REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 46ª, en miércoles 23 de junio de 2021
Ordinaria
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 16:20 a 19:25)
PRESIDENCIA DE SEÑORA YASNA PROVOSTE CAMPILLAY, PRESIDENTA,
Y SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Bianchi Chelech, Carlos
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Von Baer Jahn, Ena
Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Araya Guerrero, Pedro
--De Urresti Longton, Alfonso
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Montes Cisternas, Carlos
--Órdenes Neira, Ximena
--Quintana Leal, Jaime
--Sabat Fernández, Marcela
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
Concurrieron, además, presencialmente, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y telemáticamente, la Ministra de Desarrollo Social y Familia subrogante, señora Alejandra Candia Díaz.
Asimismo, se encontraba presente la Subsecretaria de la Niñez, señora Blanquita Honorato Lira.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 15 señoras Senadoras y señores Senadores.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Las actas de las sesiones 85ª a 88ª del año 2020, y 41ª a 44ª, en junio de 2021, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Oficios
Siete de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado (Boletín N° 14.137-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Economía y a la de Hacienda, en su caso.
Con el siguiente, informa que ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley que modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía, establecidos en el artículo 27 bis de la ley N° 20.129, y en el artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.903 (Boletín N° 14.151-04) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Con el tercero, hace presente que aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Penal, para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas (Boletín N° 14.045-07).
--Pasa a la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
Con el cuarto, señala que ha aprobado el proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, a contar de la fecha que indica (Boletín N° 13.196-12).
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía.
Con el quinto, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura (Boletín N° 14.178-21).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Con el penúltimo, informa que ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia (Boletín N° 12.118-04) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
Con el último, hace presente que tomó conocimiento del rechazo por parte del Senado del proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, y otorga ayudas extraordinarias para las familias en contexto del Covid-19, e indica la nómina de Diputados que concurrirán a la Comisión Mixta que debe formarse (Boletín N° 14.225-13) (con urgencia calificada de "suma").
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del señor Contralor General de la República:
Atiende solicitud -formulada por la Honorable Senadora señora Provoste- de investigar contrataciones de personal efectuadas por el Gobierno Regional de Atacama, por cuanto se habrían financiado con los recursos asignados por las Leyes de Presupuesto de los años 2019 y 2020 para el aumento de los cargos de la planta de ese servicio.
Informa, por petición del Honorable Senador señor Chahuán, acerca de la calidad de funcionario municipal de la persona que señala, indicando su modalidad contractual, si se realizó algún sumario administrativo en su contra y el motivo por el cual habría sido desvinculado de la entidad edilicia donde se desempeñaba.
De la señora Ministra de Agricultura:
Remite antecedentes pedidos por el Honorable Senador señor De Urresti sobre el convenio suscrito entre el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que permitiría brindar soluciones hídricas a personas y comunidades indígenas, principalmente entre las regiones del Biobío y la de Los Lagos.
Se refiere a la solicitud de información del Honorable Senador señor Navarro, relativa a ataques por parte de visones americanos que se han registrado a ganado y a aves de crianza en cada una de las comunas de Chiloé.
Atiende preocupación de la Honorable Senadora señora Carvajal referida a la situación que afecta a los viñateros de la Región del Ñuble.
Informa, a solicitud del Honorable Senador señor Castro, sobre los alcances prácticos que tendrá la aplicación del fallo de la Excelentísima Corte Suprema recaído en la causa N° 13.920-2019, sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de la laguna del Maule.
Contesta presentación del Honorable Senador señor Letelier referida al uso de un fungicida importado desde Europa, que afecta desde la región de Valparaíso hasta la región del Maule, que habría sido utilizado después de las lluvias.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Moción
De los Honorables Senadores señor Letelier, señoras Goic y Muñoz, y señores Elizalde y Quinteros, por la que inician un proyecto de ley que incorpora un artículo 177 bis en el Código del Trabajo para resguardar los derechos de los trabajadores ante la firma de un finiquito (Boletín N° 14.335-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Proyecto de Acuerdo
De los Honorables Senadores señores Durana e Insulza, señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y señores Castro, Chahuán, Coloma, Elizalde, Girardi, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Pugh, Quinteros y Sandoval, por el que se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir a los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Salud que coordinen acciones para desarrollar, en el más breve plazo posible, un proceso de vacunación de los chilenos residentes en los países limítrofes, a través de un protocolo determinado por el Ministerio de Salud y coordinado por los consulados respectivos (Boletín N° S 2.183-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-
Es todo, señora Presidenta.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Recabo el acuerdo para que pueda ingresar a la Sala la Subsecretaria de la Niñez, señora Blanquita Honorato.
¿Si les parece?
--Así se acuerda.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Goic, sobre la Cuenta.
La señora GOIC.-
Presidenta, más que referirme a la Cuenta quiero formular una petición sobre la tabla.
Ayer algo estuve conversando con el Senador Pizarro.
En el tercer punto de la tabla aparece un proyecto que no debería ser complejo en su tramitación, que tiene que ver con los documentos electrónicos laborales.
No sé si sería posible invertir el orden y ver primero ese proyecto, porque los dos que lo anteceden van a tener mayor discusión y mi temor es que no lo alcancemos a debatir hoy.
En su defecto, yo sé que estos asuntos necesitan obviamente un acuerdo de Comités, pido que quede como primer punto de la tabla del día martes.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senadora.
Sobre el punto ha solicitado la palabra el jefe del Comité del Partido Socialista, Senador José Miguel Insulza.
Tiene que activar su audio, Senador.
El señor INSULZA.-
Nosotros queremos que la tabla se mantenga tal cual está, Presidenta.
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
No hay acuerdo para acceder a la solicitud requerida, señora Senadora.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Presidenta, tal como usted debe saber, la Cámara de Diputados ya nombró a los integrantes de la Comisión Mixta que debe formarse para analizar el proyecto sobre salario mínimo y estamos viendo con los colegas la posibilidad de sesionar hoy día en paralelo con la Sala.
Entonces, necesitaríamos autorización para hacerlo.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, accederemos a la solicitud de la Senadora respecto del funcionamiento de la Comisión Mixta por salario mínimo.
--Así se acuerda.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Entramos al Orden del Día.
OBLIGACIÓN DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE ENTREGAR INFORMACIÓN SOBRE SALDOS Y SUMAS DE ABONOS AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Según los acuerdos de Comités, corresponde discutir el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Montes, Lagos y Pizarro, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Tributario, obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos, con informe de la Comisión de Hacienda.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.111-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Señor Secretario, le ofrezco la palabra para que pueda hacer la relación del proyecto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
La señora Presidenta pone en discusión en general el proyecto de ley que ya ha individualizado (boletín N° 14.111-05), cuyo objetivo es incorporar al Código Tributario un nuevo artículo 85 bis, por medio del cual se establece la obligación de bancos e instituciones financieras de entregar información al Servicio de Impuestos Internos respecto de los saldos y abonos mensuales correspondientes al año calendario inmediatamente anterior, en la medida que dichos saldos o sumas de abonos registren un movimiento diario, semanal o mensual igual o superior a 1.500 unidades de fomento, sin atender para estos efectos al número de titulares a que pertenezcan.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto solamente en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado, y aprobó la idea de legislar por cuatro votos a favor, de los Senadores señora Rincón y señores García, Lagos y Montes, y el voto en contra del Senador señor Coloma.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 65 a 68 del primer informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a disposición en la Sala y en la plataforma de la sesión remota o telemática y que también ha sido remitido al correo de todas las señoras y señores Senadores.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión general la iniciativa.
Le ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Hacienda, Senadora Ximena Rincón, para que pueda rendir informe a la Sala.
La señora RINCÓN.-
Señora Presidenta, procedo a rendir informe recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Tributario, obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos (boletín N° 14.111-05).
El proyecto de ley fue iniciado el 23 de marzo del año 2021 en moción de los Senadores señores Ricardo Lagos Weber, Carlos Montes Cisternas y Jorge Pizarro Soto.
Durante la tramitación concurrieron a las sesiones, además de los Senadores miembros, el Senador señor Quinteros. Asimismo, de parte del Ejecutivo asistieron representantes del Ministerio de Hacienda; el Director del Servicio de Impuestos Internos, don Fernando Barraza, y los invitados expositores convocados por los integrantes de la Comisión.
De acuerdo con la moción de los Senadores antes nombrados, la iniciativa tiene por objeto incorporar al Código Tributario un nuevo artículo 85 bis, por medio del cual se busca establecer la obligación de bancos e instituciones financieras de entregar información al Servicio de Impuestos Internos respecto de los saldos y abonos mensuales correspondientes al año calendario inmediatamente anterior, en la medida en que dichos saldos o sumas de abonos registren un movimiento diario, semanal o mensual igual o superior a 1.500 unidades de fomento.
Dentro de los antecedentes que se expresaron en la Comisión para promover la presente iniciativa se mencionaron los siguientes:
Primero, enuncian que en Chile existe consenso político en cuanto a que la evasión y elusión fiscal han producido efectos nocivos, afectando a los más necesitados, al verse disminuida la capacidad del Estado de ejecutar políticas sociales. Además, representan un problema que afecta principios básicos del derecho tributario, como el principio de legalidad y de igualdad ante la ley.
Segundo, aludiendo a la situación sanitaria, se indica que implementar medidas que combatan la elusión y evasión fiscal permitirá aumentar la recaudación fiscal sin afectar negativamente los niveles de actividad económica; entregar mayor justicia en el cumplimiento de las obligaciones legales, y favorecer que los actores económicos compitan en una mayor igualdad de condiciones.
Tercero, respecto a la normativa internacional, señalan que la iniciativa busca cumplir con una serie de acuerdos internacionales que permiten realizar intercambios de información con el resto de las autoridades tributarias, especialmente la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.
Cuarto, en definitiva, la moción tiene por objeto principal informar, una vez al año, respecto de los saldos y abonos mensuales correspondientes al año calendario inmediatamente anterior, en la medida en que dichos saldos o sumas de abonos registren un movimiento diario, mensual o semanal igual o superior a 1.500 unidades de fomento, sin atender para estos efectos al número de titulares a que pertenezcan o la naturaleza jurídica de dichos titulares.
Respecto a su concordancia con la normativa bancaria vigente, los mocionantes señalan que la iniciativa no busca modificar los derechos que genera el secreto bancario, ni acceder con esta información, en caso alguno, al detalle de los movimientos de las cuentas financieras, ni menos al destino de dichos recursos, sino que simplemente se busca obtener información numérica respecto de saldos y sumas de abonos que permitan detectar movimientos de dinero que ameriten iniciar una fiscalización por parte de la administración tributaria.
Sobre la eventual nueva atribución del Servicio de Impuestos Internos, se indica que esta medida no impondrá a dicho Servicio nuevas facultades ni derechos, ya que la información deberá ser entregada por los bancos e instituciones financieras a tal entidad. Por el contrario, se establece una obligación de información a los bancos e instituciones financieras para que el Servicio de Impuestos Internos pueda procesarla en el ejercicio de sus actuales facultades de fiscalización y con los recursos actuales disponibles.
La moción cuenta con un artículo 85 bis nuevo permanente que se incorpora en el decreto N° 830, del año 1974, referente a la obligación de informar de los movimientos antes señalados, y una norma transitoria que dispone que la mencionada obligación se aplicará respecto de los saldos y sumas de abonos identificados con las cuentas financieras a partir del tercer mes siguiente a la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial.
El proyecto indica qué instituciones financieras son obligadas a reportar, respecto a qué cuentas; la forma de identificación de las cuentas y titulares o beneficiarios finales; el plazo para cumplir con el reporte; la forma de reportar, así como las obligaciones del Servicio y las sanciones a las que están sometidas las instituciones financieras.
Durante el periodo de audiencias y exposiciones de economistas y abogados tributarios, que abarcó entre el 20 de abril y el 25 de mayo, expusieron sus consideraciones respecto a la moción presentada las siguientes personas:
El abogado señor Ricardo Guerrero, en una revisión de la regulación comparada en el tema de información bancaria tributaria, tuvo a bien expresar las siguientes consideraciones:
Primero, en la situación de crisis económica y social, Chile requiere implementar medidas que aumenten la recaudación y, al mismo tiempo, no inhiban la recuperación económica. Además, se requiere darle mayor legitimidad al sistema tributario, combatiendo decididamente la elusión y evasión.
Segundo, esta medida va en línea y complementa planes de acción del Servicio de Impuestos Internos y permitiría tener mayor información para poder ejercer medidas de inteligencia de negocios y minería de datos, identificando los riesgos de los distintos contribuyentes.
Tercero, se termina con la extraña situación de que hoy los bancos e instituciones financieras están entregando información sobre saldos de cuentas al Servicio de Impuestos Internos, pero limitada a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.
Posteriormente, se escucharon los planteamientos del señor Francisco Saffie, quien, además de enunciar el contexto en el cual se inserta la moción presentada, dio una explicación detallada de los conceptos que incluye el proyecto y respondió las dudas de los señores Senadores miembros de la Comisión.
Por otra parte, en su exposición, el señor director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, hizo un análisis de la moción en cuanto a su estructura, sanciones, normativa actual y comparada. Asimismo, tuvo a bien expresar las siguientes consideraciones:
Primero, salvando diferencias propias, el proyecto de ley replica, a nivel interno, la obligación internacional de informar cuentas financieras conforme a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria de la OCDE, para el intercambio de información de extranjeros con cuentas en el país y nacionales con cuentas en el extranjero.
Segundo, en la moción se establece la obligación de las instituciones financieras de revisar e identificar las cuentas financieras relacionadas con personas con residencia tributaria en el extranjero.
Tercero, el proyecto de ley no establece una facultad a favor del Servicio de Impuestos Internos, sino una obligación directa a los bancos e instituciones financieras, que describe la ley, de reportar cierta información financiera.
Cuarto, solo se reportan saldos y sumas de abonos, no cargos u otros movimientos particulares de las cuentas.
Quinto, el director también expresa ciertas precisiones que deben hacerse en la moción.
Primero, a pesar de que no se dispone expresamente, se entiende que el Servicio de Impuestos Internos puede impartir las instrucciones pertinentes para implementar las obligaciones que impone el artículo 85 bis, por ejemplo, formato, oportunidad, etcétera, conforme las facultades genéricas del artículo 6, letra a), N° 1, del Código Tributario.
Segundo, estrictamente no es necesario especificar deberes de reserva y sanciones ya establecidos en el Código Tributario.
Tercero, el movimiento mínimo de 1.500 UF parece alto para los estándares internacionales. Se propone revisar otros mínimos que se utilizan como proxy para otros fines (cambiarios, aduaneros o intercambio de información) o bien, fijar montos mínimos aplicables a los abonos y otros utilizados en la suma de abonos y/o saldos, o establecer distintos mínimos para personas y empresas.
Cuarto, la obligación es respecto de cuentas del o los titulares en una institución financiera. No considera posibilidad de que se atomicen las cuentas en varias instituciones financieras para quedar bajo los montos mínimos.
Quinto, sanciones: clarificar el límite de 500 UTA. No se aplicaría transcurrido un mes de notificado el incumplimiento sin entregar la información requerida.
Sexto, finalmente, el señor director señala: "la medida contribuiría a los procesos de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos en, por ejemplo, control de retiros desproporcionados, precios de transferencia, exceso de endeudamiento, inversiones en el exterior y sus rentas pasivas, remesas y retenciones de impuesto adicional con paraísos tributarios, flujos de economía informal, entre otros".
En la exposición del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, se expresaron las siguientes consideraciones:
Las materias internacionales de lavado de activos y las materias tributarias van de la mano, toda vez que los foros internacionales ven esto como parte de los fraudes fiscales en general, por lo que muchos conceptos contenidos en el proyecto de ley parten de la norma antilavado y van mutando hacia obligaciones tributarias internacionales, de manera que no son temas que se encuentren particularmente alejados de los alcances que el proyecto les quiere dar.
La autoridad puntualizó que la UAF no funciona de oficio, sino que opera a través de reportes de operaciones sospechosas, recibiendo una masa de operaciones de tal índole que no son del sector financiero y que cuando se inician procesos de investigación, muchas veces no cuenta con los productos financieros que la persona a quien se debe indagar posee en el mercado, a efectos de comenzar una investigación que determine si los movimientos sospechosos reportados tienen o no fundamento. En ese sentido, manifestó que la UAF ha solicitado información a la CMF y a la SBIF en su oportunidad; sin embargo, debido a las limitaciones que imponen sus respectivas normativas no pueden entregar esa información.
Posteriormente, la Comisión escuchó al abogado y profesor de Derecho constitucional, señor Arturo Fermandois, quien se refirió a la mirada que tienen los tribunales sobre este tema, especialmente el Tribunal Constitucional cuando ha sido llamado a resolver en estas materias.
Destacó, señora Presidenta, tres fallos fundamentales que rigen en esta materia: rol 389-2003, rol 521-2006 y rol 5.540-2018. Los dos primeros se refieren al control sobre las normas de unidad de análisis financiero y la última al proyecto de ley que reformó y modernizó la ley de bancos y la creación de la CMF. Otro fallo interesante es el que se dictó con ocasión de la ley adecuatoria de la reforma procesal penal.
Señaló que en todos esos proyectos se ven los siguientes elementos:
Primero, la privacidad íntegra es un derecho fundamental de la persona y es un patrimonio moral de esta. Por lo tanto, los actos de autoridad deben respetar y resguardar el derecho a la privacidad.
Segundo, los órganos administrativos, cuando solicitan información bancaria, deben hacerlo con precisión, con causales detalladas, porque facultarlos para pedir información genérica sin limitación alguna violenta el derecho a la privacidad, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal en su sentencia, respecto de la causa rol 389-2003. En este caso, existía un precepto legal que facultaba a la UAF para recabar en calidad imperativa toda clase de antecedentes, sin que aparezca limitación alguna, y hubo una sentencia negativa. Porque lo que le interesó al Tribunal no es que no se pueda entregar la información, sino que se hacía sin trazar en la ley las pautas y parámetros objetivos y controlables que garanticen que el órgano administrativo pertinente se ha circunscrito a ello. Lo anterior permitiría vislumbrar los problemas que presenta el proyecto de ley en comento.
En lo que respecta al proyecto, el referido académico manifestó estar de acuerdo con lo señalado por el Senador Lagos en cuanto a que efectivamente predomina cierta tendencia internacional a relajar el concepto del secreto bancario, agregando que lo interesante del tema es que no ocurre lo mismo con los estándares constitucionales de la privacidad, los cuales no se han relajado, de manera que en el ámbito de este proyecto se sugiere a la Comisión precisar la causal y, desde luego, incorporar algún grado de intervención judicial.
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Posteriormente, con fecha de 18 de mayo de 2021, la Comisión escuchó al abogado y profesor de Derecho Tributario, Mario Silva, quien hizo un análisis de los principios que contiene la iniciativa, los conflictos entre los bienes jurídicos de vida privada y datos personales, así como del bien jurídico para obtener la información a fiscalizar y a recaudar; analizó también las normas vigentes y comparadas en materias bancaria y tributaria, y finalmente analizó ciertos problemas y consecuencias de la necesidad fiscalizadora y la obtención de información por parte de los reguladores.
Luego, la Comisión escuchó al abogado y profesor de Derecho Tributario, Christian Blanche, quien hace una exposición jurídica respecto a las normas generales de entrega de información, del resguardo del secreto profesional y bancario. También analizó las tendencias del derecho comparado en este tema; su incidencia en el resguardo de la privacidad bancaria tributaria. Además, señaló que el proyecto recuerda de manera adecuada a la privacidad y no otorga nuevas facultades al regulador, y asimismo, tampoco discrimina al contribuyente no residente.
Asimismo, en la primera sesión presentó sus consideraciones con respecto a la normativa actual el Director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, haciendo un repaso de la regulación chilena y del derecho comparado.
La revisión de los antecedentes y la recepción de audiencias continuaron en las sesiones de los días 4, 18 y 25 de mayo.
Se sometió a votación general el proyecto en la última sesión, aprobándose con el voto favorable de los Senadores señores García, Lagos y Montes y de la Senadora que habla, y con el voto en contra del Senador Coloma.
Se informa a la Honorable Sala que el proyecto no cuenta con normas de quorum especial.
Es cuanto puedo informar, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Senadora Ximena Rincón.
Se ha inscrito para intervenir en la Sala el Senador José García Ruminot.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Esta moción tiene por objeto incorporar al Código Tributario un nuevo artículo 85 bis con el objeto de establecer una obligatoriedad para que los bancos y las instituciones financieras informen al Servicio de Impuestos Internos los saldos y abonos mensuales correspondientes al año calendario inmediatamente anterior, en la medida en que dichos saldos o sumas de abonos registren un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a 1.500 unidades de fomento, sin atender para estos efectos al número de titulares a que pertenezcan.
Dicha información sería entregada anualmente, a más tardar dentro de los quince primeros días del mes de marzo de cada año, respecto de los saldos y sumas de abonos efectuados en las cuentas financieras durante el año calendario anterior.
El informe deberá indicar el saldo final que registre cada cuenta financiera en cada mes correspondiente al año calendario que se informa y la suma de los abonos de cada cuenta financiera efectuados en el mes.
Dicha información tendrá como única finalidad cumplir con los objetivos de fiscalización, que les son propios al Servicio de Impuestos Internos, y no podrá ser divulgada.
Finalmente, se dispone una medida sancionatoria para quienes no cumplan con la entrega de este informe, la cual ascendería a una unidad tributaria anual por cada informe no remitido, con un tope de 500 unidades tributarias anuales.
La Comisión de Hacienda, por supuesto, revisó esta moción, para lo cual se sostuvieron cuatro sesiones donde se escuchó a diversos expertos en la materia, entre ellos el Director del Servicio de Impuestos Internos, don Fernando Barraza; el Director de la Unidad de Análisis Financiero, don Javier Cruz, además de abogados tributaristas y constitucionalistas. Todos ellos entregaron información valiosa y muy ilustrativa para la consideración de nuestra Comisión.
Entre las informaciones entregadas se destaca lo señalado por el Director del Servicio de Impuestos Internos, quien resaltó que la mayoría de las administraciones tributarias en los países que son referentes en la materia tienen este tipo de competencias o facultades.
Por otro lado, el Director de la Unidad de Análisis Financiero indicó que esta medida contribuirá en el control de los dineros que tienen un origen dudoso e incluso una procedencia directamente delictual.
Con esto, ambas importantes autoridades dejaron en claro la relevancia que puede adquirir un instrumento de esta naturaleza para controlar la evasión tributaria.
A pesar de todo lo anterior, no se puede dejar fuera la necesaria protección de la vida privada de las personas. Es por ello que se hace necesario perfeccionar esta norma en su tramitación particular.
Fue en este sentido que se escuchó la valiosa intervención del profesor Mario Silva, quien señaló que esto podría ser una facultad del Servicio de Impuestos Internos en la línea de que si dicho servicio inicia una investigación tributaria o presenta sospechas pueda solicitar la información a las entidades financieras correspondientes y, si el contribuyente se quiere oponer, tenga la posibilidad de interponer los recursos que estime convenientes.
Esto significa que, en lugar de que las instituciones financieras manden toda la información sobre los saldos, la facultad recaiga en el Servicio de Impuestos Internos, de tal manera que fundadamente pueda recurrir a una entidad financiera para pedir los antecedentes y los saldos bancarios de tal contribuyente.
Con todo lo anterior, resulta perfectamente posible avanzar en una norma de esta naturaleza, que sea compatible con la vida privada y que al mismo tiempo la administración tributaria cuente con mayores atribuciones que conlleven al pago correcto de los impuestos, disminuyendo la evasión y la elusión.
Por esas razones, señora Presidenta, voté favorablemente la iniciativa en la Comisión de Hacienda y haré lo mismo ahora en la Sala.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Gracias a usted, Senador.
Tiene la palabra en la Sala el Senador y Vicepresidente de la Corporación, don Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Muchas gracias, Presidenta.
Agradezco el informe entregado por la Presidenta de la Comisión, la Senadora Rincón, y los aportes hechos por el Senador García.
Hace años ya venimos sosteniendo que el país necesita mayor recaudación fiscal para financiar nuevas políticas sociales y productivas, especialmente en esta etapa de pospandemia.
No debemos olvidar que se han entregado ayudas sociales y productivas, destinando una parte importante de los recursos ahorrados que el país tiene en el marco de una política de responsabilidad fiscal.
Como país tendremos todavía más desafíos.
Hay que recuperar un millón de empleos perdidos en la pandemia; aumentar en innovación y en ciencias, fortaleciendo la descentralización, y posibilitar pensiones dignas y políticas sociales y productivas que obviamente requieren mayores ingresos para el Fisco.
Para construir ese Chile más equitativo, con mayor cohesión social, es evidente que precisamos una mayor recaudación progresiva, proveniente de las personas de más altos ingresos.
Esos desafíos los planteamos en mayo pasado en la agenda de mínimos comunes, donde decíamos textualmente que se "requerirán de fuentes de financiamiento permanentes que permitan recuperar los equilibrios fiscales en el mediano plazo y reactivar la economía una vez la crisis sanitaria sea superada. Las reformas que permitan la recaudación de ingresos permanentes deben tener como eje fundante su progresividad, es decir, que quienes tienen más, paguen más, aporten más.".
Debemos avanzar, por lo tanto, en eliminar las exenciones tributarias que favorecen a las rentas del capital y por enésima vez le reiteramos vez al Ministro de Hacienda que envíe, de una vez por todas, el proyecto de ley que permita la eliminación de esas exenciones.
Eso es parte del acuerdo tributario que está pendiente y de los acuerdos de la agenda social adoptada entre el Gobierno y el Senado.
Quiero añadir también que existe una serie de otras actividades, donde evidentemente tenemos que revisar lo que es el sistema tributario, teniendo una visión más integral en la materia.
Sin duda, la Centroizquierda, la Oposición, tiene el desafío de cara al próximo Gobierno de lograr una mayor recaudación fiscal progresiva para financiar esa agenda, para recuperar el empleo, la dignidad de las familias y el desarrollo productivo.
En el marco de ese esfuerzo por apuntar a una mayor recaudación fiscal, junto con los Senadores Ricardo Lagos y Carlos Montes presentamos una moción en marzo pasado -como dijo el Senador García, él también se sumó a esta iniciativa- mediante la cual obviamente buscábamos ampliar el rol que cumplen los bancos y las instituciones financieras en el combate a la elusión y la evasión de impuestos, a través de la entrega de información de saldos y abonos en las cuentas al Servicio de Impuestos Internos.
Atacar la evasión y la elusión permite que los contribuyentes paguen los impuestos que corresponden según la ley, en especial los segmentos de mayores ingresos. En este caso, se calcula que entre el 5 y el 6 por ciento del producto interno bruto no está siendo recaudado debido a la mal llamada "ingeniería tributaria", que permite a los contribuyentes no pagar los impuestos que corresponden a los altos ingresos y los patrimonios.
Como se ha dicho, esta moción obliga a las instituciones bancarias a informar al Servicio de Impuestos Internos de las personas naturales o jurídicas que tengan saldos superiores a 1.500 UF.
Con este proyecto de ley el Servicio de Impuestos Internos podrá observar los saldos y los abonos superiores a los 1.500 UF mensuales y semanales, lo que le permitirá al Servicio cruzar la información que autorreportan los contribuyentes en sus declaraciones de impuestos anuales.
El cumplimiento tributario y el pago oportuno de los impuestos representan un desafío del conjunto de las instituciones y no solo del Servicio de Impuestos Internos.
Una moción de esta naturaleza ayuda en el desafío de lograr una mayor recaudación fiscal progresiva, porque permite contar con información de los contribuyentes de altos ingresos, que son los que obviamente deben aportar más.
Esta es una normativa que opera en la mayoría de los países. Chile era una anómala excepción que con esta moción estamos corrigiendo. Si queremos un país más solidario, con mayor integración social, se requiere necesariamente una mayor recaudación fiscal.
Con este proyecto de ley estamos dando un importante primer paso para dotar con mayor información bancaria al Servicio de Impuestos Internos, a fin de que pueda cobrar los impuestos que correspondan.
Llamamos a los colegas a que apoyen transversalmente esta moción para que nuestro país sea más creíble. El Chile actual espera cambios sociales, pero bien hechos; cambios realizados de manera responsable, con diálogos transversales y con gobernabilidad. Y eso significa avanzar en una mayor recaudación fiscal como propone esta iniciativa parlamentaria.
Como decía el Senador García, este proyecto nada tiene que ver con algunas caricaturas que se han hecho en cuanto a que afectaría el secreto bancario o violaría la privacidad de los datos personales. Por el contrario, lo que estamos haciendo es avanzar en transparencia, en modernización de nuestros sistemas de información y recaudación tributaria, y, por supuesto, en la búsqueda de un objetivo central: que el país pueda disponer de mayores recursos para los grandes desafíos sociales que se nos vienen en los próximos años, fundamentalmente para invertir en innovación, para invertir en tecnología, para invertir en capacitación, para invertir en actividades productivas que permitan generar empleos de mayor calidad y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de nuestra gente.
Voy a votar a favor de este proyecto.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Jorge Pizarro.
Le ofrezco la palabra en la Sala al Senador Ricardo Lagos.
Posteriormente al Senador Carlos Montes.
El señor LAGOS.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Primero, quiero agradecer el informe que ha hecho la Presidenta de la Comisión de Hacienda, la Senadora Rincón. Comparto las expresiones que han vertido el Senador García Ruminot y el Senador Pizarro, quienes me acaban de anteceder en el uso de la palabra.
Asimismo, agradezco la posibilidad que me dio el Senador Carlos Montes por permitirme participar en esta moción, quien fue -yo diría- la primera persona que planteó este tema, razón por la cual nosotros lo hemos apoyado de manera entusiasta y con mucha convicción.
Este proyecto en lo formal persigue que los bancos e instituciones financieras informen al Servicio de Impuestos Internos los saldos de las cuentas financieras y sumas de abonos por sobre cierto monto (1.500 UF al año), que mantengan personas con domicilio o residencia en Chile. Esta obligación debe ser cumplida, una vez al año, por las instituciones financieras respecto de saldos y abonos, tal como se señalaba.
Quiero hacer presente que esta iniciativa no busca modificar ni afectar los derechos que genera el secreto bancario, ni tampoco acceder en caso alguno, mediante esta información, al detalle de los movimientos de las cuentas financieras ni menos al destino de dichos recursos. Lo que se persigue es obtener información numérica sobre los saldos y las sumas de abonos que permitan detectar movimientos de dineros que ameriten iniciar una fiscalización por parte de la administración tributaria.
Eso en lo formal.
En lo básico, y lo más importante, este proyecto se inscribe claramente dentro del debate que se ha suscitado en Chile, no solo respecto de las reformas estructurales y necesarias para contar con una sociedad mejor, más justa, más equilibrada, con mayores oportunidades, sino también en cómo allegar más recursos al Fisco ante la creciente demanda por bienes públicos.
Y, en ese sentido, esta propuesta no aumenta la carga tributaria. ¡No sube un solo impuesto! Lo que hace, a partir de la información que las instituciones financieras proveen al Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar adecuadamente, es algo bien básico: que todos cumplan con la carga tributaria chilena que hoy día existe y que paguen sus impuestos.
Eso persigue este proyecto.
Por lo tanto, la iniciativa no aumenta en un peso ni porcentualmente hablando la carga tributaria, sino que asegura disminuir la evasión, la cual está por sobre los 20 mil millones de dólares.
En consecuencia, desde ese punto de vista, estamos hablando de un proyecto modesto pero importante.
Digo que esta propuesta de ley se inscribe no solo dentro de lo que tenemos que hacer en Chile, sino también en un contexto internacional. El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado cifras que son estratosféricas para nuestro nivel y ha planteado la necesidad de invertir en el servicio de impuestos internos norteamericano un aumento de dos tercios del presupuesto: 80 mil millones de dólares de su presupuesto para recaudar 800 mil millones de dólares adicionales en evasión. Y para estos efectos le entrega más atribuciones al servicio de impuestos internos y establece conductas tributarias diferentes.
Esta medida se inscribe también en lo que se está haciendo a nivel de la OCDE, a través del proyecto BEPS, sobre la erosión de las bases tributarias y la movilidad de las utilidades a paraísos fiscales.
Eso es lo que persigue este proyecto: dar más información.
Y como señalaban quienes hicieron uso de la palabra anteriormente, nosotros en Chile tenemos una legislación bastante más atrasada por cuanto el Servicio de Impuestos Internos cuenta con limitadas facultades administrativas para poder recurrir a dicha información, sin perjuicio de que puede hacerlo por la vía judicial.
Entonces, señora Presidenta, este proyecto apunta en lo medular a algo básico, a algo sencillo, a algo en lo que países más sofisticados que Chile y sociedades que ya han avanzado por este camino nos marcan el rumbo.
Se ha planteado la necesidad de balancear los derechos individuales, la reserva y la privacidad de las personas con las atribuciones que da este proyecto. Al respecto, quiero señalar que efectivamente ese es un debate permanente en todas las sociedades. En Estados Unidos y Europa no existe el secreto bancario, y menos como lo conocemos en Chile. ¡Estados Unidos y Europa no tienen secreto bancario, y menos como lo conocemos en Chile!
Entonces, ¿de qué estándares estamos hablando? Cada país fija sus estándares.
Por lo tanto, no podemos decir que este proyecto va a atentar contra la privacidad de las personas cuando vemos que administrativamente no existen las facultades para pedir esa información, la cual no se pide a objeto de conocer los detalles de los movimientos, sino para saber qué personas muevan montos por sobre las 1.500 unidades de fomento. Es decir, estamos hablando de cifras bastante altas.
Por ende, existe una tendencia a nivel global a moverse en esta dirección.
El reciente acuerdo al que se está llegando, que se inscribe dentro del marco de la OCDE, ¿qué va a permitir? Contar con un piso mínimo de tributación internacional, ¡piso mínimo de tributación internacional!, para que simultáneamente, como contrapartida de aquello, las grandes corporaciones, que tienen sus domicilios en determinados lugares, tengan que tributar en los lugares donde generan la renta y no solamente donde tienen su domicilio tributario.
Eso significa, entonces, que los Google, los Amazon, los Netflix van a tener que, en el caso de Chile, contribuir con su correcta y justa tributación al erario nacional, por las actividades económicas que generan en nuestro país. Hacia allá avanza el mundo multilateralmente.
Y la propuesta de ley que nosotros estamos planteando cae de lleno en el corazón, ni siquiera entra en el ámbito de la carga tributaria. Eso es harina de otro costal; ese es un proyecto que se encuentra pendiente todavía en Chile y que debe determinar qué tipo de estructura tributaria queremos, pues en el caso chileno la mitad de los ingresos fiscales proviene de impuestos a la renta o a las utilidades, y la otra, de impuestos indirectos.
¡Eso es lo más regresivo que hay!
No existe ningún otro país en el mundo en que el IVA represente la mitad de lo que recauda el Fisco. ¡Eso es Chile! Y eso hay que cambiarlo, hay que discutirlo y -no me cabe ninguna duda- va a ser parte de lo que viene ahora en el debate parlamentario y presidencial para el próximo gobierno.
Pero este proyecto -y doy un paso atrás- ¡no aumenta la carga! Y lo voy a reiterar: no afecta la actividad económica. Sí va a afectar a aquellas personas que logran no pagar los impuestos que corresponde mediante prácticas de elusión o evasión tributaria que deberían ser sancionadas y evitadas.
Para tales efectos, el proyecto hace una modesta contribución, pues no le da más atribuciones al Servicio de Impuestos Internos, sino que obliga a conseguir información, a través de instituciones financieras, sobre saldos, ¡saldos!, lo que usted tiene, los movimientos que hubo, sobre cierto monto. Nos parece lo mínimo.
Son atribuciones que existen en muchos países de América Latina; en consecuencia, no hay razón para que Chile no las tenga.
Estoy consciente de las preocupaciones de algunos. Hubo quienes lo plantearon: el profesor Silva, el profesor Fermandois, creo que también el Senador Coloma; lo hemos planteado varios. Hay que tratar de equilibrar, ciertamente, la reserva de la información versus la necesidad del bien público de asegurar el pago de impuestos.
Sociedades bastante más igualitarias, con economías de mercado, con fuerte defensa de los derechos individuales, han logrado establecer este tipo de legislación, bastante más intrusiva que la que tenemos en Chile, y allá no se hace ningún escándalo al respecto.
Lo digo porque quiero que abordemos esta materia de la mejor manera. Valoro la amplia mayoría que se dio en la Comisión de Hacienda; me hubiera gustado que se alcanzara la unanimidad, pero espero que en la discusión particular podamos ponernos de acuerdo y contar, también, con la activa participación del Ejecutivo.
No podemos seguir hablando todo el día de la igualdad, de financiar la reactivación, cuando hay miles de millones de dólares no solamente en el área de las exenciones, sino también en el ámbito de la evasión y la elusión, que están ahí, al alcance de la mano; lo único que se requiere es asegurarse de que chilenos y chilenas, personas naturales o jurídicas, paguen los impuestos que les corresponden en función de lo que hemos aprobado.
Así que con entusiasmo le doy mi voto a favor al proyecto en general, señora Presidenta, confiando en que en la discusión particular lograremos la unanimidad que no hemos tenido hasta ahora.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Ricardo Lagos por su intervención en la Sala.
Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Muchas gracias, Presidenta.
Comparto lo planteado por los Senadores García, Pizarro y Lagos, y voy a reiterar varios de los argumentos, porque creo que este es un proyecto que resulta importante precisar.
En la última semana aprobamos iniciativas para ayudar a las familias y a las pymes. Esto significó destinar cuantiosos recursos para enfrentar los efectos de la crisis. Gran parte de los ahorros de Chile se están destinando a enfrentar los efectos de la crisis. Y tenemos que pensar en lo que viene, en los desafíos futuros y en cómo los financiamos.
El Estado pierde 22 mil millones de dólares anuales por concepto de evasión, elusión y planificación tributaria, recursos que son muy útiles, especialmente en un escenario de crisis.
A todos los que estén interesados, les podemos entregar un texto, bastante completo, que le encargamos a Michel Jorratt, llamado La brecha tributaria. Ya se lo hemos entregado a varios.
¿Qué significa esta evasión? El 21 por ciento del IVA no se paga; el 50 por ciento del impuesto a la renta, tampoco, debiendo pagarse. Pero, cada vez que planteamos la necesidad de aumentar la recaudación fiscal, cada vez que hablamos de impuestos, se nos dice que tal o cual medida tendrá un impacto negativo en nuestra economía. No es el caso de este proyecto, que permite aumentar la recaudación sin impactar en ella. Permite, también, resguardar el pago de los impuestos que corresponde; un tema ético, un tema de responsabilidad frente a la sociedad, especialmente en el caso de las personas de mayores ingresos, que son las que más eluden, que más evaden, que más planifican tributariamente.
¿Qué hace el proyecto? Incorpora un artículo 85 bis, nuevo, en el Código Tributario, que establece una nueva obligación para los bancos e instituciones financieras, sin dar facultades a los órganos públicos -por eso es admisible- y sin afectar el secreto bancario ni el derecho fundamental a la privacidad -por eso es perfectamente constitucional y respetuoso de los derechos fundamentales-.
Equilibra las obligaciones de información, necesarias para el cumplimiento tributario, con el resguardo de la privacidad de las personas y los objetivos del bien común implícitos en la recaudación tributaria.
Los bancos deben entregar información al Servicio de Impuestos Internos sobre los saldos de las cuentas financieras, las sumas de los abonos que mantengan respecto de titulares que sean personas o patrimonios de afectación con domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido en el país.
Solo deberán informar los saldos o valores de sumas de abonos cuando se trate de cuentas financieras que presenten saldos o abonos que superen las 1.500 UF.
¡Uy! ¡Se me está acabando el tiempo ya, señora Presidenta!
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
No se preocupe, Senador: le vamos a entregar el tiempo que requiera.
El señor MONTES.-
Muchas gracias.
Repito: solo deberán informar de los saldos o valores de sumas de abonos cuando se trate de cuentas financieras que presenten saldos o abonos que superen las 1.500 UF.
El proyecto, según han señalado académicos como Francisco Saffie y Ricardo Guerrero, ofrece ventajas en la medida en que ayuda en el proceso de evitar la elusión y la evasión fiscal; permite el incremento de la recaudación fiscal, y no genera nuevos gravámenes sino que, simplemente, facilita el cumplimiento de la ley vigente a través del mejoramiento de la información.
La norma propuesta por el proyecto adecúa la legislación chilena a recomendaciones internacionales, particularmente de la OCDE, sobre el funcionamiento del sistema bancario y el combate a los ilícitos tributarios y otros tan sensibles y complejos para la sociedad como el lavado de activos o el tráfico de drogas.
Es muy importante que el Director de Impuestos Internos del país manifestara su conformidad con el proyecto. Señaló, de hecho, que sigue indicaciones de la OCDE en esta materia y agregó que equilibra el contrapeso entre la información necesaria que requiere el ente recaudador para combatir la evasión. Ha sido, de hecho, una recomendación de la OCDE otorgar facultades sistemáticas al Servicio de Impuestos Internos para acceder a información bancaria. Y presentó una tabla -sería interesante que la miraran- que indica que España, México, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda y Uruguay tienen acceso universal a información bancaria, sin requerir autorización judicial para tal efecto; la tienen directamente, bastando solicitarla.
El Director del SII agregó que el proyecto replica en Chile la que hoy día ya es una obligación internacional suya de informar cuentas financieras a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria de la OCDE.
Enfatizó que no se entregan facultades al Servicio de Impuestos Internos, sino solo mejores herramientas para ejercer las que ya tiene, y que la exigencia es solo de reportar saldos y sumas de abonos, no cargos u otros movimientos, para las entidades bancarias.
Valoró el proyecto señalando que queda avalado por los derechos de reserva y las sanciones por su incumplimiento que ya existen a nivel tributario. De hecho, indicó que el umbral propuesto, de 1.500 UF, es incluso demasiado alto respecto de los estándares internacionales, por lo cual recomendó reforzar la medida, extendiéndola a más operaciones y rebajando el umbral, además de incorporar regulaciones que eviten la fragmentación de estas operaciones para evadir su cumplimiento. O sea, sugirió ir más allá de lo propuesto.
Agregó que la medida contribuirá, sin duda, a los procesos de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, en, por ejemplo (comillas), "control de retiros desproporcionados, precios de transferencias, exceso de endeudamiento, inversiones en el exterior y sus rentas pasivas, remesas y retenciones de impuesto adicional con paraísos tributarios, flujos de economía informal, entre otros".
Por otra parte, el Director de la Unidad de Análisis Financiero reconoció en la Comisión la utilidad del proyecto en cuanto a la información que se allegaría al Servicio de Impuestos Internos y a la Administración en general para el combate de aspectos tan sensibles como el lavado de dinero.
Señaló que la iniciativa aliviana el proceso administrativo financiero que realiza la UAF, pues le permite hacer análisis de magnitud y márgenes patrimoniales respecto de personas de las que haya recibido un reporte de operaciones sospechosas.
Se critica el proyecto por distintas cosas, críticas que analizamos y procesamos prácticamente en su totalidad. Se decía que podía producir una vulneración eventual de los derechos fundamentales sobre la privacidad, específicamente el artículo 19, N° 4°, que resguarda el respeto y protección de la vida de las personas y su familia y la protección de sus datos personales.
Con todo, esta garantía puede ser modulada y regulada por la ley por expresa mención de la Constitución Política de la República, que señala (comillas) que "El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley".
La otra garantía mencionada como eventualmente vulnerada es el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Evidentemente, el texto no afecta esta garantía.
La privacidad queda correctamente resguardada por el proyecto, pues se extienden a él los deberes genéricos, ¡genéricos!, de reserva de la información de los artículos 35 y 206, de tal manera que estos antecedentes solo podrán ser utilizados para los objetivos de fiscalización que le son propios al Servicio de Impuestos Internos. De hecho, lo señaló expresamente su Director en la presentación que efectuó ante la Comisión.
La norma solo se extiende a la información de operaciones bastante cuantiosas para dotar al recaudador tributario y a otras entidades de mejores herramientas para fiscalizar y recaudar. Se trata de un sistema de información para detectar la evasión de la norma tributaria y no hace nada más que proteger la correcta aplicación de la ley tributaria vigente, lo que es justo, necesario, y es una responsabilidad nuestra.
La finalidad del proyecto es combatir la evasión, que en Chile llega, como ya decíamos, a 22 mil millones de dólares. ¡22 mil millones de dólares! La mayor parte se refiere al 50 por ciento del impuesto a la renta y, se estima, a los sectores de mayores ingresos.
La información que se entrega es información global, sobre montos y abonos, pero no sobre movimientos. No es información detallada, sino la información mínima que el Servicio de Impuestos Internos necesita para poder proteger la recaudación fiscal.
El proyecto, entonces, no es incompatible con la privacidad; no la ataca, no la vulnera, sino que es equilibrado en cuanto a otorgar herramientas a la Administración para hacer cumplir la ley y extender a esta información los deberes de reserva y resguardo en el manejo de los datos que deben tener los órganos públicos.
Es un proyecto bastante básico para enfrentar la evasión. Sin duda, hay muchos otros aspectos que enfrentar. En los mínimos comunes se plantean cuatro o cinco aspectos adicionales, pero esta es una cuestión fundamental, para todos los analistas, en materia de evasión: la información; información que no compromete los movimientos ni la privacidad de su titular. ¡Información para detectar, para dar señales! Otra cosa es la etapa de investigación, que tendrá que llevar a cabo el Servicio a medida que vaya detectando problemas.
Espero que aprobemos el proyecto, ojalá por unanimidad o por una amplia mayoría, porque es parte de nuestra responsabilidad fundamental, sobre todo en el momento que hoy día vivimos y por la necesidad de que contribuya a una mayor equidad en el país.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A usted, Senador Carlos Montes.
Le ofrezco la palabra, en la Sala, al Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Creo que este es un proyecto bien interesante. Yo no lo comparto, pero no oculto que es interesante porque nos hace reflexionar sobre el rol de las personas, el rol del Estado y cómo deben vincularse unas con otras en distintas circunstancias. Eso lo valoro y pienso que la discusión que se efectuó en la Comisión fue muy profunda respecto de aquello.
En cuanto a mi argumentación y a por qué soy contrario a este proyecto, quiero despejar antes dos temas que me parecen un poco paradójicos pero que considero que deben estar claros para quien siga el análisis de este debate.
La primera paradoja es que nace de un hecho correcto. Esta no es un alza de impuestos; no se modifica la carga tributaria, como dijo varias veces un Senador. La paradoja es que otros colegas plantean que de esta forma se podrán financiar los gastos que el país requiere en otro tipo de inversiones. Entonces, es como raro que a un proyecto que no tiene efecto tributario se le agregue adicionalmente, o indisolublemente, este efecto tributario.
Hay una segunda paradoja que es más que una paradoja y que no quiero dejar pasar, por una cuestión de rigurosidad. Se instaló que en Chile hay una evasión-elusión de 22 mil millones de dólares, a partir de un informe presentado por don Michel Jorratt, ex Director de Impuestos Internos, que anticipó que una reforma tributaria iba a generar una cantidad de recursos que no estuvo ni cerca de lo que finalmente generó.
Entonces, tampoco me parece razonable aceptar, como una verdad develada, una cifra equis, simplemente porque alguien la plantea, sobre todo si ese alguien, a quien respeto, se equivocó en todos los cálculos que hizo respecto de una reforma que a este mismo Congreso le tocó debatir muy profundamente.
Despejados esos dos temas, más bien por un rigor de reflexionar acerca de lo que se propone, voy a entrar al contenido del proyecto.
En el fondo -y lo voy a decir sin un ánimo peyorativo-, se trata de cómo generar una limitación adicional al derecho a la privacidad, por razones que los mocionantes consideran legítimas, como es la posibilidad de que Impuestos Internos tenga acceso a un margen de privacidad que hoy día se defiende respecto de los ciudadanos, en distintas etapas.
Es bien interesante y todos los constitucionalistas invitados hicieron referencia al punto.
¿Dónde se ubica esto? Se ubica en función del artículo 19, N° 4°, relativo, básicamente, a la necesidad de respetar y proteger la vida privada y la honra de las personas y a la protección de los datos personales. Esa es la norma constitucional, porque hemos concluido, entre todos -la última frase es modificatoria- que parte de la dignidad de la persona es el patrimonio moral. Es algo comúnmente aceptado. Y se la iguala o se le hace el símil con el derecho más parecido: la libertad de expresión. Así lo plantearon los constitucionalistas invitados a la Comisión, que también tienen el mismo origen. Y uno de ellos decía, con razón, "la libertad de expresión se tiene o no se tiene". Unos pueden sostener que una emisión es libre y otros afirmar que debe estar controlada a través de mecanismos que permitan sancionar a posteriori en razón de la seguridad nacional o en relación con la comisión de un delito.
Parece algo muy simple. Todos defendemos la libertad de expresión y decimos "tiene derecho a expresarse", porque es parte del patrimonio moral. Pero, esa expresión, ¿tiene límites? Claro, si uno expresa y comete un delito, obviamente recibe las sanciones específicas para quien comete ese delito. Sin embargo, no hay censura previa, pues se parte de la base de que existe el derecho a expresión.
Bueno, el mismo razonamiento vale -y yo los invito a seguirlo- para el derecho a la privacidad. ¿Hay o no derecho a la privacidad? Alguien me puede decir "yo no quiero que haya derecho a la privacidad, porque además el Gran Hermano nos tiene a todos hoy día bastante aquilatados y constantes mediante algoritmos; yo quiero conocer la intimidad del señor a, b o c, en este caso no por razones morales, sino por razones económicas, para ver si cumple o no con las normas dictadas por Impuestos Internos".
¡De esto se trata el proyecto! No de la forma como se ha planteado en otras oportunidades, sino a través del conocimiento de los saldos.
Por eso, yo sostengo que lo que estamos haciendo aquí es limitar indebidamente el derecho a la privacidad, el derecho a la dignidad, que es parte del patrimonio moral de las personas.
Eso es lo que se está haciendo en el proyecto, y a mí no me parece, porque yo sí soy partidario, al igual que en materia de expresión, de que cualquier vulneración que se produzca sea con efecto retroactivo y uno pueda sancionar a quien vulnera, pero no partir de una lógica anterior, para que haya un derecho a generar esta violación -"violación" la uso como expresión, pero puede ser muy fuerte-, a este involucramiento en la privacidad de una persona porque se estima que alguien puede estar cometiendo un delito.
Todos los fallos del Tribunal Constitucional en esta materia son consistentes en señalar que estamos ante un patrimonio moral, que una vulneración violenta el derecho a la privacidad, y que hoy día -y es muy importante precisar esto- existe el mismo derecho que se está pidiendo (hay derecho), pero a través de un requerimiento judicial. Si Impuestos Internos, que tiene todo el derecho de hacerlo, cree que hay una alteración en un dato, lo que hace es ir donde un tribunal para que le acepte el levantamiento del secreto para estos efectos -estoy haciendo un símil-, a fin de que de esa manera se puedan revisar las cuentas.
Les preguntamos a los profesores -y es muy importante que esto quede registrado- si se había ejercido tal derecho, y la respuesta fue que sí. ¿Y saben lo que dijeron, además? Que nunca un tribunal lo había negado. ¿Por qué? Porque el fiscalizador está obligado a fundar -y lo ha hecho bien- por qué quiere violentar algo que está garantizado constitucionalmente en función de la privacidad.
Esa es la fórmula correcta en que debe procederse. Y es lo que se acepta igualmente en códigos internacionales. Porque si es verdad que hay una tendencia a que en temas bancarios haya más capacidad para exponer la privacidad, también, paralelamente -lo decía el profesor Fermandois-, es otro principio del Derecho generar más defensas a la privacidad, entendiendo que es de los derechos que más se va a intentar violentar hacia delante.
Ahí está el tema de fondo.
¿Es legítima una posición o la otra? Son legítimas. Yo no puedo mirar con un brazo acusador a quien plantea que las privacidades deben tener excepciones mayores que las actuales y que estas no tienen que pasar por el filtro judicial sino que deben estar en conocimiento del organismo fiscalizador. Está bien. Algunos creen que de esa manera se va, no sé si a destapar unas cantidades impresionantes de impuestos o hay una cierta presunción de que algún porcentaje de quienes tienen recursos están eludiendo o evadiendo. Alguien puede sostener eso. Yo prefiero una posición distinta. Soy partidario de los derechos de las personas. Me importa mucho la dignidad humana. Entiendo que la privacidad se asocia a la expresión. Y, por tanto, soy defensor de ambos derechos, con la posibilidad de que si alguien los vulnera, se recurra judicialmente para sancionar, en el caso de la expresión, y sancionar o conocer, en el caso de una mala utilización de esa privacidad.
Esa es la fórmula correcta, a mi juicio, pero tiene que verse caso a caso. Y eso es lo que yo creo que en este proyecto, por razones que cada uno considerará, se pone exactamente en juego. Se dice: "No, si son saldos". Pero, mire, no conozco una empresa -no voy a decir una grande: una pequeña- que no tenga un saldo de esas 1.500 unidades de fomento. O sea, este es un espacio para decir: "Mire, eso de la privacidad dejémoslo stand by, porque hay otras cosas más importantes".
Ahí es donde yo tengo un punto. Esto pertenece al patrimonio moral de las personas. Y si no tenemos una comprensión cabal y debida de eso, vamos primero a hacer esto y después a hacer otras cosas que vayan en la misma lógica y que debiliten un principio que, curiosamente, es de los más apreciados de todos en los debates constitucionales, que es el derecho al respeto y protección de la vida privada.
Entonces, esa es la visión que yo tengo. Por eso no hago cuestión. Cada uno verá lo que hace. Esto, claramente, no es un alza de impuestos, ¡no!, pero genera aparentemente una lógica recaudatoria. Parte de bases que son muy discutibles, pero en el fondo es una forma de vulnerar, legalmente, el derecho a la privacidad, que a mi juicio es esencial cuidar, particularmente en este Senado.
Por eso, voto en contra.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Juan Antonio Coloma.
Le ofrezco la palabra, en la Sala, al Senador José Miguel Durana.
Han solicitado abrir la votación, respetando los tiempos. ¿Les parece?
Así se acuerda.
Se declara abierta la votación tanto para los Senadores y las Senadoras que se encuentran en la Sala, como también para aquellos que votarán en forma electrónica.
--(Durante la votación).
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Senador José Miguel Durana, tiene usted la palabra.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidenta.
Obviamente, este proyecto trata la modificación del artículo 85 bis del Código Tributario a los efectos de establecer la obligación de los bancos e instituciones financieras de informar al Servicio de Impuestos Internos los saldos y abonos mensuales correspondientes al año calendario inmediatamente anterior, cuando dichos saldos o sumas de abonos registren movimientos diarios, semanales o mensuales iguales o superiores a 1.500 unidades de fomento, sin importar el número de titulares a que pertenezcan, lo que constituye la creación de una herramienta que puede provocar una distorsión en nuestro sistema financiero; y establece la creación de una suerte de banco de datos a través de la obligación que se impone a instituciones financieras de entregar información al Servicio de Impuestos Internos.
El alto nivel de bancarización de nuestro país está basado en gran medida en que las personas confían en que los datos de sus cuentas son debidamente resguardados y garantizados por la Constitución, como son el derecho a la privacidad y al debido proceso, que tan bien ha expresado el Senador Juan Antonio Coloma. Solo pueden ser informados con su autorización o mediante resolución judicial.
Por lo tanto, no es entendible que este tipo de movimientos bancarios sean informados a una autoridad administrativa, sin que exista intervención judicial que vigile los motivos por los cuales esa información es requerida o la utilización que debe darse a ella. El acceso a las cuentas bancarias en Chile está expresamente regulado y la identificación del titular es supersencilla, por cuanto no existen cuentas numéricas o cifradas (están prohibidas) y todas son nominales, lo que permite obtener rápidamente información desde la Comisión para el Mercado Financiero.
Se establece en el proyecto de ley que este deber de informar además va a comenzar a correr tres meses siguientes a la publicación de la ley. Es decir, en la práctica, se establece una aplicación retroactiva de la norma, puesto que en tres meses más permitirá informar los movimientos bancarios del año calendario inmediatamente anterior, lo cual es inaceptable.
Si bien es cierto que el sistema financiero debe tener altos niveles de transparencia que permitan detectar conductas que impliquen evasión tributaria, las normas que así lo establecen no pueden ser contrarias a los derechos de los contribuyentes. Y así como se concibe esta norma, se provocará el indeseable incentivo a no bancarizar los movimientos financieros.
Voto en contra, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador José Miguel Durana.
Le ofrecemos la palabra a la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Gracias, Presidenta.
Quiero partir por felicitar al autor de este proyecto, el Senador Carlos Montes, y a los Senadores que lo secundaron y que también le dieron su patrocinio: los Senadores Lagos Weber, Jorge Pizarro y también se ha sumado para su aprobación el Senador García, todos miembros de la Comisión de Hacienda.
Yo creo que es extraordinariamente relevante lo que estamos viendo en este momento. Por ello, parto felicitando justamente el hecho de que se haya elaborado esta moción, que nos permite discutir este tema, porque es hoy quizá más importante que nunca.
Estamos generando, a raíz de la pandemia, una cantidad de apoyos a las familias. Hemos logrado progresar a un IFE de emergencia de una cantidad respetable e importante. Estamos avanzando; ya aprobamos hace una semana el apoyo a las pymes. Todo eso genera gastos. Es cierto que se supone que son transitorios, pero estamos gastando, ¡estamos gastando!, que era algo necesario, que hemos defendido y que nos parece fundamental en esta situación de crisis económica, de salud, social, en fin.
Pero, evidentemente, esto requiere que seamos capaces de avanzar en un sistema tributario que tiene una falla: es inequitativo y carece, desgraciadamente, de esa progresividad que uno espera, en la cual dice: "Bueno, los que tienen más, paguen más". Eso es en teoría, pero en la práctica muchas veces no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Porque existe la planificación tributaria, porque existe la evasión, porque existe la elusión.
Y, si bien un Senador que me antecedió en el uso de la palabra pone en duda el estudio de Michel Jorratt, ex Director del Servicio de Impuestos Internos, yo creo que es importante la cifra que nos entrega, porque hablar de 21 mil millones de dólares no es nada menor, es una suma muy relevante.
Eso significa que tenemos un retraso en nuestra capacidad para generar los instrumentos que permitan detectar esa evasión o elusión. "No aumenta la carga tributaria", se ha dicho claramente esta tarde en la discusión en el Senado. ¡Perfecto! No aumenta la carga tributaria, pero, si logra detectar la evasión y elusión, y cortar, por lo tanto, con esa planificación tributaria que las permite, por supuesto que significa que el Fisco genera más recursos, por la vía indirecta, sin subir los impuestos.
Naturalmente que ello es muy importante, puesto que es evidente que estamos usando nuestras reservas para ir en ayuda de las familias, como hemos sostenido muchas veces.
Por lo tanto, es muy necesario apoyar un proyecto con estas características.
Hay países que no tienen secreto bancario; hay países que van en esta línea de cada vez mayor transparencia y donde es posible acceder a las cuentas sin una orden judicial previa.
La verdad es que hemos tenido bastante amarradas las manos del Servicio de Impuestos Internos. Yo creo muchísimo en la libertad personal, en la privacidad, pero considero que es un bien común y es necesario dotarlo de instrumentos para poder perseguir esa evasión y esa elusión.
Estamos hablando de generar por la vía indirecta, como dije, en la medida en que se termina con estas evasiones y elusiones. Por lo tanto, el Fisco puede acceder a más recursos sin necesariamente subir los impuestos. Pero estamos hablando de que esto es necesario para generar más gasto social, que obviamente se está requiriendo como país, y vamos a necesitarlo por bastante tiempo si pensamos en la cantidad de empleos que se han perdido.
En definitiva, estamos muy de acuerdo. Yo quiero felicitar al Senador Montes y a todos los que lo han acompañado, porque creo que es extraordinariamente relevante que generemos instrumentos como estos, que signifiquen esta posibilidad. Y, por cierto, esto permitirá -como aquí se ha dicho- que los bancos le proporcionen información al Servicio de Impuestos Internos acerca de los saldos en las cuentas financieras que registren movimientos diarios, semanales o mensuales iguales o superiores a 1.500 UF. O sea, no es menor la cantidad, sin atender al número de titulares.
Por eso que es importante, porque de esta manera el Servicio de Impuestos Internos va a tener esta facultad, pero, sobre todo, va a contar con la información de saldos de cuentas que le permitirá detectar en algún momento, si efectivamente ve algo extraño, que se está haciendo algún tipo de evasión, o alguna actividad de lavado de dinero, de lavado de activos. Por lo tanto, esto es muy útil, muy necesario.
Además, esta información la tienen que remitir anualmente, como se ha dicho, dentro de los quince primeros días de marzo y existe una multa en caso de no realizarse. No sé si entendí bien, pero la multa me pareció un tanto baja, aunque esto es menor.
A lo que voy yo es al tema de fondo: es una obligación ética. Todos tenemos la responsabilidad de cumplir con las leyes. Y es triste que gente que a veces tiene muchos recursos y logra contratar grandes expertos hace planificación tributaria que le permite eludir el cumplimiento de la ley. Eso es justamente lo que nos ocurre y es, además, muy contrario a un sentido equitativo, ya que un impuesto como el IVA, por ejemplo, lo pagan desde la persona más rica a aquel campesino que hace una compra.
Entonces, nosotros tenemos que avanzar en un sistema tributario que sea más equitativo y, por supuesto, en el que exista mayor información, mayor transparencia.
Por eso, Presidenta, felicitando al Senador Montes y a todos los que lo acompañaron, voy a votar a favor. Me parece un importantísimo paso y espero que efectivamente cuente con una amplia mayoría.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Gracias, Senadora Isabel Allende.
Tiene la palabra el Senador Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Gracias, Presidente.
He estado siguiendo con atención el debate, y me da la impresión de que la mirada respecto de este proyecto es como si no existiera nada, absolutamente nada para controlar o fiscalizar desde la perspectiva del Servicio de Impuestos Internos.
Yo les quiero contar que a cualquiera de nosotros que compre o venda un bien raíz, una vez que se formaliza en notaría, se inscribe en el Conservador, a los minutos les va a llegar un correo de Impuestos Internos señalando que acaba de hacer una transacción de compra o venta de un bien raíz. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la compra de un vehículo. Si usted quiere tomar un fondo mutuo por sobre 7 millones de pesos, inmediatamente le van a exigir una declaración de origen de fondos, que se informa a la Unidad de Análisis Financiero. Si usted hace una transacción de compra y venta de divisas del orden de 10 mil dólares, están obligadas las entidades y las instituciones financieras a informar a la Unidad de Análisis Financiero.
Por lo tanto, hoy día existen mecanismos de control que permiten detectar operaciones sospechosas. Así lo establece la ley, y creamos en el Parlamento hace décadas atrás la Unidad de Análisis Financiero para que pueda intervenir con la información respecto de estas operaciones, cruzar los datos de las personas o las empresas involucradas y tomar las acciones que corresponden.
Adicionalmente, cuando existe una sospecha fundada de que los recursos que administra una empresa van muy por encima de su facturación, o de que los de una persona natural van muy por encima de sus ingresos, lo que pasa es que se puede, a través de la vía judicial, pedir el movimiento de esas cuentas corrientes o esas operaciones financieras. Y el cuidado que se tiene con la privacidad llega a tal punto que generalmente los tribunales le exigen a quien solicita esas medidas que las especifiquen o las acoten a la investigación que están realizando, y no es de manera abierta o general.
Por lo tanto, yo comparto lo que señalaba el Senador Coloma en el sentido de que se produce aquí un conflicto con la privacidad de las personas. Porque aquí da la impresión de que no opera el principio de la buena fe; se parte del supuesto de que todos somos malos, de que todos los que tienen más de 1.500 UF están haciendo algo raro. Y entiendo que el proyecto también incorpora a las empresas. Yo les quiero decir que una empresa mediana o una pyme, dependiendo de la actividad que desarrolle, obviamente que va a tener un día saldos de 50, 60 millones de pesos; al día siguiente, de 25, cuando le cobren el cheque, y a la otra semana va a volver a los 70. O sea, yo me imagino el volumen, la cantidad de información a procesar tratándose de saldos o abonos de 1.500 UF.
Ahora, desde el punto de vista de que esto contribuye a la recaudación tributaria, yo por lo menos pienso que para las grandes empresas, con las disposiciones hoy día vigentes, es muy difícil, extremadamente difícil utilizar sus movimientos comerciales para la elusión o la evasión de impuestos. Podrían darse algunos casos de personas naturales que de pronto aparecen registrando bienes raíces a nombre propio o a nombre de terceros o a nombre de familiares, y que, si uno va a sus ingresos personales, muchas veces no los tienen. Pero ahí claramente salta esa información con el cruce que puede hacer Impuestos Internos.
Quería reflejar estos aspectos prácticos que hoy día existen en nuestra legislación, porque del tenor del debate me quedaba con la sensación de que es como si hoy día no tuviésemos nada respecto de esta materia.
Yo voy a votar en contra.
He dicho, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Alvarado.
Vamos a dejar con la palabra a la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Gracias, señor Presidente.
Si bien respeto todas las opiniones que se han expresado acá, yo estoy muy de acuerdo con este proyecto y felicito a los autores. Creo que nosotros tenemos que avanzar en legislación sobre transparencia financiera, más aún cuando esta se halla vinculada a la labor de un Servicio tan importante como Impuestos Internos, y al hecho que han planteado algunos Senadores, especialmente su autor: existe una evasión de 22 mil millones de dólares en Chile, un país que no se puede dar ese lujo, porque tiene muchas necesidades. Y, por otro lado, porque no es justo.
De una u otra manera, nadie está diciendo que con esto vamos a terminar la evasión. Ella va a terminar cuando los ciudadanos seamos respetuosos de nuestras responsabilidades, y para eso falta mucho. Pero yo creo que tanto la Unidad de Análisis Financiero como también Impuestos Internos han dado argumentos bastante sólidos de por qué es importante avanzar en esto, y creo que en una época tan compleja como la que estamos viviendo es aún muchísimo más grave que no podamos tener las herramientas para fiscalizar.
Efectivamente, nadie está diciendo que no las hay, pero no es lo mismo. Para quienes hemos trabajado en el servicio público y sabemos que hay pocos funcionarios, el poder tener emisión de informes que claramente van a tener una desviación permitirá detectar casos cuando a través de un proceso judicial se obligue a entregar la información de las cuentas. Todos sabemos que el sistema judicial está colapsado, por lo que va a ser minúscula la posibilidad de que Impuestos Internos persiga delitos del área financiera.
Por lo tanto, yo creo que no hay que confundir la protección de la vida privada, los datos personales, con el importante rol que tiene el Estado de Chile, que es la fiscalización, más aún cuando se trata de los impuestos. Una sociedad que avanza, un mundo moderno, competitivo, y sobre todo una economía abierta, también requieren una gran y eficaz fiscalización y las herramientas tienen que entregarse.
Obviamente, se pueden revisar el piso, los montos y presentar otras indicaciones para fortalecer el proyecto.
Sinceramente, creo que es un muy buen proyecto y voy a aprobarlo.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora Aravena.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Juan Ignacio Latorre, para que fundamente su voto.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidente.
Estamos votando en la Sala del Senado el proyecto que busca ampliar el rol que deben cumplir los bancos e instituciones financieras en el combate contra la elusión y evasión tributaria, a través de entregar información al Servicio de Impuestos Internos sobre saldos y abonos en cuentas financieras.
Me parece que esta medida avanza en la dirección correcta para luchar contra la evasión y la elusión en un contexto de crisis económica y social, derivada de una pandemia global. Por lo demás, sabemos que hay grandes fortunas, grandes patrimonios en nuestro país que han incrementado su riqueza en este período, mientras la mayoría del pueblo de Chile se ha empobrecido.
Es de justicia tributaria combatir los mecanismos de evasión y elusión, a fin de que las personas paguen lo que les corresponde, lo que establece la ley. Ni siquiera estamos hablando de un aumento en la tasa impositiva, sino de lo que hoy día la norma legal les exige, sobre todo, a las personas de mayores ingresos.
Se requiere luchar contra la elusión y la evasión. Sabemos que hay múltiples mecanismos que usan algunas personas para pagar menos.
La idea es contribuir al bien común. Tal como hemos señalado, acá están en debate los derechos a la privacidad, a la información versus el bien común. En un contexto de crisis, obviamente estas medidas pueden aumentar la recaudación sin generar un mayor impacto en la economía, porque atacar la evasión y la elusión permite que los contribuyentes paguen los impuestos que corresponden según la ley, en especial los segmentos de mayores ingresos y patrimonio.
En el proyecto se plantea algo similar a lo que ya hacen los bancos e instituciones financieras, que tienen la obligación de enviar información sobre no residentes en Chile al Servicio de Impuestos Internos, el cual remite los antecedentes a otras entidades tributarias, que cotejan si esa información calza con lo reportado por el contribuyente. Lo insólito es que el SII no tiene acceso a la información de los residentes nacionales, lo que transforma a nuestro país en una excepción en el contexto internacional. Dicho Servicio requiere autorización judicial para acceder a información financiera. Otros países, como España, México, Francia, Italia, Nueva Zelandia, Australia, tienen un acceso universal a esos antecedentes, sin la necesidad de una autorización judicial. A veces es a través de un mecanismo de conexión directa o, bien, mediante una autorización, pero no necesariamente judicial.
La iniciativa no le da más facultades al Servicio de Impuestos Internos. Este tendrá que usar la información según las normas para los procesos de fiscalización, de forma similar a lo que ocurre, por ejemplo, con los notarios en el caso de las compraventas de inmuebles. Además, el Servicio no podrá conocer detalles de la intimidad de las personas, solo saldos y abonos (un monto), que luego cruzará con la información que autorreportan los contribuyentes en sus declaraciones de impuestos.
Eso es algo en lo que tenemos que avanzar en Chile. Basta mirar experiencias potentes, como la de Dinamarca, que tiene un bajo porcentaje de evasión. Se habla de un 2 por ciento. Eso es porque el 95 por ciento de los ingresos son reportados por terceros, no autorreportados, no autodeclarados. Tenemos que avanzar en esa dirección en nuestro país y mejorar en términos de transparencia y en un sistema con sentido de justicia tributaria: quien más tiene más paga, conforme a lo que exige la ley.
Esperamos que exista un debate sustantivo y serio más adelante sobre una reforma tributaria. Al Gobierno de Piñera no lo veo muy llano a esa posibilidad.
Ojalá este proyecto tenga un apoyo transversal, como sucedió en la Comisión de Hacienda, salvo excepciones -legítimas, por lo demás-, pues me parece necesario avanzar en medidas que permitan que todos los ciudadanos contribuyamos a las cargas públicas en función de nuestra capacidad y tal como dice la ley, ni más ni menos. Hablo de pagar los impuestos tal como establece la ley, ¡ni más ni menos!
Voto a favor, Presidente.
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Latorre.
Antes de dejar con la palabra al Senador Pugh, le tomaremos la votación a la Senadora Van Rysselberghe, quien está pidiendo adelantar su voto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?
Active su micrófono desde allá.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Ahí sí.
Voto en contra, por las razones que esgrimió brillantemente el Senador Coloma.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota en contra.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias.
Dejamos, entonces, con la palabra al Senador Pugh.
El señor PUGH.-
Muchas gracias.
Señor Presidente, este proyecto -y usted es uno de los mocionantes- está atrasado y es anticuado. Y voy argumentar estas dos ideas: está atrasado, porque deberíamos haberlo discutido mucho tiempo atrás, pero lamentablemente ahora está anticuado, porque está pensado con mentalidad del siglo XX.
¿Cuál es el problema? Todos los países que se mencionaron (Nueva Zelandia, Francia, Canadá) tienen sistemas distintos del nuestro. Ellos cuentan con sistemas de interoperabilidad. En nuestro país, no se ha implementado un marco de interoperabilidad de cuatro capas. No existe una capa técnica, que asegure la integridad de la información y la certeza jurídica de los actos, y tampoco existen las capas organizacional, semántica o jurídica.
Nosotros seguimos con un Estado en papel, señor Presidente, lo que queda demostrado en el mismo articulado, al señalar que habrá un plazo de quince días dentro del mes de marzo para entregar la información de un movimiento diario, mensual o un saldo final que ocurrió un año atrás.
Por lo demás, no se consideran otros elementos que hoy son parte del open
banking y del open data. Me refiero a todas las fintech y a lo relativo a las criptomonedas.
El proyecto tampoco pone énfasis en algo que es el primer hilo conductor para evitar la destrucción de una democracia: combatir la corrupción. ¿Y cómo se produce la corrupción? Por el lavado de activos, que es la principal amenaza que enfrentan las democracias del mundo porque, una vez que se instala, corrompe y, a partir de ahí, bueno, los procesos podrían no verse.
Entonces, nuevamente ponemos en debilidad un sistema por no activar los otros. ¿A cuáles me refiero, señor Presidente? Primero, al atraso que tiene la nueva Ley de Inteligencia, que incorpora a la Unidad de Análisis Financiero en el Sistema de Inteligencia del Estado, lo que permitirá encontrar a las personas que quieren destruir las democracias, que quieren instalar la corrupción. Tengamos presente que, después de que se instala la corrupción, viene todo: el crimen organizado, el narcotráfico.
Obviamente, con este proyecto se va a generar un mejor mecanismo de recaudación, pero para eso también se requiere proteger otro derecho. A diferencia de los países mencionados, no tenemos una agencia nacional de protección de datos personales que resguarde el derecho consagrado en el Nº 4º del artículo 19 de nuestra Constitución, reforma que hicimos el año 2018.
Señor Presidente, queremos hacer algo en papel y no sabemos cómo se manejará. Incluso, con la cantidad de información de que se trata, ni siquiera sabemos si se usará alguna inteligencia artificial que pueda procesar los datos sin sesgo.
No entiendo el proyecto. Creo que le faltan bastantes elementos para poder considerarlo.
El Estado de Chile se tiene que digitalizar. La convergencia a lo digital ha quedado demostrada ahora por la pandemia, pero también es una realidad del momento histórico que vive la humanidad. Esa convergencia nos obliga a pensar digitalmente: la transacción misma es el certificado; no se necesita nada más que confiar en la transacción.
Eso es lo que trata de hacer el Servicio de Impuestos Internos. Y aprovecho de felicitar a su Director y a todos sus funcionarios por el tremendo esfuerzo que realizan. Pero están solos: el Estado de Chile no interopera. Ni siquiera somos capaces de entregar a la Contraloría rendiciones de cuentas en formato electrónico; todavía se tienen que pegar las boletas, anotando en el anverso a qué corresponde cada una de ellas. Ello, pese a existir un sistema totalmente digitalizado de boleta electrónica, mediante el cual incluso se les indica a las personas cuánto impuesto están aportando. Todos pagamos impuestos, y en el IVA cada uno debe saber con cuánto contribuye.
Estoy de acuerdo en que debemos recaudar mejor, pero hay que entender que los problemas de planificación tributaria se originan porque nuestras leyes no están bien hechas; probablemente, dejamos vacíos, que algunos expertos usan para efectuar la llamada "elusión", la famosa evasión lícita, que les permite a algunos no generar cargos ni aportar nada. Eso lo tenemos que resolver de alguna forma.
Señor Presidente, estimo que el proyecto no tiene una buena redacción. No creo que se haga lo más importante, que es la transformación del Estado. Como está planteado, por la forma en que se expresa, pienso que es una mala política pública. Me gustaría mucho que se pudiera revisar; me comprometo a trabajar en ello.
Por lo pronto, mientras no se corrija, mientras no tengamos una agencia de protección de datos personales y un sistema integrado, voto en contra.
He dicho, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Pugh.
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidente.
¡Debemos darle poder al Servicio de Impuestos Internos para que corra más rápido que los narcos y para que los que quieren saltarse las normas no puedan hacerlo! Los narcos hoy compran vehículos y artículos de lujo y traspasan fondos a criptomonedas.
Me sorprenden algunas de las intervenciones que he escuchado hoy.
Señor Presidente, yo abordé los principales puntos y objetivos del presente proyecto de ley en el informe que rendí como Presidenta de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, no puedo dejar de expresar algunas consideraciones respecto a la constitucionalidad y, por cierto, al resguardo de las garantías constitucionales que esta moción contiene.
Un primer paso es dejar en claro las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos en esta materia. De esta manera, es menester señalar que el artículo 1° de la Ley Orgánica de dicho organismo establece que "Corresponde al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente.".
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¡Por favor, señores Senadores! O bajan el tono o conversan en la salita de atrás.
Senadora, siga nomás.
La señora RINCÓN.-
Asimismo, el artículo 14, letra j), de la misma ley expresa que es facultad del Servicio "Recopilar antecedentes y programar y realizar labores de detección de entidades o personas extranjeras o chilenas que desarrollan actividades en Chile o en el extranjero, en condiciones de marginalidad de la tributación, eludiendo o evadiendo los tributos que conforme a las leyes se deberían al Estado de Chile, como asimismo respecto de empresas extranjeras a las cuales se les efectúan remesas desde Chile por diversos conceptos, y preparar planes de fiscalización para combatir la elusión y la evasión en el área tributaria internacional.".
Teniendo claras, señor Presidente, las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos respecto a la recopilación de antecedentes que tengan incidencia en materia tributaria, fiscal o de otro carácter, es conveniente señalar qué normas constitucionales con relación a derechos fundamentales del contribuyente se estarían supuestamente afectando con este proyecto de ley.
En primer lugar, se ha dicho que esta iniciativa podría afectar el artículo 19, número 4°, de la Constitución Política de la República, que consagra "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales". Sin embargo, el mismo numeral continúa señalando que "El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley".
Ahora bien, ¿estamos ante el peligro de restringir este derecho y su libre ejercicio? A nuestro juicio, no.
Es claro que la ley puede imponer determinadamente, y dentro del marco jurídico legal y constitucional, obligaciones que aparentemente puedan lesionar el ejercicio de un derecho fundamental. Sin embargo, señor Presidente, en el proyecto de ley en comento no se efectúa dicha lesión; por el contrario, su texto establece que la información que las instituciones financieras están obligadas a entregar "tendrá el carácter de reservada conforme las reglas establecidas en los artículos 35 y 206 y no podrá ser divulgada en forma alguna, pudiendo ser utilizada únicamente para cumplir con los objetivos de fiscalización que le son propios.".
Además, es menester mencionar que la ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, establece en su artículo 23 el deber de indemnizar el daño patrimonial y moral que se causare por el tratamiento indebido de los datos, lo que aplica tanto a las personas naturales o jurídicas como a los organismos públicos, como el Servicio de Impuestos Internos.
Más aún, y relacionado con lo anterior, a través de la modificación constitucional de la ley Nº 21.096, del año 2018 -ya citada en esta Sala-, iniciada en moción de los Senadores Araya, Lagos y de los entonces Senadores Harboe, Larraín y Tuma, se agregó al artículo 19, número 4°, de la Carta Fundamental una frase muy relevante para la discusión de este proyecto, del siguiente tenor: "El tratamiento y protección de estos datos (personales) se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley". En consecuencia, el presente proyecto de ley, al establecer conjuntamente el deber de informar, impone un resguardo de la protección de datos, salvaguardando los derechos fundamentales del contribuyente, cuestión que se refuerza si se tiene en consideración la normativa satélite de la protección de datos.
Como argumento final, Presidente, referente a la norma legal citada, cabe señalar que el artículo 20 de la ley 19.628 estipula que "El tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitará el consentimiento del titular.". En virtud de esta disposición, el Servicio tiene habilitación legal para efectuar la revisión de los antecedentes e información que este proyecto de ley obliga a las instituciones bancarias a entregar.
Otra crítica que se ha efectuado a este proyecto es que iría en contra de una jurisprudencia supuestamente asentada en el Tribunal Constitucional, en virtud de la cual los organismos públicos, en su proceso de requerimiento de antecedentes, deben señalar taxativa y específicamente la información que necesitan, de acuerdo a parámetros objetivos y controlables que garanticen que el órgano administrativo se circunscribe a su mandato legal. Sin embargo, dicha sentencia alude a un requerimiento directo por parte del organismo, lo que en la iniciativa en comento no se da, ya que la obligación pesa sobre las instituciones financieras. En segundo lugar, el proyecto especifica la materia que deben informar dichas instituciones privadas.
Le pido un poco más de tiempo para terminar, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Bien, señora Senadora.
La señora RINCÓN.-
A mayor abundamiento, en ningún caso se busca vulnerar las actividades económicas o financieras de los contribuyentes ni determinar el destino final de sus operaciones financieras, sino que solo informar el saldo de cuentas bancarias con movimiento igual o superior a 1.500 UF, de modo de contar con señales o con una alerta temprana, si se quiere, respecto de movimientos irregulares o una eventual evasión o elusión tributarias. Esto es de especial relevancia si tenemos estimaciones de que la evasión por este concepto sobrepasa los 22 mil millones de dólares, dentro de un contexto de recaudación de 60 mil millones de dólares; es decir, de cada cuatro pesos potenciales de recaudación, un peso es eludido o evadido. Un dato importante: el 60 por ciento de la evasión se concentra en el 1 por ciento de personas más ricas de este país.
En definitiva, señor Presidente, en ningún caso existe un requerimiento por parte de un organismo público, y menos de manera genérica, sino que se trata de una obligación sobre entidades privadas de informar determinadamente respecto a materias que le son competentes a un organismo público.
Señor Presidente, me gustaría también hacer una reflexión. Si nuestro objetivo es recaudar más, pero también mejor, esto es, simplificar la burocracia que significa la recaudación tributaria en Chile y ser eficientes en la persecución de aquellos que buscan saltarse la legalidad evadiendo o eludiendo impuestos, la meta debería ser aumentar la fiscalización y la alerta temprana, tal como lo quiere conseguir este proyecto.
Actualmente en Chile, para recaudar 100 dólares, se gastan apenas 40 centavos, mientras que en otros países el promedio llega a casi 1 dólar por cada 100 dólares. Es decir, existe un bajo esfuerzo fiscal para dotar de herramientas legales y funcionales al Servicio de Impuestos Internos.
Cada vez que recibimos a las autoridades en este Congreso o escuchamos en la prensa que se busca aumentar la recaudación fiscal, ilusamente creemos que finalmente se hará un esfuerzo mayor. Pero una y otra vez, cuando se propone un proyecto de ley como el que nos convoca, escuchamos los mismos argumentos: que se va a violar la privacidad...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senadora, ¿cuánto le falta?
La señora RINCÓN.-
Estoy terminando, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Bien.
Continúe.
La señora RINCÓN.-
Decía que se argumenta que se va a violar la privacidad o que va a bajar la inversión, entre otros razonamientos con escaso asidero legal.
Señor Presidente, hago un llamado a mis colegas a aprobar este proyecto de ley y a perfeccionarlo, si se estima que no protege de manera adecuada los derechos fundamentales de los contribuyentes.
Ante el incumplimiento de las promesas presidenciales en materia de reforma tributaria, es necesario que el Parlamento no se quede en la inacción.
Por eso, voto a favor.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora Rincón.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza, para fundamentar su voto.
El señor INSULZA.-
Gracias, Presidente.
En realidad, no quiero repetir las cosas que aquí ya se han dicho.
La Senadora Rincón hace un momento daba una amplia explicación acerca de los fundamentos legales por los cuales consideramos que lo que se propone está bien.
Pero también ha habido otros argumentos, que me gustaría refutar.
Este proyecto no es del siglo pasado, como se ha dicho aquí, a menos que la OCDE sea una organización que se quedó en esa época y necesitáramos reformarla de manera radical. Esta iniciativa proviene precisamente de recomendaciones de esa organización internacional, a la cual nos jactamos tanto de pertenecer. Ella nos ha sugerido que se otorguen facilidades y facultades sistemáticas a fin de obtener la información necesaria para combatir la evasión. La OCDE presentó a los Estados miembros una tabla de los países que tienen este tipo de normas, y la verdad es que la gran mayoría cuenta con ellas.
Además, quiero recordar que existe una Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria en la misma organización. Estamos cumpliendo con esas normas. Nosotros estábamos atrasados; ellos no están atrasados, Presidente.
Es importante recordar que el Director de Impuestos Internos, tan alabado por el Senador Pugh, valoró el proyecto. Y dijo que queda avalado por los deberes de reserva y las sanciones para su incumplimiento. Señaló que el umbral propuesto es incluso mejor que el estándar internacional, es más alto que el estándar internacional. Al mismo tiempo, aquí lo quiero citar, porque se dice que esto no sirve para fiscalizar nada, él señala que esto sirve, por ejemplo, para "control de retiros desproporcionados, precios de transferencia, exceso de endeudamiento, inversiones en el exterior y sus rentas pasivas, remesas y retenciones de impuesto adicional con paraísos tributarios, flujos de economía informal, entre otros".
Parece ser que el Director de Impuestos Internos no está de acuerdo en que estas facultades sean completamente inútiles, anticuadas y del siglo anterior.
En cuanto al combate al lavado de dinero, es curioso, porque también el Director de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda reconoció en la Comisión la utilidad del proyecto respecto a la información que se allegaría al Servicio de Impuestos Internos y a la administración en general para combatir el lavado de dinero, diciendo que esto alivia el proceso administrativo que la Unidad de Análisis tiene que llevar adelante y que permite efectuar análisis de magnitud y márgenes patrimoniales respecto de personas de las que hayan recibido un reporte u observaciones sospechosas.
Entonces, ¿cuál son las razones de este proyecto?
En primer término, todo el mundo reconoce que esto no es inconstitucional. La Constitución dice claramente, cuando menciona el resguardo de los datos personales, que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y las condiciones que determine la ley. Y esta es una ley, es el Código Tributario. Nadie ha discutido la legalidad de esto.
En segundo lugar, hay un problema grave de evasión tributaria. Es sabido que la gente que más dinero tiene en este país paga impuestos, en porcentaje, menores que los que paga cualquier profesional.
Existen hordas de abogados en condiciones de elaborar todo tipo de elusiones y formas de evadir los impuestos.
Sin embargo, aquí, por alguna razón, surgen todos los problemas de principios nuevamente. De principios y también los temas de modernidad, en el sentido de que esto no es moderno.
Vamos a hacer lo mismo que la mayor parte de los países de la OCDE, organización a la cual pertenecemos y a la cual le debemos la aplicación de estos tratados.
Esto no viola los derechos de absolutamente nadie. Nadie puede desconocer la finalidad de combatir la evasión. La información que se entrega es global, sobre montos y abonos, pero no sobre movimientos. No es detallada. Es lo menos que, según el Servicio de Impuestos Internos, se requiere para proteger mejor la recaudación fiscal y combatir mejor la evasión.
Entonces, Presidente, no entiendo los argumentos. Aquí se entregan todo tipo de argumentos, sin fundamento alguno, para algo que no se quiere hacer. Aquí no se desea tocar siquiera la información acerca de la situación financiera de los mayores patrimonios del país, y eso, francamente, creo que es muy lamentable y habla muy mal de quienes defienden esto.
Muchas gracias, Presidente.
Yo voto a favor.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Insulza.
Tiene la palabra el Senador Huenchumilla para fundamentar su voto.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, yo creo que el debate ha estado muy interesante, tan interesante como este proyecto, que yo realmente no conocía hasta que llegó ahora acá, a la Sala. Y no me queda más que felicitar al Senador Carlos Montes y al resto de los parlamentarios mocionantes.
Sin embargo, yo tengo una diferencia con lo que señaló aquí básicamente el Senador Coloma, en el sentido de ver esto como un problema constitucional respecto de la privacidad de los datos.
Creo que este proyecto dice relación con el rol que juega el dinero en la economía. Esa es la esencia de esta iniciativa.
Porque el Estado moderno, sobre todo ahora, en el siglo XXI, está requerido por las múltiples necesidades que tiene la gente. Cada vez el Estado es más requerido, con más funciones, con más responsabilidades, y necesita más recursos.
En consecuencia, ¿cómo logra el Estado allegar más recursos para responder a las múltiples necesidades que tiene el Estado moderno?
El Estado ha adoptado a lo largo del tiempo una serie de medidas para regular el efecto que produce el dinero en la economía.
En los primeros tiempos, cuando vino el desarrollo y el nacimiento del capitalismo, fue por el efecto que producía el dinero en el sistema de precios, y por eso se crean los bancos centrales oficiales, que tienen por objeto emitir el dinero. Con ello, ya no hay dinero privado, sino que oficialmente es el Estado el que regula la cantidad de dinero, las tasas de interés, la masa monetaria, para los efectos de que el sistema de precios realmente esté acorde con lo que la economía efectivamente produce. Entonces, ahí nacieron los bancos centrales.
Nosotros tuvimos una economía industrial hasta principios del siglo XX. Y después, en el transcurso de este siglo, nace la economía financiera, mediante la creación de dinero con instrumentos que crearon los especialistas en política monetaria. Vino todo el proceso de securitización a lo largo del mundo. Y las mayores crisis que han tenido el Estado y los gobiernos a lo largo de los últimos años han sido crisis financieras. Así fue la crisis del año 2008, donde el Estado tuvo que intervenir con gran cantidad de dinero -me refiero a Estados Unidos básicamente- para resolver este tema.
En Chile hemos tenido el debate respecto del rol del Banco Central, y el Senador Coloma y la Derecha han dicho que la autonomía del Banco Central por ningún motivo puede ser tocada, porque efectivamente ahí el dinero juega un rol muy fundamental.
¿Por qué se crea la Unidad de Análisis Financiero? Para regular que el dinero no provenga del crimen organizado, del narcotráfico. El objetivo es que el dinero que circule en la economía sea bien hecho y permita tener, en consecuencia, un sistema de precios y un sistema de funcionamiento que realmente responda a las necesidades que tiene que satisfacer el Estado, sin que los precios se disparen.
Cuando nosotros queremos mayor recaudación es porque deseamos responder a los mayores requerimientos que tiene actualmente el Estado moderno. Y hoy día Chile, efectivamente, requiere mayores recursos por las mayores necesidades, los mayores problemas que existen. Y tenemos un problema de exenciones, un problema de evasión y de elusión concretos, más allá de las cifras que pueden andar dando vueltas.
Por lo tanto, a mí me parece que este proyecto apunta exactamente a eso, para que el Servicio de Impuestos Internos pueda tener mayores herramientas, que su fiscalización no sea de papel, sino que sea efectiva, de manera de evitar que exista dinero mal habido dando vueltas en la economía que perjudique al sistema en su conjunto.
En consecuencia, señor Presidente, reitero la virtuosidad de este proyecto y felicito nuevamente al Senador Montes y al resto de los parlamentarios. Me parece que este es un paso importante, y ojalá en Chile lleguemos a extinguir alguna vez el secreto bancario para tener, de esa manera, un sistema completo.
Por consiguiente, voto a favor, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Huenchumilla.
Señor Secretario, tome el resto de la votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador Guillier había pedido la palabra.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Vaya consultando a los que faltan por votar.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
Corresponde hoy iniciar la consulta de voto con la Senadora señora Sabat, sin embargo, ella votó de manera electrónica.
Para efectos del registro de la votación, han votado de forma electrónica la Senadora señora Sabat, el Senador señor Kast, el Senador señor Soria, el Senador señor Araya, el Senador señor Quintana y la Senadora señora Órdenes.
Vamos a consultar, en consecuencia, a la Senadora señora Allende. ¿Cómo vota?
La señora ALLENDE.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
También ha votado de manera electrónica el Senador señor Alvarado.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-
Voy a justificar mi voto, Señor Secretario.
Votaré a favor de esta iniciativa, pues estoy absolutamente de acuerdo con la idea planteada por los autores, especialmente el Senador Montes y quienes la han suscrito en la Comisión de Hacienda. Creo que hay que avanzar en esta materia.
Se podrá discutir si requiere algún perfeccionamiento, si hay alguna situación que pudiera entrar en pugna con alguna otra norma. Pero claramente necesitamos un sistema que permita entregar información financiera desde los bancos, desde las cuentas corrientes al Servicio de Impuestos Internos. Existe una opacidad, una situación que claramente permite que se produzcan la elusión y la evasión de impuestos.
Seamos claros: hemos planteado que este país tiene que reconstruirse, necesita más recursos. Aquí no estamos pidiendo aumento de tributos, sino, simplemente, contar con una mejor fórmula, con un mejor procedimiento de información.
Quiero hacerme cargo de algunas referencias que se han planteado, respecto a que hoy día todas las transferencias que nosotros y que los ciudadanos realizamos en el sistema financiero son informadas.
¡Por favor! ¡Eso no es así!
Algunos de nosotros, por ser personas políticamente expuestas, estamos en el listado de aquellas que lo informan. Pero solo hagamos una referencia: el fraude de Carabineros se detectó casualmente en Punta Arenas. Una triangulación de dineros enorme, ¡enorme!, ¡enorme!, y no estaba informada, no correspondía a la realidad y no saltó ninguna alarma. Después de muchas situaciones se descubrió, casi por una casualidad.
Entonces, creo que así como existe la Unidad de Análisis Financiero, necesitamos tener más herramientas para el Servicio de Impuestos Internos, para poder consolidar la información.
Existen verdaderas arquitecturas jurídicas para lograr estas evasiones. Hay situaciones en las cuales claramente no se declara todo lo que se ingresa; se ocultan, se disfrazan determinadas utilidades, determinados ingresos.
Entonces, me parece que esta propuesta avanza por el camino correcto.
Además, no estamos innovando ni creando una legislación atípica, sino alineándonos con sugerencias, con planteamientos de la OCDE, de organismos internacionales y con otras legislaciones.
Por tanto, creo que hay que dar un paso.
No tengo los detalles, porque esto se ha visto solo en la Comisión de Hacienda, pero me consta que los autores del proyecto han consultado a distintos expertos para ver aquellos vértices, aquellos bordes en los que pudiera haber inconvenientes. Pero claramente el principio, la capacidad de evitar la elusión y la evasión son de enorme trascendencia.
En este país, en este siglo XXI, en que, además, precisamente el mercado financiero, la circulación, la alta volatilidad de estos recursos pueden generar ciertos ilícitos, ciertas elusiones, nadie debería estar en contra de esta iniciativa.
Insisto y reitero que esta propuesta no vulnera la privacidad; no vulnera los principios que se han establecido en este país. Pero tampoco puede haber un telón, un sector opaco en el cual no se pueda identificar lo que ocurre. Hoy día el lavado de activos es una institución que cuesta perseguir. La alta recaudación que tienen especialmente algunas actividades ilícitas, como el narcotráfico u otros tráficos ilegales, que pueden generar altas sumas, es direccionada, ocultada, diluida en el sistema financiero. Por eso necesitamos más herramientas, para que Impuestos Internos sepa efectivamente cuánto están tributando.
Es lo que ocurre también -no sé si se ha visto específicamente- cuando se construyen distintas sociedades para ir haciendo en cascada negocios que no cumplen con la tributación que corresponde y los ingresos luego llegan a esa persona natural por distintas vías indirectas.
Entonces, este es un tema relevante, pues nuestro sistema tiene que ser sano y evitar la instalación de máquinas de defraudar, de estructuras fraudulentas. Por eso creo que este proyecto va en el camino correcto.
Hay que estar abierto a cualquier sugerencia o a cualquier opinión que quiera avizorar algún efecto no deseado -uno puede entenderlo-, algún efecto observado en el derecho comparado, pero creo que la idea matriz y el articulado están plenamente vigentes.
Voto a favor, señor Secretario.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador De Urresti.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Perdón, señor Secretario.
La Senadora Adriana Muñoz quiere hacer un planteamiento.
La señora MUÑOZ.-
Presidente, muchas gracias.
Había solicitado la palabra antes del inicio de la votación.
Es por un tema reglamentario, muy breve.
En representación de la Comisión de Recursos Hídricos, solicito prorrogar el plazo para el despacho del informe complementario del segundo informe del proyecto de ley sobre uso de aguas desalinizadas, hasta el 31 de agosto próximo, si la Sala así lo acepta.
Eso es, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senadora, no creo que haya problema, pero estamos en votación.
Terminando la votación, formalizamos el acuerdo.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Puede continuar, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Don Alejandro.
El señor GUILLIER.-
Muchas gracias, señor Secretario, señor Presidente.
Primero, quiero felicitar al Senador Carlos Montes y a...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Senador.
El señor GUILLIER.-
Sí.
Tengo activado acá.
¿Ahora sí? ¿Se escucha mejor?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Ahora sí.
El señor GUILLIER.-
Muchas gracias, Presidente.
Primero, saludo al Senador Carlos Montes por este proyecto y a los Senadores que lo han trabajado.
Investigando acerca del royalty estuve viendo con expertos el tema de las utilidades de las mineras para calcular cuál era un royalty razonable, y me encontré con que hay una gran diferencia en el manejo de la información. Es mucho más transparente la de algunas mineras provenientes de ciertos países, y, por cierto, las menos transparentes de todas eran las chilenas.
No sé si eso nos dice algo, pero ahí hay un déficit que está pendiente, porque cuando Chile adhirió a la OCDE uno de los compromisos que contrajo es que iba a adecuar muchas de sus normas de transparencia en todos estos manejos de capitales, utilidades, rentabilidades y temas tributarios, cosa que no ha hecho hasta la fecha. Y esto no tiene ningún misterio: simplemente es adecuar nuestras normas a las legislaciones internacionales que prevalecen en más de cincuenta y cuatro países que ya han adherido, y nosotros estamos fuera. Por lo tanto, nos encontramos bastante atrasados.
Dicho eso, lo que también estamos viendo en el escenario internacional, gatillado efectivamente por la crisis, es que los países más desarrollados, Estados Unidos y en Europa principalmente, están hablando de mejorar los sistemas de controles financieros, sobre todo los capitales que se desplazan entre países; controlar los paraísos fiscales, acotarlos, reducirlos, incluso hacerlos desaparecer, y cobrar impuestos a grandes empresas que operan en muchos mercados y que eluden con mucha facilidad.
El mundo va en esa dirección. Es absurdo, entonces, que gente que conoce y que está más al tanto de las nuevas tecnologías se niegue incluso a tan solo discutir sobre esta materia.
Nos queda solo debatir, porque estamos muy atrasados en esto. Y lo peor es decir: "Como este proyecto no es perfecto, voto en contra y cerramos el tema". ¡Al revés! ¡Hay que abrirlo! Y esta es una gran oportunidad, para los que no somos expertos, de escuchar a los más inteligentes de nuestros Senadores y a sus asesores para aprender.
Lo que nos dice el sentido común es que la información es clave para cualquier sistema. Y eso nos va a explicar, seguramente, por qué el sistema tributario chileno no altera la distribución de la riqueza entre lo que sucede antes de pagar los impuestos y después de pagarlos; o por qué sube el precio del cobre, pero no aumenta la tributación de las empresas mineras, por ejemplo. Han pasado muchos años, y ustedes pueden revisar las series con que declaran sus utilidades y pagan sus impuestos.
Creo que es clave abrir el debate para mejorar los sistemas de información. Y los bancos e instituciones que manejan el dinero son los que deben informar al Servicio de Impuestos Internos. Esa información no irá a ningún organismo que vaya a hacer mal uso de ella, porque este Servicio se maneja con normas muy estrictas. Y el propósito evidente es detectar los movimientos que puedan ser irregulares, pero también lo es obtener información muy precisa de cómo realmente se pagan los impuestos en Chile, lo que nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema tributario para que algún día lleguemos a uno que sea menos espurio que el que tenemos, pues ahora las platas se pagan, pero son créditos y se recuperan, y al final nadie sabe quién paga y cuánto paga.
Hoy no sabemos cuánto ganan las mineras y cuánto pagan de impuesto, y si es justo o no con relación a lo que ganan. Sabemos las cifras de lo que pagan, pero no si corresponden a la utilidad de la empresa. Ese es un ejemplo de lo que está siendo cada día más complicado.
Por eso me parece que todo proyecto que avanza en esta dirección es conveniente. Y no considero honesto tratar de sepultar el tema so pretexto de que se defiende el derecho a la privacidad.
En Colombia les dieron muchos beneficios a las empresas de narcotraficantes que lavaban dinero en los sistemas financieros, en los sistemas bancarios; también hacían aquello en el sistema del turismo, en la hotelería, etcétera: ¡múltiples negocios!
Es famoso esto del lavado de dinero.
Bueno, quiero decirles, entonces, que me parece un contrasentido que quienes quieren que el sistema funcione pretendan que la información no fluya. Es imposible asegurar que un sistema funciona bien -el sistema económico- si no tenemos manejo de la información que nos explica cómo opera.
Creo que lo que hacemos con este tipo de proyectos es ir en línea de lo que son las normas internacionales y ponernos al día en la materia.
Así que considero un contrasentido incluso ético, no me parece coherente el discurso en el sentido de que esto no hay que ni siquiera discutirlo, pues a lo mejor pueden votar en contra al final. Pero por lo menos abramos un pequeño gran avance; sin embargo, aún nos falta.
Estamos muy lejos de las normas internacionales, y ese va a empezar a ser crecientemente un problema para la economía chilena a fin de operar en un mundo que se irá haciendo necesariamente más transparente.
Por lo tanto, voto a favor, Presidente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Guillier.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Guillier vota a favor.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Ya votó.
¿Puede activar su micrófono, Senador?
¡Ahí está!
El señor MONTES.-
Yo voto a favor sin duda.
Sin embargo, quiero plantear tres o cuatro cosas.
Primero, deseo aclararle a un Senador que dijo que esto ya se sabe que aquí se trata de tener un sistema de señales que le diga a Impuestos Internos: "Esto es lo que está ocurriendo". A partir de eso se determinan las investigaciones.
Otro Senador se refirió a la tecnología.
Recién estamos acordando en estos días perfeccionar el sistema de registro de las empresas e incorporar a las pymes. ¡No tenemos ni siquiera eso! Ahora, para discutir lo que estamos viendo, el salario mínimo, ni siquiera sabemos qué empresas lo pagan.
O sea, sin lugar a duda hay retraso en la materia, y una de las áreas de mayor modernidad es justamente Impuestos Internos. ¡Cuántos países tienen hecha la contabilidad que les entregan a las pequeñas empresas y a las personas y que han de rectificar y precisar!
En lo tocante a la evasión, solo quisiera decir que en cuanto a la Ley de Mercado de Valores el Gobierno y el Ministro Briones ahí plantearon que había que incorporar al denunciante anónimo, que es lo que se está haciendo en Estados Unidos.
Tenemos que pensar eso también para este tema.
Con respecto a la normativa antielusión, ¿en qué país del mundo Impuesto Internos tiene que pedirle a un juez autorización para hacer estudio de determinadas formas de gravación?
En lo relativo al paso por los paraísos fiscales, Estados Unidos tiene prohibido aquello; nosotros aquí lo permitimos. Teníamos una norma mediante la cual se debía explicar y decir qué iba a pasar por ahí: eso se borró en la reforma de enero de 2020, lo cual fue un error tremendo y no nos dimos cuenta de cómo se hizo.
En fin, solo quiero decirles que le voy a informar a Michel Jorratt sobre lo que se ha dicho acá para que pueda contestar, porque es un tremendo profesional, un talento reconocido en todos lados, y creo que es bueno respetar a gente que aporta para los efectos de avanzar en esta materia.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El Senador señor Montes vota a favor.
La Senadora señora Órdenes ya votó electrónicamente, al igual que el Senador señor Quintana.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Sabat y los señores Araya, Castro, De Urresti, Elizalde, García, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Chahuán, Coloma, Durana, Pugh y Sandoval.
Se abstuvieron los señores Galilea y Prohens.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Entonces, queda aprobado en general el proyecto.
La sugerencia de la Presidenta de la Comisión de Hacienda es que el plazo para formular indicaciones sea hasta el 1 de julio, a las 12 horas.
¿Les parece a Sus Señorías?
El señor GALILEA.-
¡Una semana más!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿Una semana más?
El 1 de julio entonces; es una semana más.
El señor GALILEA.-
¡No, Presidente!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¡Ah! La semana siguiente.
La señora RINCÓN.-
El 8 de julio.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿El 8 de julio, Senadora?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El 9.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
El 8 de julio tiene que ser; si es una semana, del 1 al 7 daría 8 de julio.
El 8 de julio, entonces.
¡No estamos muy lúcidos para sacar las cuentas hoy día...!
En consecuencia, el plazo para presentar indicaciones al proyecto es hasta el 8 de julio, a las 12 horas.
Pasaríamos, por lo tanto, al segundo proyecto de la tabla.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Senadora Muñoz había pedido...
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
La Senadora Muñoz también nos solicitó recabar la autorización respectiva a fin de ampliar el plazo, hasta el 31 de agosto, para que la Comisión sobre Recursos Hídricos emita el informe complementario del segundo informe respecto del proyecto sobre uso de agua de mar para desalinización (boletín N° 11.608).
¿Les parece a Sus Señorías?
Así se acuerda.
El señor COLOMA.-
¿Para qué?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Para ampliar el plazo a fin de que la Comisión sobre Recursos Hídricos pueda emitir el informe complementario del segundo informe respecto del mencionado proyecto.
¡Voy a mejorar la dicción...!
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tenemos Cuenta agregada.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo de los Senadores señoras Allende, Carvajal, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria, por el que se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública y al señor Subsecretario de la misma Cartera de Estado detener las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel internacional y promover el debido proceso en esta materia (boletín N° S 2.184-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE GARANTÍAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez.
Las propuestas consignadas en este informe son de quorum de ley orgánica constitucional.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 10.315-18) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario para que haga la relación respectiva.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión, como se dijo, el informe de la Comisión Mixta constituida en conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República para proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".
Este proyecto de ley tuvo su origen en la Cámara de Diputados, y a su respecto el Senado, en segundo trámite constitucional, introdujo un conjunto de modificaciones.
Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte de la Cámara de origen, en el tercer trámite constitucional, de algunas de las referidas enmiendas efectuadas por el Senado, correspondientes a las siguientes disposiciones de la iniciativa: los incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 7, relativo al interés superior del niño, niña o adolescente; el inciso segundo del artículo 41, sobre derecho a la educación y el deber del Estado de garantizar la educación parvularia; los artículos 58 y 59, que versan sobre la amenaza y vulneración no grave de derechos y la vulneración grave de derechos, respectivamente; el párrafo cuarto de la letra e) y los párrafos quinto y final de la letra f), ambos literales del artículo 68, referido a las funciones de las Oficinas Locales de la Niñez en el desarrollo de la promoción, prevención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; los incisos segundo y tercero del artículo 70, que regula las medidas de protección administrativas; el numeral 11 del artículo 74, sobre el procedimiento de protección administrativa, y, finalmente, el artículo 76, que contempla la acción de reclamación por ilegalidad.
La Comisión Mixta, como forma y modo de resolver las divergencias producidas entre ambas Cámaras, efectuó una proposición que comprende las normas en controversia, otras disposiciones relacionadas y algunas adecuaciones o ajustes de carácter formal y de referencia que son consecuencia del texto resultante de la propuesta formulada.
Conforme a lo anterior, la Comisión Mixta propone lo siguiente:
-En el artículo 7, respecto de los incisos cuarto y quinto, acoger el texto aprobado por el Senado con la redacción que señala y suprimir los incisos sexto y séptimo.
-En el artículo 41, respecto del inciso segundo, acoger el texto aprobado por el Senado bajo la redacción que indica.
-En el artículo 57, respecto del párrafo tercero del número 4, acoger el texto aprobado por la Cámara revisora con la redacción que transcribe.
-Suprimir los artículos 58 y 59.
-En el artículo 68, que pasó a ser 66, sustituir el párrafo cuarto de su letra e) por el que señala; y en cuanto a su letra f), conservar los párrafos quinto y final bajo el mismo tenor aprobado por la Cámara revisora.
-En el artículo 69, que pasó a ser 67, eliminar el texto que indica en su inciso primero y reubicar en su lugar el inciso segundo.
-En el artículo 70, que pasó a ser artículo 68, suprimir la frase que señala en el inciso primero, reemplazar el inciso segundo por el que transcribe y suprimir el inciso tercero.
-En el artículo 72, que pasó a ser 70, sustituir el inciso primero y reemplazar la frase que indica en el inciso segundo.
-Sustituir el artículo 73, que pasó a ser 71, por el que se transcribe.
-En el artículo 74, que pasó a ser artículo 72, reemplazar el párrafo tercero de su número 7 y sustituir su número 11.
-Sustituir el artículo 76, que pasó a ser artículo 74, por el que señala.
La Comisión Mixta acordó esta proposición con la votación que en cada caso consigna en su informe. Además, deja constancia de que mediante el oficio N° 10/ENA/2021, de fecha 1 de junio en curso, solicitó el parecer de la Excelentísima Corte Suprema acerca de las propuestas efectuadas por dicha instancia legislativa en disposiciones calificadas como orgánicas constitucionales.
Asimismo, hace presente que su proposición, en lo referente a los incisos cuarto y quinto del artículo 7; al inciso segundo del artículo 41; al párrafo cuarto de la letra e) y a los párrafos quinto y final de la letra f), ambos literales del artículo 66; al inciso segundo del artículo 70; al número 11 del artículo 72; al inciso primero y a los números 1, 2, 3 y 4 del inciso segundo del artículo 71, y al artículo 74 del proyecto de ley, requiere para ser aprobada el voto conforme de 24 señoras Senadoras y señores Senadores, por cuanto corresponden a normas de rango orgánico constitucional.
La propuesta de la Comisión Mixta se consiga en las páginas 67 y siguientes de su informe. Además, en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran, en la quinta y sexta columnas, respectivamente, la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de ser esta aprobada.
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Me dicen que el Senador Montes puede entregar el informe respectivo.
Tiene la palabra Su Señoría.
¿Puede activar su micrófono, Senador?
Por favor, denle micrófono al Senador Montes.
El señor MONTES.-
Ahí está.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Ahí sí.
El señor MONTES.-
En mi calidad de Presidente de la Comisión Mixta encargada de superar las controversias, vengo en explicar los principales puntos en que se centró el debate.
Parto con una introducción sobre la finalidad del proyecto, por la lamentable oleada de rumores y desinformación que se ha generado en torno a su contenido, en donde falsamente se ha querido instalar en la opinión pública que esta iniciativa persigue reemplazar el cuidado y orientación parental por una tutela del Estado, o que por medio del proyecto se pretende suprimir del todo las prerrogativas de los padres en la formación y desarrollo del niño, cuestiones que -reitero- no tienen relación alguna con la sustancia de la iniciativa ni con la protección institucional y garantías que se procura desplegar para asegurar los derechos de los niños en nuestro país.
Este proyecto surge de un convenio de la Convención sobre los Derechos del Niño de hace más de treinta años, y recién estamos logrando traducirlo en un marco legal que nos permita orientar la acción que el Estado chileno y nuestra sociedad desarrollan en él.
¿Cuáles son las finalidades del proyecto?
La iniciativa tuvo por objetivo crear este Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, conformado por un ordenamiento coordinado de disposiciones legales y un conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, niñas y adolescentes, que dé cuenta de una concepción de los niños como sujetos de derecho en materia de respeto, prevención, promoción y protección de estos, incorporando en nuestro orden normativo un sistema que proteja universalmente los derechos reconocidos en este ámbito en la Constitución Política de la República, en las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las demás leyes.
Lo anterior, sin perjuicio de la profundización y desarrollo que se propone en la configuración de algunos de los referidos derechos.
En esta línea, el proyecto determina quiénes son los destinatarios de las normas que contiene e impone a los órganos de la Administración del Estado el deber de rendición de cuentas sobre las políticas desplegadas para la satisfacción de los derechos del niño, siempre en el marco de sus competencias y de los recursos de los que dispongan. Asimismo, se establecen las reglas para la aplicación e interpretación de los derechos, principios y garantías de los derechos del niño, determinándose además que las normas internacionales deben considerarse de igual forma al momento de aplicar e interpretar la ley, con la finalidad de garantizar su efectividad.
Para lo anterior se dispone en este proyecto la creación de las oficinas locales de la niñez como un órgano administrativo de protección, las que, junto al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y a la judicatura de familia, abordarán las distintas hipótesis de afectaciones de derechos de acuerdo a su gravedad y entidad, estableciéndose para tales fines una reconfiguración de las competencias de las citadas instituciones.
Por último, se hace presente que la iniciativa pretende servir como una ley marco del sector, a fin de sentar las bases generales del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, permitiendo el desarrollo futuro de distintos cuerpos normativos que tendrán por objeto complementar la institucionalidad y poner en ejecución sus postulados.
Uno de los principales puntos debatidos en la Comisión Mixta se centró mayormente en los roles que tendrán en este nuevo sistema institucional tanto los tribunales de familia, por una parte, como las oficinas locales de la niñez, por la otra, arribándose a un acuerdo unánime sobre el particular, el que quedó finalmente plasmado en la redacción del resultante artículo 71 del proyecto de ley. Así, esta disposición establece que la judicatura debe derivar obligatoriamente a la protección administrativa todos los casos que en atención a los antecedentes que obran en su poder no requieran de medidas judiciales para la oportuna y adecuada atención del niño, niña o adolescente, mediante una resolución fundada, cualquiera que sea el estado de la causa.
En consecuencia, en estos casos, las oficinas locales de la niñez tendrán la obligación de iniciar la gestión del caso en el más breve plazo. Sin perjuicio de lo anterior, se establecen además las hipótesis en las cuales, ante casos de riesgo, amenazas o vulneraciones de derecho, la derivación desde la protección administrativa a la protección judicial es imprescindible.
No obstante lo mencionado, debo destacar que el debate sobre el punto no fue fácil de resolver al interior de la Comisión Mixta, más allá de arribarse finalmente, como señalé en forma previa, a un acuerdo unánime.
Lo anterior, toda vez que el texto aprobado por el Senado en el segundo trámite constitucional consideraba dos artículos, los ahora antiguos artículos 58 y 59, que fueron unánimemente suprimidos y que contemplaban un listado de amenazas y vulneraciones no graves y otros de vulneraciones graves. Ellos se eliminaron a fin de delimitar por esta vía las competencias de la sede administrativa y judicial correspondiente.
En tal sentido, la Asociación Nacional de Magistrados abogó, a partir de su vasta experiencia en esta materia, por un criterio de delimitación expreso y claro en este contexto, que diferenciara de manera prístina los casos que conocería la judicatura y las situaciones a cargo de las oficinas locales de la niñez, con el propósito de lograr una desjudicialización de dicho sector.
Por su parte, la Subsecretaría de la Niñez, en conjunto con la Defensoría de los Derechos de la Niñez, postularon ser partidarios de una fórmula que, si bien efectuase la delimitación competencial antes mencionada, fuese lo suficientemente dinámica para que las familias y los niños pudiesen acudir a cualquiera de las sedes para que su situación fuera atendida, con independencia de que el caso luego fuera derivado a la entidad correspondiente.
Lo anterior, a fin de superar la distinción entre vulneraciones graves y no graves, como también de generar un cambio cultural e institucional que permita focalizar en la judicatura solo aquellos asuntos de mayor gravedad, siendo los demás procesados por los dispositivos locales, en un trabajo de los especialistas con el niño y su familia.
Esta segunda fórmula fue la que finalmente aprobó unánimemente la Comisión Mixta, plasmándola en el citado artículo 71.
Así, a partir de esta definición, se aprobaron asimismo otras disposiciones relacionadas con el punto.
Por otra parte, y en vista a siempre otorgar protección ante eventuales arbitrariedades o ilegalidades en que puedan incurrir las oficinas locales de la niñez, la Comisión Mixta repuso la acción por ilegalidad originalmente aprobada en el Senado durante el segundo trámite constitucional, bajo una configuración más adecuada.
En efecto, se dispuso que esta acción jurisdiccional habilitara a todo niño, niña o adolescente, o a cualquier otra persona que haya intervenido en el procedimiento de protección administrativa, o a quien afecte las medidas adoptadas, a accionar ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio de la recurrida en contra de los actos ilegales o arbitrarios de la oficina local de la niñez ocurridos en el proceso de protección administrativa, o en contra de la resolución que ordenó la medida de protección, o cuando se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Además de los puntos previamente descritos, la Comisión Mixta repuso y redactó de mejor forma los incisos cuarto y quinto del artículo 7 del proyecto aprobado inicialmente por el Senado, donde presenta o se establece el modo de evaluación y determinación del interés superior del niño en las cuestiones que lo involucran, las que, por cierto, también alcanza las decisiones jurisdiccionales, estableciéndose de ese modo la forma en que la judicatura debe ejercer sus atribuciones en este contexto.
De igual modo, a partir de la reposición del inciso segundo del artículo 42 de la iniciativa, originalmente aprobado por la Cámara revisora, se vigorizó el deber del Estado con la educación preescolar de los niños, fijándose como tarea de aquel el garantizar la educación parvularia, debiendo financiar para ello un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso tanto a dicho nivel como a los niveles superiores.
No obstante que concitaron acuerdo unánime casi todas las propuestas de la Comisión Mixta, debo resaltar que de parte de algunos miembros de tal instancia, entre los que me encuentro, existen ciertas aprensiones sobre el procedimiento de instalación y operación de las oficinas locales de la niñez, especialmente en términos de suficiencia de recursos e idoneidad de los procesos institucionales.
En efecto, si, como se espera, se verifican mejoras cualitativas en la acción y el procedimiento aplicados en la actualidad, se presume que exista una demanda creciente para acceder a los servicios ofrecidos, como nos informaron los jueces, cuestión que no puede ser pasada por alto. En efecto, ante el incremento de la demanda sobre el sistema, en lo sucesivo se deben fijar los mecanismos financieros suficientes para asegurar el funcionamiento de los dispositivos locales, a fin de evitar seguir cometiendo los errores y las barbaridades que por décadas se han observado en variadas dimensiones de la protección de los derechos de los niños.
Por último, quisiera reconocer la colaboración que existió hacia la Comisión Mixta, y hacia el Ejecutivo, de parte de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, de la Unicef y de la Asociación Nacional de Magistrados. También destaco a la Subsecretaría de la Niñez, que estuvo permanentemente colaborando y aportando en la búsqueda de soluciones a las distintas controversias o a diversos aspectos y, en particular, a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, quien estuvo presente en buena parte de las sesiones de la Comisión Mixta, y cuyo trabajo de ambas permitió brindar claridad respecto a los diversos temas analizados, a partir de la experiencia técnica y práctica.
Por las razones previamente desarrolladas, la Comisión Mixta propone a la Sala del Senado, como forma de superar las divergencias entre ambas Cámaras, aprobar y despachar las proposiciones realizadas por dicha instancia sobre el texto del proyecto de ley.
Señor Presidente, sugiero que se abra la votación desde un comienzo para que puedan pronunciarse todos los parlamentarios y así asegurar el quorum que el despacho de la iniciativa requiere.
Han sido muchas horas de trabajo, ha habido mucha colaboración de distintas instituciones. En su momento, las Senadoras Ximena Rincón y Ena von Baer fueron decisivas en el avance del proyecto acá, en el Senado.
Creo que tenemos que aprovechar el trabajo realizado y no hacer que por una cuestión administrativa no se reúna el quorum necesario para aprobar el proyecto.
Por lo tanto, sugiero abrir de inmediato la votación, o dejar la votación para la próxima sesión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Montes.
Bueno, colegas, el informe de la Comisión Mixta requiere reunir cierto quorum para su despacho.
Vamos a proceder a abrir la votación, como ha sugerido el Presidente de la Comisión Mixta.
Voy a ofrecer la palabra y si alguien quiere votar antes nos avisa vía Secretaría.
Voy a ceder la palabra a las personas que se han inscrito: tengo en primer lugar al Senador Moreira; luego, a la Senadora Von Baer y al Senador Kast. Y después se van inscribiendo los demás.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra para fundamentar su voto el Senador Moreira.
El señor MOREIRA.-
Gracias, Presidente.
Mire: ¡fuerte y claro!
No voy a entrar a rebatir lo que sostuvo el señor Presidente de la Comisión Mixta en su exposición.
Sin embargo, no creo que hagan lo que dicen que piensan hacer porque se ha instalado una realidad.
Quiero ser sumamente claro en esta materia.
He rechazado este proyecto en cada una de sus votaciones: lo rechacé en general, lo volví a rechazar en particular, y por supuesto que voy a rechazar este informe de Comisión Mixta.
Cada nueva modificación introducida solo refuerza que la inspiración que anima el proyecto va en contra de lo que muchos chilenos consideramos apropiado, correcto y deseable. Atenta contra la familia y distorsiona la autoridad que los padres deben tener al criar a sus hijos.
¡Estoy cansado de estar votando siempre por el mal menor!
Me duele y me molesta que el Gobierno haya impulsado este proyecto y que haya insistido en que no presenta el trasfondo valórico que evidentemente posee para nosotros.
Durante este período ha preferido negociar principalmente con la Oposición que con los partidos de Gobierno.
La votación en general y en particular fue clara: 15 votos en contra: ¡y todos de la coalición de Gobierno! Y una vez más el Gobierno decide proceder, con convicciones legítimas y respetables, pero de espaldas a miles y miles de chilenos que sustentan una mirada distinta.
El proyecto insiste, una y otra vez, en conceptos como la autonomía progresiva, la facultad y potestad del Estado sobre nuestros niños, la subyugación de la familia a las nociones que el Estado tenga al momento de su aplicación.
El proyecto vuelve una y otra vez sobre nociones indeterminadas, poco objetivas, y cuya interpretación queda entregada al burócrata de turno; pone nuevamente la confianza en el Estado más que en las personas; en la burocracia, más que en las familias.
Permite que los adolescentes participen y organicen reuniones y manifestaciones públicas, aun sin consentimiento de los padres; sin embargo, nada dice respecto de la responsabilidad civil que siguen teniendo los padres respecto de los eventuales perjuicios que esas actividades produzcan. Los padres ya no podrán revisar las redes sociales, o el celular de su hijo, sin arriesgar demanda o querella en virtud de un malentendido derecho a la privacidad.
¡Y no me vengan a decir que esto es una caricatura!
Podría seguir sumando errores y dudas sobre el proyecto, pero entiendo que la decisión está tomada.
Chile debe estar notificado: los padres serán meros guardadores, responsables ante el Estado y bajo la atenta mirada del burócrata y del Poder Judicial.
Como dice el viejo refrán: "el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones".
Yo he decidido rechazar el informe de la Comisión Mixta, porque creo que este no es un buen proyecto. Se me podrá decir: "Mire, ya lo malo se aprobó; ahora aprobemos algunas cositas que podrían estar entremedio de lo bueno y lo más o menos". No, el rechazo del presente proyecto de ley, para mí, es una cuestión de convicciones.
Como una muestra de respecto para la gente que represento, para el mundo cristiano, para el mundo evangélico y para millones de padres y apoderados que tienen una visión distinta a la de la Oposición, a la del mismo Gobierno, yo, señor Presidente, rechazo el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de garantías de la niñez.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Moreira.
Vamos a dejar con la palabra a la Senadora Ena von Baer.
Senadora, ¡no corra, que Ambrosoli hay en todas partes...! Era el eslogan de una antigua publicidad de dulces, de cuando yo era chico.
Senadora von Baer.
La señora VON BAER.-
Gracias, Presidente.
El proyecto sobre garantías de la niñez se compone de tres partes: las definiciones generales, los derechos y principios de protección de la niñez y la materialización de la protección de la infancia a través de las oficinas locales de la niñez.
Las grandes diferencias de nuestro sector se relacionan con las dos primeras partes del proyecto, con las que manifestamos discrepancias fundamentales y muy profundas.
Sin embargo, con la tercera parte, referida al establecimiento de las oficinas locales de la niñez, no tenemos diferencias. ¿Por qué? Porque aquello significa acercar y apoyar a las familias desde los municipios.
Tal como lo planteaba el Senador Montes, la Comisión Mixta se abocó a ver la relación en materia de funcionamiento entre las oficinas de la infancia de los municipios y los tribunales de familia. Por lo tanto, quisiera aclarar que el texto que votamos ahora se refiere a los artículos correspondientes a las oficinas locales de la niñez.
Y respecto a varias otras normas que no están incluidas en el texto que votamos hoy -vuelvo a aclarar: no vienen en el texto que votamos ahora-, yo tengo profundas y públicas diferencias. Porque en muchos de sus artículos el proyecto pasa a llevar el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, que está consagrado no solo en nuestra Constitución, sino también en tratados internacionales, e incluso en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por ejemplo, en el artículo 11 del proyecto se establece la autonomía progresiva, y se dice: "Todo niño, niña y adolescente, de conformidad al Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, podrá ejercer sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo que manifieste," -hasta ahí vamos bien- "salvo que la ley limite este ejercicio, tratándose de derechos fundamentales, en cuyo caso las limitaciones deben interpretarse siempre de modo restrictivo".
Señor Presidente, durante toda la discusión de la norma, nosotros planteamos que los padres deben educar a sus hijos, guiar su desarrollo y que, evidentemente, a medida que los niños van madurando, también va aumentando su grado de autonomía.
Siempre sostuvimos que ambos principios: la autonomía progresiva y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, debían ser incorporados de manera armónica en este cuerpo legal; sin embargo, es evidente que cuando la norma señala que "las limitaciones a la autonomía progresiva se deben interpretar siempre de modo restrictivo" -¡siempre de modo restrictivo!-, se está favoreciendo la autonomía progresiva de los niños ¡por sobre el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos! Por lo tanto, la ley estaría otorgando prevalencia a la autonomía de los niños por sobre los derechos parentales educativos y, en tal caso, no sería armónico.
Más adelante, el mismo artículo señala que "los niños, niñas y adolescentes van desarrollando nuevas capacidades y profundizando otras que les permiten, progresivamente, requerir menor dirección y orientación por parte de los padres y/o madres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente a su cuidado". Y, en tal caso, la pregunta que cabe formularse es quién define cuánta orientación o guía necesita el menor de edad en ciertas circunstancias o momentos de su vida.
A mí me parece, señor Presidente, que resulta evidente que la decisión de cuánta guía y en qué momento necesita el niño radica justamente en quienes recae la responsabilidad de educarlo: sus padres. Sin embargo, la norma, tal como quedó finalmente redactada, invierte la preferencia de los padres en la guía y orientación de sus hijos, subordinándola a la creciente autonomía de los niños.
Queda entonces al descubierto que este proyecto, aunque hace alusión al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, en realidad termina horadándolo de tal manera que afecta su esencia. Lo anterior, porque la naturaleza del derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos no radica solamente en el derecho de los padres a educarlos, sino también en la preferencia de ese derecho.
Por lo tanto, y dado que no me alcanza el tiempo para hacer también el análisis del artículo 31, solo me resta decir que le hacemos la petición al Gobierno que vete los artículos en los cuales se...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Dispone de algunos segundos para concluir su intervención.
La señora VON BAER.-
Por lo tanto, señor Presidente, le pedimos al Gobierno que presente un veto en aquellos artículos que terminan atentando en contra de la esencia del derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señora Von Baer.
Tiene la palabra el Senador Kast.
El señor KAST.-
Muchas gracias, Presidente.
La verdad es que llevamos mucho tiempo discutiendo sobre uno de los ejes de la agenda de infancia, que de hecho forma parte de los compromisos que se asumieron y que probablemente sea uno de los legados más importantes del actual Gobierno.
Hay que recordar que cuando comenzamos a debatir el asunto muchas de las residencias infantiles eran verdaderas cárceles, con más de ciento cincuenta, ciento treinta niños residiendo en un mismo lugar, las cuales se han ido cerrando y transformando en residencias familiares con quince niños. Y ojalá el día de mañana ni siquiera tengamos ese tipo de residencias y nos movamos a un sistema de familias de acogida, que es el estándar que hoy día muestra, por ejemplo, España.
Esa medida ha sido una de las cosas positivas, con acuerdos transversales.
Y me alegra que el Gobierno cerrara el Sename, para lo cual logramos que este Congreso aprobara su término, y que se esté creando un nuevo servicio que separó la situación de los niños vulnerados en sus derechos de aquellos niños infractores de ley y donde se está realizando un trabajo importante, que incluye también la salud mental. Elementos que, por desgracia, muchas veces estaban completamente olvidados.
Y la aprobación del presente proyecto, que se enmarca dentro de este escenario, claramente tiene elementos centrales que pasan por lo que sostenía la Senadora Von Baer en aquella dimensión territorial, que son las oficinas locales.
Desgraciadamente, hoy día no existe un compromiso del Estado para estar en los distintos territorios, para ayudar a aquellos niños en forma temprana y oportuna, y hacerles un seguimiento. El Estado efectivamente tiene que ponerse del lado correcto, defendiendo a los niños vulnerados en sus derechos.
Claramente existen debates sobre distintos énfasis en este proyecto de ley, pero el marco general que le entrega a todos estos esfuerzos es muy positivo, ¡muy positivo!, porque, de una vez por todas, necesitábamos darle un marco legislativo, con debates que son legítimos.
Pero, ¡ojo!, aquí se dice que los padres muchas veces quedan completamente al margen y no comparto esas afirmaciones. Si uno lee el texto, los padres son parte integral de la iniciativa.
Obviamente, los padres tienen un rol fundamental que cumplir y los niños y los jóvenes también. El rol prioritario de las familias y de los padres es algo que desde Chile Vamos siempre hemos pedido y siempre hemos luchado por ello, porque siempre confiamos primero en la familia y en los padres.
Eso no quita que exista un rol del Estado cuando eso falla. Y ese es el equilibrio que siempre tenemos que buscar.
Por eso es tan importante otra iniciativa de ley, que debiéramos sacar muy pronto, cuyo objetivo es obligar a todos los colegios a contar con los protocolos que permitan detectar cuando desgraciadamente, dentro del seno de la familia, no tal vez por el padre biológico pero sí por personas cercanas a ella, existen abusos y vulneraciones de derechos de los niños. Y es ahí donde necesitamos que estas oficinas locales de protección cumplan un rol fundamental.
Yo realmente, más allá de que tal vez hoy existe menos publicidad, quiero felicitar el esfuerzo que se ha venido haciendo en la transformación del Sename. Obviamente no es la única agenda de infancia -hay muchas otras que están pendientes-, pero me alegra que sea el elemento más relevante en esta materia, luego de décadas de olvido.
Felicito también a la Subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato, quien ha venido trabajando con una intensidad tremenda desde el Ministerio de Desarrollo Social hace mucho tiempo, incluso antes de que ocupara ese cargo, para sacar adelante esta agenda.
También quiero felicitar a todas las personas del nuevo servicio, que están empujando para crear las condiciones de dignidad y de respeto a los derechos humanos de los niños, que claramente han sido vulnerados por el Estado en forma bastante permanente.
Por eso, más allá de que uno siempre puede querer mejorar la redacción en algunos elementos, no me queda más que felicitar que hoy día estemos aprobando este proyecto de ley así como lo comprometimos en su minuto.
Recuerdo que cuando pedíamos que el proyecto se aprobara finalmente se cumplieron los plazos que comprometimos hace meses. Y me alegra que hoy estemos llegando a la etapa final y que esta agenda, estos compromisos del acuerdo transversal, donde concurrió la sociedad civil, finalmente también se vaya materializando.
Por lo tanto, obviamente voto a favor y espero que rápidamente tengamos una protección real y efectiva en cada uno de los territorios, especialmente en el mundo rural.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿Cómo vota, su Señoría?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Lo hizo electrónicamente.
El señor KAST.-
Dije que a favor, Presidente. Parece que no me escuchó.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Perdón. Había votado electrónicamente. No sabía.
Dejaré con la palabra, entonces, al Senador Juan Ignacio Latorre para fundamentar el voto.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidente.
Yo tengo una opinión favorable al informe de la Comisión Mixta, pues por fin sale adelante una iniciativa que lleva tanto tiempo discutiéndose y tramitándose, como es la que establece un sistema de garantías de la niñez.
Obviamente estoy a favor y recomiendo aprobar el informe en comento, cuyo propósito es considerar las principales materias que fueron objeto de controversias.
Por ejemplo, la eliminación de los artículos 58 y 59 supone una adecuada decisión en orden a darle prioridad al interés superior del niño. Ese concepto está en la base.
Otro de los puntos inicialmente en conflicto con relación al listado que se enumeraba en el artículo 59 era que se dejaban fuera muchas otras situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, que no podían ser contempladas y abordadas.
Por otra parte, no era aconsejable regular en atención a una dicotomía entre los casos graves y no graves por la indeterminación y ambigüedad que ello generaba, favoreciendo muchas veces tantas interpretaciones de la gravedad o no gravedad como revisiones del caso posibles, siendo, entonces, preferible basarse en las funciones y competencias de cada órgano.
Se deben abordar también de la manera inicialmente propuesta las situaciones de los niños, niñas y adolescentes que atentan contra el propio principio del interés superior del niño, el cual debe ser el eje vertebrador y cardinal del sistema de garantías que se pretende implementar en nuestro país.
Por otra parte, se considera que las propuestas aprobadas relacionadas con las competencias y funciones de sedes tanto administrativas como judiciales (las primeras, las oficinas locales de la niñez, y las segundas, los tribunales de familia) estarían mejor regladas y coordinadas.
Lo anterior se puede observar, por ejemplo, al momento en que se plantea la necesidad de evaluar previamente la derivación de los casos o bien poner en conocimiento inmediato de ellos a la instancia judicial, según corresponda.
Asimismo, dentro de las propuestas del informe, se contempla la posibilidad de que la derivación se realice en sentido contrario desde lo judicial a lo administrativo, situación que antes no se encontraba regulada.
Además, el hecho de que la acción de ilegalidad deba ser dirigida ante las cortes de apelaciones correspondientes contribuye en el objetivo de no judicialización de los casos.
Por último, se considera adecuada la decisión de que la institucionalidad de la implementación de las oficinas locales de la niñez se realice de manera progresiva, tal como lo indican las disposiciones transitorias de la iniciativa.
Ello está en consonancia con la implementación progresiva del Servicio de Protección Especializada.
En consecuencia, no se dejará de atender a niños, niñas y adolescentes, sino que se apunta a instalar esta nueva institucionalidad en un período que, tratándose de una política pública de esta naturaleza, resulta adecuado y pertinente en atención al objetivo central, insisto, el cual es poner en el centro el bienestar y los intereses de niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva integral.
Recordemos que la finalidad de todo el sistema de garantías y protección integral y efectiva de los derechos de la niñez obedece a una convención internacional que fue ratificada hace mucho tiempo por Chile durante los años 90, a inicios de la transición democrática, pero que ha costado implementar en nuestra institucionalidad. Este sistema se ha conformado por un ordenamiento coordinado de disposiciones legales y un conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de niños, niñas y adolescentes, que da cuenta de que existe una nueva concepción como sujetos de derecho, en materias de respeto, prevención, promoción y protección de sus intereses y de participación, incluso, en la vida democrática, más allá de la discusión del tema del voto. Hay distintos mecanismos de participación que se pueden activar reconociendo este marco de derechos.
También está el concepto de la autonomía progresiva. Debemos comprender que la etapa del desarrollo, el ciclo vital, incorpora una concepción dinámica de autonomía progresiva, no estática, que supera la lógica tradicional, antigua y clásica de entender a la niñez y la infancia como objetos de protección bajo una mirada paternalista y asistencialista.
Hoy día existe una concepción moderna consistente con la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Me parece que es un avance en la dirección correcta este sistema de garantías y protección integral y efectiva de los derechos de la niñez.
Voto a favor, Presidente.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senador Latorre.
Entonces, señor Secretario, continúe con la votación de las Senadoras y los Senadores que faltan.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Muy bien, señor Presidente.
Como señalé, han votado electrónicamente el Senador señor Kast, el Senador señor Soria, la Senadora señora Allende, el Senador señor Araya, el Senador señor Quintana y la Senadora señora Órdenes.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El Senador señor Huenchumilla también ha votado electrónicamente y ya tenemos su voto.
Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿Senador Insulza?
Senador Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.-
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
Voto a favor, señor Presidente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El Senador señor Quintana votó electrónicamente.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador De Urresti, ¿votó usted?
El señor DE URRESTI- Sí, a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
A favor.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muy bien.
¿Nadie más falta?
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de Comisión Mixta (25 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumplió el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Araya, De Urresti, Elizalde, Galilea, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Durana, Moreira, Ossandón, Pugh y Sandoval.
Se abstuvieron la señora Aravena y el señor García.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
En consecuencia, queda aprobado el informe de la Comisión Mixta y se comunicará a la Cámara de Diputados.
Voy a ofrecer la palabra, entonces, al señor Ministro o a la Subsecretaria, quien la había solicitado.
¡Preferimos escucharla a usted, en todo caso, Subsecretaria...!
Puede hacer uso de la palabra.
La señora HONORATO (Subsecretaria de la Niñez).-
Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, agradezco y felicito la aprobación del informe de la Comisión Mixta, que sin duda ayuda a mejorar la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y nos permite crear un mejor sistema de protección integral para ellos.
Tal como se ha dicho en otras intervenciones, esta ley concreta la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño que debemos como Estado hace treinta años.
Además, este proyecto logra poner a los niños en el centro como sujetos de derechos, resguardando su interés superior, por cierto, y fortaleciendo el rol protector de la familia.
Cabe recordar que este proyecto se viene tramitando desde el año 2015, y en ese sentido hemos avanzado en la incorporación de este rol y este enfoque familiar, entendiendo y asumiendo que, ni con sus mejores políticas, programas y recursos, el Estado puede reemplazar lo que implica la familia en la vida de un niño.
En tal virtud, agradecemos el trabajo de los parlamentarios y las parlamentarias que participaron en la Comisión Mixta, así como también a la Defensoría de la Niñez, a la Unicef, a la Asociación de Magistrados y a tantas otras organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, tal como han sido presentadas hoy por algunos Senadores ciertas modificaciones introducidas al proyecto de ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, creemos que determinadas normas podrían poner en riesgo y debilitar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos o podrían atentar contra la coherencia legislativa o la implementación del modelo de protección integral que hemos propuesto.
En ese sentido, desde el Gobierno nos haremos cargo de afinar ciertos aspectos procedimentales que, producto de su tramitación, restan coherencia a la ley; de fortalecer de mejor manera el rol protector primordial de la familia, así como también el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y, además, de fomentar y potenciar los principios de progresividad y responsabilidad del Estado en la implementación de esta iniciativa, los cuales podrían quedar confusos o sujetos a distintas interpretaciones.
Dicho eso, pensamos que ahora tenemos en nuestras manos un proyecto de ley que nos va a permitir fortalecer la institucionalidad de protección efectiva e integral de la niñez y adolescencia, y prevenir las vulneraciones de derechos. Hoy día estamos llegando tarde como Estado, tenemos que hacernos cargo de eso y esta iniciativa de ley nos va a permitir fortalecer los territorios para lograr ese objetivo.
Asimismo, entonces, esperamos ver luego publicada esta ley, que nos va permitir instalar un sistema que debemos hace más de treinta años, sin perjuicio de las modificaciones que nosotros como Ejecutivo tendremos que ingresar prontamente.
Muchísimas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Subsecretaria.
Señor Ministro, ¿va a hacer uso de la palabra? ¿No es necesario? ¿No va contestar la interpelación de la Senadora Von Baer? Digo yo, porque...
La señora VON BAER.-
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
La estoy interpretando, Senadora.
¿Señor Ministro?
Tiene la palabra, Ministro.
El señor OSSA (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Muchas gracias, Presidente.
Le agradezco que me permita hacerme cargo de la interpelación que la Senadora Von Baer ha hecho por su intermedio.
Solo quiero decirle a la Senadora que cuenta con el compromiso irrestricto y firme, y con la fuerte convicción del Gobierno para, como dijo la Subsecretaria, presentar las observaciones que sean necesarias y seguir fortaleciendo el rol de los padres en la educación de sus hijos, consagrado en la Constitución.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, señor Ministro.
Muy bien.
La señora SABAT.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Por supuesto, Senadora.
La señora SABAT.-
Por favor, que quede constancia de mi intención de voto favorable en el proyecto que se acaba de votar.
Solo eso.
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muy bien.
Quedará consignada su intención de voto favorable, Senadora.
El señor GUILLIER.-
El mío también, por favor, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
El Senador Guillier la misma situación.
Muy bien.
Se dejará constancia de la intención de voto favorable de la Senadora señora Sabat y del Senador señor Guillier.
Ha terminado el Orden del Día.
Pasaremos a la hora de Incidentes.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa tres peticiones de oficios.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora PROVOSTE:
A la Jefa de la Corporación de Asistencia Judicial de Puente Alto, requiriéndole que atienda PRESENTACIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN EN CAUSA JUDICIAL INICIADA POR SEÑORA MARÍA TERESA SALINAS ARAYA ANTE OCUPACIÓN ILEGAL DE SU PREDIO.
Del señor SANDOVAL:
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo, solicitándole informar acerca de NÓMINA DE COMITÉS DE VIVIENDA A NIVEL NACIONAL SIN ACCESO Y CONCRECIÓN AÚN A ENTREGA DE CASA PROPIA, POR REGIÓN Y COMUNA, CON INDICACIÓN, DE SER POSIBLE, DE LAS CAUSAS DEL ATRASO EN ESTA MATERIA.
A la Seremi de Bienes Nacionales de Aysén, pidiéndole dar a conocer NÚMERO TOTAL DE POBLADORES OCUPANTES DE FAJAS COSTERAS A LO LARGO DEL LITORAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Partido Revolución Democrática, que no intervendrá.
En el tiempo del Partido Por la Democracia e Independientes, está pidiendo la palabra el Senador Pedro Araya.
Puede intervenir, señor Senador.
DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN CONJUNTO HABITACIONAL EL SALAR DE ANTOFAGASTA. OFICIOS
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, quiero solicitar que se oficie al Ministro de Vivienda, señor Felipe Ward, así como también al Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, por la siguiente situación.
En la Región que represento, específicamente en la comuna de Antofagasta, se ejecutó un proyecto de viviendas sociales conocido como "Proyecto El Salar".
Hace menos de seis meses se entregaron las viviendas a las familias beneficiadas con esta solución, que esperaban concretar el sueño de la casa propia, pero el cual se ha transformado en una verdadera pesadilla el día de hoy.
Un par de días atrás visité este proyecto habitacional de la comuna de Antofagasta, denominado "El Salar", y los vecinos que fueron beneficiados con el subsidio me contaban que las casas adolecen de serios problemas de construcción, pues al parecer, producto del mal diseño de sus fundaciones, hoy presentan daños estructurales que claramente ponen en riesgo la vida y la integridad de quienes las habitan.
El Gobierno regional y el Serviu regional han asistido al lugar, pero a la fecha no se ha entregado ninguna solución concreta en cuanto a qué va a ocurrir con las familias que hoy día no puedan utilizar sus casas, debido al riesgo de derrumbe que en ellas existe.
En esa línea, solicito que se oficie al Ministro de Vivienda y al Director Regional del Serviu con el objeto de que informen qué medidas concretas van a tomar para otorgar una solución a las familias que habitan el proyecto habitacional El Salar.
Por una parte, queremos saber si se va a considerar o no la entrega de un subsidio especial que cubra los costos de arriendo en que estas familias deben incurrir para salir de esas casas, mientras el Serviu diseña una solución al problema que se ha generado.
En segundo lugar, esperamos que el Ministerio de Vivienda y el Serviu puedan explicitar cuál será la solución definitiva que están pensando para los vecinos del proyecto habitacional El Salar de Antofagasta, toda vez que el daño que presentan hoy día esas viviendas es, al parecer, de carácter estructural, lo que hace imposible seguir habitando el sector.
En consecuencia, señor Presidente, solicito que estos oficios puedan ser enviados a la brevedad, dado que la situación que se está viviendo en el conjunto habitacional El Salar es bastante compleja.
Asimismo, solicito que se oficie a la Contraloría General de la República con el objeto de que se inicie una fiscalización a la construcción del proyecto habitacional El Salar, a fin de que se pueda establecer, efectivamente, a quién corresponde la responsabilidad en los daños que presentan estas viviendas sociales: si es una responsabilidad producto del diseño estructural que revisó el Serviu, o tiene que ver con la construcción que realizó la empresa constructora que se adjudicó las obras.
Asimismo, verificar, por parte de la Contraloría, qué ocurrió con los inspectores técnicos de obras durante la fiscalización del proyecto, que no se percataron de esta situación, pues -reitero- son casas que la gente lleva habitando menos de seis meses y muchas de ellas ya se encuentran inhabitables a raíz de los daños estructurales que presentan.
Solicito, Presidente, que se envíen los tres oficios mencionados, en mi nombre.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muy bien, Senador.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el Senador Durana.
SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA CASO DE POLIMETALES DE ARICA. OFICIOS
El señor DURANA.-
Presidente, ha salido en los medios de comunicación el pronunciamiento que ha efectuado Naciones Unidas y que ha definido la respuesta del Estado de Suecia en el caso de los polimetales de Arica.
Los desechos tóxicos enviados a Arica desde Suecia que fueron depositados dentro del territorio de esta comuna hace treinta y siete años ha motivado que en fecha reciente, 23 de marzo de 2021, seis relatores de Naciones Unidas exijan a los Gobiernos de Chile y Suecia una urgente solución.
Algunas medidas propuestas por los seis relatores de Naciones Unidas no solo se limitan a una debida compensación de las personas afectadas por los mencionados desechos tóxicos, sino que incluyen su repatriación a Suecia, además de la adopción de medidas integrales, como una debida atención de salud y la reubicación efectiva de todos los afectados, otorgándoles viviendas en zonas no contaminadas y asegurándoles una vivienda digna, de aquellas contempladas en la Ley de Polimetales aprobada por este Congreso.
El Gobierno de Chile en especial, durante los períodos del Gobierno del Presidente Piñera, implementó un programa destinado a mitigar los padecimientos de quienes sufrieron los mayores efectos de los tóxicos, lo cual quedó reflejado en la referida ley N° 29.590, Ley de Polimetales, y en diversas medidas administrativas.
Se ha cumplido el proceso de erradicación; sin embargo, no hubo demolición del sector de cerro Chuño, lo cual significa que hoy día son terrenos mayoritariamente tomados por personas migrantes, y nada se ha dicho tampoco respecto de la permanencia de los desechos en suelo ariqueño y de su repatriación a Suecia.
Es evidente que la permanencia de esta carga tóxica en Arica nos daña como comunidad, y ni el paso del tiempo ni las medidas paliativas que se adopten podrán solucionar la transgresión a los derechos y dignidad ariqueña que implica la permanencia de los desechos en nuestra ciudad.
Lamentablemente, una demanda civil planteada en tribunales del Reino de Suecia por las víctimas fue desechada por prescripción, gracias a un informe en derecho efectuado por el abogado chileno, hoy constituyente, Fernando Atria.
Por otra parte, el Gobierno de Suecia ha manifestado que no tiene obligación de reparar la situación de Arica. Sin embargo, dada la exhortación efectuada por Naciones Unidas, ha manifestado su predisposición a colaborar con una solución final a este problema, señalando, además, no tener una petición formal por parte del Estado de Chile.
Sin perjuicio de las respuestas que ambos Estados den al requerimiento de Naciones Unidas, es necesario realizar un esfuerzo mayor, como Estado, para dar una solución clara y concreta a este tema. Como Senado de la República, debemos exigir al Gobierno de Chile priorizar este problema, que constituye una violación a los derechos humanos de los ariqueños y una verdadera vergüenza internacional.
Los desechos deben ser sacados de Arica; su permanencia implica una transgresión constante de los derechos de los habitantes de la comuna, tal como indica Naciones Unidas.
En esta línea de acción, deberá realizarse una auditoría técnica y legal de toda esta problemática, a fin de identificar a los responsables de este inmenso daño, a los efectos de iniciar las acciones legales pertinentes en instancias nacionales e internacionales, dado que los daños provocados por el almacenamiento de estos desechos tóxicos se producen día a día en Arica.
Es por eso que solicito a la Mesa del Senado oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como al Ministerio del Medio Ambiente y Bienes Nacionales, a los efectos de que remitan copia de la respuesta que el Gobierno ha enviado al requerimiento efectuado por los relatores de Naciones Unidas. Y al mismo tiempo informen si se han realizado gestiones ante el Gobierno del Reino de Suecia para poner término a esta oprobiosa situación y, finalmente, requerir el diseño e implementación de un plan destinado a poner punto final a esta verdadera vergüenza nacional.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senador.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:25.
Claudia Zumelzu Cornejo
Jefa de la Redacción suplente