abuso inaceptable. Por lo tanto, considero que el Gobierno y el Ministerio de Justicia hacen bien en preocuparse de que quienes salgan lo hagan, a lo menos, con indemnización; y más si son once meses y no solo los seis que estipula la ley para los funcionarios a contrata.
No sé si el Ministro nos puede aclarar esto. Yo voy a votar a favor porque creo que, si no hubo claridad en determinados puntos, pueden quedar pendientes para lo que viene a futuro.
Voto a favor tratando de que esta nueva institucionalidad resuelva los graves problemas que tienen los niños asistidos, custodiados por el Estado.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución!
¡No más AFP!
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Navarro.
El Senador Felipe Kast ha pedido adelantar su voto sin fundamentar.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Kast, ¿cómo vota?
¿Puede activar su micrófono, por favor?
El señor KAST.-
A favor, señora Presidenta.
Muchas gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
A favor.
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Ha pedido la palabra el Senador Carlos Montes.
Tiene la palabra, Senador.
El señor MONTES.-
Gracias, Presidenta.
Si uno hace una lista de los grandes temas en que la sociedad chilena está muy atrasada y con muchos problemas, este es uno; está claro.
Hay miles de niños y adolescentes que requieren protección especializada; hay miles de jóvenes que necesitan reinserción social. Y tenemos un problema. Es responsabilidad de todos cómo enfrentamos esto; no es responsabilidad de uno o de otro.
De hecho, la Presidenta Bachelet fue la que inició esta transformación y el Presidente Piñera la siguió. Pero esto va más allá de los gobiernos; esto requiere mucha sobriedad porque son problemas que en el mundo entero están afectando a todas las sociedades. Y cada vez es más complejo, más difícil hacerlo y cada vez quedamos más superados por la vida.
Es doloroso el caso de Providencia y probablemente va a haber otros casos dolorosos. Tenemos que ver cómo fortalecer, qué puede estar fallando, cómo hacerlo mejor.
Para crear estos dos servicios hay dos leyes y además la Ley de Garantías, que ha costado mucho y que gracias al esfuerzo de la Senadora Rincón, y de todos los demás, se empujó y salió de aquí, del Senado. Pero la verdad es que eso está atrasado.
En el caso que nos ocupa, tratamos de que hubiera un buen enfoque, un distinto enfoque en lo que es la protección especializada. Y trabajamos harto en esto, conversamos con especialistas, vino gente de Argentina, de distintos lados y salió un cierto modelo centrado en la familia.
Nosotros tenemos dudas de ese modelo, sabemos que no es perfecto. Sin embargo, es un modelo que cambia respecto al enfoque que había hasta ahora.
Eso es muy importante. Además, ahora estamos tratando de que los funcionarios sean más apropiados para las nuevas funciones, para el nuevo modelo.
Y frente a esto, quiero decir que los funcionarios han sido de un rigor, de una seriedad y un análisis destacables, y hablo de todas las asociaciones. A mí me impresionó la calidad de los dirigentes y la organización.
En uno de los casos paramos una sesión cuatro horas, la pusimos para continuarla más tarde, para que la asociación más grande pudiera comunicarse de Arica a Punta Arenas con todos los dirigentes y así fue. Y llegó con un análisis.
En cuanto a las diferencias -lo que pregunta el Senador Navarro-, la asociación más grande dice: ¿Por qué tiene que haber evaluación? Ese es un primer cuestionamiento.
Una vez aceptada la evaluación, hay que proteger los derechos de los trabajadores y de todo el conjunto. Y buena parte de las observaciones que ellos plantearon -están en el informe de Infancia- se asumieron.
Sin embargo, hubo una que no se resolvió. La observación de fondo es que se desconfía de la arbitrariedad que pueda tener la persona que dirija esta institución; se dice que todo dependerá de ella, en definitiva. Entonces, ¿cómo se contrapesaba? Se incorporaron muchos contrapesos, en el protocolo especialmente.
Además de eso, lo que quedó pendiente es cuánto se pondera la trayectoria respecto a la evaluación. Y el otro gremio pedía que fuera 50-50. Subimos de 20 a 40, pero otros gremios dijeron que si subía para ellos, los podía perjudicar. Finalmente quedó en eso, que no era lo que pedía esta asociación. Sin embargo, ellos valoraron que se hubiera avanzado en el sentido en que se hizo.
Yo no puedo terminar esta discusión sin decir que le tengo miedo a la decisión que estamos tomando, no por este proyecto, sino por el tema general. ¿Cómo hacemos para asegurar que esto va a seguir avanzando y que no tendremos en poco tiempo más escándalo, tras escándalo, tras escándalo porque no se han resuelto los temas principales?
Llevamos años discutiendo esto. Me tocó participar intensamente en el debate que se dio durante el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle. Ahí también se optó por un mucho mejor modelo. Pero después, entre la realidad y el modelo hubo gran distancia. Y no se aplicó plenamente el modelo, tanto del Estado directamente como a través de entidades colaboradoras.
Y quiero decirle al Senado que aquí el problema está en los recursos. En ese tiempo el problema también fue de recursos. Y me parece que si aquí no se destinan recursos para pasar a otro nivel, la verdad es que vamos a tener una crisis no muy lejana.
¿Y por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuántos recursos adicionales se ponen en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia? 132 millones de dólares.
¿Ustedes creen que con esa cantidad va a resolverse el problema? Porque aquí no se trata solo de los niños que hoy día están planteándose la necesidad de tener protección: en la medida en que el modelo sea mejor los jueces van a orientar a más niños para que vengan a este sistema. Eso nos dijeron los propios jueces, que ellos no enviaban a los niños y adolescentes porque no había sistema capaz de acogerlos; preferían no hacerlo. Pero si hay un mejor sistema, sin duda que van a venir.
Normalmente, cuando creamos instituciones como esta los financiamientos van siguiendo a la demanda; no están congelados con un presupuesto anual. Hay que cambiar el modelo de diseño del financiamiento. Porque, si no, esto afectará a la institución, independiente de lo buenos que sean los funcionarios. Y la verdad es que trabajar en esta institución es tremendamente difícil, humanamente y profesionalmente.
Entonces, existe una debilidad en el financiamiento de la que debemos tener consciencia. Nosotros, el Congreso, tenemos una responsabilidad de que esto cuente con los recursos necesarios para el modelo que se quiere aplicar.
Por otro lado, nosotros estamos estableciendo una forma de coordinación de la protección especializada con el resto del Estado (con Educación, Justicia, Salud) que, desde mi punto de vista, es piloto. Ojalá que resulte. Pero, como está, probablemente va a ser tan complejo como hoy día, en que al Sename no lo toman en cuenta la mayor parte de las instituciones y tiene que arreglárselas solo con una situación que es muy difícil. Y ellos ven la necesidad de que los niños tengan apoyo de otras instituciones.
En salud mental, que es lo que planteaba la Senadora Sabat, claramente, no hay respuesta. El sistema no la tiene. Y necesitamos ver cómo se crea un sistema efectivo. Pero no es solo salud mental; hay muchas otras cosas.
Bueno, es poca plata. Y yo sé que el Ministro de Justicia debe asumir esto. Y discute, busca más, pero tiene sus límites.
Nosotros, como parlamentarios, tenemos la obligación...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Puede activar su micrófono, Senador Montes?
Lo desactivó...
El señor MONTES.-
Lo que pido es que seamos muy sobrios para no sobrepolitizar esto. Este es un desafío de todas las sociedades y de todos nosotros. Y, como parlamentarios, tenemos una inmensa responsabilidad hacia atrás y hacia adelante.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Montes.
Ha pedido la palabra el Senador Chahuán. Sin embargo, le quiero consultar si le podemos ofrecer antes la palabra al Ministro, quien iba a hablar al final, pero tiene que partir a otra Comisión.
¿Le parece a usted, Senador Chahuán?
Y luego de la intervención del Ministro, inmediatamente le ofrezco la palabra.
El señor CHAHUÁN.-
Ningún problema, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Señor Ministro, tiene usted la palabra.
¿Puede activar su micrófono?
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Gracias, Presidenta.
Lamentablemente, tengo que concurrir a la Comisión de Familia de la Cámara a presentar otro proyecto, en una sesión que empezó a las cinco y media.
Pero no quería ausentarme de esta sesión, porque, como lo han manifestado con mucha claridad la Senadora Isabel Allende, y también la Senadora Ximena Rincón, es inevitable no pronunciarse sobre los hechos ocurridos en una residencia de la Región Metropolitana, ubicada en Carlos Antúnez, el día lunes por la tarde, y que se conocieron ayer, a raíz de la circulación de un video que expresaba una situación indescriptible, muy dolorosa.
Y lo primero que quiero manifestar sobre esta situación es que, al igual que cualquiera que haya visto ese video, la primera reacción, la primera sensación es de una consternación por lo que ahí ocurre, un dolor muy tremendo y una sensación de impotencia por ver que un niño que está bajo el cuidado del Estado está reaccionando de la manera en que lo vemos.
Por eso, nos ha preocupado, antes que cualquier otra cosa, averiguar, con posterioridad al conocimiento de estos hechos -como digo, nos enteramos de ellos ayer, a propósito de la circulación del video-, cuál es el estado de los niños que estuvieron involucrados más directamente en este incidente, así como del resto de los niños que están en esa residencia.
Por lo menos, para la tranquilidad de todos, quiero decir que los niños están bien, que luego de lo ocurrido fueron debidamente cuidados; han tenido tranquilidad.
Quizá esta tranquilidad se les ve alterada por lo que ocurre en el exterior de la residencia. Hay gente que luego de estos hechos ha ido a protestar y uno comprende y entiende esa indignación, pero lamentablemente, la indignación que se produce en las afueras de esta residencia genera, más bien, dificultades y problemas para los niños y las niñas que están ahí, y eso tenemos que evitarlo, precisamente, para ayudar a que estos niños tengan una vida tranquila y normal, y no estar en medio de un conflicto externo que dice relación con otras materias.
Pero, reitero, hemos seguido en forma precisa la evaluación de los niños; están con el cuidado debido; se están aplicando sus rutinas; se les está brindando apoyo adicional, y conforme a lo que le hemos pedido, la Dirección Nacional del Sename va a disponer apoyo psicosocial, postraumático, para poder sortear esta situación sin que presenten secuelas y daños posteriores. Pero no hay, hasta donde he sido informado, ninguna señal de lesiones, de violencia que haya afectado físicamente a ninguno de estos niños.
Dicho lo anterior, quiero referirme, brevemente en lo posible, a los hechos que ocurrieron, para tratar de precisarlos, hasta donde es posible conocerlos.
Los hechos se inician el lunes en la tarde a raíz de la descompensación que se le produce a un niño de 13 años, que genera un comportamiento muy complejo, en una residencia que, quiero decir, no es una residencia que pertenezca a un organismo colaborador acreditado: es administración directa del Estado. Y es una residencia que se ha constituído no hace mucho, que trabaja bien, en la que hasta la fecha no habíamos tenido problemas; al contrario, ella incluso había recibido niños problemáticos de otros lugares, por lo bien que estaba funcionando.
Sin embargo, se produjo esta situación de descompensación de este niño y, junto con él, otros dos lo acompañan, se suben al techo y generan ahí hechos de una cierta violencia, arrojando objetos, destruyendo otros, y eso hace que, cuando los funcionarios de la residencia no pueden contenerlos, apliquen el protocolo.
El protocolo consiste en llamar al SAMU y a Carabineros.
El SAMU, lamentable e inexplicablemente, nunca apareció, y hasta el día de hoy no tenemos una explicación al respecto.
La actuación de Carabineros se produce junto con los funcionarios del Sename que ayudan a que bajen del techo estos niños y para que se produzca ahí una contención.
En ese minuto se producen los hechos que están grabados en el video y que son poco claros, por la oscuridad reinante. Hemos también pedido el informe sobre las cámaras. Las cámaras no tienen rayos para permitir visión nocturna, por lo que no han permitido esclarecer mucho. Por lo tanto, no sabemos exactamente cuáles fueron los hechos por los que este niño grita y pide que lo suelten, en fin, y otras expresiones de esa naturaleza que dan cuenta de un cierto dolor y una situación compleja.
¿Cuál fue la relación de estos niños con Carabineros? Eso es lo que se debe investigar, para saber exactamente qué fue lo que ocurrió.
Aparentemente, luego de este episodio hay, con la actuación de los trabajadores del Sename de esa residencia, un momento de contención y, finalmente, los niños se tranquilizan, se van a sus dormitorios y luego están en el proceso que les digo, de contención y de acompañamiento para tranquilizarlos.
Quiero señalar que, a mi modo de ver, aquí surgen varias preguntas e inquietudes, muy delicadas.
En primer término está, ciertamente, el problema de fondo, que ya lo señalaba la Senadora Allende: la forma como estamos prestando la atención de salud mental a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de vulnerabilidad. No contamos con una red de apoyo; hemos planteado una y mil veces a Salud la necesidad de disponer de más refuerzos, pero los refuerzos que nos han dado, dentro de lo posible, se hacen insuficientes para la magnitud del problema.
Sin lugar a dudas, este es el principal problema que aqueja a niños, niñas y adolescentes que están en residencias y el apoyo que tenemos es limitado, a pesar de que en esta residencia había una especial preocupación por el tema, pero este es un punto que debe ser subrayado, porque tenemos que seguir trabajando en él.
En seguida, resalto que nos preocupa que cuando se llama para apoyar en una situación a una institución como el SAMU, este no concurra. Y eso otra vez nos levanta una inquietud, porque ese apoyo es necesario dada la complejidad de las situaciones que se producen, con más frecuencia de la deseada, porque el porcentaje de niños que tienen dificultades en su salud mental y que están en las residencias es elevadísimo. Probablemente, debe de estar en el orden del 60 por ciento. Por lo tanto, requerimos tener un apoyo externo a lo que cada residencia desarrolla, sea de las que administra el Estado o de las otras.
Una tercera reflexión dice relación con la actuación de Carabineros. No tenemos claridad de lo que ahí ocurrió. Necesitamos tener más precisión respecto de esas actuaciones, porque hay que tomar medidas en la materia y ya las voy a proponer.
Y una cuarta reflexión es que sí hemos advertido que la información de lo que ocurrió en esa residencia no se conoció hasta ayer martes por la tarde, a propósito de la circulación del video. Hay, sin lugar a dudas, una negligencia en alguna parte del sistema.
Nosotros tuvimos ayer, por otro motivo, una reunión en este Ministerio con la Directora Nacional del Sename, Rosario Martínez, y no se habló de este tema, y no se habló porque no se tenía la información, lo que, obviamente, también enciende una luz.
Hechas estas reflexiones, quiero señalar que aquí ha habido muchas reacciones. Desde luego, la de la Defensoría de la Niñez, de la Subsecretaría de la Niñez. En el caso nuestro, desde el primer minuto en que tuvimos información, este Ministerio, a través de su Subsecretario de Justicia, de la Dirección de Reinserción Social Juvenil, y yo personalmente, junto al Sename, representado por su Directora Nacional y su Directora Regional, nos pusimos a trabajar para lograr los objetivos que antes les he señalado: la preocupación central por los niños y ver qué es lo que pasó y cómo debemos seguir actuando.
Hay ya decretado un sumario administrativo para investigar las responsabilidades internas de la residencia. Se presentó una denuncia al Ministerio Público por el Sename, conforme a los protocolos, y está ya en su conocimiento. El programa "Mi Abogado" está estudiando hacer lo propio y se va a hacer una denuncia, eventualmente una querella. Eso se está evaluando, según los antecedentes que se tengan, para seguir un camino u otro.
Y también hemos tomado contacto con Carabineros. Quiero señalar que yo hablé personalmente con el General Director, don Ricardo Yáñez, para explicarle los hechos y para pedirle una investigación acuciosa respecto de la forma como Carabineros procedió, porque no tenemos claridad respecto de esa materia. Él me informó que ya había instalado un sumario interno.
En resumen, Presidenta, estamos frente a una situación compleja, pero acotada en el sentido de que los niños, afortunadamente, están bien, y eso es lo que nos tranquiliza. Por cierto, hay que ver su evolución posterior; siempre es necesario hacer seguimiento, pero, en lo fundamental, ahí hay un problema.
Levantamos de nuevo la necesidad de un apoyo en materia de salud mental para niños, niñas y adolescentes.
En seguida, respecto de la participación de Carabineros, he hablado hoy día con la Directora del Sename y le he pedido que, no obstante que el protocolo dice que cuando haya episodios de esta naturaleza se llame al SAMU y a Carabineros, no convoque a esta última institución a las residencias del Sename cuando se presente este tipo de dificultades, mientras no tengamos claro cómo debiera actuar la policía uniformada. Puede que esta actúe de la mejor manera posible, de la manera más razonable y prudente, pero su presencia a veces genera reacciones impropias, quizá motivadas por un momento de descompensación de un niño o niña, generándose episodios que no terminan bien, como el que aparentemente ocurrió en ese proceso.
Estamos también trabajando en una comisión que convocó la Ministra de Desarrollo Social para regular los protocolos de funcionamiento, de uso de la fuerza, de participación de las policías en las residencias, instancia que se instaló hace algunos meses y que -esperamos-podrá dar nuevas pautas. Estas serán las que se van a aplicar para convocar a Carabineros. Mientras tanto, espero que no se les llame.
La Senadora Rincón ha hecho presente la necesidad de fortalecer a los organismos colaboradores acreditados, a los OCA. Quiero señalar que, cuando se instale el nuevo Servicio de Protección a la Niñez, a partir del 1 de octubre, todas esas entidades van a ser enteramente acreditadas. Vamos a partir de cero. Los estándares serán muy exigentes, para asegurar que efectivamente su trabajo sea como el que les estamos requiriendo a los funcionarios públicos que van a ser traspasados a la nueva institución, a fin de garantizar el mejor trato a la niñez.
Adicionalmente, estamos trabajando en un proyecto, que vamos a dar a conocer muy luego, relativo a la capacitación de todas las personas que tengan contacto directo con niños y niñas en las residencias, sean estas públicas o privadas, para asegurar un trato adecuado. Necesitamos garantizar el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
No puedo dejar de mencionar nuestra inquietud por una cierta estigmatización que se produce en torno a los niños y las niñas del Sename, y a quienes trabajan ahí. Recién el Senador Carlos Montes hacía presente su reconocimiento a los funcionarios del Sename que habían participado en el debate de este proyecto en su rol de representantes de las asociaciones. Bueno, creo que hay trabajadores del Sename que hacen bien su trabajo, abnegadamente, y lo vienen realizando de esa forma desde hace muchos años. Probablemente, no es el cien por ciento, y hay situaciones que tenemos que revisar.
Por lo mismo, cuando se acordó crear el nuevo Servicio, no se garantizó el traspaso automático. Y aprovecho de responderle al Senador Alejandro Navarro, quien preguntaba por qué hubo una asociación que no firmó. Fundamentalmente, fue porque esa asociación quería que el traspaso fuera automático, y no pasar por un proceso de evaluación. Pero, dadas las historias que conocemos, dado que aquí estamos pensando en el interés superior del niño, queremos que pasen aquellos funcionarios que correspondan a los perfiles que se exigen para el nuevo Servicio y que tengan una trayectoria adecuada.
La ponderación también fue algo que se discutió y acordó con las dos asociaciones y la Comisión de Infancia del Senado: 40 por ciento para la trayectoria y 60 para la evaluación de las competencias, conforme al perfil que se exige. La otra asociación pedía 50 por ciento o más, lo que genera ruidos adversos al sentido que persigue este proyecto.
Pero es importante tener cuidado de hacer muchos juicios respecto de hechos que todavía no conocemos enteramente, que se deben investigar.
Presidenta, estimadas Senadoras y Senadores, quiero decirles que nosotros -y digo "nosotros" porque somos muchos- no dormimos tranquilos cuando ocurren estos hechos, pues los sentimos como parte de nuestra responsabilidad. Los menores están bajo el cuidado de una organización del Estado, el Sename, organismo que depende del Ministerio que dirijo. Estamos las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana encima de esta situación. Cada vez que se cae una lámpara en un hogar, en una residencia, estamos informados, y tomamos medidas para evitar que eso genere alguna dificultad.
Es una situación muy dolorosa, pero nuestra preocupación es total.
Por eso, cuando hablamos de niños y niñas del Sename, lo hacemos con preocupación, pues se trata de personas que han sido dañadas severamente por distintas razones. Están ahí por eso, porque fracasó su familia, su grupo familiar. Y el Estado tiene que responder. No lo ha hecho bien en muchas circunstancias; hoy día no lo hace perfecto, pero se están realizando los mayores esfuerzos. Nos debemos a esos niños, a esas niñas, porque necesitan nuestro apoyo y comprensión.
Sigamos haciendo los máximos esfuerzos para asegurar que, luego del trabajo que se pueda hacer en las residencias con estos nuevos servicios, se avance lo antes posible hacia la refamiliarización de los menores, hacia la vuelta al hogar familiar. Y, en caso de que ello no ocurra, bueno, abramos espacios para otros caminos, como el de la adopción.
Termino recordando que nosotros presentamos un proyecto de adopción, que se aprobó en la Cámara de Diputados y que está desde mayo del 2019 -¡desde mayo del 2019, Presidenta!- en el Senado. No ha tenido tramitación alguna, a pesar de las urgencias que le hemos puesto. Dicha iniciativa también forma parte de las necesidades de un nuevo trato con la infancia, por cuanto permite facilitar la adopción a los menores que no tienen una familia de origen o que no van a poder volver a su familia o a la familia extendida.
En tal sentido, hago un llamado para hacerse cargo de ese proyecto de ley, que es muy importante.
Siento lo que pasó en el caso señalado, pero créannos que vamos a investigar en detalle, hasta las últimas consecuencias; nosotros en el plano administrativo y el Ministerio Público en el ámbito penal. Si hay responsabilidades, tendrán que ser sancionadas dura y fuertemente, pues no aceptamos que un niño, una niña o un adolescente que esté bajo cuidado del Estado sufra alteración o menoscabo de sus derechos.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Ministro.
Sin duda, la preocupación expresada por la Senadora Isabel Allende nos representa a todos y todas en este Hemiciclo.
Valoramos que usted se haya referido a la situación aludida en particular, y que haya manifestado su disposición a avanzar con mayor celeridad en el proyecto de ley de adopciones.
El problema que se expresa a través de un proyecto de acuerdo y de las preocupaciones expresadas por las Senadoras Allende y Rincón, entre otros, y lo que estamos tratando en esta misma iniciativa de ley son, más bien, condiciones de borde. La discusión central debiera ser por qué tenemos niños abandonados, institucionalizados, encerrados hasta los dieciocho años, maltratados, sujetos a vulneraciones, las que lamentablemente han estado presentes en sus vidas.
Por lo tanto, la reforma a la Ley de Adopciones debiera ser una prioridad para el país.
Esperamos, Ministro, que en otra oportunidad se refiera al número de cuidadoras del hogar de lactantes Trinidad, en Ñuñoa. Se sabe que está muy por debajo de los coeficientes técnicos requeridos. Una se pregunta si tres o cuatro cuidadoras son suficientes para atender a más de dieciocho lactantes.
Agradecemos su presencia en la discusión de este proyecto.
Finalmente, le ofrezco la palabra al Senador Francisco Javier Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Estimada Presidenta, Honorable Sala, estamos frente a un proyecto de ley que, como bien usted ha dicho, revisa condiciones de borde en la transformación que debe tener la institucionalidad dedicada a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Con usted, Presidenta, presentamos una querella hace algún tiempo que terminó con la formalización de ocho funcionarios del Sename, particularmente del Cread de Valparaíso, nada más y nada menos que por el delito de tortura. Eso está en pleno proceso investigativo.
Esa fue la piedra angular que me permitió, junto con el abogado Juan Carlos Manríquez, llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -también en representación suya, Presidenta-, para pedir un informe sobre la situación de vulneración grave y flagrante de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile.
Pues bien, en la audiencia a la que concurrí ante este organismo en Washington, se constató la vulneración por parte del Estado de Chile de treinta y ocho artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño y los protocolos facultativos.
Es la mayor vulneración de derechos humanos en democracia, ¡la mayor vulneración en democracia a los derechos de niños, niñas y adolescentes!
Estamos frente a un Estado fallido, en términos de protección de tales derechos.
Por eso se han realizado cambios a la legislación, con los cuales se busca, primero, terminar con los Cread; segundo, instalar una nueva institucionalidad, lo que aprobamos en este Parlamento -hay que señalar que este Congreso ha estado a la altura de las circunstancias para introducir cambios trascendentales en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes-, y tercero, resguardar el derecho a indemnización de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores.
Esto se complementa, adicionalmente, con el proceso de capacitación para el personal respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño y los protocolos facultativos. Cabe recordar que muchos funcionarios están desde antes de que estos instrumentos internacionales fueran ratificados por Chile y se encuentren vigentes en nuestra legislación.
Por otro lado, nos parece altamente compleja la situación que ha sido denunciada en redes sociales relacionada con un centro colaborador del Sename. Al respecto, quiero adherir a lo planteado por la Senadora Rincón, a fin de que efectivamente podamos velar para que los derechos de esos niños, niñas y adolescentes estén siendo respetados, y conocer cuántos funcionarios están a disposición en el hogar mencionado por la Senadora y por la Presidenta del Senado.
Vuelvo a insistir en que claramente estamos frente a la mayor y más grave vulneración de los derechos humanos en democracia. Por eso se requiere que el Estado de Chile esté a la altura de las circunstancias en esta materia.
Nosotros empujamos al Gobierno a cerrar los Cread, y partimos por el de Valparaíso, que fue denunciado a la justicia por la Presidenta del Senado y por quien habla.
Esperábamos que en esto hubiera una acción proactiva por parte del Ejecutivo.
Ojalá aún esté presente el Ministro de Justicia, para pedirle que ponga urgencia a un proyecto de ley de nuestra autoría y del resto de los integrantes de la Comisión de Salud que busca dar prioridad en la atención de horas psiquiátricas infantiles a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el sistema del Sename o en hogares colaboradores.
Tenemos un déficit de horas psiquiátricas infantiles.
Ha habido abuso institucionalmente por parte del Estado de Chile, a través de la aplicación de SOS a los niños, niñas y adolescentes como sistema de contención. Ello ha sido abusivo y vulnerador de sus derechos fundamentales.
Por tanto, le pido al Ministro de Justicia, quien nos está escuchando, que le ponga urgencia a dicho proyecto de ley. En su minuto los miembros de la Comisión de Salud fuimos autores de la iniciativa que le dio prioridad para la atención en salud a las personas mayores; ahora le solicitamos que, de conformidad con lo que hemos estado planteando, haya prioridad en las horas psiquiátricas infantiles para los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en hogares colaboradores del Sename.
Se requiere una nueva mirada, un enfoque comunitario, para enfrentar los temas de salud mental; sobre todo, los que se han visto completamente agravados a partir de la pandemia que hoy día estamos viviendo.
Apruebo el proyecto, señora Presidenta.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Chahuán.
Le solicito al señor Secretario que proceda a tomar la votación de las colegas y los colegas que se encuentran en modo telemático.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Vamos a iniciar la consulta con la Senadora señora Allende.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?
El señor BIANCHI.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?
El señor ELIZALDE.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Galilea, ¿cómo vota?
El señor GALILEA.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Secretario, yo estoy pareada con el Senador Quintana. A lo mejor no llegó el pareo a la Mesa.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Con el Senador señor Quinteros?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Quinteros, sí, perdón.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Sí, así es. Gracias.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Damos por finalizada la votación.
--Se aprueba el proyecto en general y en particular (34 votos a favor y 3 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Pugh, Sandoval y Soria.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se encuentran pareados el Senador señor Quinteros y la Senadora señora Van Rysselberghe; los Senadores señores Lagos y García, y los Senadores señores Guillier y Prohens.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Aprobado el proyecto, y se despacha a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional.
Vamos a pasar al segundo punto del Orden del Día.
ESTABLECIMIENTO DE NORMAS SOBRE COMPOSICIÓN, ETIQUETADO Y COMERCIALIZACIÓN DE FERTILIZANTES
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Corresponde poner en discusión particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes, con segundo informe de la Comisión de Agricultura e informe de la Comisión de Hacienda.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín Nº 12.233-01) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofrezco la palabra al señor Secretario para que entregue la relación del proyecto y, posteriormente, intervendrá el Senador Jorge Pizarro para dar cuenta del informe de la Comisión de Hacienda.
Señor Secretario, tiene la palabra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para la tramitación de esta iniciativa, calificándola de "discusión inmediata".
La iniciativa fue aprobada en general por la Sala en sesión de 6 de enero de 2020.
La Comisión de Agricultura deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 5, 7, 11, 13, 18 y 19 permanentes y la disposición tercera transitoria no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Cabe señalar que la letra c) del número 3 del artículo 19 requiere 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
La Comisión de Agricultura efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, incluyendo un cambio tanto en la denominación de la iniciativa como en las normas del proyecto, consistente en agregar, a continuación de la palabra "fertilizantes", la expresión "y bioestimulantes".
Las modificaciones introducidas por la referida Comisión fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de una de ellas, recaída en el inciso segundo del artículo 3, la que fue acordada solo por mayoría de votos, por lo que será puesta en discusión y votación oportunamente.
Por su parte, la Comisión de Hacienda se pronunció acerca de las normas de su competencia, esto es, de los artículos 3, 12 y 16 permanentes y del artículo tercero transitorio, y no introdujo modificaciones respecto del texto despachado por la Comisión de Agricultura en su segundo informe.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general por el Senado, las enmiendas realizadas por la Comisión de Agricultura y el texto final que resultaría de aprobarse estas modificaciones.
Hago presente a la Sala que hoy el Ejecutivo ingresó indicaciones al proyecto de ley en cuestión respecto de los artículos 1, 2, 3, 6, 8, 9 y 15, cuyo contenido paso a señalar.
Se trata de nuevas indicaciones, que para ser admitidas a tramitación deben contar con el acuerdo unánime de los presentes.
Respecto del artículo 1, la primera indicación es para agregar en el inciso final, a continuación de la palabra "fertilizantes", la frase "y bioestimulantes". Como pueden ver Sus Señorías en la página 2 del comparado ya está la expresión "y de bioestimulantes", por lo que solamente se propone incluirla en el inciso final.
En el artículo 2, se sugiere efectuar las siguientes modificaciones:
a) Agregar en la letra d), a continuación de la palabra "micronutrientes", la frase "u otros componentes". Esto se encuentra en la página 4 del comparado.
b) Agregar en la letra g), a continuación de la expresión "autoridad competente", la frase "o laboratorios reconocidos por dicha autoridad". Esto también está en la página 4 del comparado,
c) Agregar en la letra n), a continuación de la palabra "fertilizantes", la frase "bioestimulantes". Esto se encuentra en la página 6 del comparado.
d) Agregar en la letra p) -página 6 del comparado-, a continuación de la palabra "fertilizante", la frase "o bioestimulante, según corresponda".
e) Agregar en la letra q) -página 7-, a continuación de la palabra "fertilizante", la frase "o bioestimulante".
f) En la letra t), a continuación de la palabra "fertilizantes" -página 7 del comparado-, agregar la frase "o bioestimulantes".
En el artículo 3 se propone agregar en el inciso segundo, a continuación de la palabra "fertilizantes", la frase "y bioestimulantes". Esto se encuentra en la página 8 del comparado.
Se sugiere modificar el artículo 6 de la siguiente forma:
En su inciso primero, agregar, a continuación de la palabra "fertilizantes", la frase "y bioestimulantes". Página 10 del comparado.
En el mismo inciso, reemplazar la frase "e impurezas y" por la frase "cuando corresponda, u otros componentes, impurezas o".
En su inciso segundo, agregar, a continuación de la palabra "fertilizantes", la frase "y bioestimulantes". Página 11 del comparado.
Y en su inciso tercero -también en la página 11 del comparado-, a continuación de la palabra "fertilizantes", agregar la frase "y bioestimulantes".
En el artículo 8 se sugiere agregar, a continuación de la palabra "fabricante", la frase "o productor". Página 13 del comparado.
Luego, en el artículo 9 -página 14 del comparado-, se propone reemplazar en el inciso segundo la palabra "del", ubicada a continuación de la expresión "autoridad competente", por la frase "o por laboratorios reconocidos por dicha autoridad en el".
En el artículo 15 -página 18 del comparado-, se sugiere reemplazar el inciso segundo por el siguiente: "Si el fertilizante o bioestimulante resultare con una composición o parámetro de calidad diferentes de los expresados en la etiqueta o en la información adjunta a la boleta, factura, guía de despacho o folleto, el usuario tendrá derecho a demandar judicialmente, cuando proceda, el pago de las indemnizaciones correspondientes, conforme a las reglas generales".
Esas son las nuevas indicaciones que ha presentado el Ejecutivo en la tramitación de este proyecto.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión particular.
Le ofrezco la palabra al Senador Jorge Pizarro para que dé cuenta del informe de la Comisión de Hacienda.
El señor PIZARRO.-
Señora Presidenta, lo primero que quiero manifestar es que se trata de una situación absolutamente sorpresiva la presentación de las indicaciones a que ha hecho referencia el señor Secretario.
Nosotros propusimos incluir este proyecto en la tabla porque entendíamos que venía aprobado por unanimidad de la Comisión de Agricultura y también de la de Hacienda, y porque en la Comisión de Agricultura se hicieron una cantidad importantísima de indicaciones. Se presentaron 46 indicaciones, de las cuales 39 fueron aprobadas, prácticamente todas por unanimidad; 7 fueron retiradas y una fue rechazada. Y lo que fundamentalmente establecían esas indicaciones era lo que ha expresado el Secretario en algunos de los artículos a los cuales se hace referencia en el comparado.
Por ejemplo, agregar después de la palabra "fertilizantes" la expresión "y bioestimulantes". ¿Por qué se planteó esto? Porque se buscaba recoger la inquietud expresada por gente del mundo académico, de la industria y por los Senadores, a fin de incluir en la ley en proyecto a los bioestimulantes y no regularlos en un decreto, como se proponía originalmente.
Presidenta, en la Comisión de Hacienda nosotros estuvimos por avanzar todo lo que se pudiera en modernizar la regulación chilena en materia de fertilizantes y bioestimulantes, acorde con las necesidades del sector productivo, mejorando la información hacia el productor en el momento que tiene que tomar decisiones y, por supuesto, aumentando la capacidad de control y fiscalización del SAG respecto de estos fertilizantes.
El SAG hoy día no cuenta -al no existir esta norma- con facultades para restringir fertilizantes por motivos distintos a la composición físico-química; no puede establecer exigencias y controles para los fertilizantes a granel líquido; y tampoco le es posible fiscalizar y muestrear en predios, salvo frente a denuncias. Y esta situación es muy importante.
Presidenta, yo sugeriría, para no oponernos al conocimiento de las indicaciones, que devolviéramos el proyecto a la Comisión de Agricultura, a fin de que allí se analizaran las indicaciones. Si algunas son para complementar lo que ya se acordó, bienvenido sea; pero si hay alguna que establezca una modificación un poco mayor, creo que es conveniente que los colegas la podamos evaluar. Se trata de indicaciones que tienen que ver más con el contenido de Agricultura que de Hacienda. Por eso me atrevo a pedirle a la Sala que lo devuelva a Comisión y se conozcan las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo.
La verdad es que, por lo menos con la gente de la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo no las ha conversado; fue una sorpresa completa para nosotros. No sé si en el caso de Agricultura -está el Presidente, Juan Castro, ahí- el Gobierno conversó.
Me parece que lo lógico sería que devolviéramos el proyecto a la Comisión de Agricultura, donde se puede ver el lunes en la sesión ordinaria, y que se retomara su tramitación en Sala la próxima semana.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se ha planteado una propuesta en la Sala.
Teníamos previsto que el Senador Juan Castro diera cuenta del informe por parte de la Comisión de Agricultura. Pero nos parece que es del todo atendible que el proyecto vuelva a dicha Comisión, que allí se revisen las indicaciones y la próxima sesión abrimos con el informe del Senador Castro en representación de la Comisión de Agricultura.
Si les parece, así se acordará.
Acordado.
--El proyecto vuelve a la Comisión de Agricultura.
CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL Y DE AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Pasamos al tercer punto de la tabla.
Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional e informe de la Comisión de Hacienda, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Hago presente que esta es una iniciativa que tiene rango de ley orgánica constitucional.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 7.550-06) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofrezco la palabra al señor Secretario para que entregue un informe y, además, dé cuenta de las solicitudes de votación separada que han llegado a la Mesa.
Señor Secretario, tiene la palabra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión del 11 de mayo del 2016.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones. Asimismo, la referida Comisión efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de las recaídas en los artículos 7, 8, 9, 14, 15 y 32, nuevos, y la supresión de los artículos 14 y 15 del proyecto de ley, las que fueron acordadas solo por mayoría de votos y que serán puestas en discusión y en votación oportunamente.
Entre las enmiendas que propone la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización está la de reemplazar la denominación de la iniciativa por la siguiente: "Ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres".
La Comisión de Defensa Nacional deja constancia de que se pronunció únicamente acerca de los preceptos que regulan materias propias de su competencia. En concreto, se abocó al análisis del Párrafo 4º del Título I de la iniciativa, relativo al rol de la defensa nacional en el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
Asimismo, hace presente que tuvo en vista que la denominación de la proposición legislativa no guarda concordancia con la nueva institucionalidad, en virtud de las enmiendas introducidas por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Sin embargo, agrega dicha instancia, aprobó el cambio de nombre en el correspondiente capítulo de modificaciones de su informe, por lo que la resolución sobre la materia deberá ser adoptada por la Sala en oportunidad.
Además, para los efectos reglamentarios, la Comisión de Defensa Nacional deja constancia de que introdujo una enmienda al artículo 19, respecto al texto despachado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, la cual fue aprobada por unanimidad.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia y, para los efectos reglamentarios, deja constancia de que introdujo modificaciones respecto del texto que propone la Comisión de Defensa Nacional, las que recayeron sobre los artículos 44 y 45 y que fueron aprobadas unánimemente.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas, o existieren indicaciones renovadas.
De las enmiendas unánimes, las referidas a los artículos 17 y 46 del proyecto requieren 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional, conforme a la calificación efectuada por la Comisión de Defensa Nacional, en el primer caso, y por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, en el segundo.
Sus señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, la modificación introducida por la Comisión de Defensa Nacional, las enmiendas acordadas por la Comisión de Hacienda y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones.
También se ha presentado una solicitud de votación separada por parte del Senador señor José Miguel Insulza respecto de los siguientes artículos:
En el Título I, relativo a la Institucionalidad del Sistema, en el Párrafo 1º, de la composición de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres, solicita la votación separada del artículo 7º, relativo al Comité Regional, y del artículo 8º, relativo al Comité Provincial.
En el Párrafo 3º, del funcionamiento de los Comités en las Fases de Respuesta y Recuperación, se solicita la votación separa del artículo 14, relativo a la convocatoria, y del artículo 16, relativo a las funciones del Presidente de los Comités.
En el Título II, de los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres, se pide votación separada del artículo 28, relativo al Plan Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres; del artículo 31, concerniente a los Planes Regionales de Emergencia, y del artículo 32, relativo a los Planes Provinciales de Emergencia.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión particular.
Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señora Presidenta, como ha informado en su relación el Secretario, este proyecto tiene una larga discusión acá, en el Senado. También se discutió en particular en cuanto a su contenido en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y en la Comisión de Defensa Nacional.
Lo que busca el proyecto, en términos bien resumidos, es crear la nueva institucionalidad encargada de las emergencias. Persigue regular la prevención de la emergencia y los distintos procedimientos para hacer frente de manera eficiente a los riesgos, y también definir los niveles de emergencia, determinando las facultades excepcionales de los organismos públicos en cada uno de ellos.
Presidenta, en todas las Comisiones la evaluación que se hace no tiene dos lecturas: lo que existe hoy día es una Oficina con una carencia de procedimientos adecuados para la detección, el diagnóstico, la acción y la coordinación de la emergencia. La institucionalidad actual se centra en el manejo de la respuesta, pero no en la prevención de las catástrofes o las emergencias. Y tampoco integra a las Fuerzas Armadas como un agente central para el manejo de situaciones críticas.
Por lo tanto, los objetivos declarados de la iniciativa son: crear esta nueva institucionalidad, regular la prevención de la emergencia y los distintos procedimientos para hacer frente de manera eficiente a los riesgos.
Es un proyecto, como dije, de larga data. Fue aprobado recién el 11 de mayo de 2016 en la Sala del Senado, por 22 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones. Yo no voy a entrar al detalle de lo que se hizo en las Comisiones de Gobierno y de Defensa; lo harán los colegas encargados de ello.
La iniciativa consta de 53 artículos permanentes y 7 disposiciones transitorias.
El Título I establece las normas respecto al Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil; el Título II dispone las Normas de la Agencia Nacional de Protección Civil; el Título III, especifica el Rol de la Defensa Nacional y Carabineros de Chile; el Título IV De la Protección Civil y la Prevención de Emergencias; el Título V Del Sistema Nacional de Alerta Temprana; el Título VI De la Red de Comunicaciones de Emergencia Nacional, incorporado en la Comisión de Defensa; y el Título VII De la Emergencia, y en el Título VIII se establecen otras disposiciones legales.
Una de las dificultades mayores que se plantearon en el debate, al menos en la Comisión de Hacienda, tiene que ver con el informe financiero, pero no en cuanto a su constitución, sino en el sentido de que para un desafío de la envergadura planteada, como es la modernización de la Onemi y la creación de esta organización encargada de la prevención, de la reacción frente a las emergencias, es que, en la práctica, hay un aumento de financiamiento que para la trascendencia y el desafío de lo que estamos hablando es francamente ridículo, porque establece un incremento de 758 millones de pesos -repito: de pesos, para que nos ubiquemos-, que se invertirá en un gasto de personal pensado en un plazo de cuatro años.
Quiero decir que las normas de competencia de nuestra Comisión, a las que ha hecho referencia el Secretario, el artículo 1°; el artículo 20; 22; 23 letra f); 25; 39, letras a) y c); 40; 42; 43; 44; 45; 47; 53 fueron aprobadas por la unanimidad de sus integrantes.
En el artículo 46, los números 4) y 5) se aprobaron por solo tres votos a favor y dos abstenciones, producto del debate que sostuvimos justamente a propósito del financiamiento. O sea, quisimos dejar expresamente establecido que, estando todos de acuerdo en que hay que aprobar el proyecto, la gran inquietud que manifestábamos todos los miembros de la Comisión radica en si los recursos son los adecuados para enfrentar desafíos de la envergadura propuesta y contar con un organismo eficiente ante las emergencias.
Y nos parecieron insuficientes las explicaciones que se entregaron respecto del tema financiero.
Por esa razón, se deja expresa constancia de que, para los efectos de la aprobación y discusión en la Sala, le hicimos sugerencias al Subsecretario Galli, quien lleva el proyecto en representación del Ministerio del Interior y del Gobierno, en el sentido de que resultaba fundamental que se entregaran señales claras en cuanto a que el Estado dispondrá los recursos necesarios para un buen funcionamiento de la organización.
En el artículo primero transitorio se produjo una abstención del Senador Coloma, quien, por convicción y doctrina, en ninguno de los proyectos del Gobierno que sea ha sido partidario de entregar facultades al Presidente de la República para establecer las plantas funcionarias de acuerdo con lo que el Ejecutivo estime conveniente. Siempre ha sido muy partidario de que debe hacerse por ley, porque así se garantiza una mayor trasparencia y una mayor participación de los distintos actores; en este caso, los funcionarios.
El Senador Montes prefirió no votar en este punto para no expresar su opinión, justamente para sostener una conversación con las asociaciones de funcionarios.
Los artículos segundo y séptimo transitorios los aprobamos por la unanimidad de los miembros de la Comisión.
Presidenta, en lo relativo a las normas de quorum especial, como Comisión nos remitimos a lo consignado en los informes de la Comisión de Gobierno, donde consideran de rango orgánico constitucional el artículo 46, y de la Comisión de Defensa, que resolvió que es de quorum orgánico constitucional el artículo 17.
¿Cuáles son los principales aspectos que contempla el proyecto? Primero, establece una nueva institucionalidad encargada de las emergencias; segundo, regula la prevención de la emergencia y los distintos procedimientos para hacer frente de manera eficiente a los riesgos; tercero, define los niveles de la emergencia, determinando las facultades excepcionales de los distintos órganos públicos en cada uno de ellos.
Lo que se busca con la iniciativa es establecer una legislación y una institucionalidad del Estado que permita hacer frente a los fenómenos de catástrofe o de emergencia, que lamentablemente en nuestro país ocurren con mucha frecuencia, como terremotos, inundaciones, tsunamis, erupción de volcanes, incendios forestales, etcétera, etcétera. De manera que la participación de dichos organismos en las emergencias supone el empleo de importantes recursos, tanto humanos como materiales, así como el desgaste anticipado de algunos medios, todo lo cual genera gastos que alteran su planificación presupuestaria.
El señor Subsecretario del Interior hizo hincapié en que la institucionalidad que busca gestionar las mencionadas crisis estará enfocada no solo en responder a ellas, sino además en coordinar a las diversas entidades del Estado en su preparación, prevención y precaución. Dijo que cada peso invertido en prevención equivale a seis pesos gastados en la respuesta. Y sin duda que tal predicamento tiene toda la lógica del mundo.
Pero aunque aprobamos el proyecto, igual dejamos establecidas nuestras serias dudas respecto de que los recursos que hasta el momento están asignados no son suficientes ni garantizan el funcionamiento eficaz de una institucionalidad tan importante para el país.
Es lo que puedo informar respecto a la Comisión de Hacienda, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Jorge Pizarro.
Se encuentra también asistiendo de manera telemática a la presente sesión el Ministro de Defensa Nacional, don Baldo Prokurica Prokurica, a quien le ofrecemos la palabra.
¿Puede activar su micrófono, por favor, Ministro?
El señor PROKURICA (Ministro de Defensa Nacional).-
Gracias, Presidenta.
Saludo a todas las señoras Senadoras y señores Senadores. Me acompañan el Subsecretario del Interior, don Juan Francisco Galli, y el Subdirector de Onemi, don Cristóbal Mena.
En primer lugar, quiero recoger parte de lo planteado en los informes que han entregado el señor Secretario y el Senador Pizarro, que han sido bastante completos y, a mi juicio, muy ajustados a la realidad del Chile que vivimos.
Hoy día, la ley que rige la Oficina Nacional de Emergencias data de los años 60 y, sin lugar a dudas, tenemos que modificarla, perfeccionarla, ajustarla a la realidad que estamos viviendo.
Chile, sin lugar a dudas, debe ser uno de los países del mundo más azotados por fenómenos de la naturaleza, como terremotos, tsunamis, aluviones, incendios, inundaciones etcétera, y algunos generados por el hombre, como las remociones en masa, además de otros fenómenos que afectan a nuestro país en forma permanente.
Por eso necesitamos una ley que, por un lado, permita, tal como lo ha planteado el Senador Pizarro, una prevención a través de estudios y de la coordinación de los distintos entes, para que en aquellos fenómenos que se pueden prevenir o enfrentar se haga lo posible para que sus efectos nocivos no afecten a las personas y a los bienes, ya sean públicos o privados.
Además, que los recursos sean manejados de tal manera que puedan llegar a tiempo para asistir a los afectados en caso de catástrofes.
Asimismo, definir bien los roles de las autoridades, y especificar los grados de deterioro de los materiales y la restitución de los recursos a las distintas instituciones que intervienen, mediante un procedimiento eficaz.
En este proyecto de ley, Presidenta y señoras Senadoras y señores Senadores, se incorpora en forma permanente el principio de trasparencia en todos los procesos
Las ideas centrales de la iniciativa son, en primer lugar, la modificación del enfoque de las acciones objeto de la nueva institucionalidad; la incorporación de decisiones legales y el reconocimiento de los principios asociados a la gestión del riesgo de desastres; la incorporación de nuevos actores en el Comité Nacional, especialmente tomando en cuenta que hay legislaciones que se han modificado desde los años 60 hasta la fecha y que tales autoridades no aparecían consignadas en ellas, y a las que hoy día se está integrando a través del presente proyecto; la definición clara del rol de las Fuerzas Armadas en la Gestión del Riesgo de Desastres, su coordinación y cumplimiento de funciones según la Dirección del Estado Mayor Conjunto, que también se incorpora, porque no existía en la ley anterior; la reformulación de la planificación de la gestión de riesgo de desastres mediante instrumentos de gestión en los niveles nacional, regional, comunal y provincial, y para los distintos actores de la institucionalidad; la delimitación de las funciones del Servicio; su organización administrativa; descentralización y desconcentración territorial.
Se establecen también una serie de medidas operativas según la experiencia que se exige; la actualización de la normativa de los organismos técnicos en la gestión del riesgo, y, finalmente, como dije con anterioridad, la incorporación permanente del principio de transparencia en el uso de los medios y de los recursos.
Yo quisiera, Presidente, para efectos de pasar a la votación, que el señor Secretario determine cuáles son los artículos que no fueron objeto de indicaciones y que pudieran darse por aprobados o votarse, para así poder caminar.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Señor Ministro, perdón.
Entendí que el Subsecretario Galli iba a hacer uso de la palabra ahora, ¿o lo hará después? ¿Escuchamos los informes primero?
El señor PROKURICA (Ministro de Defensa Nacional).-
Sí.
El Subsecretario, si usted lo autoriza, señor Presidente, podría intervenir ahora.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Bueno.
Vamos a escuchar, entonces, al Subsecretario, y después les damos la palabra a los Presidentes de la Comisión de Gobierno, Senador Carlos Bianchi, y de la Comisión de Defensa, Senador Pedro Araya.
Don Juan Francisco Galli, tiene la palabra.
El señor GALLI (Subsecretario del Interior).-
Muchas gracias, Presidente.
Quiero agradecer la entrega de los informes sobre lo que ha sido la tramitación de este proyecto de ley, que lleva ya casi una década en el Parlamento. Fue ingresado el 2011, durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Creo que representa quizás la pata que nos falta para fortalecer la institucionalidad. Y esto tiene que ver con lo que usted planteaba, Presidente, al hacer su informe.
Efectivamente, el informe financiero da cuenta del gasto adicional que involucra este proyecto. Pero si uno ve la evolución presupuestaria que ha experimentado la Onemi y su fortalecimiento institucional, no solo en su personal y en la profesionalización de la función de la Oficina Nacional de Emergencia, sino además en inversión, puede reconocer un avance, pues es cosa de ver la implementación que han realizado las propias regiones y el nivel nacional para contar con una serie de mecanismos de prevención y preparación para hacer frente al riesgo de desastre.
Quiero exponer los ejemplos más claros y más perceptibles.
En primer lugar, el edifico de la Onemi, que es lo más visible -imagino que gran parte de los Senadores han tenido la oportunidad de visitar sus oficinas-, da cuenta de la importancia que le atribuye el Estado de Chile a la gestión del riesgo de desastre. Es un edificio moderno, antisísmico, que cuenta con todas las características para ser realmente un centro de mando ante una situación de emergencia.
Además, y para recordar los incidentes o las emergencias que hemos sufrido en el último tiempo, un sistema de red de emergencia como el que tiene Chile es también el fruto de las inversiones y la preparación que ha impulsado el Estado en esta materia.
Tenemos un sistema que a través de los medios de telecomunicaciones puede alertar a la población para tomar acciones frente a una emergencia y así, tal como lo decía el Ministro, precaver el posible daño. Porque probablemente no vamos a poder prever un terremoto, no existe todavía la tecnología para prevenir o siquiera alertar con más minutos o segundos de anticipación un terremoto, pero sí podemos tomar medidas para que las personas estén preparadas o disponer las estrategias adecuadas para evitar que estas amenazas se transformen en riesgos para su vida, su propiedad o su integridad física.
Y por último, Presidente, las inversiones.
Muchas de las regiones que poseen zonas costeras sabrán que en muchas de ellas hay sirenas o medidas de emergencia para, justamente, evitar eventuales daños como consecuencia de tsunamis que vengan con posterioridad a un terremoto, ya sea dentro del territorio nacional, en el maritorio nacional, o fuera de nuestras fronteras, y así evitar que causen efectos en nuestras costas.
Por lo mismo, claramente hemos ido evolucionando.
De eso precisamente da cuenta el informe financiero. No es lo mismo un informe financiero respecto del presupuesto y de la inversión pública que se hacía el año 2011 en materia de gestión de riesgo de desastres que un informe financiero respecto de lo que es hoy día la gestión del riesgo de desastres con la Onemi fortalecida.
Por eso les digo que esta es quizás la última etapa de la nueva Onemi, que corresponde a la etapa de un fortalecimiento institucional, que es tan necesario.
Y, tal como lo decía el Ministro Prokurica, también es preciso fortalecerla legal e institucionalmente, para que toda esta inversión quede reflejada en las funciones y atribuciones que debe tener nuestra nueva institucionalidad en gestión de riesgo de desastres.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Subsecretario.
Vamos a dejar con la palabra, entonces, al Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, Senador Carlos Bianchi, para los efectos de que entregue el informe correspondiente.
Senador Bianchi.
No está en este momento en pantalla, parece.
¿Y el Senador Pedro Araya?
¿Alguno de los miembros de la Comisión de Gobierno podría ayudarnos? ¿Senadora Luz Ebensperger?
Perdón, debería haber partido por usted, porque es la que ha llevado este proyecto, sin duda.
Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
En todo caso, este proyecto le correspondió llevarlo al Senador Letelier: hace rato que lo habíamos visto en la Comisión. Y trataré de entregar un informe lo más breve posible, porque usted ya detalló muy bien su contenido.
En la Comisión de Gobierno realizamos una larga discusión y análisis de la iniciativa, donde escuchamos a bastantes personas e instituciones. Y en su discusión en particular yo diría que hubo bastante acuerdo, sin perjuicio de que algunas materias se fueron aprobando por mayoría, porque hubo desacuerdos en artículos que señalaré más adelante.
Básicamente, este proyecto tiene por objeto, como bien se ha señalado, crear la nueva institucionalidad encargada de las emergencias; regular la prevención de la emergencia y los distintos procedimientos para hacer frente de manera eficiente a los riesgos, y definir los niveles de la emergencia, determinando las facultades excepcionales de los distintos órganos públicos involucrados.
El proyecto fue iniciado en mensaje del Ejecutivo y lleva bastante tiempo discutiéndose. Ingresó en marzo del 2011 a la Cámara de Diputados y al Senado llegó, en su segundo trámite constitucional, en marzo del 2013. Viene aprobado por una amplia mayoría de la Cámara de Diputados.
Como se explicó, la iniciativa crea un nuevo sistema, una nueva institucionalidad, y pretende hacerse cargo de la realidad nacional que el país enfrenta, ya que por su ubicación geográfica, extensión territorial y presencia tricontinental está expuesto a las más variadas y recurrentes emergencias naturales, accidentes, catástrofes, etcétera.
En tal sentido, en la Comisión se señaló que el gran mérito del proyecto es la incorporación de los diversos actores que participan en una emergencia para que todos confluyan en una importante coordinación que establezca un sistema robusto para enfrentar situaciones que cada cierto tiempo afectan a nuestro país, iniciando el Ministerio del Interior el nuevo Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
En definitiva, en virtud de ello hay una mirada sistémica durante todo el ciclo del riesgo de desastres, con preparación de instrumentos y planes por parte de quienes conocen de primera mano las realidades locales sin generar excesiva burocracia.
Se establecen distintas fases del ciclo del riesgo de desastres: mitigación, preparación, respuesta y recuperación.
También se crea la institucionalidad del Sistema. Dentro de ella está el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, presidido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres, presidido por el delegado presidencial regional; el Comité Provincial para la Gestión del Riesgo de Desastres, presidido por el delegado presidencial provincial, y el Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres, presidido por el alcalde.
Aquí, Presidente, fue donde a mi juicio se produjo la mayor discrepancia, o me atrevería a decir casi la única discrepancia que no fuimos capaces de solucionar dentro de la Comisión de Gobierno. Casi todo el resto de las normas fue aprobado por unanimidad, excepto todas aquellas en que se hacía mención o se otorgaban facultades al delegado presidencial o al delegado provincial, porque particularmente los Senadores Insulza y Bianchi hicieron ver que en su opinión en esta institucionalidad, particularmente el Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que viene presidido por el delegado presidencial regional, debiera presidirlo el gobernador regional al ser la máxima autoridad regional, y que el Comité Provincial para la Gestión del Riesgo de Desastres no debiera ser presidido por el delegado presidencial provincial, sino también por el gobernador regional, una autoridad que por primera vez será elegida por votación popular y que se constituirá en la máxima autoridad regional, por lo tendría que ser quien asumiera dicho rol.
Quienes estábamos en la posición contraria señalamos que si bien reconocíamos la importancia del gobernador regional, la institucionalidad que se está estableciendo aquí parte del nivel nacional y va bajando hasta llegar al nivel comunal, y que al menos hasta el nivel provincial parte por ser presidido por el Ministerio del Interior. Por lo tanto, lo lógico es que esa jerarquía se mantenga en lo que depende de dicha Cartera, lo que corresponde al delegado presidencial, y luego, al delegado provincial.
Esos fueron los únicos artículos relacionados con esta materia que fueron votados y aprobados por mayoría. La mayoría de las otras normas, después de una discusión en que no solo se escucharon a las autoridades del Ministerio del Interior, sino también a todos los expertos de la actual Onemi, fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión.
Asimismo, en este proyecto se establecen los planes e instrumentos, dentro de los cuales podemos decir que lo más importante tiene que ver con la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y con los diferentes planes creados por los comités, que comprenden el Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y los planes para la reducción del riesgo de desastres también a niveles regional, provincial y comunal, de la misma manera que están los planes de emergencia y sus anexos durante cada una de las fases, particularmente en las de respuesta frente a emergencias.
Otro de los puntos que se discutieron dentro de las modificaciones fue el relativo a la enmienda a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En particular, el número 5) del artículo 46 del proyecto agrega una norma transitoria en dicha ley mediante la cual se dispone la creación de un cargo de Encargado de la Unidad de Gestión del Riesgos de Desastres; sin embargo, la discusión estuvo centrada en que este cargo se deberá financiar con recursos municipales, o, en caso de no existir, debiera asignarse este cargo a profesionales ya existentes dentro del municipio.
También deja claro este proyecto que las Fuerzas Armadas forman parte del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, debiendo el Ministerio de Defensa Nacional designar a las autoridades militares que integrarán los respectivos comités. En la Comisión de Gobierno estos artículos se vieron y se aprobaron sin perjuicio de que luego, como eran relativos a normas que afectaban a las Fuerzas Armadas, la Sala dispuso que este proyecto fuera enviado a la Comisión de Defensa.
Eso es más o menos lo que puedo decir sobre el particular, insistiendo una vez más que el proyecto fue aprobado por unanimidad en casi en todos sus artículos, a excepción de los que señalé, en que se mencionan o se asignan atribuciones al delegado presidencial o al delegado provincial, acerca de lo cual algunos señores Senadores encontraron que los respectivos comités debían ser presididos por el gobernador regional.
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora Ebensperger, por el informe que nos hizo por parte de la Comisión de Gobierno.
Le voy a solicitar al Senador Alvarado, o al Senador Pugh, que no entregue el informe de la Comisión de Defensa. ¡Por el entusiasmo del Senador Alvarado, veo que quiere que sea el Senador Pugh quien haga el informe...!
Don Kenneth, ¿usted podría informar en nombre de la Comisión de Defensa?
El señora PUGH.-
Sí, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PUGH.-
Señor Presidente, por intermedio de la Mesa, saludo al señor Ministro de Defensa, quien participó de la discusión en nuestra Comisión, y ahora también como Ministro del Interior subrogante.
Básicamente, en la revisión de los diferentes artículos, nos centramos en las competencias del Jefe de la Defensa Nacional, que es básicamente el mando que tiene dispuesto el país cuando existen los estados de excepción constitucional. Debemos entender que cuando ocurren catástrofes de cierta magnitud es tal la parálisis que producen que requieren que esto sea así.
En tal sentido, la discusión se centró fundamentalmente en las funciones que debe realizar, el mando que debe tener, los medios que se han de disponer y, finalmente, cómo los recursos son repuestos a las instituciones sobre la base del uso que se haya hecho de ellos. El debate se dio precisamente en esos términos, y gracias a una indicación que se consensuó con el Ejecutivo finalmente esto fue aprobado.
Entonces, de acuerdo a la Comisión de Defensa, existe claridad respecto de las funciones que debe tener el Jefe de la Defensa Nacional en ese contexto y de la forma en que va a contribuir a apoyar cuando estas catástrofes ocurran.
Es lo que puedo informar, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Pugh.
Entonces, vamos a dar inicio a la discusión particular de este proyecto.
Estamos en el segundo trámite constitucional, según se informó. Tenemos algunas solicitadas de votación separada, que ya mencionó el señor Secretario.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
Les ruego a Sus Señorías que se vayan inscribiendo para intervenir.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, en realidad, como se ha dicho acá, este proyecto lleva ya muchos años tramitándose. A mí me correspondió estar en la segunda parte, la que ahora está en discusión, como miembro de la Comisión de Gobierno y luego como integrante de la Comisión de Defensa.
Es cierto que no hubo gran desacuerdo en esta materia; no fue un proyecto demasiado conflictivo. Lo que sí motivó un conjunto de objeciones, mías y del Senador Bianchi, quien desgraciadamente no se encuentra hoy, tiene que ver con que el hecho de que cuando se presentó este proyecto -entiendo que fue el 2010- probablemente no se soñaba con la reforma constitucional del año 2017, en que se creó una figura llamada "gobernador regional".
Por lo tanto, a nosotros nos pareció que ahora era el momento de incorporar a este gobernador regional, que algo va a tener que hacer -así lo supongo- en los comités de emergencia. Siendo la máxima figura elegida por voto popular, consideramos razonable que no se sentara en un comité regional presidido por el delegado presidencial regional, sino que aquel lo presidiera él.
Se nos dieron muchos argumentos; el más poderoso probablemente fue que este tenía que ser muy ejecutivo, a lo cual respondimos: "Bueno, si hay que crear un secretario ejecutivo o decir que el ejecutivo de este comité va a ser el delegado presidencial, yo no tengo ningún inconveniente".
Pero a mí me parece muy negativo, Presidente, que existan órganos colectivos del máximo nivel en las regiones, también en las provincias, que no sean presididos por la principal autoridad de la región, que debería ser el gobernador regional. Ahora bien, a lo mejor se podrá discutir que no se han transferido todas las funciones, etcétera. Pero la verdad es que hay una buena cantidad de entidades que son presididas por una persona y cuyo principal ejecutivo es otra, porque se reconoce el rango que tienen.
Por esa razón es que más bien planteé estas objeciones, que, como dijo la Senadora Ebensperger, fueron todas votadas por dos a tres. De ahí que he pedido nuevamente la votación de este asunto. Esta no es una cosa muy extensa, Presidente. Incluso, no tengo inconveniente en que se voten todas las normas en conjunto, porque la médula del asunto es el artículo 7°, que es el que habla del comité regional. Ahí se expresa que está presidido por el delegado presidencial regional e integrado por otras autoridades, que incluyen al gobernador regional como uno más de los que se sientan en esa mesa.
Eso, naturalmente, también rige para el cargo del comité provincial, que está presidido por el delegado presidencial provincial; para quien convoca al comité regional; para las funciones de los presidentes de los comités; para quien sanciona mediante una resolución suya el plan regional para la reducción del riesgo de desastres; para el que sanciona los planes de emergencia y algunos otros, como el que habla de los planes provinciales de emergencia, todo lo cual variaría, por cierto, según lo que se decida respecto del gobernador regional. Si resolvemos dejar al gobernador regional una vez más en una posición secundaria, los otros artículos permanecerán como están. Pero si decidimos que realmente va a presidir el gobernador regional, aunque el delegado presidencial tenga una función ejecutiva muy importante, en ese caso habría que modificar los demás artículos cuya votación separada estoy solicitando.
Es cuanto puedo decir, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Insulza.
Tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, este es un proyecto largamente esperado. Se ha mencionado que son ocho los años que lleva tramitándose.
Quiero destacar que a nivel mundial todos los años se evalúan los riesgos y se publica el índice global de riesgo por parte del Foro Económico Mundial, que siempre señala que los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia y de mayor impacto, los que más afectan a la humanidad, son precisamente los desastres naturales, por diferentes causas: terremotos, tsunamis, los generados por cambio climático; pero también están los ciberataques, y hoy, la pandemia. Esos son los riesgos que debe enfrentar cualquier país, y por ello se tiene que organizar un sistema nacional, tal como lo señala este proyecto de ley. ¿Y con qué apellido? "De protección civil", para proteger a las personas.
Pero este sistema es parte de uno más grande -y esta quizás es la primera reflexión-, que es el que va a asegurar a todas las personas: un sistema integral de seguridad pública y protección civil. Por eso se ha insistido en especializar un ministerio que pueda ser capaz de resolver en forma integral este que es un tema relevante. Ya se han señalado las características propias de nuestro país. Sufrió en 1960 el terremoto más grande del mundo en intensidad: 9,5 grados en la escala de Richter. No hay ninguna otra nación que haya registrado uno como ese. Y cambió la normativa sísmica de nuestro país: las escuelas se entrenan; llevan a cabo operaciones Deyse, y hoy enfrentamos los terremotos con tranquilidad, pues nuestra política pública se modificó.
Sin embargo, la oficina que está a cargo no tiene ni los medios ni la capacidad para generar más y mejores instancias. Por eso se requiere elevarla a nivel de agencia, para los efectos de que pueda integrarse e interactuar. Y esta integración, esta interoperabilidad es compleja, porque debe ser capaz de actuar con diferentes actores: por ejemplo, con todos los sistemas de ambulancia de los hospitales públicos, de los consultorios, de las clínicas privadas; con Bomberos; con la Defensa Civil; con toda la gente de los servicios de utilidad pública; con Carabineros; con la PDI, y también, cuando se requiere, tratándose de un estado de excepción constitucional, con las Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, debemos que entender aquello en ese contexto.
¿Dónde se ha centrado el debate, porque no tenemos duda de que lo necesitamos? En cuáles son las líneas de mando. Aquí viene quizás la explicación. Si se van a separar los ministerios, el ministerio político, el que tiene que dar solución a los problemas políticos, va a poder relacionarse directamente con los nuevos gobiernos regionales, con el nuevo gobernador regional. Y la nueva autoridad, es decir, el ministro de seguridad pública y protección civil, podrá relacionarse con el delegado presidencial regional y con los delegados presidenciales provinciales para los efectos de organizar el sistema, que se halla sobre la base de los coves: el comunal, el provincial y el regional.
Si hiciéramos un símil, el tratar de poner al nuevo gobernador regional a cargo de la emergencia sería equivalente a que el director de un hospital estuviera todo el tiempo en la UCI. Por eso tenemos que dejar en la fase de respuesta a quienes están preparados para enfrentarla y concentrados todo el tiempo, 24/7, en ella; porque si no, se desatiende a la región.
Este es un tema reflexivo e importante que debemos resolver ahora.
Si queremos una autoridad política que sea capaz de dirigir la región entera con acuerdos políticos, con desarrollo, con trabajo, con empleo, pero la vamos a tener comprometida con la hipnosis de lo inmediato, con todas las emergencias y catástrofes, no lo podrá hacer bien, así como tampoco ese director de hospital si permanece en la UCI todo el día.
Esa es la esencia del problema a discutir. En el resto creo que no hay ninguna duda.
Es necesario entender las líneas de mando y que las emergencias tienen tres etapas, entre ellas, la de preparación, donde los gobiernos regionales deben invertir mucho en planes de mitigación, en educación, en entrenamiento, y también en la fase final, de rehabilitación o de recuperación, en que han de desarrollar un trabajo gigantesco. Ahí es donde va a estar el esfuerzo del gobierno regional y de la nueva autoridad. Pero en la fase de respuesta, que debe ser instantánea, rápida; estar entrenada; tener gente 24/7 que esté durmiendo y manteniendo el ciclo, necesitamos equipos dedicados. Por ello esa línea ha de ser muy clara: presidente, nuevo ministro de seguridad pública y protección civil, delegados presidenciales regionales y provinciales. Así se podrán separar las funciones. Si no, vamos a seguir cometiendo el mismo error, en que la misma autoridad trata de realizar todo. Hoy un intendente no puede hacer eso: dirigir la región y dirigir la emergencia. Separemos a los dos y mantengámoslos tal como dice la legislación.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Pugh.
Está inscrito a continuación el Senador Carlos Montes.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, ¡me gusta mucho más verlo ahí que en la Comisión...!
Mire, creo que este proyecto mejoró muchísimo desde que partió hasta ahora. En alguna forma se dio vuelta, porque originalmente estaba todo colgado desde arriba: era muy centralizado, muy manejado de lo alto. Y acá se ha buscado tener una descentralización a nivel regional, ya que los escenarios de los desastres son locales, regionales. Entonces, ahí es donde tiene que estar la capacidad de reacción. Los niveles nacionales, incluso los regionales en muchos casos, debieran ser instancias desde las cuales se apoye nomás lo que se prepara y se hace en las comunas.
A este respecto, quiero señalar -seguramente lo hizo el Senador informante- que en la Comisión de Hacienda se discutió qué pasaba con las oficinas comunales, porque al final hay que fortalecer las cuarenta comunas más propensas o que han tenido históricamente más problemas en materia de desastres.
Yo recordaba lo que en el 2010 ocurrió con Talcahuano, donde el lugar de coordinación y de encuentro no tuvo que ver con la Armada, ni tampoco con el municipio: fueron los bomberos, porque eran los únicos que estaban en condiciones de reaccionar. Aquí necesitamos incluso prever, programar cosas de esa naturaleza, ver cómo se responde. Y Talcahuano ha sufrido tantos desastres que debería ser una comuna privilegiada en materia de planes, de apoyo, etcétera.
El señor Subsecretario, que por ahí lo veo, dijo a la Comisión que esto había que verlo de acuerdo a los planes, pues de ahí se seleccionaban las comunas, etcétera.
A mí me pareció una explicación compleja, porque todos saben que en las leyes de presupuestos hay gastos permanentes y gastos transitorios que pueden o no hacerse. Y yo le sugeriría al Ministro, si todavía se alcanza, establecer por lo menos cercanamente un cierto compromiso presupuestario para tener 20, 30 o 40 comunas prioritarias con respuestas, con mayor capacidad de articulación, con gente más calificada, en fin.
Es cierto que muchas comunas lo tienen, pero lo tienen -y lo he visto- muy desigualmente. No voy a entrar a describirlo, porque creo que eso se puede fortalecer.
El segundo problema dice relación con el tema de los estudios. Y quiero decirle al Ministro que los estudios en materia de riesgo y de amenazas es bien importante tenerlos muy actualizados, porque van cambiando en el tiempo, no son estáticos y hay que hacerlos.
Durante todos estos años a mí me ha tocado estar vinculado a la Onemi -creo que en los últimos 20 años o incluso más- en la discusión presupuestaria. Y la verdad es que siempre en la Onemi predominó puramente un enfoque de respuesta a las crisis, pero no de anticipación a ellas.
Este proyecto contiene una estructura que busca enfatizar aquello, pero sin estudios no hay capacidad de anticipar y prever. O sea, cuando encontramos que en Maipú cayó un edificio debido a que el terreno donde se construyó era una zona de alto riesgo sísmico por tener un subsuelo determinado, la pregunta que uno se hace es por qué eso no se estudió antes. La municipalidad hasta lo sabía, porque ahí había un problema de norma.
La falla de San Ramón en Santiago tiene que estudiarse muy bien. No es posible que todavía no esté en el plan regulador metropolitano. Y en ese caso ha habido estudios, pero no se han traducido en normas.
En fin.
En estas cuestiones la dimensión de estudios para prever es fundamental.
Y la tercera cosa que quiero señalar es la dimensión inversión. La prevención supone contar con instrumentos adecuados. Yo no conozco la vulcanología en esta materia, pero sí la sismología. Y cuántos años nos costó implementar un aporte del Ministerio del Interior a la Universidad de Chile para invertir en redes de acelerógrafos o sismógrafos. Porque se pasó por Onemi, que tuvo hartos problemas: quién era el dueño de esto, quién lo hacía. Nos demoramos cinco años en que 18 millones de dólares se tradujeran en inversión efectiva.
Entiendo que ahora está más resuelto, pues en los acelerógrafos es fundamental que haya inversión todos los años. Hay que renovar las redes, mantenerlas al día, cosa que no siempre la gente de Presupuestos, de Hacienda entiende.
Pero esto es clave.
De hecho, en lo que se refiere a completar la red nacional se nos informó en la Comisión que ya se había completado, pero hasta hace poco teníamos una buena parte del país sin sistema de seguimiento y había que dirigirse, fundamentalmente, a organismos internacionales para saber lo que estaba pasando en Chile.
Entiendo que ahora se completó la red.
Por eso, si en determinada zona los sismógrafos o los acelerógrafos se debilitan o quedan sin mantención por distintos problemas, la verdad es que la información que se puede obtener es poca.
Entonces, esas tres cosas.
Creo que a las comunas hay que darles más fuerza y en los estudios tenerlas más consideración.
No estoy planteando indicaciones al proyecto, sino que quiero decirles al Ministro y al Ejecutivo que en toda esta cuestión es fundamental tener la dinámica de ir avanzando. Esto no puede quedarse en el nivel que está ahora.
Yo solo he hablado de la cuestión sísmica, pero quiero decirles que, por toda la información relacionada con el cambio climático, Chile va a ser muy afectado y vamos a enfrentar situaciones mucho más complejas que ahora. El problema fundamental es que va a subir el agua en los mares. Entonces habría que prepararse muy bien. Eso también requiere estudios, de tal forma de ir anticipándose y respondiendo desde ya.
Eso es lo que quería aportar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senador Montes.
Voy a dejar con la palabra a la Senadora Ena von Baer.
Tengo otros colegas inscritos. No se preocupen.
Puede intervenir, Senadora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Gracias, Presidente.
Quisiera hacerme cargo de los planteamientos del Senador Insulza -por su intermedio, señor Presidente-, porque creo que la discusión que hoy estamos llevando a cabo en torno a la Onemi probablemente la vamos a tener a propósito de muchas materias de aquí en adelante: quién se hace cargo de un tema específico.
Y creo que el problema de fondo que tenemos, y que vamos a seguir teniendo, es que la ley original que estableció las tareas del gobernador regional no le dio ninguna en particular.
Nosotros insistimos mucho en la discusión de esa ley, tuvimos muchas discusiones con el entonces Ministro Eyzaguirre, para que se estableciera con claridad cuál iba a ser la tarea del gobernador regional. Y finalmente, si nosotros miramos hoy lo que tenemos es que el gobernador regional se va a hacer cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional: 12 por ciento de la inversión que se hace en la región. ¿Y cómo lo va a hacer? Las inversiones las va a tener que hacer a través de sus servicios -no sabemos muy bien cómo va a hacerlas- y, de ahí en adelante, vamos a tener que ir discutiendo cuáles son las atribuciones que quizás en algún minuto se le entregan a ese gobierno regional.
Lo que hemos de tener claro es que los servicios como nosotros los conocemos hoy -todos los servicios de obras públicas, todos los servicios de vivienda (el Serviu), los servicios de salud, ¡todos!-, van a seguir dependiendo de los Ministerios, que dependen de un Ministro en Santiago. Y el jefe de esos servicios no va a ser el gobernador regional: el jefe de esos servicios va a ser el delegado presidencial.
Por lo tanto, si nosotros sufrimos una catástrofe, ¿qué es lo importante? Lo que nosotros necesitamos es que el jefe de los servicios esté al mando, porque él va a tener que tomar acciones en forma rápida desde un punto de vista sanitario, desde el punto de vista de cómo hacerse cargo de los caminos o los puentes; desde el punto de vista de cómo nos hacemos cargo de la situación de vivienda, etcétera.
Pero además -y probablemente esto es lo más relevante- es que la relación con las Fuerzas Armadas y de Orden no va a ser a través del gobernador regional: la relación con las Fuerzas Armadas y de Orden va a ser a través del delegado presidencial. Y en un momento de catástrofe nosotros sabemos la importancia que tiene la relación con las Fuerzas Armadas y de Orden.
Por lo tanto, es muy relevante, si queremos que la reacción frente a una catástrofe sea rápida, ordenada y coordinada, que esto quede en manos del delegado presidencial.
Y esto no tiene que ver con que nosotros no queramos descentralizar. Yo los invito, si queremos descentralizar de verdad, a que entonces tomemos una parte del Ministerio de Obras Públicas -no sé; estoy pensando en pavimentación de caminos secundarios- y le traspasemos esa atribución completa al gobierno regional o a una parte del Serviu.
Pero, de verdad, pensar que hacerse cargo de una catástrofe sin ser el jefe de los servicios más relevantes de la región no es una buena idea y creo que es un error.
Entonces, los invito a pensar en el error que podemos estar cometiendo si esta tarea se la entregamos al gobernador regional, porque él no va a tener relación con las Fuerzas Armadas y de Orden. El gobernador regional no es el jefe del servicio de salud, no es el jefe del Serviu, no es el jefe de Obras Públicas, no es el jefe de los servicios que son necesarios coordinar en un momento de catástrofe. El jefe de esos servicios, mientras no lo cambiemos en la ley, sigue siendo el delegado presidencial.
Por lo tanto, hagamos algo coherente. Y para que sea coherente, quien tiene que tomar el mando en una situación de catástrofe es el delegado presidencial...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Concluyó su tiempo, señora Senadora.
La señora VON BAER.-
Estamos bien.
Creo que fui suficientemente clara.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senadora Von Baer.
Vamos a dejar con la palabra, entonces, al Senador Claudio Alvarado.
Don Claudio, tiene la palabra.
El señor ALVARADO.-
Gracias, Presidente.
En realidad, la intervención de la Senadora Von Baer ahorra gran parte de lo que tenía previsto señalar. Y esta fue una discusión que, tal como se dio en la Comisión de Gobierno interior, también se replicó en la de Defensa.
Una de las cosas que debemos tener absolutamente claras es distinguir las esferas de competencia propias del gobernador regional y las del delegado presidencial.
Sin lugar a dudas, la naturaleza de su cargo lleva al gobernador regional a que se preocupe de la planificación territorial. Así lo establecen los reglamentos y también algunas de las funciones que se le traspasan.
Por lo tanto, en el Programa Público de Inversiones Regionales este gobernador deberá contemplar medidas de prevención, de mitigación de desastres y también, por supuesto, de reconstrucción, si así se requiere.
Sin embargo, las prerrogativas del delegado presidencial están enfocadas en la seguridad y el orden público, y, por ende, es él quien debe dirigir los esfuerzos para dar respuesta ante una catástrofe, mientras esté en desarrollo dicha situación.
Y esto es sumamente importante, porque ayer sostuvimos una discusión de este mismo tenor, cuando veíamos la ley sobre descentralización financiera.
Creo que otorgarle la presidencia de estos comités al gobernador regional en el articulado de esa iniciativa de ley implicará que será superado por los hechos.
Nuevamente voy a insistir en el mismo concepto: el nombramiento del gobernador regional va a ser de carácter nominal, no real, porque, al final del día, las atribuciones sobre la coordinación y las jefaturas de los servicios recaen en el delegado presidencial. Y eso es así.
Por lo tanto, mientras no revisemos la ley madre, la ley matriz, que establece la transferencia de competencias del gobernador regional, que, como hemos visto en reiteradas sesiones, son bastante débiles y muy pocas, no podemos en otros cuerpos legales asignar atribuciones que no le competen y que no se encuentran definidas en ese proceso de descentralización.
Señor Presidente, quiero terminar mis palabras puntualizando que este proyecto tiene una larga data de tramitación.
Tal como se indicó, esa discusión extensa permitió modificar muchos aspectos del mismo; ha tenido un apoyo de carácter transversal, y, en ese sentido, creo que hoy día estamos hablando de un proyecto muy distinto al que ingresó y en el que todos, en las diferentes instancias y en las diferentes Comisiones donde se tramitó, hemos dado nuestra aprobación.
Quiero enfatizar que la propuesta en orden a entregar la presidencia de estos comités de emergencias regionales y provinciales al gobernador regional carece de lógica y sentido, toda vez que no está dentro de sus competencias ni de sus atribuciones, y no va a poder dirigir, no va a poder coordinar y no va a poder mandar.
Por lo tanto, señor Presidente, el que tiene el mando es el delegado presidencial, nos guste o no nos guste, y eso debemos respetarlo.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Alvarado.
A continuación vamos a dejar con la palabra al Senador José García.
Les recuerdo a las señoras Senadoras y los señores Senadores que a las 19:30 tenemos que poner fin al Orden del Día para dar inicio a la hora de Incidentes.
Tiene la palabra, Senador García.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, Presidente. Muy amable.
Honorable Sala, me correspondió ver y analizar este proyecto en la Comisión de Hacienda y, tal como se ha señalado, la mayoría de sus artículos fueron aprobados por unanimidad, salvo el que dice relación con los municipios en el Sistema Nacional de Emergencia y su respuesta ante los desastres.
En dicha instancia, los Senadores Montes y Lagos se abstuvieron, por considerar que debiera haber una orgánica mucho más completa y más articulada en los respectivos municipios, particularmente en aquellos en donde existe una mayor propensión a que ocurran emergencias y desastres.
En lo personal he visto que en la Región de La Araucanía los municipios cuentan con personas encargadas que, poco a poco, se han ido especializando en estas situaciones.
También la Oficina Nacional de Emergencia ha cumplido un rol muy muy importante en su relación con los municipios. Y esta relación no solo es frente a los desastres, sino que es de manera bastante permanente.
Por eso, la forma en que está planteado el proyecto -concuerdo en que probablemente no sea el ideal- y dado que lleva tanto tiempo en discusión en el Congreso, me parece que constituye un avance que, por la vía de la ley, establezcamos esa vinculación y esa relación.
Además, creo que los municipios en general ya cuentan con estas unidades, las cuales son cada vez más especializadas.
El informe financiero da cuenta de los recursos que se tendrían que aportar durante cuatro años, para implementar de mejor manera el nuevo servicio que se está creando y que reemplazaría a la Oficina Nacional de Emergencia, nuestra actual Onemi.
Finalmente, quiero decir que a nosotros nos tocó ver este proyecto hace ya un par de años -cuando digo "nosotros" me refiero a la Comisión de Hacienda- y su texto era completamente distinto al que hoy día se está proponiendo a la Sala.
Opino que en esta iniciativa se ha mejorado muchísimo -¡muchísimo!- y no debiéramos demorar más en tramitarla. Ciertamente los proyectos siempre se pueden perfeccionar, se pueden mejorar; pero mi invitación a la Sala es a que lo aprobemos tal como está.
Ya habrá oportunidad, en la medida que este nuevo sistema y este nuevo servicio comiencen a funcionar, de que vayamos perfeccionándolo. Pero lo que hoy tenemos ante nuestros escritorios es muchísimo mejor como proyecto de lo que teníamos un par de años atrás.
Por lo tanto, nuestra propuesta es que podamos aprobar esta ley en proyecto en los términos en que viene de la Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senador García.
Vamos a dejar con el uso de la palabra, entonces, al Senador Alejandro Navarro.
Tiene la palabra, Senador Navarro.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidente.
Chile y su constante riesgo de desastres obligan a realizar un debate que, como aquí se ha señalado, viene desde hace años.
Chile es un país de desastres. Puede ocurrir uno ahora mismo. Y la verdad es que si ocurriera hoy, no estamos preparados. Estamos mejor preparados que el 2010 en Talcahuano, en Dichato; ¡pero no estamos preparados!
Y se inició un proyecto de ley, presentado durante el primer Gobierno del Presidente Piñera, como aquí se ha dicho, centralista a morir y particularmente ineficiente desde el punto de vista de muchos expertos, quienes opinaron que esta iniciativa solo buscaba crear un servicio público más.
Por eso yo quiero afirmar responsablemente que el meollo de esta iniciativa es crear un servicio público más. Porque, tal como aquí se ha planteado en el debate político respecto de si esto le corresponderá al delegado presidencial o al gobernador, ¡Presidente, ni lo uno ni lo otro! Porque el jefe de todos va a ser el Jefe de la Defensa Nacional, de acuerdo lo ordena la Constitución por los estados de excepción; él asumirá lo que hoy día hace con propiedad, pero sin ninguna facultad.
Es decir -y aquí está presente el ex Almirante Pugh, hoy día Senador de la República electo por el pueblo-, no hay línea de mando clara. Y lo peor que puede ocurrir durante un desastre y una emergencia es que no haya una línea de mando clara, porque eso contribuye a la derrota.
Yo propuse en su oportunidad la creación -y entregué el proyecto de ley respectivo- de un Ministerio de Emergencias Nacionales y Desastres Naturales para que hubiera un Ministro sentado en el gabinete del Presidente, empoderado para tomar decisiones.
Porque lo que hoy día ocurre es que los servicios públicos tienen una cantidad inmensa de jefes y, desde ya, van a tener al gobernador regional, después al Jefe de la Defensa Nacional, después al Presidente, ¡y hay Presidentes que se meten en todo y quieren decidir todo! Aquí, Presidenta, el debate tiene que hacerse con mayor claridad.
Me hubiera gustado -por un impedimento físico no pude estar- haber participado; hicimos muchas indicaciones, no sé si las consideraron, si fueron evaluadas, pero, claramente -digámoslo-, este proyecto aumenta un poquito más el presupuesto de la Onemi. ¡No hay mucho más dinero!
Entonces, al final estamos creando un servicio público que es un cambio de nombre, de la actual Oficina Nacional de Emergencia, que está bien dirigido por su actual director y ha generado mayores niveles de eficiencia y al cual, ahora, lo único que le hacemos es producirle más líos. ¿A quién va a responder? Si a mí me dicen que vamos a enfrentar el próximo terremoto grado 8 con este nivel de contradicción sobre quién manda, la verdad es que mejor dejemos las cosas como están, hasta que resolvamos el tema, porque no vamos a contribuir a mejorar la eficiencia.
El Presidente Piñera sabe que este es su último período y quiere dejar listo este proyecto de ley, pues lo presentó el 2010, durante su primer mandato; no lo ha sacado durante el segundo, y ahora le entró la urgencia por sacar un conjunto de iniciativas, desde ya el proyecto que lamentablemente se aprobó ayer, con mi voto en contra, que establece condiciones financieras para los gobiernos regionales que contribuyen en nada, un "huevo", a su fortalecimiento. Ayer hubo consenso en que el nombre estaba mal planteado, puesto que no es un proyecto para fortalecer a los gobiernos regionales.
Por tanto, yo diría piano piano a la responsabilidad del Gobierno. Si no aclaramos quién manda en una emergencia y queremos generar el caos, ¿sabe lo que van a decir, Presidente?
Hubo un poco de caos el 2010, cuando ocurrió lo de Talcahuano. Tanto es así que subsecretarios y la propia Presidenta Bachelet fueron cuestionados. Entonces, si no aprendimos la lección, que llevó a la Derecha a intentar llevar a la Presidenta y a funcionarios públicos a los tribunales, con este proyecto de ley y con estas inexactitudes o indefiniciones, lo que van a decir...
¡Un minuto, Presidenta!
Por tanto, quiero señalar: en la próxima Convención Constituyente yo al menos, a través de lo que pueda, me la voy a jugar por la creación del ministerio de emergencias nacionales y desastres naturales, para que el hombre o la mujer que tome decisiones que pueden costar muchas vidas tenga poder de decisión y no sea un mero director de servicio público descentralizado, nombrado por el Presidente de la República. Porque, digámoslo francamente, eso va a ser marginal.
Yo quiero centralidad, quiero poder. Y es por eso que me voy a abstener en este proyecto de ley, esperando retomar el debate en la Convención Constituyente, pues, cuando reconstruyamos la institucionalidad, tengo la convicción de que ese ministerio va a estar y no será un "pinche" servicio público como se propone en esta iniciativa.
He dicho, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Alejandro Navarro.
Han quedado consignados quienes han solicitado la palabra, tanto en la Sala como a través de la modalidad telemática.
Estamos llegando al término del Orden del Día, pero antes vamos a dar una Cuenta agregada y luego le vamos a ofrecer la palabra al Senador Francisco Chahuán.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofrezco la palabra al Secretario, para una Cuenta agregada.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Proyecto de Acuerdo
De los Honorables Senadores señor Letelier, señoras Allende, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón, y señores Araya, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria, por el cual proponen a la Sala del Senado acordar:
--Primero, la realización de una sesión especial para tratar el nuevo diseño del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para la licitación de la provisión de flota para el transporte de pasajeros de la Región Metropolitana.
--Segundo, instar a la Contraloría General de la República a que se abstenga de tomar razón en este asunto hasta que se despejen las dudas que han surgido en la materia.
--Tercero, solicitar al Ministerio de Hacienda un informe acerca de los mayores costos originados en el referido nuevo diseño.
--Queda para ser votado en su oportunidad.
Informe
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.583, orgánica constitucional que fija planta del Servicio Electoral, para adecuarla a la creación de la Región de Ñuble (boletín Nº 14.020-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se ha recibido también en la Mesa, de parte de la Honorable Senadora señora Ximena Órdenes Neira, una solicitud, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que el proyecto de ley que enmienda la disposición transitoria de la ley N° 21.213, que modifica los cuerpos legales que indica para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas para extender su vigencia (boletín Nº 14.096-15) sea remitido a la Comisión de Obras Públicas de esta Corporación, toda vez que el contenido de dicha iniciativa dice relación con materias propias de la competencia de esa instancia. Ello, en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 27 del Reglamento del Senado.
Se hace presente lo anterior, pues el proyecto ha sido enviado a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Si les parece, accedemos a la solicitud de la Senadora Ximena Órdenes.
Así se acuerda.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Me ha solicitado la palabra el Senador Francisco Chahuán, por reglamento.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta, pedimos, con el Ejecutivo, el Subsecretario que está presente, la posibilidad de fusionar dos proyectos de ley relacionados con la misma materia: los boletines números 13.823-06 y 13.038-07. El primero fue presentado por un grupo transversal de Senadores, de todas las bancadas, y ambos versan sobre el mismo tema, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Si les parece, accederemos a la solicitud del Senador Chahuán.
--La Sala acuerda la fusión de los dos proyectos mencionados.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
También ha pedido la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidenta.
Quiero solicitar a la Sala la posibilidad de ubicar, en el primer lugar de la tabla del próximo día martes, el proyecto de ley relativo al Servel, despachado por la Comisión de Hacienda el día de hoy y del cual ya se ha dado cuenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Si les parece, así se acordará.
Acordado.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Senador Chahuán?
El señor CHAHUÁN.-
Presidenta, sin ánimo de abusar, hay un proyecto que fue remitido por la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el Senador Jorge Pizarro, respecto a la posibilidad de facilitar la vacunación de la población palestina.
Se podría aprobar sin discusión. Corresponde a una decisión unánime de la Comisión de Relaciones Exteriores en orden a facilitar justamente esa vacunación, a fin de que el Gobierno chileno pueda arbitrar las medidas para que ello ocurra, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Senador, entendiendo la necesidad de aprobarlo el día de hoy, la Mesa ha considerado colocarlo en el primer lugar de la siguiente sesión, a fin de que tengamos quorum suficiente y no exista ninguna duda al respecto.
El señor CHAHUÁN.-
Muchas gracias, Presidenta.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Estamos llegando, así, al término del Orden del Día, para dar paso a la hora de Incidentes.
Le ofrezco la palabra al señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Voy a dejar consignadas las solicitudes de uso de palabra para el proyecto que se estaba tratando.
Quedan registrados el Senador señor Bianchi, el Senador señor Galilea, la Senadora señora Órdenes, el Senador señor Huenchumilla, la Senadora señora Ebensperger y el Senador señor Quintana.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Hay alguna señora Senadora o algún señor Senador que desee sumarse?
El Senador José Durana, cuya solicitud también queda consignada.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Queda consignada la solicitud de palabra del Senador Durana y del Senador García-Huidobro, que lo está indicando a través de la pantalla.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muy bien.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Damos paso a la hora de Incidentes.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Voy a ofrecer la palabra por Comité, de acuerdo al tiempo establecido en el Reglamento.
Al Partido Evópoli le corresponden dos minutos.
Le preguntamos si va hacer uso de la palabra.
Pasamos a la bancada del Partido Unión Demócrata Independiente.
Senadora Ebensperger, ¿alguien de su Comité hará uso de la palabra?
En el tiempo correspondiente a su bancada (trece minutos), le ofrecemos la palabra al Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidenta.
INCREMENTO DE MEDIDAS DE CONTROL SANITARIO EN COMPLEJO FRONTERIZO CHUNGARÁ. OFICIO
El señor DURANA.-
Presidenta, hoy, en función de lo que ha sido la sesión especial junto al Ministro Paris en materia de salud, le he hecho llegar un documento en relación con la posibilidad de incrementar las medidas de control sanitario en el complejo fronterizo ubicado en Chungará.
Cumpliendo con el Tratado de 1904, a diario ingresan ahí unos trescientos camiones bolivianos e igual número de conductores, muchas veces acompañados y con cargas provenientes de las zonas altiplánicas y del oriente boliviano colindante con el Amazonas.
Dada la ubicación del puerto de Arica, los camioneros del vecino país circulan por la ciudad durante las 24 horas de los siete días de la semana. Por lo mismo, solicito al Ministerio de Salud evaluar y tomar medidas más estrictas, a la luz del incremento en el número de contagios a raíz de la pandemia, en el ingreso a nuestro país por la frontera chileno-boliviana. En ningún caso estoy pidiendo que se detenga el tránsito de camiones chileno-bolivianos, muy importante para el desarrollo económico del puerto.
Baso el incremento en las medidas de control fundamentalmente en que en la región amazónica de Beni, fronteriza con Brasil, en los últimos días se reportó un aumento de casos que llamó la atención de las autoridades de salud por la rapidez en el avance de la enfermedad, por lo que están analizando el ingreso de la variante P1 brasileña.
Esta variante, que también llegó a Chile por el sur del país, tiene un poder de contagio más elevado que las cepas más frecuentes que hasta ahora hemos conocido por parte del COVID.
Por lo mismo, le solicito al señor Ministro que evalúe acciones a seguir en nuestra frontera.
Dentro del petitorio se encuentra efectuar un efectivo control sanitario de los conductores de camiones bolivianos que ingresan al puerto de Arica, estableciendo sistemas de toma de muestras PCR que sean confiables para las autoridades sanitarias de nuestra región. Y, en caso de ser necesario, coordinar con las autoridades de Bolivia el establecimiento de un sistema de turnos para los conductores, de forma tal que cumplan efectivas cuarentenas en nuestro país, al mismo tiempo de impedir el ingreso de acompañantes en sus viajes de transporte.
Si estamos tomando medidas estrictas en todo el país, incluida la Región de Arica y Parinacota, es necesario, finalmente, asegurar este sistema de sanitización de la carga que circula por el centro de la ciudad de Arica estableciendo para ella protocolos de control y tránsito.
Estas medidas, así como otras que puedan adoptarse por la autoridad sanitaria, permitirán realizar una labor de control eficaz de la expansión de las nuevas variantes del COVID-19, fundamentalmente porque es obvio que el proceso de vacunación en el país altiplánico ha sido mucho más lento que el que se ha desarrollado en Chile y en la misma Región de Arica y Parinacota.
Por lo tanto, si bien ya he oficiado al señor Ministro, solicito que se insista desde el Senado con el objetivo de obtener una pronta respuesta.
Muchas gracias, Presidenta.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A usted, señor Senador.
Se enviarán los oficios por usted requeridos, con las insistencias necesarias, de acuerdo a lo que nos ha planteado.
El turno siguiente corresponde al Partido Por la Democracia...
Perdón, en el tiempo restante de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, nos ha solicitado la palabra el Senador Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
AUMENTO DE MONTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA HABITACIONAL. OFICIOS
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señora Presidenta, en primer lugar, valoro el hecho de volver a tener la posibilidad de hora de Incidentes, porque muchas veces queremos plantear formalmente algunos temas con el fin de poder tener respuesta por parte de las autoridades.
En esta oportunidad, quiero exponerle al Ministro Felipe Ward una situación que está ocurriendo no solamente en mi región, sino a nivel nacional. Y es que los subsidios que se están otorgando, sobre todo para lo que es mejoramiento de viviendas, no despiertan mayor interés por parte de las empresas, dada la muy importante alza que ha habido en el precio de la madera y de los materiales de construcción.
Por lo tanto, debido al margen que están teniendo las pequeñas empresas y los contratistas, estos no se están mostrando interesados en las licitaciones. Muchos comités ya han recibido los subsidios y tienen los recursos, pero, desgraciadamente, hasta el día de hoy no pueden empezar a utilizarlos para mejorar la calidad de sus viviendas.
Y aquello también está ocurriendo en otros ámbitos. Me imagino que igualmente puede suceder con los subsidios habitacionales, en que, como al final el margen puede ser menor, o mínimo, o ninguno, el riesgo que existe es muy grande, sobre todo por la cantidad de recursos que este año se va a poner a disposición para la construcción de viviendas.
Por eso, señora Presidenta, me gustaría solicitar alguna respuesta por parte del Ministerio de la Vivienda y también del Ministerio de Hacienda, para ver si están estudiando la posibilidad de aumentar los subsidios con el fin de que se puedan llevar a cabo, pues, si no, vamos a encontrarnos con una situación bastante compleja.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
INVESTIGACIÓN A SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS. OFICIO
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
En segundo lugar, señora Presidenta, quiero solicitarle a la Contraloría General de la República una investigación respecto de la situación que está ocurriendo hoy día en el Servicio de Salud O'Higgins, en cuanto a las asesorías que se han traído de la Región Metropolitana y que han terminado sacando a personal de la región, sin tener el expertise correspondiente.
Además, el 31 de diciembre la actual Directora pretendió sacar a alrededor de mil funcionarios que justamente estaban con compras de servicios, inclusive algunos trabajando en UCI o en UTI. En el caso de Rengo, se iba a cerrar y se logró impedir gracias a la intervención del Ministro de Salud.
Ustedes bien saben que en pandemia lo que más necesitamos es el apoyo de personas que están por compras de servicios. Y este es un tema que se da no solamente en mi región; es a nivel nacional. La Contraloría General de la República, hace unos días, dio claramente el pase para cambiar del subtítulo 21 al subtítulo 22, y viceversa, con el fin de poder contratar personal, no solo por el tema de la pandemia, sino por las necesidades de salud que tienen fundamentalmente nuestras regiones.
Este es un tema muy antiguo, que viene de hace mucho tiempo, pero ahora, sin duda, la actual Dirección del Servicio de Salud ha pretendido, sin lograrlo, expulsar a estas personas del Servicio, dándoles como solución ser contratadas por empresas.
Eso, sin duda, me hace sospechar respecto de qué es lo que se persigue con ese tipo de acciones.
Por eso, señora Presidenta, considero muy importante que situaciones de esta naturaleza sean aclaradas.
Para tal efecto, pido oficiar a la Contraloría, para que investigue, inclusive respecto de las personas que llegaron de la Región Metropolitana. Muchas de ellas habrían sido sacadas del hospital de La Florida o de otros lugares del Ministerio, pasando a llevar a gente con experiencia y a otras personas que han sido relegadas, e incluso enviadas en comisión de servicio a otros lugares, cuando esto no se puede hacer en época de elecciones. ¡Bien lo saben y las normas son así!
Así que solicito esa investigación, ojalá a la Contraloría General de la República, porque, sin duda, son situaciones complejas. Y lo que nosotros queremos es mejorar la calidad de salud de nuestra población, y agradecerle a todo el personal que esté trabajando en mi región y en todo el país por lo que está haciendo.
Por eso, señora Presidenta, le agradezco el hecho de poder volver a efectuar nuestras solicitudes no solamente formales, sino también verbales, con el fin de tener respuesta de las autoridades correspondientes.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Agradecemos la intervención del Senador Alejandro García-Huidobro y la preocupación en materias de vivienda y de transparencia y probidad.
Por cierto, se enviará el oficio por usted solicitado a la Contraloría General de la República.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, le ofrecemos la palabra al Senador Francisco Huenchumilla.
REFLEXIONES A PARTIR DE RECIENTE LIBRO DE HISTORIADOR JORGE PINTO RODRÍGUEZ
El señor HUENCHUMILLA.-
Muchas gracias, señora Presidenta, y felicitaciones por haber repuesto la hora de Incidentes, un lugar donde uno puede hacer uso de la libertad para exponer sus sentimientos sobre diversas materias.
Es así como hoy día quiero señalar que hace poco recibí un libro del gran historiador, Premio Nacional de Historia, don Jorge Pinto Rodríguez, especializado en materias de La Araucanía y de la "macro zona sur", como se la llama ahora, quien ha escrito mucho sobre ese tópico, y no resistí la tentación, a propósito de lo que vivimos en La Araucanía y de lo que viven Chile, con todos sus problemas, y el mundo -diría yo-, de referirme a lo que señala el profesor Jorge Pinto en este libro nuevo, recién salido.
El profesor se refiere al gran historiador francés Georges Duby, experto en Historia Medieval y autor de un libro muy notable, titulado El año mil.
El profesor francés señaló en ese libro de su especialidad que los mismos miedos que surgieron en la humanidad el año 1000 se repiten en el 2000, al finalizar el siglo XX, y señala cinco: el miedo al fin del mundo, al fin del planeta; el miedo a la muerte, el miedo a las epidemias, el miedo a la miseria y el miedo al otro.
Y dice textualmente el profesor Pinto, a propósito de esta afirmación del profesor Duby:
"Han pasado mil años y seguimos con los mismos temores, a pesar de los progresos de la humanidad en todos los campos del saber. Hoy los presagios del colapso del mundo siguen presentes y buscamos ansiosamente algún lugar en el espacio al cual emigrar. Igualmente, la muerte nos sigue aterrando, las epidemias son una amenaza constante. En los últimos años fue primero el sida y hoy el COVID-19, que nos tiene enclaustrados y atrapados por la angustia. También la miseria que en el año 1000 la llamaban "hambre" e "indigencia" y que hoy disfrazamos con el nombre de "extrema pobreza". Por último, está el miedo al otro, al distinto a nosotros, convertido en una amenaza constante que debemos vencer. El miedo al otro, a nuestro prójimo. Este último nos ha llevado a crear enemigos internos, inventados y utilizados por las élites para seguir controlando el poder y evitar todo tipo de cambios.
"Aunque pareciera extraño, esto ha ocurrido en Chile. Si nos remontamos a la historia republicana, en la primera mitad del siglo XIX fue la plebe, en la segunda mitad aparece el pueblo mapuche, que controlaba tierras fecundas, pero que se desenvolvía, decía la elite, en medio de una barbaridad que se debía combatir.
"A comienzos del siglo XX fueron los obreros campesinos y anarquistas que se rebelaron en Magallanes, Loncoche, Valparaíso, Santiago, Antofagasta e Iquique. Luego aparecieron los comunistas, más tarde los estudiantes y pobladores, que protagonizaron las protestas que pusieron en jaque a la dictadura y, más recientemente, los delincuentes, los mapuches, una vez más, convertidos ahora en terroristas, y quienes marcharon en protesta contra un sistema neoliberal que nos tiene asfixiados.
"Es una historia de nunca acabar, como el cuento del gato y el ratón. Los pobladores, pueblos ancestrales, las mujeres y toda la diversidad que existe en el país luchando por los cambios y quienes manipulan el poder por evitarlos".
Hasta ahí la cita textual del profesor Pinto.
Yo digo: los mismos miedos de hace mil años nos siguen persiguiendo y no aprendemos que la única solución para la relación entre los seres humanos es sentarnos a conversar y a dialogar y encontrar la fórmula más correcta de vivir y de respetarnos entre nosotros, y que los poderosos no aplasten a los débiles, porque este mundo nos pertenece a todos y todos sufrimos los mismos males: soportar los avatares de la naturaleza, la fragilidad de nuestro cuerpo ante la enfermedad y la muerte y la relación con los otros seres humanos, que es propia de la política y de la cultura.
Así que muy bienvenidas las palabras del profesor Pinto. Por mi parte, quería iniciar esta nueva etapa de los Incidentes recordando a este gran profesor que trabaja, estudia y escribe a partir de la Región de La Araucanía.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias al Senador Francisco Huenchumilla.
A través suyo, también, valoramos los aportes del historiador Jorge Pinto Rodríguez y gracias por traernos esta reflexión de los miedos que hoy, en esta pandemia, están reunidos todos juntos en un mismo momento y afectando severamente a nuestra comunidad.
Así es que muchísimas gracias.
En el tiempo del Comité Partido País Progresista e Independientes, más el tiempo cedido por el Comité Partido Por la Democracia, informado así por su jefa de bancada, le entregamos la palabra al Senador Alejandro Navarro.
ESTALLIDO SOCIAL
AD PORTAS
POR ESCASEZ DE VIVIENDAS. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidenta.
Me sumo a las felicitaciones por reponer esta hora de Incidentes, que es un espacio democrático para que todos, incluyendo las minorías, puedan expresarse en un debate político.
Se debaten los proyectos de ley. Este es un espacio también para debatir política.
Quiero señalar, y hacer una afirmación muy responsable, Presidenta: se viene el estallido social de la vivienda. Y no digamos que no lo vimos venir, porque los antecedentes objetivos, subjetivos; los hechos, las estadísticas, la cruda y porfiada realidad nos indican que tenemos un grave problema instalado después de 42 años de una política nacional de desarrollo urbano que manejó el suelo como una mercancía, y esto tiene como resultado a medio millón de chilenos y chilenas sin casa.
El Minvu dice que hay 400 mil familias esperando una vivienda. Un Techo para Chile cifra en 600 mil el déficit de viviendas y la Cámara Chilena de la Construcción, en 740 mil.
Lo concreto es que en Chile faltan casas y aquí hay una responsabilidad del modelo de la dictadura y en la transición democrática lo hemos mantenido. El suelo determina dónde se construye y cómo se margina a los pobres.
Entre el 2017 y el 2020 se duplicó la cantidad de personas que viven en campamentos. En la Región Metropolitana la superficie de campamentos aumentó en un 84 por ciento. Si en el 2017 vivían 5 mil personas en campamentos, hoy viven más de 20 mil, y hay 13 megacampamentos instalados, que generan condiciones inhumanas de vida.
Solo en Talcahuano mil, ¡mil!, personas viven en campamentos y las estadísticas nos revelan que estamos ad portas de un estallido social.
En el catastro nacional del 2018 al 2019, la Región del Biobío contaba con 131 campamentos: 6.346 hogares con más de 15.500 personas.
Un Techo para Chile plantea que en el 2011 eran 127 campamentos y 5.172 familias.
Lo que está claro es que tenemos un problema, y hay un problema adicional, que es la cobertura que hoy día tiene el metraje mínimo para construir estas viviendas.
Quiero advertir que el COVID nos ha dejado como lección que la gente no puede guardar distancia social, y los que peor lo han pasado son aquellos que viven cinco, seis, siete, ocho en una vivienda de 42 metros cuadrados.
Está claro que después de esta pandemia el concepto de metraje mínimo digno, habitable, deberá cambiar, porque tenemos hoy día no solo un problema de habitabilidad, sino también de salubridad.
¿Quién es el responsable? Bueno, ¡la banca! ¿Quién hoy día puede sacar un crédito hipotecario? Debes tener trabajo, ingresos superiores a uno o dos millones de pesos para acceder, y te piden el 20, el 30 por ciento de ahorro, ¡ahorro en pandemia! ¿Quién tiene capacidad de ahorro de nuestra clase media?
Por tanto, la situación es que la gente, la clase media, los trabajadores son muy ricos para el Estado y muy pobres para los bancos. Cuando van al Serviu, les dicen: "¡No! Usted tiene un ingreso, paga arriendo, pero lo puede pagar". Demasiado rico para un subsidio. Y cuando van al banco, les preguntan qué tiene: "nada, mi fuerza de trabajo". Demasiado pobre para los bancos. Están en tierra de nadie.
Los precios de la vivienda entre el 2009 y el 2019 han subido en un 75 por ciento, ¡se han disparado! Pero la explicación no está en la mejor calidad de las viviendas, sino en el precio del suelo, porque se ha especulado, se han levantado fortunas en la especulación del cambio de los límites urbanos o rurales, ¡fortunas!
Se construyeron, de acuerdo a Ricardo Tapia, docente de la Universidad de Chile, entre 1980 y el 2002, 230 mil viviendas. Promedio: 45 metros cuadrados.
Recuerdo en mi primer período de Diputado en Hualqui, Talcamávida: ¡viviendas de 18 metros cuadrados! Ahí llevaban a la gente, y la mitad de sus cosas quedaban afuera.
Hoy día hemos subido el estándar a 42, pero sigue siendo insuficiente. Debemos decretar un metraje mínimo ético para las viviendas sociales y apuntar a los 75 metros cuadrados para familias de 4 o 5 personas. Ese es el debate que hay que incorporar, antes de que la gente salga a las calles, antes de que se tome los departamentos y las casas terminadas, como lamentablemente en Talcahuano, en mi Región, ya está ocurriendo. La desesperación está llevando a los comités, que no tienen respuesta del Serviu, a intentar tomarse viviendas que ya están asignadas, lo que no es correcto, y es solo entendible en el marco de la desesperación.
Por eso, creo que debemos actuar ahora, Presidenta. No es racional lo que está ocurriendo en muchos lugares de Chile: tenemos casas y departamentos vacíos, hay gente que arrienda, o que nunca llegó a ocupar su departamento. La consigna debe ser "No más casas sin gente, no más gente sin casa". Repito: "No más casas sin gente y no más gente sin casa". Esa es una responsabilidad del Ministerio de la Vivienda para ordenar la distribución, y de quienes eventualmente han hecho abuso del sistema.
Hay que detener la explosión social, porque lo que va a ocurrir nos puede llevar a Pampa Irigoin, 1969: muertos, heridos, una herida en el alma nacional, en el desalojo de una toma. Porque, si bien las tomas son ilegales, y, por cierto, se comete allí una ilegalidad, el desalojo no puede ser criminal; hay niños, ancianos, estudiantes; y como ocurrió en Renca, más allá de la necesaria investigación que hay que hacer de esa toma, se desalojaba a niños conectados a internet en sus clases.
Entonces, estamos asistiendo al preludio de una explosión social que tiene que ser manejada.
El Ministro Felipe Ward nos dice que elaboró el plan 100+100, y dice: "pónganse a la fila".
Ministro, bien, hay que respetar a la gente que ha esperado, pero hay gente que no puede esperar; hay desesperación, y las tomas por las personas desesperadas provocan acciones desesperadas, como también reacciones desesperadas. Carabineros, y lo digo responsablemente, es el jamón del sándwich, porque el problema no se resuelve diciéndoles a las Fuerzas Especiales, mediante una orden judicial, que vayan a desalojar; se resuelve dialogando, destinando más fondos, y teniendo una política más integradora, que genere esperanza para los campamentos y que genere también, por cierto, mayor inversión.
Tenemos un grave problema en la constructibilidad. La Peña 3 y 4 en mi Región, ¿integración social? Las casas, después de diez años, con hongos, semidestruidas, deberán ser reparadas. Paso Seco Sur 1, 2, 3, 4 y 5, Presidenta: 506 viviendas demolidas con buldócer, después de tres años de habitadas. ¡Se demolieron 506 viviendas! ¡El que las construyó sigue haciendo lo mismo en Arauco! ¡Y no hay proceso judicial alguno! ¡Siguen construyendo mal para el pueblo!
Algo similar ocurre en los Altos de Coronel, en la Salvador Allende en Coronel.
Debemos reaccionar anticipadamente. Y le decimos al Ministro Felipe Ward: "Tiene todo nuestro apoyo. Enfrentemos el problema de las tomas, de verdad, con unidad política y social. En el Presupuesto de este año dialoguemos. No utilicemos carabineros".
Porque las tomas van a seguir, y luego vendrá la búsqueda del chivo expiatorio. ¿Quién está detrás de las tomas? ¡Ministro Felipe Ward, Presidente Piñera: la desesperación de la gente! La gente no tiene dónde vivir, ni cómo pagar arriendo. ¿Por qué han aumentado los campamentos? Porque la gente está cesante. Y los 300, 400 mil pesos ya no los puede pagar. Por tanto, se encuentran en la disyuntiva: o pagan arriendo o comen. Y han optado por comer e ir a una toma. Esa es la ecuación sencilla. No hay un enemigo externo, ni una fuerza perversa detrás de las tomas. Y si bien puede haber abusos, hay que distinguir la necesidad real de la gente sin casa de los que quieren especular con el suelo o también con las tomas.
Es por eso que solicito, Presidenta, que les haga llegar esta intervención al Ministro Felipe Ward, a todos los directores de Serviu del país y a los Intendentes regionales, porque lo que viene puede terminar muy mal.
Y le pido, Presidenta -lo vamos a hacer-, una sesión especial para tratar el problema de la vivienda, antes de que tengamos que lamentar un desalojo con fallecidos o asesinados. Porque es lo que va a ocurrir en cualquier momento.
Y como nadie quiere que eso ocurra, hay que anticiparse; evitar el estallido social de la vivienda, porque a toda la desesperanza, a toda la angustia de estar encerrados en las casas, o de no tener dónde vivir, se suman el desempleo y el hecho inédito de esta pandemia, que no tiene una política, como aquí se ha dicho, en esta Sala, de tratamiento, de apoyo psicológico a los problemas angustiantes de salud mental que se han generado.
Solicito que se le pida al Ministro un informe total de su programa 100+100, su proyección en el tiempo, la inversión necesaria y la identificación de los campamentos en la Región del Biobío y en todo Chile, de tal manera de que se pueda priorizar política y socialmente cómo va a ser abordado el problema, para que tampoco se produzcan abusos en este procedimiento.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO.OFICIO
El señor NAVARRO.-
Del mismo modo, Presidenta, quiero solicitar que se oficie al Ministro Paris, a quien tuvimos en la Sala -se lo pregunté y tuvo la deferencia de responder, pero en tres minutos no se puede hacer-, respecto del síndrome inflamatorio multisistémico, denominado PIMS, que está matando a niños de 5 años, de 11 años.
Hasta ahora se creía que los niños no podían enfermarse de COVID, y tenemos el dato de que 176 niños en Chile lo han contraído, y han fallecido tres.
Démosles tranquilidad a las madres.
En mi Región, una niña de 11 años falleció en el Hospital Guillermo Grant Benavente producto de este síndrome inflamatorio multisistémico, derivado del COVID.
Todos tenemos hijos. Y para los que tienen hijos menores esto ha provocado angustia.
El Ministro Raúl Figueroa llamaba hace cuarenta días a volver a clases, porque los niños pequeños o los jóvenes tenían menor riesgo de contagio. Ministro Figueroa, ¡Ministro Figueroa!, dialogue más con Salud. Dígame qué pasa con estos 176 casos. ¿Sabía usted de esta situación cuando llamaba a volver a clases?
Presidenta, necesitamos saber de qué se trata; qué deben hacer los padres y apoderados; qué debe resolver el Ministerio en esta nueva etapa.
Al menos yo, padre también de hijos menores, pienso que hay que tomar medidas. Muchos creíamos que a los niños este virus no los iba a afectar, pero ahora tenemos un dato estremecedor: por esta causa los niños de 4, 5, 6, 11 años ¡sí pueden enfermar y sí pueden fallecer!
Este es un elemento nuevo, que obliga al Ministerio a tener una política especial para asesorar a padres, a apoderados, a tutores y a la comunidad, a fin de cuidar de manera extraordinaria y con una preocupación muy especial a los niños, además de los adultos mayores de la casa, a quienes debemos mantener protegidos. A mi madre, de ochenta y cuatro años, ahí la tenemos aislada.
Por lo tanto, pido oficiar al Ministro Paris para que informe en detalle, región por región, dónde se han producido los casos de PIMS. Le solicito poner a disposición de la Comisión de Salud del Senado todos los antecedentes y generar una propuesta pública. No se trata de causar alarma. Hay que informarle a la gente y tiene que haber transparencia. Si existen problemas de contagio y fallecimiento de niños, yo lo quiero saber, la gente lo quiere saber. Chile tiene derecho a saber que esto ocurre.
Solicito que se envíe un oficio, en mi nombre, al Ministerio de Salud relativo a lo que he planteado en mi intervención.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho, Presidenta.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador.
Se remitirá su primera intervención de forma íntegra al Ministro de Vivienda, así como también a todos los intendentes y directores regionales del Serviu del país; además del oficio requerido al Ministerio de Vivienda para que informe en detalle respecto del programa 100+100.
Y se enviará un oficio al Ministro de Salud, con copia al Ministro de Educación, para poder tener un análisis en detalle respecto de la situación de contagio que afecta a niñas y niñas y que, lamentablemente, ha causado la muerte de algunos de ellos en nuestro país.
En el tiempo de la bancada de Revolución Democrática, le ofrezco la palabra al Senador Juan Ignacio Latorre, a quien le transmito, en nombre de la Mesa, los mejores sentimientos de aprecio en su cumpleaños, razón por la cual hoy día no tendrá límite de tiempo para su intervención.
Tiene la palabra, Senador.
IMPLEMENTACIÓN DE SENTENCIA DE CORTE SUPREMA EN FAVOR DE RECURSO DE PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR ACCESO A AGUA POTABLE PARA HABITANTES DE PROVINCIA DE PETORCA. OFICIOS
El señor LATORRE.-
Muchas gracias, Presidenta, por el saludo y por el regalito del tiempo.
¡Traigo una buena noticia!
Normalmente, en la hora de Incidentes se habla de denuncias y aspectos negativos, pero ahora llega una buena noticia: la Corte Suprema acaba de acoger el recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en favor de los habitantes de la provincia de Petorca, para garantizar el acceso a 100 litros diarios de agua potable por persona.
La Corte Suprema, en sentencia emitida el día de ayer, dijo: "toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones".
Esto, además, en contexto de pandemia.
Sabemos que la provincia de Petorca es, probablemente, el epicentro de la vulneración del derecho humano al agua, no solo en la Región de Valparaíso, sino a nivel nacional.
Por eso, quiero solicitar, por su intermedio, Presidenta, que se remitan oficios al Intendente de la Región de Valparaíso y a la Gobernación de la provincia de Petorca, para que informen de qué manera se va a implementar operativamente esta sentencia del Máximo Tribunal.
Además, recordemos que la Corte de Apelaciones rechazó este recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Segunda vez que ocurre lo mismo en muy poco tiempo en la Región de Valparaíso. Hace muy poco sucedió con la comuna de Nogales, donde, en pleno contexto del estallido social, los habitantes de El Melón hicieron una toma en unos pozos que están en propiedad de la minera Anglo American.
El oficio solicitado es para saber de qué manera y en qué plazos se va a implementar el recurso de protección acogido por la Corte Suprema y presentado por el INDH en favor de los habitantes de la provincia de Petorca.
Además, esta situación se da en un contexto donde nos jugamos, mediante el proceso constituyente, la posibilidad de recuperar democráticamente el agua como derecho humano y bien común. Así, en el futuro no tendremos que recurrir a la Corte Suprema, al Poder Judicial, para exigir algo que es básico. Naciones Unidas establece que el agua es un derecho humano y es la base de los demás derechos reconocidos internacionalmente.
Por último, hoy día hubo una audiencia muy importante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitada por Modatima, un movimiento social que viene luchando desde hace años por el agua como derecho humano, desde la provincia de Petorca.
Quiero felicitar, especialmente, a Lorena Donaire, quien es parte de mi equipo territorial, habitante de Petorca y representante de Mujeres Modatima. Ella solicitó dicha audiencia, junto con la Alianza Territorial Mapuche, con el Cejil y con otras organizaciones sociales y ambientales, para denunciar, entre otras cosas, la vulneración del derecho humano al agua en Chile; en especial, en las comunidades campesinas e indígenas.
¿Quién defendió al Gobierno en esa audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? El señor Cristián Barra, el mismo que estaba a cargo de la Macrozona Sur en materias de seguridad y el mismo que interpelaba a las Fuerzas Armadas a involucrarse en el conflicto en el Wallmapu. Para mí, es una vergüenza que el señor Cristián Barra defienda al Gobierno de Chile en esa audiencia internacional tan relevante sobre el derecho humano al agua.
Saludo también -y con esto finalizo- a Rodrigo Mundaca, que es representante y vocero nacional de Modatima, el movimiento social que busca ahora llegar al Gobierno regional con este candidato a gobernador de Valparaíso, apoyado por el Frente Amplio. Le deseo el mayor de los éxitos y le envío un abrazo desde el Senado.
Muchas gracias, Presidenta.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador.
No hay más inscritos para intervenir.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
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--Se levantó a las 20:12.
Claudia Zumelzu Cornejo
Jefa de la Redacción suplente