REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 47ª, en jueves 24 de junio de 2021
Especial
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 10:26 a 12:42)
PRESIDENCIA DE SEÑORA YASNA PROVOSTE CAMPILLAY, PRESIDENTA,
Y SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Pizarro Soto, Jorge
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Araya Guerrero, Pedro
--Castro Prieto, Juan
--De Urresti Longton, Alfonso
--Galilea Vial, Rodrigo
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Insulza Salinas, José Miguel
--Lagos Weber, Ricardo
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Prohens Espinosa, Rafael
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, presencialmente, el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli Basili, y el Director del Servicio Nacional de Migraciones, señor Álvaro Bellolio Avaria.
Asimismo, se encontraban presentes la Defensora de los Derechos de la Niñez, señora Patricia Muñoz García; la Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Chile, señora Ludmila Palazzo; el Consejero Director del Consejo Nacional de la Sociedad Civil Migraciones Chile, señor Antonio Calvo Bolaños; el Director de Incidencia Pública y Estudios Servicio Jesuita a Migrantes, señor Carlos Figueroa Salazar, y el Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, señor Gonzalo Valdés Edwards.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 10:26, en presencia de 17 señoras Senadoras y señores Senadores.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Informe
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que dispone la obligatoriedad de la adopción del régimen de federación deportiva para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente (Boletín N° 13.869-29) (con urgencia calificada de "simple").
--Queda para tabla.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).-
Eso es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se ofrece la palabra sobre la Cuenta.
Se ofrece la palabra.
ANÁLISIS DE POLÍTICA GUBERNATIVA EN MATERIA DE EXPULSIÓN MASIVA DE MIGRANTES A LA LUZ DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
En virtud del acuerdo de Comités adoptado recientemente, procede realizar esta sesión especial del Senado, con el propósito de analizar la política del Gobierno en materia de expulsiones masivas de migrantes desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales de estas personas y sus familias.
A esta sesión fue invitado el señor Ministro del Interior y de Seguridad Pública, quien nos manifestó con antelación su dificultad para poder asistir, como era su deseo. De hecho, en un momento nos solicitó evaluar la posibilidad de postergarla, porque él tenía un personal interés en participar, pero a esta hora se encuentra en la Cámara de Diputados en la presentación de la prórroga del estado de excepción constitucional. Esta situación la conversé personalmente con algunos de los solicitantes y consideramos necesario seguir adelante con la sesión especial y acoger la solicitud del Ministro: que en su reemplazo asista el Subsecretario del Interior, señor Galli, para quien pido la autorización de ingreso, junto al Jefe de Extranjería, señor Bellolio.
¿Le parece a la Sala?
Así se acuerda.
Además, han sido invitadas a esta sesión la Defensora de los Derechos de la Niñez, señora Patricia Muñoz García; la Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Chile, señora Ludmila Palazzo; el Consejero Director del Consejo Nacional de la Sociedad Civil Migraciones Chile, señor Antonio Calvo Bolaños; el Director de Incidencia Pública y Estudios Servicio Jesuita a Migrantes, señor Carlos Figueroa Salazar, y el Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, señor Gonzalo Valdés Edwards.
Para iniciar esta sesión y colocarla en contexto, además en un día en que públicamente se ha dado a conocer una nueva expulsión masiva de migrantes, ofrezco la palabra al Senador de Revolución Democrática, señor Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidenta.
Primero, quiero valorar esta sesión especial que...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Señor Senador, ¿nos permite un segundo?
El señor LATORRE.-
Sí, claro.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Porque como hemos autorizado ya el ingreso, nos gustaría que el representante del Ministerio del Interior, que es el señor Subsecretario, escuche su intervención desde un comienzo.
Desde ya, le damos la más cordial bienvenida, y agradecemos la presencia de todos nuestros invitados e invitadas a esta sesión especial.
Ahora sí, le ofrecemos la palabra al Senador Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidenta.
Bueno, lo primero es, junto con saludar a la Sala, al Subsecretario, a quienes nos acompañan, valorar esta sesión especial solicitada por los Comités de Oposición para analizar la política de expulsiones colectivas de personas migrantes por parte del Gobierno del Presidente Piñera.
En febrero de este año se evidenció un lamentable hito: se verificó la expulsión más masiva que se haya realizado en Chile hasta ese momento. Dicho hito fue celebrado ante los medios de comunicación por el propio Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, destacando su masividad como si fuese objeto de orgullo. Se trató de una expulsión vía área de ochenta y seis personas y terrestre, de otras cincuenta y dos personas más, todas las cuales fueron devueltas a sus países de origen. Posteriormente, el 25 de abril asistimos nuevamente a otro lamentable evento de similar característica. Esto se repetiría recientemente el domingo 6 de junio con el anuncio de la expulsión masiva de cincuenta y seis ciudadanos venezolanos. Y nuevamente nos enteramos el día de hoy de que se programó otra expulsión colectiva de setenta y dos personas migrantes.
Esta práctica del Gobierno, programada además en fines de semana, días domingo, cuando las cortes de apelaciones del país no sesionan, impide el ejercicio de acciones judiciales para proteger los derechos fundamentales de las personas afectadas.
Afortunadamente, pero con posterioridad a estos hechos, la Corte Suprema instruyó a las cortes de apelaciones para que se reúnan en horario inhábil frente a la interposición de recursos de amparo urgentes los días domingos, a fin de resolver asuntos de suma urgencia como en los casos descritos. Esto nos parece de suma gravedad, porque incluso desde la Corte Suprema y el Poder Judicial se estaría hablando, en el fondo, de expulsiones en algunos casos arbitrarias e ilegales. Eso es algo a analizar y a dar cuenta por parte del Gobierno del Presidente Piñera.
Nos preocupa la vulneración directa de los derechos de las personas expulsadas, pero especialmente nos inquieta la situación que queda para sus familias en Chile: qué pasa con niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas particularmente, quienes con motivo de la decisión anunciada podrían verse separados de sus familias y, en consecuencia, fuertemente afectados también en sus derechos. Por eso la invitación el día de hoy a la Defensoría de la Niñez, a Unicef.
En razón de tal preocupación, hemos oficiado al Ministerio del Interior a fin de que nos informe acerca de la situación familiar de las personas expulsadas de Chile, para conocer y determinar el alcance de estas posibles separaciones familiares: dolorosas, inhumanas y, en mi opinión, irracionales.
Han sido reiteradas las ocasiones en que diversas organizaciones nacionales e internacionales, como la Defensoría de la Niñez, el Servicio Jesuita a Migrantes, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre otras, han llamado la atención al Gobierno y solicitado el cese de la política de expulsiones masivas que se han ido dictando e implementando el último tiempo.
El propio Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, Felipe González, señaló que las deportaciones no se pueden llevar a cabo de manera sumaria. Estas requieren una evaluación individual, caso a caso; necesitan protección internacional, debido proceso, derecho a ser oídos frente a tribunales, teniendo en cuenta además las condiciones humanitarias de arraigo, vínculos familiares y otras que puedan existir. La política de expulsiones debiera ser el último recurso, la última instancia, por cierto, cumpliendo el debido proceso.
En el marco de los compromisos que tiene Chile en materia de derecho internacional de los derechos humanos, como también de las leyes a nivel interno, es preocupante que políticas como las mencionadas puedan seguir ocurriendo y siendo avaladas desde el Gobierno, por cuanto colisionan directamente con tres límites fundamentales desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos, y se han extendido al sistema judicial chileno, que son: el principio de la reunificación familiar, el principio del interés superior del niño y el principio del debido proceso.
Además, nos preocupan muchísimo ciertos protocolos de acción. Hemos recibido testimonios recientes, desde las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las personas migrantes y defienden sus derechos, de prácticas por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones que acompañan en bus a personas detenidas y luego las dejan abandonas a muchos kilómetros del lugar de detención y del trayecto del bus, absolutamente en desamparo, sin celular cargado. Es decir, hay una serie de prácticas inhumanas también a la hora de estas detenciones a personas migrantes.
Por último, Presidenta, cabe mencionar como antecedente que el día de ayer en un medio de comunicación se informó la existencia de un contrato de prestación de servicios, del 21 de abril de 2021, por 1.500 millones de pesos, entre el Ministerio del Interior y la empresa Sky Airline, dirigida, además, por Paulmann, sobrino del fundador de Cencosud, para transportar vía área a unas 2.700 personas fuera de Chile en el marco de estas expulsiones colectivas impulsadas por el Gobierno del Presidente Piñera.
Este contrato se suma a los antecedentes existentes de una política sistemática, planificada, orientada a la vulneración de derechos fundamentales de las personas migrantes, la que además puede ser un negocio para una aerolínea privada.
Ese es el contexto, Presidenta, de la sesión especial.
Agradezco el tiempo y a los colegas por esta sesión.
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias al Senador Juan Ignacio Latorre.
A continuación, le ofrezco la palabra al señor Subsecretario del Interior para que se refiera a la política migratoria. Tendrá diez minutos iniciales y luego podrá reaccionar, tras escuchar la ronda de intervenciones de nuestros invitados e invitadas.
Señor Subsecretario, tiene la palabra.
El señor GALLI (Subsecretario del Interior).-
Muchísimas gracias, Presidenta. Y agradezco a todos los Senadores que están presentes en la Sala y a quienes nos acompañan telemáticamente.
La verdad es que nosotros venimos a dar cuenta de un proceso que consiste esencialmente en cumplir la ley. Y trataré de ser muy didáctico en lo que diré.
Nuestra legislación migratoria acaba de ser cambiada por este Congreso Nacional, Presidenta, ¡por este Congreso Nacional!, el cual ha dado señales muy potentes en cuanto a explicitar los derechos de que son sujeto los ciudadanos extranjeros que buscan desarrollar sus proyectos de vida en Chile.
Y la nueva legislación migratoria, aprobada por este Congreso Nacional, establece ciertos principios, pero también tiene un título completo que se refiere a las expulsiones. Es decir, la expulsión es una medida que el Estado puede tomar respecto de aquellos ciudadanos extranjeros que incumplen gravemente la legislación migratoria.
Quizá eso es lo primero que deberíamos concordar, porque aquí pareciera que se dijera que la expulsión no es posible. Entonces, en lo que deberíamos concordar es en qué circunstancias y bajo qué condiciones el Estado de Chile puede llevar adelante un proceso de expulsión respecto de un ciudadano extranjero.
Y ahí entro en el detalle, Presidenta, porque quizá uno de los grandes avances que ha tenido Chile en el último tiempo, pero que se ratifica y concretiza en la nueva Ley Migratoria, es el principio de no criminalización de la migración.
¿Y por qué digo esto, Presidenta? Porque ya el Estado de Chile, hace bastante tiempo, tomó la decisión de no perseguir criminalmente a los migrantes, pese a que nuestra legislación aún vigente, ¡aún vigente!, establece como delito, ¡como delito!, el ingreso clandestino a nuestro país. El ingreso por pasos no habilitados a nuestro país hoy día es delito en Chile. El Estado de Chile ha decidido, creo yo muy razonablemente, en primer lugar, no perseguir esos delitos criminalmente; y, en segundo lugar, derogar el delito de ingreso clandestino en la nueva Ley Migratoria.
Por lo tanto, Presidenta, pese a que las cortes en algunos casos han fallado que nosotros deberíamos seguir adelante con la persecución penal, nosotros creemos que ese es un camino equivocado y que no debemos perseguir penalmente a los migrantes, aun cuando hayan ingresado a Chile de manera clandestina o por pasos no habilitados.
Entonces, ¿qué nos queda?
Estos procesos de expulsión pueden tener su origen en dos causas. La primera es, de nuevo, un cambio de legislación ya no migratoria, sino que un cambio en la legislación de lo que en ese momento eran las medidas alternativas al cumplimiento de las condenas, hoy día Ley de Penas Sustitutivas, que permite a un tribunal de la República sustituir una pena privativa de libertad, cuando esa pena privativa de libertad por la comisión de delitos sea inferior a cinco años y haya sido ese delito cometido por un extranjero, por una pena de expulsión.
Una pena sustitutiva, Presidenta, que es muy beneficiosa para el migrante. ¿Por qué digo esto? Porque esa persona debería haber cumplido penas privativas de libertad en Chile, pero el tribunal le sustituye su pena por la expulsión de Chile, quedando en libertad en su país de origen, con una prohibición de ingreso a nuestro país de diez años.
Por consiguiente, una opción es la expulsión que constituye una pena sustitutiva de una pena privativa de libertad, determinada así por un tribunal de justicia.
Y aquí sí quiero hacerme cargo de algo que señaló el Senador Latorre -Presidenta, por su intermedio- y que se ha dicho por varias personas de manera pública, respecto a la masividad o colectividad de las expulsiones.
Yo asumo que esa expresión no se refiere al número de personas expulsadas, porque si lo son como consecuencia de órdenes judiciales, el número es irrelevante, Presidenta. Repito: el número de personas expulsadas, si es que lo son por órdenes de los tribunales de justicia, es irrelevante. Lo importante es que la Administración del Estado cumpla oportunamente con la orden de un tribunal de justicia que determina expulsar a una persona para sustituir su pena privativa de libertad.
Eso tiene dos grandes consecuencias respecto de su aplicación. En primer lugar, porque esas personas están privadas de libertad mientras no se materialice su expulsión, pese a que una vez expulsadas van a quedar en libertad en su país de origen, y, por lo tanto, hay que hacerlo lo antes posible. Y por eso se hacen gestiones.
Entonces, asumamos que cuando se hace la crítica de que estas expulsiones son colectivas o masivas, no se hace respecto de aquellas que son expulsiones que denominamos "judiciales", porque esas lo son en virtud de órdenes de los tribunales de justicia de nuestro país.
Vamos, por tanto, a las expulsiones así denominadas "administrativas".
Ahí, Presidenta, lo que hacemos es cumplir la ley. Aquí se dice que hay una "política del actual Gobierno". Lo que hay en la política del actual Gobierno es cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Y hacer cumplir la ley implica que aquellas personas que incumplen gravemente nuestra legislación migratoria se sujetan a un proceso administrativo ¡individual! Respecto de cada una de las personas que son expulsadas se abre un proceso y hay un expediente administrativo. Respecto de cada una de esas personas se inicia un proceso administrativo, esas expulsiones son notificadas, y tanto es así que quienes fueron expulsados en los primeros días del mes de junio y quienes fueron expulsados en el mes de abril, todos fueron notificados días, semanas, meses y hasta más de un año antes de que se materializara la expulsión, de la decisión del Estado de Chile de aplicar dicha medida como consecuencia de un procedimiento administrativo, Presidenta.
Es decir, aquí hay un procedimiento administrativo que se lleva adelante.
Ahora, tampoco podemos ser ajenos y no somos ciegos a las resoluciones de los tribunales de justicia. Y, por lo mismo, lo que hemos hecho es leer con mucha atención los distintos fallos de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema. Pero la verdad es que aquí ha habido un cambio de criterio, Presidenta. Hasta ahora -y tenemos sucesivos fallos de la Corte Suprema sobre el particular-, bastaba para la Corte y, por lo tanto, para la Administración, con acreditar el ingreso clandestino o el ingreso por pasos no habilitados de la persona -es decir, que haya evadido un control migratorio en nuestro país- para poder llevar adelante su expulsión de Chile.
Ese criterio ha cambiado, Presidenta, en la Corte Suprema, pero de manera que en algunos casos es compartida por nosotros y en otros casos no lo es. Le voy a poner solo tres ejemplos, Presidenta.
El primero, como le decía antes, es el fundamento de la Corte, en algunos casos, en orden a que no se ha llevado adelante el proceso penal en contra del migrante antes de expulsarlo. Por tanto, dicha instancia judicial pareciera decirnos que nosotros primero tendríamos que perseguir penalmente al migrante y, una vez que se le condene por el ingreso clandestino en virtud del delito vigente, podríamos llevar adelante la expulsión. Creemos que ese criterio es equivocado por el principio de no criminalización de la migración. Nosotros no debemos perseguir penalmente a esas personas.
En segundo lugar, Presidenta, en un caso el ciudadano extranjero no acreditó durante el proceso administrativo que tenía un vínculo con un niño, niña o adolescente, pero hizo esa alegación al momento en que se iba a materializar su expulsión; por lo tanto...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Concluyó su tiempo, señor Subsecretario.
Le daremos un minuto adicional.
El señor GALLI (Subsecretario del Interior).-
Gracias, Presidenta.
Lo que se hizo en ese caso es que, apenas se tuvo noticias de que él tenía un vínculo con un niño, niña o adolescente, esa expulsión se suspendió, Presidenta, porque nosotros entendemos y compartimos que el interés superior del niño está antes que la voluntad de la Administración de hacer cumplir la ley migratoria.
Por último, cabe preguntarse cuál es el nivel de amplitud que debe tener la protección que se le da al extranjero respecto de su arraigo. Le pongo un ejemplo, Presidenta: hay personas que han intentado regularizar su situación migratoria, pero no lo han podido hacer -es el caso de la expulsión que se materializó hoy- porque tenían antecedentes penales en su país de origen. Dada su condición irregular, el Estado de Chile toma la decisión de expulsar a esos migrantes de vuelta a su país. Eventualmente, esas personas deberán responder ante la justicia de su país por los antecedentes penales que tenían.
Por lo tanto, Presidenta, se trata de personas que no pueden regularizar su situación migratoria en Chile, porque, de acuerdo con la ley aprobada por este Congreso, quienes tengan antecedentes penales no podrán hacerlo. Ante ello, el Estado de Chile toma la decisión de expulsarlos. Bueno, la Corte Suprema, en algunos de esos casos, ha tenido criterios dispares al respecto.
Finalmente, Presidenta, quiero poner énfasis en que la voluntad del Gobierno es hacer cumplir la ley. Y le voy a decir por qué. Este no es un criterio formal solamente, sino de fondo. Si no logramos mandar claramente la señal de que el ingreso por paso no habilitado o el ingreso clandestino a Chile es algo no deseado, vamos por el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque el ingreso clandestino es riesgoso, es peligroso. Y no lo digo solo porque se incumpla la legislación migratoria, sino también porque implica un riesgo para el migrante, Presidenta.
Arriesgan su vida o su integridad física las personas que se exponen a ingresar clandestinamente a Chile, pues no conocen las condiciones climáticas que se viven en nuestras fronteras. Hoy día, Presidenta, en la madrugada, Carabineros de Chile tuvo que rescatar a migrantes que estaban entrando clandestinamente por el paso Hito Cajón, porque nevaba, porque había temperaturas bajo cero, porque estaban a una altura de 4.500 metros...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Señor Subsecretario, le hemos otorgado ya en dos oportunidades minutos adicionales; le vamos a ofrecer el último para que concluya la idea.
Y vamos a mantener lo que le hemos dicho: al final va a disponer de un tiempo extra para hacerse cargo de los comentarios de nuestros invitados.
El señor GALLI (Subsecretario del Interior).-
Perdón, Presidenta.
En concreto, decía que hay riesgo a la vida y a la integridad física.
El segundo gran riesgo es ser víctima de redes de tráfico de migrantes, víctima de abuso y tener que desembolsar sumas de dinero para poder ingresar a Chile por pasos no habilitados.
El tercer gran riesgo, Presidenta, es ser expulsados de Chile, producto de que cometen una grave infracción migratoria. El ingreso clandestino por paso no habilitado es una grave infracción en la actual norma migratoria y también de la nueva ley aprobada por este Congreso hace pocos días.
Por último, hay un riesgo de cohesión social a partir del hecho de que esas personas van a estar irregulares en Chile. Por esa razón, van a ser empleadas informalmente y van a tener que pagar altas sumas de dinero a arrendatarios inescrupulosos.
Por eso, Presidenta, tenemos que desincentivar el ingreso clandestino a nuestro país.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias.
Le ofrezco la palabra de inmediato al señor Carlos Figueroa Salazar, Director de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes.
Para nuestros invitados tenemos dispuesto seis minutos, con la posibilidad de un minuto adicional para que puedan concluir las ideas. Les pedimos colaboración en esto, porque también hay Senadores y Senadoras que quieren hacer consultas en esta sesión especial.
Don Carlos Figueroa, tiene usted la palabra.
El señor FIGUEROA (Director de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes).-
Gracias, Presidenta.
Por su intermedio, voy a dar a conocer la postura del Servicio Jesuita a Migrantes, que cuenta con el respaldo de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y de la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, sobre las expulsiones colectivas ejecutadas por el actual Gobierno.
Buscamos que nos escuchen, pero también que se tomen medidas en la dirección correcta y de manera urgente, para detener estos actos "ilegales" -cito el fallo de la Corte- que están siendo ejecutados.
Estamos hablando hoy, señora Presidenta, de cuatro vuelos con cerca de 55 pasajeros cada uno, en los que se expulsó a migrantes fuera de Chile.
El Subsecretario, quien acaba de hablar, tiene razón al decir que algunas de estas expulsiones están justificadas en la comisión de un delito, pero falta a la verdad al señalar que todas ellas lo están, por cuanto no es lo mismo la expulsión de un ciudadano que conmuta una pena por microtráfico o por otro delito que la de un ciudadano que es expulsado por medio de un acto administrativo, quien no ha tenido ninguna posibilidad de defenderse. En estos últimos casos se está confundiendo a la opinión pública y se está produciendo, según lo ha señalado de manera categórica la justicia, la arbitrariedad y la ilegalidad de estas expulsiones.
Le explico, señora Presidenta -y, por su intermedio, a los Senadores y al Subsecretario-, brevemente el problema desde nuestra perspectiva.
Hoy el Gobierno de Chile está impidiendo que ingresen por la vía formal y regular personas que buscan llegar al país, no solo por el cierre de fronteras debido a la pandemia, sino también por la imposición de visados o permisos especiales que se deben obtener en los países de origen. Pero estos, por ejemplo en el caso de los venezolanos, en la práctica, según lo demuestran las cifras que poseemos y que nos ha dado la misma autoridad, son escasamente otorgados.
El número de personas que ingresan por pasos no habilitados ha aumentado como no se había visto en Gobiernos anteriores, alcanzando las cifras más altas de la última década. Solamente en los últimos tres años se ha concentrado el 77 por ciento de los ingresos irregulares correspondiente a los últimos diez años.
Al llegar a Chile estos migrantes, que en su gran mayoría -no todos, por supuesto, pero la gran mayoría- son personas honradas que huyen de un conflicto y buscan una vida digna, concurren a las oficinas de la Policía de Investigaciones para declarar que entraron por un paso no habilitado. Se autodenuncian, porque saben que ingresar por esos lugares no es lo correcto, y no están orgullosos de haber entrado por ese paso desértico, con climas difíciles, teniendo que sortear la noche gélida, a veces con sus hijos en brazos, con diarrea, o con días de mucho calor.
Y ahí están, en el cuartel policial. Desde ese momento deben ir a firmar semanalmente al cuartel, como si fueran delincuentes condenados, pero no lo son. Lo hacen con la esperanza de iniciar de esa forma su regularización en el país. Tiempo después, reciben una orden de expulsión administrativa, para echarlos del país. De ellos estamos hablando hoy y de este tipo de acciones. Por eso venimos a solicitar que se detengan las expulsiones colectivas.
La razón para solicitar esto, señora Presidenta, es simple: a todas las personas que ingresan por pasos no habilitados se les dicta y notifica una orden de expulsión sin que exista una investigación previa ni una condena, que es lo que exige la ley chilena. En la decisión de expulsarlas tampoco se analizan ni se consideran las situaciones particulares de cada migrante: la existencia de una familia, de niños o niñas, u otros vínculos en el país; las condiciones de salud, o cualquier otro antecedente relevante. Tampoco se toma en cuenta la posibilidad de que muchos de ellos sean solicitantes de refugio, de conformidad con la ley vigente en el país.
Además, todas las órdenes de expulsión son iguales, en serie. La autoridad, desde nuestro punto de vista, falta a la verdad cuando señala que no es una expulsión colectiva porque se dictó una resolución para cada uno. Eso no basta, señora Presidenta; debe analizarse la situación de cada uno, y mal puede hacerse si no cuentan con una instancia para defenderse y para aportar esta información.
Los Estados, señor Subsecretario, tienen la soberanía para expulsar, pero no bajo cualquier circunstancia ni bajo cualquier pretexto. La Constitución y el derecho internacional señalan que debe hacerse con pleno respeto a los derechos humanos.
Y el gran y gigantesco error en todos estos procesos administrativos de expulsión, señor Subsecretario, es que ustedes han sido indiferentes frente a la ley y hacen caso omiso de su obligación de investigar cada caso. Ya lo dijo la Corte Suprema hace muy poco: ingresar por un paso no habilitado no es causal suficiente para expulsar a alguien del país. Para ello, sí se requiere un proceso, que implica una condena, un juicio y la capacidad de defenderse en esa instancia.
Nosotros, señora Presidenta, señores Senadores y señoras Senadoras, podemos decirles con certeza que no hay un análisis individualizado de cada caso, y eso es lo que precisamente constituye una expulsión colectiva.
Las pruebas están a la vista. Aquí van algunas para la memoria colectiva y el respaldo de lo que pronunciamos:
Febrero de 2021. Decenas de personas fueron detenidas en una residencia sanitaria de la ciudad de Iquique, todas de nacionalidad venezolana. En conjunto con la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado, presentamos tres recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones de Iquique, representando a sesenta y dos personas detenidas. Pero, dado que las órdenes de no innovar no se pudieron ver por los escasos tiempos que nos está dejando hoy día la autoridad, no se logró bajar a nadie del avión.
Les damos el beneficio de la duda a las autoridades. Quizás no sabían en ese entonces que las cortes fallarían, en su gran mayoría, en contra en estas expulsiones administrativas.
Abril de 2021, segunda expulsión colectiva. Cerca de cincuenta y cinco personas fueron detenidas en las ciudades de Arica e Iquique. Esta vez, en un mismo avión iban personas expulsadas con condenas y personas expulsadas administrativamente por ingresar por pasos no habilitados. Interpusimos dos recursos de amparo por treinta y cuatro personas: treinta y tres de ellas obtuvieron un fallo favorable y las bajamos del vuelo. Las pretendían expulsar por medio de un acto administrativo que las cortes dijeron que era "ilegal y arbitrario".
Aquí ya no podemos dar el beneficio de la duda. Estaban obrando en conocimiento de que la justicia les reconocería a estas personas el derecho a no ser expulsadas y a tener un debido proceso. Y la autoridad, sin investigar, sin el debido proceso, las quería expulsar igual. Se agrava aún más la situación, porque en este caso se les negó el derecho a contar con un abogado: fuimos físicamente impedidos de ingresar a los cuarteles de la Policía de Investigaciones.
Junio de 2021, un tercer vuelo que es financiado por el Gobierno. Luego de contratar para dicho servicio a la empresa Sky Airline -a estas alturas ya es copartícipe de estos vuelos-, con cerca de cincuenta y cinco personas detenidas en las ciudades de Santiago y Calama, el Servicio Jesuitas a Migrantes, en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Diego Portales, presentamos cinco recursos de amparo por trece personas que la autoridad quería expulsar, a sabiendas de que la justicia probablemente fallaría en su contra. No logramos llegar a tiempo, porque los tribunales entonces no abrían en días inhábiles o era muy difícil acceder a ellos. Pero ustedes ya conocen estos procedimientos -están en nuestro informe que les hicimos llegar a sus correos-: se hacen de madrugada, con muy poco tiempo para que los abogados puedan presentar su defensa y muchas veces con poca información. Obtuvimos trece fallos favorables, no a tiempo muchos de ellos.
Hay un dicho que dice: "Dennos hechos y les daremos el derecho".
El día de hoy, señora Presidenta, mientras nos encontramos en esta sesión, se está realizando una nueva expulsión colectiva. Ayer logramos bajar de este vuelo a siete personas de Arica, quienes venían camino a Santiago, y las dejaron botadas en la mitad de la carretera. Son órdenes de expulsión que no cumplen todas con el debido proceso. En vez de devolver a esas personas al lugar desde donde injustamente las sacaron, las dejaron tiradas en Chañaral, y nosotros tuvimos que hacernos cargo, en conjunto con las autoridades de la iglesia que se pusieron a disposición.
Señora Presidenta, señor Ministro, otro hecho: entre febrero y junio de 2021, ciento quince sentencias de la Corte de Apelaciones de Iquique, que firmes o confirmadas después por la Corte Suprema, han dejado sin efecto medidas de expulsión de personas extranjeras que habrían ingresado irregularmente al país. En ese mismo tribunal, solo diez acciones de amparo por personas que habían entrado irregularmente fueron rechazadas. Es decir, nueve de cada diez recursos de amparo fueron confirmados y fallaron en contra de las expulsiones administrativas del Gobierno.
Señora Presidenta, como Servicio Jesuitas a Migrantes este año hemos presentado treinta y dos recursos de amparo para revocar expulsiones administrativas por un total de 339 personas. En estos recursos solo una fue rechazada: ¡1 de 339! Gran parte argumentaba que el Gobierno -cito aquí uno de los tantos fallos- está actuando "ilegal y arbitrariamente" en estas expulsiones.
Estos son los hechos que están forjando el derecho.
La señora EBENSPERGER.-
¡Lleva mucho tiempo!
¡Son diez minutos, Presidenta!
El señor FIGUEROA (Director de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes).-
Para ir finalizando, señora Presidenta, señor Subsecretario, señores Senadores y señoras Senadoras, no nos podemos ir sin remarcar que también hemos tenido...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias por su intervención, señor Figueroa.
Teníamos algunos episodios en la Sala con respecto a que ya se le entregó el tiempo adicional.
Vamos a incorporar como parte integrante de su intervención lo que le faltó por exponer y que usted ha enviado por escrito.
--A continuación, se inserta texto escrito restante enviado por el señor Carlos Figueroa, Director de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, de conformidad con lo resuelto por los Comités:
"Para ir finalizando, Señor. Ministro y Sres. Senadores, no podemos irnos sin remarcar que también hemos tenidos otros contratiempos, que no queremos dejar de mencionar aunque no podamos profundizar: hemos presenciado en carne propia la inhumanidad con que se trata a familias, padres que son separados de su hijos (la paternidad no sólo es biológica), a personas que son dejadas en la carretera botadas cuando reciben la ONI, a personas subidas a aviones en overoles blancos. Sr. Ministro: le pedimos que detengamos las expulsiones colectivas de carácter administrativo por el concepto de ingreso por paso no habilitado. Pero también queremos pedirle humanidad en estos procedimientos aun cuando estemos en desacuerdo con sus medidas. No es digno el trato que se les está dando a estas personas y eso también está en su poder revertirlo.
Por otra parte, también hemos presenciado la prohibición de ingreso a los cuarteles de la PDI de nuestros abogados para ofrecer el derecho a la legítima defensa. Esto es inaceptable, pues está consagrado en la Constitución este derecho a asesoría jurídica. Recurrimos a la justicia y así lo confirmó la Corte Suprema. Pero ayer, pese a tener este fallo, nuevamente vivimos esta prohibición de ingreso a dos de nuestros abogados.
Sr. Ministro, Sres. Senadores y Senadoras, estamos pidiendo cosas básicas y simples. En nuestro informe podrán ver más detalles. Estamos pidiendo que se deje de expulsar colectivamente. Estamos pidiendo que se detengan las expulsiones colectivas de carácter administrativo, que impiden un examen individual del mérito de cada caso. Es decir, que se deje de expulsar sin hacer la investigación correspondiente y siguiendo el debido proceso. Estamos pidiendo que a quienes se les expulse por A, B o C razón, que se haga con dignidad humana, y no haciendo uso de esta expulsión para un fin político. Y estamos pidiendo que se respeten los derechos de un acceso oportuno y a tiempo a una defensa jurídica.
Sr. Ministro y Sres. Senadores y Senadoras, estamos agradecidos de esta invitación y esperamos seguir aportando en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y a su inclusión en Chile. Y esperamos que estas expulsiones colectivas se detengan de una vez por todas, porque no sólo les hacemos daño a quienes se les comete una injusticia. También nos hacemos daño a nosotros como sociedad al no respetar nuestras propias leyes y los derechos humanos que decimos promover y proteger. Muchas gracias.".
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Entiendo que la Senadora Ximena Rincón ha solicitado intervenir por un punto de reglamento.
Tiene la palabra.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidenta.
Lamento tener que pedirlo, porque esta sesión especial sobre el tema migrante es tremendamente importante, sobre todo cuando uno escucha afirmaciones del Subsecretario que no son efectivas o son poco exactas. Pese a ello, la Comisión Mixta que se formó para ver el proyecto del salario mínimo (boletín N° 14.225-13) necesita sesionar en paralelo con la Sala. Estamos convocados para las 11:00.
Ayer no se pudo materializar la reunión de la Comisión Mixta, por falta de quorum de los señores Diputados y las señoras Diputadas que se encontraban en sesión.
Tenemos que reunirnos ahora, a las 11:00, si le parece a la Sala.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Hay acuerdo?
--Se accede a lo solicitado.
La señora RINCÓN.-
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Si no logran el quorum, los esperamos acá de vuelta.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofrezco la palabra al señor Gonzalo Valdés Edwards, Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.
El señor VALDÉS (Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello).-
Buenos días, Presidenta. Muchas gracias por la invitación.
Yo les quiero hablar del contexto y la situación que se vive hoy día en el país en este ámbito, especialmente pensando en el grado de conflictividad.
¿Me permite compartir pantalla, Presidenta? Creo que es importante presentar un par de datos respecto de la migración.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Puede compartir pantalla; no hay dificultad. Ya está habilitado para ello.
El señor VALDÉS (Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello).-
Ahí pude hacerlo.
Muchas gracias, Presidenta.
Básicamente, les quiero hablar de lo que ha pasado en esta migración, comparado con lo que hemos visto en el resto de los procesos migratorios que han existido en Chile.
Es importante señalar que la migración siempre ha existido, y Chile no es la excepción.
Pero la velocidad ha sido muy rápida. Esto ha hecho que el proceso sea de más difícil adecuación.
Los nuevos migrantes son más jóvenes, más pobres y están más hacinados. Esto debería hacernos pensar en qué tendrá que hacer el Estado para lograr la integración.
¿Cuál es el problema? Que esta migración ha tenido un impacto en el mercado laboral enorme -esto es antes del coronavirus-, especialmente en las personas chilenas y extranjeras sin estudios superiores. Los nacionales perdieron miles de empleos, que fueron tomados -y faltan estudios en esto- por muchos migrantes. Esto ha generado una crisis de conflictividad enorme.
Parte importante de lo que pasó es que esa situación afectó los salarios. Recordemos que estos datos son anteriores a la crisis del coronavirus.
Ello generó una sensación de conflictividad muy muy relevante. Un 37 por ciento de los nacionales creía que existía un gran conflicto con los migrantes y un 38 por ciento, un conflicto menor; mientras que los migrantes en Chile sentían algo similar: 22 y 36 por ciento, respectivamente.
¿Cuál es el problema? Que este ánimo es similar al de la crisis de los refugiados en Europa. En la imagen está marcada una pregunta que hicimos sobre si se considera que la cantidad de personas extranjeras que vienen a vivir a Chile debería mantenerse, aumentar o disminuir, cuyas respuestas fueron similares a las de Europa.
La verdad es que esto trae efectos políticos, que probablemente en el Senado los conocen mejor que yo, que reflejan una polarización enorme respecto del tema. En la imagen, vemos el surgimiento de los partidos de ultraderecha en Alemania, que obviamente generaron una crispación política muy compleja, lo que le quita gobernabilidad al país.
En este punto, creo que es importante ver que las medidas
administrativas que se tomaron redujeron la migración.
Ustedes pueden ver las entradas netas de ciudadanos haitianos y venezolanos, que cayeron fuertemente tanto antes como durante la pandemia.
La pregunta es si las expulsiones que se han realizado, que finalmente son acotadas respecto al total, constituyen una señal de que se está tomando en serio la ley o si vamos a tener fronteras abiertas siempre que se logre cruzar.
Esto es relevante precisamente por el nivel de conflictividad. Hoy día ya bajamos el nivel de conflictividad en comparación al peak a que se llegó durante el 2018, como se aprecia en la imagen. Después hubo un nuevo peak cuando fue el caso Colchane.
La verdad es que cuidar los derechos humanos creo que pasa no solamente por proteger a los migrantes que están cruzando -me parece muy relevante que se respeten sus derechos-, sino también por tener una política que cuide a los migrantes que están hoy día acá respecto a su contexto. Hoy día el contexto, especialmente laboral, que es lo que más resiente la mayoría de los chilenos, sobre todo los que no tienen estudios superiores, es de una crisis social, pero también económica y, por supuesto, política, en que una de las prioridades de las personas, por lejos, es la recuperación del empleo, en especial para los chilenos sin educación superior.
Y aquí me gustaría detenerme un poco.
La pregunta que surge es la siguiente: ¿Es hoy el momento de volver a tener una política de migración más laxa o, en realidad, hay que elegir el momento de volver a retomar una normalidad? Esto no quiere decir que haya que pasar por sobre la ley. Por supuesto, yo creo que parte importante del rol que cumplen la Cámara de Diputados, el Senado, etcétera, es de fiscalización del Gobierno y de que la ley se cumpla a cabalidad conforme a derecho. Y me parece que en esto estamos todos de acuerdo.
Pero hay una pregunta más de fondo, que tiene que ver con qué tan flexible o qué tan dura debe ser la práctica de la ley hoy día. Yo considero que, dado el contexto, sería riesgoso para los derechos humanos de los migrantes que ya están en Chile, que son un millón y medio de personas, no actuar lo más ordenadamente posible, lo más apegado a derecho.
Ese es el llamado que me gustaría hacer.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias.
Le ofrezco la palabra al señor Antonio Calvo Bolaños, Consejero Director del Consejo Nacional de la Sociedad Civil Migraciones Chile.
El señor CALVO (Consejero Director del Consejo Nacional de la Sociedad Civil Migraciones Chile).-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias por la invitación, y gracias a los Honorables representantes del Senado...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Tiene que activar nuevamente su micrófono. A lo mejor, pasó a llevar involuntariamente el espaciador.
¡Ahí sí!
El señor CALVO (Consejero Director del Consejo Nacional de la Sociedad Civil Migraciones Chile).-
Ahora sí.
Gracias, Su Señoría.
Desde el Cosoc hemos sido rigurosos y sigilosos en estar al tanto de los procesos que se aplican desde el régimen sancionatorio en Chile a los migrantes, dado que es la vida humana de una persona la que está en juego al verse sancionada por una expulsión.
Pero es en este mismo escenario donde, al revisar las motivaciones de la expulsión y por qué esta se aplica, asumimos también una posición, y es que, si existe un delito de por medio, o una acusación, o una actuación ilegal o contraria a las leyes de este país, que nos recibió generosamente para acogernos y entregarnos oportunidades, no puede ser aquella una actuación ilegal aplaudida, ni escondida o defendida por nosotros, los migrantes. Porque si normalizamos estas conductas como actuaciones que no se deben revisar o sancionar, ¿qué tipo de mensaje erróneo estaríamos entregando a nuestra comunidad o a nuestros hijos o nietos que inclusive ya son chilenos? ¿Y qué sería de nuestra convivencia social con la comunidad chilena si defendiéramos el que los migrantes o cualquier ciudadano en Chile que viole las leyes, las normas o los acuerdos de convivencia no pueda ser sancionado?
Otra de las cosas que tampoco queremos como migrantes, porque nos ha costado mucho asumir, y en donde no estamos realmente toda la población, es seguir siendo vistos por ustedes inclusive como seres humanos vulnerables o vulnerados y que por este concepto, supuestamente, cometemos irregularidades o violamos las leyes de otros países. Continuar con ese discurso del vulnerable nos ha costado mucho en materia de ser vistos con igualdad y con respeto a nuestros derechos por parte de la comunidad chilena.
También en nuestra comunidad hay un porcentaje de población que actúa ilegalmente -lo reconocemos-, y no impulsado por su vulnerabilidad, sino por una actuación racional y consciente de que está cometiendo un acto ilegal, especialmente en la frontera, como son los casos de narcotráfico; tráfico de personas, de armas, de niños; trata de personas; contrabando; equipos de clonación, y, a nivel interno del país, robo, estafa, atentados contra la vida y violencia de todo tipo.
No quiero que esta expresión sea vista como criminalizadora, sino como algo que sucede en cualquier sociedad y que no se puede desconocer ni tratar de ocultar. No es posible que este tipo de realidades o de actuaciones irregulares no se puedan exponer, porque si estas actuaciones irregulares no se exponen, no se atenderán, y para el bien de la comunidad, deben ser discutidas y atendidas. Puede ser que en ambos casos expuestos, tanto el interno como el fronterizo, el porcentaje de la población migrante que cometa estas irregularidades sea pequeño, menos de un 4 por ciento. Pero este tipo de problemáticas o riesgos que se generan dentro de una sociedad deben ser atendidos.
En consecuencia, tanto para la comunidad chilena como para la nuestra estos factores disociadores o que afectan la convivencia de todos son también preocupantes.
No queremos ser, como líderes migrantes, dirigentes que envíen señales equivocadas a los chilenos y a los mismos migrantes en el sentido de que somos protectores de los que vinieron a hacer daño al país. Porque somos más de un 85 por ciento los que hoy cumplimos con las normas, nos hemos insertado positivamente y hemos aportado al crecimiento de Chile, como lo dicen el Banco Central y la encuesta Casen, entre otros organismos.
Pero en este mismo sentido de deliberación sobre un tema tan sensible como es la sanción de expulsión y la situación del expulsado, también, apelando a esas mismas leyes que llamamos a respetar, queremos con el mismo rigor, como lo hemos mencionado ante el caso del infractor, expresar y exigir al Gobierno la aplicación, con rigurosidad, del debido proceso y que sean respetados los dictámenes de la justicia cuando se evidencian casos en que quizá faltó un poco más de profundidad en la investigación. Porque allí es donde se demostrará que se está siendo justo en el régimen sancionatorio, el cual nos sirve de soporte para una sociedad viable y con convivencia social.
Agradezco a Su Señoría y también a los Senadores e invitados por el espacio que me han concedido.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias a don Antonio Calvo.
Ofrezco la palabra a la señora Ludmila Palazzo, Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Chile.
La señora PALAZZO (Representante (I) de Unicef en Chile).-
Muy buenos días.
Quisiera agradecer la invitación que nos han cursado como Unicef y saludar primero a la Presidenta del Senado, Senadora Yasna Provoste; al Vicepresidente del Senado, señor Jorge Pizarro; a todos los Senadores y Senadoras; al Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli -con quien hemos analizado esta materia en algunas ocasiones anteriores-; y a todas y todos los invitados que exponen en esta sesión especial.
Desde Unicef, quisiéramos hacer la mención de que esta misma Sala ayer aprobó la Ley de Garantías que establece un Sistema de Protección Integral para los niños. Se trata de una ley que venimos esperando desde hace muchos años en Chile, por lo cual felicitamos a esta casa.
Por tratar de los derechos del niño, vamos también a analizar en nuestra exposición la situación específica de las expulsiones con respecto a los estándares de los derechos de la niñez y adolescencia.
Es verdad, como resaltó el Subsecretario del Interior, que en las políticas migratorias de cada país los Estados son soberanos para definir cómo y quién entra en su territorio. Pero esto es dentro de los límites y respeto a los derechos humanos.
En el contexto de la emergencia sanitaria, por evaluarse como una situación delicada para el ejercicio de los derechos humanos, principalmente para la población migrante, un grupo de expertos de Naciones Unidas, el Comité de Trabajadores Migrantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron un llamado para que los Estados suspendieran las expulsiones y deportaciones.
En el caso de los derechos del niño, este llamado es muy importante, porque existe un principio en la migración internacional, que es el principio de la primacía de los derechos del niño. Ello significa que antes de mirar los derechos de cualquier otra persona en la situación migratoria miremos los derechos del niño.
Este principio de la migración internacional está muy relacionado con uno de los cuatro principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el interés superior del niño, que significa mirar caso a caso en cualquier decisión que se tome que involucre o afecte la vida de un niño. Hay que mirar caso a caso su cuidado.
Y en el caso de migraciones también considera la detención o expulsión de sus padres o madres, porque eso implica muchas veces separar al niño de su familia o separar familias. Porque la reunificación familiar es un principio muy relevante en el tema migratorio.
El Estado de Chile recientemente ha asumido un compromiso frente al Comité de Trabajadores Migrantes, cuando realizó el diálogo del Estado con el Comité, en el sentido de que no expulsaría a padres o madres de niños, niñas y adolescentes que vivieran en el país.
Entonces, nosotros hoy recordamos al Estado ese compromiso que asumió el mismo Gobierno con el Comité.
Desde los estándares internacionales significa el análisis caso a caso del interés superior de los niños de vivir con sus familias. Y sabemos que eso no siempre es posible, independiente de si son expulsiones administrativas o expulsiones justificadas por delito.
La determinación y evaluación del interés superior de los niños también debe ser revisada por los tribunales. Y por eso es muy importante la reciente instrucción del Presidente de la Corte Suprema en el sentido de que las cortes de apelaciones puedan funcionar en horarios inhábiles, porque los recursos de amparo pueden ser presentados también para que no se separen las familias.
Quisiéramos hacer un fuerte llamado al Gobierno a brindar el acceso a la justicia a cada familia que esté en esta situación de migración y de amenaza de expulsión, haciendo un adecuado resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación migratoria.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias a Unicef también por participar de esta sesión especial.
Ofrecemos la palabra a la Defensora de los Derechos de la Niñez, señora Patricia Muñoz García.
La señora MUÑOZ (Defensora de los Derechos de la Niñez).-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero agradecer la sesión especial que se convoca para un tema tan trascendente en el cual evidentemente, como Estado, hemos tenido situaciones que revelan la falta de resguardo efectivo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Creo que hay muchas cosas que ya se han dicho, por lo tanto, me quiero centrar, en primer término, en aquellos estándares internacionales de los que de alguna forma la representante de Unicef da cuenta y poder potenciar un aspecto que tiene ver con la especial vulnerabilidad en las que se encuentran niños, niñas y adolescentes migrantes o aquellos afectados por la migración.
Ellos son sujetos potenciales de discriminación interseccional, que requiere y demanda, en razón de sus particularidades, acciones precisas y determinadas de protección reforzada del Estado, que ciertamente en el contexto de las expulsiones colectivas no se está considerando por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
¡Acá no solo basta el discurso de decir que nos interesa respetar la ley, sino que también eso debe tener coherencia con los hechos y las prácticas que se llevan a cabo por las entidades administrativas! En lo que han explicitado el representante del Servicio Jesuita a Migrantes y también la representante de Unicef queda de manifiesto que en los casos que se han conocido esos derechos no se han respetado.
En relación con esto, el interés superior de niños, niñas y adolescentes es un elemento fundamental, pues, con independencia de la situación migratoria, ellos tienen derecho a que este interés superior sea la consideración primordial de las autoridades. Y esto implica la posibilidad de ejercer su derecho a ser oído en todo procedimiento que les afecte. ¡Y cómo no les va a afectar la expulsión de quienes son sus familiares! Porque eso, precisamente, se relaciona con el resguardo efectivo de un derecho fundamental con el cual, además, el Gobierno de Chile dice tener un compromiso absoluto: el derecho a vivir en familia.
Así lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un caso conocido precisamente contra Bolivia y contra Argentina ha señalado que se debe favorecer como medidas de protección el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar.
Nadie discute y, por lo tanto, me parece que no corresponde plantear que alguien esté cuestionando la soberanía del Estado de Chile para definir quiénes ingresan a nuestro país y cuáles son los contextos en que las expulsiones se producen.
El punto es que aquellas expulsiones deben ser coherentes con un debido proceso, que es inexistente. Y no lo dice la Defensoría de la Niñez, sino que lo señala la Excelentísima Corte Suprema, que es el tribunal superior de justicia de nuestro país, y reiteradamente, además, muchísimas cortes de apelaciones de nuestro país.
Eso involucra precisamente un debido acceso a la justicia para estos niños, niñas y adolescentes y sus familias, lo que evidentemente, señora Presidenta, se dificulta en términos absolutos si se notifica en la madrugada a los migrantes y se producen las expulsiones en fines de semana, con plena conciencia del Ejecutivo de que las cortes no funcionan en horario inhábil.
Por lo tanto, esa actitud revela la intencionalidad de no someterse a un control jurisdiccional que finalmente, como ha quedado de manifiesto en las sentencias, ha revocado la mayoría de las decisiones administrativas de expulsión, pero cuyos resultados desafortunadamente ya han afectado la vida de los niños, niñas y adolescentes y también de los adultos migrantes involucrados, porque el retorno no se puede producir.
Por lo tanto, se han emitido observaciones generales, como la Observación General Conjunta N° 3 a que hago alusión en esta lámina, donde se debe evaluar y determinar el interés superior de niños involucrados en materia de migración y de asilo en todos esos procedimientos, verificando cuáles van a ser las consecuencias de esta expulsión precisamente en su desarrollo, incluida la salud mental, nada de lo cual se analiza y se realiza por las entidades administrativas.
También debemos considerar que, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos, los niños, las niñas y los adolescentes en contexto de migración internacional y sus familias no deben ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegítimas en su vida privada y familiar, cuando justamente los procesos generados desde la Administración no cumplen con los estándares que dicen relación con el debido proceso.
Aquí existen límites y requisitos serios que dan cuenta de la restricción a la soberanía del Estado, precisamente con el límite impuesto por los derechos humanos.
No toda causal habilita para la adopción de esta medida en caso de expulsión debido a situaciones migratorias, pues justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo ha sostenido desde el punto de vista de la importancia de evitar, por ejemplo, los espacios de ruptura de la unidad familiar a través de la expulsión, cuestión que puede resultar absolutamente desproporcionada en dicho supuesto, considerando la restricción del derecho a la vida familiar.
Por consiguiente, los requisitos que imponen las expulsiones tienen que ver con que estas sean medidas que resulten previstas en la ley, pero que cumplan además con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, necesarios en un Estado democrático de derecho, conforme lo ha sostenido también la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva N° 21, del año 2014.
Sobre el particular, señora Presidenta, quiero señalar también que es importante que tengamos presente, por ejemplo, que el Gobierno de Chile -y así lo planteó- cuando fue a Venezuela invitó a quienes son víctimas de la dictadura del señor Maduro a concurrir a nuestro país para ser protegidos en esta instancia.
Pues bien, ustedes pueden ver cómo, a pesar de que la cantidad de solicitudes de refugio aumentan o se mantienen en cifras importantes, ha disminuido severamente el número de las solicitudes que son aceptadas, lo que demuestra una incoherencia entre lo que se plantea políticamente frente a la grave situación que viven personas de otros países enfrentadas a abusos de sus derechos... (falla de audio en transmisión telemática)... no encuentran en este lugar la posibilidad de resguardo.
Para ir finalizando, señora Presidenta, debo decir que nos parece relevante como Defensoría de la Niñez puntualizar que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene el deber de dar cuenta acerca del comportamiento que asume en relación con el trato de niños, niñas y adolescentes que están en situación de migración.
Nosotros hemos emitido a lo menos cinco oficios, que no encuentran respuesta, precisamente para conocer cuáles son los procesos de regularización de migrantes; de qué manera niños, niñas y adolescentes están asociados a delitos de trata de personas, tráfico de migrantes y se encuentran detenidos en el contexto de este tipo de hechos; ¿cuál es la situación que ha impedido o que ha generado dificultades en la regularización de niños, niñas y adolescentes migrantes?; ¿qué pasa con el Plan contra la Delincuencia Organizada, particularmente relacionado con niños, niñas y adolescentes víctimas de tráfico? Y se solicitan protocolos de expulsiones: que se hagan cargo de responder a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Como ustedes pueden observar, ninguno de tales oficios ha sido respondido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
La señora EBENSPERGER.-
¡Tiempo, Presidenta, ya ha hablado mucho!
La señora MUÑOZ (Defensora de los Derechos de la Niñez).-
Quiero finalizar, si se me permite, señora Presidenta, diciendo que no basta con que el Ministro Delgado diga comunicacionalmente que respeta el debido proceso. Lo que exigen nuestra Constitución, nuestra ley y, por cierto, los tratados internacionales es que eso se demuestre con hechos concretos. Y lo que tenemos acá es una contradicción manifiesta entre lo que se declara y lo que observamos en procesos administrativos que generan expulsiones colectivas, donde no hay consideración a la individualidad y al resguardo efectivo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes involucrados en estos procesos.
Cuando hay que mirar a niños llorando, despidiéndose de sus padres en unidades policiales porque se ha tomado una decisión administrativa arbitraria e ilegal que luego es revocada por tribunales del país, pero cuya revocación no tiene efecto, pues no se ha podido lograr que estos bajen del avión, evidentemente aquello involucra una infracción manifiesta a los derechos humanos.
No basta con que el señor Subsecretario -por su intermedio, señora Presidenta- diga que no les interesa criminalizar la migración, cuando lo que observamos son shows mediáticos de las expulsiones en estos aviones, y además, como sostiene el Ministro Delgado, que se expulsa a gente condenada por tráfico de niños, situación que no está demostrada por sentencias judiciales, generando en la población una sensación de temor indebida e injustificada en relación con el comportamiento supuestamente delictual de las personas que se están expulsando.
Me parece que esa actitud es mañosa por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; es peligrosa, porque tiende a favorecer una lógica que criminaliza la migración, que expone a los migrantes a situaciones delictivas, que afecta su seguridad e indiscutiblemente la vida familiar de niños, niñas y adolescentes que son separados ilegítimamente de sus familias, vulnerándose de manera manifiesta no solo el interés superior de niños, niñas y adolescentes, sino también su derecho a vivir en familia.
Espero, por tanto, señora Presidenta, que esta sesión sirva para que las acciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública sean coherentes con las obligaciones que el Estado chileno ha adquirido al ratificar tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a respetar estrictamente los derechos humanos de este grupo especialmente vulnerable de nuestra población.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Defensora de la Niñez.
En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, le ofrezco la palabra a la Senadora Isabel Allende, por hasta cuatro minutos.
La señora ALLENDE.-
Presidenta, un saludo a todos nuestros invitados e invitadas, al Subsecretario Galli por esta sesión, que considero extraordinariamente relevante.
Estamos hablando sobre un tema muy trascendente que afecta a los seres humanos, a su vida, a sus familias, a todos quienes integran ese entorno familiar.
Nadie ha puesto en duda, como es obvio, el derecho soberano de un país a regular su migración. Efectivamente, hace poco aprobamos un proyecto de ley, que fue bastante discutido y bastante cambiado en algunos aspectos afortunadamente, para poder lograr una migración regular y ordenada. La cuestión es cómo se aplica ese debido procedimiento.
Creo que lo demostrado aquí nos está indicando que este Gobierno ha creído que la mejor forma de solucionar el fenómeno de la inmigración es la expulsión, sin respetar el debido proceso. No lo estoy diciendo yo solamente: también lo ha señalado la Corte Suprema en algunos de sus fallos, y lo acaban de mencionar prácticamente todas las personas que han sido invitadas a esta sesión especial.
Como se ha dicho, el Gobierno de Sebastián Piñera ha decretado más de 18 mil expulsiones en su segunda Administración, cifra superior al período de ocho años, desde el 2010. De ellas, solo un cuarto han sido expulsiones judiciales, lo cual, francamente, no resiste los argumentos que nos entregó el Subsecretario Galli.
Él habla de que quiere dar señales.
Bueno, podemos considerar que esas expulsiones no han contado con el debido proceso. ¡Qué cosa tan lamentable cuando uno ha visto en los medios de comunicación cómo se ha jactado el Gobierno, cómo celebraba las primeras expulsiones, cómo mostraban todas las imágenes de esas personas con overoles blancos, esposadas, acompañadas de policías como si eso fuera digno de celebrarse; cuando no se está cumpliendo el debido proceso; cuando intencionadamente ello se hace en sábados y domingos, en que no funcionan las cortes de apelaciones! Afortunadamente, a partir de ahora, por supuesto, hay un cambio de criterio de la Corte Suprema y dice que dichas cortes deben funcionar aún si se trata de sábados, domingos o festivos.
Pero, sinceramente, que no se investigue cada caso, que se ponga en la misma situación a alguien que ha cometido un delito que por supuesto amerita la expulsión a casos en que hay temas administrativos, como se señala muy genéricamente, es algo que no se comprende.
Por lo tanto, podemos decir que aquí ha habido una exhibición muy desafortunada de un asunto humanitario en que no se entiende qué quiere buscar el Gobierno: ha abusado de esas imágenes; incluso pareciera incentivar que en nuestra población se genere un conflicto vinculado con los inmigrantes; nunca se da la cifra de cuántos son los que realmente han cometido delitos con relación a la tasa total de delitos en nuestra población.
Por eso, Presidenta, valoro enormemente lo que aquí se nos ha explicado por parte del Servicio Jesuita a Migrantes, por las Naciones Unidas, por todos los organismos internacionales que han pedido detener estas expulsiones en este contexto de pandemia -palabra que al parecer ni siquiera le importa al Gobierno: ¡ni siquiera la usa!-; estas expulsiones colectivas, que francamente son extremadamente dolorosas.
Incluso, como acá nos han señalado la Unicef y la Defensoría de la Niñez, hablemos del interés superior del niño.
¡Cómo no va a afectarle a un niño la expulsión de su familia! ¡Cómo no va a ser...!
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Puede concluir, Senadora.
Tiene su micrófono activado.
La señora ALLENDE.-
Gracias.
Decía, Presidenta, que en definitiva nosotros pedimos que se termine urgentemente con la forma ilegal y arbitraria, como lo ha dicho la Corte Suprema, de estas expulsiones, que nos hacen mal como país, que no contemplan el debido proceso y que afectan a cientos de familias de manera extremadamente dolorosa.
¡Pedimos un cambio urgente!
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Senadora Isabel Allende.
En la Sala ha pedido la palabra la Senadora Luz Ebensperger, a quien su bancada le ha otorgado ocho minutos.
La señora EBENSPERGER.-
Presidenta, la migración clandestina es una situación difícil y dolorosa, eso es cierto; sin embargo, es una situación difícil y dolorosa para toda la sociedad, no solamente para los migrantes clandestinos. A algunos no les gusta que se llamen así; pero es una migración clandestina cuando se entra a un país infringiendo las normas.
A diferencia de lo que muchos han señalado, la gran mayoría de los migrantes que vienen a aportar, a trabajar, a invertir, a mejorar su calidad de vida, y que entran respetando las reglas han sido un gran aporte para el desarrollo de nuestro país, en todas y cada una de las regiones, particularmente en la que yo represento, desde el tiempo del guano y del salitre, de las salitreras en Humberstone, o de la zona franca, con los hermanos peruanos y bolivianos que en gran cantidad viven legalmente en nuestro país, porque respetan nuestras leyes, porque respetan al resto de la sociedad.
¡Claro que es una situación difícil y dolorosa la migración clandestina; pero lo es para toda la sociedad, no solo para los migrantes!
Chile, Presidenta, debe tomar una decisión: si opta, como quieren el Frente Amplio, el Partido Comunista, el señor del Servicio Jesuita a Migrantes, la Defensora de la Niñez, por una migración sin restricción, de puertas abiertas, y porque el ingreso clandestino se regularice -todos los que están- sin importar qué pasa con los chilenos, el cual además pone en riesgo, a quienes más perjudica son a los propios migrantes clandestinos.
El Senador Latorre en una entrevista de agosto pasado planteó que era partidario de eso, de un ingreso sin ningún control. Pero creo que no somos una nación para abordar aquello, no tenemos los recursos; porque si queremos abrir nuestras puertas, debemos ser capaces también de solucionarles los problemas a esa gran cantidad de migrantes clandestinos. Eso es ofrecerles algo de lo cual no somos capaces como país.
No somos capaces, porque no disponemos de todos los recursos, de resolver los problemas de los propios chilenos, pero llamamos a que vengan todos sin importar su calidad jurídica. ¿Para qué? ¿Para que vivan en la calle? ¿Para que vivan en campamentos sin agua, sin luz, pasando hambre? ¿Eso es lo que quiere el Frente Amplio; eso es lo que quiere el señor Jadue; eso es lo que quiere el Servicio Jesuita a Migrantes? Y que de paso se perjudique más aún los derechos de los chilenos y de los migrantes regulares.
¡No! No estoy de acuerdo con ello.
Yo vivo en una región que sufre día a día el problema de la migración clandestina, y veo cómo no solo sufren ellos, sino además todos y cada uno de los tarapaqueños.
A la Defensora de la Niñez quisiera decirle que deje de ser opinóloga política: ¡menos tuits, señora Defensora de la Niñez, y más acción jurídica, más cumplimiento de sus funciones! Quisiera que me dijera un caso, en estas expulsiones administrativas, en que se haya visto afectado un niño, niña o adolescente. Yo le puedo señalar dos, porque yo sí me preocupo: uno en que un señor manifestó ser padre, pero nadie lo sabía porque no tenía al hijo inscrito, y las autoridades no son adivinas; y otro tiene que ver con una señora que, cuando se le notifica la expulsión, señala que estaba embarazada, y obviamente tampoco había dicho eso, nadie lo sabía.
Que me digan el señor del Servicio Jesuita a Migrantes o la señora Defensora de la Niñez en qué otro caso se ha visto afectado, en las expulsiones de este año, un niño, niña o adolescente.
Quisiera, sí, preguntarle a la Defensora de la Niñez -por su intermedio, Presidenta- si ha presentado alguna querella contra los expulsados por tráfico de niños, niñas y adolescentes; cuántas querellas ha presentado defendiendo a esos niños de trata de personas, a esos niños abusados, o respecto del caso de Iquique, en que no sé si sabe que hay una plaza, la plaza Brasil, donde hay más de doscientos migrantes clandestinos, la mayoría niños, niñas y adolescentes, que pasan hambre y frío; que no tienen agua; que no tienen baños, y no solamente sufren ellos, sino también los más de setecientos cincuenta migrantes que viven alrededor.
Señora Defensora de la Niñez, quisiera preguntarle si conoce el caso -gracias a Dios no se alcanzó a producir, por defensa de los propios vecinos- en que hubo un intento de abuso por parte de uno de esos migrantes contra una menor que estaba jugando en el patio del edificio en que vivía y que colinda con esta plaza. ¿Fue usted para allá? ¿Preguntó algo? ¿O está esperando que por Twitter le digan quiénes son las niñas y los niños abusados también?
No todo es del lado de los migrantes clandestinos. Los chilenos, y en especial los tarapaqueños, sufren día a día lo que está pasando. Entonces, no vengan aquí con un falso buenismo; no vengan con hipocresías: ¡este es un fenómeno que afecta a toda la sociedad!
Cuando un país no tiene los recursos para solucionar sus propios problemas, los de su gente, de los connacionales y de los migrantes regulares, ustedes quieren una migración abierta de par en par.
Así no es posible.
La caridad empieza por casa: respetemos los derechos de los chilenos; respetemos los derechos de los tarapaqueños. Yo hoy día hablo aquí por los tarapaqueños: por Aldo; por Sebastián; por Hilde, también vecino de plaza Brasil, quien estaba paseando con su niña en brazos cuando vio cómo un clandestino instalado en esa plaza le estaba pegando a su hija -o supuesta hija- y fue a defenderla, pero el clandestino le tiró una botella no obstante tener a su niña en brazos.
Quisiera saber si la Defensora de la Niñez o el Servicio Jesuita a Migrantes han hecho algo.
Quisiera saber también qué han hecho ante las denuncias contra las propias organizaciones de la Iglesia de migrantes, que existen y que están en el Ministerio del Interior y en la PDI, en que trabajadores de esas entidades también han intentado abusar de migrantes jóvenes y acosarlas sexualmente, menores de edad que han ido a pedir ayuda a esas organizaciones: ¡ahí no rasgamos vestiduras!
Entonces, yo creo que esto es un fenómeno difícil, duro, en que sí, hay que ser humanitario con todos, con los chilenos. Me pongo la camiseta por Tarapacá; mi principal obligación es defender a los vecinos de mi Región, a esos miles que hoy día viven aquello.
Aquí la mayoría de los señores Senadores y Senadoras dicen que hablan -un minuto más y termino, Presidenta- en representación de lo que piensa la gran mayoría de la ciudadanía. Pues bien, quiero decirles que todas las encuestas, que tanto gustan en el Senado -y ni siquiera la gran mayoría, sino todas-, sobre expulsiones señalan que el 80 por ciento de los chilenos está de acuerdo con ellas. Y eso no significa que no se va a respetar el debido proceso, pues se está cumpliendo la ley.
Puede gustarnos o no lo que establezca la normativa. Yo al menos soy respetuosa de la ley, pero aquí parece que nadie: o hacemos las cosas como a cada uno de ustedes les gusta o la ley es mala. Si la ley es mala, hay procesos legales para cambiarla. Dimos una larga discusión aquí a propósito de la Ley de Migración, en que incluso yo había llegado a un acuerdo con el Servicio Jesuita a Migrantes, en ese entonces con el señor Vicuña y con el señor Ramaciotti (creo que así se llamaba el abogado), pero que después desconocieron.
Entonces, no vengamos -reitero- con hipocresías y falsos buenismos: aquí están los buenos y acá están los malos; aquí están los que protegen a la gente desvalida y acá no.
En este tipo de situaciones, señoras y señores, todos son afectados, todos son vulnerables, no solamente algunos. Y vuelvo a insistir en el caso de una persona que fue expulsada recientemente en Arica, de la cual le voy a mandar a la Defensora de la Niñez -por su intermedio, Presidenta- el número de RUT, por si no lo tiene, y que había cometido abusos contra menores de edad.
Porque ella critica las expulsiones, pero no dice nada que dentro de los expulsados van abusadores de menores, traficantes de niños, niñas y adolescentes. ¡Pero, no, ella los defiende y pide que paren las expulsiones! ¿Qué hizo por esos niños traficados; qué hizo por esos niños abusados? ¿Cuántas querellas presentó en su favor?
No sé, a lo mejor me equivoco y, con tanta ley nueva, le modificaron sus funciones, pero que yo sepa debe hacer respetar los derechos de los niños.
Ella decía: "Demuestre, señor Ministro del Interior, con hechos concretos, qué ha hecho al respecto". Lo mismo le pido, señora Defensora de la Niñez -por su intermedio, Presidenta-: ¡Demuestre con hechos concretos, con querellas presentadas, cuántos niños, niñas y adolescentes ha defendido! Y que no se dedique únicamente a tuitear: ¡menos tuits y más trabajo! Pensemos en toda la sociedad y no solo en una parte de ella.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senadora.
En su intervención usted ha apelado directamente a la Defensora de la Niñez y al Servicio Jesuita a Migrantes.
Por lo tanto, corresponde ofrecerles a ellos tres minutos para la réplica.
La señora EBENSPERGER.-
Al Subsecretario lo interpelaron también.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Señora Defensora, tiene usted la palabra.
La señora MUÑOZ (Defensora de los Derechos de la Niñez).-
¿Ahora sí?
¿Se oye, señora Presidenta?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Ahora sí la estamos escuchando.
La señora MUÑOZ (Defensora de los Derechos de la Niñez).-
Muchas gracias.
Agradezco la oportunidad que se me brinda para poder responder. Y lamento tener que exponer a la Senadora Ebensperger a la evidencia de un desconocimiento manifiesto de la propia ley que ella, en tanto congresista, ha aprobado.
En lo que dice relación con las causas por trata de personas y tráfico de migrantes, debo recordarle a la Senadora Ebensperger que la competencia para ejercer querellas criminales es del Instituto Nacional de Derechos Humanos por una disposición del Congreso Nacional manifestada en la ley N° 21.067. Por lo tanto, nos está pidiendo algo que no corresponde a la Defensoría de la Niñez.
En lo que respecta a la situación de Iquique, más allá de que no contamos con sede regional allí, a pesar de las solicitudes que hemos formulado al Ejecutivo en tal sentido, quisiera comentarle que hemos pedido explícitamente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la generación de acciones concretas con las personas migrantes que están en una situación de desatención absoluta, porque es responsabilidad precisamente de dicha institucionalidad brindarles una vida digna y no de la Defensoría de la Niñez. Por tanto, le puedo hacer llegar los documentos que hemos enviado para que ella, mediante sus buenos oficios, por cierto, logre que el Ejecutivo haga lo que tiene que hacer.
Y ya que le interesan los casos de vulneración, me permito explicitar acá algunas situaciones que ha conocido la Defensoría de la Niñez, donde hemos intervenido en favor de niños, niñas y adolescentes.
En el cuadro pueden ver ustedes las iniciales, las edades, las nacionalidades, el tipo de requerimiento y la intervención de la Defensoría de la Niñez, donde hemos solicitado medidas de protección ante los tribunales de familia, precisamente porque no se han acogido las peticiones de refugio en la frontera, generando dificultades manifiestas y una afectación de derechos.
Acá tiene otra lámina donde aparecen más casos de niños, niñas y adolescentes a quienes se niega la tramitación de la solicitud de refugio en la frontera, situación que ha implicado la intervención de la Defensoría de la Niñez.
Acá hay otra lámina con más casos concretos.
La presentación, por cierto, señora Presidenta, ha sido hecha llegar a la Sala del Senado para que sea remitida a toda esta Honorable Cámara, de manera tal que puedan leer con detención las acciones que ha llevado a cabo la Defensoría de la Niñez.
Además, ustedes pueden apreciar que todas las situaciones afectan a venezolanos, que corresponden precisamente a quienes el Gobierno de Chile les fue a decir que vinieran al país, donde los acogeríamos sin problemas porque estaban viviendo una situación dictatorial en Venezuela.
Finalmente, una lámina con casos adicionales.
El último caso, Senadora Ebensperger -por su intermedio, Presidenta-, corresponde a una madre sujeta a expulsión por parte de la autoridad administrativa y donde la víctima es una niña de tres años. Y el penúltimo caso que aparece afecta a una niña de doce años. En ambas situaciones intervinimos directamente.
Desde esa perspectiva, espero haber respondido a las inquietudes formuladas con mucha vehemencia por la Senadora Ebensperger, pero que lamentablemente develan una desafortunada falta de conocimiento de lo que puede hacer la Defensoría de la Niñez, conforme a lo que el propio Congreso Nacional ha dispuesto en la ley N° 21.067. Y he señalado las acciones que, en casos concretos y específicos, hemos llevado a cabo como institución destinada a proteger los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes: de todos y de todas, sin exclusión, y sin consideración a la situación migratoria de sus padres.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Defensora de la Niñez.
Le ofrezco los mismos tres minutos al Servicio Jesuita a Migrantes.
Don Carlos Figueroa, puede ahora habilitar su micrófono.
Lo estamos escuchando.
El señor FIGUEROA (Director de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes).-
Gracias, Presidenta.
Me gustaría referirme solamente a algunas palabras de la Senadora respecto al cumplimiento de la ley.
Ella bien dice que es importante que nuestro Estado, y en especial el Ejecutivo, funcione con apego irrestricto a la ley.
Pero aquello es justamente lo que nosotros decimos que no está sucediendo. De hecho, la nueva Ley de Migración que el propio Senado aprobó, es decir, usted misma Senadora y todos los parlamentarios aquí presentes, que aún no se encuentra operando porque solo entrará en vigencia cuando el reglamento esté publicado, establece en su artículo octavo transitorio lo siguiente: "Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no habilitados," -los mismos de los cuales estamos hablando hoy día- "dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación de la presente ley, sin que se les aplique sanción ni prohibición de ingreso al país".
Si hablamos de cumplir la ley, cumplamos la misma normativa vigente hoy día y que prohíbe sancionar a las personas que ingresaron por pasos no habilitados, según lo establece el artículo octavo transitorio de la ley.
Y si vamos a hablar de casos puntuales, podemos hacerle llegar de manera presencial, aunque ya lo hemos adjuntado a sus correos, el correspondiente informe en Derecho, donde aparecen todas las causas que hemos defendido y que han obtenido fallos favorables de la justicia.
Para terminar, señora Presidenta, para nosotros como Servicio Jesuita a Migrantes es muy importante insistir en que estamos pidiendo cosas básicas y simples: que se detengan las expulsiones colectivas de carácter administrativo, que impiden un examen individual de los casos conforme a Derecho; es decir, que se deje de expulsar sin hacer la investigación pertinente y que se opere siguiendo el debido proceso. En resumen: estamos pidiendo que se respete el derecho al acceso oportuno a la justicia y a la defensa.
Estamos muy agradecidos por la invitación cursada y esperamos seguir aportando en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y de su inclusión en Chile.
Al mismo tiempo, deseamos que estas expulsiones colectivas se detengan de una vez por todas, porque no solo les hacemos daño a aquellos contra quienes se comete esta injusticia, sino también nos dañamos a nosotros mismos como sociedad al no respetar tanto nuestras propias leyes aprobadas en este mismo Congreso como los derechos humanos que decimos promover y proteger conforme al Derecho internacional.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, le ofrezco la palabra al Senador José Miguel Insulza, por los cuatro minutos que ha dispuesto su bancada.
El señor INSULZA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Este es un tema que tal vez no previmos suficientemente cuando se dictó la nueva Ley de Migración, que es una buena ley.
En verdad, no previmos nunca la cantidad de ingresos ilegales que iba a haber el año pasado. Esa es la realidad. Por efectos de la pandemia, en lugar de ser algunos cientos las personas que cruzaban la frontera de manera ilícita, por pasos ilegales, fueron varios miles los que se encontraron esperando, esperando y esperando en nuestras fronteras, después de haber venido de Venezuela, como lo recordaba la Defensora de la Niñez, en busca de la promesa que se les había formulado de darles una visa. Y optaron por entrar ilegalmente; ¡no clandestinos! Una Senadora dice que son migrantes clandestinos las personas que están viviendo en una plaza de su región, lo que resulta un poquito discutible. Vinieron a hacer lo posible por entrar y entraron. Y deberíamos haber sido un poco más humanos con ellos.
Por esa razón voté en contra de la disposición que se había aprobado en la Comisión respecto de la expulsión automática, porque no corresponde cuando se ha producido el drama de la situación sanitaria que estamos viviendo. Además que no constituyen un gran número de personas. ¡Hay muchos más inmigrantes que pueden legalizarse que los que están ilegales! Pero de alguna manera satisficieron a aquellos a los cuales esta parte es la que más los atrae.
Quiero leer algo. Aquí tengo una nota de prensa que dice que hoy a las 8:15 el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; el Director del Servicio Nacional de Migraciones, Alberto Bellolio, y el Subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, prefecto inspector José Ortiz, supervisan operativo de expulsión de ciudadanos extranjeros. Y después señala: "En sesión especial, a las diez de la mañana, la Sala del Senado analiza la política del Gobierno en materia de expulsiones masivas de migrantes".
O sea, se fue a pegar una expulsadita el señor Subsecretario esta mañana, que por lo menos era un acto programado, respecto de la cual me gustaría saber a cuántos expulsó ahora. Y que si hubo recursos de amparo cómo se atendieron y qué dicen las cortes sobre este asunto, porque sistemáticamente han explicitado que el llegar ilegalmente no es suficiente motivo de expulsión, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace ya bastante tiempo señaló que la disgregación de venezolanos por el mundo obedece al atropello de los derechos humanos que los afecta en su país y a los cuales, en función de los principios de no retorno y no devolución en fronteras, pidió acoger.
Y a las personas de esta misma nacionalidad les prometimos la visa de responsabilidad democrática: los mandamos a buscar para que vinieran a Chile y ahora los expulsamos sin siquiera escucharlos.
Yo creo que esto ha sido una vergüenza, Presidenta.
Quiero manifestar lo siguiente, tanto creo en la Ley de Migración que dictamos en todos sus demás aspectos que acompañé a la delegación chilena a una reunión con la comisión de la Organización Internacional del Trabajo que revisa los derechos de los migrantes. Fue una buena reunión. Por cierto, no necesito decir que también ahí estuvo el Subsecretario Galli, quien hizo la presentación de la ley. ¡Y todas las preguntas versaron sobre las expulsiones con overol; sobre por qué se echaba a la gente y por qué se la echaba de esa manera! Por qué tienen que ir Ministros y Subsecretarios al aeropuerto, atropellándose, a ver cómo los expulsan.
Es un acto que recuerda a esos estados norteamericanos en los cuales se permite asistir a las ejecuciones.
¿Qué gracia, qué virtud tiene ir a mirarlos? ¿Por qué se ha de jugar con la dignidad de las personas de esa manera?
La verdad es que esta situación provoca mucha indignación, muchísima indignación.
Tal vez, finalmente este hecho no nos divide en buenos y malos, sino simplemente vemos la vida de manera distinta y algunos consideramos que aquello constituye una indignidad.
Yo llamo al Gobierno a revisar su posición: posee atribuciones para hacerlo. La Subsecretaría del Interior, el mismo Subsecretario al cual nos hemos referido, puede perfectamente eximir una cantidad de casos que afectan a ciertas personas y evitar este sufrimiento, si no es tanta gente...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Por favor, actívele el micrófono al Senador Insulza para que pueda concluir su intervención.
Ahí tiene su micrófono activado.
El señor INSULZA.-
Termino de inmediato, Presidenta.
Los temas están sobre la mesa; el Gobierno tiene la posibilidad de terminar con esta vergüenza y así no hacernos pasar tan malos ratos en los organismos internacionales, donde preguntan por qué aplicamos este tipo de expulsiones.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador José Miguel Insulza.
En la Sala ha solicitado la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
Tiene todo el tiempo de su bancada: trece minutos.
La señora ARAVENA.-
Gracias, Presidenta.
No creo que ocupe tantos minutos, porque espero que algunos de mis colegas igualmente puedan emitir su opinión en un asunto tan importante y tan complejo.
Lo primero que quiero decir es que me parece bien que estemos discutiendo este tema en el Senado. La migración es una cuestión muy difícil y me imagino que muy pocas personas migran por querer migrar en búsqueda de nuevos horizontes, sino que muchos deben hacerlo, sobre todo en estos tiempos, por necesidad.
No hay que olvidar que el porcentaje de haitianos y venezolanos que ha llegado a vivir en nuestras tierras es muy cuantioso producto de las grandes dificultades económicas y políticas que afectan a sus propios países.
Dios quiera que en Chile no tengamos nunca que vivir una situación tan compleja como la que han experimentado más de cinco millones de venezolanos que han debido buscar otro destino para poder desarrollar sus vidas.
En ese contexto, hay una crisis humanitaria muy grande, que no solo afecta a América Latina, sino que a varios países del mundo.
Es lo primero que quería señalar.
En segundo término, normalizar el ingreso clandestino siempre acarrea el riesgo de generar incentivos perversos para el tráfico de personas que realizan bandas dedicadas a aquello, las cuales muchas veces lamentablemente abusan de los migrantes, de acuerdo a algunos casos que hemos conocido acá. Los migrantes arriesgan su vida, como lo mencionaba el Subsecretario, cuando en medio de la nieve intentan cruzar la frontera.
Nadie puede quedar ajeno a la dificultad que hoy día están viviendo las personas que ponen en riesgo sus vidas por llegar a Chile.
En ese mismo contexto, y antes de comenzar a detallar algunos puntos, considero muy importante para los chilenos que nos están escuchando que el Gobierno haga cumplir la ley. Y, tal como lo señaló uno de los expositores, la nueva Ley de Migración no cuenta con reglamento en algunos de sus artículos, pero efectivamente, y después de un largo trabajo, Chile está normando su legislación en torno a la migración producto de que queremos que sea ordenada, que sea digna, pero que también respete la normativa internacional vigente.
Señora Presidenta, me gustaría retomar algunos puntos en los cuales, según mi opinión, a diferencia de lo que se ha expuesto, no se trataría de expulsiones colectivas desde la perspectiva del trato individual, sino más bien de una situación administrativa y práctica, donde se han realizado expulsiones que, si bien son individuales, por un tema de economía de escala han sido miradas como expulsiones más masivas, ya que, como se ha especificado aquí, se han programado vuelos en los meses de abril y junio, donde han sido expulsadas un total de ciento cincuenta y cinco personas: ochenta y una por cuestiones judiciales y el resto por asuntos administrativos.
Dentro de las expulsiones judiciales, llama la atención que en el primer vuelo existiera un traficante de ocho niños por la frontera, dos coyotes que también traficaron a dos niños y dos jóvenes que cometieron un robo con violencia en Ñuñoa; en el segundo vuelo destacan cuatro venezolanos que traficaron a trece niños por la frontera, un condenado por robo con violencia, intimidación y maltrato a Carabineros y quince condenados por tráfico de migrantes; en el tercer vuelo destacan tres colombianos condenados por secuestro, treinta narcotraficantes y dos argentinos condenados por robo con intimidación y porte ilegal de armas.
Como sabemos, las expulsiones de tipo judicial son ordenadas por un tribunal y no por el Estado de Chile.
En lo que respecta a las expulsiones administrativas, con total independencia a la calificación penal que pueda darse al ingreso clandestino, debo puntualizar que no tendrá lugar al momento de entrar en vigencia la nueva Ley de Migración, que consagra expresamente el principio de no criminalización.
En este contexto, sé que el asunto es complejo y cada uno como institución cumple su labor, pero todos hemos convenido en que queremos que quienes lleguen a nuestro país vivan con dignidad y cumplan con las leyes y las normas. Efectivamente, de las personas que han sido expulsadas, algunas habían llegado de manera ilegal y, a pesar de los muchos avisos, no habían cumplido con la normativa y otras habían cometido crímenes por los cuales resultaba necesario deportarlas.
Por eso, aquí no solo hay un tema de reglamento, de norma o de justicia, sino que además en casi ninguna parte del mundo, sobre todo en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, existen países con fronteras abiertas. Y aquello no solo dice relación con ser humanitario, sino porque quienes ingresan a determinada nación debieran contar al menos con salud, trabajo, un lugar donde vivir y condiciones dignas de subsistencia. Y esas condiciones dignas no podemos asegurarlas si no contamos con un control migratorio eficiente, que permita saber que la persona que va a llegar al territorio dispondrá de las condiciones para poder sobrellevar su vida de manera humanitaria, como todos quisiéramos.
Sin lugar a dudas que el Ejecutivo ha dado una explicación que a mí me parece razonable, independiente de que siempre es perfectible introducir mejoras a los procesos administrativos que esté llevando adelante cualquier Gobierno, porque ahora es el actual y en un año más será otro, ya que la ciudadanía exige que la migración sea ordenada y respetuosa de las normas que los mismos chilenos tenemos que cumplir.
La situación que nombraba -por su intermedio, Presidenta- la Senadora Ebensperger es gravísima -y la hemos visto en televisión y leído en la prensa: estar viviendo en carpas a la orilla de la playa, en condiciones paupérrimas-, porque no es la que uno quisiera ver cuando un migrante llega a nuestro país.
Por lo tanto, habría que preguntarse no solo por el punto en particular de cuestionar las expulsiones, las cuales en mi opinión no son masivas sino individuales y el viaje más bien es lo masivo, sino de si contamos con la condición y la disponibilidad económica y social para poder hacernos cargo de una migración tan amplia como la que ha habido en estos últimos años.
Entiendo los temas humanitarios, pero Chile es un país en desarrollo que presenta un alto porcentaje de pobreza, que ha subido con las últimas situaciones de pandemia. Por lo tanto, si vamos a invitar a nuestra casa, que sea en las mejores condiciones.
Sin duda, la discusión ha sido álgida e interesante, pero, como ciudadano, uno le pide encarecidamente al Gobierno que hoy día encabeza el Presidente Piñera que cumpla la ley, que cumpla la norma.
Y en ese sentido me parece una buena señal que aquel que no cumple la ley en Chile, abusando de menores o cometiendo trata de personas, sea expulsado inmediatamente y no sea objeto de tramitaciones lentas y burocráticas, que obviamente lo único que generan es que las personas dejen de creer en la justicia y en que el Gobierno es capaz de cumplir la ley.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Está inscrito a continuación el Senador señor Letelier por la bancada del Partido Socialista.
No va a intervenir aún.
Entonces, le ofreceré la palabra al Senador Durana, por el tiempo restante de la Unión Demócrata Independiente.
La Senadora Aravena le entrega parte del tiempo de la bancada de Renovación Nacional al Senador José Miguel Durana.
Tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidenta.
Agradezco a Renovación Nacional.
Señora Presidenta, en Chile no existen las expulsiones masivas. Cada expulsión obedece a un proceso unipersonal, judicial o administrativo que ha determinado esa sanción.
Latamente han expuesto las Senadoras Ebensperger y Aravena que acá estamos hablando de tres vuelos dispuestos para expulsiones, que en total suman 55 personas.
En general, han ingresado a nuestro país de manera irregular más de 16 mil migrantes y solo han sido expulsados alrededor de 1.500, lo que representa menos de un 10 por ciento.
Además, acá se trata -y esto no lo he escuchado de parte de quienes están aquí presentes- de expulsiones judiciales. Estamos hablando de un traficante de menores de ocho años; estamos hablando de personas que han cometido robos con violencia en Ñuñoa; estamos hablando de personas condenadas por, además de robo con violencia, intimidación, maltrato a Carabineros, tráfico de migrantes; y también hablamos de colombianos condenados por secuestro.
Entonces, ¿al final qué estamos defendiendo? Es decir, parece que estuviéramos en dos Chile.
La verdad es que a mí me gustaría saber finalmente cuál es la posición que, por un lado, se presenta en esta sesión especial versus la posición del Chile real en el que actualmente existe una percepción y una sensación de inseguridad ciudadana muy altas.
Por lo tanto, de esa forma es imprescindible ponerse en los zapatos de quienes vivimos en las regiones del norte y las representamos.
La Senadora Ebensperger ha hecho una clara relación de lo que pasa en la Región de Tarapacá, en el sector de Colchane, y también en la Provincia de Parinacota. Somos regiones bifronterizas y obviamente ahora estamos atravesando por una situación real de inseguridad, en circunstancias de que antes éramos zonas que se marcaban por el buen vivir y por una evidente calidad de vida.
Somos regiones con una amplia y extensa zona bifronteriza. La inmensa mayoría de los chilenos -hoy día uno lo percibe en los medios de comunicación y en todas las encuestas- quiere vivir en paz y en tranquilidad.
Y muy contentos todos votamos por una Ley de Migraciones con el objetivo de que la migración fuese segura, regular, ordenada para generar oportunidades y seguridades al migrante, para que esta nueva ley ofrezca alternativas y posibilidades de un mejor vivir, fundamentalmente a quienes residen en nuestro país y a quienes vivimos en regiones fronterizas.
Cuando termine la pandemia se estima que vendrá una inevitable ola migratoria. Y si no existe por parte de todas las instituciones del Estado una correcta aplicación de las distintas medidas en torno a aquellas personas que ingresan irregularmente o del criterio de reunificación familiar, obviamente se va a generar un colapso que -me imagino- ninguna de las personas que estamos aquí desea, menos los que tenemos la responsabilidad de trabajar en este ámbito...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Dele más tiempo al Senador Durana para que concluya.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidenta.
Simplemente quiero dejar establecido que lo que todos queremos finalmente es que los efectos económicos que va a dejar la pandemia permitan que aquellos que buscan nuevos horizontes y quienes vivimos en el país podamos salir fortalecidos sobre la base de generar una mejor esperanza y una mayor calidad de vida.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
En el tiempo restante de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier, por hasta dos minutos.
El señor LETELIER.-
Gracias, Presidenta.
Deseo saludar a todos nuestros invitados y a todos mis colegas.
Voy a tratar de no repetir.
Todos estamos a favor de una migración regulada y segura. Ese no es el tema. Todos aplaudimos que tengamos un nuevo marco regulatorio, porque la Ley de Extranjería estaba absolutamente superada. Eso también lo aplaudimos.
El problema es cómo entendemos dos cosas: la transición y la interpretación de normas.
Yo quiero hacer mías las palabras de Carlos Figueroa cuando planteaba que aquí existe un artículo transitorio para las personas que se encuentran en situaciones irregulares, no ilegales, y que se ha establecido un procedimiento para regularizar a los que entraron por pasos no habilitados. Hoy existe un plazo que les permite salir del país y regularizar sus papeles.
Sin embargo, eso no se está respetando.
Además, ha surgido un tema grave que atenta contra el problema que sufren los venezolanos, que es el principio de la no devolución.
Y aquí nos enfrentamos a una doble situación donde el Gobierno ha caído en lo que estamos debatiendo: expulsiones masivas.
Lo que no debe ocurrir es que se cierren las fronteras, como está sucediendo hoy día, y no se den alternativas regulares y reales para la normalización de quienes entraron por pasos no regulares.
Tengo la impresión de que aquí se estaban violando las normas del debido proceso: que la Corte Suprema nos tenga que indicar demuestra que algo está mal y el Gobierno debe rectificar la situación, pues no se considera la condición familiar de las personas afectadas ni tampoco la situación de los menores de edad: niñas, niños y adolescentes.
Eso es evidente.
Tampoco se respeta el proceso de regularización que se ha puesto en marcha, contenido en el artículo octavo transitorio, como ya mencioné.
Asimismo, me parece que tampoco tiene derecho el Gobierno a hacer uso político de la situación de los migrantes. Y eso quizás es lo que más indigna: insinuar que los migrantes son culpables de los hechos de delincuencia.
Eso está siendo pauteado en nuestra sociedad. Y como parte de los chilenos que vivimos las diásporas y que sufrimos un trato similar en nuestros países de acogida, sabemos que esto es algo inaceptable.
Por ello, señora Presidenta, quiero plantear que el Gobierno debe rectificar, apegarse al respeto del derecho internacional y de nuestras propias leyes, pues aquí se está violando el debido proceso.
Entiendo la inquietud de los colegas del norte. No quiero decir que no los comprendo. Sé que su situación es muy compleja porque hay un fenómeno migratorio distinto en nuestro continente.
Chile es hoy un país de destino en circunstancias de que antes no lo fue. Este fenómeno es nuevo en nuestra historia. En los últimos veinte años hemos sido un país de destino.
Pero digamos las cosas como son: no por ser un país de destino tenemos el derecho de violar preceptos legales que fijan procedimientos o normas del derecho internacional del cual somos parte.
Y en particular, quiero levantar la voz por lo que pasa con las venezolanas y los venezolanos. No se puede ser hipócrita. ¡No se puede ser hipócrita! ¡Y en esto el Gobierno está siendo hipócrita!
No me parece aceptable decirles a los venezolanos que Maduro es un dictador, que tienen una visa especial para venir a Chile y después, por estar en situación irregular, expulsarlos y mandarlos de vuelta a Venezuela.
Esa es la demostración flagrante de aquello y ocurre con personas de otras nacionalidades.
Y solamente quiero ejemplificar que con los contratos que se hicieron líneas aéreas para mandarlos a Venezuela se evidencia que existe un plan para hacer uso político de la situación de los migrantes.
Por eso, espero que podamos aprobar un proyecto de acuerdo para que el Gobierno no nos lleve a tomar otro tipo de acciones legislativas orientadas a impedir que se implemente la ley actual y no nos obligue a confrontarnos en un tema en que Chile debería tener una voz más común.
La sobrepolitización que el Gobierno está haciendo de los temas migratorios, particularmente de la expulsión, siempre ha demostrado en otros países ser un camino peligroso, inconveniente y con tremendos costos sociales no solo para las personas que se quiere expulsar, niños y niñas, sino también para las comunidades que han acogido a los migrantes a lo largo de nuestra historia.
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Juan Pablo Letelier.
Le ofrezco la palabra al Senador Juan Antonio Coloma, por el tiempo restante de la bancada Unión Demócrata Independiente.
El señor COLOMA.-
Gracias, Presidenta.
Quiero ocupar un brevísimo tiempo.
Primero, yo no le acepto a la Defensora de la Niñez que escriba en el chat del Senado que la Senadora Ebensperger dice falacias. ¡No se lo acepto! Aquí queda claro que en este Parlamento nos entendemos con argumentos y no con descalificaciones.
La Senadora Ebensperger ha sido una gran defensora de conceptos y valores, con ideas, y no merece, señora Defensora, que se la trate de ese modo, indicando en el chat del Senado, que la Senadora habla falacias.
Eso no se puede aceptar, Presidenta, y yo pido que se retiren, incluso en el contexto en que se dan, esos planteamientos.
Segundo, tenemos que ponernos de acuerdo en algo, pues veo que en cierto modo ha quedado pendiente por lo menos aparentemente para algunos, que yo entendía ya estaba resuelto y que la ley -y coincido con eso-aborda claramente.
Lo primero tiene que ver con qué pasa con aquellas personas que han cometido delitos en nuestro país y, por tanto, cuáles son los derechos que existen para plantear que esas penas se cumplan en el extranjero y que esas personas puedan ser expulsadas.
A mí me parece que eso es muy relevante, porque además es la única forma de que esas personas puedan rehacer su vida, pues en el plano interno no podrán hacerlo.
Y no sé. Siento que toda la discusión que sostuvimos por años para generar una buena ley de migraciones, con estas porosidades, se empieza a complejizar.
Y lo segundo, que es muy importante, qué pasa con los ingresos clandestinos a Chile. La esencia de una política migratoria de cualquier país es tener claridad de que eso no es aceptable y he visto a algunos colegas decir que eso sí es aceptable y que simplemente no hay nada que hacer.
¡Entonces, no hagamos una ley de migración!
Yo por lo menos quiero decir categóricamente que desde nuestra visión ambos temas deben ser resueltos afirmativamente: la forma de contar con una buena migración que proteja a los migrantes...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Senador, le daremos más tiempo para que concluya.
El señor COLOMA.-
Gracias, Presidenta.
Estaba tratando de decir que ante esas dos consultas -uno entiende que se instalen dudas dentro de este debate- es importante tener respuestas y no seguir haciendo preguntas indefinidamente.
Aquí tenemos leyes que se aprobaron, que fijaron criterios, que fijaron políticas, que fijaron normas.
Entonces, si volvemos nosotros mismos a interpretar que lo que se aprobó no es lo que se aprobó, vamos a debilitar permanentemente la Ley de Migración.
Yo entendí que en su momento este tema se discutió largamente. De hecho, algunos dicen: "No, esto fue discutido por años, por muchos años, y se llegó a un buen acuerdo". Entonces no pueden volver a plantearse dudas, y tiene razón la autoridad ministerial en este caso cuando dice: "Bueno, pongámonos de acuerdo a lo menos en cuál es la visión política de lo que se suscribió". Y eso resulta especialmente complejo con los ingresos clandestinos.
Se registró una gran discusión para fijar una fecha, para generar espacios de regularización que, en sí, ya eran bastante enredados. Pero si a partir de ahí algunos dicen: "Bueno, quien entra a Chile, cualquiera sea la fórmula, va a tener la opción de regularizar su ingreso", entonces, no hagamos una ley de migración.
En consecuencia, este es el tipo de cosas que van frenando una política pública que, al contrario, bien asumida, tiene ese doble mérito: por un lado, entender que debe haber una relación entre la migración y la realidad del país en un momento determinado -por eso se genera una institucionalidad- y también dar la seguridad a quien migra de que va a contar con un sistema en el país que lo va a acoger, porque se encuentra dentro de la institucionalidad del caso.
Pero si se va a baipasear esa institucionalidad, vamos a ir de mal en peor.
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Finalmente, en el tiempo total de la bancada del Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Senador Pedro Araya.
El Senador ARAYA.-
Gracias, Presidenta.
En primer lugar, saludo a todos los invitados que nos acompañan en la sesión de hoy.
Sin duda, la migración se ha constituido en un verdadero problema en nuestro país, y uno podría estar todo un día o semanas discutiendo cuál es la causa de las dificultades que se han generado con este fenómeno.
Y lo digo porque represento a una zona que ha recibido una cantidad importante de extranjeros en los últimos años.
La Región de Antofagasta recibió con mucha fuerza una migración, especialmente de ciudadanos colombianos, que ha generado una serie de dificultades más bien de convivencia ciudadana, producto de las distintas culturas y costumbres que ellos traen de su país y que tratan de exportar hacia nuestras ciudades. Obviamente eso ha ido provocando problemas de convivencia vecinal, que hasta el día de hoy no logran ser resueltos.
Cuando uno recorre distintas poblaciones en Antofagasta, en Calama, en Tocopilla, en Taltal, el reclamo de nuestros conciudadanos es el mismo: "Tenemos problemas con muchos migrantes que han llegado, y el Estado no ha sido capaz de dar una solución.".
Yo soy un convencido -y lo he dicho siempre- de que la migración es, al final del día, un aporte hacia los distintos países, hacia las culturas. El problema es que en nuestro país la migración ha sido absolutamente desordenada en el último tiempo, y las políticas públicas que ha aplicado el actual Gobierno en materia migratoria de nada han servido.
Comparto lo dicho por algunos colegas que me precedieron en el uso de la palabra en el sentido de que el Gobierno, especialmente el Ministerio del Interior, ha transformado en un verdadero espectáculo las expulsiones de los extranjeros. Probablemente, en el caso de algunos ha sido con razón, pues se trata de personas que fueron objeto de condenas por ciertos delitos o ingresaron en forma ilegal al país.
Pero eso finalmente no resuelve el tema de fondo, que a mi juicio se relaciona con que Chile carece de una política migratoria.
Y la política migratoria desgraciadamente no se resuelve con una ley migratoria. Por cierto, una legislación en el área es un elemento que va a ayudar a establecer ciertos criterios sobre cómo se aborda la migración en el país, pero, al final del día, una política migratoria orientada a resolver qué queremos de la migración, qué requisitos vamos a ponerles a los migrantes para que se queden en nuestro país, cuáles son los beneficios que tendrán o de qué forma tendrán que cumplir ciertas normas, no la tenemos. Y eso no lo va solucionar la actual Ley de Migraciones que, vuelvo a insistir, es un avance y, sin duda, es muy importante en comparación a la ley que teníamos y que había sido dictada en tiempos de la dictadura.
Creo que como país nos ha faltado entender que la migración es un fenómeno social que llegó para quedarse; es un fenómeno que siempre ha estado presente en nuestra historia.
Yo represento a la Región de Antofagasta, y esa ciudad debe ser una de las pocas en Chile que, una vez al año, celebra la llamada "Festividad de las colectividades extranjeras" para recordar a todos aquellos migrantes que, a principios de los 1900, ayudaron en la construcción de Antofagasta.
La Región de Antofagasta, especialmente la comuna de Antofagasta, cuenta con una cantidad importante de migrantes, especialmente croatas y chinos, que llegaron y contribuyeron al progreso de nuestra ciudad. Y eso en algún minuto fue bien percibido por la ciudadanía.
Sin embargo, producto del desorden migratorio que hemos vivido durante los últimos años, la percepción ciudadana que tenemos hoy día es otra.
Yo en lo personal esperaría -y hago una invitación a todos los que nos acompañan, especialmente al Ministerio del Interior- abandonar la trinchera en la que nos encontramos hoy día: estos están expulsando mal; nosotros estamos expulsando bien.
Mientras no seamos capaces de definir una política migratoria mediante la cual, por una parte, les señalemos a los chilenos qué queremos como Estado de aquellos migrantes que llegan y, a su vez, les digamos a los migrantes en qué condiciones pueden permanecer en el país, no vamos a lograr avanzar.
No podemos dejar de decirlo y yo ya lo he dicho: este es un tema que hemos conversado con las policías en Antofagasta, con el Ministerio Público, con centros de estudios.
Estoy consciente de que hoy día, cuando uno mira la estadística delictual, comprueba que los migrantes registran una baja tasa de delitos. El caso de la Región de Antofagasta probablemente se ve alterado porque hay muchas detenciones de inmigrantes en la frontera tratando de ingresar drogas a la región, pero, si uno mira la tasa delictual de otros ilícitos, se percata de que la participación de los migrantes sigue siendo muy baja. En lo que no podemos cerrar los ojos es en que ellos sí han importado una serie de delitos que antes no se veían en el país y que, obviamente, son mucho más violentos y causan mayor conmoción social.
Nosotros, en Antofagasta, lo venimos denunciando desde hace bastante tiempo. Se ha generado una verdadera red de prestamistas ilegales de ciudadanos colombianos con los pequeños comerciantes locales, situación que se ha visto acrecentada con la pandemia, dado que numerosos comerciantes no pueden acceder a créditos formales. El famoso préstamo "gota a gota" es un verdadero problema en muchas poblaciones de Antofagasta, Calama y Tocopilla.
Frente a eso, ¿qué respuesta pública tenemos? Ninguna. O sea, no hay respuesta, por una parte, a aquellas personas que piden créditos a prestamistas inescrupulosos, principalmente colombianos, para que puedan acceder a una red formal de financiamiento a través de instituciones del Estado, como el Fosis, el Banco del Estado, entre otros. Y por otra parte vemos que la respuesta punitiva, es decir, la persecución penal, tampoco es efectiva. Y eso, al final del día, genera una sensación de inseguridad en la comunidad y se asume, en el fondo, que todos los migrantes vienen a delinquir a Chile, porque el Estado no ha sido capaz de detener a aquellos que hoy día están cometiendo delitos en el país y de darles seguridad a los barrios.
Creo que la Ley de Migración que aprobamos hace pocas semanas en este Congreso va a ser una herramienta eficaz, porque por primera vez se podrá fijar una política migratoria multisectorial que efectivamente se haga cargo de ver todas las aristas que tiene la migración, en el tema de vivienda, en el tema de salud, en la educación, y especialmente en integración social entre migrantes y chilenos.
Nuestro país se ha construido -lo decía recién- sobre la base de muchos migrantes que llegaron y aportaron a comienzos del 1900. Y por eso nosotros esperamos que, a partir de ese ejemplo, podamos ir generando una mirada distinta respecto de la migración.
Este es un fenómeno global, y como alguien que me precedió en la palabra lo dijo, Chile será en los próximos años, a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido, un país de destino, pues muchos migrantes están mirando nuestro territorio como una posibilidad real de mejorar sus condiciones de vida.
Yo he conversado con muchos migrantes. ¿Y qué le dicen a uno? Algo que les dicen a todos: que ellos no vienen a Chile porque sí, sino buscando una oportunidad, buscando esperanza de mejor vida, dado que vienen huyendo de países que tienen conflictos con la guerrilla, con el narcotráfico, por condiciones políticas. Esa es la realidad.
Y en esto el Gobierno debe asumir una mayor responsabilidad respecto de cómo está llevando las relaciones internacionales y cómo está proyectando la imagen del país. Parte importante de lo que ha pasado con la migración venezolana que hemos experimentado en este último tiempo tiene que ver, a mi juicio, con la errada conducción política, en materia de relaciones exteriores, del actual Presidente de la República, Sebastián Piñera, que no ha medido las consecuencias de su actuar frente al gobierno venezolano, lo que ha significado que hoy día tengamos una cantidad importante de personas provenientes de ese país, que prácticamente se vinieron con lo puesto, caminando desde su patria, para llegar a Chile, y se encontraron con que la realidad no era la que el Presidente Piñera anunció a los cuatro vientos cuando visitó Cúcuta.
Actualmente, en nuestra región, especialmente en Calama y en la ciudad de Antofagasta, tenemos una cantidad importante de venezolanos que vinieron con esa esperanza, pero que ahora se encuentran de brazos cruzados porque algunos ingresaron en forma ilegal y tienen temor de acercarse a las instituciones públicas para regularizar su situación debido a que no saben si serán expulsados. Y están viviendo prácticamente en la calle, lo que genera diversos problemas.
Tenemos una cantidad importante de extranjeros que están viviendo en campamentos porque no pueden acceder a una vivienda, tampoco a los beneficios que otorga el Estado, y se han ido generando cordones de campamentos que se están transformando en tierra de nadie. Y si hoy día no le ponemos atajo y no damos una respuesta clara, no solamente desde el Estado, sino también desde los privados que están trabajando los temas migratorios, esta será una situación muy compleja y difícil de controlar.
Termino, Presidenta, señalando que soy un convencido de que parte importante de los problemas que hoy día existen con los migrantes no tiene que ver con los delitos, no tiene que ver con la migración ilegal, sino con complicaciones en la convivencia vecinal, con cómo los migrantes que llegan a nuestro país entienden nuestra cultura, cuáles son las tradiciones que hay en Chile, y cómo los chilenos entendemos cuáles son las condiciones y tradiciones que tienen los migrantes.
Eso no lo vamos a resolver con una ley, tampoco con la expulsión de los extranjeros; es un trabajo mucho más profundo, que demanda una política migratoria que no solamente tiene que venir del Estado, sino también de los particulares, de las distintas organizaciones que trabajan con migrantes. Mejorar los asuntos de convivencia entre extranjeros y chilenos nos ayudará mucho a bajar la presión que existe hoy con la sensación de que la migración es un fenómeno negativo.
La migración, sin duda, ayuda al crecimiento cultural, ayuda al crecimiento de los países, pero es evidente que tenemos que colocarle ciertas reglas, de forma tal que se entienda, especialmente por los extranjeros pero también por nuestros compatriotas, que aquí se cumplen ciertas normas mínimas de convivencia que garantizan que la sociedad pueda seguir creciendo.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias al Senador Pedro Araya.
Le ofrezco la palabra, finalmente, al Subsecretario del Interior.
El señor GALLI (Subsecretario del Interior).-
Muchas gracias, Presidenta.
Creo que estas sesiones especiales, especialmente las que se celebran en la Sala del Senado, deben ser útiles para llevar adelante una reflexión que sirva al país. Por lo mismo, pienso que en nada contribuyen acusaciones cruzadas en cuanto a la intencionalidad política que pueda tener cada uno de los miembros de esta Corporación, o el Gobierno, acerca de acciones que no son más que la obligación administrativa que le corresponde al Ejecutivo de hacer cumplir la ley.
La verdad es que aquí se han vertido opiniones que a mi juicio no contribuyen a un debate con altura y tan necesario para resolver un problema tan complejo como el fenómeno migratorio, porque debemos hacernos cargo, Presidenta, de dar señales muy claras -voy a reiterar eso- de cuál será la actitud de nuestro Estado frente a la migración. Y en ello concuerdo plenamente con el Senador Araya, porque, Presidenta, déjeme decirle que en esta sesión especial del Senado, más que hacer declaraciones, nosotros hemos dado cuenta de acciones.
Fue el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera el que ingresó, en este Congreso, un proyecto que dejaba atrás una ley migratoria obsoleta, que databa de los años setenta, en pos de lograr un marco regulatorio moderno, con un Servicio Nacional de Migraciones ya no solamente para llevar adelante trámites migratorios, sino también para crear una institucionalidad y tener la política que nos mencionaba el Senador Araya.
Fue durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en que se envió a este Congreso Nacional dicho proyecto de ley. Lamentablemente, Presidenta, no se tramitó durante los cuatro años que siguieron. Pero apenas volvimos a asumir sabíamos que ahí había un desafío pendiente. Y lo enfrentamos con urgencia, para tener una nueva ley migratoria que concretara los principios que, como Estado de Chile, como Gobierno, pero también, creo, como Congreso Nacional y como representantes de la ciudadanía, compartimos y discutimos con tanta intensidad con el Senador Pizarro, con la Senadora Ebensperger, con el Senador Letelier, para lograr una ley de migración y alcanzar acuerdos mínimos, uno de los cuales, Presidenta, veo que aquí está en cuestión: si el ingreso por pasos no habilitados es conveniente para Chile y para los ciudadanos extranjeros que migran.
Yo entendí, Presidenta, que en la nueva Ley de Migración el ingreso clandestino, el ingreso por pasos no habilitados, constituía una falta migratoria grave que daba lugar a la expulsión, y que había un acuerdo social, legislativo y de política pública en cuanto a desincentivarlo, por -ya lo dije antes- los graves riesgos que involucra.
Yo entiendo la posición de algunas organizaciones de la sociedad civil, en particular del Servicio Jesuita a Migrantes, que realizan el trabajo que le corresponde a la sociedad civil, pero a nosotros, en cambio, nos toca la dura tarea de equilibrar los intereses del Estado, llevar adelante procedimientos y tomar decisiones. Y una de las decisiones que contempla la ley es iniciar, llevar adelante, tramitar y materializar expulsiones administrativas, porque es lo que debemos hacer en virtud de la ley. Es la ley la que establece la expulsión; es la ley la que enumera las causales de dicha expulsión, y es la ley la que fija el procedimiento para llevar adelante ese proceso. Cumplimos la ley, Presidenta. Y parte de ese procedimiento comprende que los ciudadanos tengan derecho a recurrir a los tribunales de justicia cuando estimen que hay antecedentes que pudieran dar lugar a un procedimiento incorrecto, tal como se ha hecho.
Pero aquí se ha expresado, Presidenta, que nosotros queremos hacer shows mediáticos. Me voy a permitir leer una columna, aparecida el domingo en un diario, que señala justamente lo contrario: "Fue en domingo, con la oscuridad de las 5 de la mañana," -lo que es falso, por lo demás- "en una programación que pareciera intentar que estas expulsiones colectivas pasen desapercibidas frente a la opinión pública". O sea, la crítica exactamente contraria: que, al parecer, nosotros queremos ocultar estas expulsiones. Todo lo contrario: lo que nosotros comunicamos lo hacemos con total transparencia -por eso el Senador Insulza lo pudo ver en la pauta-, porque nosotros creemos que llevar adelante estos procesos implica hacer cumplir la ley vigente en Chile.
Además, se utiliza el argumento de Venezuela, que considero equívoco y transmite un mensaje ambiguo.
Le voy a decir algo, Presidenta.
El 2017, año en que el Presidente Sebastián Piñera no viajó a ninguna parte, ingresaron a Chile 110 mil ciudadanos venezolanos y 130 mil ciudadanos haitianos. La gran mayoría de ellos entraron diciendo que eran turistas, pero se radicaron en nuestro país.
Nosotros legislamos justamente para ordenar el proceso migratorio.
Igualmente, Presidenta, cuando se hace alusión a la expulsión del día de hoy, no se dice que los ciudadanos expulsados, tanto los judiciales como los administrativos, eran nacionales de Colombia y Argentina, no de Venezuela.
Por lo tanto, todos esos argumentos no tienen validez hoy.
Y creo y tengo la convicción, después de trabajar durante mucho de tiempo en el Estado, que ni la política ni las políticas públicas se hacen por redes sociales.
Nosotros actuamos, Presidenta, conforme a Derecho, y nos exponemos y nos sujetamos al control jurisdiccional de los tribunales de justicia.
Hoy día ingresaron por hito Cajón más de diez ciudadanos bolivianos, con dos lactantes. Al menos un tuit me gustaría haber visto respecto de la situación a la que fueron expuestos esos lactantes por ingresar clandestinamente a nuestro país.
Por eso, no son inocuas las acciones que tomamos, Presidenta. Y precisamente por los riesgos en que incurren los ciudadanos extranjeros que ingresan clandestinamente a nuestro país, nosotros debemos decirles, con total claridad, que la vía para entrar a Chile (país que da la bienvenida a los migrantes) es a través del procedimiento regular.
Ese es el llamado: "Háganlo regularmente; no se expongan a riesgos de vida, al riesgo de ser engañados, abusados y estafados; al riesgo de ser sujetos de un proceso de expulsión, y a los riesgos de vivir precariamente en nuestro país producto de un ingreso clandestino".
Presidenta, ni en Argentina ni en Colombia hay visados consulares. Por lo tanto a mí, más que las palabras, me interesan las acciones. Y ahí está la nueva Ley Migratoria, aprobada durante el actual Gobierno gracias a este Congreso.
En consecuencia, creo que debemos tomar una definición política: ¿vamos a contemplar o no la expulsión para quienes infrinjan gravemente nuestra legislación migratoria? ¿Sí, o no?
Nosotros creemos que hay que cumplir la ley.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Hemos escuchado a nuestros invitados e invitadas.
Le consulto al señor Secretario si algún Senador o Senadora ha solicitado intervenir en los tiempos que quedan disponibles para algunas bancadas.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Las demás bancadas, Presidenta, no han solicitado intervenir en esta sesión especial.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Entonces, les agradecemos a aquellas que participaron activamente en este debate, así como al Director de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, al Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, al Director del Consejo Nacional de la Sociedad Civil Migraciones Chile, a la Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Chile, y a la Defensora de los Derechos de la Niñez.
De la misma forma, agradecemos que en esta sesión especial solicitada para analizar la política del Gobierno en materia de expulsiones masivas de migrantes, desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales de las personas y de sus familias, se haya hecho presente el Ministro del Interior.
Por último, agradecemos a las bancadas que solicitaron esta sesión especial, porque nos parece que es tarea fundamental del Senado de la República evaluar permanentemente las leyes que se colocan a disposición de la ciudadanía y evitar que en las Administraciones de turno se produzcan transgresiones a los derechos fundamentales.
Por haberse cumplido su objeto, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 12:42.
Claudia Zumelzu Cornejo
Jefa de la Redacción suplente