REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 12ª, en lunes 5 de abril de 2021
Especial
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 15:31 a 19:05)
PRESIDENCIA DE SEÑORA YASNA PROVOSTE CAMPILLAY, PRESIDENTA,
Y SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Ebensperger Orrego, Luz
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Pizarro Soto, Jorge
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro Prieto, Juan
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Elizalde Soto, Álvaro
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Goic Boroevic, Carolina
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Lagos Weber, Ricardo
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Moreira Barros, Iván
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Prohens Espinosa, Rafael
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sabat Fernández, Marcela
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:31, en presencia de 19 señoras Senadoras y señores Senadores.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión, que solicito a la Sala suspender para que la Secretaría pueda revisar el oficio que corresponde enviar a la otra rama del Parlamento.
Se nos ha comunicado que la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto que establece un bono y un préstamo para la clase media y aumenta en 80 por ciento el Ingreso Familiar de Emergencia, sin reparos respecto del trabajo que hizo el Senado en el día de ayer, por lo que ya fue despachado para su promulgación como ley. En consecuencia, no habrá Comisión Mixta en lo que se refiere a esta iniciativa.
Sí la vamos a tener, creemos nosotros, y así lo hemos conversado con el Subsecretario General de la Presidencia, en cuanto al proyecto que posterga las próximas elecciones, razón por la cual queremos anticipar ese proceso y no esperar a que nos llegue el respectivo informe.
Si ustedes lo tienen a bien autorizar, desde ya podemos nombrar a los Senadores miembros de la Comisión de Constitución para integrar la eventual Comisión Mixta que habrá en esta materia.
¿Les parece?
Así se acuerda.
--Se designa a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que representen al Senado en la Comisión Mixta que deba formarse.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
De todas maneras, vamos a tener que esperar.
Estaremos, no en estado de vigilia, sino a la espera de los resultados de la mencionada Comisión Mixta.
Tenemos una tabla, así que les propongo retomar nuestra tarea a partir de las 16:30.
¿Les parece?
Entonces, se suspende la sesión hasta esa hora.
Muchas gracias.
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--Se suspendió a las 15:33
--Se reanudó a las 16:46.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Continúa la sesión.
Para claridad de todos, vamos a consignar la asistencia de los Senadores que se encuentran en la Sala en este momento y de aquellos que se encuentran telemáticamente. Quiero recordar que, de acuerdo con lo dispuesto por los Comités, si alguien está en la Sala en un momento determinado, no puede votar posteriormente en forma telemática.
Entonces, con el propósito de dar facilidades a todos y todas, vamos a consignar ahora, en el reinicio de esta sesión, la modalidad que asume cada cual.
Vemos que está telemáticamente el Senador Moreira, que nos acompañó durante toda la jornada acá, en la Sala, y que ahora está participando a distancia. Por eso, para todos los efectos, va a estar consignada de esa forma.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Las actas de las sesiones 6ª y 7a, ordinarias, en 30 y 31 de marzo, respectivamente, y 8ª, extraordinaria, en 1° de abril, se encuentran en Secretaría a disposición de Sus Señorías, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensaje
De S. E. el Presidente de la República:
Con el que hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el despacho del proyecto de ley sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental, y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías (Boletín N° 13.828-19).
--Se toma conocimiento de la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados:
Informa que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece un nuevo Bono Clase Media y un préstamo solidario para la protección de los ingresos de la clase media (Boletín N° 14.117-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento con sus antecedentes.
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Sería todo, Presidenta, muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A usted.
REGULACIÓN SOBRE USO DE AGUA DE MAR PARA DESALINIZACIÓN
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Retomando la sesión, corresponde pronunciarnos respecto del proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señoras Muñoz y Allende y señores Guillier y Pizarro, y del ex Senador señor Harboe, en primer trámite constitucional, sobre el uso del agua de mar para desalinización, con segundo informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 11.608-09) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
La Senadora Muñoz nos ha planteado que aún existe un espacio de trabajo pendiente con el Ministerio de Obras Públicas, y por eso quisiera ofrecerle la palabra, para saber por cuánto tiempo se podría extender aquello, porque podríamos dejar el proyecto con una alta prioridad, a fin de votarlo en cuanto terminen esas conversaciones.
El señor Vicepresidente es uno de los autores de la moción, al igual que la Senadora Allende, el Senador Guillier y el ex Senador Harboe, pero necesito recabar también el acuerdo del resto de los mocionantes.
Tiene la palabra la Senadora Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Gracias, Presidenta.
Creo que sería posible informar cuál va a ser el trabajo en particular de la Comisión, y quizás ir a una segunda nueva discusión, a fin de tener un plazo para retomar las conversaciones que habíamos iniciado con el Ministerio de Obras Públicas, particularmente con la Dirección General de Aguas, el Subsecretario y también el señor Ministro, respecto de algunos puntos que son un nudo complejo de resolver.
Entiendo que hay una solicitud del Ministerio para retomar la posibilidad de acercar algunas visiones. Yo expreso mi total disposición para aquello. Sin embargo, considero posible entregar el informe ahora y dejar remitido el proyecto a una segunda nueva discusión.
No sé si reglamentariamente corresponde, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Corresponde, Senadora Muñoz. Puede hacer la solicitud en ambos sentidos: un segundo informe y una segunda discusión.
En cuanto a este mismo punto, ha solicitado la palabra el Senador Pizarro.
El señor PIZARRO.-
A mí me gustaría entregar un punto de vista respecto del contenido. Considero importante que la Senadora Muñoz entregue el informe a la Sala, porque este es un proyecto que ya tiene un tiempo: se aprobó en general; volvió a la Comisión, y tiene un despacho en particular. En buenas cuentas, este ya es un segundo informe.
Por lo tanto, estimo conveniente que se entregue el informe, sin perjuicio de que, una vez planteado el tema, busquemos una fórmula que permita al Ejecutivo hacer alguna propuesta que vaya en relación con los objetivos del proyecto, porque, si no, vamos a seguir esperando.
La verdad es que, si no hubiéramos colocado este proyecto en discusión ahora, el Ejecutivo no habría manifestado nada, y sabemos que aborda un tema altamente sensible. Las definiciones que se adopten van a tener implicancias en otros debates respecto del uso y los derechos del agua, el recurso hídrico, ya sea de agua dulce o de agua salada.
Entonces, a mí me parece imprescindible al menos dejar encima de la mesa algunos puntos, con un tiempo para ver algo más concreto. Entiendo que el Subsecretario y el Ministro están pidiendo una semana, diez días.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Les propongo a los mocionantes y a quienes nos acompañan, ya sea telemáticamente o de manera presencial, en la Sala, iniciar la discusión del proyecto de ley, no obstante acoger la solicitud de un segundo informe complementario a la Comisión Especial de Recursos Hídricos, en un plazo no superior a los quince días, para, una vez concluido dicho trámite, colocar la iniciativa en la primera tabla que se elabore en el Senado a partir de entonces.
¿Les parece?
Se acuerda, entonces, un nuevo informe complementario, sin perjuicio de abrir una discusión en la Sala al respecto.
Para referirse al fondo del proyecto, le ofrezco la palabra a la Senadora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Gracias, Presidenta.
Voy a entregar el informe de lo que fue el resultado del trabajo realizado por la Comisión, que en la discusión particular modificó sustantivamente la preceptiva original.
La Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía aprobó en particular el proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización, efectuando una serie de modificaciones al texto aprobado en general.
Dicho organismo realizó 21 sesiones, en las que escuchó, en forma previa a la discusión y votación de las indicaciones formuladas, a especialistas, académicos y entidades dedicados al manejo de plantas desalinizadoras, cuyas opiniones fueron un aporte importante para las decisiones adoptadas.
El artículo 1° se reemplazó en el sentido que se consigna a continuación.
En su inciso primero se ratifica que todas las aguas son bienes nacionales de uso público y pertenecen a la nación toda, incluyendo aquellas que se encuentran en el mar adyacente al territorio nacional.
En el inciso segundo se preceptúa que cualquier persona podrá solicitar una concesión marítima en conformidad a la ley de concesión respectiva, con el propósito de extraer agua de mar para desalinizarla e impulsarla hacia centros de distribución o consumo.
En el inciso tercero se señala que la concesión que se autorice para instalar una planta desalinizadora incluye el permiso para extraer agua de mar, desalinizarla, distribuirla y aprovecharla por el plazo y las cantidades que para este efecto se determinen.
El inciso cuarto aclara que el agua de mar, una vez desalinizada, no pierde su carácter de bien nacional de uso público. Pero precisa que los titulares de la concesión podrán aprovecharla en la cantidad y con la finalidad autorizadas, y también podrán aprovechar las aguas de descartes, siempre que no implique intrusión salina en acuíferos o corrientes de agua natural.
Finalmente, señora Presidenta, el inciso quinto prescribe que el titular de una concesión de desalinización para fines productivos siempre podrá aprovechar o compartir estas aguas, para fines de agua potable y saneamiento, sin necesidad de que el decreto de autorización lo disponga.
En otro orden de materias, se sustituye el artículo 2°, que consagra la existencia de una estrategia nacional de desalinización, especificando sus objetivos y abriendo un proceso participativo para su definición, que involucrará a las comunidades y entidades que tengan un interés afectado.
Por último, la Comisión incorporó dos nuevos artículos que se refieren a la sujeción de los proyectos sobre plantas desalinizadoras al Sistema de Evaluación Ambiental, establecido en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y su reglamento.
Señora Presidenta, este proyecto de ley busca evitar que se repita con el agua desalada el modelo consagrado en el Código de Aguas, ante la posible mayor demanda por desalinización, protegiendo el acceso humano al agua y su consumo, derecho del que tanto el Estado como la sociedad no pueden abdicar.
Asimismo, se procura que en la instalación de plantas se sigan lineamientos u orientaciones generales, establecidos previamente como política de Estado, evitando una afectación grave al entorno por la multiplicidad de estas.
Cabe expresar que un motivo de discusión radicó en la naturaleza del agua desalada. Para algunos, esta debe ser entendida como un bien privado, generado por el ingenio humano y producto de las inversiones que se requieren para las plantas desalinizadoras. Sostienen que poner en duda dicho dominio desincentiva su instalación. Para otros -la opinión mayoritaria de la Comisión-, el costo y características del proceso tendientes a la desalinización no altera el carácter del agua como bien público. De esta manera, la concesión marítima que permite instalar una planta desalinizadora, extraer el agua de mar, desalinizarla, distribuirla y aprovecharla por el plazo y cantidades que se determinen constituirían suficientes garantías para sus titulares.
Es cuanto puedo informar a esta Honorable Sala, señora Presidenta.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Senadora Adriana Muñoz.
Le ofrezco la palabra al Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Gracias, Presidenta.
Me parece que, a modo de resumen, es bueno para el debate establecer con claridad lo que ha dicho mi colega Adriana Muñoz respecto de los objetivos de esta moción. Esta moción nace porque lo que se busca es establecer que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyan bienes nacionales de uso público.
El proyecto también busca, como se ha dicho acá, crear una estrategia nacional de desalinización; establecer orientación y prioridad en el uso del agua del mar y las instalaciones de plantas desalinizadoras; modificar el procedimiento de salud y caducidad de las concesiones marítimas, y establecer la prevalencia de la utilización de las aguas para el consumo humano, el uso doméstico, el saneamiento y la mantención de un caudal ecológico de los acuíferos; disponer que los proyectos sobre instalación de plantas desaladoras deberán someterse siempre al Sistema de Evaluación Ambiental.
Tal como se ha dicho, en este momento, sobre todo en la zona norte, Presidenta, en nuestras regiones, la Tercera, la Cuarta, pero también en la Quinta, desde hace años que se viene planteando que frente a la escasez hídrica la solución tiene que venir por dos vías: una, por las desaladoras, que aprovechen el agua de mar, repitiendo experiencias y copiando tecnologías que existen en otros países desarrollados y que han logrado generar estrategias en materia del uso del recurso hídrico; o, derechamente, reflotar un viejo proyecto y un sueño que tenemos en nuestra zona de contar con una suerte de carretera hídrica. Es decir, que se pueda trasladar agua, a través de una "carretera", hacia el norte desde aquellas fuentes garantizadas en el sur del país.
Eso, que hace años atrás constituía un sueño, porque el costo de implementar proyectos de esa naturaleza era extraordinariamente alto, hoy día resulta más factible hacerlo realidad. De hecho, hay muchas plantas desaladoras que se encuentran instaladas en el borde costero del país y que están siendo aprovechadas para el suministro de agua potable; hay ciudades enteras que casi se proveen con este elemento. Y existen soluciones más pequeñas, más parciales, que permiten extraer algo de agua de mar y transformarla por osmosis directa en agua para el consumo humano.
Nosotros tenemos experiencias en varias caletas de nuestra región donde hay instaladas pequeñas plantas que extraen el agua del mar, la transforman en agua dulce y, a través de ella, se garantiza el consumo de sus habitantes. Se trata de programas que se han llevado adelante en conjunto con el sector público y también privado.
Entonces, definir una estrategia nacional de desalación es fundamental. Y, como ha dicho la Senadora Muñoz, definir prioridades para el uso del agua del mar; procurar la eficiencia de su tratamiento y aprovechamiento; procurar el uso armónico y sustentable del borde costero; evitar daños ambientales; recuperar acuíferos sobreexplotados; coordinar los esfuerzos públicos y privados que apunten hacia dichos objetivos, y elaborar planes vinculantes y participativos resulta fundamental.
Eso está establecido en el artículo 2°, así como elaborar y actualizar un inventario de las plantas que hoy día existen, la ubicación y la tecnología que usan; establecer una mesa técnica para discutir las tecnologías disponibles, el rendimiento energético y sus implicancias; generar incentivos para la innovación y el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que se busca también? Modificar el sistema de concesiones marítimas.
Y aquí, Presidenta, con toda claridad, los dos temas se encuentran ligados. Hay que modificar el sistema de concesiones ahora, porque no está claro quién va a ser el propietario de esas aguas que se producen una vez que se instalan las plantas y las transforman, a través de la tecnología, en aguas para el consumo humano, para el desarrollo de la agricultura, para proyectos turísticos, para la minería, para cualquier actividad productiva, doméstica o que les dé sustentabilidad a los acuíferos, tal como se ha planteado.
Entonces, resulta muy importante que podamos de una vez por todas entrar a un sistema de concesiones distinto a la actual ley de concesiones.
Le quiero decir, si me permite un par minutos, Presidenta, que en nuestra región, habiendo tomado decisiones en el Gobierno regional, en acuerdo con las autoridades nacionales de los Ministerios de Obras Públicas, de Agricultura, por las que hace años atrás dijimos que en la región no había más alternativas que instalar plantas desaladoras, por lo menos, una por cada una de las provincias, hasta el momento esos proyectos no se han podido desarrollar en un acuerdo público-privado. Proyectos importantes de inversionistas extranjeros que han querido instalar plantas desaladoras para un uso más masivo, al tener que pasar por el actual sistema de concesiones, tampoco han sido priorizados. Hay proyectos de empresas canadienses que han estado interesadas en esta materia y, sin embargo, quedan ahí, porque se entra en una suerte de tierra de nadie, donde la decisión queda a cargo de un funcionario, y no existe una estrategia de nivel nacional que permita que este tipo de proyectos se realicen de manera armónica.
Presidenta, hay un tema que se planteó en la Comisión, dentro de las sugerencias, porque se considera proponer una indicación que permita establecer una cierta tarifa de extracción. O sea, el proceso de sacar agua cada día es más necesario, pero también hay que establecer algunas reglas del juego que permitan tener un valor que reditúe lo que puede ser una inversión para los efectos de que el agua, siendo un bien nacional de uso público, si alguien la quiere usar, evidentemente tiene que justificar ese uso, impulsar proyectos que sean sustentables medioambientalmente, y también deben existir reglas del juego claras. Para eso nos parecía importante despejar lo que podía ser, lo que llaman una "tarifa" por la actividad.
Presidenta, me parece que este proyecto cada día que pasa es más indispensable, más urgente. Espero que la petición del Ejecutivo, de aquí a diez días, como ha dicho usted, de tener una propuesta concreta que despeje estas dudas, se concrete con la mayor brevedad posible.
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Jorge Pizarro.
Han solicitado, además, la palabra el Senador Claudio Alvarado, el Senador José Miguel Insulza y la Senadora Isabel Allende, y en la Sala, el Senador Francisco Chahuán y el Senador Alejandro Navarro.
Le ofrezco la palabra al Senador Claudio Alvarado.
Senador Pizarro, ¿puede conducir, por favor?
El señor ALVARADO.-
Gracias, Presidenta.
En realidad, yo había pedido la palabra antes de que se iniciara la discusión, porque en nombre de la bancada de la UDI queríamos solicitar formalmente una segunda discusión -tengo entendido que así se ha acordado-, de manera que el proyecto pueda regresar a la Comisión de Recursos Hídricos y se pueda escuchar al Ejecutivo para buscar ciertos principios de acuerdo que nos permitan sacar adelante esta iniciativa, que valoramos, pero, dada la magnitud y la importancia que tienen para nuestro país la escasez de recursos hídricos y la necesidad de encontrar soluciones como las que se están planteando, se requieren, tal como se ha dicho, reglas del juego total y absolutamente claras, muy bien definidas.
Si estamos hablando de una estrategia de carácter nacional, indudablemente debemos hacerlo en conjunto con el Ejecutivo; tiene que ser una estrategia de largo plazo, donde queden establecidas las bases, los propósitos y los objetivos de cómo avanzar en esta materia.
Aquí se ha hablado también de modificar el sistema de concesiones marítimas, de pasar por todo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Nos parece bien, pero tenemos que buscar la manera y la fórmula de consensuar esa estrategia.
Debo recordar que este proyecto inicia su tramitación el año 2018 y, luego del debate que se genera en las Comisiones, pasa a Sala, si la memoria no me traiciona, en agosto del 2019. Y después de eso, no hemos tenido ningún otro movimiento. Hoy día se coloca en tabla, ha pasado mucho tiempo, las condiciones han ido cambiando muy rápido en esta materia y es necesario, tal como se planteó por la Mesa a solicitud de la Senadora Muñoz -por su intermedio, señor Presidente-, buscar la opción de conversar y de concordar puntos de vista con el Ejecutivo.
Así que nosotros nos hacemos parte de esa solicitud de una segunda discusión de este proyecto, para así, entre todos, desde la Comisión, sacar una propuesta definitiva, de carácter integral, que pueda ser resuelta posteriormente por la Sala.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Alvarado.
Efectivamente, vamos a hacer lo que usted plantea. Al inicio del debate, de las intervenciones, la Presidenta de la Comisión, la Senadora Muñoz, había planteado la posibilidad de hacer un informe complementario, para lo cual se fijó ya hasta un plazo: si no me equivoco, la Presidenta dio quince días para disponer de ese nuevo informe.
Vamos a dejar, entonces, con la palabra ahora al Senador José Miguel Insulza.
Don José Miguel, tiene la palabra.
El señor INSULZA.-
Muchas gracias, Presidente.
En realidad, yo había pedido la palabra al comienzo para decir lo importante que consideraba este debate. Ya se ha hecho la presentación por parte de la Senadora. Yo solamente quiero decir lo siguiente.
Este es un tema que tiene con nosotros casi doscientos años. La primera planta desaladora se instaló, según la historia, el año 1840, en las salitreras. Las tecnologías ya eran conocidas entonces y el mismo Gonzalo Bulnes nos cuenta cómo se usaron las desaladoras durante la Guerra del Pacífico. Este recurso natural ha estado siempre ahí para nosotros y, francamente, creo que en una situación de crisis como la que vivimos hoy es claro que vamos a tener problemas de agua.
Este es uno de los recursos que tenemos. Hay otros, por cierto: existe la posibilidad de reciclar agua -siempre está el problema de reciclar las aguas, que nunca hemos abordado bien- y tenemos también la posibilidad de recurrir a las reservas de agua; hay mucha agua que pasa por los caudales de Chile en invierno y que se va para siempre al mar antes del verano.
Esas cosas las tenemos, pero el agua del mar esta ahí y las técnicas de desalación están ahí. Estoy de acuerdo en que es necesario hacer lo que se está haciendo, por lo que nos ha contado la Senadora Muñoz, que es tratar de establecer regulaciones, de regular el uso del agua del mar para las concesiones a privados, pero si no hay un impulso estatal esto no va a caminar, esto no va a andar, Presidente.
Nosotros tenemos en Arica, hace bastante tiempo, suscrito un acuerdo con Aguas del Altiplano, por el cual ellos se comprometen a construir una planta desaladora, y eso no se ha hecho y nadie los obliga a que se haga. Y cuando a ellos se les plantea la posibilidad de hacerlo, responden que el problema es que están preocupados del efecto del alza de unas tarifas, lo que les iba a traer algunas dificultades. La verdad es que eso no está en el acuerdo: en el acuerdo está que ellos tenían que construir una planta desaladora y proveer de agua a Arica con esa planta, que no siempre es agua suficiente para la bebida, para agua potable, pero sí podría servir para regar nuestros valles y así usar el agua potable que tenemos, escasa, en el abastecimiento del consumo humano.
Entonces, Presidente, yo creo que acá estamos ante la clásica situación de que, sin un empuje público, sin un empuje estatal, sin una política pública en esta materia, dejando esto solo para un capítulo de las concesiones que se entregan al sector privado a través del actual sistema sanitario del país, a ver si quieren o no quieren construir las desaladoras, no vamos a desalar nada. Piense usted que en nuestra región hay una desaladora que está funcionando, o por lo menos un proyecto pequeño, la empresa Luna Grande, de un sector agrícola. Claro, se pueden hacer cosas pequeñas, pero el abastecer de agua...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Está con problemas de audio, Senador: se desconectó el micrófono.
El señor INSULZA.-
Aquí aparecía enmudecido...
Digo que el abastecimiento masivo de agua, por vía de la desalación, solo puede provenir de un esfuerzo estatal y no simplemente de un conjunto de normas para las empresas públicas. Porque, de lo contrario, también vamos a tener que estar negociando acá de quién es el agua de las desaladoras, pues. Si el agua es un bien nacional de uso público, entonces el que tiene que ponerla al servicio de los ciudadanos es el Gobierno, el Estado; es un tema público. Y yo, por lo menos, en el caso de mi región, estoy pidiendo hace tiempo ya que algún proyecto se concrete, de los varios que tenemos: se dice que vamos a sacar agua del Lauca, que vamos a instalar una planta de reciclaje, que vamos a ahorrar agua, que vamos a sacar el agua del mar, y no pasa nada.
Falta una política pública. En esto este Gobierno es tan carente como otros.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Insulza.
Vamos a dejar con la palabra en la Sala al Senador Francisco Chahuán.
Senador Chahuán, tiene la palabra.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, a mí me tocó el tratamiento legislativo de este proyecto cuando fui miembro de la Comisión de Recursos Hídricos, y quiero dar cuenta de cómo él ha mejorado sustantivamente, puesto que no solamente debe limitarse su discusión a la consideración como bien nacional de uso público del agua proveniente de las plantas desaladoras o desalinizadoras, como se quiera llamarlas, sino que, más bien, dice relación con cómo establecer una política nacional de desalación del agua. Y esto es, básicamente, porque hoy, más que nunca, tenemos que priorizar la fórmula que nos permita el abastecimiento de agua con el uso preferente -como yo lo he sostenido reiteradamente, siendo el único Senador que ha votado en ese sentido en mi coalición-, primero, para el consumo humano; segundo, para las obras de subsistencia, y tercero, para las obras de saneamiento, como debiera ser. Y eso también lo considera este proyecto sin necesidad de un decreto adicional para aquella destinación preferente.
Además, esta iniciativa contempla la necesidad de establecer un foco en una política pública que así lo determine.
El agua es un bien nacional de uso público, como lo estipulan hoy día el Código Civil y el Código de Aguas. Nosotros en su momento presentamos un proyecto de ley para elevar eso a rango constitucional, el cual lamentablemente no reunió el quorum necesario en la Sala.
Yo estoy convencido de que, en la medida que podamos establecer una política nacional de desalación o de plantas desaladoras, vamos a permitir que el agua llegue a áreas que hoy día están declaradas como zonas de catástrofes.
La Región de Valparaíso, que yo represento en el Parlamento y donde yo vivo, es la más afectada por el cambio climático a nivel país. Hoy día la mayoría de nuestras comunas está con decreto de catástrofe hídrica. Esto implica que la desertificación y la sequía han ido avanzando de manera sostenida. Por eso, creemos, sin lugar a dudas, que es vital contar con plantas desaladoras para dar seguridad hídrica a las provincias de Petorca, de Valparaíso o de San Antonio. De hecho, se ha planteado la posibilidad cierta de que a la provincia de Petorca llegue agua vía plantas desaladoras, y también que la gran minería, que es uno de los grandes consumidores de agua, pueda contar con dichas plantas.
En ese contexto, la idea es que este tema sea revisado por la Comisión de Recursos Hídricos para un informe complementario.
Con todo, este es un proyecto en el cual se ha trabajado, se ha metido cabeza. Y esperamos que el Ejecutivo envíe indicaciones que nos permitan asegurar que esto se transformará de verdad en una política nacional de plantas desaladoras, que es tan necesaria.
¿Cuál era el objetivo de los mocionantes? Conozco el proyecto en profundidad, debido a que yo era miembro de la Comisión de Recursos Hídricos: determinar el otorgamiento de concesiones de plantas desaladoras para ordenar, ¡para ordenar!, justamente la instalación de esas plantas. La Senadora Adriana Muñoz, que es una de las autoras, así lo planteó en la Comisión. La idea es ordenar las concesiones de plantas desaladoras que se otorguen en la costa y, en definitiva, establecer un ordenamiento jurídico que permita aquello.
Yo creo que esta es una gran oportunidad para fijar una política pública que ha esperado, como bien dijo el Senador Insulza, durante mucho tiempo y que requiere el foco del Estado. Acá falta previsión, falta la capacidad de adelantarse para tomar decisiones, como también la voluntad y el coraje de romper huevos. Eso implica la necesidad cierta e ineludible de generar políticas de incentivo para la instalación de plantas desaladoras en nuestro país, particularmente por parte de los que son altos consumidores de agua, como la industria o actividad minera.
Vuelvo a insistir en que, sin lugar a dudas, es acertado establecer los usos preferentes de consumo humano, saneamiento y obras de subsistencia.
Por lo tanto, pensamos que este proyecto debe avanzar y esperamos un mayor involucramiento de parte del Ejecutivo.
Me gustaría que en materias tan importantes como esta pudiéramos tener a los Ministros del ramo involucrados y presentes en la Sala, y ojalá también presentando las indicaciones necesarias en la Comisión de Recursos Hídricos.
Miro este proyecto con especial atención, pues me tocó participar en su debate inicial. Y felicito a los mocionantes.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Chahuán.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Presidente, presentamos esta moción, en la que nos acompañaron otros Senadores y Senadoras, porque necesitamos implementar una política nacional en esta materia a fin de avanzar en el proceso de desalinización. Para ello, se debe diseñar una estrategia nacional, como informó la Senadora Adriana Muñoz, Presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, y, por cierto, regular las concesiones.
En ese sentido, quizá es preciso aclarar, dada la intervención del Senador Insulza, que lo que regulamos en las concesiones es el carácter del agua desalada, independientemente de quién la desalinice. Aquí establecemos una estrategia nacional, pero eso no significa necesariamente que las plantas sean estatales. Es muy distinto el cómo se regula esto. En definitiva, se trata de que el agua no pierda su carácter de bien nacional de uso público.
Dos años estuvo este proyecto en la Comisión de Recursos Hídricos. Yo comparto lo que señaló la Senadora Muñoz en su informe y también lo que dijo el Senador Pizarro, otro de los mocionantes. Está bien, demos un plazo definido para un informe complementario. Pero no puedo dejar de decir aquí que, después de que el proyecto se aprobó en general en la Sala y regresó a la Comisión, no tuvimos más noticias del Ejecutivo, salvo un intento de cierta conversación privada, la que no prosperó porque creemos que un tema tan relevante debe ser tratado públicamente. Nunca contamos con la proactividad del Ejecutivo para plantear propuestas o hacernos llegar indicaciones. Yo me alegro de que ahora se retome esta materia con un plazo definido. Espero que no se repita lo que pasó tiempo atrás, cuando estuvimos esperando un año y tanto y nunca ocurrió absolutamente nada.
Yo creo que es necesario hacer presente eso.
En definitiva, es importante que analicemos esta iniciativa en la Sala. Nosotros trabajamos casi dos años completos en la Comisión de Recursos Hídricos, como he señalado, en su tramitación en general y en particular. ¿Por qué? Porque hay que definir el marco jurídico para esta actividad tan necesaria e importante.
La necesidad de contar con nuevas fuentes de agua en el país es un diagnóstico que ya es totalmente compartido y transversal. Por eso este proyecto de ley define el futuro del agua en la industria de la desalinización y en lo referente a las garantías para la población en su abastecimiento.
En la Comisión de Recursos Hídricos recibimos, entre muchos invitados, a la Fundación Chile, que nos reiteró las conclusiones claves de su reconocido estudio "Escenarios Hídricos al 2030". Se considera que es fundamental trabajar tres ejes: la gestión del agua, nuevas fuentes de agua y eficiencia hídrica.
En el ítem de las nuevas fuentes de agua, por cierto, la desalinización es esencial, dado el escenario de megasequía que afecta a nuestro país ya prácticamente una década.
Es más, el agua, de por sí, es un bien escaso y a futuro lo va a seguir siendo aún más. Esto implica, incluso, que va a aumentar la cantidad de conflictos bélicos y sociales por el agua y otros recursos naturales. Por eso es muy importante que tengamos un marco jurídico claro.
El recurso hídrico, por lo tanto, es un tema estratégico de país. Lo mismo puede ocurrir con las minas, con los hidrocarburos.
La Constitución actual reserva el dominio de estos recursos al Estado y, por cierto, permite concesiones o contratos especiales de operación. En el caso del agua, del agua continental, no es así. Es preciso decir, por lo menos desde la mirada que tenemos muchos de nosotros, que en la práctica el agua fue privatizada por quienes redactaron la Constitución, en plena dictadura, al conceder la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, que además son heredables, vendibles, en fin.
Está claro que en este proyecto nos hemos propuesto declarar el agua salada un bien nacional de uso público. Esto es fundamental. Dice el texto: "La pérdida de salinidad producida por el ingenio humano, no provoca la desnaturalización del agua de mar y su carácter de bien nacional de uso público, pero los titulares de la concesión marítima podrán aprovechar las aguas resultantes en la cantidad y con la finalidad que fueron autorizadas, sin requerir de otra concesión. Podrán también aprovechar las aguas de descarte, en la medida que su aprovechamiento no implique intrusión salina en acuíferos o corrientes de agua natural.".
Por lo tanto, es tremendamente importante que preservemos el espíritu que nos animó en la moción. Es fundamental para el país y para la estrategia de aprovechamiento de un recurso hídrico tan necesario aumentar las fuentes de agua. Por eso creemos que en absoluto se va a desincentivar la inversión ni otras cosas que nos dijeron, que realmente son bastante exageradas.
En algunos estados de Estados Unidos existe lo que se llama un "public trust" para el agua desalinizada, o sea, una doctrina que consagra deberes de conservación para los poderes públicos, característica que se opone a la entrega de la propiedad privada.
En el estatuto jurídico que proponemos, la propiedad pública del agua desalada tiene que seguir siendo pública, sin perjuicio de los esfuerzos que haga el desalinizador, que será debidamente compensado.
Es fundamental, en un territorio como el nuestro, donde la escasez del recurso hídrico ha sido enorme, donde casi todas las comunas están con un decreto de escasez, donde falta agua para el consumo humano, debiendo la gente tener que abastecerse con camiones aljibes...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, Senadora.
Tiene un minuto más.
La señora ALLENDE.-
Gracias, Presidente.
Valoramos incluso el último fallo de la Corte Suprema, que obliga a que los habitantes en Petorca, La Ligua, Cabildo, reciban al menos 100 litros diarios de agua, por lo que ello significa para una población que hoy día no podía acceder al recurso.
Todo esto guarda sentido con el establecimiento de un marco jurídico para garantizar no solo más fuentes de agua, sino también el consumo humano, particularmente en una región como la nuestra, donde, como ya dijimos, hemos vivido de decreto en decreto de escasez hídrica y la situación es realmente crítica. Por eso valoramos ese fallo.
Esperamos que este sea un gran instrumento, dentro de los muchos que vamos a impulsar, para garantizar el agua como un recurso fundamental para la vida humana. Es deber del Estado, por supuesto, garantizarla como tal.
He dicho, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora Allende.
Vamos a dejar con la palabra, en la Sala, al Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidente.
El 30 de septiembre del 2015 ingresé un proyecto de ley, que pasó a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, que buscaba establecer que el uso de agua de mar en funciones de extracción minera y de las termoeléctricas tuviera asociado un costo. Aunque parezca increíble, el agua de mar es gratis, ¡gratis!, total y absolutamente sin costo alguno para la producción de electricidad y también para las mineras.
Algunos creen que las mineras no están desalando. La sorpresa es que lo hacen desde hace mucho rato.
Por los costos que esto implica, la proyección de inversión para el 2021, según Cochilco, sería de 5.477 millones de dólares solo en obras para impulsar, desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros, el metraje cúbico que requiere la minería.
Hay un estudio muy importante realizado por Proust Consultores para la División de Estudios y Planificación de la DGA. Quisiera que la Biblioteca del Congreso lo solicitara para sumarlo a los antecedentes de la Comisión.
La extracción de agua de mar tiene su origen en la actividad minera que se efectúa en Antofagasta. No es posible la minería en el norte de Chile si no es con agua de mar. De hecho, Presidente, se utilizaron 4.793 litros por segundo de agua desalada y 1.815 litros por segundo de agua de mar en la minería de Antofagasta el 2013. Y la proyección de uso al 2021, por cierto, sigue creciendo.
Parece ser de que desalinar o desalar el agua es necesario para consumo humano, que es el objetivo de este proyecto de ley. Pero las mineras ya lo están haciendo para sus procesos industriales, y, en mi opinión, de manera gratuita.
Quiero advertir, entonces, que en el norte el problema derivado del descenso de los glaciares de las altas cordilleras y de las nieves, por el uso y la extracción de agua que las mineras hacen de ellos, tiene vida finita.
Van a tener que construir ahora, como lo dicen los informes de Cochilco, mecanismos de extracción y desalinización.
Por eso, Presidente, creo que se debe establecer un cobro. Si alguien quiere utilizar derechos de agua salubre, agua de las napas subterráneas o superficiales, paga un derecho, ¡paga un derecho! Existen los derechos de aguas. Las mineras están extrayendo del océano Pacífico su principal fuente de abastecimiento de agua. De ahí sacan todo lo que requieren para su producción, sin que haya un retorno en materia de impacto ambiental. En particular, se piensa que el océano Pacífico es infinito en agua. No. La tierra es finita; el océano es finito; todos los recursos naturales son finitos.
Entonces, es muy importante que el agua de mar, que no pierde el carácter de bien nacional de uso público cuando se le extrae la sal, tenga a estas alturas un mecanismo de cobro por la concesión por litro que pueda quedar en Antofagasta. Que las mineras lo paguen: 40 por ciento a la región, 40 por ciento al Fisco y 20 por ciento a la comuna, lugar de donde se extrae el agua.
Pareciera ser que desalinar o desalar es un objetivo necesario solo para el consumo humano. ¡No! Las mineras lo están haciendo, y lo siguen haciendo, a grandes inversiones, porque lo requieren para sus procesos productivos.
Entonces, quiero pedirles a los miembros de la Comisión de Recursos Hídricos que incorporen el proyecto señalado y que lo trabajen. Si la pregunta es ¿cómo se suple el alto costo de desalar? Bueno, hay que cobrar por el agua de mar para uso industrial. No puede ser que este sea el único bien nacional de uso público que se utilice sin costo.
He dicho, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Navarro.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Gracias, Presidente.
La verdad es que este proyecto apunta a resolver de mejor manera cómo utilizar el agua de mar, ya sea para el consumo doméstico o para contribuir a definir los límites de su uso en labores industriales, sean estas mineras o agrícolas; especialmente, como se ha dicho, en el norte del país, donde cada día es más escaso este recurso.
Existen, por cierto, algunas dudas, y algo de ello se ha planteado. Quizá una de las más evidentes se refiere al costo que alcanzaría producir cada metro cúbico de agua desalinizada y el valor final a los usuarios y consumidores.
Pero hay una cuestión de fondo que no podemos soslayar. En un país que todavía no termina de resolver la propiedad del agua, es imprescindible, creo yo, que este proyecto deje establecido que el agua resultante del proceso de desalinización es un bien nacional de uso público, y no un producto de propiedad de aquel que se encarga de desalinizar.
Es cierto que los proyectos de este tipo requieren inversión privada, un plan de concesiones bien delimitado y, probablemente, subsidios estatales.
Por lo mismo, y tal como se ha señalado en discusiones previas, existe una evidente necesidad de que el Estado pueda tutelar la función pública, social y ambiental del recurso hídrico por sobre la función privada. Ello, en el entendido de que aspiramos a resolver la necesidad creciente de contar con agua, sobre todo en aquellos territorios más afectados por el déficit hídrico, y de paliar los problemas generados por el cambio climático, incluso en las zonas australes, como las de mi región.
Sería impresentable que el espíritu de esta iniciativa quedara supeditado a los intereses privados y que la desalinización terminase convertida en otro gran negocio para beneficio directo de unos pocos.
En ese contexto, también es necesario contar con un exhaustivo proceso de evaluación de impacto ambiental en los proyectos, tanto por el efecto que puedan generar en los ecosistemas marinos, desde donde se extraerá el agua salada, como por las potenciales consecuencias de incorporar estas aguas tratadas a fuentes de agua dulce.
Algo similar, Presidente, puede decirse respecto del uso de agua de mar para actividades mineras y su acumulación en las tortas de relave, con el consiguiente decantamiento de sustancias salobres en el subsuelo.
El proyecto que estamos viendo contempla la creación de una estrategia nacional para la desalinización, pero no identifica a la institución responsable de llevar adelante esta tarea. Podría ser el Ministerio de Obras Públicas, el de Medio Ambiente u otro organismo, pero es necesario aclarar este aspecto.
Estoy seguro de que Chile necesita soluciones de este tipo para resolver el déficit hídrico que lo aqueja. Pero, por lo mismo, creo que debemos ser especialmente cuidadosos a la hora de elaborar una legislación que se haga cargo de las implicancias jurídicas, políticas, económicas, ambientales, ideológicas para su correcta implementación.
No podemos limitarnos a definir un modelo de concesión para instalar plantas desalinizadoras y sus sistemas de distribución. La idea es resolver un problema, no solo generar otra oportunidad de negocios a costa de nuestros recursos naturales. Porque, ante el déficit hídrico que presentan muchas regiones de nuestro país por la falta de precipitaciones y por el acelerado consumo de los acuíferos y pozos para actividades agrícolas, mineras y urbanas, no tengo dudas de que la desalinización aparece como una alternativa para suplir la carencia de agua potable, si no totalmente, por lo menos en una parte importante.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Quinteros.
Senador Prohens, tiene la palabra.
El señor PROHENS.-
Señor Presidente, nadie está en contra de regular un plan nacional de plantas desaladoras, pero yo quiero hacer enfoque en dos áreas.
La primera de ellas es la del recurso para consumo humano, porque hoy día el costo de generar metros cúbicos de agua desalada no es capaz de resistirlo la población y menos la gente más vulnerable. Estamos hablando de entre 3 y 7 dólares el metro cúbico, al menos es lo que cuesta en la Región de Atacama. Por lo tanto, si pensamos en esa solución para el consumo humano, debemos partir de la base de que estas plantas tienen que ser construidas por el Estado para favorecer a la población. De lo contrario, tendríamos que subsidiar el metro cúbico a tal nivel que significaría un costo muy grande para el Estado, y es preferible hacer la inversión que cargar la tarifa el día de mañana.
Digo lo anterior, Presidente, porque conozco el caso y me tocó llevar adelante los estudios de la planta desaladora que se está construyendo hoy día en Atacama con fondos fiscales a través de Econssa, y que va a entrar en funcionamiento el año 2021. Se trata de una planta que tiene como horizonte 1000 metros cúbicos, partiendo con 400 litros y haciendo mezcla con agua dulce, sacada de la cuenca. Y esos costos son tan altos que pocos meses atrás el Ministro Moreno tuvo que decir que en el funcionamiento de esta planta el año 2021 no habrá alza de tarifa, porque ya la región estaba poniéndose nerviosa por lo que significaba esto.
Y por eso hago hincapié en que las plantas deben ser construidas con fondos del Estado, porque cuando la inversión la hace el Estado a través de esta entidad, los costos de la construcción no van a tarifas, sino solo los asociados a la operación de la planta. De esa manera se bajan los costos considerablemente.
Eso es con respecto al agua para el consumo humano.
Y para contestarle al Senador Insulza -por su intermedio, Presidente-, esto partió el año 2012 en el primer Gobierno del Presidente Piñera y lo siguió la Presidenta Bachelet destinando los recursos. Y en este Gobierno se volvieron a colocar recursos para agrandar la ducción y, de esa manera, poder tener la planta el 2021. O sea, es posible hacer esto hoy día sin regulación alguna si el Estado quisiera plantas desaladoras para el consumo humano.
Con respecto a lo productivo, viniendo del mundo de la agricultura -y eso lo pueden cotejar varios Senadores que están aquí y que vienen de regiones de la zona centrosur-, se podrán dar cuenta de que la tarifa o el costo del agua no permite ciertas cosas. Sí permite la minería, sí permite la industria y algunas otras actividades. Por lo tanto, para poder resolver de manera definitiva la problemática de la que estamos hablando, de cubrir con agua aquellos lugares que se están secando o tienen mermas de agua -como la Quinta Región, por ejemplo-, hay que tener un estudio bien hecho acerca de la parte de operación, a fin de que todas las actividades se puedan desarrollar y que el costo no sea un impedimento para la agricultura, la industria u otras.
Eso, Presidente, es lo que tenía que decir, porque conozco el caso, lo estamos haciendo en nuestra región. Y en cuanto a lo que han señalado algunos Senadores, por lo menos en Atacama no existe ninguna planta desaladora que no tenga una RCA; todas pasan por estudios de impacto ambiental. Por lo tanto, cuando sostienen que no tienen nada, no es así, están equivocados, y podrían buscar en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental la relación de todas las empresas que han hecho están inversiones y que hoy día están funcionando.
La minería soporta estos costos, pero también tiene que soportar la inversión. Si yo voy a cobrar por un agua que es bien de uso público, al menos debería hacer la inversión y cobrar por metro cúbico. Pero hoy día la inversión la está haciendo el sector privado, de acuerdo con las leyes que hoy día rigen. Yo no me opongo a que se pueda estudiar una tarifa, pero hay que considerar que cada una de estas inversiones, por chica que sea, es de 250 a 300 millones de dólares por cada...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿Terminó, Senador?
El señor PROHENS.-
Sí, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Prohens.
Vamos a dejar entonces con la palabra acá, en la Sala, al Senador Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, es importante que se pongan estos temas como discusión y debate, porque Chile no tiene una estrategia para enfrentar la crisis hídrica y de escasez que va a vivir el planeta y particularmente nuestro país.
Todos los modelos y todos los estudios señalan que el escenario que va a enfrentar Chile y el planeta es ya sobre 2 grados de aumento de temperatura, lo que es una situación catastrófica. El Acuerdo de París apuntaba a que la temperatura no aumentara en un grado y medio. Nos encontramos en un escenario en que vamos a alcanzar las 800 partes por millón de CO2 en los próximos veinte años. Y la tendencia de los países desarrollados, lamentablemente, es a aumentar su emisión y no a disminuirla. Es lo que está ocurriendo en particular con China, Estados Unidos e India, que emiten cerca del 40 por ciento de todos los gases de efecto invernadero. Ellos siguen incrementando sus emisiones. Y continúa aumentando el consumo de petróleo y de gas natural a nivel mundial. Esto es como si un diabético ingiriera todos los días una bolsa de azúcar, es un desastre, y vamos caminando hacia un precipicio.
Esto ya es inevitable. Chile ya no va a poder salir de esa situación. Y creo que tenemos que empezar a prepararnos para eso. Y prepararnos significa entender lo que sucede. Por ejemplo, en la zona central el 2019 tuvimos 92 milímetros de precipitaciones, que es uno de los valores más bajos y significa un clima casi desértico. El anuncio que nosotros tenemos, después de diez años de sequía que ha ido desde el extremo norte hasta Valdivia -una megazona de sequía-, es que gran parte de la zona central del país se va a ir desertificando y que las temperaturas irán aumentando con cierta radicalidad. Ya los cauces de ríos han disminuido, por lo menos en la zona norte y centronorte, en cerca de un 70 u 80 por ciento; eso ya ha ocurrido.
Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia del país para enfrentar eso?
Uno de los aspectos de esa estrategia es volver a transformar el agua, que va a ser el recurso más escaso del futuro, en un derecho humano y que se restablezca lo que les robaron a los chilenos, el manotazo que les dieron en dictadura, porque el agua hasta ahí les pertenecía a todos los chilenos y las chilenas.
Yo sé que hay una discusión y que el Oficialismo siempre se escuda con que en el Código de Aguas el agua es un bien nacional de uso público. Sí. Pero en la Constitución de la dictadura transformaron el agua en propiedad privada. Y cualquiera podría recurrir al Tribunal Constitucional para exigir que el agua se comporte como propiedad privada y, por lo tanto, que no esté al alcance de regulaciones para establecer prioridades de uso o quitarles el agua a los especuladores que la inscribieron a título gratuito y que hoy día vale miles de millones de pesos, aun cuando no la usen, etcétera, etcétera.
¿Pero cuál es la estrategia para enfrentar eso?
Ahí tenemos un problema mayor, porque los pocos recursos de agua que estamos teniendo no se están utilizando. No se están usando porque, por ejemplo, tenemos un problema con los glaciares. Por eso debemos entender que lo embalses más valiosos que tiene Chile, y que son gratuitos, gigantes y tienen millones de años, son los glaciares que se van a ir derritiendo. Pero, además, si se intervienen, será un proceso cada vez más dramático. Particularmente en la zona que va desde Arica hasta la Región del Maule van a ser muy críticos esos glaciares. Estamos avanzando en una ley que los protege. Y espero que podamos llegar a término con esa ley y a establecer una garantía para agua. Porque entre mayo y octubre, cuando no llueve, los glaciares serán los principales sustentos.
Lo segundo dice relación con la tierra de hoja. Y está mi colega Navarro, al que le gusta mucho esta ley de la tierra de hoja. Algunos se ríen y dicen: "¿Cómo en un tiempo de estallido alguien se preocupa de discutir la tierra de hoja?". Bueno, la tierra de hoja es la que permite preservar los acuíferos naturales, que son los otros embalses naturales, que son gratuitos. Y el agua no se acumula en los acuíferos naturales porque escurre debido a que sacaron la tierra de hoja y la cubierta vegetal.
O sea, una ley para impedir la extracción de tierra de hoja, algo que parece tan poco vinculante, es tan vinculante que no estamos aprovechando la ley de los acuíferos, cuando uno de los principales desastres que hay en Chile es la escasez de agua.
Pero tenemos que usar la tecnología. Decíamos hace unos días que toda agua gris en todas las viviendas, en todos los edificios, en todas las industrias tendrá que ser reciclada localmente. Nunca más se va a poder usar agua fresca, agua potable para regar jardines o lavar el auto, etcétera. Tenemos que ser capaces de utilizar esa agua gris incluso para beberla, porque así va a ser el futuro. Lo mismo ocurre con las aguas negras, que las tendremos que tomar y hacer recircular nuevamente.
Pero Chile tiene un potencial gigantesco... Y le pido un minuto, Presidente.
No se trata solo de decir por qué agua salada. Bueno, es evidente, porque tenemos el mar. Chile es más mar que tierra. Esa agua salada tiene 35 kilos de sal por cada metro cúbico de mar y eso se puede tratar. Pero existe una ventaja que es única: Chile tiene la energía solar y la energía eólica más potentes del planeta.
¿Y qué significa eso? Algo muy simple. Que nuestro país tiene energía solar y eólica, que van a ser las más baratas de todo el planeta, que llegarán a costar 10, 5 dólares el megawatt-hora. Y el principal componente del costo del agua desalada es la energía.
Es cierto hoy día lo que decía el Senador Prohens. Pero considero que es un robo a mano armada que cueste 7 dólares el metro cúbico, porque en Estados Unidos vale 2,3 dólares, en México cuesta 2,8 dólares. Y las prospecciones que tenemos es que en Chile el metro cúbico de agua desalada debiera llegar a menos de 0,5 dólares... (falla de audio en transmisión telemática)... a costo marginal cero.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Redondee, Senador. Porque tengo a otros inscritos.
El señor GIRARDI.-
Entonces, concuerdo con lo que dice el Senador Prohens en el sentido de que Chile se tiene que anticipar. Ya no hizo embalses; no se preocupó de sus glaciares suficientemente; no se preocupó de los acuíferos y de permitir que estos se llenaran; no vamos a poder revertir la pluviometría. Y lo que sí tendremos que hacer es una apuesta grande, nos guste o no, en algo en que nuestro país posee un potencial único en el mundo gracias al excedente y al costo bajísimo que va a tener la energía que mencioné. Por lo tanto, Chile debe hacer ya un gran desarrollo de infraestructura para desalar agua.
Cada actividad industrial potente, ya sea la minería, que va a ocupar cerca de treinta metros cúbicos de agua por segundo; o, por ejemplo, una industria forestal que se quiera instalar en una cuenca, tendrá que reponer el agua que usa y que le sacó a esa cuenca. Y eso se tendrá que hacer a futuro con agua desalada.
Así que yo valoro esto. Pero estoy totalmente de acuerdo en que debe haber una política nacional desde ya. Y el Gobierno tiene que entender que aquí hay un punto estratégico de soberanía...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Gracias, Senador Girardi.
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Señor Presidente, seré bien breve.
Primero, quiero expresar mis felicitaciones por la iniciativa y por darnos el tiempo unos minutos de discutir temas distintos de los que normalmente nos convocan.
Lo han dicho varios de mis antecesores: el cambio climático vino para quedarse. Y, efectivamente, Chile debe ser un país que busque nuevas fuentes de agua y tiene una de las costas más amplias del mundo.
El costo, como bien lo dijo el Senador Prohens, es altísimo para instalar plantas desalinizadoras. Por lo tanto, me parece que la inversión público-privada es necesaria.
Evidentemente, nadie está diciendo con ello que el Estado no tenga un rol activo en la protección del medio ambiente, porque esto implica efectos medioambientales. También genera efectos en la ciudadanía y en el entorno donde estarán estas plantas. Y, del mismo modo, hay que ver cómo se ven beneficiadas -lo que no ocurre normalmente con este tipo de industrias- las localidades vecinas.
Es muy relevante manifestar acá que los países árabes, al igual que Estados Unidos, Japón -yo he tenido la suerte de ver algunas plantas en este país- y España hoy son la vanguardia del mundo. Y más de cien naciones ya desarrollan gran parte de su industria desalinizadora de agua y tenemos alrededor de 15 mil plantas en el mundo.
O sea, nos encontramos bastante lejos, siendo un país que está en vías de desarrollo, que tiene el mar que tiene. No nos hemos puesto las pilas, perdonando la palabra vulgar que estoy utilizando, pero me parece que estamos atrasados, que se requiere política pública urgente respecto de esto. Se necesitan alrededor de 2 mil dólares para producir agua que pueda abastecer a una familia de cinco personas en un año a través de agua desalinizada. Ese es el tema.
Ahora, el 50 por ciento del gasto es energía. Y nosotros, como bien decía el Senador Girardi, somos un país que podría contar con una energía bastante más barata que la de otras naciones, por la situación eólica y la energía solar. Por lo tanto, esa puede ser una alternativa positiva.
Por último, quiero indicar que se necesitan cuatro litros de agua salada para producir uno de agua dulce, con costos altos. Pero son temas importantes de tocar acá. Y creo que, más allá de que lo esté viendo la Comisión de Recursos Hídricos, no nos olvidemos de que comenzaremos a legislar sobre la Subsecretaría de Agua, una entidad que va a recoger toda la institucionalidad chilena vinculada al agua.
Por tanto, estamos hoy día en condiciones de ir legislando en paralelo sobre estos grandes temas, que probablemente van a ser el futuro de los ciudadanos chilenos y una de las alternativas para que el país sea absolutamente desarrollado.
Mientras estas cosas no las resolvamos, seguiremos siempre denominándonos "país en vías de desarrollo".
Muchas gracias por el tiempo que me dieron.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora Carmen Gloria Aravena.
Vamos a dejar con la palabra al Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, Honorable Sala, este es un debate tremendamente relevante. Y considero que este proyecto, más allá de ser una iniciativa sobre uso de agua de mar para la desalinización, debiera apuntar a cuál es la estrategia hídrica del país.
Hoy día es inviable, es inviable. Y cualquier proyecto minero que se sume en el norte no puede sino sustentar un modelo ecológicamente sostenible de utilización de los recursos del agua.
Aquí no se trata simplemente de decir que hay una fuente inagotable de agua y que la vamos a extraer del mar.
Que no ocurra lo mismo que sucedió desgraciadamente en la zona sur a propósito de las concesiones acuícolas, donde precisamente el uso intensivo de los fiordos por la industria de salmones, la instalación de estas concesiones han intensificado los fenómenos de florecimiento de algas nocivas no solo para la propia industria salmonera, sino para los ecosistemas.
En nuestro país tenemos esta visión extractivista, desarrollista, según la cual, en definitiva, se pueden hacer las cosas sin ninguna regulación.
Y quiero dejar constancia de las declaraciones hechas por Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, las que voy a leer de manera textual.
¿Qué decía este digno señor?
"De aprobarse en estos términos el proyecto de ley de agua para desalinización, parte importante de la gran minería del país se tornará inviable". ¡La típica falacia de estos grandes empresarios!
Y luego señalaba: "Se podría limitar su extracción, pero nunca disponer del agua desalada. Además, dado que el agua de mar es, para todos los efectos prácticos, de disponibilidad ilimitada, nunca tendrá sentido limitar su extracción".
Aquí radica el problema de fondo: esta es la visión del gran empresariado en nuestro país. Esa es la visión, desgraciadamente, que muchas veces permea la discusión académica y legislativa: entender que el agua es de todos, pero que se puede apropiar por determinados intereses sin medir las consecuencias del impacto en las salmueras; cómo se devuelve esto al agua; cómo afecta los ecosistemas desde donde se extrae, y otros efectos que claramente deben ser evaluados ambientalmente.
Me parece muy bien -lo valoro porque conoce el tema- lo que plantea el Senador Prohens, quien da un ejemplo de lo que se lleva a cabo en la Región de Atacama; pero aquí uno echa de menos una visión más integral, en que no solo esté la Ministra del Medio Ambiente (en este caso) en el debate, sino también el Ministerio de Obras Públicas, quien ha presentado una iniciativa para establecer la Subsecretaría del Agua dentro de esa Cartera.
Ahí tiene que haber una visión que no solo sea de concesión. Está mal la visión que hay en Chile en el sentido de que todo es concesionable y que, luego, un bien nacional de uso público, por el derecho de propiedad sobre esa concesión, termina siendo protegido de manera sacrosanta por aquel y constituyéndose un derecho sobre esa concesión, desligándose del bien público, que en este caso es el agua de mar.
Entonces, creo que aquí la relevancia de esta discusión tiene que darse desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del proceso de tratamiento que se hace de estas aguas para obtener el agua dulce, pero también de los impactos externos que ocurren. Y debiéramos avanzar para que todos los proyectos industriales -lo dijo un Senador que me antecedió-, agrícolas, forestales de determinada magnitud deben tener asegurada una fuente sustentable de recursos hídricos, así como un tratamiento de ellos.
No puede ser que respecto de la gran minería de Chile, incluso de la estatal, la mayor parte de sus recursos sean extraídos de manera absolutamente depredadora del desierto, afectando los ecosistemas y a las propias comunidades aledañas.
Por tanto, me parece bien que se abra el debate, pero creo que quedan pendientes una serie de indicaciones; quedan pendientes también una serie de intervenciones que tendrán que realizarse por parte de Ministerios sectoriales para lograr una visión en conjunto del recurso hídrico.
Ojalá las palabras de este señor Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, sean desvirtuadas y queden simplemente en esa retórica catastrofista de estos grandes ejecutivos de las mineras que permanentemente, cuando se buscan fórmulas para mejorar los derechos de los trabajadores o proteger el medio ambiente, amenazan con una quiebra y con una retirada imposible de sustentar en este país.
Solo quiero señalar que...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Su Señoría dispone de un minuto adicional para terminar su intervención.
El señor DE URRESTI.-
Gracias.
Para redondear, Presidente, con los precios del cobre, con el precio de los minerales en general, perfectamente pueden hacerse estas inversiones. Era la misma excusa que había para la energía solar, que hoy día se ha incorporado y ha podido bajar los costos de manera considerable.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador De Urresti.
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, al igual que la mayoría de los Senadores, creo que se trata de un tema muy importante sobre el cual hay que resolver y también aclarar.
Pienso que el estatus jurídico del agua de mar está absolutamente resuelto, y nadie puede poner en duda que es un bien nacional de uso público. En eso tenemos plena concordancia.
En lo que no coincido es en que el agua desalada sea bien nacional de uso público, en que haya que darle esa naturaleza jurídica, pues considero que es un producto que nace de una materia prima que efectivamente es bien nacional de uso público.
Sí creo -como acá han señalado algunos otros señores Senadores; en particular usted, Presidente- que probablemente hay que regular bien lo relativo a la concesión marítima con respecto a la concesión minera, porque hay muchas empresas que, al solicitar la concesión marítima para hacer una planta desalinizadora, también piden una concesión minera bajo aquella. Esto, para proteger el lugar donde van sus cañerías a fin de que nadie pueda pedir otra concesión ahí.
Debemos ver cómo se protege eso.
Sin embargo, para resguardar ese bien nacional de uso público que es la materia prima, ese producto que -valga la redundancia- se produce por el ingenio humano y que es el agua desalada, no creo que corresponda darle una naturaleza jurídica que no tiene.
Si queremos proteger la materia prima, bien nacional de uso público, legislemos para ello, pero no otorgándole la naturaleza de bien nacional de uso público a aquello que no lo posee.
La definición de bien nacional de uso público que entrega el Código Civil, que señala que es aquel que pertenece a la nación toda, no se condice con lo que es agua desalada, la que, sin duda, pertenece a quien ha invertido, a la empresa desalinizadora. Y pongámosle las condiciones que estimemos necesario para proteger lo que queremos resguardar.
Es lo mismo que la concesión minera.
Aquí, cuando el Estado de Chile entrega una concesión minera, el titular es dueño de lo que ella produce. El producto de esa concesión minera no es un bien nacional de uso público, sino que el dueño de lo que produce la concesión, mientras esté dentro de los términos en que se le ha otorgado, mientras esté la tasa minera pagada, mientras esté vigente la concesión minera y respetando sus términos, es el titular de esa concesión.
Entonces, por qué tendría que ser distinto ahora.
Protejamos, regulemos y aseguremos cómo vamos a resguardar este bien que a todos nos interesa hoy día proteger; pero no le demos una calidad jurídica a algo que por definición no la posee, porque si no, tendríamos que cambiar la definición de bien nacional de uso público que hoy día señala el Código Civil, porque obviamente no se condice con lo que es agua desalada.
Es simplemente eso, Presidente.
Vuelvo a decir: esta es una materia relevante, popular, y coincido absolutamente con que tengamos una política nacional sobre el particular. También llamo al Ejecutivo a que acompañe a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos a ver cómo seguir en este tema a fin de que se avance rápidamente. Pero no creo que la manera de resolverlo sea dándole la calidad de bien nacional de uso público a este producto.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, yo también soy de aquellas que se alegran muchísimo de estar haciendo este debate, independientemente de que tengamos un informe complementario y el compromiso de que esta iniciativa vuelva a la Sala en un plazo no superior a 15 días.
Digo que ello es importante porque -y aprovecho de saludar a los mocionantes: a usted, Presidente; a la Senadora Adriana Muñoz; a la Senadora Isabel Allende; al Senador Alejandro Guillier, y también al ex Senador Felipe Harboe- se trata de una iniciativa incluso anterior al momento en que me tocó llegar al Senado. Sus autores ya tenían como propósito mirar la adecuada gestión del territorio costero y la relevancia de que tiene la desalinización para las actividades del desarrollo social, de subsistencia, del desarrollo económico, dada la incidencia que tiene sobre los recursos naturales, los ecosistemas costeros, los cuales, por cierto, son muy delicados y sensibles, en que muchas veces resulta difícil tomar decisiones adecuadas.
Me alegro de que, además, esta discusión se haga en medio del debate sobre lo que significa también la elección de los próximos gobernadores y gobernadoras regionales, porque creemos que la mirada de la planificación del territorio respecto de las instalaciones de las plantas desalinizadoras constituye una discusión muy necesaria en las regiones no solo desde el punto de vista de resolver conflictos, sino también mirado desde la responsabilidad que se debe tener en materia de protección medioambiental.
Digo aquello porque esta iniciativa avanza en esa dirección, y es tan necesaria que, aún sin tener este debate y esta conclusión legislativa, hoy día, a pesar de que no exista norma específica que permita la extracción de un recurso natural para fines comerciales, no ha impedido la extracción de agua de mar y el funcionamiento de plantas de desalinización.
Señalo esto porque vivo y represento a la Región de Atacama, en donde hoy día el propio Estado, a través de Econssa, se encuentra desarrollando una planta desalinizadora de agua de mar para nuestra Región, específicamente para las provincias de Copiapó y de Chañaral.
Por lo tanto, es necesario y urgente que estas discusiones en el Parlamento se den con la celeridad de lo que también está ocurriendo en los territorios, porque lo que no nos puede pasar en una región como la nuestra es que cada actividad decida tener su planta de desalinización propia en el borde costero. Es así que cuando recorremos el litoral de Atacama vemos empresas mineras con su propia planta desalinizadora; luego el Estado tiene otra planta; se instala otra empresa y quiere resolver su abastecimiento de agua. Todo ello genera un impacto desde el punto de vista del ecosistema y desde la perspectiva vista ambiental.
Por eso, Presidente, presenté una indicación durante la discusión en particular de este proyecto en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, instancia en la que sí me correspondió participar, para hacer exigible que estas plantas se sometieran a estudios de impacto ambiental, porque debemos ser capaces de mirar el conjunto del territorio, el conjunto de las cuencas, el conjunto del borde costero, y con ello disponer de información que vaya dando cuenta del daño acumulativo que existe y que permita colocarse de antemano en una adecuada estrategia de preservación en esta materia.
Presidente, esta iniciativa en particular busca establecer que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales de uso público. Y aquí se ha adelantado un debate que va a ser el centro neurálgico de este tema. Lo dijo la Senadora Muñoz en su primera intervención: este proyecto busca evitar que se repita la trágica historia que ha vivido Chile respecto de las aguas dulces a propósito del Código de Aguas.
No podemos repetir esa mala experiencia, y por eso debemos ser capaces de resolver este punto mirando siempre el territorio; sus impactos ambientales; sus impactos sobre el ecosistema.
Por ello nos parece muy relevante que uno de los objetivos de esta iniciativa sea establecer que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen, sin lugar a dudas, bienes nacionales de uso público. Ello, además de crear una Estrategia Nacional de Desalinización con la finalidad de determinar orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras por lo mismo que he señalado, pues lo que no nos puede pasar es que un territorio, un borde costero concentre una enorme proliferación de actividades sin que se tenga una estrategia que establezca prioridades para el uso del agua de mar; que determine un uso armónico y sustentable del borde costero; que evite los daños ambientales; que permita recuperar acuíferos que están sobreexplotados, pero que, además, posibilite coordinar los esfuerzos públicos y privados que apuntan hacia este objetivo.
Nos parece muy importante que se haya puesto en discusión esta moción; esperamos que el Ejecutivo concurra con entusiasmo a ella y que en un plazo no superior a quince días podamos estar resolviendo en este Parlamento como se hace en todas las sociedades democráticas, que es votando y estableciendo las mayorías sobre los temas que generan gran debate.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora Provoste.
No tengo más inscritos para este debate.
Entonces, lo que corresponde es que el proyecto sea enviado nuevamente a la Comisión para que emita un informe complementario del segundo informe.
La Presidenta de la Comisión, Senadora Muñoz, me ha hecho la sugerencia de que, en acuerdo con el Gobierno, ese informe complementario pueda estar el 20 de abril, con lo cual podríamos volver a discutirlo en la Sala y despacharlo en particular.
Si hubiera acuerdo,...
La señora MUÑOZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senadora Muñoz, ¿quiere agregar algo?
La señora MUÑOZ.-
Sí.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿Sí?
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora MUÑOZ.-
Dada la propuesta que hizo la Presidenta de la Corporación, Senadora Provoste, el plazo para evacuar el informe complementario sería de quince días. Entonces, para que esté en Sala en ese tiempo debería entregarse el 20 o el 21 de abril.
Por consiguiente, en la Comisión organizaremos las reuniones respectivas con el Ejecutivo.
Si le parece, Presidente, porque eso fue lo que propuso la titular del Senado, que el 20 de abril, o el 21, pudiese estar el informe complementario para que sea visto por la Sala. El 20 creo que cae día martes (no sé si tenemos semana regional ahí), y el 21 sería miércoles. De modo que en esos días podemos discutir este proyecto y tenerlo resuelto ya en la Comisión.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¡Perfecto!
Eso coincide con la petición hecha por el señor Subsecretario General de la Presidencia.
Entonces, procederemos de esa manera.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Pasaremos al proyecto que viene en el segundo lugar de la tabla, que tiene que ver con el ordenamiento de las licencias de conductores profesionales, el cual se ha denominado "Registro Único Nacional de Conductores Profesionales".
Se trata de una discusión general.
ORDENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CONDUCTORES CON LICENCIA PROFESIONAL
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Letelier, Chahuán y Pizarro, sobre ordenamiento de licencias de conductores profesionales, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín N° 13.473-15) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El objetivo de este proyecto es facultar a la autoridad sectorial competente, en el marco de sus atribuciones actuales, a efectuar una ordenación de los titulares de licencias de conducir, en donde se contenga diversa información relevante acerca de tales conductores, con la finalidad de formalizar su labor.
Lo anterior, con el objeto de contar con datos útiles y certeros al momento de desplegar políticas públicas y beneficios en el sector, permitiendo, de igual modo, la observancia de las leyes sociales respecto de dichos conductores.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió este proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Letelier, Chahuán, García-Huidobro, Pizarro y Soria.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 14 y 15 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a disposición en esta Sala, y también se encuentra en la plataforma informática de esta sesión remota y ha sido despachado a los correos electrónicos de todas las señoras Senadoras y de todos los señores Senadores.
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión general el proyecto.
No sé si está el Presidente de la Comisión de Transportes, Senador Letelier -creo que ya dejó de serlo Su Señoría-, para que pueda complementar lo señalado por el Secretario.
¿Senador Letelier?
Senadora Ximena Órdenes, ¿usted está a cargo ahora de la Comisión?
La señora ÓRDENES.-
Sí.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¡Ah, ya! ¡Le dio un golpe de Estado al Senador Letelier...! ¡Qué bien!
Senadora, le daremos usted la palabra para que nos entregue el informe correspondiente, y también al Senador don Jorge Soria, pues veo que participó mucho en dicha instancia.
Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Senadora Órdenes.
La señora ÓRDENES.-
Señor Presidente, procederé a informar acerca del proyecto de ley sobre ordenamiento de las licencias de conductores profesionales.
En mi calidad de titular de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones informo sobre los objetivos perseguidos por la iniciativa en discusión para que se pueda contar con una idea más acabada de la finalidad a que apunta.
En primer lugar, debo destacar que se trata de una moción de los Senadores señores Letelier, Chahuán y Pizarro, presentada con fecha 29 de abril del año 2020, de la cual se dio cuenta en la sesión ordinaria vigesimoprimera, que data del 5 de mayo del mismo año.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones se abocó inmediatamente a la discusión general de la iniciativa, aprobándola unánimemente (5 por 0) el 6 de mayo del año pasado.
Asentado lo anterior, cabe resaltar que el propósito perseguido por el proyecto es facultar a la autoridad sectorial competente, en el marco de sus atribuciones actuales, a efectuar una ordenación de los titulares de licencias de conducir, en la cual se contenga diversa información relevante acerca de tales conductores, con la finalidad de formalizar su labor.
Lo anterior, además, con el objetivo de contar con datos útiles y certeros al momento de desplegar políticas públicas y beneficios en el sector, permitiendo, de igual modo, la observancia de las leyes sociales para dichos conductores.
Esto último ha cobrado una fundamental importancia en el contexto sanitario en el que nos encontramos, toda vez que se necesita que las ayudas al rubro del transporte efectivamente lleguen a sus destinatarios, para lo cual resulta del todo apremiante el contar con información veraz, oportuna y precisa en este ámbito.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario destacar que, de acuerdo a los planteamientos sostenidos en el debate de la iniciativa en la Comisión, se hace necesario que luego, en la discusión particular del proyecto, se avance hacia la configuración institucional de un verdadero registro en este punto, requiriéndose para ello el respaldo del Ejecutivo a través de la presentación de las respectivas indicaciones, toda vez que muchos de los elementos que se necesitan para tal finalidad abordan cuestiones reservadas a la iniciativa exclusiva presidencial.
En el mismo sentido, la Comisión discutió que el instrumento en cuestión debiese contener, al menos, información sobre la categoría de transporte en la que participa el conductor profesional, la región en que reside y en la que desempeña preferentemente su trabajo, como también si es o no propietario del vehículo con el cual desempeña su labor.
Todos estos datos, sumados a otros que pudieren estimarse de relevancia, deben constituir un registro confiable, accesible y veraz tanto para las autoridades como para la ciudadanía, disponible en los niveles centrales y regionales, con el objetivo de continuar profesionalizando el sector y de identificar a los actores específicos del rubro.
Lo anterior, con el propósito de que las políticas públicas de fomento o de apoyo a este segmento cuenten con la información más detallada posible, a fin de que las mismas sean efectivas y tengan un impacto real en los conductores profesionales.
Por último, señora Presidenta, debo resaltar y reiterar que el proyecto de ley concitó el acuerdo unánime de los miembros de la Comisión, justamente en atención a las razones previamente expresadas.
De ahí que dicha instancia propone a esta Honorable Sala proceder en los mismos términos a fin de que se fije un plazo de indicaciones y el proyecto siga posteriormente su debate en particular en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Senadora Ximena Órdenes.
Está inscrito telemáticamente el Senador Juan Pablo Letelier. Posteriormente, les entregaré la palabra en la Sala a los Senadores Jorge Pizarro y José Miguel Durana.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Gracias, Presidenta.
La iniciativa de crear un registro nacional de conductores profesionales no surge solo de la Comisión, sino también de los actores directamente involucrados, que son los choferes profesionales.
La historia es tal que los conductores pidieron en un momento la creación de un registro, en virtud de dos razones.
Por un lado, porque se sienten absolutamente desprotegidos en lo que respecta a las leyes sociales, y consideran que debiera haber un registro y una capacidad de dimensionar cuántos conductores profesionales existen de acuerdo a las diferentes categorías de licencias de conductores profesionales. Debo recordar que hay varias categorías que van desde vehículos de tamaño menor de transporte de pasajeros, vehículos intermedios de transporte de pasajeros y vehículos mayores; vehículos de carga, maquinaria pesada, etcétera.
Y lo que se quiere es tener una identificación, un instrumento que permita a las políticas públicas no solo ver cómo abordamos temas de derechos sociales, que son necesarios, sino lo más importante quizá para el país cómo construimos una definición de la cantidad de profesionales del volante que tenemos a disposición.
Quiero recordar que una evaluación general indica que faltan conductores profesionales en nuestro país. Este es un tema del cual han hablado los operadores, por ejemplo, del transporte público terrestre de pasajeros en Santiago, así como también algunos gremios de los camioneros. La realidad es que muchas veces faltan más profesionales y falta un procedimiento para capacitar y formar de mejor manera a estos profesionales.
Tener un instrumento público permite, además, planificar nuestro quehacer en un área muy vinculada a la logística, que es fundamental para el desarrollo del país.
Para qué hablar de cuánto más fácil habría sido el debate en esta pandemia cuando se quería identificar a sectores de la clase media, trabajadores por cuenta propia o trabajadores dependientes que no están necesariamente identificados, y que lo podrían haber estado para darle acceso, por ejemplo, al bono de clase media del cual hablamos en el día de ayer.
Crear un registro es el propósito; tener un instrumento de planificación es la meta. Y, por cierto, podremos clasificar de la mejor forma posible las diferentes variaciones de conductores profesionales que tenemos en el país, que es un capital humano que debemos saber cuidar. Muchos de ellos son profesionales del volante, en buena parte autodidactas, mecánicos, que saben muchísimo de un rubro estratégico para el desarrollo nacional.
Ese es el sentido de este proyecto.
Y yo me sumo al planteamiento que ha hecho nuestra Presidenta de la Comisión de Transportes en el sentido de llamar a aprobar la idea de legislar para que en un debate posterior y en coordinación, como lo hemos estado, con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y con la Ministra Gloria Hutt logremos avanzar y crear registro, instrumento y condición necesaria para definir políticas públicas en diferentes áreas del quehacer nacional.
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Juan Pablo Letelier.
Tiene la palabra en la Sala el Senador Jorge Pizarro, también integrante de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor PIZARRO.-
Gracias, Presidenta.
Exintegrante porque ahora el Senador Navarro me reemplazó en la Comisión.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¡Pero él es siempre bienvenido a la bancada de la Democracia Cristiana...!
El señor PIZARRO.-
¡Así es...! Igual seguimos participando en este tipo de materias, Presidenta.
¿Cuál era la idea? Lo expresaban bien el Senador Letelier y la Senadora Órdenes: que la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Transportes, dentro de sus atribuciones legales pueda ordenar la información de un sector sumamente importante en el área de los suministros, en el área de los servicios, en la cadena que hoy día, sobre todo en los tiempos de pandemia que estamos viviendo, es fundamental, que es el transporte, ya sea el transporte de carga, el transporte de pasajeros, el transporte escolar, el transporte de locomoción colectiva menor, el transporte que se hace en la última milla en todo lo que es el desarrollo de operaciones logísticas.
La verdad de las cosas es que en el esquema en que hoy día nos encontramos, sin ese elemento de recurso humano, como decía el Senador Letelier, el sistema no estaría funcionando y no tendríamos garantías de mantener una cadena de suministros, que es fundamental para el país.
Entonces, lo que se busca es contar con ese Registro Único Nacional de Conductores Profesionales.
¿Quién es conductor profesional? ¿Cómo se define? Son las personas que cuentan con una licencia de conducir profesional válida, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tránsito. Y eso es lo que los faculta para desarrollar funciones de transporte ya sea de personas o de carga.
¿Qué es lo que se busca? Tener claro quiénes son los conductores que participan en el rubro de carga, de pasajeros mayor, de pasajeros menor público (taxistas, por ejemplo), pasajeros menor privado, transporte escolar, transporte industrial.
También se busca contar con una determinación clara de dónde funciona cada una de las personas que tienen este nivel de conductor profesional.
Hoy por hoy en esta cadena de servicios, que es el transporte de cualquier tipo, se verifica un déficit de conductores muy grande. En el sector de carga existe un déficit gigantesco. El otro día, en este mismo Senado, aprobamos los convenios que se han venido trabajando para establecer una homologación de licencias de conductores profesionales con otros países, porque en realidad el funcionamiento del transporte de pasajeros y de carga es cada día más fluido en un país como el nuestro, que aspira a una integración física al menos en Sudamérica.
Y lo que importa es que podamos tener servicios y personal adecuado, que puedan cumplir en las mejores condiciones profesionales con estas necesidades.
Esta es una aspiración muy muy grande, muy antigua, de todas las organizaciones de conductores en los distintos niveles, y hemos logrado plasmar como una prioridad, en conjunto con el Ministerio, la posibilidad de tener este registro.
Se ha hecho mucho hincapié durante esta discusión en, por ejemplo, la necesidad de determinar a quienes les llegan determinados beneficios. Si ayer hubiéramos debatido en este Senado un registro objetivo de conductores que podrían ser beneficiarios, nos habríamos encontrado con que todas son personas que cuentan con una cierta formación técnico-profesional y una especificidad en un oficio que, como les decía, es sumamente escaso. Se requieren más de 10 mil personas para poder funcionar, por ejemplo, en el transporte de carga. Hay un déficit enorme ahí y, por supuesto, en otros rubros también.
Entonces, si hubiéramos existido un registro no habríamos tenido dificultades para determinar quiénes eran los beneficiarios, sabiendo exactamente dónde funcionan, en qué rubro, en qué sector, en qué recorridos, en qué área geográfica viven, dónde desempeñan sus funciones.
Y eso es lo que buscamos: que a la brevedad se pueda disponer de este recurso, porque además permite definir, como bien decía el Senador Letelier, políticas públicas en un área, insisto, que es sumamente sensible y que se ha tenido que ir adaptando a las nuevas tecnologías, a los nuevos servicios, al nuevo sistema de operaciones logísticas, a lo que implica hoy día entregar un servicio personalizado, con seguridad y con garantías de que quienes lo reciben van a obtener un trato profesional.
Ojalá podamos aprobar este proyecto lo antes posible, Presidenta, y así en la Comisión del ramo, en conjunto con el Ministerio de Transportes, podamos contar con un registro que sea adecuado, moderno y eficaz para la toma de decisiones.
¡Veo que el Senador Chahuán viene corriendo, porque seguramente también está muy interesado en intervenir en este proyecto...!
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Pizarro.
Antes de ofrecerle la palabra al Senador José Durana, propongo a la Sala que abramos la votación, respetando los tiempos de intervención.
¿Les parece?
Así se acuerda.
En votación la idea de legislar.
Entonces le pedimos al Senador Durana que también indique su intención de voto.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.
--(Durante la votación).
El señor DURANA.-
Gracias, Presidenta.
Voto a favor de este proyecto, porque crea el Registro Único de Conductores Profesionales que va a permitir, efectivamente, tener un catastro confiable, actualizado, e información fidedigna y completa de las personas que se dedican a este rubro, incluyendo el área específica en que se desenvuelven, especialmente en regiones fronteras, donde tenemos conductores de carga nacional e internacional, de taxis tanto locales como internacionales, y también administradores de furgones y minibuses escolares.
Esto va a permitir entregar una mejor política de protección frente a la pandemia que estamos viviendo y también, de acuerdo a la nueva información que se va entregando, a otros virus que pueden seguir afectando la nueva vida en la que hoy día nos estamos desarrollando.
Por lo tanto, existe la necesidad de contar con este registro, porque estamos hablando de profesionales que ejercen una importante función social.
Aún hay taxistas, por lo menos en el caso de Arica y Parinacota, que tienen pendiente su primera ayuda económica y que están a la espera de que el Ministerio de Desarrollo Social resuelva si pueden o no ser beneficiarios. Incluso algunos propietarios de taxis, en vez de incluir a sus choferes, incorporaron en el beneficio a familiares y desplazaron a esos trabajadores.
En consecuencia, este Registro, que cuenta con el beneplácito de los gremios y que va a ser creado por este proyecto para ser un aporte en este sentido, permitirá al Estado actuar con más y mejor precisión, con mayor justicia, atendiendo la situación particular y diferenciada de cada subsector de este importante rubro.
Gracias, Presidenta.
Voto a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador José Durana.
En la Sala se ha inscrito el Senador Kenneth Pugh, a quien le ofrezco la palabra.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Sin lugar a dudas, la condición crítica que vivimos requiere tener focalizados los recursos en aquellos que lo requieren. Y para eso se necesita data.
Yo valoro mucho en el proyecto la forma en que esto se ha abordado, pues define distintas categorías para las personas y precisa en los diferentes padrones las clasificaciones que pueden tener. Pero todo lo que incluye esta propuesta es parte de lo que el Estado se ha comprometido.
Quiero recordar que estamos a la espera de que se publique el reglamento de la ley 21.180, de transformación digital del Estado, porque estos sistemas tienen que quedar transaccionales.
No es posible que hoy se esté emitiendo en diferentes bases de datos -345, en cada municipalidad- información que no está conectada. No es aceptable que el Estado no tenga información que hoy está disponible en los servidores de los múltiples servicios públicos.
Entonces aquí hay un tema de integración de información.
Es tan importante, entonces, entender la urgencia de focalizar, pero también la de avanzar en este proceso. ¿Y cómo hacerlo? Necesitamos una autoridad nacional, porque si no cada Ministerio va a empezar a resolver sus temas con sus propias bases de datos, y vamos a seguir en esta anarquía, en la que las personas cambian sus condiciones, sus lugares, y no se va a actualizar el sistema. El sistema se tiene que actualizar de forma automática, porque si depende de personas finalmente es muy difícil que eso ocurra.
Y aquí viene lo que, de alguna manera, vamos a discutir probablemente este año: cuál es la mejor forma de hacerlo. Se está viendo la separación de Ministerios, el del Interior y el de Seguridad Pública, y la fusión del Ministerio Secretaría General de la Presidencia con un Ministerio político que va a resolver diversas materias.
Sin embargo, quiero recordar que hoy, dentro de ese Ministerio político, la Secretaría General de la Presidencia, está precisamente la división de Gobierno Digital. Algunos se preguntarán qué hace ahí. ¿Es el mejor lugar, entendiendo que hay muchos otros lugares donde se requiere o se está haciendo transformación digital?
Todo pareciera indicar que el Ministerio que maneja la mayor cantidad de datos, que es el de Hacienda, puede ver esto. ¿Qué tiene que ver entonces Hacienda con Transportes hoy día? Mucho. ¿Por qué? Porque si no tenemos un orden de nuestros datos no vamos a poder tomar decisiones correctas y no se van a poder entregar los beneficios como corresponde.
Entonces, esto va mucho más allá de solo preparar la ley en proyecto, que está muy bien, y especificar las reglas que queremos que se cumplan. Porque si no está asociado el sistema con una integración de información, esto no va a resultar.
Y ese es el verdadero desafío en el que estamos.
Señora Presidenta, yo valoro la iniciativa, me parece correcta, es lo que tenemos que hacer. Debemos tener política pública basada en data, no tanta guata, y llegar a las personas con soluciones concretas, porque la información está actualizada, y eso requiere sistemas transaccionales.
En tal sentido, creo que se avanza mucho.
Felicito a quienes han preparado la moción. Es lo que queremos, pero si no se hace con la transformación digital que corresponde, esto no va a funcionar.
Entonces, es imprescindible entender que debemos revisar completamente el proceso, desde las asignaciones de las licencias de los conductores de vehículos hasta cómo la información se cruza, para que esa información sea consistente y coherente. Y a medida que se van realizando los procesos normales, esa información se mantenga actualizada, porque, si no, no vamos a poder ayudar a las personas y tendremos otra vez un sistema totalmente desactualizado.
Eso es lo que nos pasa, señora Presidenta, precisamente con nuestros padrones electorales: cuando se arman tienen que despejarse de toda la gente que ha fallecido. ¿Se justifica, entonces, tener una base de datos separada de la del Registro Civil para poder hacer esto? Bueno, hoy en día, en el siglo XXI, no se justifica.
Y todas esas cosas conforman los elementos que el Estado tiene que mejorar. ¿Por qué? Porque queremos un Estado al servicio de las personas: los servicios digitales deben mejorar para brindar soluciones y así llegar a cada una de ellas, porque el Estado es quien posee la mayor cantidad de datos de cada persona y, por supuesto, los tiene que cuidar.
Señora Presidenta, en tal sentido, yo valoro la presente moción, y por eso la apoyo con mi voto a favor.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Kenneth Pugh.
Le pido a la Secretaría que tome la votación de los colegas que han solicitado votar sin fundamentar y se encuentran participando de la sesión de manera telemática.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Senador señor Moreira, ¿cómo vota?
El señor MOREIRA.-
Voto a favor.
Muchas gracias, Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Letelier, ¿cómo vota?
El señor LETELIER.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.-
Voto a favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
Senador señor Coloma, ¿cómo vota?
El señor COLOMA.-
Como nos estamos pronunciando en general, voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?
El señor SANDOVAL.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Goic, ¿cómo vota?
La señora GOIC.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Había pedido la palabra, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Vamos a consultar primero a las señoras y señores Senadores que van a votar sin fundamentar y luego se le concederá el uso de la palabra señor Senador.
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?
El señor QUINTEROS.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Ha solicitado votar el Senador señor Ossandón; sin embargo, se ha comunicado acá un pareo de Su Señoría con el Senador Girardi, desde las 18:30 horas. No sé si está pareado o...
Me informan que sí.
Senadora señora...
El señor OSSANDÓN.-
Señor Secretario, acordamos con el Senador Girardi votar este proyecto y después darle curso al pareo.
Así que voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Vota a favor.
El señor OSSANDÓN.-
Sí.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
El Senador Elizalde también está pidiendo votar sin fundamentar.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?
El señor ELIZALDE.-
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Carvajal, ¿cómo vota?
La señora CARVAJAL.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?
La señora SABAT.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Alvarado, ¿cómo vota?
El señor ALVARADO.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Nos ha solicitado la palabra en la Sala el Senador Alejandro Navarro; luego, el Senador Alejandro García-Huidobro intervendrá de manera telemática, y el Senador Francisco Chahuán también hará uso de la palabra en la Sala.
Puede intervenir el Senador Navarro.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidenta.
La labor profesional del conductor del transporte público debe comenzar a formalizarse. Su situación contractual a lo largo de todo Chile, y también en el Transantiago, ha sido extremadamente precario; tanto es así, que presentamos un proyecto de mi autoría, que ya volvió aprobado desde la Cámara de Diputados, que establece el 27 de junio como el Día Nacional del Conductor del Transporte Público, que corresponde al día cuando Marcos Cuadra, dirigente y presidente de un sindicato del Transantiago, se quemó a lo bonzo denunciando los atropellos, la persecución antisindical, a tal punto de que fue despedido por los altavoces de su empresa en el patio de estacionamiento.
En el sector del transporte existen irregularidades, no se pagan imposiciones, no hay contratos de trabajo, no se dispone de un listado de trabajadores, particularmente en el transporte público mayor. El rubro de los taxistas muestra un mejor ordenamiento; sin embargo, se hace necesario un listado nacional de conductores del transporte y asimismo formalizar la tarea de los conductores profesionales.
Por tanto, un registro único nacional de conductores profesionales va a traer mejor calidad y mayor formalidad.
Se requiere contar con dicho listado, Presidenta, porque transportan a millones de pasajeros, donde se incluye al transporte escolar, que moviliza a un millón de niños.
El registro nacional busca incorporar a todo el sector: transporte de carga; transporte de pasajero mayor, pasajero menor público, pasajero menor privado, escolar e industrial. De tal manera que realizar la labor de conductor profesional conlleve cierta categoría, una profesionalización, una especialización y una certificación.
La medida va a ordenar el transporte público y va a regularizar la relación entre los conductores y los usuarios, particularmente los jóvenes y los escolares, e incluirá a todos los pasajeros. Pero lo más importante: va a cautelar que haya formalización progresiva respecto a los contratos y respecto a la jubilación.
La pregunta que cabe formular: ¿cuántos conductores del transporte de pasajeros mayor están en condiciones de jubilar? No le han pagado imposiciones por décadas, no por años, sino por décadas. ¿Cuántos operan en la informalidad y tienen contratos por el 15 por ciento por corte de boleto y un sueldo mínimo? Es un tema complejo, es un gremio complejo.
Viene un proceso para establecer perímetros de circulación, viene un proceso de licitación galopante y las regiones tienen que estar advertidas de que en cinco años más la Ministra Hutt ha dicho que va a licitar el transporte en Valparaíso, en Concepción entre organismos nacionales e internacionales. Y ya sabemos lo que pasó con el Transantiago: para un total de dieciséis mil conductores se crearon más de noventa sindicatos que fueron incapaces de ponerse de acuerdo, porque las empresas propician el surgimiento de decenas de sindicatos para minimizar el poder sindical. Y creo que el mencionado registro va a contribuir para mayor información.
El decreto N° 212, del año 1992, algo de aquello establece, pero todos sabemos que no se cumple, todos sabemos que es un decreto que se acata de manera parcial. Y hay interés: a veces, de los dueños de las máquinas, y a veces, de los propios conductores, para que no haya formalidad, para que este registro no exista. Pero los dirigentes de todos los gremios coincidieron en que debe haber un registro nacional de conductores profesionales. Eso le va a dar dignidad a esta tarea noble, a esta profesión que posibilita que el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo se manifiesten. Sin transporte público, ninguno de esos derechos se puede ejercer.
El transporte público debe ser un derecho consagrado en la Constitución y sus conductores tienen que contar con un nivel de respeto de sus derechos por parte de sus empleadores, y el reconocimiento social que se merecen.
Voy a votar a favor, señora Presidenta.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP, y no al TPP-11!
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Alejandro Navarro.
Ofrezco la palabra al Senador Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
El presente proyecto, que estamos aprobando hoy día en general, lo votamos una vez que ingresó a la Comisión, donde recibimos bastante información de parte de los dirigentes.
Y manifestamos nuestra preocupación en esos momentos, cuando solicitamos el bono al Ministerio de Transportes con el fin de que los colectiveros, los taxistas y los trabajadores del sector pudieran contar con la posibilidad real de ser apoyados durante la pandemia.
Sin duda que con la pandemia afloraron situaciones que han sido históricas y que en ese sentido las estuvimos analizando. Y encontramos que era bastante razonable que este proyecto pretenda crear un Registro Único de Conductores Profesionales, para lograr tener un catastro que sea confiable, que permita contar con información también fidedigna y, cuando corresponda, aplicar mejores políticas de protección para ellos. Todo lo anterior fundado en la importante función que realizan.
Bien sabemos que los conductores trabajan con carga, en buses y, en general, en transporte mayor, en transporte de pasajeros menor: privado y público, y están los conductores que realizan una labor maravillosa como es el transporte escolar, y también el industrial.
Sin duda, es muy importante que podamos saber efectivamente quiénes están trabajando en estos servicios mediante información fidedigna, tal como lo manifestó el Senador Pugh al referirse a la utilización de las nuevas tecnologías y como lo plantearon los otros Senadores que se manifestaron preocupados por esta situación.
¿Qué se pretende un poco con este proyecto?
Fijar los elementos esenciales del registro.
Primero, información sobre la licencia. Señala el proyecto: "La autoridad competente, dentro de sus atribuciones legales, podrá ordenar la información de las licencias profesionales existentes según los registros contenidos en los siguientes artículos".
Además, se lo bautiza con el nombre de Registro Nacional de Conductores Profesionales.
Después hay una definición respecto al conductor profesional. Y lo que se pretende en este proyecto es optar por una definición legal para enmarcar de la manera más precisa posible su ámbito de regulación. Define como conductor profesional "a toda persona que cuente con una licencia de conducir profesional válida, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tránsito, que lo faculte a desempeñar funciones de transporte de personas o de carga".
Tercero, la obligación de informar y actualizar: "Las personas con licencias de conducir de categoría profesional, deberán informar a la autoridad competente algunos antecedentes mínimos", los cuales se detallan de la siguiente forma:
Será de cargo del conductor informar el inicio de una actividad laboral que requiera una licencia profesional, sus eventuales cambios y la actualización anual de tal información. Tal como lo manifestó el Senador Pugh, es fundamental que esto también se haga de manera digital, que es parte de lo que hoy día estamos viviendo en muchas materias y actividades.
Por otro lado, señora Presidenta, considerando importante votar a favor de la idea de legislar del proyecto, aquí falta escuchar a muchos más actores, escuchamos a algunos, pero creo que es muy relevante invitar y contar con la participación activa del Ministerio de Transportes.
Bien sabemos que hoy día, y lo planteaba el Senador Pizarro, existen problemas para tener conductores. Por ejemplo, la muy difícil situación de los conductores del transporte de carga. En muchas ocasiones me preguntan -y me lo han manifestado varias personas-: ¿si ese transporte pasa por La Araucanía, ese conductor pone algunas condiciones? Sin duda. Y muchas veces no está disponible para trabajar en ese tipo de transportes por los riesgos que existen hoy día. Miren ustedes lo que le ocurrió a Juan Barrios: ¡lo quemaron vivo, y falleció!
Por otro lado, también tenemos un problema muy serio con los conductores de los buses interurbanos. Hay una falta de conductores...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le damos un tiempo adicional al Senador García-Huidobro para que pueda concluir.
Por favor, continúe.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Gracias, Presidenta.
Como manifestaba, también tenemos problemas bastante complejos con muchos conductores que trabajan en los buses regionales. Sin duda, hay una situación complicada. Han preferido dedicarse muchas veces al delivery, porque la situación para ellos ha sido muy difícil por la baja cantidad de personas que hoy día están usando el transporte público, fundamentalmente en regiones. Y eso afecta de manera directa el trabajo y los ingresos que perciben.
En este sentido, tenemos que ver de qué manera podemos colaborar con el fin de que haya un registro, profesionalizarlo al máximo y tener la opinión de todos los actores involucrados.
Es por eso, señora Presidenta, que voy a votar a favor, esperando que podamos en este proyecto hacer algo muy potente, a los efectos de tratar de colaborar con un gremio al que le debemos mucho en el país, y durante muchos años.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta, Honorable Sala, sin lugar a dudas, este es uno de los proyectos que nosotros estamos aspirando a que se aprueben con celeridad, y al que lamentablemente el Gobierno no le ha puesto las urgencias necesarias.
Yo destacaría este proyecto, que crea el Registro Nacional de Conductores Profesionales, y también la iniciativa correspondiente al boletín N° 13.125-15, sobre la que le hemos insistido al Gobierno, que crea un Sistema Nacional de Transporte de Carga por Carretera.
¿Y por qué lo planteo con tanta fuerza? Porque, como lo hemos señalado, para el otorgamiento de los bonos, que incluso nos tocó negociar como Comisión de Transportes en la aprobación de la Ley de Presupuestos para el año 2021, logramos que se posibilitara abrir un espacio de bonos para los conductores profesionales y los dueños de transportes en nuestro país. En ese sentido, creíamos, sin lugar a dudas, que había que dar certeza jurídica respecto a las personas que lo recibirían y por eso levantamos como Comisión de Transportes, con mucha fuerza, la necesidad de poder contar con un registro.
Existe un registro respecto de los transportistas escolares, donde sabemos ciertamente cuántas personas se dedican a la actividad: son 42 mil entre conductores y ayudantes, y es posible hacer una relación. Con el resto tenemos dificultades, particularmente con el transporte de carga. Y de ahí que lo relaciono con el otro proyecto, de autoría de quien habla, más los Senadores García-Huidobro, Letelier, Pizarro y Soria, que busca crear un Sistema Nacional de Transporte de Carga por Carretera.
Y la situación la ha observado incluso la propia OCDE, que ha señalado en su informe Análisis de gobernanza de infraestructura: Brechas y estándares de gobernanza de la infraestructura pública en Chile, publicado el año 2017, que "uno de los problemas más importantes del rubro es que existe una importante brecha en el alcance de los datos disponibles relacionados con la actividad y no existe información básica como el tonelaje transportado". Y recomienda: "debiera desarrollarse y ponerse a disposición de los organismos y de todos los Ministerios competentes indicadores más sofisticados sobre la antigüedad de los activos, su calidad y necesidad de mantenimiento. Se debe rectificar su situación y continuar los planes para desarrollar un observatorio logístico de cargas que sea complementado por acuerdos de financiación apropiados".
Entonces, uno de los temas que nos observa la OCDE es que somos uno de los pocos países sin un registro del transporte de carga.
Y esta situación que hemos señalado respecto del transporte de carga la podemos relacionar también con los conductores profesionales, básicamente pensando en el escalamiento de la data debemos poseer. Y, tal como ha señalado el Senador Pugh, es necesario también digitalizarlo. Hoy día es posible construir esa data a través de la información que contiene el Estado.
¿Dónde debe estar radicada esa data? Bueno, necesitamos justamente mayor entusiasmo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y mayor entusiasmo de la Segprés para que estos proyectos avancen.
El proyecto anterior, que dice relación con el transporte de carga, está hace un año y medio en el lugar número 76 para ser visto en la tabla, sin ningún entusiasmo del Ministerio ni del Gobierno para sacarlo adelante.
En este caso, es una normativa propuesta por el propio Senador Letelier, a quien aprovecho de felicitar, junto a los demás miembros de la Comisión, por su esfuerzo para que esta materia fuera puesta en tabla.
Estos temas son muy importantes y hemos hablado profusamente de ellos en estos días con ocasión del Bono Clase Media, donde nuevamente se revela la necesidad de darles un beneficio a los conductores profesionales y a los dueños de vehículos de transporte de carga mayor y menor. Y nuevamente tenemos ausencia de data.
Por eso, yo llamo al Gobierno y a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones -por su intermedio, señora Presidenta- a que finalmente les pongan urgencia a iniciativas que son relevantes.
Otra vez estamos con múltiples reclamos de conductores profesionales y también de dueños de vehículos del transporte menor que no han recibido los bonos. Y esto pasa, justamente, por la ausencia de data que dé certeza.
Vuelvo a insistir: el tema es tan importante respecto del transporte de carga, tal cual lo ha observado una entidad especializada, como respecto de los conductores profesionales y como lo hemos visto con el Bono Clase Media, que acabamos de despachar y está siendo promulgado por el Presidente de la República.
Por lo tanto, se requiere más compromiso para sacar los instrumentos que nos permitan facilitar las políticas públicas. Miren, ¡si hoy día en Chile no es posible saber cuántas personas se dedican al transporte de carga! ¡No es posible! Por ende, tampoco podemos saber cuánto aporta al PIB esta actividad. Tampoco podemos saber, con certeza, cuántos vehículos del transporte mayor y menor existen y cuántos son los conductores que ocupa cada uno de esos medios.
Hace un tiempo los miembros de la Comisión, junto con el ex Senador Baldo Prokurica y el que habla, logramos meter parte del transporte menor al subsidio del transporte público, pero, ciertamente, aquí hay que seguir avanzando, y pido al Ministerio...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Francisco Chahuán.
Ha solicitado la palabra, telemáticamente, la Senadora Ximena Rincón González.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidenta.
Primero, felicito el trabajo que ha hecho la Comisión y a los autores de la moción.
Quiero señalar que este fue un tema que surgió cuando ayer discutíamos los apoyos y los aportes a los distintos ámbitos de nuestro país.
Solo deseo hacer presente a la Sala una carta que me han enviado Marcos Ponce y Luis Núñez, de la Alianza de Conductores de Taxis Colectivos de Chile y la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, en la que señalan que esta alianza de conductores de taxis colectivos y la confederación, que agrupa a federaciones y sindicatos de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Valparaíso, El Maule, Biobío, Los Ríos, La Araucanía, Los Lagos, Magallanes y la provincia de Talagante, han estado permanentemente trabajando por el bienestar de las personas que se desempeñan en el transporte, y piden que se apoye y se apruebe en general este proyecto de ley, que busca crear un registro muy importante de sacar adelante, ya que con él se dará claridad respecto de la cantidad real de conductores que laboran en este rubro.
Por lo tanto, creo que lo que están haciendo los colegas en esta iniciativa va en la línea de lo que los propios trabajadores y gremios están solicitando. Y, obviamente, podemos mejorar su texto en la discusión particular, tal como lo han señalado ya quienes me han antecedido en el uso de la palabra.
Así que felicito a mis colegas y transmito aquí que los propios afectados están pidiendo que avancemos en este proyecto.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senadora.
¿Puede reiterar su voto, por favor, para el ministro de fe?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Cómo vota, Senadora?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Habiliten el micrófono de la Senadora Rincón, por favor.
La señora RINCÓN.-
Voto que sí, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Señor Secretario, le solicito que continúe tomando la votación a los colegas que se encuentran telemáticamente, en el orden que corresponde en el día de hoy.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Corresponde consultar al Senador señor Huenchumilla.
¿Cómo vota?
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
El señor LAGOS.-
Ciertamente, voy a votar a favor.
Hago mías muchas de las expresiones vertida acá, desde el Senador Pizarro en su oportunidad hasta -para mencionar al último colega que habló latamente en esta materia- el Senador Chahuán. ¡Así que, haciendo una excepción, voy a apoyar cien por ciento al Senador Chahuán en esto...!
Hablando más en serio, me parece que este es un tema institucional que no se ha abordado bien. Creo que se le ha hecho un poco el quite, por una parte, y que no se le ha dado la importancia que tiene, por la otra.
Huelga decir que, cuando entramos a discutir políticas públicas, ya sea de apoyo, de regulación o incluso de exigencia de responsabilidades, no contamos con las herramientas ni los instrumentos adecuados para ejercer esa acción, en un país donde, además, el transporte de carga es fundamental, dadas nuestras condiciones, nuestra pluralidad y nuestra vinculación con el comercio exterior.
Así que voto favorablemente.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A usted, Senador Ricardo Lagos.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
La señora VON BAER.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
¿Senadora señora Allende?
¿Senador señor Araya?
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 14 de mayo, a las 12 horas, en la Secretaría de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Antes de concluir la sesión, quiero comentarles a los colegas que se encuentran telemáticamente -a lo mejor muchos de ustedes han estado, al igual que nosotros, siguiendo el debate en la Cámara de Diputados- que en el proyecto de reforma constitucional que posterga las próximas elecciones los puntos que serán objeto de la Comisión Mixta son cuatro.
Ya nos hemos comunicado con el Presidente de dicha instancia, Senador Pedro Araya, quien ha anticipado la convocatoria de la Comisión a partir de las 19:30 horas, por lo cual nosotros vamos a citar a una reunión extraordinaria de Comités, para fijar el itinerario a seguir, a contar de las 19:15.
La Secretaría enviará el link a aquellas jefas y jefes de Comités que se encuentran telemáticamente. A quienes están de manera presencial, les comunico que nos vamos a reunir en el comedor de la Presidencia (cuarto piso), que reúne todas las condiciones que se requieren desde el punto de vista sanitario y de distanciamiento social.
Por haberse cumplido su objeto, se levanta la sesión.
Muchas gracias.
--Se levantó a las 19:05.
Claudia Zumelzu Cornejo
Jefa de la Redacción suplente