REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 51ª, en jueves 1 de julio de 2021
Especial
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 09:45 a 11:59)
PRESIDENCIA DE SEÑORA YASNA PROVOSTE CAMPILLAY, PRESIDENTA
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Alvarado Andrade, Claudio
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Bianchi Chelech, Carlos
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Elizalde Soto, Álvaro
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Insulza Salinas, José Miguel
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Prohens Espinosa, Rafael
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sabat Fernández, Marcela
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
Concurrió además, presencialmente, la Subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren Silva.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 09:45, en presencia de 14 señoras Senadoras y señores Senadores.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Oficios
Dos de S.E. el Presidente de la República:
Con el primero solicita el acuerdo del Senado para designar como Ministra Titular Abogada del Ilustre Primer Tribunal Ambiental (con sede en Antofagasta) a la señora Sandra Marianela Álvarez Torres (Boletín N° S 2.188-05) (con la urgencia del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política).
Con el segundo propone, para designar en el cargo de Ministro Titular Abogado del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental (con sede en la ciudad de Valdivia), al señor Javier Eduardo Millar Silva (Boletín N° S 2.189-05) (con la urgencia del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Moción
Del Honorable Senador señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que permite a los pensionados el retiro voluntario total o parcial de sus fondos previsionales, en las condiciones que indica (Boletín Nº 14.456-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyecto de acuerdo
De los Honorables Senadores señor Girardi, señoras Allende, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón, y señores Alvarado, Araya, Bianchi, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria, por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya al señor Ministro de Relaciones Exteriores para para requerir al Gobierno de Suecia:
1.-
Que gestione el traslado de las 19.139 toneladas de "barros con contenidos metálicos" trasladadas por Boliden Mineral AB, a través de la Sociedad Procesadora Metalúrgica Ltda., provenientes de la fundición ubicada en Rönnskärsverken, de vuelta a su origen para su debido tratamiento como residuos peligrosos.
2.-
Que, asimismo, y de buena fe, gestione el traslado de las otras 1.762 toneladas de barros con contenidos metálicos importados por la Sociedad Procesadora Metalúrgica Ltda. depositadas en la ciudad de Arica, para que sean tratadas en Suecia.
3.-
Que inicie gestiones diplomáticas para lograr asistencia médica especializada a las víctimas de la contaminación ambiental en Arica, así como el íntegro saneamiento ambiental del terreno denominado Sector F, en la ciudad de Arica (Boletín N° S 2.187-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).-
Eso es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
)----------(
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se ofrece la palabra sobre la Cuenta.
Se ofrece la palabra.
Se ofrece la palabra.
Vamos a iniciar entonces esta sesión especial...
El señor COLOMA.-
Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Senador Coloma, no lo habíamos visto.
Tiene usted la palabra.
El señor COLOMA.-
Presidenta, no sé si me oye bien, porque estoy con un problema de señal.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se escucha bien.
ADMISIBILIDAD DE PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE RETIRO TOTAL O PARCIAL DE FONDOS PREVISIONALES
El señor COLOMA.-
Presidenta, se dio cuenta recién de una moción del Senador Bianchi, para dar inicio a una reforma constitucional. Ya es una vieja discusión en este Parlamento cuáles son los requisitos que deberían tener las reformas constitucionales: si son todas constitucionales o si hay materias específicas que requieren patrocinio del Ejecutivo.
Yo estuve leyendo un fallo del Tribunal Constitucional que dice que, al tener estos fondos un destino predeterminado, amparado por la Constitución, no es lícito darles otra aplicación pública diferente de aquella que justificó su creación. En tal sentido esas materias fueron en su momento declaradas de iniciativa exclusiva.
Yo no quiero abrir debate al respecto. Esto lo hemos discutido varias veces, por lo que no sé si es procedente volver a ello. Pero al menos quiero dejar en claro mi voto en contra respecto a la admisibilidad de esta reforma -igual podemos abrir debate, si se quiere-, para que no se señale que fue unánimemente declarada admisible.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador.
Es importante señalar que el criterio que ha tenido siempre la Mesa respecto de las reformas constitucionales es acoger su admisibilidad.
El criterio que ha fijado el Tribunal Constitucional es propio de una institución distinta de esta Corporación.
De acuerdo al Reglamento, si usted desea solicitar la votación de la admisibilidad, está en todo su derecho. Y le pregunto si quiere pedirla.
El señor COLOMA.-
Me basta con que quede constancia de mi votación en contra.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Es que no podríamos consignarla, señor Senador, si usted no solicita que se vote.
El señor COLOMA.-
Pido la votación, entonces.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Así se procederá.
Señor Secretario, solicito que recabe la votación respecto de la admisibilidad de la iniciativa de reforma constitucional, presentada por el Senador Carlos Bianchi, que permite a los pensionados el retiro voluntario total o parcial de sus fondos previsionales, en las condiciones que indica (boletín Nº 14.456-07).
La Mesa ha declarado admisible este proyecto de reforma constitucional; por tanto, los Senadores y las Senadoras que apoyen el criterio de la Mesa votan favorablemente y quienes respalden lo planteado por el Senador Coloma votan en contra.
En votación.
--(Durante la votación).
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Se ha abierto la votación en la Sala y se ha habilitado el sistema de voto electrónico para resolver la admisibilidad del proyecto de reforma constitucional que ya se ha individualizado.
Hemos registrado ya el voto electrónico de la Senadora señora Órdenes.
La opción "sí" es para apoyar la propuesta de la Mesa en orden a remitir este proyecto de reforma constitucional a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; la opción "no" es para declararlo inadmisible.
Se han registrado electrónicamente los votos de los Senadores señores Prohens y Durana y de la Senadora señora Órdenes.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Cabe hacer presente a los colegas que lo que estamos votando es si corresponde admitir a trámite o no este proyecto de reforma constitucional. No estamos votando la iniciativa propiamente tal, respecto de la cual en su minuto cada uno verá su disposición a apoyarla o rechazarla.
Solo estamos votando si es admisible o no esta reforma constitucional.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Vamos a efectuar la consulta nominal a todas las señoras y los señores Senadores que están participando de manera remota y aún no han votado electrónicamente.
Senador señor Coloma, ¿cómo vota?
El señor COLOMA.-
En contra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota en contra.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Se ha registrado el voto electrónico del Senador señor Sandoval.
El Senador señor Durana también votó electrónicamente.
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
El señor GUILLIER.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Navarro, ¿cómo vota?
¿Senador señor Navarro?
El señor NAVARRO.-
Voto a favor de la admisibilidad.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
La Senadora señora Órdenes votó electrónicamente.
Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?
El señor QUINTEROS.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Letelier, ¿cómo vota?
El señor LETELIER.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
En contra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Vota en contra.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la admisibilidad del proyecto de reforma constitucional (11 votos a favor y 10 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Bianchi, Elizalde, Girardi, Guillier, Insulza, Letelier, Navarro y Quinteros.
Votaron por la negativa las señoras Aravena y Van Rysselberghe y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Durana, García, Ossandón, Prohens y Sandoval.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se acoge a tramitación la iniciativa.
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDO DE GLUTEN EN ROTULADO DE ALIMENTOS
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Por acuerdo de los Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.606, sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, y la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, para incorporar a la enfermedad celíaca y al gluten como su principal causante, en las menciones y en la regulación contenidas en dichas normas, con informe de la Comisión de Salud.
Cabe hacer presente que este proyecto fue discutido en general y en particular por la Comisión.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 12.906-11) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofrezco la palabra al señor Secretario para que haga una relación del proyecto y, a continuación, intervendrá el Senador Rabindranath Quinteros, en su calidad de Presidente de la Comisión de Salud, para rendir el informe respectivo a esta Sala.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
La señora Presidenta ha puesto en discusión el proyecto de ley ya individualizado, correspondiente al boletín N° 12.906-11.
La Comisión de Salud señala en su informe que, al tenor de la moción que le da origen, este proyecto de ley persigue modificar la legislación vigente en materia alimentaria, con la finalidad de hacer visible en el rotulado de los alimentos la existencia de gluten en ellos, así como resaltar en forma expresa la condición de aquellos que no lo contienen, de tal manera de permitir un acceso más fácil y seguro a los alimentos exentos de dicho componente para aquellas personas que padecen de enfermedad celíaca.
Asimismo, la Comisión deja constancia de que esta iniciativa de ley, compuesta de tres artículos permanentes y uno transitorio, no contiene normas que requieran un quorum especial de aprobación ni afecta la organización o atribución de los tribunales de justicia.
Hace presente, además, que con fecha 9 de diciembre de 2020 la Sala autorizó a la Comisión para discutir la iniciativa en general y en particular, proponiendo, a su vez, que la Sala proceda del mismo modo.
Finalmente, a petición del Honorable Senador señor Chahuán, el informe deja constancia de una iniciativa de su autoría, similar a la que se discute, planteada en mayo del 2010, correspondiente al boletín N° 6.932-11, la que no tuvo tramitación.
La Comisión de Salud aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señoras Goic y Von Baer y señores Chahuán, Girardi y Quinteros. En particular, aprobó la iniciativa con las modificaciones y votaciones unánimes que se registran en su informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 22 y 23 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que sus Señorías tienen a su disposición en la Sala y en la plataforma informática de la sesión, documentos que han sido remitidos a los correos de todas las señoras y señores Senadores.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Le ofrezco la palabra al Senador Rabindranath Quinteros, en su calidad de Presidente de la Comisión de Salud, para que informe a esta Sala.
Senador Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Gracias, Presidenta.
Este proyecto de ley persigue modificar la legislación vigente en materia alimentaria, con la finalidad de hacer visible en el rotulado de los alimentos la existencia de gluten en ellos, así como resaltar en forma expresa la condición de aquellos que no lo contienen, de tal manera de permitir un acceso más fácil y seguro a los alimentos exentos de dicho componente para aquellas personas que padecen de la enfermedad celíaca.
La iniciativa se basa en la norma constitucional que garantiza el derecho a la salud de las personas y en que es función del Estado promover, proteger y recuperar la salud, como también coordinar y controlar las acciones relacionadas con la misma.
La enfermedad celíaca tiene una prevalencia cercana al 1 por ciento de la población general e impacta fuertemente en la calidad de vida y el costo familiar de la persona afectada. Se trata de una enfermedad respecto de la cual no existen medicamentos. El único tratamiento posible consiste en adoptar una dieta libre de gluten, que es lo que esta iniciativa legal quiere regular.
La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia permanente al gluten, que es una proteína presente en el trigo, en el centeno y en la cebada. Es una enfermedad digestiva autoinmune, que produce una condición inflamatoria crónica y detenta un fuerte componente genético; deteriora el revestimiento del intestino delgado y produce una inadecuada absorción de los nutrientes de los alimentos. Se desarrolla a cualquier edad; se da con mayor frecuencia en el sexo femenino; se manifiesta por sintomatología digestiva o extradigestiva, con síntomas gastrointestinales y daño en las mucosas.
Con la dieta libre de gluten se consigue la desaparición de los síntomas, la normalización de la serología -es decir, la negatividad de los anticuerpos marcadores de la enfermedad- y la recuperación de las vellosidades intestinales. Las funciones del intestino vuelven a su normalidad
Por ello, es absolutamente necesario vigilar la composición de los alimentos a consumir.
En la discusión en particular se recibieron seis indicaciones, todas de autoría de la Senadora señora Goic y de los Senadores señores Girardi y Quinteros, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Finalmente, la Comisión acordó incorporar el siguiente artículo transitorio nuevo, con el propósito de agilizar la entrada en vigencia efectiva de esta regulación: "Los reglamentos a que se refiere esta ley deberán dictarse dentro del plazo de noventa días, contado desde la publicación de la presente ley".
Sometida a votación en particular dicha disposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadora señora Goic y Senadores señores Quinteros y Girardi.
Presidenta, para no hablar otra vez en este tema, ¿podría emplear un minuto más para justificar mi voto?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Senador, tendría usted que pedir abrir la votación, para consultar si le parece a la Sala.
El señor QUINTEROS.-
Solicito abrir la votación.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Les parece?
Así se acuerda.
El señor QUINTEROS.-
Gracias.
Presidenta, no existe un medicamento...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Ah, espere, Senador.
Hay una oposición que no había visto.
Por el gesto que hace ahora, Senador Sandoval, ¿debo entender que sí está a favor de abrir la votación?
--(El Senador Sandoval asiente).
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Perfecto. Entonces, sí tenemos acuerdo.
En votación.
--(Durante la votación).
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Senador Quinteros, puede manifestar de inmediato su voluntad de voto.
El señor QUINTEROS.-
Necesito un minuto, nada más, Presidenta.
No existen medicamentos para hacerle frente a esta enfermedad. El único tratamiento -como dije- es adoptar una dieta libre de gluten, que es lo que esta iniciativa quiere regular.
Con la dieta libre de gluten se consigue la desaparición de los síntomas y la normalización de la serología, es decir, la negatividad de los anticuerpos marcadores de la enfermedad.
Cerca del 70 por ciento de los productos manufacturados contiene gluten, y no siempre este elemento es declarado como tal. Por ello, resulta especialmente relevante que el etiquetado de los alimentos especifique con claridad no solo si estos contienen o no gluten, sino también si han sido elaborados en líneas de producción en las que exista riesgo de contaminación cruzada o si en la elaboración de los alimentos se ha utilizado gluten con fines tecnológicos. En estos últimos casos, los fabricantes solo aluden al gluten con denominaciones genéricas, tales como "proteína vegetal hidrolizada", "aditivo cereal", "conservantes", "espesantes", "estabilizantes", etcétera.
Si aspiramos a que la población tenga un mejor acceso a la salud, también debemos preocuparnos de estos temas. El rotulado específico de los alimentos es una forma de garantizar que las personas que padecen la enfermedad celíaca puedan acceder a una mejor calidad de vida, sin tener que sufrir los efectos de este problema de salud ni tener que pagar innecesariamente mayores costos por alimentos especiales.
Al igual como ocurrió con el etiquetado nutricional, no buscamos deteriorar el negocio de los fabricantes de alimentos, sino que sencillamente nos interesa establecer criterios de mayor transparencia con el foco en la salud de las personas. Es perfectamente posible avanzar hacia ese objetivo si existe una mayor y mejor información disponible en las etiquetas de cada alimento elaborado que se comercialice en nuestro país.
Voto a favor, Presidenta.
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Rabindranath Quinteros.
Le ofrezco la palabra en la Sala al Senador Guido Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señora Presidenta, yo creo que este es un proyecto muy importante y que va en la dirección de lo que hemos venido discutiendo, donde Chile ha sido uno de los líderes a nivel mundial.
Hoy día es una paradoja en el mundo entero que tal vez una de las principales pandemia en el planeta esté generada por los alimentos, los que debieran ser un vector de salud, calidad de vida, encuentro, felicidad, desarrollo. Pero hoy día el tipo de alimentos y la manera en que los estamos consumiendo se están transformando en una de las mayores desgracias de la humanidad.
Estamos avanzando a un planeta donde se estima que la mitad de los seres humanos serán obesos en el año 2030. Hoy día mueren al año cuarenta y un millones de personas en una pandemia que es silenciosa, la generada justamente por la obesidad y sus consecuencias, como infartos, accidentes vasculares, hipertensión, diabetes y, sobre todo, cáncer. Incluso, el ser obeso aumenta al doble el riesgo de morir o de hospitalizarse por COVID. Abordar esa pandemia silenciosa es uno de los principales desafíos del futuro, porque ciento doce mil personas mueren diariamente por este tipo de enfermedades -infarto, accidente vascular, hipertensión y cáncer-, mucho más que por el COVID, de los cuales cuarenta mil son jóvenes.
Chile lideró una de las estrategias más importantes del planeta, que es la Ley de Etiquetado, la que se está desarrollando en más de treinta países en el mundo. Por ella nosotros, como Congreso, hemos sido premiados por las Naciones Unidas. La actual iniciativa se agrega en este contexto, de fortalecer una política de alimentación saludable.
Hoy día los alimentos cumplen un rol y este tiene que traducirse en una alimentación personalizada. Por eso es muy importante este proyecto, no solamente porque establece un rotulado que dice "Libre de gluten", sino porque los programas de alimentación de Chile, como los de la Junji o de la Junaeb, hoy día no tienen regímenes especiales: a los niños obesos los hacen cada vez más obesos, dándoles aportes calóricos y grasas saturadas que están por sobre sus requerimientos, porque justamente ya son obesos. La mitad de los niños chilenos son obesos o tienen sobrepeso a los seis años; este es uno de los peores indicadores del país. Pero, además, existen niños que tienen intolerancia a alimentos, a la lactosa o, en este caso, que padecen la enfermedad celíaca, intolerancia al gluten. Y ellos no cuentan con políticas alimentarias, pese que son un porcentaje alto los que tienen alergias alimentarias.
Por eso es muy importante que este proyecto establezca, entre otras cosas, que va a haber regímenes especiales, por ejemplo, en aquellas políticas de alimentación que tienen financiamiento público, las que han sido muy importantes, pero que justamente no pueden ser causantes de enfermedades en los niños más vulnerables, que son los que reciben este tipo de alimentación.
Por eso es muy relevante avanzar en esta dirección, para que Chile siga manteniendo un liderazgo en un tema en el que es pionero.
Hoy día tenemos avances en la medicina absolutamente innovadores y muy interesantes. Por ejemplo, sabemos que cada ser humano tiene más bacterias que células propias en su organismo. Las bacterias son los biomas, parte estructurante de la vida; de hecho, de todos los genes que tiene una persona solo el 1 por ciento son humanos y el 99 por ciento son bacterianos. Las bacterias son grandes decisores de la vida. Un 40 por ciento de las moléculas de la sangre son producidas por bacterias que van al cerebro, al sistema endocrino y que entrenan nuestro sistema inmune. Ellas son grandes aliadas, no son una minoría, y solo son patógenas cuando hay un desbalance.
¿Pero qué es lo interesante? Que las bacterias son como grupos sanguíneos. Cada ser humano posee una huella digital, que es el tipo de bacterias que tiene en su cuerpo y en su intestino, las que se pueden clasificar tal como los grupos sanguíneos. Por lo tanto, un alimento, por ejemplo, el azúcar, a una persona le hace mal y a otra no le produce los mismos daños. Por eso existe esta idea de avanzar cada vez más a una alimentación personalizada en función de los biomas, en función de estos grupos, parecidos a los grupos sanguíneos; porque una persona Rh negativo no le puede donar sangre a una Rh positivo, y viceversa, y en materia alimentaria funciona igual.
Por esa razón tenemos que dar pasos agigantados hacia una alimentación saludable para que no sean los alimentos los principales productores de enfermedades. Por lo demás, tenemos un desafío gigantesco, ya que solo el 20 por ciento de los chilenos y las chilenas come la cantidad de frutas y verduras diarias que se recomienda internacionalmente. Eso nos está condicionando a una cascada, a un tsunami de enfermedades evitables que solo se pueden impedir con la prevención, con hábitos alimentarios saludables. Un ejemplo: solo el 20 por ciento de los chilenos consume la cantidad de agua necesaria, que es un elemento fundamental para mejorar la vida.
El Congreso ha avanzado en todas estas iniciativas. Tenemos un proyecto que plantea que los niños y las niñas hagan una hora de actividad física diaria, porque ella es tan importante como la alimentación. Pero esta iniciativa lleva en la Comisión de Hacienda del Senado dos años, siendo un tema prioritario. Todo el mundo se está movilizando contra la obesidad por el COVID, menos nuestro Congreso, que se da el lujo de tener en Hacienda durante dos años detenido y retenido un proyecto, porque quizás no lo considera importante. Son estos criterios y cosas las que tenemos que cambiar, porque justamente los problemas más relevantes que tiene la humanidad son los que estamos hablando ahora.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, señor Senador.
Le ofrezco la palabra en la Sala al Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.-
Señora Presidenta, sin lugar a duda, esta moción transversal de los Diputados merece destacarse, reconocerse y, por lo tanto, aprobarse.
¿Qué buscamos? No solo mejorar los hábitos de alimentación, sino que también proteger a una parte de nuestra población enferma. Los únicos datos con que contamos son de 2010, que indican que cerca de doscientas mil personas padecen la enfermedad celíaca. No sabemos cuáles son los datos de 2020. Probablemente, una de las experiencias en la tramitación de la ley sea acceder a más información que se pueda compartir para verificar si la política pública efectivamente rinde efectos o no.
En el debate se ha hablado de la Ley de Etiquetado, pero nuestros niños siguen siendo obesos; la obesidad mórbida infantil sigue aumentando. Entonces, tenemos un problema cultural que debemos abordar con campañas a temprana edad para poder así estimular hábitos saludables. Cuando uno comienza a repetir acciones en el tiempo, esas acciones se pueden convertir en hábitos, y si esos hábitos son de los mejores, son virtudes. Este es un verdadero desarrollo de una sociedad que aprende.
Pero para poder controlar los avances se requieren datos. Por ejemplo, los que se pueden recoger en todos los establecimientos educacionales por la Junaeb. ¿Para qué? Para tener al menos una vez al año un indicador. A los niños y a las niñas ya se les mide la estatura para saber si van creciendo bien, y también su peso. Qué cuesta, entonces, tomar todos estos datos con la debida protección -recordemos que los menores de catorce años están protegidos por la Ley de Protección de Datos, ya que se trata de información sensible-. Esta información, proporcionada de manera anónima, puede darnos respuestas para saber si efectivamente nuestra política pública está teniendo efectos o no.
Aquellos que padecen la enfermedad celíaca deben ser advertidos, y por eso existe el símbolo con la espiga tachada, un sello internacional que permite identificar a un alimento libre de gluten.
Además, este proyecto incorporó las calorías. Y qué importante es hacer un buen manejo calórico; entender que efectivamente no nos podemos sobrepasar más allá de la recomendación de calorías al año. Si no se hace actividad deportiva complementaria las calorías se van a transformar en sobrepeso, lo que va a generar una carga de enfermedades muy grande y, tal como lo señalaba el Senador que me antecedió, traerá consecuencias mortales: la mala alimentación y el no hacer deporte matan. Y hay que entenderlo así de claro. Ello es tan riesgoso como el COVID, y por eso a la obesidad se la clasifica como una pandemia, que está dispersa, que es silenciosa y que mata a muchas personas.
Tenemos que alimentarnos mejor, sin lugar a dudas. ¿Cuándo? Desarrollando hábitos a edad temprana. Los ingleses dicen: "An apple a day keeps the doctor away": "Una manzana al día evita que el doctor se tenga que acercar". Es decir, hay que seguir ese hábito, creado en conciencia, de comer frutas y verduras junto a los productos del mar. Chile es el país con más disponibilidad de peces y cuenta con una de las cinco áreas de surgencia del mundo, pero somos los que menos consumimos pescado para la cantidad de peces que hay.
Tenemos que mejorar la cultura, tenemos que medir, tenemos que ser capaces de verificar si la política pública realmente funciona. Pero hoy lo que corresponde es reconocer el trabajo para poder instalar en el etiquetado las marcas necesarias a fin de que, primero, los productos no tengan contaminación cruzada, que se pueda saber que efectivamente no contienen gluten y que las personas que padecen la enfermedad o aquellos que quieran desarrollar hábitos más saludables los puedan consumir, prefiriéndolos, o sea, elección personal; y segundo, que se registre la marca de las calorías.
Yo invito a todos a que seamos capaces de entender la importancia de llevar un buen control diario de las calorías consumidas. Aquí, en el Senado, tenemos varios Senadores y Senadoras que caminan, y los veo contando sus pasos en los pasillos; hacen ejercicio demostrando que es importante no tener una vida sedentaria, porque esa vida sedentaria, con mala alimentación, mata.
Señora Presidenta, creo que ha sido muy oportuno que los días jueves tengamos la posibilidad de tratar estas mociones, para poder avanzar y mejorar la política pública.
Pero quiero señalar nuevamente que el no contar con datos precisos que se recojan de forma automática, con interoperabilidad, vale decir, con certeza jurídica en relación con las acciones que se realizan, no nos permitirá desarrollar política pública ni comprobar si efectivamente todo lo que estamos diciendo se está cumpliendo.
Por lo anterior, señora Presidenta, voto a favor.
He dicho.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Le ofrezco la palabra en la Sala a la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Señora Presidenta, voy a ser bien breve.
Solo deseo señalar que me parece importantísimo, como lo han hecho quienes me han antecedido, valorar este proyecto, porque de una u otra manera esto también tiene que ver con un concepto más de medicina preventiva, de cómo los ciudadanos somos capaces de informarnos respecto a nuestras patologías y, también, de prevenir los efectos de una enfermedad celíaca, que tiene consecuencias muy graves para las personas, evidentemente, pero además un costo muy alto cuando la situación ya se ha agravado.
De una u otra forma, me parece muy interesante esta mezcla de haber trabajado también con el Ministerio codo a codo en ir instalando esta temática, donde hay que destacar que Chile es un país muy avanzado en etiquetado de alimentos, y eso es valorable, por cuanto salió de este Congreso ese trabajo. Hoy día estamos agregando una nueva marca al etiquetado nuestro, que ha sido famoso en el mundo entero, respecto de esta enfermedad que, como bien dijo quien me antecedió, alcanzaba las 200 mil personas el 2010 -es probable que esto haya aumentado-. Y cada día de alguna manera será más el incremento de enfermedades con cierto grado de resistencia o en que no se esté inmune en torno a elementos que por muchos años pensábamos que eran beneficiosos, pero que para determinadas personas evidentemente que no lo son.
Valoro muchísimo el que se trabaje con góndolas especializadas en los supermercados o en cualquier recinto de grandes superficies, como también el que la Junaeb considere la provisión de servicios de alimentación donde haya restricciones alimentarias para quienes padecen esta enfermedad que, vuelvo a repetir, tiene consecuencias muy complejas en la salud humana y bastante variadas, las que de una u otra manera se están diagnosticando. Y la idea es que esto se haga con universalidad.
Hay numerosos niños que hoy día se alimentan en los colegios, muchos son de familias de escasos recursos y, evidentemente, tienen el derecho a poder obtener de algún modo una nutrición que vaya acorde con sus necesidades.
Así que vuelvo a felicitar a los mocionantes, al Ministerio de Salud, que hizo este trabajo, y sobre todo que vayamos educando a la población, que también es parte del proyecto, en prevenir enfermedades, diagnosticarlas a tiempo y entender que, tal como lo han dicho otras personas, la alimentación es claramente la mayor prevención que podemos hacer de nuestras futuras enfermedades. En la medida que la ciudadanía logre comprender que alimentos como las frutas, las verduras, todo lo que tenemos a disposición de la naturaleza, son en sí mismos el mejor remedio frente a una posible enfermedad, vamos a poder tener una sociedad más sana, más feliz y, evidentemente, con menos gastos de lo que implica hacerse cargo de enfermedades crónicas.
Así que voy a aprobar este proyecto.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Senadora Carmen Gloria Aravena.
Le ofrezco la palabra en la Sala al Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta, Honorable Sala, primero deseo señalar que, como Comisión de Salud, nosotros aprobamos unánimemente este proyecto, y también logramos incorporar dentro de sus antecedentes un proyecto anterior que presentamos junto con el Senador Bianchi y que iba en la misma dirección.
En ese contexto, quiero manifestar que las personas que hoy día padecen de la enfermedad celíaca necesitaban tener las advertencias necesarias y reconocer al gluten como su principal causante. Yo diría que este es un tema de la mayor importancia.
No solamente hemos hecho un esfuerzo muy sustantivo desde la Comisión de Salud, en términos de poder generar el derecho a saber, para que todos y cada uno de los consumidores de alimentos no solo sepan exactamente cuál es la información nutricional, sino que adicionalmente puedan conocer cuáles son los elementos, los aportes en calorías, como también en otras sustancias que pudieran afectar a la comunidad.
Yo quiero agradecer el empuje que le ha dado a este proyecto la comunidad de enfermos celíacos de Chile, en particular los de la Región de Valparaíso, con los que trabajé en la iniciativa que se presentó con anterioridad, que también había sido firmada por el Senador Girardi y el Senador Bianchi, y que fue incorporada como antecedente en este proyecto. Ciertamente, esperamos avanzar para que el derecho a saber sea una regla clara, categórica en la venta de cualquier producto alimenticio para los consumidores finales.
Valoramos este proyecto.
Lo votamos unánimemente a favor en la Comisión de Salud, y esperamos que esta Sala ratifique eso.
He dicho, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Le ofrezco la palabra al Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero decir que, sin duda, vamos a aprobar el proyecto que se ha presentado y también enfatizar en el significado que esto tiene para la población.
El tema, hace setenta años recién... (falla de audio en transmisión telemática)... setenta años atrás se descubrió que... (falla de audio en transmisión telemática)... enfermedad celíaca. Y en esto, evidentemente, como bien señalaba el Senador Kenneth Pugh, hay una ausencia significativa de información respecto del diagnóstico... (falla de audio en transmisión telemática)... seis mil personas... (falla de audio en transmisión telemática)... según lo que se ha diagnosticado. Y curiosamente, esta enfermedad, de acuerdo con los informes y estudios que se han realizado al respecto, tiene una prevalencia en las zonas extremas. Particularmente las zonas extremas del sur son las que presentan una mayor prevalencia en comparación con otros territorios. De hecho, en mi Región de Aysén hay 299 casos, con una prevalencia del 0,3 por ciento. Y, sin ir más lejos, mi propia secretaria que trabaja en la oficina parlamentaria que tengo en Coyhaique padece esta enfermedad.
De ahí la importancia de llevar adelante estos diagnósticos prematuros, tempranos, los que, sin duda, van a resolver o atender una necesidad que evidentemente gatilla un urgente proceso de llevar adelante este tema.
Hay cifras región por región, y cada uno de los Senadores puede tener esa información, acceder a ella. Pero también hay que señalar aquí -y lo comparto absolutamente- que en este ámbito el Senado debe priorizar al objeto de tramitar con urgencia todas las iniciativas de ley que van en la dirección de atender la salud de las personas. En la ley 20.606, sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, del año 2012, evidentemente que se han hecho avances significativos. Pero, como bien se ha denunciado acá, creo que se debe poner el acelerador en aquellas áreas que son prioritarias, porque aquí estamos hablando de la salud.
Una de cada once muertes en Chile es atribuible al sobrepeso y a la obesidad, de acuerdo con las informaciones que nos ha entregado oficialmente la Encuesta Nacional de Salud.
Otros datos interesantes que proporciona el referido instrumento, en los que también debiéramos poner el acento en nuestro trabajo legislativo, tienen que ver con lo que pasa en nuestro país: Chile es el principal consumidor de kilocalorías de bebida per cápita. ¿En Latinoamérica? ¡No! ¡En el mundo! Superamos a México, Estados Unidos, Argentina, Arabia Saudita; superamos a todo el resto de los países del planeta como los principales consumidores de kilocalorías de bebidas per cápita.
Así lo señalan las cifras de la Encuesta Nacional de Salud, las que sería bueno tener a mano.
O sea, somos conscientes, de acuerdo con las cifras, con los estudios que se han realizado, de que nuestra población está fuertemente afectada por los problemas de sobrepeso y de obesidad.
¡El 30 por ciento de los menores de seis años en Chile ya tiene problemas de sobrepeso! Y para qué hablar del sedentarismo y de todo lo demás.
Por eso, evidentemente, este proyecto, que apunta a resolver un problema en un ámbito tan esencial para un grupo muy significativo de personas, a mi juicio se hace cargo absolutamente de esa realidad.
Pero más que nada, junto con aprobar este proyecto, el llamado que debemos hacer es a procurar profundizar y a darle toda la prioridad en la tramitación legislativa a proyectos que apunten hacia el mejoramiento de las condiciones respecto de la calidad de vida, de la salud, de lo que significan los problemas de la obesidad y el sobrepeso en nuestro país.
Voto absolutamente a favor, aun cuando voté electrónicamente, Presidenta, por cuanto entiendo que aún se está habilitando la votación.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Sandoval.
Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Presidenta, la verdad es que lo relativo a los celíacos es un problema que, como algunos han planteado, probablemente tuvo su origen en muchas décadas anteriores, pero que en Chile y en el resto de los países del mundo ha tenido atención en las últimas décadas.
Creo que todos en forma más cercana o más lejana -lo mío es más cercano- se han visto afectados por personas, particularmente niños en este caso -porque es donde más se detecta-, respecto de las cuales no había explicación sobre los males que las afligían diariamente y que al final, a través de la investigación, se descubrió que eran celíacos.
Son de esos temas que uno de repente empieza a averiguar, a informarse y resultan bien impresionantes. Básicamente, se trata de una enfermedad multisistémica de base autoinmune provocada por el gluten y prolaminas relacionadas, que se manifiesta en individuos genéticamente susceptibles, y se caracteriza por la presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas que van cambiando en el tiempo. Con la infancia puede tener que ver con vómitos, diarreas, náuseas, problemas del crecimiento, introversión, dependencia, lo cual es bien complejo; pero en la adolescencia también va evolucionando hacia anemia, diarrea, hepatitis, y después, en la edad adulta, deriva en apatía, irritabilidad, depresión y un conjunto grande de elementos.
La verdad es que es bien impresionante que a propósito de un tema alimenticio se vaya produciendo, se vaya secuenciando y se vaya desarrollando un tipo de enfermedad muy compleja para la vida. Probablemente muchos adultos la han tenido durante toda su existencia y no han tenido una explicación exacta de por qué pudo haber ocurrido.
Lo cierto es que hoy día se ha ido avanzando técnicamente en esta sintomatología. Ello nos permite tener una comprensión mucho más cabal, mucho más completa de cómo se genera y de dónde está el elemento central, que tiene que ver con la existencia o no de gluten en determinados alimentos y, particularmente, con una visión de dónde no están esos elementos, lo cual le posibilitaría a la persona con predisposición, para no tener el gatillante, llevar una vida de bastante mejor calidad y no con esos efectos bien dramáticos que se producen en muchos casos.
Entonces, dicho eso es del caso hacer presente que valoro profundamente este proyecto, originado en una moción transversal y diversa; pero a mi juicio hay que entenderlo como un primer paso para políticas públicas más completas en materia de alimentación.
Encuentro razonable que, a propósito de la alimentación, se vinculen muchos otros elementos que tienen que ver con la salud. Sin embargo, me parece que esta iniciativa nos desafía a preocuparnos y a desarrollar políticas públicas relacionadas con la alimentación y con un tema muy importante: el rotulado.
Me ha tocado ir al supermercado y buscar el rotulado de la espiga de trigo, que establece que un producto no contiene gluten, lo cual no es fácil, a pesar de que voluntariamente muchos lo están haciendo. De modo que considero muy razonable que ello pueda plantearse desde una perspectiva legal, como lo hace esta iniciativa.
Sin embargo, creo que este es un primer paso, porque hay otros elementos bien complejos. Los alimentos que no tienen gluten en general son más caros que los que lo contienen. Esa es una complejidad bien marcada dentro de la fijación de combates comunes contra un tipo -no sé si llamarlo exactamente enfermedad- de predisposición que de alguna manera debemos llevar a cabo.
En consecuencia, creo que se trata de un asunto que ha de estar más incorporado en los programas de salud pública, tal como hoy día se agregan muchos elementos, porque nadie tiene escrita la última palabra sobre cómo debe ser una buena alimentación, particularmente con el conjunto de investigaciones y modernidades que se van produciendo. Este es un tema que ya está suficientemente acreditado; el que estamos dando es un primer paso, pero entendamos que no es el último. Aquí tenemos que comprender que lo tocante a los celíacos debe estar incorporado con mucho más fuerza en las políticas públicas para colaborar en este tipo de acciones.
Por eso voto a favor de este proyecto. Me parece importante, y ojalá que sea el primer paso de muchos otros que podamos dar juntos.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Señor Secretario, ¿puede solicitarles el voto a aquellos que aún no lo han emitido electrónicamente?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Han votado de manera electrónica el Senador señor Durana, el Senador señor Prohens, la Senadora señora Sabat, el Senador señor Sandoval, el Senador señor Soria, la Senadora señora Órdenes; y también el Senador Lagos ha registrado de forma electrónica su pareo con el Senador señor Galilea.
Si nadie más va a votar electrónicamente, efectuaremos la consulta de voto.
También se incorporó en este momento el voto electrónico del Senador señor Coloma.
Les recuerdo a Sus Señorías que para los efectos de votar en forma electrónica se debe activar la cámara del dispositivo, validándose de ese modo desde acá. Y para votar de manera nominal deben tener su cámara prendida para que pueda verlos cuando les consulte por su opción de voto o al momento previo de cerrar la votación.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Senadora señora Ebensperger, ¿cómo vota?
La señora EBENSPERGER.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Secretario, a mi juicio, este es un muy buen proyecto, y quiero valorar lo que se ha dicho aquí.
Sin duda, se trata de uno de los problemas más complejos que tienen muchas personas, sobre todo porque muchos no saben sobre ello. Por eso es fundamental contar con la realización de ese tipo de exámenes para saber efectivamente qué ocurre ahí.
Me parece que este proyecto, señora Presidenta, va en la línea correcta.
Hay muchas personas que se preguntan: "¿Qué me pasa? ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Qué puede pasarle a cualquier ser humano que se halla en una situación como esta?".
Pienso que ha sido fundamental el hecho de que la ciencia ya tenga bastante información al respecto, por cuanto en el fondo esta es una especie de alergia que afecta fuertemente a quienes consumen este tipo de alimentos.
Por eso, señora Presidenta, con todo gusto voto a favor, porque creo que estas son las cosas con que realmente podemos colaborar potentemente en materia de salud de las personas.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
Senador señor Kast, ¿cómo vota?
El señor KAST.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Letelier, ¿cómo vota?
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Navarro, ¿cómo vota?
El señor NAVARRO.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
La Senadora señora Órdenes votó electrónicamente, al igual que el Senador señor Prohens.
Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?
A favor.
Su Señoría ya había anunciado su voto a favor al inicio de la votación, si mal no recuerdo.
Senadora señora Rincón, ¿cómo vota?
La señora RINCÓN.-
Presidenta, lamentablemente algo pasa con la aplicación generada por el equipo de TI, y por eso no he podido votar electrónicamente. Pero felicito la iniciativa.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Creo que es una muy buena iniciativa.
Efectivamente, tal como se ha dicho en intervenciones anteriores, el conocimiento acerca de la enfermedad celiaca es relativamente reciente. Además, es una patología extremadamente costosa, porque los alimentos que deben comer las personas que la padecen para evitar sus síntomas son especiales.
Por eso comparto con el Senador Guido Girardi que tiene que haber un tratamiento especial para los niños celiacos que reciben alimentos entregados por el Estado.
Hoy día sabemos que la alimentación genera enfermedades, genera consecuencias, y, por lo tanto, me parece que ir en esta dirección es avanzar de manera correcta.
Así que, al igual como lo han dicho otros, creo que esta es una muy buena iniciativa de nuestro Senado y que debemos sentirnos contentos por ella.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto
(29 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Sabat y Van Rysselberghe y los señores Alvarado, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Insulza, Kast, Latorre, Montes, Navarro, Ossandón, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Están pareados los señores Quintana y Moreira; las señoras Goic y Von Baer, y los señores Lagos y Galilea.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias.
Ha sido aprobado este proyecto por unanimidad.
Saludamos en la testera al Diputado Ricardo Celis, autor de esta iniciativa.
MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN MATERIA DE COMPETENCIA Y REGISTRO
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A continuación, corresponde iniciar la discusión del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.296, en lo relativo a las acciones para perseguir las infracciones a las normas que regulan la instalación, mantención y funcionamiento de los ascensores, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Cabe hacer presente a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que esta es una iniciativa de artículo único.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 11.584-14) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofrezco la palabra al señor Secretario para que haga una relación de esta iniciativa, y luego de ello podrá intervenir el Senador Carlos Montes, Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, para que rinda el informe respectivo a la Sala.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El objetivo de esta iniciativa es precisar el tribunal competente para conocer de las acciones derivadas de infracciones a las normas que regulen la instalación, mantención y certificación de funcionamiento de los ascensores tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas. Asimismo, asegurar que el registro de las sanciones impuestas a los proveedores de estos servicios se mantenga actualizado.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió este proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Aravena y señores Navarro y Sandoval, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe hacer presente que el artículo único de la iniciativa es de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación requiere 24 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 14 del informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición en la Sala, y también se encuentra en la plataforma informática de esta sesión remota y ha sido remitido a los correos electrónicos de todas las señoras Senadoras y de todos los señores Senadores.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Presidenta, el Senador Navarro me había planteado su interés por proponer que hubiera un segundo informe de la Comisión de Vivienda, porque durante la tramitación del proyecto no se oyó a las organizaciones de los funcionarios y profesionales que están a cargo de esto.
No sé si ello se decide ahora, o yo informo y después se resuelve, Presidenta, pues creo que es bastante razonable la solicitud de Su Señoría.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Efectivamente, el Senador Navarro también nos había escrito. Lo que él esperaba era escuchar el informe sobre el proyecto evacuado por la Comisión; y, por cierto, insiste en su planteamiento de escuchar a la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Ascensores y Afines.
Entiendo que ambos presentaron esta iniciativa hace más de una década, y creo que sería bueno también para esta Sala, si le parece al Presidente de la Comisión de Vivienda, escuchar el informe. Después de eso daremos la palabra.
El señor MONTES.-
Muy bien.
Presidenta, el proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional, se inició en una moción del entonces Diputado señor Joaquín Tuma -hubo un proyecto más global, que es al que usted hizo mención-, y consta de un artículo único, que modifica la ley N° 20.296, que establece disposiciones para la instalación, mantención e inspección periódica de los ascensores y otras instalaciones similares.
Durante la tramitación de la iniciativa se contó con la asistencia de los representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los asesores señores Nicolás Gálvez y Gonzalo Gacitúa; del Jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, señor Erwin Navarrete, y de la Jefa del Departamento de Gestión de Proveedores y Registros Técnicos, señora Ana Luisa Donoso.
El objetivo central del proyecto en análisis es precisar el tribunal competente para conocer de las acciones derivadas de infracciones a las normas que regulen la instalación, mantención y certificación de funcionamiento de los ascensores tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas. Asimismo, asegurar que el registro de las sanciones impuestas a los proveedores de estos servicios se mantenga actualizado.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo aprobó esta iniciativa en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Aravena y señores Navarro y Sandoval, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, y acordó proponer que sea discutida del mismo modo por la Sala.
Durante el estudio del proyecto, los representantes del Ejecutivo destacaron que sus fundamentos radican en la falta de información respecto a las sanciones aplicadas por los juzgados de policía local a los proveedores inscritos en el Registro nacional de personas naturales y jurídicas que presten servicios de instalación, mantención y certificación de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Añadieron que esta iniciativa permitirá la aplicación efectiva de la eliminación y suspensión del Registro, ya que se podrá impedir la emisión del certificado por parte del proveedor sancionado e informar a la ciudadanía a través de la respectiva página web.
De igual forma, los juzgados y tribunales competentes podrán aplicar, si corresponde, condenas más severas por reincidencia, al estar al tanto de las anteriores.
Por último, resaltaron que los casos de infracciones con resultado de lesiones menos graves, graves o muerte serán conocidos directamente por el tribunal con competencia penal, evitando que el afectado deba interponer primero una acción judicial ante el juzgado de policía local pertinente, dando aplicación al principio de economía procesal.
Es cuanto puedo informar a esta Honorable Sala.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, Senador Carlos Montes.
En discusión general y particular el proyecto.
Le ofrezco la palabra al Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidenta.
El presente proyecto de ley está bien orientado respecto de lo que acaba de señalar el Senador Montes, es decir, busca regular la venta atada que se está realizando para la mantención no solo de ascensores, sino también de escaleras mecánicas, rampas, en donde un único proveedor se hace cargo de todo. Asimismo, busca establecer las condiciones para que el proceso de certificación pueda estar debidamente informado.
Hoy día el sello de garantía, o sello QR, en los ascensores no garantiza que la reparación se haya realizado, porque hay falta de fiscalización por parte del Ministerio de Vivienda. Existen cuarenta y cinco mil ascensores, escaleras mecánicas y afines en todo Chile, para los cuales la fiscalización resulta muy compleja. El Ministerio de Vivienda debiera generar una institucionalidad especial con este objetivo, pero, en este caso, lo que importa es que el trabajo de reparación de ascensores y escaleras mecánicas pueda recibir la definición de trabajo confinado, para los efectos de proveer la seguridad necesaria para proteger la vida de los técnicos y especialistas que están efectuando la reparación.
Así me lo han manifestado los dirigentes de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Ascensores y Afines, Fenatrasa, quienes no alcanzaron a ser escuchados en la Comisión de Vivienda. Y pensé que este proyecto de ley de artículo único podría verse ahora en la Sala, que volviera a la Comisión para generar allí las indicaciones necesarias y que luego recibiera un rápido despacho. Por lo tanto, como no fueron oídas las personas mencionadas, considero que el elemento de seguridad necesario para técnicos y especialistas puede ser incorporado mediante alguna modificación.
Cabe recordar que el año 2004 presentamos un completísimo proyecto de ley de fiscalización y protección de los usuarios de tales instalaciones y también de los trabajadores involucrados, pero quedó archivado.
Creo que disponemos de la gran oportunidad para, si el proyecto regresa a la instancia especializada, escuchar a los trabajadores en la Comisión de Vivienda e incorporar la indicación que ellos han pedido para resguardar su seguridad mediante la definición de su trabajo como de alto riesgo, para que luego sea remitido a la Sala.
Considero que quince días es un tiempo suficiente -hay que agilizar la tramitación del proyecto- para incorporar la inquietud de los técnicos y especialistas, a los efectos de contribuir a la seguridad de los usuarios y también a la propia seguridad de quienes trabajan en la mantención de ascensores y escaleras mecánicas.
Por eso, solicito que la iniciativa sea remitida a la Comisión de Vivienda por un plazo de quince días, dentro del cual podemos realizar las audiencias necesarias, votar las modificaciones y remitirlo a la Sala, con el compromiso de que podamos despacharlo de manera inmediata.
He dicho, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Navarro.
Han solicitado la palabra el Senador Sandoval y el Senador Montes.
Si les parece, podemos solicitar un informe complementario a la Comisión de Vivienda para el solo efecto de que pueda recibir a la Federación de Trabajadores de Ascensores, para no seguir alargando esta discusión.
¿Si le parece a la Sala?
Senador Coloma, ¿me está indicando que a usted no le parece?
Muy bien.
Tiene la palabra el Senador Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Muchas gracias, Presidenta.
Este proyecto ha tenido una larga tramitación. Arrastra toda una historia. Imagínese: fue presentado por el Diputado Joaquín Tuma; se aprobó unánimemente en su primer trámite; en la Comisión de Vivienda fue aprobado hace ya muchos meses, ¡muchos meses!, y hubo el tiempo necesario; incluso, el Senador Navarro era miembro y aprobó este mismo texto en la Comisión, o sea, con su propio voto se encuentra en este minuto discutiéndose en la Sala.
Yo entiendo que pueda haber algunas informaciones que incorporar, pero aquí se realizaron las audiencias adecuadas, todas las que fueron planteadas. Asistió además la Ministra de Transportes, porque curiosamente ahí está radicada la parte que dice relación con las tramitaciones de este tipo de temas.
Hablamos de un proyecto que básicamente apunta a establecer con claridad las exigencias en materia de regulaciones y de lo que significa la certificación en las mantenciones de ascensores. Y la iniciativa nace fundamentalmente, a pesar del tiempo de su tramitación, por el enorme impacto que ha tenido el crecimiento en altura en nuestro país y de la necesidad de que los sistemas de registro, los sistemas de certificaciones reúnan cabalmente todas las condiciones ante la enorme proliferación de edificios, con sus consabidas exigencias.
Por ello, y al margen de cualquier circunstancia, considero vital que el asunto se resuelva porque existe una enorme demanda por avanzar en los requerimientos relacionados con la certificación de las mantenciones. Gracias a Dios, en nuestro país, fruto del trabajo que realizan hoy día empresas, técnicos y certificadores, suelen ocurrir pocos accidentes, sin duda. Pero el proyecto se hace cargo de la necesidad de generar la competencia para que los resultados de los procesos, tanto en tribunales como en los juzgados de policía local, y tratándose incluso de aquellas cosas menores, sean incorporados al registro respectivo, precisamente para ir haciendo historia respecto de las empresas en este contexto.
Yo creo que la urgencia del proyecto está planteada fundamentalmente por el enorme impacto que ha significado el crecimiento en altura. Aun más, la presente iniciativa fue mencionada a propósito de la tramitación del proyecto sobre copropiedad inmobiliaria, que también reúne contenidos que abarcan materias que dicen relación con este tipo de servicios. La certificación de la mantención de los ascensores hoy día es un aspecto absolutamente esencial.
Por eso, Presidenta, más allá de que este proyecto pueda centrarse en contenidos que quizás consideren más en profundidad el tema que se plantea, me da la impresión de que en la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que está en plena tramitación, podríamos incorporar, Presidente Montes, los detalles o las observaciones que eventualmente pudieran escaparse en la actual iniciativa.
El proyecto en discusión apunta fundamentalmente a que aquellas infracciones con resultado de lesiones graves, muy graves o que causen la muerte sean conocidas por los tribunales con competencia en materia penal, y aquellas con lesiones menores, por los juzgados de policía local. Yo creo que por ahí va el tema. Y en materia de infracciones, que se tengan que informar las sentencias de los tribunales para efectos del respectivo Registro.
Los detalles operativos, técnicos y demás perfectamente pueden tramitarse en el proyecto sobre nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que considero que abarca un aspecto mucho más amplio, mucho más significativo, en lo que dice relación con este tipo de servicios en el sistema.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Presidenta, a mí me hace sentido lo que dice el Senador Sandoval.
Pero yo le quería plantear, más bien -no sé si estarán de acuerdo los integrantes de la Comisión-, que el proyecto se vote en general, por último, y que se dé un plazo de unos quince días para una discusión particular por si faltara incorporar algo.
La considero una mejor fórmula a que vuelva todo. Porque el Senador Sandoval, y a usted le consta, Presidenta, ha pedido la vista del proyecto no sé por cuántos meses.
Entonces, creo que sería bueno -no sé qué le parece al Presidente de la Comisión- que se apruebe en general y plantear un periodo para una discusión particular por si fuera necesario escuchar a algunas personas que habrían podido faltar.
Es la sugerencia que quería hacer.
¡Por eso le hacía hartas señales telemáticas medio raras...!
No sabía cómo hacerlo para proponer esa idea.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Coloma.
Primero, Senador Montes; luego, Senador Navarro, y después Senador Kast.
El señor MONTES.-
Presidenta, comparto que este tema es muy urgente, muy necesario.
Quiero señalarle a la Sala que este asunto lo ha llevado adelante desde hace diez años, y lo acompañé desde entonces, el Senador Alejandro Navarro, quien ahora dice: "Mire, se han acercado los dirigentes de las organizaciones que cumplen esta función profesional y técnica y han señalado que uno de los grandes problemas en la mantención de ascensores es que no se detiene su funcionamiento; en los edificios no están obligados a paralizarlos mientras hacemos la revisión". Entonces, quieren incorporar ciertas precisiones.
A mí me pareció muy razonable lo planteado por el Senador Navarro a partir de lo que solicitan los trabajadores del sector. En tal sentido, es pertinente acoger la solicitud por alguna de las fórmulas. En este caso, el Senador Coloma puede tener razón, ¡solo en este caso...! Podríamos aprobar el proyecto en general y que vaya a la Comisión para la discusión en particular. Y en ese marco se podría analizar el tema.
Pero concuerdo con el Senador Navarro en el sentido de que el asunto hay que resolverlo en un plazo breve, en unos quince días, porque se trata de algo bien específico.
Apoyo la moción del Senador Coloma, ¡en este caso...!, ¡excepcionalmente...!
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Si las palabras que están solicitadas, tanto del Senador Navarro como del Senador Kast, van en la misma dirección, ahorrémonos tiempo y votemos de inmediato el proyecto en general, para que vuelva a la Comisión para su discusión en particular.
¿Les parece?
No veo en pantalla al Senador Kast, quien ha solicitado la palabra.
Colocaremos, entonces, en votación en general el proyecto de ley, y fijaremos un plazo para presentar indicaciones.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se encuentra abierta la votación tanto en la Sala como de manera remota, a través del voto electrónico.
Hasta este momento han votado electrónicamente el Senador señor Coloma, el Senador señor Durana, la Senadora señora Sabat, el Senador señor Sandoval, la Senadora señora Allende y la Senadora señora Órdenes.
Continúa la votación en general del proyecto.
Han votado electrónicamente también el Senador señor Soria, la Senadora señora Rincón, el Senador señor Araya y el Senador señor Kast.
Vamos a proceder a efectuar la consulta en forma nominal a las restantes señoras y señores Senadores.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Senadora señora Ebensperger, ¿cómo vota?
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Voto a favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
El Senador señor Kast votó electrónicamente.
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
El señor LAGOS.-
Señor Secretario, dos cosas.
Voy a votar favorablemente. Entiendo que el artículo único del proyecto es una norma orgánica constitucional. ¿Correcto?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Así es.
El señor LAGOS.-
Y aunque tengo un pareo solicitado por el Senador Galilea, acá puedo votar, entonces.
Y lo segundo, quiero plantear un desafío informático.
Estoy usando el tablet y para votar electrónicamente tengo que cambiar de pantalla, pues no me permite votar porque me dice que encienda la cámara. Si me voy al Zoom, no puedo votar; y cuando voy a votar, me dice: "Encienda la cámara", porque me salí del Zoom.
Pero, bueno, es un tema menor; tengo problemas con el computador de mesa, así que estoy con este.
Voto favorablemente.
Planteo ese desafío informático.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Le dejaremos el desafío informático al equipo del Departamento de Informática.
Muchas gracias.
El señor LAGOS.-
Gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Lagos vota a favor.
Desde el Departamento de Informática lo contactarán para superar el problema de capa 8.
Senador señor Letelier, ¿cómo vota?
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor LETELIER.-
¡A favor!
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Letelier vota a favor.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
Yo voto a favor también.
¡Y los problemas personales del Senador Lagos los podríamos ver en privado...!
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
No son problemas personales. Al contrario, queremos animar a que cada vez más colegas votemos electrónicamente.
¡Dice el Senador Lagos que se postula como mentor para todos los que requieran su colaboración...!
El señor MONTES.-
¡Yo tengo un curso con el Senador Soria...! ¡Ya voy a salir adelante...!
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
El Senador Soria es el primero que vota electrónicamente.
¡Así es que felicitaciones una vez más!
El señor MONTES.-
Por eso mismo voy a tomar el curso con él.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¡Él es el gran mentor!
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Senador señor Navarro, ¿cómo vota?
El señor NAVARRO.-
¡Yo también voy a pedirle apoyo al Senador Soria...!
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El Senador señor Quinteros votó electrónicamente.
La Senadora señora Rincón igualmente.
La Senadora señora Sabat también.
El Senador señor Sandoval, del mismo modo, votó electrónicamente.
El Senador señor Soria votó electrónicamente.
Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Yo también voto a favor.
Señor Secretario, yo uso un iPad para poder seguir las sesiones telemáticas, así que también solicitaría que Informática en algún momento se comunicara conmigo para ayudarme.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
El Departamento de Informática la va a contactar para superar el problema de capa 8 que hay.
Senadora señora Ebensperger, ¿cómo vota?
La señora EBENSPERGER.-
Voto a favor.
Y estoy con el mismo problema: no es posible votar electrónicamente desde un iPad.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Como señalamos, el artículo único del proyecto tiene el carácter de norma orgánica constitucional y hay registrados tres pareos: del Senador señor Quintana con el Senador señor Moreira; de la Senadora señora Goic con la Senadora señora Von Baer, y del Senador señor Lagos con el Senador señor Galilea. Sin embargo, igual voy a efectuar la consulta por la opción de voto, por cuanto los pareos no rigen en este tipo de votaciones.
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
¿Está conectado?
¿Senador señor Moreira?
¿Senadora señora Goic?
¿Senadora señora Von Baer?
El Senador señor Lagos ya emitió su voto.
¿Senador señor Galilea?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos favorables), dejándose constancia de que se cumple el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Provoste, Rincón, Sabat y Van Rysselberghe, y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Queda aprobado el proyecto por haber alcanzado el quorum requerido.
Se fija como plazo para presentar indicaciones el jueves 22 de julio, a las 12 horas, en la Secretaría de la Comisión.
Muy bien.
FORTALECIMIENTO DE LEY ANTIDISCRIMINACIÓN
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Corresponde entrar a la discusión particular del proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Muñoz y señores Insulza, Elizalde, Guillier y Latorre, en primer trámite constitucional, que modifica y fortalece la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, con segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 12.748-17) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofreceré la palabra al señor Secretario, para que haga la relación del proyecto, y después el Senador Navarro o el Senador Latorre nos indicará quién será el encargado de rendir el informe a la Sala.
Hago la pregunta, porque entendemos que el Senador Navarro está conectado con su teléfono y el Senador Latorre presidía la Comisión cuando se discutió el proyecto.
Entonces, ustedes nos indicarán quién rendirá el informe a la Sala.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Esta iniciativa fue aprobada en general por la Sala del Senado en sesión del 27 de enero de 2021, y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
La referida Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que las siguientes disposiciones, contenidas en el artículo primero del proyecto, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: el número 5, que incorpora un artículo 3º bis; el número 6, que pasó a ser 7, que incorpora un artículo 3º quáter; el número 8, que pasó a ser 9, que sustituye el artículo 5º; el número 9, que pasó a ser 10, que incorpora un artículo 5º bis; el número 10, que pasó a ser 12, que incorpora un artículo 5º quáter; el número 11, que pasó a ser 13, que incorpora un artículo 5º quinquies; el número 12, que pasó a ser 14, que incorpora un artículo 5º sexies; el número 13, que pasó a ser 15, que incorpora un artículo 5º septies; el número 14, que pasó a ser 16, que sustituye el artículo 6º; el número 15, que pasó a ser 17, que sustituye el artículo 7º; el número 16, que pasó a ser 18, que sustituye el artículo 8º; el número 17, que pasó a ser 19, que sustituye el artículo 9º; el número 19, que pasó a ser 12, que sustituye el artículo 11; el número 21, que pasó a ser 23, que incorpora un artículo 12 bis; el número 22, que pasó a ser 25, que sustituye el artículo 14; el número 23, que pasó a ser 26, que incorpora un artículo 14 bis, y el número 24, que pasó a ser 27, que suprime el artículo 18.
Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
También deben darse por aprobados los siguientes numerales del artículo primero: el número 3, que incorpora un artículo 2º bis; el número 4, que sustituye el artículo 3º; el número 7, que pasó a ser 8, y sustituye el artículo 4º, y el número 18, que pasó a ser 20, y modifica el artículo 10. Todas estas normas no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de tres de ellas: las recaídas en el número 1, en cuanto al inciso primero y la que elimina el inciso final del artículo 1º, y la referida al número 11, nuevo, que intercala un artículo 5º ter, ambas del artículo primero del proyecto.
Las normas señaladas fueron aprobadas solo por mayoría de votos, y serán puestas en discusión y votación oportunamente.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas, o existieren indicaciones renovadas.
De las enmiendas unánimes, las referidas al nuevo inciso segundo del artículo 1º, contenido en el numeral 1; al artículo 3º ter, propuesto por el número 6, nuevo; a los incisos cuarto y quinto del artículo 12, propuestos, respectivamente, por la letras c) y d), nuevas, del número 22); y al artículo 13, contenido en el número 24, nuevo (todos numerales del artículo primero del proyecto de ley), requieren 24 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.
Finalmente, cabe hacer presente que, entre las mencionadas modificaciones aprobadas por mayoría de votos en la Comisión, la relativa al artículo 5º ter, contenida en el número 11, nuevo, del artículo primero de la iniciativa, también requiere 24 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión y el texto que resultaría de ser aprobadas.
Asimismo, dicho documento se encuentra disponible tanto en la Sala como también en la plataforma de la sesión remota o telemática, y ha sido remitido a los correos de todas las señoras y los señores Senadores.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias.
Corresponde escuchar en la Sala el informe que rendirá el integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Senador Juan Ignacio Latorre.
Así nos lo ha manifestado por escrito el señor Presidente de la Comisión.
Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidenta.
Efectivamente, solo por esta ocasión informaré este proyecto de ley -me tocó presidir la Comisión de Derechos Humanos durante toda la tramitación en particular del mismo-, con la autorización del Senador Alejandro Navarro, actual Presidente de dicho órgano técnico.
Complementando la relación del Secretario, este proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señora Muñoz y señores Insulza, Elizalde, Guillier y el que habla, en primer trámite constitucional, busca fortalecer la prevención de la discriminación, y promover y garantizar, de mejor manera, el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación, consagrada en la ley N° 20.609.
Cabe hacer presente que la iniciativa legal ingresó al Senado el 3 de julio del 2019, fue discutida en general y en particular por la Comisión de Derechos Humanos por tratarse de un proyecto de ley de artículo único, de conformidad con el artículo 127 del Reglamento.
Sin perjuicio lo anterior, se propuso aprobarlo solo en general en sesión de Sala el 27 de enero del año en curso.
El proyecto fue aprobado por 24 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención. Sin embargo, no se alcanzó el quorum orgánico constitucional requerido para la modificación de las normas que tienen ese carácter.
En aquella sesión se fijó el 19 de marzo como plazo para formular indicaciones. Se recibieron 53 indicaciones, de las que 12 fueron aprobadas sin modificaciones, 2 con modificaciones, 33 fueron rechazadas, 5 retiradas por sus autores y una fue declarada inadmisible.
En cuanto a su estructura, el proyecto de ley consta de tres artículos permanentes, que modifican, respectivamente, la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, el Código Penal y el Código del Trabajo, y de una disposición transitoria.
Asimismo, se deja constancia de que en el artículo primero del proyecto el número 6, correspondiente al artículo 3º ter; el número 11, correspondiente al artículo 5º ter; el número 22, letra c), correspondiente a los incisos cuarto y quinto del artículo 12, y el número 24, correspondiente al artículo 13 del proyecto, tienen carácter orgánico constitucional por vincularse con materias relativas a la organización y atribuciones de los tribunales.
En consecuencia, según lo dispuesto en los artículos 66, inciso segundo, y 77 de la Constitución Política de la República, estas normas deben ser aprobadas con quorum orgánico constitucional, esto es, con el voto favorable de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio.
Igualmente quiero señalar que con la misma votación se debe aprobar el inciso segundo del artículo 1º, contenido en el número 1 del artículo primero del proyecto de ley, disposición que también tiene carácter orgánico constitucional por establecer un criterio diferente en cuanto a las tareas confiadas a los órganos de la Administración del Estado, particularmente a los Ministerios en materia de las políticas aplicables de los sectores a su cargo.
Lo anterior, en virtud de lo establecido en los artículos 38 y 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental y en el inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Cabe destacar que oportunamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República y en el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el Senado solicitó el parecer de la Excelentísima Corte Suprema, particularmente en lo que respecta a los artículos 3° ter; 5° ter; 12, incisos tercero y cuarto, y 13, por cuanto corresponden a normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
La Corte emitió su pronunciamiento mediante el oficio N° 8, de 19 de enero del 2021, que se tuvo presente por la Comisión al considerar los preceptos correspondientes. Tal documento se encuentra disponible en la página web del Senado.
A efectos del análisis del proyecto de ley, la Comisión durante el primer informe recibió a más de cuarenta expositores de diversas organizaciones de la sociedad civil; autoridades de instituciones gubernamentales y no gubernamentales; académicos y profesionales vinculados a materias sobre protección de los derechos humanos, diversidad e inclusión, religión, legislación procesal y constitucional. Fue una amplia discusión general.
La iniciativa apunta a corregir el propósito de la ley N° 20.609, encaminándolo a la erradicación, prevención, sanción y reparación de toda discriminación; mejorar la definición de discriminación arbitraria, ajustándolo a lo establecido en los tratados internacionales e incorporando los conceptos de discriminación directa, indirecta, múltiple o agravada y estructural; añadir la posibilidad de que la acción de discriminación sea interpuesta, por escrito o verbalmente, en casos urgentes por una persona jurídica, por un grupo de personas naturales directamente afectadas o por una persona natural a favor de quien ha sido objeto de discriminación arbitraria cuando se encuentre imposibilitado de ejercerla en las situaciones que indica; a facultar al demandante a deducir la acción de no discriminación ante el juez de letras correspondiente al domicilio del demandado o del demandante a su elección, en conjunto con una acción indemnizatoria y también a reservarla; a invertir la carga de la prueba en los casos que se señalan y a facultar al tribunal para estimarla según la impresión que le haya merecido la conducta de las partes en el juicio y la buena o mala fe con que hayan litigado.
Asimismo, el proyecto aumenta el monto máximo de la multa a 500 unidades tributarias mensuales y establece otras medidas de reparación de índole no pecuniaria.
Por último, suprime la sanción al recurrente que es vencido en el juicio, perfecciona la agravante del número 21º del artículo 12 del Código Penal y actualizar el inciso cuarto del artículo 2º del Código del Trabajo respecto a las categorías sospechosas.
Esas son las principales modificaciones introducidas en la discusión particular.
Es cuanto puedo informar a la Sala, señora Presidenta.
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Juan Ignacio Latorre.
Se ha inscrito en la Sala y hará uso de la palabra el Senador José Miguel Insulza y luego el Senador José García Ruminot.
El señor INSULZA.-
Muchas gracias, Presidenta.
En realidad, el tema de la discriminación ya está presente en la legislación de nuestro país, en la ley N° 20.609, que se tramitó durante siete años en el Congreso y que se aceleró cuando en marzo de 2012 se produjo la trágica muerte de Daniel Zamudio, un hecho que provocó la condena de todo el mundo, que fue motivado por sentimientos homófobos y que mostró el déficit existente en materia de políticas públicas destinadas a producir un cambio social en relación con el respeto a la diversidad sexual y su desprotección legal.
No obstante, es importante hacer presente que la ley N° 20.609 no solo protege a las personas pertenecientes a grupos LGTBI, sino también a todos los grupos desventajados o minorías sociales con características diversas.
El problema, por lo tanto, es que, a pesar de la buena intención de la Ley Zamudio, que tiene casi nueve años de vigencia pues se publicó el 24 de julio de 2012, dicho cuerpo legal ha demostrado ser poco efectivo para erradicar los actos y omisiones que conllevan a la discriminación arbitraria.
Hay una gran cantidad de estudios al respecto, pero está comprobado que los vacíos de la legislación nacional, entre ellos la inexistencia de un órgano encargado de analizar, estudiar y promover medidas antidiscriminación, han provocado un fuerte déficit en materia de aplicación. Es decir, se ha buscado aplicar la ley, pero se ha hecho muy pocas veces.
La moción que discutimos y en la que me han acompañado el Senador Latorre, la Senadora Adriana Muñoz y los Senadores Elizalde y Guillier tiene por objeto, entonces, introducir modificaciones a la ley N° 20.609, para fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación arbitraria que consagra la ley.
Se han mencionado aquí algunas de las modificaciones y quiero referirme, para la discusión en particular, a alguna de ellas.
Primero, se modifica el propósito de la ley para robustecer las labores del Estado en materia de prevención y discriminación.
Segundo, mejoramos la definición de "discriminación arbitraria" y la referencia a las categorías sospechosas, ajustándolas a lo establecido en los tratados internacionales. Por ejemplo, la modificación a dicho artículo se remite a la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia de la Organización de Estados Americanos, que fue firmada por Chile el 22 de octubre de 2015 y que aún no ha sido ratificada.
Se modifica la definición legal contemplando que la discriminación arbitraria se considere como una ofensa autónoma, es decir, no requiere que adicionalmente se vulnere el ejercicio de otros derechos constitucionales. La antidiscriminación debería ser un derecho constitucional por sí sola, pero la actual definición establece una exigencia que ningún tratado internacional sobre derechos humanos contempla en torno a que el acto discriminatorio deba vulnerar adicionalmente el ejercicio de algún otro derecho constitucional, lo cual pone mayores exigencias a quienes presentan un reclamo a través de esta acción.
Se modifica la referencia a las categorías sospechosas, agregando categorías no contempladas en la ley.
Se propone suprimir la excepción al principio de no discriminación, establecido en el inciso final del artículo 2°, eliminando uno de los déficits más destacados por la academia y por la sociedad civil, que establece una consideración de razonabilidad a priori de las distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones que, no obstante haberse basado en categorías de la ley, se amparan en el ejercicio de otro derecho constitucional.
Se establece -esto fue muy discutido- que las terapias de conversión deben ser consideradas como actos de discriminación arbitraria.
Se definen nuevas formas para manifestar la Ley de No Discriminación, no contempladas por la legislación actual. Así, se define lo que debe entenderse por discriminación directa, discriminación indirecta, discriminación múltiple o agravada y discriminación estructural.
Está también el tema de la carga de la prueba.
Se ha dicho, y es equivocado, que este proyecto invierte la carga de la prueba, al plantear la necesidad de aportar indicios suficientes de la existencia de una acción u omisión de discriminación arbitraria.
Nosotros estamos proponiendo incorporar un nuevo artículo 3°, que está aprobado, y un nuevo inciso tercero al artículo 10, para consagrar un mecanismo de aligeración de la carga de la prueba que ya está establecido en nuestro artículo 493 del Código del Trabajo, el cual señala que cuando existen indicios suficientes de un acto de discriminación la carga de la prueba pasa a ser de responsabilidad de la persona que está siendo acusada.
Esta no es una creación originaria de nuestra legislación laboral, sino que se trae del derecho comparado. La directiva número 97/80, de 1997, de la Unión Europea, en su artículo 4, establece esta aligeración probatoria.
Esta técnica se utiliza comúnmente en las legislaciones antidiscriminación de otros países, e incluso -repito- en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, establecido en nuestro Código del Trabajo, y se justifica en las dificultades probatorias que enfrentan los denunciantes de discriminación, debido a las formas complejas en que se presentan los actos u omisiones discriminatorios.
Se aumenta el máximo de la multa que puede fijar el juez contra las personas que han cometido actos u omisiones de discriminación arbitraria, de 50 a 500 UTM.
Se establece el deber del juez de otorgar una indemnización de perjuicios a la persona afectada por un acto u omisión de discriminación arbitraria. En la actualidad, esta posibilidad no existe y quien obtiene una sentencia favorable debe iniciar un nuevo juicio para conseguir la reparación del daño sufrido.
Se suprime la sanción contra el recurrente vencido en juicio, entregándose esta materia a las formas generales de pago de costas procesales.
Se modifica la agravante establecida en el numeral 21° del artículo 12 del Código Penal, agravando los delitos modificados por alguna de las categorías sospechosas que se consagran en esta ley.
Presidenta, quiero agradecer muy sinceramente el trabajo acucioso que realizó la Comisión de Derechos Humanos bajo la presidencia del Senador Latorre en ese momento, como asimismo el aporte al proyecto de la Senadora Muñoz y del Senador Navarro.
La iniciativa no tiene por objeto ampliar ni crear ningún tipo de categoría nueva. Lo que queremos es poner al día la ley de acuerdo a normas internacionales muy conocidas (entre paréntesis, si se hubiera aprobado ya la Convención contra la Discriminación Racial, sería un complemento fundamental), pues realmente necesitamos proteger a mucha gente que en Chile padece discriminación y que se hizo grandes expectativas con la Ley Zamudio, la cual no ha podido cumplir su objetivo, fundamentalmente por falta de instrumentos adecuados para su aplicación.
Creo que se hizo un trabajo serio. El debate no estuvo exento de discrepancias, pero siempre se dio en un ambiente de tolerancia y respeto por las diversas posturas, el mismo que esperamos que exista durante la discusión en esta Sala.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
El Senador Navarro ha solicitado autorización para el ingreso a esta sesión, vía telemática, de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
¿Les parece?
Así se acuerda.
--Se autoriza el ingreso.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofrecemos la palabra al Senador José García Ruminot.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias.
Presidenta, quiero solicitar cuatro votaciones separadas.
La primera, para el artículo 2°, que define discriminación arbitraria (página 3 del comparado), que corresponde, según entiendo, al numeral 2 del proyecto de ley.
Luego, para el artículo 4°, sobre legitimación activa (página 9 del comparado), correspondiente al numeral 8.
También para el artículo 10, acerca de la inversión en la carga de la prueba (página 21 del comparado), correspondiente al numeral 20.
Y, finalmente, para el artículo 12, que establece el monto mínimo de indemnización (página 23 del comparado), correspondiente al numeral 22 del proyecto de ley.
Eso es, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A usted.
La Secretaría ha registrado debidamente su solicitud.
Le damos la bienvenida a la Subsecretaria, Lorena Recabarren, ya presente en la Sala, a quien le ofrecemos la palabra.
La señora RECABARREN (Subsecretaria de Derechos Humanos).-
Muchas gracias, Presidenta.
Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la posibilidad de estar acá, a nombre del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien me ha pedido que lo reemplace, ya que se encuentra participando en una actividad en regiones.
Quisiera señalar la posición y opinión del Ejecutivo respecto del proyecto de ley informado por el Senador Juan Ignacio Latorre, a nombre del Presidente de la Comisión, Senador Alejandro Navarro, a quien agradezco su disposición para permitirme el ingreso a esta sesión.
En cuanto al proyecto que fortalece la ley N° 20.609, el Ejecutivo ha manifestado desde un comienzo su apoyo; de hecho, las modificaciones para el fortalecimiento de esta normativa, conocida como "Ley Zamudio", se encuentran dentro del programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera. En tal sentido, agradecemos la presentación de la moción parlamentaria, cuya discusión lideró en su minuto el Senador Juan Ignacio Latorre en la Comisión de Derechos Humanos, texto que fue coconstruido -quisiera decirlo de esta manera- durante su tramitación en dicho organismo, en la que el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, participó en todas y cada una de las sesiones que se llevaron a cabo.
Creemos, efectivamente, que este es un proyecto que constituye un importante avance para el fortalecimiento de las medidas tendientes a combatir la discriminación. Durante el debate de sus dos trámites reglamentarios se acogieron varias propuestas de Senadores y Senadoras, y por supuesto, también del Ejecutivo, con el objeto de perfeccionar la iniciativa y reformular algunas indicaciones a efectos de lograr una mejor redacción y entendimiento del texto definitivo emanado de la Comisión.
Me gustaría destacar algunos elementos.
En primer lugar, respecto del perfeccionamiento general del objeto de la ley N° 20.609, cabe señalar que esta solo establece hoy día, como propósito fundamental, instaurar un procedimiento judicial para restablecer el imperio del derecho en aquellos casos en que haya sido vulnerado por una discriminación arbitraria. Esto ha sido motivo de críticas y cuestionamientos. Por lo tanto, el texto aprobado por la Comisión, en este sentido, es mejor y favorable al perfeccionamiento de la ley vigente, pues amplía el objeto a los siguientes: erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación, promoviendo el principio de igualdad y no discriminación, además de la instauración e implementación de un procedimiento judicial vinculado a la acción de no discriminación, el cual, tal como informó el Senador Latorre, también se perfecciona.
En cuanto al artículo 2° de la ley vigente, su inciso tercero había sido identificado como un nudo crítico, pues se estimaba que convertía en ilusoria la aplicación efectiva de la acción, por cuanto justificaba, en abstracto, la exclusión, distinción o restricción constitutivas de discriminación arbitraria en el ejercicio de un derecho fundamental o en otra causa constitucionalmente legítima.
A partir de las modificaciones introducidas por la Comisión, el artículo 2° pasa a definir lo que se entenderá por justificación razonable, e incorpora el deber del juez que conozca de la acción de ponderar y determinar, de conformidad a cada caso concreto, si los descargos de la parte demandada constituyen justificación razonable en relación con la acción de discriminación que se le emplace.
En tercer lugar, se incorpora la acción indemnizatoria, más allá de la acción de no discriminación que hoy está vigente en la ley. Por lo tanto, ambas acciones podrán ser ejercidas de manera simultánea. Este, probablemente, es uno de los avances más relevantes que impulsa esta iniciativa y, a su vez, una de las principales demandas de las organizaciones de la sociedad civil que han impulsado la reforma a la ley y de las personas que denuncian ser víctimas de discriminación. Se señala que hoy existe una brecha, una falta del derecho a demandar una reparación en el mismo procedimiento de no discriminación, debiendo entablarse la acción de indemnización en un juicio distinto y de lato conocimiento. Esto se repara gracias a indicaciones aprobadas en la Comisión.
Conviene recordar, en el mismo sentido, que el establecimiento de una acción indemnizatoria también ha sido recomendado por varios órganos establecidos en tratados, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El texto aprobado es producto del consenso alcanzado en la Comisión, sobre la base de propuestas realizadas por Senadores y el Ejecutivo, la cual se hizo cargo de conciliar esta acción, que en principio debiera ser conocida en un juicio de lato conocimiento, con la rapidez del procedimiento de la acción de no discriminación instaurada en la ley.
Vinculado a esta acción indemnizatoria, a partir del artículo 3° el proyecto reforma integralmente el proceso judicial vigente en la actual ley N° 20.609, incorporándose gran parte de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, cuya aprobación agradecemos.
Se reestructura el procedimiento, otorgándole una forma más adecuada a aquellos que son conocidos por los juzgados de letras (que son los que tienen competencia respecto a esta acción), superando así la estructura actual, que más bien parece propia de los procedimientos utilizados por las cortes de apelaciones al conocer acciones de protección. Dicha reforma, a nuestro juicio, es indispensable para incorporar la admisión de una acción de indemnización en un procedimiento de no discriminación.
En concreto -algo muy importante que, según recuerdo, señaló la Senadora Muñoz durante la tramitación del proyecto en la Comisión-, se adecúa el lenguaje de la ley a efectos de hacerlo más cercano a la ciudadanía, y se regulan las audiencias de contestación, conciliación y prueba y de rendición de prueba a fin de resguardar adecuadamente la bilateralidad de la audiencia, el contradictorio y demás garantías inherentes al debido proceso. Al efecto, conviene destacar que el debido proceso es un derecho humano garantizado en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran actualmente vigentes.
Así las cosas, durante la discusión del segundo informe en la Comisión las indicaciones estuvieron orientadas a fortalecer el procedimiento judicial ya aprobado en general.
En quinto lugar, cabe señalar que el inciso tercero del artículo 12 de la ley vigente dispone la aplicación de una multa a beneficio fiscal si la sentencia estableciere que la denuncia carece de fundamento. Pues bien, esta regla es otro de los puntos críticos de la ley vigente que a través de este proyecto se elimina. La multa, sumada a la imposibilidad de ejercer una acción indemnizatoria, se había transformado en un importante desincentivo para hacer uso del mecanismo judicial que dispone la actual normativa, lo que, en consecuencia, devenía en una ley contra la discriminación ineficaz e inútil.
El texto aprobado por la Comisión elimina la multa tal como se halla establecida hoy en día, quedando entregada esta materia a las reglas generales de las costas judiciales establecidas en el Código de Procedimiento Civil.
¿Qué aspectos creemos, desde el Ejecutivo, que aún pueden tener alguna mejora y que se hicieron presentes durante la tramitación legislativa en este primer trámite constitucional?
Se rechazaron, de hecho, algunas indicaciones que jurídicamente eran relevantes para el Ejecutivo, y se aprobaron, en cambio, algunas que pueden ser problemáticas y que estimamos necesario reconsiderar durante el proceso legislativo, probablemente en el segundo trámite.
Si me lo permite, Presidenta, voy a hacer breve alusión a estos elementos.
En primer lugar, el artículo 2° de la ley N° 20.609 define discriminación arbitraria; definición que es modificada por el presente proyecto, el cual, en un cambio que parece menor pero que es muy de fondo, reemplaza la conjunción "y" por la conjunción "o".
Hoy se hallan establecidas dos formas autónomas de no discriminación. Cuando la ley establece la presencia de la conjunción "y", se conserva el carácter copulativo de las dos consideraciones, de los dos elementos que se exigen para efectos de que se genere una discriminación, esto es, la distinción, exclusión o restricción, y la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho, que, entendemos, no constituyen dos hipótesis autónomas, sino equivalentes.
La primera parte de la definición de discriminación contiene la acción, el presupuesto y el agente -o sea, una persona que comete una distinción, una exclusión, una restricción- en tanto que la segunda parte contiene el resultado exigido -que la acción previa resulte en privación, perturbación o amenaza de derechos fundamentales-, por lo cual creemos que no son dos hipótesis alternativas sino que constituyen un solo elemento.
Al cambiar la conjunción "y" (i griega) por la conjunción "o", establecemos dos institutos autónomos de no discriminación: por una parte, la acción, pero que no necesariamente genera (la acción u omisión) una amenaza, perturbación o vulneración al ejercicio de un derecho, sino que, simplemente, creemos que esta hipótesis autónoma es más una desventaja que una ventaja para el propósito de la ley y que, por lo tanto, debiera ser modificada a lo largo del trámite legislativo.
El cambio por la conjunción "o" en el actual texto del proyecto de ley conlleva a que la segunda hipótesis (la que exige un resultado lesivo) pierda utilidad, porque, finalmente, será mucho más sencillo probar la primera hipótesis, que solo exige la conducta sin un resultado lesivo.
Por lo tanto, las categorías sospechosas de no discriminación, que también son una parte fundamental del proyecto, es decir, aquellas categorías que se consideran importantes de sopesar como discriminatorias (estamos hablando del sexo, la orientación sexual, el género, la nacionalidad, la religión, la condición socioeconómica, la condición de salud, etcétera) dejarían de tener aplicación, por cuanto pasarían a estar vinculadas solo a la segunda hipótesis, lo cual, como decía, llevaría a una situación más desventajosa de la ley, al revés de lo que estamos buscando, que es perfeccionarla.
En segundo lugar en términos de los elementos que quisiéramos poner sobre la mesa para ser reconsiderados a lo largo de la tramitación legislativa que queda, cabe destacar que el texto aprobado por la Comisión de Derechos Humanos como artículo 4°, relativo a la legitimación activa, contempla que la acción de no discriminación pueda ser interpuesta por una persona natural, su representante legal, el cuidador legal o de hecho; por una persona jurídica, a través de su representante legal; por grupos de personas naturales directamente afectadas; por cualquier persona, cuando la directamente afectada esté impedida o imposibilitada de hacerlo, o cuando exista un interés colectivo o difuso.
Con respecto a este punto, nos interesa señalar que con la redacción aprobada las reparaciones establecidas en la ley a través de la acción de indemnización podrían no llegar a las personas efectivamente dañadas, no obstante haber sido condenado el demandado.
Cuando existe una demanda por parte de una persona jurídica a nombre de un interés colectivo o difuso, es posible que la indemnización no llegue a la persona individualmente afectada y se difumine, se disperse. Y es por eso que consideramos necesario explicitar que, en el caso de demandas colectivas, estas solo se permitirán en relación con la acción de no discriminación con el objetivo de paralizar y suspender el acto discriminatorio, pero impidiendo que la indemnización de perjuicios llegue a terceros, pues se entiende que solo le corresponde a la víctima por la cual se ha emprendido la acción.
En tercer lugar, también nos parece relevante dejar sobre la mesa nuestra inquietud en relación con el artículo 10 y los indicios como regla probatoria. El texto aprobado en el inciso tercero de dicha disposición resulta de especial preocupación, dado que instaura reglas probatorias contrarias, a nuestro juicio, al ordenamiento jurídico civil que podrían afectar la igualdad de las partes y el debido proceso.
El texto aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado señala, en lo pertinente: "Cuando de los antecedentes aportados por el recurrente resulten indicios suficientes de que se ha producido una acción u omisión que importe discriminación arbitraria, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".
Desde el Ejecutivo, manifestamos en su minuto nuestras aprensiones con la redacción propuesta, aun cuando compartimos la intención final, que es otorgar facilidades probatorias a la parte que interpone la acción de no discriminación, pero no en la forma en que se plasma en el texto.
En primer lugar, el texto aprobado es una reproducción literal del artículo 493 del Código del Trabajo, norma que está diseñada para insertarse en un procedimiento distinto de los procedimientos civiles, regido por paradigmas como la concentración, la mediación probatoria, la oralidad, entre otros. Estoy hablando del juicio según el procedimiento laboral. Y pensamos que no resulta adecuado replicar una regla del derecho laboral en el derecho civil sin tomar en consideración la estructura procesal civil propia de los juzgados de competencia común.
En segundo lugar, genera especial inquietud que un tribunal pueda fallar sobre la base de indicios. Las reglas y garantías procesales inherentes al debido proceso exigen que el juez falle en conformidad a la prueba rendida en un juicio con un debido contradictorio, esto es, facultad de las partes de refutar el material probatorio ofrecido por la contraria ante un juez. En ese contexto, solo el material probatorio que satisface las garantías de haberse producido por o ante el tribunal, y con el debido contradictorio, puede ser utilizado por el juez para tener por acreditados o no los hechos de la causa. En caso contrario, se estaría en ausencia del principio de contradictoriedad propio del probatorio, lo cual no es admisible, pues mancilla las garantías esenciales del debido proceso en los términos consagrados en los compromisos internacionales ratificados por Chile, y que se encuentran vigentes, así como en la Constitución Política de la República.
En ese sentido, los indicios no constituyen prueba y, por tanto, no debiera el juez fallar sobre la base de ellos. Una regla como la propuesta constituye un notable retroceso, creemos, para los avances del derecho probatorio contemporáneo, como también lesionaría las garantías procesales asentadas en nuestra tradición jurídica.
A mayor abundamiento, el texto aprobado contiene, a nuestro juicio, algunas imprecisiones procesales, por cuanto refiere a los -comillas- "antecedentes", una nomenclatura que es propia de la fase de la discusión de un procedimiento y no de la etapa de prueba, lo que podría significar, eventualmente, una confusión en cuanto a la comprensión del mandato de la ley. En ese sentido, al tribunal no le corresponde emitir un pronunciamiento en esas etapas, sino que la decisión se debe reservar para la etapa de sentencia, por lo que pretender un pronunciamiento en forma previa implica que el tribunal adelante su decisión, lo cual conculcaría los principios de imparcialidad, contradicción y bilateralidad de la audiencia.
En definitiva, creemos que el texto aprobado con relación a esta parte, a los indicios, no es adecuado, por cuanto permitiría al tribunal fallar sin conocimiento de pruebas y sin exigir certeza, quedando la decisión al eventual arbitrio y discrecionalidad del tribunal, vinculada a la conducta procesal del demandado, lo que conculcaría la igualdad ante la ley, la certeza jurídica y las garantías probatorias inherentes al debido proceso. En otros términos, creemos que esto habilitaría al juez a fallar por su impresión subjetiva de las partes, u otras razones ajenas al proceso judicial, todo lo cual, nuevamente, lesionaría las garantías procesales mínimas ya asentadas en el derecho chileno.
Un último elemento por señalar: en relación con el monto mínimo para otorgar la indemnización, la norma que fue aprobada por la Comisión mantiene, en el inciso tercero del artículo 12, la regla que faculta al juez a conceder una indemnización de perjuicios, y establece que esta no puede ser inferior a 40 unidades tributarias mensuales.
Al Ejecutivo -y así lo hizo ver en su oportunidad durante el trámite en la Comisión- no le parece conveniente establecer un piso mínimo a esa indemnización, por cuanto se impondría un límite al Poder Judicial al momento de resolver una materia sometida a su conocimiento.
En este punto, nosotros queremos reconocer que efectivamente hubo un avance en el segundo informe ante la Comisión, puesto que en el primer informe venía un monto mínimo y un monto máximo de indemnización, y esto se redujo con relación solo al monto mínimo de indemnización, pero aun así creemos que establecer pisos mínimos limita las facultades que tiene el juez que conoce de la causa para resolver una materia sometida a su conocimiento.
Además, el sistema civil de responsabilidad descansa en la existencia de daños, razón por la cual, si el demandante no ha exigido indemnización, por ejemplo, de perjuicios y, por tanto, no acusa daños que sean jurídicamente reparables, o el tribunal no los diere por acreditados, no podría haber indemnización, porque no hay responsabilidad civil sin daño. Y en este caso, se está estableciendo una cierta norma, imperativa para el juez, que establezca una base, un piso mínimo de indemnización, lo que no creemos adecuado.
Presidenta, para finalizar, queremos reiterar nuestro compromiso con esta iniciativa legal y reconocer el espacio que ha tenido el Ejecutivo como colegislador durante toda su tramitación. Agradezco, en ese sentido, a los Senadores y las Senadoras de la Comisión de Derechos Humanos. Creemos que es una iniciativa muy relevante para fortalecer la legislación en materia de prevención, promoción y protección de los derechos de las personas, en términos del principio de no discriminación e igualdad.
Sugerimos aprobar en particular el texto de este proyecto de ley, con las prevenciones ya manifestadas, esperando que durante el próximo trámite legislativo estas situaciones que han sido observadas puedan ajustarse, de conformidad al ordenamiento jurídico vigente, a fin de que la aplicación de la ley sea eficaz para todas las personas que sufren discriminación arbitraria.
Muchísimas gracias a usted, Presidenta, y, por su intermedio, a todos los Senadores y las Senadoras de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Subsecretaria. Ha hecho un análisis bien pormenorizado de esta iniciativa en la discusión en particular.
Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Yo tengo que representar, en este caso, al Senador Iván Moreira, lo que no es fácil, siempre es exigente. Él está en vuelo a Los Lagos y no ha podido hacer uso de la palabra. Me pidió en forma especial, como parte de la Comisión que vio este proyecto, generar algunos planteamientos al respecto, como han hecho otros señores Senadores.
En particular, él lamenta -estoy siendo textual- que cuando se vio este proyecto en general se incorporaron tantas modificaciones que solo se votó de esa manera en la Sala, y después se abrió un nuevo plazo de indicaciones. En esa ocasión, el Senador Moreira presentó quince indicaciones, que básicamente atenuaban los efectos de los cambios, pero catorce de ellas fueron rechazadas por la mayoría opositora, cuestión que él lamenta profundamente.
El proyecto no solo modifica el procedimiento, que emulaba, en materia civil, a un recurso de protección, sino que entró a modificar en forma completa la ley, su fondo y su aplicación, cuestión que él lamenta profundamente, en particular por lo grave que supone la incorporación de la inversión de la prueba, como el procedimiento de tutela laboral, que en esta materia resulta altamente inconveniente. Se aumentan las multas de manera proporcionada; se establece una indemnización de perjuicios con un piso, también mal diseñado, pudiendo el demandante reservar la indemnización de los perjuicios para un juicio posterior; y se establece no solo la discriminación directa sino que se incorporan la indirecta, la múltiple y la estructural, eliminando las causales de justificación del artículo 19 y estableciendo una sección genérica, llamada "justificación razonable", que será difícilmente aplicable. Dados los innumerables requisitos, se aumentan los sujetos activos, incorporando personas jurídicas de derecho privado.
Él lamenta, nuevamente, que no haya existido voluntad -estoy siendo textual, como me pidió el Senador Moreira- para considerar sus indicaciones, que habrían generado, obviamente, una mucho mejor discusión de esta iniciativa. En general, son inconvenientes las modificaciones planteadas. Él nos ha sugerido, con algún par de excepciones, votar en contra de las indicaciones que fueron aprobadas en su momento.
Cumplo con señalar, como jefe de bancada, que esta intervención es muy excepcional, señora Presidenta, usted sabe, porque siempre trato y tratamos todos de que sean los Senadores mismos los que puedan plantear sus puntos de vista, pero el Senador Moreira me ha llamado varias veces para explicitar la necesidad de que quede plasmada su opinión, ya que él no ha podido hasta ahora conectarse por un problema de lejanía, no de falta de voluntad ni por dificultades atribuibles al Senado.
Esos son sus planteamientos; hago míos varios de ellos; los vamos a ir viendo durante la discusión particular.
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
No tenemos más palabras solicitadas en la discusión de esta iniciativa.
Si les parece, podemos aprobar aquellos artículos que, tal como lo señaló el señor Secretario en su relación, no fueron objeto de indicaciones o fueron aprobados unánimemente.
Y recabamos el acuerdo también para que el resto de la iniciativa, incluidas las votaciones separadas solicitadas en la Sala por el Senador García Ruminot, pueda ser votado en las sesiones de la próxima semana.
No hay acuerdo.
Entonces, dejemos todas las votaciones para la próxima semana.
¿Les parece?
Así se acuerda.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.
MODIFICACIÓN DE LEY DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE ESPACIOS DE HABITABILIDAD DE EMBARCACIONES
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Aprovechando que está aquí el Presidente de la Comisión de Pesca, pasamos al cuarto proyecto de ley, que se encuentra en segundo trámite constitucional y modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura, con urgencia calificada de "suma".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.178-21) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Tal como acordaron los Comités, esta iniciativa quedó en tabla en el cuarto lugar del día de hoy, pero la Secretaría hasta este momento no ha recibido el informe, con lo cual seguirá estando en la tabla.
Tengo dos palabras solicitadas sobre el punto, el Senador Alejandro Navarro y el Senador Kenneth Pugh.
Senador Navarro.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidenta.
Este proyecto se ha tramitado de manera adecuada en la Comisión de Pesca. Sin embargo, tal como se lo conversé al Presidente de la Comisión, había una observación sobre los TRG, la capacidad total, dado que muchos armadores de la Región del Biobío, particularmente de Coronel, me han planteado que no resuelve el problema global que tienen hoy día los armadores respecto de la habitabilidad, particularmente en francobordo. Muchas naves se han hundido, en especial las que realizan tareas de traslado de alimentos para los salmones en el sur, precisamente, por el tipo de diseño.
Hay una posición de parte de la Directemar, de la Armada de Chile, compleja, a lo menos en mi opinión, respecto de esto. Por tanto, ingresé un proyecto de ley que fue referido a la Comisión de Pesca y Acuicultura y que en mi opinión bien podría ser debatido como una indicación, junto con esta normativa que hoy día se nos propone.
Y en el marco de que tenemos un tiempo, Presidenta, yo preguntaría a los miembros de la Comisión si eso es posible aún o, después de votado el informe, si podríamos abrir el espacio para escuchar a los armadores de la Región del Biobío, por cuanto tienen una observación técnica que yo considero pertinente en esta situación de la habitabilidad, que significa brindar condiciones dignas a los tripulantes, pesqueros, particularmente artesanales, que hoy día no las tienen.
Aquí no se trata de aumentar la capacidad de bodega de las naves de 18 metros, ya que claramente están fijadas en 80 toneladas y eso debe permanecer así siempre, sino de dar las condiciones para que los camarotes, los baños, la cabina del capitán tengan el espacio suficiente...
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Puede activar su micrófono, Senador, para que concluya, pero obviamente que lo podemos pedir a la Comisión.
Senador Navarro.
El señor NAVARRO.-
Eso es, Presidenta.
Como todavía está el informe pendiente, creo que es posible revisar los temas que he planteado en la Comisión a través de un proyecto de ley, porque lo que queremos es resolver una adecuada habitabilidad para nuestros barcos pesqueros artesanales. Y las normativas que se nos han propuesto no lo resuelven plenamente.
Eso es, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador.
Le ofrezco la palabra al Senador Kenneth Pugh, sobre el punto.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, sobre el punto.
Esto se trató el día miércoles, ayer, en la sesión de la Comisión de Pesca. Sin embargo, el proyecto, tal como llegó de la Cámara de Diputados, no contempla el punto que precisamente señala el Senador que me antecedió, que es aumentar el volumen.
Es muy difícil hablar en arqueo bruto (AB). Los TRG ya no existen, es una norma muy antigua. Y en AB lo que se busca básicamente es pasar de casi 200 metros cúbicos a 400 metros cúbicos, para que así las naves de apoyo, especialmente a la acuicultura, puedan disponer de mejor espacio para las acomodaciones de las personas y el trabajo (los robots, los laboratorios y otras cosas). Esto no afecta a las naves de pesca. Ellas siguen hasta los 18 metros con 80 metros cúbicos en las bodegas.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo, de acuerdo a la indicación de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, para que se amplíe ese volumen. Y esa indicación no fue capaz de prosperar. Por lo tanto, esperamos reponerla en la Comisión de Pesca y someterla a votación antes de que se envíe el informe.
Por eso no es posible tener el proyecto en la tabla de hoy, pero el motivo principal es ese. Tenemos que abrir un plazo de indicaciones y corregir esto, señora Presidenta.
He dicho.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Bueno, muchísimas gracias.
Por lo tanto, está claro el camino para que el Senador Alejandro Navarro también pueda presentar en la Comisión todas las indicaciones que permitan hacerse cargo de los planteamientos que él ha hecho acá, en la Sala.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 11:59.
Claudia Zumelzu Cornejo
Jefa de la Redacción subrogante