REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 26ª, en miércoles 5 de mayo de 2021
Ordinaria
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 16:19 a 20:16)
PRESIDENCIA DE SEÑORA YASNA PROVOSTE CAMPILLAY, PRESIDENTA,
Y SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Alvarado Andrade, Claudio
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Bianchi Chelech, Carlos
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Insulza Salinas, José Miguel
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Castro Prieto, Juan
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Prohens Espinosa, Rafael
--Quintana Leal, Jaime
--Sabat Fernández, Marcela
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, presencialmente, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Delgado Mocarquer, y Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y telemáticamente, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.
Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli Basili.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 19 señoras Senadoras y señores Senadores.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Las actas de las sesiones 35ª a 45ª, en junio de 2020; 46ª, en julio de 2020, y 22ª a 24ª en abril del 2021, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores, hasta la próxima sesión ordinaria, para su aprobación.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el que hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para el despacho del proyecto de ley que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad (boletín N° 12.467-15).
--Se toma conocimiento de la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha prestado su aprobación al proyecto que aprueba el "Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Turquía", suscrito en Colombo, el 7 de diciembre de 2017 (boletín Nº 14.181-10).
Con el segundo comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Qatar", suscrito en Colombo, Sri Lanka, el 5 de diciembre de 2017 (boletín Nº 14.182-10).
Con el siguiente señala que aprobó el proyecto de "Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Finlandia", suscrito en Nairobi, el 11 de diciembre de 2018." (boletín Nº 14.183-10).
Con el penúltimo hace presente que ha tenido a bien aprobar el proyecto de "Acuerdo de Transporte Aéreo entre la República de Chile y la República Checa", suscrito en Nairobi, el 11 de diciembre de 2018 (boletín Nº 14.184-10).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el último informa que ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (boletín N° 7.550-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
De la Comisión de Relaciones Exteriores:
Con el que propone un nuevo texto para el proyecto de acuerdo por el que se pide al Presidente de la República que se sirva instruir al señor Ministro de Relaciones Exteriores tenga a bien requerir al Gobierno del Estado de Israel que, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones de Derecho Internacional Humanitario, adopte las políticas y acciones tendientes a proveer a la población que reside en los territorios ocupados del Estado palestino de las vacunas necesarias contra el COVID-19 (boletín N° S 2.166-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
Informes
De la Comisión de Economía recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.249, que dispone, de manera excepcional, las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, para extender su aplicación por el plazo que señala (boletines Nºs 14.156-03 y 14.157-03, refundidos).
De la Comisión de Economía recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Cooperativas para extender transitoriamente el plazo dentro del cual deben celebrarse las Juntas Generales de Socios (boletín N° 13.576-03) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señor Latorre, señora Muñoz, y señores Huenchumilla y Navarro, por el que inician un proyecto de ley que modifica normas del Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva (boletín N° 14.233-07).
De los Honorables Senadores señor Navarro, señoras Carvajal y Muñoz, y señores Elizalde y Latorre, por el que inician un proyecto de ley que prohíbe los desnudamientos forzosos, las tocaciones indebidas y otras agresiones sexuales similares en los procesos de detención policial y penaliza a los funcionarios que las ordenen o ejecuten (boletín N° 14.234-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señor Quinteros, señoras Allende, Aravena, Carvajal, Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer, y señores Alvarado, Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria, por el que se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir a los Ministros de Estado que corresponda para que consideren en sus planes y programas relacionados con la pandemia, medidas específicas para evitar el contagio por aerosoles y promover la ventilación y la medición de la calidad del aire en los espacios públicos cerrados (boletín N° S 2.175-12).
De los Senadores señor De Urresti y señoras Allende, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes y Provoste, y señores Araya, Bianchi, Chahuán, Elizalde, Galilea, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quinteros, Sandoval y Soria, por el que se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir al señor Ministro de Educación para que proponga los mecanismos que aseguren un adecuado paso de quienes se desempeñan en los Servicios de Educación Municipal, en cualquiera de sus áreas, a los Servicios Locales de Educación, garantizando adecuadas condiciones laborales y de salida a quienes, en definitiva, no fueren traspasados (boletín N° S 2.176-12).
--Quedan para ser votados en su oportunidad.
Esos son los documentos recibidos, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muy bien.
Terminada la Cuenta.
Se han inscrito los Senadores señores Elizalde, Chahuán, Pugh y Navarro.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, quiero solicitar que votemos el proyecto de ley, que se inició en una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados (boletines Nos 14.156-03 y 14.157-03, refundidos), relativo a la postergación del plazo contenido en la Ley de Servicios Básicos para prohibir el corte del suministro y permite la repactación de deudas sin multas e intereses.
La idea es rechazarlo, pues así lo acordó unánimemente la Comisión de Economía con el objeto de generar la Comisión Mixta, en conjunto con la Cámara de Diputados, y acelerar su tramitación.
Insisto: si hay acuerdo, pido que se vote negativamente el proyecto para que se constituya la Comisión Mixta y se tramite como corresponde.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador.
Ese proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía y ha sido parte de un entendimiento con la propia Cámara de Diputados, que tiene un proyecto para subsumir las dos mociones parlamentarias y sacarlas a la brevedad.
En consecuencia, por petición del Presidente de la Comisión de Economía, solicito el acuerdo de la Sala para que podamos analizar sobre tabla el referido proyecto a continuación.
Si hay acuerdo, así se procederá.
Acordado.
Entonces, partiremos con ese proyecto, pero recalco que será tratado absolutamente como si fuera de Fácil Despacho: sobre tabla y sin discusión.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, solicito el acuerdo de la Sala para que, si es posible, tal como lo hicimos en la sesión pasada, votemos en primer lugar de la tabla, sin discusión, el proyecto de acuerdo sobre la situación de Palestina.
Se trata de un proyecto de acuerdo que ya logramos afinar íntegramente para los efectos de no causar ningún tipo de suspicacias y atender el tema humanitario.
Esto ya fue resuelto por la Comisión de Relaciones Exteriores.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muy bien.
Efectivamente, ayer tuvimos una dificultad, porque había que hacerle una corrección al proyecto que se presentó a la Comisión de Relaciones Exteriores y tuvimos que volver a revisarlo.
Se envió el oficio correspondiente nuevamente a la Mesa, pero no se alcanzó a dar cuenta ayer. Eso se hizo recién en el día de hoy.
Le voy a dar la palabra al Senador Pugh, porque entiendo que él en algún momento de la tarde manifestó que era mejor verlo hoy día y no ayer.
Senador Pugh.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente ayer se solicitó que se diera cuenta del proyecto en la Sala, lo cual ha ocurrido -se agradece a la Mesa haberlo considerado-, y al respecto la Sala es soberana, tal como señaló el Senador Chahuán.
Lo que sí quiero solicitar es que aquellos que quieran manifestar alguna apreciación al respecto -no a favor pues todos ya se han manifestado en ese sentido y obviamente ese es el acuerdo- puedan hacerlo muy brevemente, concediéndoles algunos minutos para tener la oportunidad de fundamentar su voto.
En tal sentido, pido que se pueda considerar esa posibilidad, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A ver.
Tengo pedido el uso de la palabra, pero me gustaría que separemos los temas.
Si todos se van a referir al tema de la votación del proyecto de acuerdo, sugiero cinco minutos para que puedan argumentar los que estén a favor y cinco minutos para los que quieran votar en contra o abstención.
El señor QUINTEROS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador Quinteros, ¿usted se quiere referir a lo mismo?
Tiene la palabra, Senador Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Presidente, lo que pasa es que si se va a votar ese proyecto de acuerdo, aprovechemos de despachar también el proyecto de acuerdo sobre los aerosoles.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿Sobre qué?
El señor QUINTEROS.-
El que promueve la ventilación...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¡Ah! Pero ese está para la votación de más tarde.
El señor QUINTEROS.-
Está aprobado. Ya dieron cuenta.
¡Votémoslo altiro! ¡Si es un proyecto de acuerdo!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Ya.
Pero no nos confundamos, por favor.
¿Alguien quiere decir algo respecto del tema que estamos tratando?
Senador De Urresti, Senador Bianchi y Senador Navarro.
Perdón, Senador Navarro. Usted había pedido la palabra antes. ¿Era por este tema o por otro?
El señor NAVARRO.-
Por otra cosa. Después.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Okay.
El Senador De Urresti primero.
Después el Senador Quintana, que también pidió la palabra, y el Senador Bianchi.
Senador De Urresti, tiene la palabra.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, no comparto lo que usted ha señalado en cuanto a que en el despacho del proyecto de acuerdo se pueda argumentar a favor o en contra. Eso no se ha hecho en proyectos de acuerdo anteriores.
Yo creo que no hay que dilatar más la situación. Ya existe acuerdo para ponerlo en votación y uno justificará su posición de acuerdo a cómo vota.
Por eso me parece que en este proyecto de acuerdo, que ha costado enormemente ponerlo en tabla, argumentar a favor o en contra no corresponde.
El proyecto de acuerdo es autoexplicativo; establece un conjunto de normas: se aprueba, se rechaza o se abstienen.
Entonces, pido que no les demos más vueltas y derechamente votemos el proyecto, que se va a poner en discusión, para el pueblo palestino.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, como usted sabe muy bien, los proyectos de acuerdo, cuando tienen alcances en materia de relaciones exteriores, tienen una tramitación distinta, que está referida -ya lo comentamos- en un acuerdo de Comités adoptado algunos años atrás: el 2015, para ser exactos.
Entonces, debido a que recién hoy día se está dando cuenta de ese proyecto y a que hoy no tenemos Tiempo de Votaciones, al igual que el Senador Kenneth Pugh, yo no tengo inconveniente alguno en que lo veamos, pero no entiendo cuál es la razón para no tramitarlo con, por lo menos, una mínima discusión de dos o tres palabras por lado y tres minutos para cada Senador.
Con eso sería suficiente.
Esto tiene efectos internacionales.
Entonces, dado que no llegó a tiempo el informe a todos los Senadores, que es muy distinto a un proyecto -no olvidemos que el Senador Chahuán pretendía que esto se votara hace un mes en una forma y fondo bien distintos a como está hoy día-, pido que se considere un tiempo de argumentación de por lo menos tres Senadores por cada lado.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muy bien.
Hagamos lo siguiente.
Votemos el proyecto de acuerdo ahora y demos un tiempo de argumentación -para qué nos vamos a enredar más-, porque quienes estamos haciendo uso de la palabra ahora vamos a ocupar el mismo tiempo en poder decir brevemente qué le parece a cada cual.
Entonces, vamos a dar cinco minutos a un Senador que hable a favor del texto que se aprobó en la Comisión de Relaciones, y otros cinco a uno o dos Senadores que deseen argumentar en contra o dejar constancia de su abstención.
El señor DE URRESTI.-
¿Va a abrir la votación, Presidente?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
No. Vamos a hacer una sola votación sin fundamento de voto, porque, si no, no terminaremos.
Entonces, ¿habría acuerdo?
Muy bien.
El señor Secretario leerá el proyecto de acuerdo definitivo, del cual ya se dio cuenta, y que ha sido corregido después de que se produjo un error de transcripción en el acuerdo que había tomado la Comisión de Relaciones Exteriores.
Señor Secretario.
PETICIÓN A GOBIERNO DE ISRAEL PARA PROVISIÓN DE VACUNAS A POBLACIÓN RESIDENTE EN TERRITORIOS OCUPADOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
Conforme al acuerdo adoptado recientemente por la Sala, el señor Presidente pone en votación el proyecto de acuerdo, presentado por los Honorables Senadores señores Chahuán, señora Allende, Goic, Provoste, Rincón, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer, y señores Alvarado, Bianchi, De Urresti, Durana, Guillier, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Pizarro, Prohens, Quinteros y Sandoval (boletín Nº S 2.166-12).
--A la tramitación legislativa de este proyecto de acuerdo (boletín S 2.166-12) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El tenor del proyecto de acuerdo, de conformidad al texto propuesto por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, es el siguiente.
"Proyecto de Acuerdo
"1) Teniendo presente el contexto de la grave crisis sanitaria global derivada de la pandemia del Covid-19, la cual ha alcanzado dimensiones humanitarias extremadamente graves;
"2) Considerando que la producción de vacunas para combatir dicha enfermedad es insuficiente para poder otorgar inmunidad a la población del orbe;
"3) Teniendo presente la situación en la que se encuentran los territorios de la Autoridad Nacional Palestina y la Franja de Gaza;
"El Honorable Senado acuerda:
"Solicitar a S. E. el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenga a bien requerir al Gobierno del Estado de Israel que, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones de Derecho Internacional Humanitario, adopte las políticas y acciones tendientes a proveer a la población que reside en dichos territorios ocupados de las vacunas necesarias contra el Covid-19.
"Asimismo, pedir al Gobierno de nuestro país que, dentro de sus posibilidades, realice un gesto humanitario y se haga parte de los esfuerzos internacionales en apoyo de las urgentes necesidades sanitarias de la población palestina en los territorios palestinos ocupados.".
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Entonces voy a proceder a dar la palabra.
Entiendo que para afirmar o ratificar el proyecto de acuerdo va a intervenir el Senador Carlos Bianchi.
Senador Bianchi, ojalá por dos minutos, para poder dar la palabra a otro colega.
Voy a ir siguiendo el orden en el que solicitó intervenir.
El señor BIANCHI.-
Gracias, Presidente.
Sí, yo había pedido la palabra anteriormente para señalar, y para que no quede duda al respecto, que ayer, cuando se hizo la petición, efectivamente nos llegó copia detallada del proyecto de acuerdo. Por lo tanto, todos hemos tenido la oportunidad de revisarlo, de analizarlo, de estudiarlo y, en mi caso particular, de votarlo favorablemente.
En consecuencia, entendiendo la situación humana, vamos a respaldar esta iniciativa, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador.
Vamos a dejar con la palabra, a continuación, al Senador Quintana, que también la solicitó, por dos, dos minutos y medio.
El señor QUINTANA.-
Ojalá tres, Presidente.
Bueno, ayer un Senador nos planteaba que, por razones humanitarias, de derechos humanos, se pide, por parte del Senado, llevar a cabo esta gestión, que finalmente es una gestión política, internacional: decirle al Estado de Israel cómo debe comportarse en materia internacional.
Yo simplemente quiero expresar, sin hacer ningún juicio, que acá le vamos a pedir una gestión internacional al Presidente de Chile, que está denunciado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el juez Garzón ante la Corte Penal Internacional.
Reitero: no estoy haciendo ningún juicio; simplemente estoy planteando los hechos como son. Y ello, repito, precisamente por temas de violaciones a los derechos humanos en Chile.
Entonces, creo que la Comisión de Relaciones Exteriores, por la cual expreso mi mayor respeto, tiene el deber de ponderar todos estos elementos.
Seguidamente, cuando el Ministro Paris estuvo en esta Sala hace un mes y medio planteándonos la prórroga de la elección, se dijo textualmente -está en el acta- que Chile estaba mirando, como referentes en materia de vacunación, al Reino Unido e Israel.
Entonces, francamente, la contradicción en la cual nosotros vamos a incurrir aquí, como Senado, es total.
Tercero, con esto nosotros vamos a entrar -y esta es la reflexión que yo hubiera esperado de la Comisión de Relaciones Exteriores- a poner en tensión la Cuarta Convención de Ginebra con los Acuerdos de Oslo, que son, precisamente (los segundos), los que dan autonomía a Palestina.
En cuarto lugar, se esgrimen razones humanitarias.
¿Por qué no decimos nada respecto de Nicaragua, que tiene un 2,04 por ciento de vacunación; de Paraguay (1,84 por ciento), o de Guatemala (0,9)?
Palestina estaba, hacia el 25 de abril, en un 3,3 por ciento. Después de eso, sus autoridades compraron 4.5 millones de dosis Pfizer y Sputnik. Y la propia Ministra de Salud ha dicho que en Cisjordania el promedio de vacunación, hasta el 20 de abril, era de 7,1 por ciento.
Por eso, simplemente quiero llamar la atención en cuanto a que decisiones como esta, tomadas sin considerar todos los elementos, a la rápida, como querían hacer algunos Senadores, lo único que provocan (en este caso, traer a Chile un conflicto del Medio Oriente) es provocar una tensión entre las comunidades palestina y judía que viven en Chile.
Por tal razón, no voy a respaldar el proyecto, porque creo que de razones humanitarias no tiene nada. Si el Gobierno quiere regalar vacunas, me parece muy bien, como ha dicho el Senador Chahuán en algunas ocasiones, pero para eso no necesita este proyecto de acuerdo. Que lo haga, pero que también lo haga con países sudamericanos y con los demás países de Oriente Medio, como Tunicia, Brunéi, Irán, Pakistán, Irak, Egipto, Afganistán, que tienen mucho menor porcentaje de vacunación que la propia Palestina.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senador Quintana.
Vamos a dejar con la palabra, por dos minutos y medio, al Senador Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, lo que estamos haciendo en virtud de este proyecto de acuerdo es, básicamente, pedirle al Presidente de la República que realice gestiones ante el Gobierno de Israel, el cual, sin lugar a dudas, debe cumplir las obligaciones que emanan del derecho internacional humanitario. Nosotros hemos señalado que la Cuarta Convención de Ginebra, en su artículo 56, establece obligaciones para la potencia ocupante respecto de la potencia ocupada.
Y, en ese contexto, ciertamente nosotros expresamos que el derecho internacional humanitario está por sobre los Acuerdos de Oslo, acuerdos que, por de pronto, no se han cumplido.
Esto es parte de la responsabilidad que tiene la potencia ocupante, en este caso Israel, de proporcionar a la población palestina efectivas posibilidades de vacunación.
Tenemos la mejor relación entre las comunidades judía y palestina en nuestro país. Y, en ese contexto, nuestra idea no es importar un conflicto, sino, muy por el contrario, exportar la paz.
Me extraña la resistencia que ha habido de parte de algunos Senadores en este Parlamento con miras a impedir que se apruebe un proyecto de acuerdo que, simplemente, busca que se pueda cumplir con la vacunación de la población palestina, que se encuentra vacunada en un porcentaje que oscila en alrededor del 6 por ciento.
Y, repito, el derecho internacional humanitario y la Cuarta Convención de Ginebra, en su artículo 56, están por sobre los Acuerdos de Oslo, acuerdos que, por de pronto, no se han cumplido.
De lo contrario, se estaría reconociendo, por parte de Israel, la existencia del Estado Palestino, cuestión que, formalmente, no ha ocurrido. Pareciera que el Estado Palestino existe para algunas cosas, pero no para otras.
Por lo tanto, humildemente pido que podamos colaborar, desde Chile, llevando paz a los territorios...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Chahuán.
Por último, le vamos a dar la palabra al Senador Pugh.
A ustedes les quedan tres minutos. No sé si le pueden dar uno a la Senadora Loreto Carvajal.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Seré breve, para dejarle un minuto a la Senadora Loreto Carvajal.
Aquí no ha habido oposición ni bloqueos. Lo que estamos pidiendo es que las cosas se hagan de acuerdo a la usanza, a la forma que corresponde tratándose de un proyecto de acuerdo, presentado con las firmas pertinentes, asegurándose de que esas firmas no tengan errores, como detectamos en su minuto, y así avanzar. Obviamente, eso contaminó esto de forma innecesaria.
Por ello, queremos reiterar que no existe ninguna intención de bloqueo. Es más, que ahora estemos votando el proyecto así lo demuestra.
Segundo -y este es un tema de Estado-, quien conduce las relaciones exteriores es el Presidente, quien decidirá si efectivamente es conveniente hacer lo que se pide.
Sin lugar a dudas, la ayuda humanitaria es fundamental y tiene que darse siempre. Tal como señaló el Senador Quintana, en la región tenemos países que incluso están mucho más atrasados, así que ojalá que también tengamos conciencia de lo que está ocurriendo.
En tal sentido, señor Presidente, quiero pedir que no importemos un conflicto.
Conozco a los integrantes de la comunidad palestina; acuso recibo de la carta que me enviaron, y expreso mi aprecio por ellos, a los que valoro.
Creo que lo que corresponde es que el Presidente de la República, asesorado por la Cancillería, resuelva qué es lo mejor para Chile. A él hay que dejarle la decisión final.
Por tal motivo, señor Presidente, me voy a abstener en esta votación.
He dicho.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senador.
Senadora Carvajal, tiene un minuto y medio.
La señora CARVAJAL.-
Gracias, Presidente.
Quiero hacerme eco. Aquí ha habido, persistentemente, una insistencia por trasladar un conflicto internacional a esta Sala del Senado.
La verdad es que, cuando se acusa, de manera muy irresponsable, como ocurrió el día de ayer, la presencia de agentes externos o se vulnera directamente el derecho humano que tiene una parlamentaria para defender sus ideas, pareciera ser que aquí hay eco para ello.
Yo no entiendo por qué hoy día estamos discutiendo este proyecto, cuando no corresponde.
Y en segundo término, como se dice en el campo de donde provengo, es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la grieta en el ojo propio.
En Chillán tenemos el caso de una mujer, Gloria Moraga, que asistió al Hospital de Concepción por una prótesis ocular, a propósito de la vulneración a los derechos humanos registrados el 18 de octubre. ¿Y saben qué? La devolvieron a su casa, porque el Estado de Chile, con el Gobierno del Presidente Piñera, no había pagado la prótesis. ¡La tuvo que devolver!
Entonces, cuando aquí hablemos de derechos humanos, miremos también qué está ocurriendo en nuestro territorio y en nuestros países cercanos. No nos hagamos eco de lo que sucede en conflictos internacionales, transgrediendo un principio básico de derecho internacional, como es que las decisiones corresponden a cada país.
Compruebo, con mucha tristeza, cómo no miramos lo que ocurre en Nicaragua, en Paraguay, en Guatemala, en Venezuela, en Honduras, donde los niveles de vacunación son mínimos. Y acá no veo a ningún Senador, de los patrocinantes de este proyecto, liderando una petición, ya sea al Presidente Piñera o a cualquier organismo internacional, para que nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas tengan la posibilidad de vacunarse.
Esto, Presidente, me parece de una inconsistencia enorme, y yo, por supuesto, no me haré eco de ello, por lo cual votaré en contra el proyecto.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muy bien.
Muchas gracias, Senadora Carvajal.
Cumplidos los tiempos, no hay más uso de la palabra.
Vamos a solicitar que procedan a votar los colegas que están presenciales, y el señor Secretario tomará la votación de quienes se hallan a distancia, sin fundamento de voto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, Presidente.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor del proyecto de acuerdo, Presidente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.-
En contra, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
En contra.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.-
En contra, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
En contra.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
En contra, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En contra.
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
¿Senador señor Guillier?
El señor GUILLIER.-
Perdón.
¿Se escuchó mi votación?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Parece que está con problemas con el micrófono.
Sigamos, Secretario. Después le volvemos a consultar.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
En contra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
En contra.
Senador señor Kast, ¿cómo vota?
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
El señor LAGOS.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Moreira, ¿cómo vota?
El señor MOREIRA.-
Presidente, solo dos segundos...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¡No hay dos segundos, Senador Moreira!
Perdón.
Vote nomás.
El señor MOREIRA.-
No corresponde, Presidente...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¡Vote nomás, Senador Moreira, por favor!
El señor MOREIRA.-
No corresponde, Presidente...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Por favor, córtenle el micrófono.
Secretario, córtele el micrófono, por favor.
Bien.
Seguimos con la votación.
Después le tomaremos el voto al Senador Moreira.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Vota a favor.
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.-
En contra, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
En contra.
Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?
La señora SABAT.-
Presidente, por ser una solicitud de carácter absolutamente humanitario, voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
A favor.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
A favor.
Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
La señora VON BAER.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
A favor.
¿Senador señor Guillier?
El señor GUILLIER.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
¿Senador señor Moreira?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿Cómo vota, Senador Moreira: "sí", "no", "abstención"?
El señor MOREIRA.-
A pesar de la censura... (falla de audio en transmisión telemática).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador Moreira, ¿cómo vota: "sí", "no", o "abstención"?
Bueno, supongo que el Senador Moreira vota a favor, porque es patrocinante del proyecto.
El señor MOREIRA.-
¡Ahora sí, Presidente!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Vote "sí" o "no", Senador Moreira.
Nada más.
El señor MOREIRA.-
¡Si no voy a decir nada!
¡No más censura!
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (24 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Provoste, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, Durana, García, Guillier, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Pizarro, Prohens, Quinteros, Sandoval y Soria.
Votaron por la negativa la señora Carvajal y los señores Araya, Castro, García-Huidobro, Huenchumilla y Quintana.
Se abstuvieron la señora Aravena y el señor Pugh.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Punto de reglamento, Senador José García Ruminot.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Es para solicitar la anuencia de la Sala para que pueda ingresar el Subsecretario del Interior, don Juan Francisco Galli.
Está aquí el Ministro del Interior, don Rodrigo Delgado, así que se cumple la normativa reglamentaria.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Si les parece, así se procederá.
--Se autoriza el ingreso.
SOLICITUD PARA VOTACIÓN DE ENVÍO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE PROYECTO SOBRE TOCACIONES INDEBIDAS Y OTRAS AGRESIONES SEXUALES EN PROCESOS DE DETENCIÓN POLICIAL
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Punto de reglamento, Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Había pedido la palabra sobre la Cuenta, Presidenta.
El día de hoy se ha comunicado el ingreso de dos proyectos: el boletín N° 14.223-07, relativo a prisión preventiva, y el boletín N° 14.234-07, que prohíbe el desnudamiento forzoso, las tocaciones indebidas y otras agresiones similares en procesos de detención policial y penaliza a los funcionarios que las ordenen o ejecuten.
Ambos fueron enviados a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Solo quiero advertir que hay 71 proyectos de mi autoría sin ser tratados en ese organismo, que tiene más de 560 asuntos a su cargo.
Por tal motivo, solicito a la Sala que ambos puedan ser trasladados a la Comisión de Derechos Humanos y luego ser devueltos a la de Constitución, de tal manera de dar agilidad a esas mociones parlamentarias y no queden en una larga fila. Sabemos los esfuerzos que realizan los miembros de la Comisión de Constitución, pero queremos coadyuvar a que estos temas sean debatidos, haciendo uso del derecho que tenemos como parlamentarios a presentar mociones.
Eso es, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Señor Senador, si le parece, podríamos mantener en la Comisión de Constitución el proyecto que modifica normas del Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva, y enviar a la de Derechos Humanos el relacionado con tocaciones indebidas y otras agresiones sexuales en procesos de detención policial. Nos parece atendible lo que usted sugiere respecto de este último asunto.
¿Les parece?
La señora EBENSPERGER.-
No.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
No hay acuerdo.
El señor NAVARRO.-
Pido votación, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
O podríamos hacer el proceso al revés: que primero vayan a la Comisión de Constitución y luego a la de Derechos Humanos; ambos proyectos.
El señor NAVARRO.-
No, Presidenta.
Pido votación.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Por ambos boletines, señor Senador, o solo por el 14.234-07?
El señor NAVARRO.-
Respecto del segundo proyecto, sobre tocaciones y otras agresiones sexuales, para que vaya a la Comisión de Derechos Humanos.
Pido que se vote. Si no, la capacidad de veto de las minorías resulta infinita. Hay que reducir democráticamente la capacidad de veto a mayoría y minoría. Porque el traslado es...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, señor Senador.
Así lo haremos.
Vamos a colocar en votación que el proyecto boletín N° 14.234-07, de autoría de los Senadores Navarro, Muñoz, Elizalde y Latorre, que prohíbe los desnudamientos forzosos, las tocaciones indebidas y otras agresiones sexuales similares en procesos de detención policial y penaliza a los funcionarios que las ordenen o ejecuten vaya a la Comisión de Derechos Humanos, y no como la Mesa definió, a la Comisión de Constitución.
Los Senadores y Senadoras que votan por la opción "sí" están apoyando la petición del Senador Alejandro Navarro, para que la iniciativa pase a la Comisión de Derechos Humanos; aquellos Senadores y Senadoras que votan que no se declaran partidarios de mantener la dedicación exclusiva de este proyecto en la Comisión de Constitución.
--(Durante la votación).
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Señor Secretario, le pido que tome la votación, sin fundamento de voto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Está abierta la votación en la Sala.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Que sí.
Senador señor Araya, ¿cómo vota?
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.-
En contra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En contra.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
En contra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
El señor GUILLIER.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
A favor.
Senador señor Kast, ¿cómo vota?
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
El señor LAGOS.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
A favor.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
A favor.
Senador señor Moreira, ¿cómo vota?
Senador señor Moreira, ¿cómo vota?
El señor MOREIRA.-
Voto en contra y, Presidenta, luego le pido la palabra para un punto de reglamento, por favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota en contra.
Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.-
En contra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En contra.
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
A favor.
Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?
La señora SABAT.-
En contra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
En contra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
La señora VON BAER.-
En contra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba que el proyecto vaya a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (19 votos a favor y 16 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Bianchi, De Urresti, Elizalde, Guillier, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa
las señoras Aravena, Ebensperger, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Durana, García, García-Huidobro, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh y Sandoval.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Han pedido la palabra, por reglamento, el Senador Carlos Bianchi y el Senador Iván Moreira.
Senador Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Gracias, Presidenta.
Mire, desde el 30 de abril del 2020 está en tabla de este Senado el proyecto que tiene que ver con las máquinas tragamonedas, que fue largamente debatido durante muchos años, y hoy día fue socializado con la Comisión de Gobierno, que presido, para pedir que pueda ser colocado con alguna prioridad dentro de la tabla.
Repito: está desde el 30 de abril del 2020 sin poder ser tratado en Sala, Presidenta. Por lo tanto, les pido a la Mesa y a los colegas darle algún grado de prioridad para tratarlo en las próximas semanas.
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Carlos Bianchi.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofrecemos la palabra al Senador Moreira.
El señor MOREIRA.-
Presidenta, muy brevemente y sin ningún ánimo de polemizar, quiero decirle que yo no pretendía en ningún minuto fundamentar mi voto en el proyecto de acuerdo sobre Palestina. Solamente quería emitir la frase que voy a emitir ahora y posteriormente, en la hora de Incidentes, voy a entregar todos los argumentos necesarios.
Lo único que quise decir antes de la votación es que no me parecía, cuando se habla de política exterior y se han hecho argumentos, porque cada uno de los parlamentarios tiene derecho a votar como estime conveniente, que se hayan leído a propósito del tema palestino minutas preparadas por un agente externo, como es la Embajada de Israel en Chile. Eso yo lo considero insólito, gravísimo.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
No hay más puntos de reglamento.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Senadora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Gracias, Presidenta.
Quiero solicitar a la Sala que prorrogue hasta el miércoles 30 de junio próximo el plazo para el despacho del informe complementario del segundo informe respecto del proyecto de ley sobre uso de agua de mar.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos.
--Se accede.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Senador Insulza, ¿usted pidió la palabra sobre un punto de reglamento?
El señor INSULZA.-
No. Era sobre una cosa anterior.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Senadora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidenta.
Estábamos conversando con los colegas de la Comisión de Trabajo sobre la posibilidad de que en cuanto llegue de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de bono de 200 mil pesos sesionemos de manera unida con la Comisión de Hacienda. No alcancé a chequear con los colegas de las bancadas de enfrente, pero si hubiera acuerdo de la Sala, pido que lo hagamos, de manera que acortemos el trámite.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senadora Rincón.
Sobre el mismo punto, tiene la palabra la Senadora Carolina Goic.
La señora GOIC.-
Gracias, Presidenta.
Solamente quiero ratificar lo planteado. Entendemos que este es un beneficio que todos queremos que llegue lo antes posible a las familias. Y queremos facilitar ese trámite.
Pero, además, hoy día la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece un retorno seguro a los lugares de trabajo a propósito del COVID-19. Entonces, entiendo que el informe debería llegar, me imagino que como cuenta agregada, y pido que podamos verlo en la sesión de mañana de la Sala, para avanzar en su tramitación. De la Cámara me señalaron que habían entregado el informe a las 3:45.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Bueno, muchísimas gracias a ambas Comisiones, de Hacienda y de Trabajo, a través de sus Presidentas, la Senadora Rincón y la Senadora Goic.
Compartimos que estos recursos tienen que llegar con celeridad a las familias y si las Comisiones trabajan mañana en la mañana, en paralelo a la sesión especial de la Sala, vamos a citar -y aprovecho de decirlo de antemano- a una sesión extraordinaria para poder discutir el bono mañana mismo.
La señora EBENSPERGER.-
¿A qué hora sería, Presidenta?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
En la tarde, señora Senadora.
Senadora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidenta.
La idea sería citar a las Comisiones unidas de 9 a 10, en la medida en que llegue el proyecto.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Perfecto. Se agradece mucho.
La señora RINCÓN.-
En la medida en que llegue...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Va a llegar.
Muchas gracias.
Así se acuerda, entonces.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Vamos pasar al proyecto que se ha solicitado colocar sobre tabla. Corresponde a los boletines números 14.156-03 y 14.157-03.
Le ofreceré la palabra al señor Secretario para que pueda hacer la relación, y luego, al Senador Álvaro Elizalde, Presidente de la Comisión de Economía.
PRÓRROGA DE MEDIDAS EN FAVOR DE USUARIOS FINALES DE SERVICIOS SANITARIOS, ELECTRICIDAD Y GAS DE RED HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Señor Secretario, tiene la palabra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
La señora Presidenta pone en discusión, conforme al acuerdo adoptado en la Sala, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.249, que dispone de manera excepcional las medidas que indica a favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, para extender su aplicación por el plazo que señala, iniciativa correspondiente a los boletines números 14.156-03 y 14.157-03, refundidos.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 14.156-03 y 14.157-03, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Esta iniciativa tiene por objeto extender el plazo de las medidas que excepcionalmente concede la ley N° 21.249 a favor de los usuarios finales de los servicios sanitarios, de electricidad y de gas de red, que vence en mayo del 2021.
La Comisión de Economía deja constancia de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió este proyecto en general y en particular a la vez.
No obstante, la referida Comisión rechazó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señoras Aravena y Carvajal y señores Durana, Elizalde y Pizarro.
Se consigna en el informe que el mencionado rechazo tiene por objeto acelerar la constitución de la Comisión Mixta a su respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política de la República, considerando además que la materia ya fue abordada por el proyecto de ley, aprobado por el Senado, que prorroga los efectos de la ley N° 21.249, que dispone de manera excepcional las medidas que indica en favor de los usuarios finales de los servicios sanitarios, de electricidad y de gas de red, correspondientes a los boletines números 14.163-03 y 14.162-03, refundidos, excepto en cuanto al periodo de prórroga de la vigencia de la ley N° 21.249.
Conforme a lo anterior, la Comisión de Economía propone, por la unanimidad de sus integrantes, el rechazo del proyecto y la constitución de la Comisión Mixta.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al señor Secretario.
Le ofrezco la palabra al Senador Álvaro Elizalde, para que rinda informe a la Sala.
El señor ELIZALDE.-
Gracias, Presidenta.
Esta moción, iniciada en la Cámara de Diputados, regula la misma materia que una moción que se inició en el Senado, que fue despachada por esta Sala la semana pasada y que se refiere a la ampliación del plazo de aplicación de la ley N° 21.249, que dispone de manera excepcional medidas a favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, en particular, la prohibición de corte y la posibilidad de que puedan repactar su deuda sin tener que pagar multas, intereses o gastos asociados.
Los Senadores y las Senadoras que formamos parte de la Comisión de Economía compartimos las ideas matrices de esta iniciativa. No obstante, en conversación con la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se ha acordado rechazarla. Y la Cámara de Diputados mañana va a hacer lo mismo respecto del proyecto que tiene origen en el Senado, con el objeto de acelerar la constitución de la Comisión Mixta que estudie -insisto- estas cuatro mociones parlamentarias: dos que tuvieron origen en la Cámara de Diputados y dos que tuvieron origen en el Senado.
Esta iniciativa amplía el plazo para repactar la deuda de treinta y seis a cuarenta y ocho meses. En el caso de la Cámara de Diputados, establece una ampliación del plazo de la aplicación de la ley hasta el 30 de noviembre -el plazo aprobado por el Senado era más extenso- y se dispone que en caso de estar vigente el estado de excepción constitucional al 30 de noviembre se amplía la aplicación de los beneficios de esta ley por sesenta días desde la fecha de terminación del estado de catástrofe.
Presidenta, yo sugeriría que pudiera recabar la unanimidad para rechazar el proyecto en una sola votación y de esa manera generar las condiciones para que se envíe el oficio a la Cámara y se constituya la Comisión Mixta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, podríamos acceder a la solicitud del Presidente de la Comisión de Economía, que, entiendo, recoge la opinión de la Comisión.
¿Les parece?
Señor Secretario, vamos a recabar la unanimidad.
En la Sala tenemos unanimidad.
La Secretaría va a registrar a quienes están presentes telemáticamente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Conforme a lo señalado, se recabó la unanimidad para aprobar el informe que rechaza el proyecto y, de esa forma, conformar la Comisión Mixta que se propone.
De manera telemática han concurrido a esta unanimidad la Senadora señora Allende, el Senador señor Castro, el Senador señor García-Huidobro, el Senador señor Lagos, el Senador señor Montes, el Senador señor Moreira, el Senador señor Quintana, el Senador señor Soria, la Senadora señora Von Baer y la Senadora señora Van Rysselberghe.
--Por unanimidad, se rechaza en general el proyecto.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Rechazado el proyecto, se constituye la respectiva Comisión Mixta, lo que se informará a la Cámara de Diputados.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Vamos a solicitar a la Sala la posibilidad de cambiar el orden de la tabla para que despachemos primero el proyecto que estaba en segundo lugar, que es el informe de la Comisión Mixta relativo a la creación del Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil.
Senador Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Está por llegar el informe.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¡Ah! Perfecto.
Por reglamento, le daremos la palabra al Senador Alejandro García-Huidobro.
Bueno, si no estamos en condiciones de comenzar con el informe de la Mixta, y veo que ya está en la Sala telemática el señor Ministro de Justicia, no alteremos el orden y sigamos con el primer proyecto.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Senador Alejandro García-Huidobro, usted pidió la palabra por reglamento.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Gracias, Presidenta.
Respecto a lo que hablamos ayer sobre la "Ley tag", todas las inquietudes quedaron absolutamente claras. El Ministro explicó y quedamos conformes con cómo viene el proyecto. Pero, si no lo despachamos en el día de hoy -además, está con "discusión inmediata"-, va a quedar para fin de mes, perjudicando a miles de automovilistas que quieren sacar su permiso de circulación. No solamente automovilistas, otro tipo de vehículos también.
Es fundamental prorrogar el beneficio de extinción de multas por circular un vehículo sin dispositivo electrónico, como lo plantea esta iniciativa de ley. Y, si es posible, señora Presidenta, podríamos ponerlo en Fácil Despacho para concluir su tramitación.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador.
Al igual que en el día de ayer, valoramos que usted haya conversado con las autoridades del ramo, pero ese proyecto no ha vuelto desde la Comisión. En cuanto ello ocurra, lo pondremos en Fácil Despacho, atendiendo a que los Comités ya habían definido colocarlo en primer lugar de la tabla hace una semana atrás.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Todo indica, Senador Bianchi, que va a ser más rápido que pongamos el informe de la Comisión Mixta en el primer punto de la tabla y entremos después a la discusión para la que ya nos acompaña el Ministro de Justicia.
Le voy a ofrecer la palabra al señor Secretario para que pueda hacer la relación correspondiente.
Tiene la palabra, señor Secretario.
CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL Y DE AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La señora Presidenta pone en discusión el informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver la discrepancia surgida entre la Cámara de Diputados y el Senado, recaída en el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (boletín N° 7.550-06), con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 7.550-06) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La presente iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados y, a su respecto, el Senado introdujo un conjunto de modificaciones en el segundo trámite constitucional.
La divergencia suscitada entre ambas Cámaras deriva del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, del artículo 16 aprobado por el Senado, referido a la actuación del Ministro de Defensa Nacional. Dicha norma integra el párrafo 4°, relativo al rol de la Defensa Nacional, del TÍTULO I del proyecto de ley, que versa sobre la institucionalidad del sistema, su estructura, organización y dirección.
El mencionado artículo 16 dispone que el Ministerio de Defensa Nacional "será responsable (...) de la coordinación y ejecución, en las materias que le correspondan a su sector, de la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, del Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, y del Plan Nacional de Emergencia". Lo anterior, para el cumplimiento de los cometidos que esta ley confiere a las Fuerzas Armadas y "facilitar su adecuada articulación con el Sistema". Asimismo, establece el rol del Jefe del Estado Mayor Conjunto en la gestión de riesgo de desastres, entre otras materias.
La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras, mantener el texto del artículo 16 aprobado por el Senado, en segundo trámite constitucional, agregando en sus incisos segundo y quinto las siguientes frases finales.
En el inciso segundo, referido a la elaboración de los planes y los protocolos de operación para la participación coordinada de las Fuerzas Armadas en todas las fases del ciclo del riesgo de desastres, agrega lo siguiente: "Los planes y protocolos deberán asegurar una sujeción a lo señalado en los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres y las instrucciones que, al efecto, formule el Ministro de Defensa Nacional".
En el inciso quinto, que contempla que las atribuciones que en esta materia correspondan al Jefe del Estado Mayor Conjunto se ejercerán en consideración a las instrucciones que formule el Ministro de Defensa Nacional, se agrega lo siguiente: "y a lo establecido en los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres".
La Comisión Mixta acordó la referida proposición con la votación que se consigna en su informe. Asimismo, hace presente que el artículo 16 propuesto tiene el rango de norma orgánica constitucional, por lo que requiere de 25 votos a favor para su aprobación.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición en la Sala, que también está disponible en la plataforma informática de esta sesión telemática y que fue remitido a los correos de todas las señoras y los señores Senadores, en la quinta y sexta columna, respectivamente, están la proposición de la Comisión Mixta y el texto como quedaría de aprobarse dicha proposición.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al señor Secretario.
Le ofrezco la palabra al Senador Carlos Bianchi, Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor BIANCHI.-
Gracias, Presidenta.
Efectivamente, lo que le correspondió resolver a esta Comisión Mixta tiene que ver con el artículo 16 del proyecto. Y, tal como dijo el señor Secretario, este artículo tiene rango de norma orgánica constitucional, por lo que requiere de 25 votos de este Senado.
En la oportunidad, Presidenta, el asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Juan Ignacio Gómez, precisó que "la propuesta recoge la inquietud planteada respecto a que queda absolutamente clara la sujeción de la autoridad militar a la autoridad civil, por cuanto el Ministro de Defensa es el interlocutor válido con las Fuerzas Armadas y que cualquier empleo de medios al servicio de catástrofes debe hacerse con la autorización de la mencionada autoridad civil".
Ese era todo el punto que teníamos que aclarar, y fue de un largo debate.
Para resumir, luego de cerrar la discusión, la Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras, mantener el texto aprobado por el Senado en el segundo trámite constitucional y agregarle las frases finales propuestas por el Ejecutivo a los incisos segundo y quinto del artículo 16.
Tal acuerdo fue adoptado por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta: todos aprobaron, salvo la Diputada señora Maite Orsini Pascal, que se abstuvo.
Por lo tanto, sugerimos a esta Sala votar favorablemente la propuesta de la Comisión Mixta y, de paso, resolver una discusión que lleva años en este Congreso, siendo que es de absoluta urgencia establecer este nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
Gracias, Presidenta.
El señor ALVARADO.-
¿Puede abrir la votación, Presidenta?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al señor Presidente de la Comisión.
En la Sala se ha solicitado abrir la votación.
¿Les parece?
El señor NAVARRO.-
Manteniendo los tiempos.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Claro, manteniendo los tiempos.
Acordado.
En votación la propuesta de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Saludamos al señor Ministro del Interior, quien se encuentra en la Sala para la discusión de este proyecto de ley, por cuanto el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres dependerá de su repartición.
Señor Ministro Delgado, tiene usted la palabra.
El señor DELGADO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-
Gracias, señora Presidenta.
Por su intermedio, quiero saludar a la Mesa y, por supuesto, a los Senadores y las Senadoras que están en esta sesión de manera presencial y telemática.
Tal como lo hemos señalado en las distintas instancias -en las Comisiones respectivas, en la Mixta y también en la Cámara de Diputados-, este es un proyecto tremendamente relevante, por las atribuciones que va a tener el Servicio que se crea.
Además, ha tomado mucho tiempo su discusión. Estamos hablando casi de una década de tramitación, década en la cual ha habido aprendizajes y han ocurrido distintos eventos. Tal vez el principal aprendizaje, Presidenta, tiene que ver con incorporar la sinergia y la planificación en conjunto con todos los organismos y estamentos del Estado. Ello es muy importante no solamente para prevenir, sino también para hacer frente a los desastres, tener información y generar la coordinación necesaria.
Quiero poner un par de ejemplos.
Con la aprobación eventual de este proyecto, vamos a contar con información en tiempo real y habrá una coordinación con los municipios, lo que es tremendamente importante. Por tanto, va a haber una coordinación en la planificación territorial.
Hasta ahora, en los bordes costeros y también en lugares donde hay fallas geológicas, cuando se aborda la expansión de distintas comunas -muchas veces en zonas urbanas-, lamentablemente no se considera información que puede ser relevante a la hora de prevenir o atender un evento natural. Dicho sea de paso, los eventos naturales, como un terremoto, un tsunami, la erupción de un volcán, no son desastres en sí mismos. El desastre ocurre cuando no se ha planificado o no se han tomado las medidas preventivas de mitigación o de acción correspondientes.
Con todo, el nuevo sistema incorpora todos esos aprendizajes.
Por otro lado, es cierto que en la Comisión Mixta se discutió acerca del rol de las Fuerzas Armadas, las que cumplen un rol tremendamente importante. Quedó claro, obviamente, que habrá una doble sujeción al respecto.
Finalmente, quiero agregar algo que también dije en las distintas instancias: como Ministerio del Interior, estamos abordando diferentes materias, no solamente lo relativo a este Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sino también cómo tener una visión integral de las personas y cómo evitar los riesgos a los cuales las personas están expuestas.
Los riesgos se entienden como situaciones provocadas por la acción, omisión o negligencia de algunas personas. Ahí incluimos, obviamente, la delincuencia, pero también los accidentes de tránsito, por ejemplo. Son riesgos para las personas, en su patrimonio, en su salud, en su integridad. Y nos preocupa cómo detectar, eventualmente, todos los riesgos a los cuales hoy día un ser humano está expuesto en distintos ámbitos.
Esa visión cambia justamente con este proyecto; esa visión cambia con esta nueva institucionalidad, con la cual se podrán identificar distintos riesgos y prevenirlos de manera adecuada.
Por lo tanto, para nosotros es tremendamente simbólico que, después de diez años, esta iniciativa avance, pudiendo incorporar aprendizajes, aprender del pasado y proyectar el futuro de una manera mucho más segura para los ciudadanos de este país.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Ministro.
Ha solicitado la palabra en la Sala el Senador José Miguel Insulza.
Señor Senador.
El señor INSULZA.-
Muchas gracias.
Seré muy breve.
No voy a hacer más comentarios sobre este proyecto. Los hicimos durante la discusión en el pleno del Senado, cuando fue aprobado. Entonces señalamos que se trata de una iniciativa importante, valiosa, a la cual hemos concurrido con nuestro respaldo porque genera un sistema de protección civil mucho mejor y más ajustado que el que tenemos. Esta futura ley, desde el punto de vista institucional y normativo, ciertamente será un gran beneficio para el país.
He pedido la palabra solamente para lamentar muy profundamente que no haya sido acogida una de nuestras propuesta, hecha durante la tramitación de esta iniciativa de ley, cuando se empezó a discutir esta materia y todavía no existía ninguna mención a los gobiernos regionales ni a los gobernadores regionales.
Me refiero a los gobernadores que pronto vamos a elegir, una de cuyas funciones es precisamente la planificación y coordinación regional. Se les asigna esa tarea, se les dice que van a planificar el desarrollo de sus regiones. Sin embargo, cuando se trata de crear un comité regional -y también provincial- para enfrentar las catástrofes, el gobernador regional es colocado en un lado de la mesa, en un costado, porque tal instancia será presidida por el delegado del Presidente de la República.
En verdad, este es un golpe fuerte para la regionalización, Presidenta. Es doloroso, además.
Yo creo que lo mínimo que se podría haber hecho es que el presidente del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres fuera el gobernador regional respectivo. Francamente, es casi ofensivo decir que ello no se puede porque este no tiene facultades ejecutivas. Señalar que el delegado del Presidente de la República es quien cuenta con todas esas atribuciones es casi reconocer la debilidad que tenemos en materia regional.
El delegado presidencial podría haber ocupado una función de secretario ejecutivo en esos comités, si reconociéramos que estamos dejando fuera, en la práctica, a la autoridad electa. Me van a contestar algunos, probablemente, que no es así porque está ahí sentado en un ladito, que es uno de los dieciocho miembros del respectivo comité.
Es casi ofensivo eso, Presidenta, y quería dejar registrada mi inquietud. Lo lamento muy profundamente.
Por cierto, yo apruebo este proyecto; no lo estoy cuestionando. Pero, lamentablemente, se ha cometido una omisión que muestra lo precario que es el proceso de regionalización que estamos llevando a cabo.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador José Miguel Insulza.
Le ofrezco la palabra al Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidenta.
La verdad es que yo sí creo que esta iniciativa de ley es ofensiva, en cuanto al trato que se le da al gobernador regional, que será electo democráticamente.
Insisto en lo que he planteado: Chile requiere un ministerio de emergencias nacionales y desastres naturales. Tiene que haber primacía en el orden y ejecución de mando.
¡Pero aquí sigue a cargo el Jefe de la Defensa Nacional!
La pregunta es: ¿por qué en nuestra Constitución el Jefe de la Defensa Nacional -distinguidísimos generales, almirantes- tiene que hacerse cargo del control de las catástrofes? Si hay un tsunami, tendría que ser un experto, de mano del gobernador, para tomar decisiones e involucrar a las Fuerzas Armadas bajo la sujeción del poder civil. ¡Ese es el debate!
Aquí va a quedar un desastre, Presidenta, porque esta ley está mal hecha, porque no tiene claridad respecto del orden de mando y porque está abierto el debate sobre el pinche delegado presidencial, quien se va a ir a instalar a las regiones gozando de cero autoridad. Va a ser amigo del Presidente, pero enemigo de la ciudadanía.
Las regiones requieren autonomía y que se respete el criterio democrático.
Este proyecto de ley se ha venido impulsando desde hace diez años. Se pudo haber trabajado con mayor facilidad con los gobernadores electos. Pero no, aquí se pasó la aplanadora para instalar al delegado presidencial con todas las facultades, las que el pueblo reclama para alguien que pueda responder frente a la ciudadanía.
A los intendentes se les cambia constantemente; ponen al amigo o a la amiga. ¿Cuántos intendentes, Senadora Ebensperger, ha tenido Tarapacá en este Gobierno? ¿Cuántos ha tenido en Gobiernos anteriores? ¡Dos por año, Presidenta! Todo dependía de qué Senador presionaba más para que le pusieran a tal o cual amigo. Entonces, había una danza de intendentes, producto de la afiliación política, por cierto, y del grado de amistad con el Presidente.
Pues bien, los delegados presidenciales van a jugar el mismo rol y van a tener casi el mismo poder.
En este proyecto de ley, insisto, Chile se merecía un Ministerio ordenado, capacitado, entrenado.
La pregunta es si el Jefe de Zona o el de la Defensa Nacional están capacitados en estas materias.
Aquí está el señor Pugh, destacadísimo Senador y almirante. ¿Cuántos cursos de salvataje en tsunamis o terremotos recibió? ¿Cuál es el entrenamiento que tienen los almirantes de la Armada de Chile, la gloriosa Armada de Chile?
En mi región el Jefe de Zona es un destacadísimo almirante. ¡Bien! Mi pregunta es qué capacitación reciben para enfrentar estos desastres naturales.
Presidenta, las Fuerzas Armadas cumplen un rol obediente y no deliberante, y no puede haber oscuridad a la hora de tomar decisiones. Hace poco tuvimos una situación en la que se planteó si el Ejército, la Armada y la FACh pueden o no salir a reclamar por algo que fue dicho en un canal de televisión. Al respecto, hubo declaraciones del Ejército antes de que hablara el Ministro de Defensa.
Yo quiero reclamar por este proyecto: es una Onemi mejorada, pero con graves falencias respecto de cómo se ordena y planifica. El Ejecutivo había propuesto que todo recayera sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la especialización y, particularmente, el rol de la sociedad civil son fundamentales.
Finalmente, se prorratean comités comunales, provinciales y regionales, ¡pero la decisión es del delegado presidencial!
Esto es lo peor que he visto en cuanto a participación ciudadana. Se le dice a todo el mundo: "Participe, opine", pero al final el delegado del Presidente o la Presidenta de la República va a decidir.
Esto va a naufragar -usando términos de la Armada- en la Constitución. Ahí vamos a corregir esta ley y abogaremos por que haya un ministerio de emergencias nacionales y desastres naturales, a la altura de un país que vive con este tipo de emergencias. Y cuando no hay desastres naturales, el Presidente causa desastres. ¡Ese es nuestro país! Cuando todo está tranquilo y la naturaleza se comporta de manera adecuada y nos respeta, el desastre lo instala el Presidente.
En ese sentido, creo que los gobernadores regionales son un campanazo y una luz de esperanza, porque van a ser elegidos por la ciudadanía. Los gobernadores de las Regiones Metropolitana, del Biobío y del Maule juntos van a tener más votos que el Presidente de la República. Por tanto, espero que sean capaces de marchar a Santiago, llegar a La Moneda y exigir respeto por la democracia y por el voto ciudadano, como muestra de poder para defender a la gente en tiempos de apremio.
Me abstengo en este proyecto de ley, porque lo considero insuficiente, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Alejandro Navarro.
Le ofrezco la palabra al Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Muchas gracias, Presidenta.
Sabemos que aquí estamos en el análisis del informe de la Comisión Mixta, que se abocó a un aspecto en particular. Pero eso no quita, como es la costumbre, la posibilidad de expresar algunos temas.
Siendo Diputado, en la Comisión de Gobierno de aquel tiempo me tocó iniciar la tramitación de este proyecto, que ingresó hace ya diez años, el 2011, iniciativa que introduce un cambio sustantivo, en mi opinión, desde una institucionalidad reactiva a una preventiva.
Se suelen caricaturizar las figuras institucionales, y creo que no hay caricatura más dramática en materia de prevención de emergencias y desastres que la del 27-F, cuando en las oficinas de la Onemi las autoridades políticas de la época no sabían si íbamos a tener o no un tsunami, mientras decenas de personas, chilenos y chilenas, en el archipiélago Juan Fernández fallecían por la falta de previsión, por la falta de planificación, por la falta de información.
Para qué repetir la caricatura de aquel día cuando se preguntaba: "¿Hay o no hay tsunami?". Era dramático; mientras tanto, el país se estaba desarmando, desarticulando.
Esas expresiones más políticas que de fondo obligan a reaccionar de esta manera. Alguien preguntó: ¿Quién es el que provoca más desastres? Bueno, les quiero recordar aquel 27-F en la Onemi, cuando los más conspicuos Ministros de la época consultaban qué estaba pasando en el país, por qué no había información.
Esa era la debilidad de un sistema que evidentemente había que cambiar y transformar.
Como muy bien señaló el Senador Insulza, tengo una sola aprensión y es respecto al rol de los gobernadores regionales versus los delegados presidenciales.
La señora EBENSPERGER.-
Eso no está en debate.
El señor SANDOVAL.-
Desgraciadamente, Luz, tengo que plantearlo, porque uno es de región, y lo hemos dicho muchas veces...
La señora EBENSPERGER.-
¡Para eso está la ley!
El señor SANDOVAL.-
Está bien.
Lo más dramático es que nosotros mismos aprobamos la ley sobre los gobernadores regionales, a sabiendas del contexto en el cual iban a tener que desempeñarse. Pero no va a faltar la oportunidad en que entraremos en conflictos institucionales, legislativos, frente a estas dos figuras, monstruos con dos cabezas. En realidad, no debería hablar de "monstruos", sino de estas dos autoridades instaladas en la región. Una de ellas, desgraciadamente, con un poder acotado, fruto de las limitaciones que tiene el centralismo para quitarse presión y desligarse de funciones y atribuciones.
Sinceramente, espero que el proceso de instalación de los gobiernos regionales y el potenciamiento de su estructura, de sus capacidades de gestión administrativa, etcétera, apunten a relevar la figura de la autoridad regional electa versus la del delegado presidencial, que va a asumir otras instancias.
Entendiendo la estructura orgánica del gobierno interior, el delegado presidencial en su minuto va a tener la tuición sobre gran parte de la gestión en la región (seremías, directores regionales, Fuerzas Armadas). Evidentemente, él será la autoridad empoderada; tendrá mucho poder.
Esperamos que los gobiernos regionales asuman también los nuevos roles que tienen sobre ese particular.
No obstante, con este proyecto se pasa de una institucionalidad reactiva a una preventiva; se crea un Sistema Nacional y Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres, y se avanza en la verdadera construcción de un sistema efectivo de protección civil.
Voto a favor, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador David Sandoval.
Le ofrezco la palabra al Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Las personas, los ciudadanos, quienes habitamos este territorio tan especial, debemos reconocer que estamos en un lugar único y singular. No ha existido terremoto más grande que el 9,5 ocurrido en la zona sur, que motivó transformaciones profundas en toda nuestra normativa.
Hoy Chile es capaz de sobrevivir si se producen grandes terremotos, porque gestiona los riesgos. Lo hace cuando se construye un edificio o cuando se educa a los niños. La Operación Deyse, que se realiza en todos los colegios, es un buen ejemplo. Este es un tema cultural.
¿Qué se requiere, entonces? Una institucionalidad que permita que esto sea parte de un sistema nacional, el cual va a tener nombre y apellido. Además, esperamos separar Ministerios y crear el de Seguridad Pública y Protección Civil.
La protección civil es el eje de este proyecto. Por eso se crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que deberá ser capaz de integrar todas las respuestas. Pero fíjese, señora Presidenta, que esas respuestas no son solo en el ámbito de las emergencias y las catástrofes, sino en todo. Por eso algunos países, como Ecuador, han decidido integrar toda la información en centros regionales para proteger a las personas de todos los riesgos.
Los riesgos hoy, como dice el Foro Económico Mundial, son naturales, son la pandemia, son los ciberataques. Todos están juntos, y las personas están expuestas a ellos.
En los nuevos gobiernos regionales se abre una oportunidad para construir infraestructura integrada. Algunos la denominan "el número único". En Ecuador es el 911: se llama y uno sabe que en cinco minutos tiene toda la respuesta del Estado, incluso integrada con la de los privados, en forma instantánea.
¿Qué buscamos? Llegar a eso.
Hoy nuestros bomberos, por ejemplo, ni siquiera tienen equipos de comunicaciones digitales que les permitan a todos integrarse. Es difícil la coordinación, el traspaso de datos.
El nuevo Servicio tiene esa característica y va a permitir normalizar muchos procesos estandarizados y dar respuestas más rápidas.
Pero la discusión se ha centrado -por su intermedio, señora Presidenta, quiero responderle al Senador Alejandro Navarro en la Sala- en por qué los militares tienen que estar preparados en este ámbito. Es la esencia del uso multipropósito que tienen las capacidades de las Fuerzas Armadas para actuar no solo en épocas de crisis, de conflictos: siempre son capaces de actuar.
Me acuerdo del año 2007 y el terremoto de Tocopilla. Estaba a cargo de la zona norte y tomé inmediatamente un helicóptero y fui el primero en llegar a ver una zona devastada. Arribó después el General Director de Carabineros, general Bernales, que en paz descanse. Y de él aprendí una lección: también los miembros de las Fuerzas Armadas son damnificados, se caen sus casas, son afectadas sus familias y hay que sacarlos del lugar.
El 2010 yo estaba volando a 10 mil pies de altura cuando ocurre el gran terremoto a las 3:37 de la mañana. ¿Y de dónde venía? De graduarme en Pearl Harbor del curso, con todos los generales y almirantes del Pacífico, destinado a conducir fuerzas navales y militares en apoyo a catástrofes: monzones, huracanes, terremotos y tsunamis. Mis profesores fueron los del Pacific Tsunami Warning Center, y entrenábamos capacidades y respuestas preplaneadas que me permitieron, al llegar a Chile, poner toda la capacidad a disposición de la catástrofe, porque no hay tiempo para planificar cuando uno enfrenta una amenaza.
Las Fuerzas Armadas tienen esa capacidad, lo hacen normalmente y están disponibles. ¿Para qué? Para que la autoridad la use. Y se tendrá que discutir y debatir quién será la autoridad. Pero eso de que no están preparadas, que no tienen condiciones, yo lo podría rebatir con los cursos, con las experiencias y con los resultados. Chile posee capacidades que puede emplear; las Fuerzas están preparadas.
Finalmente, señora Presidenta, quiero decir que tenemos una oportunidad extraordinaria. Somos un referente mundial en catástrofes. Y hemos recuperado todo lo que eso significa: hoy nuestros sistemas funcionan, están respaldados; tienen capacidades; las personas están 24/7. ¿Qué necesitamos? Darles institucionalidad; separar los Ministerios; lograr un Ministerio de Seguridad Pública y Protección Civil con una agencia nacional de emergencia, y entrenarnos para poder enfrentar estas amenazas, porque siempre van a ocurrir.
Los gobiernos regionales en la preparación, mitigando; actuando cuando ocurre la catástrofe con todas las capacidades de los que tienen disponibilidad 24/7; y después recuperándonos para poder salir adelante. Esa es nuestra historia, no la vamos a cambiar. Chile va a seguir siendo un país sísmico, tsunámico. Y por eso todos, con cultura, y desde niños, desde el colegio y la escuela, con las operaciones Deyse, tenemos que salir adelante.
Por eso, señora Presidenta, voto a favor.
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Kenneth Pugh.
Le ofrezco la palabra al Senador Carlos Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señora Presidenta, yo quiero compartir algunos juicios que se han manifestado aquí, en la Sala.
Y el que más me hace sentido tiene que ver con la no participación de quien va a asumir una de las principales labores en las regiones, que es el gobernador o la gobernadora.
Efectivamente, nos resultó absolutamente imposible llegar a acuerdos con el Gobierno -y esto ha sido histórico, pues con los Gobiernos anteriores ha ocurrido en la misma línea- para que esa autoridad, que va a ser sancionada, votada por el 40 por ciento si resulta electa en una primera vuelta, asuma un rol esencial en caso de una catástrofe. Y no será así. Y ahí tiene toda la razón el Senador Insulza, con quien en esta materia hemos compartido el mismo juicio, el mismo criterio. Vemos con frustración que esa autoridad regional simplemente va a estar allí acompañando al delegado presidencial.
Ahora, en cuanto a los Ministerios que juegan un rol importante en este ámbito, no se trata solo del Ministerio de Defensa. Aquí fundamentalmente estamos hablando del Ministerio del Interior. Y se establece claramente, además, la subordinación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil. Ese fue uno de los temas -repito- que más discusión tuvieron, y quedó absolutamente aclarado. Por lo tanto, nos hace sentido que exista esta nueva institución de prevención, no solo de reacción, lo que es tremendamente importante, y cómo esto se estructura en las regiones de nuestro país.
El problema es que, políticamente, la principal autoridad regional -que a todo esto va a ser electa la próxima semana en el país-, este nuevo cargo de gobernador simplemente no tendrá ninguna atribución en caso de una catástrofe, ¡ninguna! Incluso, van a tener más atribuciones un alcalde u otras autoridades.
Entonces, aquí vemos que este proyecto tiene una falla, no se pronuncia respecto a lo que ahí va a ocurrir. Y ahí habrá un choque de competencias. O sea, es imposible que una autoridad electa con el 40 por ciento no sea quien lidere una catástrofe en su región. Eso no va a poder aplicar. Por lo tanto, yo creo que se producirá un choque de competencias entre el delegado presidencial y la autoridad electa popularmente como gobernador o gobernadora, que va a ser sancionada a partir de la próxima semana en nuestro país.
En todo lo demás este es un proyecto que genera avances, que efectivamente permite ser más preventivo que reactivo. Y, en consecuencia, yo voto favorablemente, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Carlos Bianchi.
Solo quiero recordar que estamos en el informe de la Comisión Mixta, cuyo análisis dijimos que iba a ser bastante más breve para poder pasar al punto siguiente de la tabla.
Tengo inscritos al Senador Juan Pablo Letelier, al Senador Juan Antonio Coloma, a la Senadora Luz Ebensperger, al Senador Carlos Montes, al Senador Francisco Chahuán y cierra el Subsecretario Galli, del Ministerio del Interior.
La señora EBENSPERGER.-
Al Senador Coloma siempre lo ponen antes que a mí.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
No, Senadora. Aquí el sistema no falla.
El señor COLOMA.-
¡Eso!
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Es absolutamente independiente. No hay intervención humana.
El Senador Ricardo Lagos ha pedido votar sin fundamentar su voto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
El señor LAGOS.-
A favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Lagos.
Le ofrezco la palabra al Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, hay una discrepancia en torno a un punto de un proyecto muy amplio. Y yo me rebelo -me van a perdonar- a que alguien diga que esta iniciativa es la Onemi mejorada. Quien puede llegar a decir eso es alguien que no ha leído el proyecto; es alguien que no ha entendido que la Onemi murió hace mucho tiempo; que desde hace diez años diferentes Gobiernos de diferentes colores políticos han ido armando una nueva institucionalidad, que ha funcionado mucho mejor de lo que teníamos. ¿Que nos falta? ¡Por cierto, nos falta!
Pero yo me rebelo a que en el Senado de la República, cuando estamos construyendo institucionalidad -y lo hemos hecho en forma transversal diferentes Gobiernos-, se minimice a un equipo humano que -es bueno decirlo- se ha logrado que no cambie cuando cambian los Gobiernos. Se ha conseguido un profesionalismo importantísimo en todas las regiones. Quizá haya excepciones. Pero por ello quiero situar el conflicto.
Yo soy partidario de que los futuros gobernadores electos tengan un rol muy importante en los momentos de crisis. Esa no fue la decisión mayoritaria. Lo entiendo. Sé ser minoría en algunos temas. ¡Pero eso no es todo el proyecto! La iniciativa contempla una cantidad de institucionalidad preventiva, que es lo fundamental; pero también de reacción en los diferentes niveles. Y creo que es eso lo que tenemos que rescatar y evaluar. ¿Cómo? Con esta nueva autoridad regional.
Y creo que muchos de quienes han sido intendentas e intendentes saben que se les debe dar un mayor rol a los futuros gobernadores. Hay que ver cómo se evalúa y se logra en el futuro volver con nuestra posición para corregir esto, que va a ser un vacío. Pero no por ello estamos hablando de un proyecto debilitado de una nueva institucionalidad para la prevención de emergencias y desastres.
He dicho, Presidenta.
Voto que sí.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Juan Pablo Letelier.
Han solicitado algunos Senadores y algunas Senadoras votar sin fundamento.
Señor Secretario, tiene la palabra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Solicitó emitir su voto sin fundamentar el Senador señor Huenchumilla. ¿Cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.-
Yo me inscribí en el chat para hablar hace rato, señor Secretario. Pero cuando se nombró a los que estaban inscritos no aparecí.
Entonces, no sé qué pasó.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Vamos a considerar, entonces, el uso de la palabra, Senador.
El Secretario tuvo un problema informático.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Así es.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
No se había consignado su solicitud, señor Senador. Pero no hay problema. En cuanto terminemos con la lista de quienes están acá, en la Sala, le vamos a dar la palabra en el tiempo que le corresponde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Moreira también solicitó votar sin fundamentar.
¿Cómo vota?
El señor MOREIRA.-
Voto a favor.
Desde... (falla de audio en transmisión telemática)... voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.-
Voto a favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?
La señora SABAT.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora señora Allende y el Senador señor Araya también piden votar.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Al igual que el Senador Felipe Kast y la Senadora Jacqueline van Rysselberghe.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Senador señor Araya?
El señor ARAYA.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Senador señor Kast?
El señor KAST.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Senadora señora Van Rysselberghe?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Senador señor Prohens?
El señor PROHENS.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Ahora sí, le ofrezco la palabra al Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Si quiere, habla primero la Senadora Ebensperger.
Gracias.
Señora Presidenta, seré muy breve, porque entiendo que tenemos otro tema muy relevante, que se refiere al nuevo Código Procesal Civil, que es un marco muy diferente de cómo va a funcionar la justicia civil en Chile. Y creo que tiene una gran prioridad. Así que seré muy breve, solo para hacer un comentario y medio.
Básicamente, le digo respetuosamente al Senador Navarro, de quien hemos discrepado otras veces con más pasión, en este caso con reflexión, que todo lo que señaló él no tiene nada que ver con lo que estamos votando.
Tratemos de concentrarnos en el informe de la Comisión Mixta. Y este dice relación con el rol de las Fuerzas Armadas en un artículo específico, chico, pequeño, versus -tiene razón el Senador que lo mencionó- un proyecto bien grande, bien importante. Porque fíjese que llevamos una hora y tanto discutiendo un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos votando.
Entonces, entre todos debemos tratar de hacer un esfuerzo por canalizar los ánimos para resolver los problemas y no para plantear otros.
Voto a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Coloma.
Senadora Luz Ebensperger, tiene la palabra.
La señora EBENSPERGER.-
Señora Presidenta, básicamente, voy a repetir lo que ha señalado el Senador Coloma.
La discusión sobre el proyecto de Onemi ya la hicimos. Lo que estamos viendo hoy día es la discrepancia que se formó con la Cámara respecto del artículo 16. En la propia Comisión nos dijeron que incluso se habían equivocado en la Cámara, porque en el artículo 16 no estaba la norma en que ellos querían discrepar, en cuanto a que quedara claramente establecida la sujeción de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil en esta materia. Y el artículo que pusieron en discrepancia, que era este, se refería al rol del Ministerio de Defensa tanto en la prevención como en su actuación frente a la emergencia.
Por eso el Ejecutivo nos presentó, y así llegamos a este acuerdo, una nueva redacción de este artículo, en que para solucionar la discrepancia se incluyen algunos incisos en que se deja claramente establecido que las Fuerzas Armadas en su actuar en esta materia van a estar siempre sometidas a la autoridad civil.
Esa es la única discrepancia sobre la que versó tanto el trabajo de la Comisión Mixta como este informe.
La otra discusión la dimos cuando analizamos el proyecto de la Onemi en general, que es una gran iniciativa, que es un gran avance, que crea toda una institucionalidad. Hubo un gran trabajo en las Comisiones de Gobierno tanto de la Cámara como del Senado. Y de verdad establece una institución que va a dar importantes resultados.
Y la modificación respecto al rol que todos le queremos dar al gobernador regional no hay que hacerla en este proyecto, sino, como lo hemos dicho reiteradas veces, en la ley correspondiente, la N° 21.074.
El que se haya legislado mal no podemos resolverlo una vez más legislando mal. Hay que modificar la ley N° 21.074. Si queremos entregarle más facultades, es esa la legislación que debe cambiarse y establecer claramente ahí el rol que la mayoría de este Congreso quiera darle al futuro gobernador regional. Consecuencialmente, una vez que se haya modificado esa normativa, se podrán ir haciendo los cambios, conforme a ello, en las otras leyes. Pero no es aquí donde uno puede modificar esas facultades.
Presidenta, voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Senadora Luz Ebensperger.
Le vamos a ofrecer de inmediato la palabra al Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señora Presidenta, la discusión de este proyecto ya la hicimos en su oportunidad. Hoy día estamos en la fase final del proceso legislativo. Nos encontramos viendo el informe de la Comisión Mixta, y a eso quiero referirme.
Yo llamo la atención de que, mediante un artículo que tiene el carácter de ley orgánica, le estamos dando nuevas facultades a las Fuerzas Armadas.
Entonces, quiero puntualizar los aspectos jurídicos que a mi juicio tiene este acuerdo al que se llegó en la Comisión Mixta.
Las facultades de las Fuerzas Armadas y su rol están en la Constitución en el artículo 101. Y la otra parte donde a las Fuerzas Armadas se les entregan facultades para ayudar en épocas de emergencia o de catástrofe se encuentra en los estados de excepción constitucional, justamente en los estados de emergencia y de catástrofe.
Entre paréntesis, quiero decir que la ley orgánica constitucional de los estados de excepción está obsoleta, porque después -esa ley es de 1985, me parece- hubo varias reformas constitucionales que modernizaron la Constitución, con lo que esa ley quedó obsoleta. Por lo tanto, que tome nota el señor Ministro del Interior en el sentido de que creo que habría que poner al día esa ley. Cierro el paréntesis.
Estas nuevas facultades, a mi juicio, se enmarcan dentro del concepto de lo que señala el artículo 101 de la Constitución, en cuanto dice que las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y para la seguridad nacional.
Naturalmente, estamos hablando de la seguridad nacional en un concepto democrático, lejos de lo que fue la ideología antigua de la seguridad nacional.
Y dentro de la seguridad nacional por supuesto que está el resguardar a la población de los embates de la naturaleza, que ocasiona todo tipo de desastres en la infraestructura, en la propiedad, en la gente, en los hospitales, en la economía. De tal manera que frente a esa situación hoy día el nuevo sistema que hemos creado por esta iniciativa, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, le otorga un rol específico a las Fuerzas Armadas y varias facultades importantes, como tener una política nacional de reducción de riesgos, un plan estratégico y un plan de emergencia respecto de estos temas, además de planes y protocolos de operación.
Pero el punto al que voy yo es a que estas nuevas facultades que se entregan a las Fuerzas Armadas mediante esta iniciativa se refieren a las materias que corresponden a su sector. O sea, interpretando, diríamos que las nuevas facultades se enmarcan dentro del artículo 101 de la Constitución y, por lo tanto, a mi juicio, no tendría problemas de constitucionalidad este proyecto de ley. Y dentro del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres las Fuerzas Armadas tendrán un rol específico de acuerdo con su propia naturaleza y estructura. Esas son las facultades que les estamos entregando mediante este artículo 16, porque se refiere específicamente al rol que ellas deben cumplir dentro del Sistema Nacional, que está dirigido, naturalmente, por las autoridades civiles; pero ellas, con el potencial que tienen, van a asumir una función específica.
Por consiguiente, señora Presidenta, encuentro que la solución dada por la Comisión Mixta es la adecuada.
Quería decir eso para los efectos de la historia de la ley, sin perjuicio de que naturalmente comparto lo que aquí también se ha dicho respecto del gobernador regional, que es un nuevo actor político que entrará. Pero eso ya fue motivo de otra discusión.
Por lo tanto, en virtud de eso, voto favorablemente el informe de la Comisión Mixta, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Francisco Huenchumilla.
Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señora Presidenta, mire, aquí se pone muy en el centro el debate sobre el mando en esta institución, lo tocante al gobernador regional y a todo el tema con el delegado presidencial.
Yo estoy convencido de que aquí hemos tratado de modificar el sistema de gobierno interior y nos hemos concentrado en una figura, que es la del gobernador, todo lo cual tiene muchas inconsistencias y debilidades que en el camino van a ir quedando en claro. Lo que hemos discutido acá es una de ellas, pero esto se halla ligado a bastantes otras cosas que tienen que ver con la relación del gobernador con muchos otros instrumentos del Estado.
No me voy a meter en ello. Efectivamente, como dice el Senador Huenchumilla, eso es materia de otra ley, y ahí quedó.
Ahora nos encontramos abocados a la necesidad de modificar la normativa específica en que estamos.
El 2010 tuvimos un inmenso terremoto que provocó grandes problemas: llevamos once años y recién hoy día está por despacharse el informe de Comisión Mixta: ¡once años!
Afortunadamente, creo que la Onemi antigua se ha ido modificando, se ha ido adaptando en muchos sentidos.
El Senador Letelier tiene mucha razón cuando dice que lo señalado por el colega Navarro no tiene fundamento. Este proyecto partió de otro lado, de una cuestión absolutamente centralizada, de arriba abajo, y fue cambiando en muchos aspectos, por lo que no es el mismo del comienzo, pues se ha buscado construir un instrumento, una institucionalidad distinta y que responda a la realidad. Y se han mirado experiencias internacionales.
Al respecto, quiero plantear dos preocupaciones, una advertencia sobre dos temas, cuestión que ya he expresado en otros momentos, pero quiero insistir en ello, y ambas tienen que ver con lo preventivo.
En un país como Chile, que es el más sísmico del mundo, con una cantidad de volcanes que tenemos por distintos lados a lo largo de todo el territorio, con un pronóstico sobre el efecto del cambio climático en nuestra geografía bastante dramático si así fuese, necesitamos prepararnos mucho. Aquí, en esta normativa, se establecen ciertas preparaciones y prevenciones en lo que se va haciendo. Sin embargo, quiero reiterar que es fundamental llevar a cabo mucha más investigación sobre nuestros problemas sismológicos, y también de los volcanes y del efecto del cambio climático. Por lo tanto, esta institución, si no está vinculada dinámicamente a un sistema de investigación, la verdad es que quedará rápidamente desfasada por los hechos reales.
En el terremoto del 2010 se hizo previamente una simulación, hubo un estudio que realizó la Cepal prácticamente en el mismo lugar del epicentro y de todos los efectos: no estuvo tan lejos, en un nivel bastante más bajo que el que fue, pero tocó los resortes principales.
Hay que investigar; necesitamos saber más, y que haya, en consecuencia, una relación entre esta institución y el sistema de investigación mucho más expedita. No nos podemos quedar contentos con lo que tenemos. Incluso en la comuna de Maipú, en que había un problema geológico en un sector, se permitió construir un edificio: se cayó porque ese problema geológico no se detectó oportunamente.
O sea, requerimos saber mucho más.
Reitero la necesidad de darle más importancia a esta materia. Tal como se halla el proyecto, esto no está como un elemento destacado, significativo. Creo que Chile puede tener grandes novedades con los deshielos que van a ocurrir por el efecto del cambio climático, entre otras cosas. Precisamos anticiparnos a ello, además de reaccionar bien.
El segundo tema que me preocupa es la preparación de las relaciones entre las instituciones. Aquí no se trata solo de quién está arriba, sino de ver, como en todas las fases previas, cómo se preparan las instituciones y cómo trabajan. Y eso depende mucho de la naturaleza del evento, del sismo o de lo que sea. Yo he preguntado otras veces acá: ¿Quién fue el eje en el terremoto del 2010 en Talcahuano? ¡Fueron los bomberos! Allá llegaron los marinos, allá fue el alcalde, porque la verdad es que las otras instituciones no estuvieron en condiciones de asumir y de responder apropiadamente.
Esto depende mucho de los eventos, y, por lo tanto, se requiere que el sistema de coordinación de las instituciones tenga toda la flexibilidad posible.
Lo que veo acá es que ello queda bastante relajado todavía, y hay que ir fortaleciéndolo una vez que se origina el evento. Esto ha de tener preparación, pero una vez que se produce, en las instituciones públicas y en la sociedad.
Yo me voy a pronunciar favorablemente sobre este proyecto. Y le diría al Senador Alejandro Navarro que lo votaré a favor sabiendo que es un gran paso adelante respecto de lo que hoy día tenemos; sabiendo que es tremendamente necesario; sabiendo que estamos muy atrasados, y sabiendo también que tiene debilidades. Pero eso es propio del debate que deberemos seguir haciendo a medida que los hechos lo vayan demostrando y la reflexión lo permita.
Voto a favor, Señora Presidenta, y espero que esta iniciativa se apruebe hoy día.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Le ofrezco la palabra al Subsecretario Galli.
El señor GALLI (Subsecretario del Interior).-
Señora Presidenta, es muy breve, pues ya me han ahorrado mucho los Senadores que hicieron uso de la palabra. Porque, en verdad, para mí este proyecto tienen un valor especial, y por eso creo que también hay que apreciar los avances institucionales que hace este país y con gobiernos de distintos colores políticos.
En tal sentido, pienso que este es un avance institucionalidad potente, en que aprendimos las lecciones de lo que nos ocurrió el 2010; hemos avanzado en infraestructura, en capacidades profesionales, pero también en institucionalidad. Y este quizás es el cierre de una primera etapa para avanzar a una segunda en materia de institucionalidad de gestión de riesgo de desastres. En tal virtud, claramente uno no puede calificar esto como un avance menor o un paso, por cuanto se trata de un paso sustantivo hacia adelante en nuestra institucionalidad.
Pero, sí, Presidenta, hay que reconocer que parte del debate que se ha dado aquí justamente apunta a un cambio en la institucionalidad que se dio en medio de esta discusión. Piense que este proyecto de ley ingresó allá por el año 2011 y está terminando su tramitación en 2021, y en la mitad de su tramitación se introdujeron modificaciones a la institucionalidad en el ámbito de la descentralización.
Por eso mismo quiero darle garantías al Senado en el sentido de que este proyecto incorpora a las autoridades regionales. Tan así es que el gobernador regional tiene un rol, quizás el más preponderante, en la etapa de prevención, en la fase de prevención y preparación de la gestión de riesgo de desastres. Quien invierta en las alarmas para la evacuación; quien invierta en la tecnología, en la infraestructura, en las piscinas decantadoras en las quebradas va a ser el Gobierno regional. Por lo tanto, el gobernador tiene un papel muy relevante en materia preventiva y de preparación de la emergencia.
Ahora, cuál es la diferencia, y quizás ahí es donde se centra el debate: ¿Quién lidera la gestión, la respuesta frente a la emergencia? En eso sí es claro que ha de ser aquel que tenga el liderazgo operativo en esta materia; tiene que ser aquel con quien se relacionan las policías, los servicios públicos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la misma oficina que va a estar a cargo de la emergencia. Y ese, naturalmente, va a ser el representante del Presidente en la República en la región. ¿Con una participación relevante del gobernador? Por supuesto que sí. Pero claramente vamos a distinguir -y quizás ese es el gran avance de este proyecto de ley- las distintas fases de la gestión de riesgo de desastres: la prevención, la preparación, la mitigación, la respuesta y la recuperación. Entonces, ahí hay roles para cada una de las instituciones de nuestro país, incluyendo uno relevante para el gobernador regional.
Por eso, Presidente, creo que estamos dando un paso hacia delante. Además, me parece que en el contexto en que vivimos decirle a la ciudadanía que podemos dar avances en materia de institucionalidad es una señal de esperanza, de confianza en que nuestras instituciones funcionan.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Subsecretario señor Francisco Galli.
Senador Chahuán, le habíamos dado la palabra recién, pero no estaba en el Hemiciclo. Así que, por favor, sea breve, pues ya debemos terminar la votación.
El señor CHAHUÁN.-
Presidente, simplemente quiero señalar -tal como indicó el Subsecretario Galli- que este proyecto esperó largo tiempo. Se empujó durante el primer Gobierno del Presidente Piñera; luego se hizo lo propio en la Administración de la Presidenta Bachelet, y hoy día finalmente tenemos una nueva institucionalidad que se hace cargo justamente del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
Aquello es fundamental, porque es la única manera de coordinar los esfuerzos y evitar que situaciones como las que vivimos en nuestro país el 27-F vuelvan a ocurrir.
Esto implica establecer un sistema que determine responsabilidades institucionales; que tenga musculatura, y que se haga cargo de la situación dramática que cada cierto tiempo nos sucede en materia de desastres naturales y, por supuesto, de catástrofes.
Por tanto, valoro esta iniciativa, que apruebo.
Ahora nos hallamos votando también el informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias entre ambas Cámaras en cuanto a los roles, respecto del cual me pronunciaré a favor; pero ciertamente acá estamos convencidos de que los gobiernos regionales tendrán también un rol relevante. Esa también es tarea que tenemos por delante, cuestión que se verá en otra legislación, y, por supuesto, habrá que darles espacio a las nuevas autoridades para que asuman también esa responsabilidad.
Pero finalmente establecer una institucionalidad que se haga cargo de estos eventos y catástrofes de la naturaleza por supuesto que va en la dirección correcta.
Voto a favor, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Francisco Chahuán.
Le solicito al señor Secretario que proceda a tomar la votación de los Senadores y de las Senadoras que aún no han manifestado su opción de voto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
El señor GUILLIER.-
Señor Secretario, este proyecto es de larga data.
Crea, obviamente, una institucionalidad para enfrentar algo permanente en nuestro país que son las catástrofes y desastres, sobre todo naturales y de diversas características. Por lo tanto, era necesario y positivo el establecimiento de un sistema para tales efectos.
El proyecto contiene algunos elementos descentralizadores en la planificación, estudio y medidas preventivas, pero al momento de actuar frente a una emergencia el gobierno centralizado recupera todo su poder y lo ejerce sin mucha consideración con los gobiernos locales.
Pienso que esa es una debilidad de esta iniciativa.
En cambio, una fortaleza del proyecto es el rol de las Fuerzas Armadas, pues todos sabemos que en situaciones de catástrofe ellas siempre son el recurso al que recurre el país y normalmente lo han hecho muy bien. Entonces, resulta significativo incorporar dentro de sus funciones constitucionales, que esencialmente tienen que ver con la defensa y la seguridad de nuestro país, este rol especial y relevante en momentos de catástrofe. Y hacer aquello de manera más formal -porque es de facto, así ocurre-, más institucional es muy positivo. Creo que eso es algo enorme que tiene nuestro país en materia de recursos humanos, infraestructura y capacidad de desplazamiento.
Por lo mismo, era necesario aclarar bien esa función, cómo iba a regir no solo en la parte activa, sino también en el aspecto preventivo y de planificación para los efectos de enfrentar eventuales situaciones de catástrofe.
Creo que eso se resuelve bien.
Por lo tanto, voy a votar a favor, aun cuando siento que el sistema planteado pudo haber avanzado como una cuestión mucho más descentralizada y más acorde a lo que Chile espera, y no con estos avances y retrocesos tan característicos de este Senado. Bueno, habrá que explicarles a los electores a la hora de pedirles el voto para los gobernadores regionales por qué se es tan dubitativo y tan de ida y vuelta cuando se enfrenta este tema.
Como sea, en lo que se refiere al trabajo de la Comisión Mixta, creo que se resolvió bien el punto, y, por lo tanto, voto a favor su informe.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
Senador señor Kast, usted ya votó.
El Senador señor Prohens también ya votó.
El Senador señor Kast y el Senador señor Prohens tienen registrado su voto a favor.
Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
La señora VON BAER.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Terminada la votación.
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Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (41 votos a favor y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Navarro.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Queda aprobado el informe de la Comisión Mixta.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Quiero recordar a Sus Señorías que con respecto al proyecto que modifica la ley N° 21.249, que dispone de manera excepcional las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red para extender su aplicación por el plazo que señala (boletines Nos 14.156-03 y 14.157-03, refundidos), que se rechazó en general al comienzo de esta sesión, la Comisión Mixta quedará constituida por los integrantes de la Comisión de Economía del Senado.
Pasaremos al siguiente proyecto en tabla, para lo cual saludamos nuevamente al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín.
NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A continuación, corresponde a esta Sala ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el nuevo Código Procesal Civil, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 8.197-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le solicito al señor Secretario que haga la relación del proyecto, y, posteriormente, al Senador Pedro Araya, como Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que rinda a la Sala el informe respectivo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El principal objetivo de este proyecto es establecer, sobre la base de criterios de eficiencia jurisdiccional y eficacia económica, un nuevo instrumento legal que permita lograr una tutela efectiva de los derechos e intereses involucrados en los conflictos de naturaleza civil y comercial, así como facilitar el acceso a la justicia y uniformar nuestro proceso civil con los estándares internacionales vigentes en este ámbito y con otros procedimientos que ya han sido reformados estructural y funcionalmente en nuestro país.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento consigna en su informe que se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 13 de mayo de 2014, disponiéndose su estudio por dicha instancia legislativa.
El referido órgano técnico discutió este proyecto de ley solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Ebensperger y señores Araya, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.
Asimismo, hace presente que los artículos 143, 179, 190, 191, 386, 404 y 455 tienen rango orgánico constitucional por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, por lo que para su aprobación se requieren 25 votos a favor.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 119 a 255 del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a disposición en la Sala, y también se encuentra en la plataforma informática de esta sesión remota y ha sido despachado a los correos electrónicos de todas las señoras Senadoras y de todos los señores Senadores.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al señor Secretario.
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador Pedro Araya, para que rinda informe a la Sala.
El señor ARAYA.-
Señora Presidenta, en mi calidad de titular de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, me corresponde informar a esta Sala acerca del proyecto de ley que establece el nuevo Código Procesal Civil.
Esta iniciativa de ley se inició en mensaje dirigido a la Cámara de Diputados en el mes de marzo del 2012.
Su objetivo es establecer un nuevo instrumento legal que permita el logro de una tutela efectiva de los derechos e intereses involucrados en los conflictos de naturaleza civil y comercial. Además, persigue facilitar el acceso a la justicia y uniformar nuestro proceso civil con los estándares internacionales vigentes en este ámbito y con otros procedimientos que ya han sido reformados estructural y funcionalmente. Todo lo anterior, sobre la base de criterios de eficiencia jurisdiccional y de eficacia económica.
Según el mensaje de este proyecto, es fruto directo de un trabajo realizado a partir del año 2010 por una Comisión Intraministerial y un Consejo Asesor, en los cuales participaron numerosos y destacados especialistas de distintas universidades, además de representantes de la Excelentísima Corte Suprema y de otras instituciones.
Estos esfuerzos, a su vez, tuvieron un origen anterior, partiendo por la labor del Foro Procesal Civil convocado el año 2005, que fue seguida por la elaboración de un anteproyecto que se le encomendó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el año 2006. En este marco, el mensaje destaca que esta iniciativa refleja una pluralidad de visiones y un amplio compromiso cívico.
En la Cámara de Diputados este asunto tuvo un prolongado estudio, que implicó algo más de dos años de tramitación. El texto que llegó al Senado a cumplir su segundo trámite constitucional es diferente del original, fundamentalmente porque en la Cámara de origen se excluyeron las propuestas referidas al denominado "oficial de ejecución" y al recurso extraordinario.
Cabe señalar que se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado el 13 de mayo de 2014, disponiéndose su estudio por parte de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La iniciativa aprobada en el primer trámite constitucional consta de 126 artículos menos que el original y está compuesta por 455 artículos permanentes y un artículo transitorio, agrupados en cuatro libros -inicialmente eran cinco libros y el quinto se refería al oficial de ejecución, que fue suprimido en la Cámara de origen-, los que a su vez se dividen en títulos, capítulos, párrafos y artículos. Así, los 581 artículos originales se redujeron a 455 tras su paso por la Cámara de Diputados.
Las materias que se tratan en los libros son las siguientes: el Libro Primero, sobre Disposiciones Generales, que consta de 13 títulos y comprende del artículo 1° al 251, aborda los principios generales; la aplicación de normas procesales; las partes; el litisconsorcio; la intervención de terceros; las responsabilidades de las partes y apoderados; la pluralidad de acciones; la acumulación de procesos; disposiciones generales de los actos procesales; los incidentes; los incidentes especiales; las medidas prejudiciales y cautelares, y las resoluciones judiciales y su eficacia.
El Libro Segundo se refiere a los procesos declarativos y contempla dos títulos (artículo 252 al 361), que versan sobre el juicio ordinario y el procedimiento sumario.
El Libro Tercero, sobre recursos procesales, consta de cuatro títulos (artículo 362 al 406), que consagran las disposiciones generales y los recursos de reposición, de apelación y de hecho.
El Libro Cuarto aborda los procedimientos especiales a través de seis títulos (artículo 407 al 454), donde se regula el procedimiento monitorio; el juicio sobre cuentas; la citación de evicción; la acción de desposeimiento contra terceros poseedores de la finca hipotecada o acensuada; los interdictos, y la jactancia.
En lo tocante al quorum de aprobación del proyecto, esta Comisión, en sintonía con la Cámara de Diputados, entiende que siete de sus disposiciones, por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, ostentan rango orgánico constitucional. A saber, los artículos 143, 179, 190, 191, 386, 404 y 455. Cabe mencionar que al respecto la Cámara de origen consultó el parecer de la Excelentísima Corte Suprema, la que informó favorablemente el texto consultado, si bien formuló algunas observaciones y sugerencias.
Señora Presidenta, esta Comisión, entre los meses de mayo y agosto del año 2014, celebró un conjunto muy relevante de audiencias destinadas a recibir la opinión de las instituciones que serán las operadoras del nuevo sistema procesal civil, como también de académicos y especialistas en la materia. Así, la Comisión escuchó a personeros del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Consejo de Defensa del Estado, de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, del Colegio de Abogados de Chile y de algunos colegios de abogados de distintas regiones del país. Asimismo, se escuchó a profesores e investigadores de las facultades de derecho de distintas universidades. En el informe respectivo se deja constancia de todos quienes fueron consultados en esta materia.
Retomando lo que fue el estudio del proyecto, en sesión del 29 de abril del año en curso, la Comisión que presido escuchó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, y a la Jefa de la División Jurídica de dicha Cartera, señora Mónica Naranjo.
Señora Presidenta, en circunstancias de que desde hace un tiempo se discute la necesidad de una reforma procesal civil completa, tal como ha ocurrido en los ámbitos penal, laboral, aduanero y de familia, hasta ahora solo se han realizado pequeñas reformas que, si bien han modernizado los procedimientos civiles, no dan cuenta de todas las modificaciones estructurales que se requieren.
En el año 2014, la Comisión que presido acordó suspender la tramitación de esta iniciativa sobre la base de que la mera aprobación de las normas de procedimiento contenidas en el proyecto no serían viables si no se complementaban con cambios en la estructura orgánica de los tribunales reformados para estos efectos y con un financiamiento bastante claro; y porque la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, había incorporado modificaciones que debían ser revisadas con detención.
Como se sabe, esta reforma parte del diagnóstico que devela la existencia de una demanda de justicia insatisfecha, esto es, con el acceso a la Justicia como mecanismo de resolución de conflictos. Para ello, la presente reforma propone un nuevo modelo de atención y orientación al usuario, que contará con una unidad de atención de público y mediación gratuita, dentro de los tribunales civiles reformados. También se establece un procedimiento simplificado para conflictos inferiores a 40 unidades tributarias mensuales, el que permitirá comparecer sin la representación de abogado y que el juez podrá resolver en una sola audiencia.
Por otra parte, se elimina el arbitraje forzoso en los juicios de partición de determinada cuantía (juicios de hasta 100 millones de pesos), en razón de los costos del arbitraje, y se aumentan las comunas en que habrá un servicio de justicia civil.
Se crearán veintisiete nuevos juzgados civiles, que incrementarán la presencia territorial de los tribunales en las localidades más aisladas de nuestro país. Al efecto no solo se crearán nuevos tribunales civiles reformados, sino que también se aumentará el número de jueces disponibles.
En seguida, se realizan importantes cambios en el procedimiento ordinario y sumario, mediante la incorporación de la inmediación y la oralidad en las audiencias y la instauración de la mediación como un mecanismo autocompositivo que permitirá la resolución alternativa de los conflictos.
En lo que atañe a los altos costos para los usuarios, se establecen procedimientos simples que permitirán la comparecencia de abogados tanto en el procedimiento simplificado como en la mediación; se incorporan mecanismo de notificación a menor costo, a través de unidades de notificación al interior del Poder Judicial, y se disponen diligencias y actuaciones en forma remota.
Tal como explicó el Ministerio de Justicia ante la Comisión, en este marco los objetivos de la reforma son: primero, ampliar el acceso a la justicia de las personas afectadas por conflictos civiles; segundo, incorporar la mediación para lograr soluciones pacíficas, consensuadas y duraderas; tercero, reformar sustantivamente el proceso civil, con la simplificación de trámites escritos y la eliminación de los trámites de la réplica y la dúplica; cuarto, perfeccionar la ejecución civil, incorporando la tecnología y la interoperabilidad, y quinto, relevar el rol de la Corte Suprema en la unificación de la jurisprudencia.
Este conjunto de objetivos, según señaló el señor Ministro, se materializa mediante tres proyectos de ley: el primero de ellos es el que se encuentra en estudio; las otras dos iniciativas son complementarias y se refieren a la mediación y a una modificación al Código Orgánico de Tribunales que diseña una nueva estructura asociada a la reforma procesal civil.
Cabe acotar que la mediación civil busca propender al mayor acceso de las personas a la Justicia, promoviendo este mecanismo autocompositivo de resolución de conflictos civiles, pero sin restringir el derecho a judicializar las controversias jurídicas. Solo son mediables conflictos que involucren derechos disponibles para las partes, aunque se contemplan ciertas materias en que la mediación es requisito de procesabilidad; por ejemplo, en los casos de la partición, de los cobros de pesos, de los arrendamientos.
La mediación será gratuita y el servicio se prestará por mediadores de la unidad de atención de público y mediación, que no necesariamente serán abogados. Asimismo, se habilitarán centros de mediación debidamente constituidos e inscritos en el registro que llevará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los principios que informan la mediación tienden a asegurar la igualdad, imparcialidad, voluntariedad, buena fe y confidencialidad. Una vez que el acta de mediación esté revisada por el abogado de la unidad de atención de público y mediación o del centro respectivo, esta tendrá efecto de sentencia firme y ejecutoriada.
En lo referente al proyecto que reforma el Código Orgánico de Tribunales, el Ministerio de Justicia anunció la creación de 36 tribunales civiles, reformados, especializados, a partir de la actual judicatura civil, y el refuerzo de la dotación y la modificación de los servicios que prestan los juzgados de letras con competencia civil, incorporando las nuevas unidades.
Adicionalmente, se crearán 139 unidades de atención de público y mediación, que estarán compuestas por equipos interdisciplinarios. En lo tocante a la dotación de tribunales, se crean cargos nuevos, siendo las figuras más innovadoras las de mediador y de oficial de tramitación civil. De esta forma, se incorporan al Poder Judicial 191 mediadores y 210 oficiales de tramitación civil.
A su vez, se aumentará en un 76 por ciento el número de jueces, lo cual significa que el diseño de la reforma procesal civil conlleva un aumento de 278 a 490 jueces, existiendo al menos dos magistrados en todos los tribunales con competencia civil del país.
De igual modo, se incorporan nuevos servicios y líneas de atención que permitirán un mejor acceso a la Justicia.
En ese orden, el costo incremental de la reforma procesal civil, en régimen, se calcula, aproximadamente, en la suma 74 mil millones de pesos.
Un aspecto muy destacado de esta reforma, según los proyectos que se han realizado, radica en la notable reducción de los actuales tiempos involucrados en la mayoría de los procedimientos jurisdiccionales, y en la significativa disminución de costos para los usuarios, al contemplar procedimientos que facultan la comparecencia sin abogado, lo que permitirá que un mayor número de personas pueda acceder a la Justicia para resolver sus conflictos. A su vez, se consagran las vías remotas para poder realizar determinadas actuaciones, diligencias y audiencias.
Es dable informar que el señor Ministro anunció que habrá veintisiete nuevas sedes de justicia civil, que corresponden a las comunas de Juan Fernández, Guaitecas, O'Higgins, Lago Verde, General Lagos, Futaleufú, Tortel, Palena, Ollagüe, Colchane, Timaukel, Camiña, San Gregorio, Primavera, Cochamó, Putre, Río Verde, Camarones, Río Ibáñez, Corral, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama, Melipeuco, Laguna Blanca, Alhué, Puqueldón y Cunco. La definición de estas comunas no dice relación con la cercanía entre ellas, sino más bien con la conectividad que tienen.
Señora Presidenta, en lo personal, manifiesto mi inquietud, como lo expresé en la instancia parlamentaria que presido, por la necesidad de la actualización que debe hacerse de la información relativa a las cargas de trabajo de los distintos tribunales del país y de quienes están accediendo a la justicia civil. En este sentido, debe recordarse que en un porcentaje importante de las causas en la jurisdicción civil pertenecen a las cobranzas por parte de la banca y el retail, y que el proyecto originalmente contemplaba la figura del oficial de ejecución, que llevaría adelante los juicios ejecutivos, cuestión que generó reparos que motivaron su rechazo de parte del proyecto en la Cámara de origen.
Por otra parte, subsiste la preocupación acerca de otros dos temas: uno, lo que concierne al régimen recursivo, a cuyo respecto en su momento no hubo consenso en cuanto al recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema; y dos, lo tocante a lo que sucederá también con la justicia de policía local, que con el tiempo dejó de ser una justicia meramente infraccional, ya que le hemos agregado nuevas atribuciones, algunas de las cuales probablemente debieran recaer en esta nueva justicia civil.
Por último, destaco que, al someter a votación la idea de legislar, esta iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión.
Es todo cuanto puedo informar, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Pedro Araya, Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Le ofrezco la palabra al señor Ministro de Justicia, don Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Muchas gracias, Presidenta.
Agradezco al Senado, a sus integrantes y a los Comités que hayan tenido a bien incorporar este proyecto en la tabla de hoy, y particularmente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que preside el Senador Araya, y a sus integrantes, los Senadores De Urresti, Huenchumilla, Rodrigo Galilea y Luz Ebensperger, por su buena acogida y su apoyo unánime a esta iniciativa.
La verdad es que hoy damos paso a la presentación de una gran transformación en el ámbito de la justicia en Chile. Se presenta la oportunidad de aprobar en general, la idea de legislar, un proyecto que nos va a proveer de una nueva justicia civil en nuestro país, cumpliendo así un compromiso de Gobierno, pero, más allá de eso, un largo anhelo de nuestro país, ampliamente consensuado por distintos sectores.
El objetivo de esta reforma procesal civil es terminar con la ineficacia de un sistema judicial que no responde a las necesidades del Chile actual en problemas de su vida cotidiana, reemplazando por esta vía al antiguo Código de Procedimiento Civil, de 1903, por un nuevo Código Procesal Civil que sí responda a las actuales necesidades de las personas en lo que dice relación con la justicia civil.
Hoy en día, si bien el sistema de justicia civil absuelve el mayor número de causas a nivel nacional -en la época prepandemia alcanzaba el 57 por ciento de las causas; con la pandemia se han visto alteradas las causas por razones que todos entendemos-, tenemos, a pesar de ello, de ser tan cuantitativamente significativo, un sistema caro, con procedimientos engorrosos, de larga duración y, muchas veces, de muy bajo recupero. Este sistema obstaculiza que conflictos de mediana y baja cuantía puedan ser canalizados a través de los tribunales, lo que genera falta de acceso a la Justicia.
La pandemia que hemos sufrido en este tiempo ha dejado en evidencia aún más la relevancia de esta judicatura, considerando que, a consecuencia de sus graves efectos a la salud pública, cientos de miles de personas han visto postergada la debida y oportuna protección de sus derechos, por las dificultades experimentadas en la administración de justicia.
Como Gobierno, creemos fundamental eliminar las barreras que existen en el acceso a la justicia civil, las que afectan principalmente a las personas menos favorecidas. El garantizar a estas un acceso a la Justicia oportuno y de calidad es coherente con la pretensión esencial que tenemos de poner el Estado al servicio de las personas.
Fue el Presidente Sebastián Piñera quien en su Administración anterior dio impulso a un nuevo diseño de la justicia civil, ingresando el año 2012, como se recordaba, el proyecto de ley que crea y establece un nuevo Código Procesal Civil.
La propuesta buscaba encauzar, en esta larga discusión que antecedió a su presentación, una modernización del proceso de justicia civil, armonizándolo con otras reformas que en el ámbito procesal ya habían sido probadas en variados órdenes jurisdiccionales, basadas en un juicio oral y por audiencia más rápido y eficiente que el actual. Entre ellas ya se habían reformado las áreas de la judicatura penal, laboral, de familia, medio ambiente e, incluso, tribunales tributarios y aduaneros.
Sin embargo, como se ha recordado, luego de dos años en que se produjo la aprobación de este Código en la Cámara de Diputados, su tramitación, que se inició el 2014 en la Comisión de Constitución del Senado, se suspendió tiempo después. Y las razones ya las anticipaba el Presidente de esta Comisión, el Senador Araya, cuando recordaba que, en definitiva, lo que había traído la iniciativa eran solo las modificaciones normativas del procedimiento que se quería instaurar, pero no había detrás una estructura orgánica que encauzara y le diera forma y salida a esas nuevas normas, y menos todavía existía un financiamiento adecuado que pudiera garantizar la transformación de estos tribunales. Y por eso dicha Comisión -lo recuerdo bien porque me tocó integrarla en ese entonces- decidió pedirle al Ejecutivo de la época que reestudiara la materia y volviera con el cuadro completo.
Y esto es lo que hemos hecho.
Presidenta, estimadas Senadoras y estimados Senadores, conscientes de que el diagnóstico que sirvió de fundamento para el diseño del proyecto de ley original continúa vigente, y de que los problemas en el acceso a la Justicia que aquejan a las personas aún siguen sin solución, se incorporó esta reforma en el programa de gobierno de la actual Administración del Presidente Piñera. La convicción es que la única forma de asegurar una justicia civil oportuna, asequible y de calidad, y un acceso de todos y todas es modificando el actual sistema de enjuiciamiento civil, ya que las barreras de acceso a la Justicia identificadas son aquellas que este proyecto de ley busca derribar mediante soluciones transversales y duraderas, con un amplio sentido de Estado.
Como ya se ha recordado, es justo y necesario señalar que este proceso, que hoy día reiniciamos, no es únicamente el resultado de nuestro trabajo o de nuestro Gobierno. Muy lejos de eso: este proceso es la culminación de una larga historia de esfuerzo, de estudio, de discusiones que han tenido lugar en Chile durante al menos una década, si no dos. Han participado en él decenas de personas: jueces, juezas, abogados y abogadas, académicos, expertos de la más variada procedencia y origen. Lo que hemos hecho es intentar recoger, de ese caudal de antecedentes, un camino de cambios que interprete la reflexión y la labor efectuada, y se permita, así, llevar a cabo un debate serio y riguroso en el Congreso Nacional.
Han sido claves en la realización de este trabajo catalizador de los esfuerzos históricos que se han venido desarrollando en esta materia, la Comisión que ha trabajado en ella y que participó también en la elaboración del Código Procesal presentado el 2012; los profesores José Pedro Silva, que la condujo, Cristian Maturana y Raúl Tavolari, a quienes se agregaron Macarena Letelier y Nicolás Frías, en un trabajo que ha coordinado la actual Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, doña Mónica Naranjo, quien ha estado trabajando en este proyecto desde entonces.
Junto a lo anterior, debo señalar que hemos contado con la participación de otras áreas y sectores.
Y quiero destacar especialmente al Poder Judicial, que también ha participado en nuestra mesa de trabajo, liderado por las Ministras de la Corte Suprema señoras Rosa María Maggi y Rosa Egmen, y también por el entonces Ministro Héctor Carreño, a través de los cuales pudimos valorar el compromiso, la experiencia y los aportes colaborativos de dicho Poder del Estado en esta tarea.
El trabajo conjunto ha permitido enriquecer el Código Procesal Civil, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y presentado originalmente por el propio Gobierno del Presidente Piñera, por medio de la elaboración de un conjunto de indicaciones que esperamos presentar tan pronto el proyecto sea aprobado en general por esta Corporación, y que buscan fortalecer algunos aspectos que fueron rechazados por la Cámara de Diputados y, luego, agregar otras modernizaciones que estimamos fundamentales.
Los aspectos que fueron rechazados en la Cámara de Diputados apuntan en dos direcciones.
El primero, al procedimiento ejecutivo que se instalaba para dar, por esa vía de carácter administrativo, soluciones a los procesos de cobranzas y de otra naturaleza, los cuales se acumulan y forman parte importante de las causas judiciales civiles.
En su reemplazo se ha creado una unidad de tramitación civil que va a ejercer en forma dinámica este proceso y que va a trabajar con tecnologías y métodos más modernos para asegurar un buen avance, ciertamente con respeto a los derechos del deudor. Ahora, si acaso el deudor opone al título ejecutivo que le está haciendo cobrado, el proceso no seguirá la tramitación administrativa, sino que irá al juez para que se abra un proceso contencioso del derecho sustantivo cuestionado. Y, de lo contrario, seguirá una tramitación expedita, rápida, con subasta electrónica, con remate online y con sistemas de notificaciones eficientes para resolver en forma breve y en rápido trámite esta materia.
Reponemos, entonces, algo que es fundamental para desahogar a los tribunales civiles y reformarlos en tribunales que cuenten en este ámbito con una unidad de ejecución administrativa eficaz y que no entorpezca la labor propiamente jurisdiccional que les compete a los jueces.
Por otro lado, en el trámite de la Cámara de Diputados se eliminó el recurso de casación o un recurso extraordinario que se había establecido para lograr unificar la jurisprudencia y corregir los errores de derecho que se pudieran producir durante la tramitación de estas causas.
Nosotros, oyendo a los especialistas y a la inmensa mayoría de los académicos y abogados litigantes, hemos restablecido ese recurso. Y en las indicaciones que vamos a presentar lo hemos incorporado como un recurso que corrige los errores de derecho y que, precisamente, busca potenciar el rol de la Corte Suprema en la unificación de jurisprudencia.
Lo consideramos necesario y especialmente relevante en todo tiempo.
Adicionalmente a esta reposición de dos estructuras muy importantes que fueron eliminadas en el primer trámite, incorporamos algunas modificaciones que son absolutamente esenciales para producir efectivamente la modernización que todos queremos.
En primer lugar -y ya ha sido destacado por el Senador Pedro Araya-, se introduce la mediación como un mecanismo autocompositivo de resolución de conflictos.
Nosotros creemos que la mediación es el nuevo rostro de la justicia.
Esta justicia, que nosotros miramos siempre como adversarial, confrontacional, en donde el Estado asume el rol, a partir de los jueces que representan su interés, de dirimir entre ambas partes, debe transformarse en muchos casos en una justicia donde el juez o un tercero en su nombre, un mediador, interviene en los procesos para acercar posiciones, para buscar soluciones colaborativas, para hacer una justicia más horizontal, más al alcance de la gente, y, por esa vía, resolver directamente los conflictos sin forma de juicio, incluso sin la presencia ni la participación de abogados, pues en esas conversaciones es posible llegar a acuerdo.
Este es un camino que se ha ido acreditando en nuestro país, donde ya tenemos mediación en el ámbito de los tribunales de familia, en el ámbito laboral, en el ámbito del derecho al consumidor y en la salud. Incluso, nosotros estamos incorporando en el Servicio de Reinserción Social Juvenil y en las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente la justicia restaurativa en el ámbito de la justicia penal juvenil, pues pensamos que ahí también debe haber espacios de colaboración para resolver conflictos que quizás no son los más graves, pero sí son importantes en la vida cotidiana.
Hemos desarrollado planes piloto en distintas regiones, que han sido muy exitosos.
Por lo tanto, eso nos abre la puerta a seguir impulsando este camino.
La resolución alternativa de conflictos es el nuevo rostro de la justicia e, insisto, es el mejor camino para la paz y, sin lugar a dudas, la forma más democrática quizás para resolver los conflictos, en donde el rol de la justicia, más que imponer una solución vertical, lo hace en forma horizontal, buscando poner de acuerdo a las partes y así avanzar en la solución de los conflictos.
Enseguida, esta reforma también incorpora un nuevo procedimiento sumario simplificado para el cobro de las deudas más bajas y pequeñas, entendiendo por ellas las que son inferiores a 40 UTM, lo que corresponde, más o menos, a dos millones de pesos.
En esos casos, también cuando se trate de infracciones a la Ley del Consumidor y se comprometa el interés individual de las personas por esa misma cuantía, se va a sustanciar en una sola audiencia, en donde el juez va a jugar un rol muy significativo con las partes, sin necesidad de abogado, salvo que por la naturaleza, la complejidad o la falta de comprensión de alguna de las partes fuera necesario, caso en el cual sí se solicitará la presencia de un abogado.
Por lo tanto, en esas audiencias, sin mayor forma de juicio y con un rol activo del juez, se va a procurar dar solución y resolver, sin más trámite, muchas causas que, por su cuantía, pueden ser canalizadas de esta manera.
A continuación también les presentaremos una indicación cuyo propósito es establecer un procedimiento de participación y liquidación de bienes, que termina con el arbitraje forzoso. El arbitraje forzoso, que está establecido en una serie de materias, tiene un problema: es de elevado costo y, por tanto, complejiza la situación.
En esas causas, cuyo haber partible o liquidable no supere las 2 mil UTM, aproximadamente 100 millones de pesos, esperamos establecer a través de procesos judiciales una solución más acorde que el arbitraje forzoso, facilitando así el acceso a la justicia a quienes no pueden sufragar los altos costos de estos arbitrajes.
En cuarto lugar, estas indicaciones incorporan también un procedimiento para los asuntos judiciales no contenciosos, estableciendo un mecanismo general y otros varios especiales que son considerablemente más simples y más expeditos que los hoy día existentes en el actual Código de Procedimiento Civil.
En quinto término, a través de estas indicaciones se actualiza en el nuevo Código Procesal Civil la ley que estableció la tramitación electrónica, pero que no contempló, a su vez, las conexiones con las reglas actuales del Código de Procedimiento Civil. Es decir, ambas instancias no conversan -por así decirlo- y nuestras indicaciones procuran que el nuevo Código Procesal Civil asuma este proyecto de tramitación electrónica, que fue producto de una moción parlamentaria coordinada por el Senador Araya, en la cual me tocó participar entonces, y que ya es ley.
Sin embargo, dicho mecanismo no fue incorporado en su momento en el proyecto que reformó el Código Procesal Civil que, finalmente, se presentó. Ahora sí lo hacemos.
También se incorpora en esta iniciativa la posibilidad de que se realicen audiencias vía remota, por videoconferencia, además de otras actuaciones judiciales que utilizan la tecnología disponible, de forma tal de incorporar en el Código las buenas prácticas que hemos aprendido a propósito de la pandemia y que están incorporadas en el proyecto de ley que estamos discutiendo -precisamente en la Comisión de Constitución estamos casi terminando de aprobarlo-, para establecer reglas de transición del actual momento al estado de normalidad, que será un año después, según lo que se ha establecido, al objeto de que en todos los ámbitos -penal, laboral, civil y de familia- se adecúen normas que hagan más expedita y más fácil dicha transición, ya que el actual atochamiento judicial es muy grande.
La suspensión de los términos probatorios tanto en el área civil como en otros ámbitos, particularmente en el arriendo, ha sido causal de una enorme queja pública y esperamos, mientras antes se apruebe esta ley, dar solución a esa inquietud ciudadana.
Por eso incorporamos la lógica de muchas de estas instituciones en este proyecto de Código Procesal Civil.
Estas son las principales modificaciones que esperamos introducir a través de las indicaciones que estaremos presentando próximamente para modificar el proyecto, aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados, que reforma el Código Procesal Civil.
Ahora bien, la reforma a la justicia civil...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Ministro, perdón. ¿Cuánto le falta? Porque ya lleva una cantidad importante de tiempo y la idea es poder hacer la discusión general, al menos.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Termino en cinco minutos, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muy bien.
Puede proseguir, Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Gracias.
Lo que quiero poner de relieve es que la reforma a la justicia civil tiene tres pilares: el primero es el proyecto que nos ocupa, relativo a las normas sustantivas del proceso que están en el Código Procesal Civil, y que, con las indicaciones que acabo de anunciar, se va a modernizar y actualizar.
Sin embargo, como ya se señaló, cuando se suspendió la tramitación en el año 2014 le hace falta una modificación sustantiva a la estructura orgánica de los tribunales y, por lo tanto, hay un segundo proyecto, que es el que presenta el nuevo Código Orgánico de Tribunales, mediante el cual se van a incorporar todas las normas que van a permitir instalar los tribunales civiles reformados, con la estructura necesaria para poder acoger los procedimientos, los cambios y las formas de resolución de conflictos, que son fundamentales para que las normas se apliquen simplemente.
Esta transformación es muy significativa, porque no solamente dice relación con la estructura física, sino que supone una mayor cantidad de profesionales que se van a ocupar, como jueces, de ampliar la atención a través de una mayor cobertura territorial, con más mediadores, con más profesionales que van a trabajar en la orientación y atención de público, además de todo el conjunto de personas y figuras que ya describía el Senador Araya y que permitirán, sobre esa base, hacer la transformación que necesita la estructura orgánica que estamos presentando, cuyos montos de recursos ya hemos señalado aproximadamente y cuya implementación será gradual.
Este es el eje central que, sumado al Código Procesal Civil, agregamos un proyecto de ley sobre mediación civil y comercial para regular esta parte de la reforma que nos parece central, porque la forma de complementar la justicia adversarial o confrontacional con la justicia colaborativa exige de un marco jurídico complementario, que va a estar recogido en el Código Procesal Civil, pero que se va a desarrollar en sus detalles en este proyecto.
Estos tres pilares son los que configuran la reforma a la justicia civil: el Código Procesal Civil; el nuevo Código Orgánico de Tribunales, con las modificaciones que vamos a introducir, y la nueva ley de mediación civil.
Con eso creemos que vamos a lograr atender la demanda insatisfecha de justicia que hay en Chile; obtener una cobertura suficiente en los términos que describía el Senador Araya; resolver los problemas de lentitud en la respuesta del sistema judicial; avanzar en poner término a la ineficacia del procedimiento civil y, finalmente, rebajar los altos costos para los usuarios, lo cual significa, en lo más simple, que estos no acuden a la justicia. Es decir, hay mucha demanda insatisfecha porque, aparte de una tramitación engorrosa, es altamente costoso.
Con los cambios que hemos señalado, con la mediación gratuita, con procedimientos sin abogados, con procesos que se abrevian en el tiempo, creemos que mucha más gente podrá resolver de una manera civilizada sus conflictos y satisfacer así su anhelo de justicia.
Estamos impulsando -y ahora sí termino, señor Presidente- la gran reforma a nuestro sistema supletorio de procedimiento, luego de más de cien años de vigencia.
Definitivamente, ya es tiempo de decidirnos a empujar juntos esta renovación, que nos beneficiará como país y que nos permitirá contar con una justicia civil eficiente y de calidad para todos.
Creemos que así vamos a poder garantizarles a chilenos y chilenas, de verdad, el acceso a la justicia que se merecen.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, señor Ministro.
Agradecemos su profunda presentación acerca de un cambio importantísimo y estructural a nuestro Código Procesal Civil.
Tenemos algunos Senadores inscritos.
En primer lugar, voy a dejar con la palabra al Senador Francisco Chahuán.
¡Imagínense lo que nos espera...!
El señor LETELIER.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor COLOMA.-
Sí, pero manteniendo los tiempos.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¡Paciencia a los demás, porque ya les va a tocar...!
Perdón, Senador Chahuán.
Están pidiendo abrir la votación.
El señor CHAHUÁN.-
Sí. ¿Es posible, Presidente?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¡Qué bueno! ¡Así le reduciremos los tiempos a cinco minutos...!
El señor CHAHUÁN.-
¡Muy bien...!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Entonces, se abrirá la votación.
El señor COLOMA.-
Pero manteniendo los tiempos, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muy bien.
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán, para fundamentar su voto.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto de ley que en esta oportunidad se somete a nuestra consideración constituye un preciado anhelo de la comunidad nacional desde hace muchos años, toda vez que el actual Código de Procedimiento Civil, que regula los diversos tipos de juicios civiles, ya ha cumplido 103 años de vigencia y que, si bien ha sido objeto de diversas modificaciones, aún dista mucho de contener normas que se hagan acordes a nuestra actual realidad y satisfaga, por supuesto, plenamente la necesidad de una justicia moderna que esté al alcance y al entendimiento de la ciudadanía.
Así, por ejemplo, y en ese contexto, el Código proyectado pretende ampliar el acceso a la justicia a las personas que se encuentran afectadas por conflictos de la jurisdicción civil, y que hoy en día no siempre reciben respuestas satisfactorias a sus pretensiones.
Entre las innovaciones que contempla el nuevo Código, se encuentra la implementación de juicios sumarios para la tramitación de bajas cuantías, con el objeto de que estas causas no se alarguen indefinidamente, lo que a la larga frustra las expectativas de los intervinientes.
Por otra parte, un aspecto muy relevante que se introduce en la normativa de este texto es la mediación, que permitirá alcanzar soluciones de consenso, lo que se traducirá en la descongestión del sistema judicial. Establecer la mediación como un mecanismo de resolución de controversias es, por supuesto, un aporte significativo en la modernización del sistema procesal civil.
A lo anterior se debe agregar que el proceso judicial en sede civil se moderniza en base a juicios orales más eficientes y rápidos que los actuales procedimientos.
Uno de los aspectos que también cabe destacar en el proyecto es la innovación en los procedimientos de ejecución, que actualmente constituyen gran parte de las causas sometidas a la justicia civil, y que mediante esta reforma se introducen avances tecnológicos adecuados, como la subasta electrónica, sin dejar exentos de defensa a los deudores.
Asimismo, se modifica el recurso de casación y se le otorga a la Corte Suprema la facultad permanente de unificación de jurisprudencia, lo que también es un aporte significativo.
Para materializar debidamente esta reforma integral del procedimiento civil se crean nuevos tribunales especializados en esta reforma, con mayor dotación de funcionarios y centros de mediación, todo lo cual permitirá satisfacer el acceso más fluido y expedito a la justicia.
En síntesis, se trata de un proyecto de Código bastante interesante, que indudablemente cumplirá los objetivos que persigue, para lo cual damos nuestra aprobación al mismo, votándolo a favor en esta etapa de discusión general.
Sin embargo, me gustaría pedirles -por su intermedio, señor Presidente- tanto al Ministro como a la Comisión de Constitución que puedan recibir a los funcionarios judiciales. Los funcionarios judiciales están pidiendo ser escuchados en lo que significa la carrera judicial y los impactos que puede tener el nuevo Código en sus funciones.
Por lo tanto, quiero solicitarles al señor Ministro de Justicia y también a la Comisión de Constitución que reciban a las asociaciones de funcionarios de los tribunales civiles del país.
Este proyecto constituye un avance significativo, que esperó largo tiempo y que conlleva una gran expectativa para nosotros.
Asimismo -por su intermedio, Presidente-, me gustaría pedirle al Ministro de Justicia que ojalá pudiéramos avanzar también en los Tribunales Contenciosos Administrativos, toda vez que ese es un tema que puede ayudar fuertemente a generar una modernización y la implementación de tribunales especializados.
Voto favorablemente.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Agradecemos su intervención, Senador Chahuán.
Voy a dejar con la palabra a la Senadora Luz Ebensperger.
Puede intervenir, señora Senadora.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, este proyecto...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Perdón, Senadora.
Lo que pasa es que algunos colegas han solicitado votar a distancia sin fundamentar el voto, y vamos a aprovechar de hacer eso.
Después le voy a volver a dar la palabra.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
La señora VON BAER.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Es todo, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Gracias a los colegas.
Senadora Ebensperger, tiene la palabra.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Recurrir a los tribunales de justicia probando y generando la convicción del juzgador es igual de importante que hacer cumplir los fallos, elementos sobre los que descansa el imperio de la ley y el Estado de derecho mismo.
De ahí que los obstáculos para obtener la tutela jurisdiccional o la dificultad para hacer cumplir las sentencias es un hecho que debe alarmar enormemente al legislador. Ello, porque la forma en que se desenvuelve la actividad jurisdiccional (los plazos, el emplazamiento, los recursos, y de manera muy importante, la cosa juzgada) se erige en sí misma como una garantía.
Así como ya se reformó la justicia penal y los procedimientos en tribunales de familia, se perfeccionó la jurisdicción tributaria y aduanera, etcétera, la gran deuda de importancia que tenemos pendiente es, precisamente, la justicia y el procedimiento civil.
El 2020, el 40,72 por ciento del total de ingresos a los tribunales de primera instancia correspondió, justamente, a causas de competencia civil, esto es, un poco más de 1.085.000 procesos.
El actual Código de Procedimiento Civil comenzó a regir en 1903, es decir, hace más de 118 años. Efectivamente, hemos quedado bastante atrás en su modificación. Y eso hace que requiramos con urgencia entrar en esta reforma, que ha tenido una extensa tramitación legislativa.
Este proyecto -hay que decirlo- es fruto de un trabajo de reputados académicos, de los mismos jueces que lo deberán aplicar en el futuro; va a estar nutrido, como se nos ha dicho en la Comisión, de indicaciones del Ejecutivo, y también, seguramente, de parlamentarios; se va a adecuar a la tramitación electrónica, etcétera. O sea, no estará exento de la opinión de todos aquellos que se desenvuelven en este mundo y en esta tramitación.
Igualmente, considero importante señalar algunos de los aspectos más relevantes de esta iniciativa, que se valoran enormemente.
Hay que eliminar todos aquellos obstáculos que de alguna manera dificultan el acceso a la justicia civil.
En tal sentido, uno valora bastante la introducción del procedimiento sumario, que amplía su aplicación a causas de cuantía inferior a 500 unidades tributarias mensuales; el procedimiento monitorio, para el cobro de obligaciones líquidas vencidas actualmente exigibles que no superen las 300 UTM y no consten en un título ejecutivo, y el anuncio del Gobierno sobre la creación de un procedimiento sumario simplificado, con reglas simples, con una única audiencia y una sentencia verbal, y sin el patrocinio de abogados, para causas cuya cuantía no supere las 40 unidades tributarias mensuales.
Asimismo, estimo muy pertinentes las nuevas normas sobre medidas prejudiciales preparatorias y probatorias, así como las mismas cautelares.
Sin duda, Presidente, en la discusión particular tendremos que preocuparnos del nuevo procedimiento de ejecución que reemplazará al actual juicio ejecutivo, a cargo de un oficial de tramitación que sustanciará dicho procedimiento, considerando que las ejecuciones individuales ocupan el día de hoy una importante parte del trabajo de los tribunales civiles.
Por supuesto, uno de los temas que entramparon el avance del proyecto el año 2014 y que deberemos analizar es la consagración del recurso de casación, con el objeto de que la Excelentísima Corte Suprema invalide el procedimiento y/o la sentencia, tanto por infracción a las normas del debido proceso, en cualquier etapa del procedimiento, como por error de derecho.
En fin, Presidente, podríamos seguir hablando de muchas cosas que se están modificando en este proyecto, el cual, sin duda, va por el camino correcto.
¿Si me da un minuto más, y termino, por favor?
Lo resumió muy bien el Ministro en la Comisión: este es un proyecto que acorta una tramitación, que dura años, a meses, e incluso a semanas; que baja, en distintos juicios, de un 87 por ciento a un 60 por ciento; que realmente va a incentivar a la gente a solucionar sus conflictos, y no como ocurre hoy día, en que ello se desincentiva, porque nadie quiere recurrir a la solución de sus disputas para estar años en una tramitación.
Presidente, como se dijo acá, se crean 36 nuevos juzgados de letras en 27 comunas; se da acceso, en mi región, a comunas tan lejanas como Colchane y Camiña.
Además, el proyecto incorpora la tecnología.
Creo que es un avance destacable que no solamente se ayude a facilitar el acceso de la justicia, sino que también se pueda ejecutar lo resuelto en forma mucho más fácil y oportuna, y de este modo, finalmente, los tribunales cumplan con el rol que les establece la Constitución en su artículo 76 para conocer de las causas sometidas a su conocimiento, pero también para hacer ejecutar lo resuelto en ellas.
Presidente, votamos a favor este proyecto, y esperamos poder analizarlo prontamente en particular.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senadora Ebensperger.
Enseguida, vamos a dejar con la palabra a don Rabindranath Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Gracias, Presidente.
Yo no voy a hablar desde lo técnico, porque no soy abogado ni experto, pero sí lo voy a hacer desde el sentido común.
Nuestro sistema judicial, como acá se ha dicho, incluyendo tribunales y procedimientos, se formó en el siglo XIX y no fue modificado sino hasta fines del siglo XX.
Los primeros gobiernos democráticos emprendieron diversas reformas -en materia penal, en materia laboral y en familia-, pero la mayor parte de la justicia civil ha permanecido inalterada hasta el día de hoy, tanto en sus aspectos orgánicos como procesales. Y algunas de las reformas no han dado los frutos esperados.
Así, es generalizada la inconformidad con los resultados de la reforma procesal penal, aunque, probablemente, las causas de esto no sean necesariamente imputables a las reformas mismas, y se prometieron cosas que excedían los cambios aprobados.
En el caso de la reforma procesal civil, también hay fuertes expectativas, tanto de modernización como de simplificación, rapidez y efectividad.
Todos conocemos, por ejemplo, testimonios del calvario que deben sufrir las personas que muchas veces han invertido sus ahorros en la compra de una vivienda para dedicarla al arriendo y de ese modo suplir sus bajas pensiones, y que no pueden disponer de sus bienes cuando estos son ocupados o los arrendatarios incurren en largos períodos de mora. Ellos no entienden la maraña de obstáculos que impiden contar con procedimientos más fluidos para poder recuperar sus inmuebles; tampoco cuentan con asesoría judicial oportuna y gratuita para estos fines.
El Estado asegura defensoría penal pública a toda persona imputada por un delito, pero no asegura asesoría judicial cuando se trata de defender sus derechos e intereses patrimoniales.
Todos hemos escuchado también a personas que deben incurrir en engorrosos y costosos procesos para obtener una autorización judicial al intentar vender un inmueble cuando el cónyuge abandona el hogar y no se tiene contacto con él.
Ni hablar si un consumidor decide demandar a una empresa proveedora de servicios por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
En todos estos casos, la Justicia es muy lenta y significa un gran costo para los interesados. Pero, cuando se trata de ejecutar a un deudor que enfrenta una dificultad financiera, los bancos, las multitiendas y las entidades acreedoras cuentan con un ejército de abogados, receptores y martilleros que funcionan eficazmente como una máquina bien aceitada.
En los hechos, el sistema financiero cuenta con un verdadero subsidio del Estado, representado por la acción gratuita de los tribunales, que sirve de base a la industria de la cobranza y que además genera, a través del cobro de gastos y costas, una ganancia adicional al negocio principal del crédito. Incluso, se cuenta con la fuerza pública para auxiliar los procedimientos de embargo y retiro de bienes.
Por cierto, el Estado debe asegurar la tutela efectiva de los derechos de todas las personas. Eso está fuera de discusión. Sin ella, los derechos de las personas serían una ilusión. Pero estos tiempos exigen que la ciudadanía perciba el acceso a la justicia como una posibilidad real y no meramente declarativa.
Para ello, primero debe haber tribunales en todo Chile y no solo en las principales ciudades. Segundo, debe haber asistencia jurídica gratuita para las personas cuando ello sea necesario. Y finalmente, debe haber procedimientos simples y expeditos que aseguren la igualdad entre las partes.
Me parece que este debe ser el criterio central a tomar en cuenta en la discusión de esta reforma.
Por tales razones, estoy muy de acuerdo con la idea de legislar, y espero que la discusión particular pueda realizarse en un tiempo prudente y no deban pasar otros siete años para que este proyecto vuelva a la Sala.
Voto a favor, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Quinteros.
Vamos a dejar con la palabra, a continuación, al Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidente.
Este proyecto de ley tiene por objeto reformar un Código de Procedimiento Civil que contiene procedimientos añejos cuya obsoleta aplicación atenta contra la percepción de justicia y el derecho al debido proceso que les asiste a los ciudadanos.
Es evidente la antigüedad que tiene nuestro actual Código de Procedimiento Civil. Los cambios experimentados por nuestra sociedad, en todo ámbito, son profundos. Y en materia contractual, comercial y económica las relaciones de los particulares superan en muchos casos el ámbito de competencia que originalmente se previó para los tribunales de justicia.
La aplicación del actual Código de Procedimiento Civil deriva en un progresivo aumento de causas que no pueden ser atendidas oportunamente por el sistema de justicia civil, generándose un retardo en la justicia, efectos nocivos para todos, y fundamentalmente para las partes, los tribunales de justicia y la sociedad en general.
Uno de los mayores problemas que hoy se debe enfrentar está constituido por la rigidez formal que rodea al procedimiento, en especial en su fase de recursos, lo cual atenta contra el principio de economía procesal que debe inspirar a las partes y los jueces.
Asimismo, la extrema dificultad que enfrentan los litigantes en la etapa de ejecución de la sentencias atenta aún más contra el principio de una justicia pronta y oportuna, puesto que en la mayoría de las actuaciones esta etapa de cumplimento se transforma en un verdadero nuevo juicio, que aumenta aún más la incertidumbre y los costos de tramitación de las causas.
Nuestro sistema de justicia ha invertido importantes recursos en la capacitación de jueces y funcionarios judiciales en materia civil. Sin embargo, los frutos de este esfuerzo del Estado no pueden plasmarse en resultados, por cuanto estos mismos jueces y funcionarios judiciales carecen de herramientas necesarias para el cumplimiento de su labor.
Esos son los problemas que enfrentamos, y la aprobación de este nuevo Código Procesal Civil, mejorado, por supuesto, en la discusión particular, será, sin duda, el inicio de la solución.
Es necesario cumplir, como legisladores, nuestra responsabilidad de garantizar la plena vigencia del debido proceso en todo tipo de materias, de tal forma que el principio de igualdad entre las partes sea una realidad; pero, para garantizarlo, debe existir una total transparencia y publicidad en materia procesal.
Estos elementos, junto a la buena fe de las partes, constituirán el escenario adecuado para la realización de los procesos civiles en nuestro país.
Este proyecto rescata el rol activo de los jueces en la solución de los conflictos sometidos a su conocimiento; un rol activo que hoy, por ejemplo, permite a la justicia laboral, a través de la promoción de la conciliación entre las partes, concluir con un litigio en breves minutos, y que en el proyecto de ley que votamos se traduce en que el curso progresivo de las causas recaiga en el juez.
Asimismo, este nuevo sistema tendrá mayor cobertura. Los ciudadanos contarán con servicios de justicia civil en su misma comuna, disminuyendo los tiempos de tramitación. Además, la autoridad jurisdiccional queda investida de la facultad de otorgar una tutela anticipada para el resguardo de ciertos derechos durante la marcha del proceso.
De esta forma, el proyecto de ley establece, como procedimientos declarativos, al procedimiento sumario y el ordinario, eliminándose ritualismos innecesarios y consagrando los principios de oralidad, concentración y la esencial mediación que debe existir entre los jueces y las partes.
En materia probatoria, se propone, a diferencia de la normativa vigente, el principio de la libertad probatoria, rigiéndose su valoración por el principio de la sana critica, lo cual dotará de una inédita agilidad a nuestros procesos judiciales.
Lo señalado, conjuntamente con el fortalecimiento del rol de la Corte Suprema de Justicia a través de la regulación de un nuevo recurso de casación, va a generar esperanza en la reforma de un sistema de justicia que debe otorgar garantías de eficiencia y seguridad jurídica a los ciudadanos.
Voto a favor, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias, Senador José Miguel Durana.
Algunos colegas han pedido votar sin fundamentar su voto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
El señor GUILLIER.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Kast, ¿cómo vota?
El señor KAST.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Lagos.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Le ofrezco la palabra, en la Sala, al Senador Rodrigo Galilea.
Perdón, Senador Galilea, ahora tiene sonido el Senador Lagos.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
El señor LAGOS.-
Con mucho entusiasmo, voto a favor de este proyecto, tan necesario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador.
Ahora sí, puede hacer uso de la palabra en la Sala el Senador Rodrigo Galilea.
El señor GALILEA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Este proyecto de reforma procesal civil, como ya lo anticipó el Ministro y lo han dicho varios de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es un proyecto largamente buscado, largamente estudiado, largamente analizado.
Tiene varios aspectos relevantes: arbitraje previo, notificaciones, juicio sumario simplificado, casación, unidad de tramitación civil, particiones más simples, etcétera. Pero yo quisiera concentrarme únicamente en dos aspectos que me parecen bastante interesantes.
El primero de ellos tiene que ver con la casación. Este recurso, que se puede interponer por razones procesales o por razones de derecho y que finalmente debe resolver la Corte Suprema, va a tener una modificación muy relevante que, de alguna manera -así lo pienso yo al menos-, va a tender un puente entre lo que es nuestro tradicional derecho continental y el derecho anglosajón, como una manera de unificar criterios y unificar jurisprudencia dentro de Chile.
El hecho de que para interponer el recurso de casación se tenga que exponer cuál ha sido la jurisprudencia de la Corte Suprema, como requisito de admisibilidad del recurso, es una cuestión sumamente trascendente. Además, me parece de la mayor importancia que cuando se aprecie que ha habido en la Corte Suprema una jurisprudencia contradictoria, la Sala, de oficio o a petición de parte, pueda solicitarle al Pleno de la Corte Suprema que defina una jurisprudencia determinada.
No solamente eso. Una vez pronunciada y unificada por el Pleno de la Corte Suprema una jurisprudencia en algún sentido, la Sala ya no la puede modificar, y se establece un recurso para que si una sala se salta lo que es el criterio del Pleno de la Suprema, las partes puedan alegarlo y pedirle al Pleno que se vuelva a pronunciar sobre el asunto.
Esto, que puede parecer muy técnico, yo lo considero sumamente trascendente y trascendental, pues le va a dar contenido, previsibilidad y crecimiento tanto a la jurisprudencia como al conocimiento que los abogados y los tribunales tengan a la hora de fallar, lo que me parece que va a ser de enorme impacto para los juicios y la administración de justicia en nuestro país.
También quiero destacar la creación de la UTC -a nosotros nos gustan las siglas-, la Unidad de Tramitación Civil, pues este nuevo organismo va a descargar enormemente la labor de los tribunales.
Es sabido que en la justicia civil un porcentaje gigantesco de las causas son simplemente juicios ejecutivos, juicios de cobranzas, juicios de esa clase de materias. Y ese tipo de juicios tiene un componente administrativo enorme, porque casi todos terminan en ejecuciones, remates, subastas, etcétera.
El hecho de que todas estas materias pasen a una unidad que está fuera de la tramitación del tribunal; de que se puedan hacer subastas electrónicas que duren varios días; de que exista todo un sistema de publicidad para que desaparezcan los abusos que muchas veces han ocurrido en ese tipo de actuaciones judiciales, también me parece que va a simplificar, a mejorar y a hacer mucho más eficiente y justo el sistema de subastas en nuestro país.
Por lo tanto, en resumen, este proyecto va a permitir una disminución muy amplia de tiempos, de costos y mucha más eficacia en el otorgamiento de justicia para todos los ciudadanos de nuestro país.
Muchas gracias, Presidenta.
Voto a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Rodrigo Galilea.
Le ofrezco la palabra al Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Si me coloca el reloj, por favor, para no excederme.
Mire, yo creo que es importante entender que lo que estamos modificando aquí es un Código de procedimiento, o sea, un Código que establece las reglas del juego en virtud de las cuales la gente podrá hacer valer sus derechos sustantivos cuando haya una controversia de orden económico, financiero o comercial; fundamentalmente, en consecuencia, en materias del sector privado.
Porque los derechos sustantivos, que dicen relación, por ejemplo, con los contratos que las partes celebran, con las obligaciones, con todas las materias relacionadas con la sucesión por causa de muerte, y lo mismo en el Código de Comercio -Códigos que vienen desde el siglo XIX-, en la medida en que existan conflictos -como dicen los profesores de Derecho Procesal- "en el orden temporal y dentro del territorio de la república", las personas le piden al Estado hacer valer sus derechos en el cumplimiento de los contratos, en el cumplimiento de las obligaciones, y para ello el Estado proporciona la justicia a través de los tribunales de justicia.
Pero para que los tribunales de justica actúen y la gente sienta que esa justicia -valga la redundancia- es justa, tiene que haber una metodología de resolución de conflictos, un método, reglas del juego que sean parejas para todos, a fin de que la gente sienta que en la controversia y en la prueba que se verificó hay reglas conocidas, transparentes, que pueden ayudar a resolver sus temas y no reglas que sean tan oscuras que simplemente no se haga justicia en el procedimiento.
Guardando las proporciones, es como nuestro Reglamento del Senado, que no resuelve cuestiones sustantivas, pero fija las reglas del juego de nuestra relaciones, nuestros derechos, nuestras obligaciones; el cómo hacemos uso de la palabra, cómo tramitamos las leyes, cómo funcionan las Comisiones. Eso le da garantías a todo el mundo de que está participando en un organismo que toma decisiones mediante un procedimiento justo.
Este Código Procesal Civil viene de los inicios del siglo XX, cuando no había legislación laboral, no había legislación de familia, no había legislación ni tributaria ni aduanera ni ambiental. Y todos esos procesos hoy día, felizmente, se han renovado, partiendo por la importante reforma procesal penal que hubo hace años atrás y que hoy día está funcionando junto con los tribunales de familia, los tribunales laborales, los tribunales ambientales y otros.
Quedaban atrás, entonces, los conflictos civiles, comerciales, económicos, financieros, del sector privado, de las partes, a fin de que puedan vivir tranquilamente resolviendo las diferencias que se suscitan con los contratos y obligaciones que celebren no solo con las personas naturales, sino también con las personas jurídicas.
Entonces, este proyecto es de gran alcance, porque viene a actualizar una legislación que se hizo cuando Chile era absolutamente distinto.
Hoy día estamos en un país diferente, partiendo el siglo XXI. Por lo tanto, se trata de que la justicia, mediante este procedimiento, pueda resolver los grandes conflictos y los pequeños grandes conflictos que tiene la gente, porque para las personas sencillas son conflictos grandes, aunque para el resto puedan ser pequeños. De esa manera, se trata de que la gente, si tiene conflictos, sepa que podrá acceder a un procedimiento que le va a dar garantías de cierta justicia para vivir en paz, que es lo que, en definitiva, persigue el ser humano.
Este Código, que tiene cerca de quinientos artículos -será un trabajo arduo, no será rápido-, tendrá que verse con todos los actores correspondientes. Y, seguramente, va a transcurrir un tiempo para que sea un nuevo Código del siglo XXI, que brinde una justicia expedita, rápida, transparente, que llegue a todos los sectores del país y que les dé garantías, sobre todo a los sectores más modestos, de que pueden acceder a la justicia para resolver sus grandes pequeños conflictos de la vida.
Por lo tanto, señora Presidenta, voto a favor de este proyecto.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Francisco Huenchumilla.
Le ofrezco, finalmente, la palabra al Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Gracias, Presidenta.
Desde la Isla de Chiloé, creo que si hay un tema del cual todos debiéramos haber hablado es este.
Y quiero empezar agradeciéndole y valorando al ex Senador y hoy Ministro de Justicia, Hernán Larraín; a Andrés Chadwick, ex Ministro, ex Senador; a Héctor Mery; a Raúl Araneda, que son las personas que me han instruido y me han apoyado siempre, por las que siento mucha admiración, especialmente por Hernán Larraín, por su esfuerzo, por su labor como gran legislador en el Senado y luego como Ministro. Sé lo que significa para él, para el país, esta reforma al Código Procesal Civil y al Código Penal, si logramos llevarla adelante durante estos meses que nos quedan.
Creo que no es necesario ser abogado ni un experto procesalista para ver con buenos ojos esta iniciativa legal, aprobada, en primer trámite, por la Cámara de Diputados hace ya siete años.
Nuestro procedimiento civil, como aquí se ha señalado, data de 1903, tiempo en que Chile vivía el boom del salitre, en que el teléfono aún era un experimento, cuando no existía radio y la televisión ni siquiera era un concepto.
Era un procedimiento civil que seguía las pautas de lo que se hacía en su época en otras latitudes: escrito, con muchas formalidades, un juez ausente, plazos sobre plazos, y en la práctica se ha transformado en un verdadero calvario para quienes buscan una justicia oportuna.
A través de los años, siguiendo nuestra histórica tradición de parchar todo, se le han hecho modificaciones, ya sea legales o por medio de autoacordados -cuestionados, pero necesarios- de la Excelentísima Corte Suprema, los que, sin embargo, no han alterado los grandes problemas que arrastra el sistema procedimental chileno: es lento, las partes no conocen a quien va a decidir la contienda, salvo en raras excepciones, y está saturado de juicios ejecutivos, que representan más del 60 por ciento de las causas ingresadas anualmente y que bordean el millón.
Chile ya modificó, con un gran consenso, aunque con resultados diversos, el procedimiento penal, el procedimiento de familia y el procedimiento laboral. No obstante, queda pendiente el procedimiento más complicado, porque necesariamente involucra un gran desembolso de dinero para el Fisco. Sin embargo, uno de los deberes esenciales del Estado es proveer formas de solución a los conflictos de orden jurídico de manera imparcial. Porque, reitero: para que la justicia se sienta útil, haga diferencia, debe ser oportuna, ya que la justicia civil y la solución expedita de los conflictos es lo que asegura paz social.
Una sociedad sin mecanismos expeditos de prevención y resolución de contiendas entre partes permite que, al final, la voluntad del más fuerte sea la que se impone. Por lo mismo, no resiste análisis mantener un procedimiento de fines del siglo XIX en pleno siglo XXI. El procedimiento son los rieles por los cuales se traslada el tren del proceso. Entre más detenciones y obstrucciones enfrenta a su paso, menos posibilidades tiene de llegar a tiempo a su última estación, que es la sentencia. En tiempos de trenes magnéticos o de alta velocidad, nuestro procedimiento sigue siendo un tren a vapor.
Las grandes líneas de este nuevo Código ya han sido expuestas: procedimiento contradictorio; separación entre las causas declarativas, las causas ejecutivas y las causas no contenciosas; mediación obligatoria para ciertas causas; un procedimiento simplificado para las causas de cuantía menor a las 40 UTM; disminución en los tiempos de tramitación.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Iván Moreira.
Le vamos a consultar su opción de voto, Senador...
El señor MOREIRA.-
Voto a favor.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Señor Secretario, le pido que tome la votación de los Senadores que aún no se han pronunciado.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.-
Gracias, Presidenta.
Me voy a tomar un par de minutos para fundamentar mi voto.
Yo creo que sin duda esta iniciativa es un gran avance. La reforma procesal civil se viene trabajando desde hace bastante tiempo y fue, como lo señalé en mi informe, con una Comisión previa que vio la luz el primer proyecto, durante la primera Administración del actual Presidente Sebastián Piñera. Ese proyecto, como lo relataba en mi informe, no logró avanzar en el Senado porque había, a mi juicio, dos temas que no estaban bien resueltos.
El primero tenía que ver con cuál iba a ser la distribución orgánica de los nuevos tribunales, porque el proyecto original de Código Procesal Civil no contemplaba una modificación orgánica a los juzgados, y eso claramente era incompatible con una reforma procesal civil. De ahí que la Comisión de Constitución del Senado tomara la decisión de congelar la tramitación de este proyecto hasta que pudiera existir por parte del Ejecutivo una propuesta respecto de una nueva administración orgánica, propuesta que se concreta en esta actual Administración, y que sin duda es materia de otro proyecto, pero que le da viabilidad a la reforma procesal civil.
Todos sabemos que parte importante de las causas de tramitación civil -más del 80 por ciento de ellas- corresponden a cobranzas, principalmente de instituciones financieras y del retail. Y eso, a su vez, demora la tramitación de los otros juicios, los juicios ordinarios. Un juicio ordinario puede llegar a durar décadas antes de que se tenga una sentencia definitiva, y este nuevo procedimiento civil que se plantea por parte del Ejecutivo viene a solucionar buena parte de los inconvenientes que tiene el proceso civil.
Por lo pronto, se elimina una serie de trámites, lo que hace que el procedimiento sea mucho más rápido, pero quizás la principal transformación, la más importante, tiene que ver con la inmediatez o la inmediación. Es decir, el juez va a estar presente en el proceso civil. Lo que ocurre en los hechos en nuestro actual proceso civil es que el juez al final de la tramitación en primera instancia -y pueden haber pasado años- recibe un fajo de papeles, que es el expediente, a fin de leerlo y tomar una decisión, sin probablemente nunca haber intermediado con las partes.
Este nuevo proceso lo que propone es un juez presente, que toma las audiencias, toma la prueba y que tiene una relación más directa con las partes, lo que sin duda permite formarse una mejor convicción respecto de lo que ellas están discutiendo.
En honor al tiempo -sin duda, esto va a ser objeto de discusión particular-, hay varios temas que a mi juicio hay que resolver y volver a discutir.
El primero tiene que ver, por ejemplo, con las normas relativas de la prueba. El proyecto original del Código de Procedimiento Civil presentado por el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera contemplaba lo que se denominaban las "cargas dinámicas de la prueba", situación que fue muy discutida en su minuto en la Cámara de Diputados y que, probablemente, también será motivo de discusión aquí, en el Senado.
Este nuevo Código de Procedimiento Civil, a mi juicio, va muy en la línea de lo que son los nuevos códigos a nivel mundial, estableciendo nuevos mecanismos de prueba. De hecho, se establece -a diferencia del actual Código- que se van a poder considerar distintos medios de prueba, independiente de que estén o no regulados en el Código, en la medida en que se cumpla con ciertos requisitos para que las partes puedan hacer valer esa prueba. Por ejemplo, nuestro actual Código no contempla como prueba las filmaciones a través de imágenes de video, entre otras cosas.
El otro tema que también va a ser motivo de discusión tiene que ver con el procedimiento ejecutivo, porque, como lo señalé, buena parte de la administración de justicia civil tiene que ver con causas de cobranza. La estructura que se propone, y que hemos conocido por el informe que nos dio el Ministro de Justicia, a mi juicio se hace más bien cargo de lo que eran las aprensiones que han existido en la tramitación, dado que la ejecución va a estar directamente al interior de los tribunales y no como se pensó en el proyecto original, en el que eran una unidad que estaba afuera de los tribunales, donde no existía mucha claridad respecto de la naturaleza jurídica de lo que eran los oficiales de ejecución.
Otro punto importante -algo lo anticipaba el Senador Rodrigo Galilea- tiene que ver con los recursos que se van a conceder para ante la Corte Suprema. El recurso extraordinario que se plantea en el proyecto original no fue de mucho consenso. Este nuevo recurso que se plantea, de unificación de jurisprudencia, sin duda que, a mi juicio, parece bastante interesante; tenemos que mirarlo con detención. Creo que deberemos revisar cómo ha funcionado el recurso de unificación de jurisprudencia, principalmente en materia laboral, pero sin duda constituye un paso para poder avanzar en la modernización de los procedimientos civiles.
Termino, Presidenta, señalando que otro punto importante es que el nuevo Código de Procedimiento Civil favorece las soluciones autocompositivas. Es decir, favorece la mediación, buscando quizás que las partes logren llegar a un acuerdo. Ahora, las partes siempre van a poder recurrir a un tribunal para que les resuelva el conflicto, pero se hace preeminencia o se permite que sea la mediación el principal instrumento para solucionar los conflictos jurídicos, porque todos sabemos que las soluciones autocompositivas generalmente tienen mejor valoración y son más aceptadas por las partes, versus una sentencia dictada por un tribunal.
Dicho eso, Presidenta, voto a favor de esta iniciativa, y voy a plantear que se pueda abrir un plazo de, a lo menos, tres semanas para la presentación de indicaciones.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Araya vota a favor.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Terminada la votación.
Senador Araya, mientras se cuentan los votos, podría proponer un plazo para la presentación de indicaciones. Se lo agradeceríamos.
¿Podrían darle el audio al Senador?
El señor ARAYA.-
Presidenta, sugiero como plazo hasta el lunes 24 de mayo.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Podría ser hasta el 28 de mayo?
El señor ARAYA.-
Sí, no hay problema.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Por razones de organización interna de la Secretaría, que prefiere los días viernes para poder confeccionar bien todos los documentos.
¿Le parece?
El señor ARAYA.-
Sí, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Perfecto.
--Se aprueba el proyecto en general (35 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Entonces, la iniciativa vuelve a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para su discusión en particular y, a partir de lo que ha señalado su Presidente, se fija como plazo para presentar indicaciones hasta el viernes 28 de mayo.
Queremos agradecer la presencia del señor Ministro de Justicia.
¿Quiere hacer uso de la palabra?
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Solo deseo agradecer, Presidenta.
¿Presidenta?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Sí, lo estamos escuchando.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Agradezco la aprobación del proyecto.
La verdad es que ha sido un muy buen debate, como también lo fue en la Comisión. Y me alegro porque esta es una de las transformaciones que el país necesita, y hay que adoptarlas como una política de Estado.
El acceso a la justicia no tiene color político, sino solamente demanda ciudadana.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Ministro.
Ha sido también muy valorado y reconocido el trabajo que usted ha realizado, en conjunto con la Comisión, lo cual nos ha permitido aprobar en general el proyecto de ley.
Muchas gracias.
Terminado el Orden del Día.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Ha llegado a la Mesa una petición de oficio.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se le dará curso en la forma reglamentaria.
--El oficio cuyo envío se anuncia es el siguiente:
Del señor ARAYA:
Al Gobernador Provincial de Antofagasta, solicitándole información sobre CONTINUIDAD DE TRABAJO INTERSECTORIAL RESPECTO A QUEMAS ILEGALES EN SECTOR LA CHIMBA, CUYAS EMANACIONES AFECTAN CALIDAD DE VIDA DE HABITANTES DE SECTOR NORTE DE ANTOFAGASTA.
)-----------(
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
El tiempo del Comité Partido Socialista (diez minutos) ha sido cedido a la bancada País Progresista e Independientes; por tanto, cuando el Senador Navarro haga uso de la palabra va a contar con ese tiempo adicional.
Le ofrezco la palabra al Senador Kenneth Pugh, en representación del Comité Partido Renovación Nacional e Independientes.
FINANCIAMIENTO DIRECTO A ECONOMÍAS LOCALES DE RAPA NUI Y JUAN FERNÁNDEZ Y REDUCCIÓN DE SU TOQUE DE QUEDA. OFICIO
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Sin lugar a duda, la crisis sanitaria no solo tiene confinadas a las personas en sus casas -por eso las invitamos a cuidarse-, sino también congelada nuestra economía.
Sin embargo, tenemos excepciones. Quiero hacer presente una de esas excepciones que están en nuestra Constitución: se reconoce como territorios especiales a Rapa Nui (Isla de Pascua) y al archipiélago Juan Fernández. Estas son islas alejadas, cuyo medio de arribo es marítimo -prácticamente no existe- y aéreo. En Rapa Nui (Isla de Pascua) tenemos una dificultad en el aeropuerto, que se está solucionando.
¿Cuál es el problema? Que en esos lugares se está cumpliendo la misma normativa continental nacional de toque de queda, a partir de las nueve de la noche, en circunstancias de que es perfectamente posible en esas islas hacer una excepción, que está considerada en la misma Constitución. Ello permitiría reactivar las pocas economías locales que hay, de trueques y facilidades para que la gente pueda generar ingresos. Ahí no existe otro ingreso que los que el Estado está enviando. No hay mercado.
Por lo tanto, primero, quiero pedir que se oficie al señor Ministro del Interior para que, a través de la Subdere y usando la glosa insular, considere un financiamiento directo, especialmente a todas las actividades relacionadas con el turismo, como una forma de apoyo especial y específico, único, a esos lugares, por su condición especial de territorio insular bajo excepción constitucional.
Es más, en Rapa Nui (Isla de Pascua) no existen impuestos u otras asignaciones adicionales con las cuales se pueda ir en apoyo. No sacan nada con disminuir costos, si ellos no los están pagando.
En segundo término, en el mismo oficio dirigido al señor Ministro del Interior, solicito analizar la posibilidad de reducir el horario de toque de queda en estas comunas insulares, para que sus habitantes puedan disponer de mayor tiempo para realizar sus actividades. No tiene sentido dejarlos confinados en ese lugar, atendiendo su naturaleza particular y dados los controles migratorios que existen, que son bastante exigentes.
En resumen, señora Presidenta, pido que se envíe este oficio al señor Ministro del Interior, para que, mediante esta excepción constitucional, les conceda a estos territorios insulares un especial apoyo económico y también la extensión de su horario de funcionamiento acortando el toque de queda.
He dicho, señora Presidenta.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador.
En el tiempo del Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra la Senadora Loreto Carvajal, hasta por once minutos.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIÓN DE INDAP PARA SUBSIDIAR EL BAJO PRECIO PAGADO POR UVA A VIÑATEROS DE REGIÓN DE ÑUBLE. OFICIO
La señora CARVAJAL.-
Gracias, Presidenta.
Cedimos cinco minutos al Senador Navarro, por la petición que él nos hiciera. No sé si lo habrá informado a la Mesa. Accedemos a ello, si la Mesa no tiene inconveniente.
Presidenta, quiero plantear un punto en esta Sala relacionado con las condiciones de nuestros viñateros y viñateras de la Región de Ñuble.
Ha sido una constante que, en el transcurso de estos años, el precio de la producción de uva caiga. Obviamente, significa un esfuerzo familiar importante producir nuestras cepas centenarias, particularmente en las zonas de Guarilihue y del valle del Itata, lo que finalmente ha logrado tener un posicionamiento en la producción de vinos de alto estándar a nivel nacional. Pero ello no se condice con el pago que hoy día reciben los productores, debido a una concentración económica de posición dominante que ha sido denunciada.
Al final del día, en este año se evidencia una baja sostenida en el valor del precio de compra. Los poderes compradores exigen una producción de alto estándar, pero pagan muy bajo precio.
Lo digo porque la Asociación de Viñateros del Valle del Itata ha denunciado estos hechos. Además, ha requerido información al Indap referida a los centros de acopio que se instalaron en la Región de Ñuble, particularmente en San Nicolás, Portezuelo, Coelemu y Quillón. Se ha solicitado esa información, vía transparencia, pero esta se ha denegado.
Quiero solicitar, Presidenta, que se remita un oficio para pedir información respecto a la inversión que ha hecho el Indap este año, a propósito de los subsidios entregados a través de algunos programas de este Instituto, beneficios que no han llegado finalmente a los productores, a los que realmente producen la uva, quienes hoy día reclaman, como lo han hecho estos últimos años, por la baja del precio.
Como dato objetivo, quiero señalar que el costo de producción de un kilo de uva de la cepa moscatel de Alejandría, cinsault, bordea los 230, 240 pesos, y hoy día se les paga a los viñateros la suma de 110 pesos, 130 pesos, muy por debajo, ¡casi un 50 por ciento!, de lo que ocurrió hace tres años.
Por esa razón, señora Presidenta, solicito oficiar al Ministerio de Agricultura, particularmente al Indap, para que se haga eco de esta solicitud de información detallada, dirigida a la Asociación de Viñateros del Valle del Itata y a quienes corresponda en esta Sala, por supuesto, con el propósito de conocer el destino de esos recursos.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
REQUERIMIENTO PARA CANALIZACIÓN DE ESTERO CAMARONES EN CHILLÁN. OFICIO
La señora CARVAJAL.-
En segundo término, quiero tomarme algunos minutos para solicitar al Ministerio de Obras Públicas que acceda a una petición que se hiciera sobre el estero Camarones, que cruza la ciudad de Chillán. Existe una numerosa cantidad de poblaciones (alrededor de once) en ese sector urbano, las cuales son atravesadas por dicho estero, el cual no se ha canalizado de manera correcta y tampoco hay un plan para ello, lo que perjudica enormemente a los vecinos aledaños, pues el suelo se ha ido deteriorando.
Hay mucho hundimiento del suelo, lo que acarrea, por supuesto, inestabilidad en las viviendas y socavones importantes. Ello no solo atenta contra la salubridad de las familias aledañas al estero, sino también contra la infraestructura urbana y, sobre todo, las estructuras de las viviendas.
Solicito al Ministerio de Obras Públicas, particularmente a la Dirección de Vialidad, que atienda esas necesidades, cuyas especificaciones podemos hacer llegar respecto de las poblaciones aledañas, pero lo principal es canalizar el estero Camarones, en la ciudad de Chillán, capital regional de Ñuble, que a mí me toca orgullosamente representar.
Es todo, Presidenta.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias a la Senadora Loreto Carvajal.
Se cursarán todos los oficios solicitados por usted.
El tiempo restante de su bancada será entregado al Senador Alejandro Navarro.
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, le ofrezco la palabra al Senador José Miguel Durana, hasta por trece minutos.
PLANTEAMIENTO PARA DISEÑAR MODELO DE NEGOCIO A FIN DE RETOMAR TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGA EN MACROZONA ANDINA. OFICIOS
El señor DURANA.-
Gracias, Presidenta.
La Región de Arica y Parinacota hoy vivió un hecho histórico: tras dieciséis años de inactividad, un tren de carga del Ferrocarril Arica-La Paz realizó un viaje de prueba desde el puerto de Arica hasta la localidad de Oruro en Bolivia.
Este hecho no pasó inadvertido ante la comunidad ariqueña, ya que, en muchos lugares de la ciudad y en el valle de Lluta, salieron a aplaudir el paso de la locomotora.
Se trata de una prueba técnica de ida y vuelta, en la que el ferrocarril recorrerá el trazado de 616 kilómetros (205 en el tramo chileno y 411 en el boliviano), cargado con 422 toneladas de bobinas de fierro que arribaron este lunes al puerto de Arica desde Brasil. Está planificado su retorno para la quincena de mayo, con un cargamento de 400 toneladas de soya procedentes de la localidad de Santa Cruz, cuyo destino final será Perú, Ecuador y Colombia.
Este hecho es el fiel reflejo de que el puerto de Arica no se ha inmovilizado en esta pandemia, y sus gestiones están encaminadas a ser el principal puerto de salida al Asia Pacífico de las cargas del corredor bioceánico, que incorpora las cargas de Bolivia y del Mato Grosso de Brasil.
Por esta razón, insto a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a diseñar un modelo de negocios que sea conveniente, flexible y permanente para el transporte ferroviario de carga, junto a Ferroviaria Andina de Bolivia, con el objetivo de retomar el transporte ferroviario internacional, aprovechando nuestra infraestructura, que se encuentra plenamente operativa y disponible.
Si EFE no puede llevar adelante esta tarea, le pido que entregue la administración del tren a la Empresa Portuaria de Arica, tal como se hizo el año 2012, cuando se le otorgó un mandato para rehabilitar la vía. Gracias a ese trabajo, hoy el tren puede transitar.
De esta forma, la Empresa Portuaria de Arica podría licitar la operación de carga dada su experiencia con el mercado boliviano. No podemos dejar de ser un puerto competitivo porque, si no impulsamos el tren, nos quedaremos atrás frente al sur peruano, que tiene en construcción el tramo ferroviario que los conectará con Bolivia.
Hoy tenemos la gran oportunidad de activar definitivamente el Ferrocarril Arica-La Paz. En caso contrario, de nada habrá servido haber ampliado en estos dos últimos años la capacidad del puerto de 3 a 4,5 millones de toneladas. Este esfuerzo conjunto con el Ferrocarril va en el sentido de convertirnos en un puerto líder en la macrozona andina y de clase mundial.
Hoy más que nunca se hace necesario ser competitivos, pero también atender las demandas ciudadanas de descongestionar de camiones la ciudad y favorecer el uso del tren para esto. Ello implicará menos camiones, menos deterioro de la ruta internacional 11-CH y menos inversión gubernamental en su reparación, recursos que se podrían destinar a otras obras tan necesarias para la región.
Pero lo más importante es que podemos volver a impulsar la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y el Ferrocarril Arica-La Paz, con lo cual se generará empleo y desarrollo permanente.
Por lo mismo, señora Presidenta, pido oficiar al Ministerio de Transportes, al Directorio de EFE y a la Cancillería para que informen, a través de la Mesa del Senado, si se tiene considerado diseñar un modelo de negocio que permita retomar el transporte de carga ferroviario internacional, considerando que el servicio logístico es parte de la estrategia de desarrollo de nuestra región y que la infraestructura ferroviaria se encuentra plenamente operativa y disponible.
Muchas gracias, Presidenta.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador José Miguel Durana.
No harán uso de sus tiempos los Comités Partido Evópoli y Partido Revolución Democrática.
Le ofrezco la palabra al Senador Alejandro Navarro, en representación del Comité Partido País Progresista e Independientes, que dispone de cuatro minutos, más diez minutos de la bancada del Partido Socialista y cinco minutos de la bancada del Partido Por la Democracia. Y si requiere tiempo adicional, puede contar con el del Comité de la Democracia Cristiana.
¿La UDI le ofreció el tiempo que le quedaba...?
El señor DURANA.-
¡Juntos, pero no revueltos...!
REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA PREVISIONAL CHILENO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Gracias.
Algo le está pasando a Chile, Presidenta. ¿Qué nos está pasando?
En el diario electrónico Sabes.cl y también en radio Cooperativa -lo vi en la tarde-, nos informan que en el sector de Copiulemu, kilómetro 42, comuna de Florida, Región del Biobío, un hombre de sesenta años se bajó de su vehículo, sacó la bencina y se quemó a lo bonzo. Dejó una carta en el auto señalando que lo hacía por problemas económicos y laborales. Está en el Hospital Guillermo Grant Benavente con 90 por ciento de quemaduras en su cuerpo.
Algo le está pasando a la sociedad, y este tipo de reacciones son parte de un problema que tenemos que enfrentar, Presidenta. No puede ser que los chilenos comiencen a quemarse a lo bonzo porque tienen problemas económicos y laborales, como los tienen miles y miles.
Presidenta, en esta ocasión quiero recordar que hace cuarenta años, en un 1º de mayo, de manera paradojal, se nos informó a todos los chilenos y chilenas que nacía el sistema de administración de fondos de pensiones con capitalización individual, conocido como "AFP".
El creador de este modelo, José Piñera Echenique, hermano del Presidente Sebastián Piñera Echenique, comparaba este sistema -y aún lo hace- con un Mercedes-Benz. Dijo: "Este es un Mercedes-Benz, al cual tienen que subirse todos los chilenos".
Después de cuarenta años, nadie ha logrado subirse. ¡Todo Chile anda de a pie!
Los que tienen el Mercedes-Benz, la industria de las AFP, sí lo usan, pero son los trabajadores de a pie los que pagan el permiso de circulación, el cambio de neumático, el cambio de aceite, todo el costo para que ese Mercedes-Benz funcione. ¡Pero ellos están a pie!
Ese es el sistema de AFP y lo que ha provocado en estos cuarenta años.
La entrada en vigencia de ese modelo fue hace cuarenta años. Se estableció mediante el recauchado decreto ley 3.500, firmado por José Piñera Echenique, a la sazón Ministro del Trabajo, y por el dictador Augusto Pinochet.
Esa creación de Piñera y de Pinochet ha tenido cincuenta modificaciones y ochocientos cambios de texto, y aún así en cuarenta años no ha logrado resolver el corazón del propósito para el cual esta institucionalidad fue prometida. Se les dijo a los chilenos que iba a haber una tasa de reemplazo del 70 por ciento. En otras palabras: "Tú ganas 100; cuando jubiles vas a tener una jubilación de 70". En los hechos, esa no solo fue una promesa incumplida, ha sido una burla.
Y, al parecer, el Presidente Piñera sigue sin entender nada de lo que pasa en el país. No escuchó el clamor el 2016 con el movimiento No+AFP, que sacó a millones y millones de chilenos a la calle.
Y las advertencias han venido siendo permanentes.
La más reciente, respecto de la situación de este sistema, ocurrió en marzo de 2019, con el informe 63 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que plantea la reversión de la privatización de las pensiones, reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina. En una de sus más importantes conclusiones señala que el 60 por ciento de los países que habían privatizado los sistemas de pensiones obligatorias han revertido la privatización, y tienen en cuenta la evidencia acumulada, los impactos negativos, sociales y económicos. Y se puede afirmar -señala el informe- que "el experimento de privatización ha fracasado". ¡Se puede afirmar que el experimento de privatización ha fracasado! Eso fue en el 2019. En el 2016 Chile se adelantó y salió a las calles de manera masiva. Y estas afirmaciones las hace un organismo que, por cierto, tiene credibilidad, un organismo internacional, con criterio universal, que señala dentro de las fórmulas la acción tripartita, es decir, entre gobierno, trabajadores y empleadores. De manera que todas las acciones, los convenios de la OIT incorporan siempre estos tres estamentos.
Y, por tanto, resulta sospechoso -diría el Bombo Fica- que un informe de tanta relevancia, contundente, categórico, demoledor, lapidario haya sido invisibilizado y jamás controvertido.
El Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, ha guardado silencio. La anterior Ministra del Trabajo, y para qué decir de Patricio Melero, actual Ministro, no solo han guardado silencio, sino que defienden el sistema.
Presidenta, las tasas de reemplazo proyectadas en 1981 fueron del 70 por ciento. ¿Qué pasó? Para quienes en la Sala tengan memoria, las pensiones sin, ¡sin! el Pilar Solidario están proyectadas, según el Informe Bravo, en una mediana para el 2025 al 2035, en las mujeres en 8,3 por ciento y en los hombres, en 24,7 por ciento.
¡Ese es un desastre social, una calamidad!
¿Y qué pasaba en 1981? En el Servicio de Seguro Social: cotización del trabajador, 9,5 por ciento; empleador, 40,4 por ciento. ¿Cuánto cotizaban? Lo hacían por el 49,9 por ciento todos los que estaban en el Servicio de Seguro Social. En la Caja de Empleados Particulares: trabajador, 14,6 por ciento; empleador, 44,4 por ciento; es decir, 59 por ciento de cotización en relación a su sueldo. Y en la Caja de Empleados Públicos, la de menor porcentaje: trabajador, 18,8 por ciento; empleador, el Estado, 7 por ciento; total: 25,8 por ciento.
¡Se cumplen cuarenta años sin aporte patronal, sin que los empleadores ayuden a la cotización previsional de sus trabajadores!
Eso fue el principio del fin del sistema de protección previsional, Presidenta: disminuir al 10 por ciento de exclusiva responsabilidad del trabajador la cotización para sus ahorros.
¿Qué ha dicho Paul Krugman, Premio Nobel del 2008? El 2005 señala: "¡Gracias a Dios que seguimos teniendo un sistema de pensiones estatales en Estados Unidos!". "¡Gracias a Dios!" dice Paul Krugman, norteamericano, economista, Premio Nobel.
Joseph Stiglitz, Premio Nobel del 2001: "A pesar de que toda la sociedad está pagando este enorme costo, aquí el que gana ciertamente es el sector financiero".
Y Thomas Piketty, autor de El capital en el siglo XXI, señala de manera categórica: "Sería muy arriesgado invertir todas las cotizaciones de jubilaciones de un país en los mercados financieros mundiales".
¡Las advertencias han estado siempre!
Este es un sistema que fracasó en el mundo, absolutamente.
La señora Alejandra Cox, actual Presidenta de la Asociación de AFP, ha señalado recientemente, en el diario El Mercurio, en entrevistas de televisión, que este sistema fracasó porque este Congreso no hizo las reformas a tiempo, porque los políticos no hicieron las reformas a tiempo. La señora Cox ignora, ¡ignora! que los quorum para cambiar el sistema que ella hoy día administra estuvieron distorsionados en Chile no solo por el sistema binominal, sino también porque parte importante del llamado "progresismo" se compró el sistema porque no había resultados. ¡Después de cuarenta años los resultados son innegables!
Le he dicho en todos los tonos a la señora Cox que venga a Chile, que se pasee por las poblaciones, que converse con los trabajadores. Además, nos señala que la forma de resolver este problema es con el aumento de la edad para jubilar, en las mujeres a sesenta y cinco y en los hombres a setenta años, porque los chilenos están viviendo más. Porque en Chile se utiliza una tasa de mortalidad para calcular cuánto la persona va a vivir, que se ha establecido en ¡ciento diez años! Sin duda, la señora Alejandra Cox tiene cero conocimiento, escaso conocimiento respecto de la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de Chile.
Yo recuerdo a Guillermo Arthur, en los años que fue Ministro del Trabajo y luego también asistiendo a la Cámara de Diputados a defender las AFP.
Cotizaciones insuficientes, lagunas previsionales, edad de jubilación, restitución del aporte patronal son elementos que deben estar en el debate que viene.
Presidenta, aquí se ha mentido y se sigue mintiendo.
¿Cuánto ha gastado el sistema en pensiones desde el año 1981? ¡La suma de 32 mil millones de dólares! Eso es lo que ha pagado en pensiones el sistema. Solo el 15,31 por ciento del actual fondo. En más de cuarenta años, en comisiones, primas de seguro y comisiones fantasmas, el sistema ha capturado 69.765 millones de dólares. Es decir, ¡más de 121 mil millones de dólares se han llevado las AFP! ¡Y el Estado chileno ha subsidiado en 51.425!
Entonces, aquí está claro para quién ha sido el negocio: para la industria.
Presidenta, las AFP no van a quebrar. Lo que sí tiene que quebrar es la mentira que se ha instalado. Y leo: "El Senado reimpulsa nacionalización de fondos de pensión".
¡Y yo emplazo a la mentira, a los miserables que mienten! ¡No puede ser tratado de manera distinta quien les miente a los trabajadores, quien los intenta confundir!
Me refiero al señor José Pedro Undurraga, el hombre detrás del big data de Piñera, que trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones (Secom), quien que ha emprendido campañas millonarias para, a través de las redes, desvirtuar la verdad, mentirle a la ciudadanía. Y, por cierto, ha tenido algunos aliados: la señora Teresa Marinovic, el señor Fernando Villegas -muy conocido por todos- y Jorge Selume Aguirre, quien ha levantado la campaña "El 90 por ciento es mío", acusando que queremos expropiar el dinero de los trabajadores. Y el señor Bernardo Fontaine ha puesto un millón de pesos a un solo tuit para difundir la mentirosa idea: "El Senado rechazó que los ahorros de los trabajadores no pueden ser expropiados por el Estado, para poder quitárselos. Firme para exigir que los políticos no toquen los ahorros de los trabajadores".
Trabajadores de mi patria, trabajadoras de mi patria, ¡Bernardo Fontaine miente! Empresario, hoy día candidato a constituyente, ¡miente! Defiende a las AFP, defiende sus intereses de clase y ¡miente vilmente, miserablemente!
No vamos a aceptar la mentira como un elemento en el debate político, en el debate social. ¡Vamos a desnudar a los mentirosos! ¡Vamos a emplazar a los mentirosos!
¿Qué queremos hacer con nuestro proyecto de ley, Presidenta, y usted lo ha dicho de manera muy adecuada en todas las entrevistas que ha tenido posibilidad de dar respecto a este tema? Crear el Instituto de Seguridad Social de Chile, organismo público, colegiado, que no le cobrará comisión ni prima a los afiliados. En estos cuarenta años se han pagado 8 mil millones de dólares en comisiones fantasmas, para poner en los fondos internacionales los dineros de todos los chilenos.
Proponemos crear la pensión básica universal, igual al sueldo mínimo; restituir el aporte patronal en un sistema tripartito, donde los trabajadores van a aportar un 9 por ciento, los empleadores un 9 por ciento y el Estado un 4 por ciento, para reponer sobre el 20 por ciento en las cotizaciones, que nos permita financiar pensiones garantizadas, con una rentabilidad del 2 por ciento, a través de la creación del Instituto de Seguridad Social, y, por cierto, de protección en manos del Estado.
Si un trabajador quisiera retirar el quinto 10 por ciento, el sexto 10 por ciento y eso está en manos del Estado, se va a poder hacer con el mismo mecanismo empleado para retirar desde las empresas este 10 por ciento, porque los ahorros de los trabajadores siguen siempre en poder de los trabajadores, no cambian de dueño. Lo que se hace es asegurar una pensión básica universal igual al sueldo mínimo y garantizar la protección de esos recursos a través de un bono de reconocimiento. Jamás los trabajadores van a perder la propiedad de sus ahorros. Y podrán acceder a ellos, si quieren, con una ley de retiro.
Nosotros esperamos que el Estado se ponga. Recuerdo que el Presidente Piñera ha puesto 21 mil millones versus 56 mil de los trabajadores. Aquí quienes han financiado la pandemia son los trabajadores.
Por tanto, no hay que ir a Harvard ni a Chicago para entender que este sistema jamás focalizó su atención en la entrega de pensiones. Lo decía Fernando Larraín, lo repite Cox. Ellos señalan que el objetivo no era pagar pensiones, era rentabilizar fondos. Entonces, Chile requiere un sistema de seguridad previsional social que garantice pensiones dignas y protección de esos recursos.
Esta campaña del terror se extiende por todo Chile y queremos salirle al paso.
¿Van a poder subsistir las AFP si tenemos en manos del Estado la administración de esos recursos? Por cierto, quiero un sistema mixto. Si desean administrar el ahorro previsional voluntario, lo pueden hacer. Pero las pensiones van a estar garantizadas por un ente autónomo, sin fines de lucro y sin costo para los trabajadores.
Queremos terminar con esta campaña del terror que oculta las utilidades que han obtenido por décadas estas AFP, entidades a las que hoy día han salido a defender de manera descarada.
Nos acusan de querer expropiar los ahorros de los trabajadores. Tienen derecho a discrepar, a criticar nuestra propuesta. A lo que no tienen derecho es a mentir descaradamente. No tienen derecho a engañar a los trabajadores.
Quieren enseñar educación previsional en los colegios. Eso nos dice el Ministro de Educación. ¿Qué sistema de previsión social van a enseñar en los colegios? ¿Este sistema fracasado en todo el mundo? Un sistema, como usted sabe, Presidenta, que solo existe en nueve países: Chile -por supuesto-, Israel, República Dominicana, Nigeria, Kosovo, las islas Maldivas, Malawi, Hong Kong, Australia. No existe ningún país democrático, industrializado y desarrollado que tenga AFP. ¡No existe! De los treinta y cinco países de la OCDE, el "club de los millonarios", donde Chile está, solo tres lo poseen, y de manera muy distinta a la chilena. ¡Dejen de mentir!
A mí no me invitan a la televisión. Cada vez que lo hacen me preguntan por Venezuela. Y yo les digo: "¡Quiero hablar de Chile, porque en Chile tenemos los problemas, con este Presidente!".
Yo espero que haya debate sincero, de alturas, porque las cifras no mienten, Presidenta. Todo lo que hemos señalado tiene como origen abril de 2021, de Cenda Chile, de la propia Superintendencia de Pensiones, de la Dirección de Presupuestos y del Banco Central. Las cifras no mienten. Claramente, tenemos un problema grave en nuestro sistema previsional, porque ha fracasado en el objetivo principal: brindar seguridad previsional.
Y lo que proponemos es un camino de garantía estatal. ¡Eso no es expropiación, señor Bernardo Fontaine! ¡No es expropiación! Usted les miente a los chilenos de manera descarada. Eso no es expropiación.
Si dicen que es nacionalización, no existen ni el concepto de "expropiación" ni el de "nacionalización" en ninguno de los artículos de nuestro proyecto de ley, que han firmado la Senadora Provoste, la Senadora Órdenes, el Senador De Urresti y el Senador Latorre. No existen. Y si es nacionalización, lo he dicho durante décadas: "Quiero que los fondos se inviertan en Chile".
¿Por qué los pensionados de Australia y Canadá han comprado las concesiones no solamente del acceso norte al aeropuerto, de la ruta 5? ¿Por qué los capitales de los pensionados del mundo, también de Estados Unidos, se vienen a Chile a invertir? Porque aquí hay rentabilidad.
Y si señalan que queremos nacionalizar, les decimos: "¡Queremos que estos fondos sean motor de desarrollo en Chile, que se inviertan en Chile!, porque hay garantía y son buenos negocios". Si no, no vendrían los pensionados de Australia, de Canadá y de Estados Unidos a comprar el sistema de concesiones que tiene Chile.
¿Por qué no lo invierten en Chile? Porque tienen sus negocios en otras áreas. Porque son las directivas de las AFP las que nombran a los directores de las empresas y ellos deciden dónde se invierte. Y, por cierto, más de 100 mil millones de dólares están hoy día invertidos en Chile y se lo reparten en seis grupos económicos: Saieh, Luksic, Matte, Said, Yarur, Paulmann.
Y, por tanto, queremos terminar con este sistema de ruleta rusa. "¿Cuándo puedo jubilar?", me preguntan a diario los trabajadores. Yo les digo: "Hay que asesorarse, porque este sistema es complejo, porque si está a la baja hay que esperar años". El sistema de pensiones es de ruleta. Pensiones de ruleta en una sociedad que cada día más quiere descansar y, también, ser asistido por el Estado después de un largo proceso de trabajo.
¿Con cuánto jubilan las profesoras que han trabajado toda la vida? Jubilan con un 35 por ciento; o sea, ganaban 800 mil, 900 mil, ¡y no alcanzan a sacar 300 lucas, después de toda una vida de trabajo! Y siguen trabajando, porque no pueden dejar de hacerlo, por los gastos comunes, los nietos y todo lo que deben hacer y no les alcanza.
Tenemos que ir a salvar, Presidenta, a esos chilenos que están abandonados por el sistema, integrarlos a un sistema que los proteja, de previsión social real, un sistema de seguridad social. Eso es lo que pretendemos con el proyecto.
Y desafío a todos quienes han criticado el proyecto a que lo debatamos. Pero debatámoslo en serio. Permitan el debate.
No les mientan más a los chilenos y a los trabajadores, porque están confundidos. Si algo he podido constatar en la calle es que hay confusión. Y, claro, financian las redes, se gastan millones en difundir tuits falsos, fake news, noticias falsas. Y yo los insto a dejar de mentir.
Queremos construir entre todos un nuevo sistema, que dé paso a mayor seguridad social. Y deseamos que sea un sistema consensuado. No queremos terminar absolutamente con las AFP. Pueden manejar las cuentas de ahorro voluntario. Tiene que haber un sistema mixto. ¿Hay un sistema mixto en educación en Chile? Sí, hay educación pública, municipal; educación subvencionada, semipública o semiparticular; y educación privada. ¿Hay un sistema mixto en salud? Sí, están las isapres y está Fonasa. Tiene que haber un sistema mixto en el ámbito previsional. Discutamos cuál es el sistema mixto. Pero no quieren soltar los más de 200 mil millones de dólares que administran a discreción durante cuarenta años, sometiendo a los chilenos a estas pensiones de ruleta, a estas pensiones de hambre, de miedo.
No existe ningún país desarrollado y democrático que tenga AFP. No está la UDI en la Sala. Me hubiera encantado hacer este debate en la Comisión de Trabajo para que me señalaran un país de los cuales ellos admiran del sistema internacional neoliberal. ¿Dónde están? ¿Cuál es el sistema en los países admirados por el neoliberalismo?
Y no pretendo tener la absoluta verdad. Discutámoslo, escuchémonos. Pero, por favor, no mientan. Por cierto, a quienes llevamos años en esto no nos logran confundir, por el contrario, más nos apasionamos en la defensa. Pero hay trabajadores y trabajadoras que, frente a esta campaña del terror, legítimamente tienen aprensiones, Presidenta. Y esta intervención tiene como objetivo difundirla a través de todos los medios posibles, porque permite aclarar lo que queremos con nuestro proyecto que pone fin a las AFP, que es un mandato ciudadano expresado masivamente en la calle y que se mantiene plenamente vigente hoy.
Porque creemos que un rol del Estado puede ser eficiente en la protección de los recursos de todos los trabajadores; porque tenemos confianza en que la seguridad social en el mercado no brinda seguridad, brinda incertidumbre, hemos propuesto este proyecto de ley que propone crear el Instituto de Seguridad Social, un sistema de protección
social, y además de ello, garantizar la participación de los trabajadores, de los empleadores y del Estado en reemplazo del actual sistema fracasado de las AFP.
Presidenta, le solicito que se haga llegar esta intervención a las administradoras de AFP, a la señora Alejandra Cox, a la industria; a la señora Ministra del Trabajo; a los señores Seremis del Trabajo, y, por cierto, a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que usted ha visitado en días recientes, en un diálogo franco y directo con los trabajadores que Chile entero ha saludado y ha apreciado.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Alejandro Navarro.
Se enviarán copias de su intervención a todos los destinatarios que usted ha señalado.
Senador Jorge Soria, ¿quiere hacer uso de la palabra?
Ahora lo estamos escuchando.
El señor SORIA.-
No.
Digo que muchas gracias; muy amable.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:16.
Claudia Zumelzu Cornejo
Jefe de la Redacción suplente