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REPÚBLICA DE CHILE
SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión del Congreso Pleno,
en jueves 22 de julio de 2021
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 11:08 a 12:35)
PRESIDENCIA DE LA SEÑORA YASNA PROVOSTE CAMPILLAY,
PRESIDENTA DEL SENADO, Y DEL SEÑOR DIEGO PAULSEN KEHR, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
SECRETARIO, EL DEL SENADO, SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE
(Integra también la Mesa el Secretario subrogante de la Cámara de Diputadas y Diputados, señor Luis Rojas Gallardo).
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron presencialmente las señoras Senadoras y los señores Senadores:
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Bianchi Chelech, Carlos
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Insulza Salinas, José Miguel
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Provoste Campillay, Yasna
Asistieron telemáticamente las señoras Senadoras y los señores Senadores:
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Lagos Weber, Ricardo
--Montes Cisternas, Carlos
--Órdenes Neira, Ximena
--Prohens Espinosa, Rafael
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
Asistieron presencialmente las señoras Diputadas y los señores Diputados:
--Álvarez Ramírez, Sebastián
--Auth Stewart, Pepe
--Barros Montero, Ramón
--Castillo Muñoz, Natalia
--Coloma Álamos, Juan Antonio
--Durán Espinoza, Jorge
--González Torres, Rodrigo
--Hernando Pérez, Marcela
--Labra Sepúlveda, Amaro
--Luck Urban, Karin
--Mix Jiménez, Claudia
--Molina Magofke, Andrés
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Paulsen Kehr, Diego
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lahsen, Leopoldo
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Schilling Rodríguez, Marcelo
--Silber Romo, Gabriel
--Soto Mardones, Raúl
--Undurraga Gazitúa, Francisco
--Verdessi Belemmi, Daniel
Asistieron telemáticamente señoras Diputadas y señores Diputados.
Asistió Su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique.
Concurrieron además, presencialmente, el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, señor Guillermo Silva Gundelach; los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Delgado Mocarquer; de la Secretaría General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y de la Secretaría General de Gobierno, señor Jaime Bellolio Avaria; el Reverendísimo Nuncio Apostólico y Decano del Cuerpo Diplomático de Chile, monseñor Alberto Ortega Martín; el Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott Charme; el Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, señor Andrés Tagle Domínguez, y el Presidente del Banco Central de Chile, señor Mario Marcel Cullell.
Finalmente, concurrieron telemáticamente autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial y representantes de entidades civiles, diplomáticas y eclesiásticas.
Actuó de Secretario del Congreso Pleno el Secretario General del Senado, señor Raúl Guzmán Uribe.
RECEPCIÓN DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
A las 11:05 ingresa al Salón de Honor del Congreso Nacional el Excelentísimo Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, acompañado de la Presidenta del Senado, señora Yasna Provoste Campillay, y del Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, señor Diego Paulsen Kehr.
--Los presentes en la Sala del Congreso Pleno cantan el himno nacional.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:08.

La señora PROVOSTE (Presidenta del Senado).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. APROBACIÓN DE ACTA

La señora PROVOSTE (Presidenta del Senado).- Someto a aprobación el acta de la sesión de Congreso Pleno celebrada el 1 de junio de 2021.
--Se aprueba.


IV. CUENTA PÚBLICA DE CONGRESO NACIONAL

La señora PROVOSTE (Presidenta del Senado).- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 bis de la Constitución Política de la República, corresponde en esta sesión rendir cuenta pública de las actividades realizadas por el Senado y por la Cámara de Diputados en el período comprendido entre julio de 2020 y julio de 2021.
CUENTA PÚBLICA DE PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

El señor PAULSEN (Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados).- Excelentísimo señor Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique; Excelentísima señora Presidenta del Senado, Senadora Yasna Provoste Campillay; señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, don Guillermo Silva Gundelach; señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Delgado Mocarquer; señor Ministro Secretario General de la Presidencia, don Juan José Ossa Santa Cruz; señor Ministro Secretario General de Gobierno, don Jaime Bellolio Avaria; señor Vicepresidente del Senado, don Jorge Pizarro Soto; señor Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, don Francisco Undurraga Gazitúa; señor Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, don Rodrigo González Torres; Reverendísimo Nuncio Apostólico y Decano del Cuerpo Diplomático de Chile, monseñor Alberto Ortega Martín; señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott Charme; señor Presidente del Banco Central, don Mario Marcel Cullell; señor Presidente del Consejo Directivo del Servel, don Andrés Tagle Domínguez; señoras Senadoras y señores Senadores; señoras Diputadas y señores Diputados; señor Secretario General del Senado, don Raúl Guzmán Uribe; señor Prosecretario General de la Cámara de Diputados, don Luis Rojas Gallardo; señores funcionarios y señoras funcionarias de este Congreso Nacional:
Estamos en el séptimo año en que el Congreso Nacional rinde cuenta pública y por segunda vez me corresponde hacerlo en nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados junto a la Mesa, integrada también por Francisco Undurraga y Rodrigo González, a quienes les agradezco profundamente este camino recorrido. Es un honor llevar a cabo esta labor con ustedes. Sin buscarlo, nuestra Mesa se ha traducido en un ejemplo de que es posible trabajar en unidad por el bien de Chile, más allá de nuestras diferencias.
Lamentablemente, igual que el año pasado, quiero comenzar mis palabras entregando las condolencias a todas las familias de los fallecidos y afectados por esta pandemia. Como Corporación, solidarizamos con su dolor y sufrimiento.
Quiero agradecer públicamente, en nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados, la disposición que ha tenido la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile para acompañarnos en esta cuenta pública entonando nuestro himno nacional.
--(Aplausos).
Un emblema patrio que junto a nuestra bandera y escudo nos unen al ser parte de nuestra historia como nación chilena y que, por ende, merecen y requieren el respeto de todas nuestras instituciones que se han forjado gracias a la democracia.
Muchas gracias por venir.
--(Aplausos).
Nos encontramos todavía cursando esta pandemia. Llevamos más de dieciocho meses desde la aparición del primer caso de coronavirus en el mundo, y claramente no hay espacio alguno para poner en duda que estamos enfrentando la peor crisis sanitaria y económica de la historia reciente, la cual ha modificado nuestra forma de vida diaria, laboral, familiar y personal, implicando grandes cambios en la vida a la que estábamos acostumbrados y que puede incluso perdurar por varios años.
Algunos, desde la incertidumbre del inicio, pensábamos que un año y medio después del primer caso esto ya habría pasado. Hemos vivido dos olas de rebrote intensas, con el sistema de salud estresado al máximo, con nuestros profesionales de la salud agotados, y con las chilenas y los chilenos viviendo las consecuencias de estar encerrados.
Muchos perdieron a sus seres queridos sin haber podido despedirse físicamente de ellos; muchos perdieron su trabajo; muchos perdieron, incluso, sus emprendimientos, enfrentando el tremendo desafío de sacar adelante a sus familias; muchos perdieron y tuvieron que empezar de nuevo; muchos han debido sobrellevar la angustia de la incertidumbre y el golpe de realidad al ver que esto no sería cosas de meses, sino de algunos años.
Y acá estamos, un año y medio después, con la pandemia todavía muy presente en nuestras vidas, pero con luces de esperanza.
Gracias a los esfuerzos realizados en materia sanitaria, nunca hemos tenido el dilema de la última cama. Cada chileno que necesitó asistencia hospitalaria y un ventilador, lo tuvo. Además, el proceso de vacunación ha avanzado exitosamente, teniendo al día de hoy todas las regiones del país con un avance de la vacunación por sobre el 75 por ciento y casi todas por sobre el 70 por ciento de la población objetivo con su esquema de dosis completo.
Estos altos porcentajes son el resultado de un buen trabajo en equipo entre distintos organismos e instituciones.
Primero que todo, quiero agradecer al Gobierno la coordinación de los acuerdos que permitieron acceder a las vacunas de manera oportuna; a las universidades que trabajaron en la implementación de estudios clínicos; a los funcionarios del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública y de la Cenabast por el apoyo logístico para la vacunación masiva.
Asimismo, agradezco a los funcionarios de los distintos servicios de salud que se encuentran a lo largo de todo nuestro país y que han apoyado en la articulación y desarrollo de una eficiente red asistencial para la protección de la salud de las personas.
En esa misma línea, agradecemos a cada uno de los municipios que apoyaron en las gestiones locales dentro de sus comunas para que pudieran materializarse las campañas de vacunación, prestando instalaciones y coordinando con sus funcionarios el buen desarrollo de las campañas. También, a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, que se desplegaron a lo largo de todo el país velando por que llegaran vacunas sanas y salvas hasta el último rincón de nuestro territorio.
Por último, doy las gracias a todos los medios de comunicación, que han sido claves en el apoyo de difusión de la información de estos procesos a nuestra ciudadanía.
Debemos seguir cuidándonos entre todos, protegiendo a nuestra población más vulnerable, siendo responsables de no exponer a nuestros seres queridos, porque este virus actúa distinto y con diferentes intensidades. Sigamos cuidándonos.
Sin duda alguna, los embates de esta pandemia han marcado el derrotero de nuestro trabajo legislativo en el último año y medio y nos han conminado a resolver con celeridad las necesidades más urgentes de la ciudadanía. Ante la amenaza latente de un incremento en la vulnerabilidad socioeconómica de nuestros compatriotas, hemos respondido.
No ha sido fácil. El Estado de Chile ha realizado su mayor esfuerzo. Tal como lo señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se ha realizado un esfuerzo fiscal que ha sido significativo para el país completo. Además, este se ha ido robusteciendo a medida que ha ido evolucionando la crisis económica y sanitaria, de acuerdo con el impacto de la pandemia. Así, hemos tenido un incremento del gasto histórico, llegando a un gasto del 30,5 por ciento del PIB. Es una cifra importante, pero absolutamente necesaria. Y lo es, sobre todo, el esfuerzo en lograr transferencias directas para ir en apoyo de las familias y las pequeñas y medianas empresas, que suma más de 23 mil millones de dólares.
Como Cámara de Diputadas y Diputados entendimos que se necesitaba, más que nunca, actuar con celeridad. Había que generar la legislación necesaria, como también perfeccionar nuestras normas vigentes, para llegar en ayuda de nuestros compatriotas de manera rápida y efectiva. Por tanto, lejos de detenernos, incrementamos el número de sesiones y proyectos de ley despachados.
Este trabajo lo logramos gracias a la incansable ayuda de nuestros funcionarios, que, en buen chileno, pusieron el hombro a largas jornadas de sesiones. Le agradezco públicamente a cada uno de ustedes por el cansancio que ello debe haber implicado y el sacrificio con sus familias.
Quiero agradecer particularmente el trabajo de los profesionales y técnicos que se desempeñan en nuestro servicio médico, quienes han logrado mantener un ambiente sanitario seguro para todos nosotros, lo que hizo que nunca dejáramos de funcionar de manera presencial, adoptando decisiones adecuadas cuando han existido riesgos y amenazas respecto de ello. Por lo mismo, les hicimos un merecido homenaje en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y, a través de ellos, hago extensiva nuestra gratitud hacia todos los trabajadores de la salud de nuestro país y hacia cada rubro que ha estado en esta lucha constante contra el coronavirus.
Como les decía, nuestra Corporación se dedicó a trabajar activamente en la búsqueda de políticas públicas que llegaran oportunamente a nuestros compatriotas.
Este año se convirtieron en ley 160 proyectos, de los cuales 64 fueron mensajes del Presidente de la República y 96, mociones parlamentarias. Nos llena de satisfacción constatar que hemos generado un equilibrio en la tramitación y despacho entre las iniciativas del Ejecutivo y las del Congreso Nacional.
Incrementamos nuestro trabajo legislativo, suspendiendo nuestras semanas distritales. Hemos realizado más de 140 sesiones legislativas de Sala, más de 20 sesiones especiales para escuchar al Ejecutivo y a diversos invitados para debatir sobre distintos temas.
En cuanto al trabajo de las Comisiones, estas desarrollaron más de 1.400 sesiones, las que se traducen en más de 2.500 horas de sesión. Respecto a nuestra atribución fiscalizadora, sesionaron 17 Comisiones especiales investigadoras, que suman más de 150 sesiones y más de 1.900 horas de trabajo.
Despachamos de forma rápida y oportuna proyectos de ley que van en directo beneficio de las familias y las pymes, como es el Ingreso Familiar de Emergencia Universal, la extensión de la Ley de Protección al Empleo y Seguro de Cesantía, nueva extensión del postnatal de emergencia, el retiro de los fondos de pensiones para enfermos terminales o, incluso, el retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones. También pudimos despachar la nueva Ley de Migración y Extranjería, el nuevo Servicio de Protección a la Niñez -poniendo fin al Sename-, el Sistema Táctico de Operación Policial, la nueva Onemi, entre otras iniciativas.
La Cámara de Diputadas y Diputados ha despachado varios proyectos de ley que aún se encuentran en el Senado y que están dentro de las prioridades para los chilenos. Por ejemplo, la reforma a las pensiones, porque si hay personas que no pueden esperar, son nuestros adultos mayores. También están en el Senado diversas iniciativas que se necesitan para tener mejores herramientas contra la delincuencia y violencia, como la Ley Juan Barrios, la que sanciona el crimen organizado, la que persigue el narcotráfico. Para hacer más fácil la vida de las familias de muchos chilenos, tenemos la gran reforma al sistema de notarios o el que se ocupa del buen morir y cuidados paliativos para enfermos terminales.
Los proyectos mencionados son requeridos por la ciudadanía, por lo que hacemos un llamado a avanzar en su tramitación en conjunto.
También hemos considerado importante desarrollar un trabajo propositivo en la pandemia.
Como Cámara de Diputadas y Diputados, convocamos a una mesa técnica sobre el "Fondo Salud Extraordinario COVID-19", en la que trabajaron alrededor de 250 especialistas de diversas áreas, quienes realizaron más de 30 propuestas que ya entregamos al Gobierno. Estas se enfocan en la toma de decisiones de medidas sanitarias que avancen en la descentralización, en la pertinencia cultural y territorial, en la participación ciudadana, en la transformación cultural, en la investigación y desarrollo de sistemas integrados y matrices universales que buscan fortalecer el acceso, la oportunidad, la dignidad y la continuidad de la atención de salud. Por ejemplo, casi 300 mil personas están hoy en una lista de espera, y por eso se propuso un sistema de red asistencial integrado que permita optimizar el uso de pabellones y atender rápidamente a aquellas personas que más lo necesitan.
Por otra parte, se han multiplicado los problemas de salud mental a causa de la pandemia. Por esto, se ha propuesto un plan que permita tanto de forma digital como presencial, con la participación activa de la comunidad, prevenir y tratar a aquellas personas que tengan o pudiesen desarrollar problemas relacionados a la salud mental. También propusimos un modelo de una red de salud pública digital, que permita no tan solo saber cuáles son las atenciones teleasistidas disponibles, sino que también acortar las brechas y fortalecer la transformación digital cultural que nuestro país necesita.
Además, en el marco de las elecciones de convencionales constitucionales y municipales, tramitamos rápidamente la ley que permitió realizar las elecciones en dos días.
Y estuvimos previamente, junto a la Presidenta del Senado, Yasna Provoste, trabajando en una mesa para abordar el desarrollo de la pandemia. Fue en esa instancia que semanalmente nos reunimos con diversos científicos, biólogos, investigadores, doctores, representantes gremiales y del Ministerio de Salud, con quienes revisamos temas como el contagio por COVID-19 según grupos etarios de la población, el porcentaje de población vacunada, la disponibilidad de camas críticas, el desgaste del personal de salud y las distintas realidades regionales, entre otros temas. Sin lugar a dudas, fue un buen ejercicio para tomar el pulso desde el Congreso al avance y el tratamiento de la pandemia.
Como Corporación, también nos hemos propuesto abrir los espacios de debate legislativo, escuchar las inquietudes ciudadanas, acercar nuestro trabajo a las personas. Por ello nos alegra que, del total de la participación en Comisiones, un 47 por ciento sean representantes de la sociedad civil, seguido de un 30 por ciento por el Ejecutivo, entendiendo su rol de colegislador.
Este esfuerzo no es aislado. Como parte de las iniciativas comprendidas en el objetivo de fortalecer e institucionalizar la interlocución entre el Congreso y la sociedad civil durante el proceso legislativo, se aprobó finalmente el Reglamento de Participación Ciudadana.
Se suma, también, la ejecución de los Diálogos Regionales para el Proceso Constituyente, que contaron con la participación de veintidós universidades reunidas en la Agrupación de Universidades Regionales, la Biblioteca del Congreso Nacional y la Academia Parlamentaria de esta Corporación, y que durante los meses de septiembre y octubre del año 2020 organizaron un ciclo de seminarios, cuyos conversatorios quedaron plasmados en un documento de trabajo llamado "Proceso Constituyente en Chile: Reflexiones desde las Regiones".
A pesar de la pandemia no hemos dejado de lado nuestra cooperación y diálogo en el ámbito internacional. Por ello destaco la reciente firma del Memorando de Entendimiento entre nuestra Corporación y el Sistema de Naciones Unidas, Convenio que tiene por objetivo fortalecer, a través de asesoría técnica, información y cooperación, el debate parlamentario, así como en todas aquellas otras áreas de interés común, habilitando con ello el desarrollo de iniciativas y proyectos colaborativos que optimicen el trabajo de nuestras Comisiones legislativas.
Como Cámara, conscientes del momento histórico que estábamos viviendo, desde el primer día dispusimos todos los medios necesarios para facilitar que la Convención Constitucional pueda funcionar de la mejor manera. Pusimos a disposición nuestra infraestructura del Congreso en Santiago para que esta discusión constitucional se llevara a cabo a la altura del momento republicano que involucraba para el país.
Ya el 27 de enero suscribimos un convenio de colaboración con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia para la habilitación y mantenimiento del histórico edificio legislativo para su utilización por parte de la Convención. Fue así como en febrero se celebró el convenio de transferencia de recursos entre ambas partes, con el objetivo de contar con el presupuesto necesario para que la Cámara de Diputadas y Diputados realizara los procesos a fin de habilitar la infraestructura y los bienes muebles para el funcionamiento del nuevo órgano constituyente, actividades que estuvieron bajo la supervisión del Subsecretario Administrativo de nuestra Corporación.
La Cámara puso a disposición todos nuestros Departamentos Técnicos y de Mantención, de Informática, de Adquisiciones, de Prevención de Riesgos, de Diseño y Publicaciones, de Inventarios y de Seguridad, junto con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones, del administrador de la sede en Santiago y del personal que ahí labora para ayudar en todo lo necesario.
Así, nuestra colaboración no ha sido oportunista ni solo se ha centrado en generar espacios físicos apropiados, sino que se ha materializado también en un traspaso del capital intelectual acumulado por nuestros funcionarios, quienes han diseñado e implementado los procesos y sistemas necesarios para operacionalizar la labor de los convencionales constituyentes a través de procedimientos de trabajo, instrumentos de gestión, métodos de control, apoyos administrativos, e incluso ahora con apoyo de nuestra Secretaría, representado por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Cámara, don John Smok, quien está ejerciendo la labor de Secretario General de la Convención.
Es así como espero que se pueda llevar a cabo una deliberación franca, transparente y respetuosa entre cada uno de los constituyentes electos, sin importar la representación étnica o política.
Hay que decirlo: no es una tarea menor la confianza que ha depositado la ciudadanía en sus manos; es muy relevante, y esperamos que el trabajo en ese edificio, en esos hemiciclos permita que la propuesta de una nueva Constitución sea el fruto de grandes acuerdos, en donde los chilenos y las chilenas avancemos hacia el futuro, pero siempre recordando nuestra historia.
Desde la transición a la democracia diversos estudios reconocieron que el Congreso Nacional chileno gozaba de uno de los niveles de institucionalización y capacidades de diseñar políticas públicas más altos de América Latina. Ahí están por ejemplo los trabajos del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Pero, lamentablemente, la fragmentación de los últimos años no ha contribuido a mantener ese prestigio comparativo ganado desde los años noventa. La imagen de una legislatura, donde lo único que ven los chilenos es conflicto y disputas no ayuda a una legislatura fuerte, institucionalizada y valorada por la ciudadanía.
En la cuenta pública del año pasado me referí al delicado momento en que se encontraban nuestras instituciones. Ahora bien, a diferencia de otros países o de nuestro propio pasado, hoy Chile ha encauzado de modo institucional la grave crisis de gobernabilidad vivida desde octubre del año 2019. Pese a que no sea lo más popular de decir, hay que relevar la altura de miras que tuvieron una parte importante de los partidos que no se restaron de este acuerdo democrático. Esos partidos y actores entendieron que no se puede estar con un pie en la institucionalidad democrática y con otro pie agitando el quebrantamiento del mandato democrático.
--(Aplausos).
Hay que decirlo con claridad: estamos convencidos de que el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución fue una señal de republicanismo de casi todo el sistema político para encauzar la grave crisis de gobernabilidad que vivía nuestro país.
Lamentablemente, no todo ha sido miel sobre hojuelas desde la suscripción de dicho pacto democrático. El ánimo colaborativo inicial se fue disipando rápidamente. La funa, la violencia, la intolerancia son hoy componentes de un ambiente político cada vez más crispado. La paz, que era parte fundamental de la ecuación del acuerdo, que precisamente se llamaba "Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución", no se ha alcanzado. En algunas partes del país lo que vemos es una pérdida de control territorial. Tenemos un problema de estatalidad básico: el Estado de derecho tambalea particularmente en zonas de La Araucanía, región que represento; en la Región del Biobío, y en muchas zonas de Santiago.
Estoy convencido de que, como clase política, no hemos estado a la altura para solucionar el mal llamado "conflicto en La Araucanía", lo que de cierta forma nos ha transformado en cómplices pasivos en la no búsqueda de una solución y particularmente en la ambivalencia frente a la violencia. Lo vivimos en las últimas semanas, donde a raíz de un ataque en que falleció una persona que estaba armada se condena a Carabineros por su actuar, pero no se condena la conducta subversiva de quienes buscaban sembrar el terror en nuestra región.
No podemos aceptar la ley del empate. Quienes comparan los distintos hechos de violencia en La Araucanía y los asimilan como parte de la reivindicación mapuche no solo buscan justificar la violencia y el amedrentamiento en una región que desea y tiene el derecho a vivir en paz y en libertad, sino que les hacen un flaco favor a las legítimas demandas que tienen nuestros pueblos originarios y que han levantado durante años.
--(Aplausos).
Es importante que comencemos a hablar con la verdad y de frente. Aquí nosotros como clase política somos responsables también del fracaso en el intento de solucionar el conflicto. Debemos entregar herramientas para combatir el terrorismo que existe en la macrozona sur, y para eso debemos dotar de inteligencia y de herramientas sólidas a las policías y a las Fuerzas de Orden y Seguridad a fin de que puedan combatir la violencia en igualdad de condiciones frente a un adversario que en muchas ocasiones es superior incluso en infraestructura y armamento, cuestión que lamentablemente saben muy bien las familias del cabo Eugenio Naín, del subinspector Luis Morales y del sargento primero Francisco Benavides, entre otros.
Pero quiero ser claro: el Estado les ha fallado también a nuestros pueblos originarios. Existe una diferencia muy grande respecto de lo que pueden ser las legítimas causas de ellos con el narcotráfico y el terrorismo.
Al narcotráfico y al terrorismo se los combate con toda la fuerza de la ley, y hay quienes quieren hacer creer que un estado de sitio o una mayor presencia de Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y el terrorismo es criminalizar al pueblo mapuche, lo que me parece inaceptable y jamás lo toleraré.
--(Aplausos).
No corresponde que se ponga en la misma línea a quienes puedan tener legítimas causas, como lo son las de nuestros pueblos originarios, con quienes hoy en día generan terrorismo y narcotráfico en nuestra región y en nuestro país.
Yo abogo por la reivindicación del diálogo; debemos retomar el Plan Araucanía, impulsado por el entonces Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, una instancia en que se volvió a recobrar la confianza entre los distintos actores y donde el Estado de Chile volvía a tener presencia en nuestra región, incluso con una disminución de los hechos violentos.
Cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo para enfrentar de manera decidida el terrorismo y el narcotráfico en la zona pasamos a ser cómplices pasivos.
Cuando la clase política no es capaz de enfrentarlos decididamente, primero, falla el Poder Legislativo al no hacer bien su trabajo con respecto a las leyes que tenemos para enfrentar el terrorismo; en segundo lugar, falla el Poder Ejecutivo al no entregar las herramientas y la decisión para que Carabineros pueda combatir como corresponde estos hechos, y en tercer lugar, fallan el Poder Judicial y el Ministerio Público al no perseguir con todas sus fuerzas a los culpables. Son muchos eslabones que no hemos sido capaces de unir para defender a nuestros ciudadanos.
Es por ello que resulta vital, como parte de una sana convivencia democrática, que partamos por ser capaces de condenar la violencia, sin peros ni notas al pie, venga de donde venga, porque tenemos una responsabilidad cívica como representantes de la ciudadanía que nos eligió de fomentar la paz, el respeto por la democracia y el Estado de derecho.
No hay ninguna causa en democracia -y voy a repetir: ninguna causa en democracia- que justifique relativizar la violencia. Si abrimos esa puerta, después no podremos cerrarla. ¿Cómo será posible construir una "Casa de Todos" cuando la violencia está golpeando a los chilenos de esfuerzo, a los emprendedores, a los pequeños comerciantes, a los vecinos de la zona cero, o a los habitantes de la macrozona sur? Cuando la violencia se impone como un método de acción política se cancela el diálogo político y se impone la ley del más fuerte, o del que derechamente se impone por la vía violenta.
Ya sabemos, por nuestra propia historia, cuáles son las consecuencias del quebrantamiento de una norma de convivencia democrática.
Por eso celebro las palabras de la Presidenta de la Convención, Elisa Loncón, cuando señaló hace unos días que "nos corresponde a todos condenar la violencia; no podemos naturalizarla". Espero que estas palabras tengan un correlato en las acciones del órgano que ella lidera; y es deseable que todos los actores políticos, y, por cierto, también los convencionales, les tomen el peso a sus palabras y las hagan suyas.
Una Constitución establece la arquitectura institucional de un país. Define aspectos tan cruciales como el régimen político, los contrapesos institucionales, los derechos y deberes de la ciudadanía, y, en general, la distribución de poder. Los convencionales están llamados a hacer algo que hoy parece cada día más difícil en política: tener una mirada larga y no estrecha o coyuntural.
Esa mirada de largo plazo no es fácil de lograr.
En este punto, vuelvo a nombrar a la politóloga Bárbara Geddes, quien habló alguna vez del dilema de los políticos, que no es otra cosa que la tensión entre buscar réditos de corto plazo versus los intereses colectivos de largo plazo, como el progreso y la estabilidad de la democracia. Lamentablemente, los políticos muchas veces estamos enfrascados en el corto plazo y en asegurar nuestros escaños en la próxima elección. Los convencionales tienen un mandato para pensar en Chile mirando el largo plazo. No será fácil. Hoy el horizonte de tiempo de la política parece ser el diario de la tarde y los problemas se tratan de reducir a 140 caracteres. Esperamos que los convencionales cumplan el mandato de la ciudadanía, que es redactar una Constitución para todos los chilenos y chilenas. Ni más ni menos.
El rol que tiene la Convención Constitucional es muy distinto al que tiene el Congreso Nacional, tanto el actual como el que se conformará en los comicios de noviembre de este año. Lo que corresponde es el respeto recíproco a lo que refiere al mandato y atribuciones de cada institución. A nosotros lo que nos corresponde es seguir legislando sobre aquellos temas para los cuales estamos elegidos. Tenemos un mandato democrático, y el próximo Congreso también lo tendrá. Eso no puede ponerse en cuestión. Por encima de todo, estoy convencido de que el respeto de las atribuciones y la autonomía de la Convención no pueden significar renunciar a nuestro propio mandato: legislar para los chilenos.
Lo anterior solo se logra con un diálogo sin exclusiones ni vetos.
Pese a los baches en el camino, un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos y estamos dispuestos a debatir es el acuerdo que se llamó "mínimos comunes". Insisto, no estando exentos de dificultades, se logró entre la Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado y el Gobierno un reforzamiento de la Red de Protección Social, entre los que destacan el Ingreso Familiar de Emergencia Universal, las Medidas de Alivio a las Pymes, además del fortalecimiento del sistema de salud. Este acuerdo benefició a 15 millones de chilenas y chilenos.
Entonces, ¿qué conseguimos atrincherándonos políticamente? O lo más importante, ¿qué ganan los chilenos con los políticos atrincherándonos? ¿Con políticos denostando la política misma, dejando de lado el diálogo y la deliberación? ¡Nada! Es un juego de suma cero. El país no avanza; no llegamos con las políticas públicas que las personas necesitan, la sociedad se polariza y finalmente fracasamos todos.
Por eso, me alegro de que actores sociales y partidos políticos que inicialmente se restaron del acuerdo constituyente, e incluso intentaron que no sucediera, decidieran unirse a este hecho histórico, llevando a sus propios candidatos. Participar por la vía institucional siempre es el camino en democracia. Por lo mismo, insto a los constituyentes a no salirse del marco que la propia ciudadanía, mediante la elección de octubre, los mandató.
Estoy completamente convencido de que este proceso de cambio constitucional es histórico. La participación de la ciudadanía primero en el plebiscito de entrada; luego, en la elección de los convencionales, y, finalmente, en el plebiscito de salida lo transformarán en un proceso inédito. Ahora bien, ese carácter histórico no lo convierte en infalible. No podemos desaprovechar este proceso institucional. Para que esto salga bien no caben vetos ni discursos excluyentes: todos deben tener cabida en este proceso. Las formas son aquí casi tan importantes como el fondo. El proceso debe ser deliberativo, basado en una aproximación racional y fundada en cada uno de los aspectos del debate.
Es cierto que muchos convencionales deben pensar al escuchar estas palabras, y con razón, que el Congreso Nacional el último tiempo no ha dado el mejor de los ejemplos en esta materia. Pero ellos, por la importancia de su tarea, deben dar el ejemplo. El llamado es a no saltarse las reglas y los deslindes del mandato que les otorgó la reforma constitucional, el Acuerdo de noviembre del año 2019, respaldado además por la ciudadanía. Por eso rechazamos la tesis del poder originario, que no es otra cosa que darle la espalda al mandato ciudadano ratificado en las urnas y autoconferirse atribuciones.
En ese mismo orden de ideas, algunos parecen tener la tentación de que la nueva Constitución deje todo "atado y bien atado", como lo dijo alguna vez el dictador español Francisco Franco sobre la arquitectura político-institucional de su régimen. En mi opinión, ello podría crear un escenario donde la nueva Carta Fundamental estaría adoleciendo del mismo problema que se le atribuía a la Constitución de 1980. Una Constitución que regula todo, o deja todo atado y bien atado, corre el riesgo de crear un sistema democrático que no será otra cosa que un león sin dientes.
Me atrevo a decir que hoy nuestro mayor desafío es defender la democracia representativa.
La historiadora Anne Applebaum, en su reciente libro El Ocaso de la Democracia, nos advierte cómo los proyectos autocráticos están amenazando a las viejas democracias liberales. De la mano de las fake news, redes sociales que por momentos parecen peleas de borrachos en un bar, y de partidos o actores que atizan la polarización y el odio. Junto con la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones políticas, los cimientos de la democracia comienzan a debilitarse.
Para muchos la democracia parece estar garantizada por defecto. Y lo cierto es que no es así. A los más jóvenes, por ejemplo, nos parecen muy distantes las experiencias pasadas, donde se quebró la convivencia y se perdió la democracia. Tenemos que tomarles el peso a las palabras de Churchill: "La democracia es el peor sistema de gobierno, excepto por todos los demás". Parte del problema de la clase política es que se aferra a la democracia solo en tiempo de elecciones. Es cierto que la democracia es un método para escoger autoridades con la participación de los ciudadanos: una persona un voto. Sin embargo, en lo sustantivo, la democracia representativa conlleva algo más profundo que la competencia electoral. Es un mecanismo pacífico para resolver disputas sobre las cuales no hay consenso, porque somos una sociedad diversa con distintas mentalidades, ideologías y realidades, mediando además en aquellos temas donde existen conflicto y visiones discordantes sobre lo socialmente deseable.
Aquello, siempre a partir del diálogo y la participación política y ciudadana. Por eso debemos eludir los discursos maximalistas que buscan exigirles a las democracias objetivos identitarios puntuales.
Lo anterior me lleva a reflexionar brevemente sobre la paradoja de la polarización de los políticos que vive nuestro país. Y remarco la idea de polarización de los políticos, porque mientras los chilenos demandan que nos pongamos de acuerdo y lleguemos a consensos para construir soluciones a los problemas más acuciantes, los políticos estamos cavando trincheras. Al igual que ocurrió en un vecino país, se ensancha día a día una grieta entre bandos de políticos cada vez más irreconciliables. Dicho de otro modo, da la impresión de que una parte de la élite política anhela que Chile vuelva a ser una nación de enemigos, como titulaba el libro de Arturo Valenzuela y Pamela Constable, sobre un período triste de nuestra historia reciente.
¿Qué ganan los chilenos si se imponen las lógicas centrífugas en la política? ¡Nada! Los únicos que creen ganar algo son aquellos que defienden proyectos políticos ya fracasados, que operan en los deslindes del régimen democrático.
Los moderados, los que creemos en llegar a acuerdos, no podemos abdicar ni bajar los brazos. Ser moderado y escuchar a quien está al otro lado del Hemiciclo no es ser ni amarillo ni cobarde.
Hoy se requiere mucha valentía para defender el diálogo y la tolerancia. Ahí es, me atrevo a decir, donde nos jugamos nuestra democracia. Cuando los sectores extremos ponen la música, lo que se impone son las agendas excluyentes y sectarias. Los chilenos no quieren tirar el país por el barranco.
En suma, hago un llamado a que defendamos la democracia entre todos, a fortalecer el Estado de Derecho, la división de Poderes, el pluralismo y la participación ciudadana. No debemos abrirles la cancha a los proyectos intolerantes y antidemocráticos, vengan de donde vengan. No debemos olvidar que los que estamos en esta Sala ostentamos temporalmente la representación ciudadana. Debemos por eso ¡siempre! trabajar en pos del bien común de nuestro país.
Tenemos un desafío enorme. ¡Tenemos un desafío enorme en nuestras manos! Las decisiones que tomemos forjarán el camino que enfrente nuestra nación por los próximos cuarenta años.
Debemos lograr fortalecer nuestra democracia; lograr que la Constitución realmente sea la casa de todos, que sea la voluntad de vivir juntos los distintos. Por ende, tenemos la obligación moral y política de hacerlo bien y con acuerdos.
¡Se puede! ¡Claro que se puede!
Muchas gracias.
--(Aplausos).

El señor PARADA (Locutor).- El señor Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados hace entrega a Su Excelencia el Presidente de la República del Informe de la Mesa Técnica sobre el Fondo Extraordinario COVID, elaborado por más de doscientos cincuenta expertos y expertas, convocados por la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, en conjunto con la Comisión de Salud de la Corporación. Ello, con la finalidad de contribuir a la superación de la pandemia que está azotando a Chile y al resto del mundo.
--El Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, señor Diego Paulsen, se dirige a la testera y entrega el referido documento a Su Excelencia el Presidente de la República.

El señor PARADA (Locutor).- Se rinde un reconocimiento a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), institución sin fines de lucro y dependiente de la Red de Fundaciones de la Presidencia de la República, que es presidida por la Primera Dama, señora Cecilia Morel, y dirigida por la señora Alejandra Kantor.
Este año la Fundación cumple veinte años de historia otorgando becas. El 6 de mayo del 2019, la FOJI recibe el Premio Academia.
Esta institución recién nos acompañó interpretando nuestro himno nacional.
Esta es la séptima Cuenta Pública que rinden ambas Cámaras del Congreso desde la aprobación de la reforma constitucional que hoy permite que la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado rindan cuenta al país sobre su gestión durante el último año. Ha sido un avance en transparencia y en rendición de cuentas, que busca acercar a las personas al quehacer legislativo.
A continuación, hará uso de la palabra la señora Presidenta del Senado, doña Yasna Provoste Campillay.
--(Aplausos).
CUENTA PÚBLICA DE PRESIDENTA DEL SENADO

La señora PROVOSTE (Presidenta del Senado).- Muy buenos días, Excelentísimo señor Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique.
Saludo y agradezco muy sinceramente la presencia del señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, don Guillermo Silva Gundelach; del señor Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, don Diego Paulsen; de los señores Ministros del Interior, de la Secretaría General de la Presidencia y de la Secretaría General de Gobierno; del Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abott; del Presidente del Banco Central, don Mario Marcel, y del Presidente del Consejo Directivo del Servel, señor Andrés Tagle Domínguez.
También saludo de manera muy particular a nuestro colega y Vicepresidente del Senado, don Jorge Pizarro Soto, y a los Vicepresidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados, señores Francisco Undurraga Gazitúa y Rodrigo González Torres.
Quiero saludar al Reverendo Nuncio Apostólico y Decano del Cuerpo Diplomático en Chile, Monseñor Alberto Ortega Martín.
Saludo a los señores Secretarios Generales del Senado y de la Cámara de Diputados y, de manera muy especial, a nuestras colegas Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, tanto a aquellos que se encuentran físicamente acá en este Salón de Honor como también a quienes, por problemas de aforo, siguen de manera telemática esta Cuenta.
Quiero saludar de manera muy especial a las funcionarias y funcionarios del Congreso Nacional de la República.
--(Aplausos).
Como cada año, el Senado debe dar cuenta pública al país de la gestión realizada. Es lo normal, regular y esperable en nuestro funcionamiento institucional. Así se representa la continuidad del Estado; así nos reconocemos como pueblos, nacionalidades y culturas que comparten un destino común.
Por eso, esta cuenta pública es distinta. Nunca, en lo que va corrido del siglo XXI, la palabra que usamos en este podio, la gravedad y el timbre del discurso, habían sido tan afectados por la perturbadora estadística de una tragedia social y humana como la pandemia que estamos sufriendo.
Más de treinta y cuatro mil personas han perdido su vida; sobre 1 millón 600 mil personas se han contagiado; veinticuatro millones de dosis de vacunas se han administrado a once millones de jóvenes y adultos.
Las cifras no consiguen explicar el profundo dolor que nos deja la pérdida de tantas vidas; tampoco dan cuenta de la incertidumbre que nos causan las secuelas de la infección. Solo la resiliencia, la perseverancia frente a lo adverso y el sentido de pertenencia que nos liga a nuestros semejantes nos han librado del aturdimiento y nos han forzado a madurar en nuestra frágil condición.
No podemos aceptar tanta muerte como algo natural; tantas vidas laceradas no pueden ser parte de nosotros como puras cifras. La pandemia ha puesto al descubierto un drama aún más profundo y secular, como es la injusticia estructural de nuestra sociedad, aquella que golpea a los más humildes, desamparados y excluidos.
En nuestra cultura se simboliza el duelo con un minuto de silencio. Si hoy rindiéramos un minuto de silencio por cada una y uno de nuestros muertos por la pandemia guardaríamos silencio por 24 días, más de 580 horas. Todos los minutos, todas las horas del mundo, todos los días dedicados al trabajo del duelo no lograrían, sin embargo, reparar la pérdida sufrida y consagrar la memoria de los nuestros. Pero debemos atesorarlos en nuestras biografías, grabarlos en nuestra historia como un tiempo único que haga imposible el olvido.
Sabremos superar el dolor, curar las heridas de esta dura etapa y no olvidarlo; recordar todos los días que esto ha significado para nosotros un dolor profundo y convertirlo en parte de lo que somos, que sus lecciones nos ayuden a enfrentar de mejor manera los retos futuros, para nunca abandonarnos a la negligencia y a la indiferencia; para entender que Chile es más humano cuando sentimos el dolor ajeno como propio y somos solidarios y solidarias.
Los daños e incertidumbres no pudieron paralizar el funcionamiento del Congreso. Por el contrario, los hemos encarado a un punto tal que gran parte de las leyes promulgadas han tenido como foco de atención a las personas, a los hogares y, sobre todo, a los más perjudicados por la emergencia.
El Senado ha permanecido activo y atento a las vicisitudes de esta coyuntura. Mucho de esto se lo debemos a cada una de las bancadas de Senadores y Senadoras que han atendido con solicitud las urgencias de las familias chilenas.
Desde luego, ello también se lo debemos a la conducción de la Mesa anterior; a la mirada aguda y preclara de la entonces Presidenta de la Corporación, Senadora Adriana Muñoz, y de su Vicepresidente, Senador Rabindranath Quinteros.
Gracias al ajuste técnico y político exhibido por la Corporación, al esfuerzo y a las capacidades de sus trabajadores y trabajadoras y de nuestros equipos de asesores, que implicó la dictación de una norma constitucional transitoria para operar, fue posible mantener la actividad parlamentaria a través de medios telemáticos y llegar a nuevas audiencias en circuitos de comunicación que cambiaron positivamente la relación entre las instituciones y la ciudadanía.
Quiero detenerme un momento para agradecer muy sinceramente a las funcionarias y funcionarios del Senado de la República,...
--(Aplausos).
... a la voluntad que han colocado para construir y mejorar un clima laboral adecuado en momentos que, sabemos, no han sido fáciles.
En la plataforma Congreso Virtual, hemos recibido hasta ahora votaciones, opiniones y recomendaciones de más de 146 mil chilenos y chilenas. Hemos recibido, por ejemplo, más de 8 mil contribuciones ciudadanas a iniciativas legales como el matrimonio igualitario, eutanasia, protección del bosque nativo y endosos del pasaje aéreo.
Durante el año anterior se registró un aumento de sesiones de Sala superior al 50 por ciento, crecimiento que se ha mantenido durante este año. Entre el 25 de junio del año 2020 y el 30 de junio del año 2021, se realizaron 165 sesiones de Sala, con la presencia de los Senadores y las Senadoras.
En igual período se despacharon 245 proyectos de ley, 12 de ellos en el marco de la agenda de género y mujer.
El trabajo de Comisiones se desarrolló durante esos meses en 1.414 sesiones. El ritmo y la intensidad del trabajo, impuestos tanto por las circunstancias que atravesamos como por la clara conciencia acerca de la grave situación del país, han permitido fortalecer el papel del Estado en su deber de garantizar a la población la continuidad de los servicios y la satisfacción de sus necesidades.
En este período han brotado tensiones evidentes con el Ejecutivo. Primero, porque se transformó en una constante la crítica vacua e instrumental del Gobierno a cualquier diferencia que se manifestara aquí en el Congreso Nacional, que es un poder del Estado democrático y deliberante por excelencia. Luego, porque se repitieron exhortaciones públicas e imperativas a tramitar proyectos que ni siquiera habían sido presentados. Y la gran distancia entre las políticas comprometidas y la letra de los proyectos pasó a despertar sorpresa, pero luego a constituirse, lamentablemente, en una práctica acostumbrada.
Lo dijimos en su momento y lo reiteramos hoy: más que entender la realidad, el buen Gobierno tiene que administrar y gestionar iniciativas para resolver los problemas de la ciudadanía. Sin embargo, le ha costado entender la gravedad de los problemas que viene sufriendo la población.
Los ejercicios dialécticos desplegados para convencer al Gobierno han sido largos y extenuantes, muchas veces infructuosos. Si tuviéramos que resumir en tres palabras el talante mostrado por la actual Administración frente a la crisis, serían ahorro, hiperfocalización y desconfianza en las personas.
A pesar de todo, es indudable que los efectos de la pandemia han sido mitigados, y que esta tarea ha podido ser emprendida con humanidad y responsabilidad social desde el Parlamento. Una muestra elocuente de la reconexión de la política con las emociones de las personas la ofrece la ley 21.309, iniciativa de Senadoras y Senadores, que permite a personas enfermas terminales percibir una pensión con cargo al saldo de su cuenta de capitalización individual en la respectiva administradora de fondos de pensiones.
Desde luego, tramitamos tres retiros de fondos de las AFP, aprobados por un amplio arco político, tras las dificultades encontradas en el diálogo con el Ejecutivo y las insuficientes medidas adoptadas para enfrentar la pandemia.
El primer retiro fue publicado como reforma constitucional en julio del año 2020, y permitió un sacar hasta un 10 por ciento de las cuentas de capitalización individual, con un tope cercano a los 4 millones y medio de pesos y con un mínimo 1 millón de pesos aproximados.
Estos fondos fueron libres de impuestos y ayudaron también a los beneficiarios de pensiones alimenticias impagas, ya que se permitió la retención de los fondos del cotizante para así pagar las deudas.
El segundo retiro surgió también como una reforma constitucional, cuya idea fue objeto luego de una ley publicada en diciembre del año 2020. La única innovación respecto del primer retiro fue que las altas rentas debían pagar impuesto por ese retiro.
El tercer retiro, al igual que el primero, surgió como una moción parlamentaria recogida en una reforma constitucional. Lo innovador de la ley 21.330, que dispuso el tercer retiro, con relación a las dos anteriores, es que incluyó a los beneficiarios de rentas vitalicias, permitiéndoles un adelanto de las remesas que se les entregarán a futuro.
Por cierto, estos retiros producirán un efecto en el futuro de las ya malas pensiones que ofrece el fracasado sistema de AFP.
Sin embargo, el debate público, teñido por un discurso oficial que presagiaba el derrumbe económico del país, demostró ser no más que una controversia sobreideologizada.
Podría decir, sin temor a equivocarme, que, de no haber sido por estos tres retiros, las personas y los hogares no habrían podido hallar alivio a los apremios de la crisis y a la ingobernabilidad política que se habría hecho aún más insostenible.
El Postnatal de Emergencia es un ejemplo más del difícil entendimiento con el Ejecutivo. Basta recordar el trato inaceptable del que fue objeto la ex Presidenta de la Corporación, Senadora Adriana Muñoz, cuando defendió con racionalidad y convicción la necesidad de esta legislación. Logramos arribar a un acuerdo gracias al esfuerzo inagotable de las Comisiones de Trabajo y de Mujer y Equidad de Género.
Legislamos la extensión de este derecho, producto de la pandemia, para beneficiar a trabajadores y trabajadoras dependientes e independientes, empleadas públicas que hubiesen utilizado una o más licencias médicas preventivas parentales en el período de emergencia. También legislamos para favorecer a trabajadores y trabajadoras que en la actualidad estuvieran sujetos a suspensión laboral por la causal de Crianza Protegida, debido al cierre de salas cuna, jardines infantiles o colegios en contexto de la pandemia, y que hubieran hecho uso de, al menos, una licencia médica preventiva parental.
Pero avanzamos también en otras materias, como la Ley Nacional del Cáncer, sobre cuyo impulso y promoción no puedo dejar de felicitar y agradecer a la Senadora Carolina Goic por su incansable tesón.
--(Aplausos).
La ley publicada en el Diario Oficial el 2 de septiembre del año 2020 consagra un marco normativo para la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas y acciones destinados a establecer causas y prevenir el aumento de la incidencia del cáncer.
La ley también busca un adecuado tratamiento integral y la recuperación de las personas diagnosticadas con dicha enfermedad. Forma parte de sus objetivos crear un fondo de financiamiento adecuado a los propósitos señalados.
Con el objetivo de fortalecer la familia, hacer justicia a las mujeres de nuestro país y avanzar en una sociedad capaz de vencer un conjunto de dificultades, en el marco de abordar y superar este sistema patriarcal nos llena de orgullo la promulgación de la ley que permite alterar el orden de los apellidos de los padres y madres en la inscripción del nacimiento.
Esta propuesta era parte de la agenda de género de este año. Fue publicada como ley el 14 de mayo de 2021 y establece que, al momento de inscribir el nacimiento de su primer hijo o hija, los padres podrán expresar de común acuerdo su voluntad de que el apellido de la madre anteceda al del padre, caso en el cual se deberá proceder de igual forma con todos los hijos comunes.
También esa ley permite el cambio de apellidos de mayores de 14 años, quienes podrán elegir llevar el apellido de su madre o abuela, de manera más simple que en el trámite actual.
Quiero destacar, dentro de las iniciativas legales promulgadas durante este período, la Ley de Eficiencia Energética, que fue publicada en el Diario Oficial en febrero del año 2021, y que tiene por objeto promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, para contribuir a mejorar la productividad, la competitividad económica y la calidad de vida de las personas, reduciendo también las emisiones de contaminantes. Para lo anterior, se establecen metas de reducción de emisiones para determinados sectores productivos y se fijan criterios de sustentabilidad en el desarrollo de nuevos proyectos.
Adicionalmente, quiero señalar un tema de especial preocupación de la Corporación y que hemos planteado reiteradamente al Gobierno. En el año 2020 legislamos, a partir de diversas iniciativas parlamentarias de ambas Cámaras, la postergación del pago de cuentas de servicios básicos de luz, agua, gas, a raíz del desempleo y, por consiguiente, de la pérdida de ingresos. En esa ley se estableció la prohibición del corte por no pago. Este año, 2021, prorrogamos la vigencia de la aplicación de la ley hasta diciembre próximo y ampliamos el plazo de prorrateo de las mismas. Todas buenas leyes, indispensables para las personas y los hogares, pero que tuvieron que sortear incluso las barreras impuestas por el Gobierno, que recurrió al Tribunal Constitucional.
Pero estas leyes ya no bastan. Las deudas acumuladas por las familias, la lenta recuperación de la actividad económica, del empleo, hacen del pago de deudas una carga imposible de sobrellevar para muchas familias. Por eso, hemos propuesto de forma transversal en la Comisión de Economía, presidida por el Senador Álvaro Elizalde, paliar esta privación en forma solidaria, mediante la concurrencia de los deudores, el Estado y las empresas de servicios. Invito al Gobierno, al Presidente de la República aquí presente, a que respalde esta fórmula, a que resolvamos este problema, antes de que se precipiten las consecuencias políticas y económicas de esto.
Cuando asumí la Presidencia del Senado, la única certeza que teníamos sobre...
Me refiero a las cuentas básicas que se acumulan, Presidente.
--(Aplausos).
Una ley, producto de una moción parlamentaria, permitió evitar el corte del suministro para aquellas personas que, producto de esta pandemia y del desempleo, no podrán pagarlas, pues hoy día el nivel de deudas que se han acumulado hace que las familias simplemente no las puedan pagar.
Por eso que, desde la Comisión de Economía, hay una mesa instalada, y tenemos que ser capaces de hacer un esfuerzo entre las empresas, el Gobierno y las propias familias para poder resolver un problema que es urgente para muchas familias en nuestro país.
--(Aplausos).
Por otra parte, cuando asumimos la Presidencia del Senado señalamos que una de las certezas era lo que venía ya respecto de la instalación de la Convención Constitucional. Las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales debieron ser postergadas porque otro ciclo de la pandemia volvía a amenazar la seguridad sanitaria del país. Nuestro colega, el Presidente de la Cámara, ha señalado el esfuerzo conjunto que, al amparo y con el apoyo de las comunidades científicas, desarrollamos en este Parlamento para garantizar que la nueva fecha establecida se cumpliera.
Entretanto, se asentaba una sensación de impunidad, alimentada por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos que no hallaban cauces de verdad, justicia y reparación.
Una actividad económica que no daba luces de recuperación, con tasas de desocupación que superaban los dos dígitos, al igual que los porcentajes de pobreza. En marzo había 938 mil personas sin trabajo y la Cepal, adelantándose a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, calculaba que las personas en situación de pobreza a nivel nacional representaban el 11 por ciento de la población, pero que en La Araucanía, la región más deprimida y tensionada por un conflicto político y social, superaba el 17 por ciento de su población. Por primera vez en este siglo, la pobreza aumentó hasta comprometer las condiciones de vida de 2 millones 100 mil compatriotas.
Por entonces, tras duros meses de confinamiento e inactividad laboral y productiva, cerca de la mitad de los hogares no había recibido ayuda alguna del Estado. Siete de cada diez hogares más pobres no habían accedido al Ingreso Familiar de Emergencia. El Gobierno había perdido el foco de la focalización social.
El drama que viven las familias radicadas en campamentos, que aumentan día a día, es indescriptible. Una existencia que gira en torno a la olla común, pues es la manera de sobrellevar la escasez y de mantener la organización de la comunidad. Niños y niñas sin acceso a internet y a un computador que les permita conectar con la escuela.
Ahora, como entonces, creo que no ayuda a salir del estancamiento un sistema político concentrado en las élites, incapaz de procesar y de satisfacer las demandas y, en consecuencia, con una baja adhesión de la población; donde sus principales actores políticos e institucionales han perdido ascendiente y capacidad de iniciativa. Esto revela el agotamiento de la voluntad política. Y esta fatiga institucional solo contribuye a la parálisis de la acción urgente del Estado en beneficio de las personas.
Ahora, como entonces, pienso que es bueno para el país un gobierno dotado de facultades, una oposición fuerte, representativa y legitimada, que actúe con eficacia y con la sociedad civil en defensa de los intereses de las grandes mayorías.
Soy también una convencida de la unidad política y social de las fuerzas transformadoras, del compromiso democrático y social entre aquellos y aquellas que aspiramos a darles sustentabilidad, gobernanza a políticas públicas centradas en las personas, empapadas en el espíritu de colaboración y de solidaridad.
Es por eso que, pese a las dudas, pese a las desconfianzas legítimas hacia el Gobierno, nos dispusimos a iniciar un diálogo centrado en las necesidades del país, centrado en las necesidades de su gente. Para salir del atasco y superar las disputas sin sentido y acabar con la lógica insensible de la autoayuda de las familias, concordamos un itinerario de conversaciones acerca de qué medidas tomar durante el tiempo que se prolongara la pandemia para brindar auxilio oportuno. Es lo que se conoció como la "agenda de mínimos comunes". Algo muy concreto y acotado, como era ofrecer alivio a las personas y familias para enfrentar la crisis sanitaria que generaba desempleo, pobreza e incertidumbre.
El foco principal son las personas y sus necesidades, las que se deben anteponer siempre a cualquier interés electoral, político o económico; imaginando políticas públicas con celeridad, solvencia técnica y eficacia; en un debate transparente, abierto a la ciudadanía, realizado aquí, en el Congreso Nacional, transmitido a través de las distintas plataformas de comunicaciones.
En este diálogo, como Oposición concretamos la unidad política y social que hemos planteado, con una propuesta que emergió desde los territorios y comprometió a un rico tejido de asociaciones. Un verdadero encuentro entre las organizaciones de la sociedad civil, las trabajadoras y trabajadores, los partidos políticos, los centros de pensamiento, los parlamentarios y parlamentarias, que respaldaron con su presencia, con sus aportes, el impulso de esta agenda de mínimos comunes en una coyuntura crítica para quienes estaban sufriendo.
Propusimos, entre otras cosas, lo que diversos actores, incluida la Oposición, había sugerido un año antes: una renta básica universal, un monto periódico de dinero a todas las personas, sin condiciones ni requisitos de acceso, siempre por encima de la línea de la pobreza, según el número de integrantes de cada hogar y que no se fuera achicando con el paso del tiempo.
Arribamos a la ley N° 21.352, promulgada el mes pasado, que concede un Ingreso Familiar de Emergencia a todas las personas que se encuentren inscritas en el Registro Social de Hogares, quienes reciben un monto de recursos durante los meses de junio, julio, agosto, y hasta mediados de septiembre, en proporción a la cantidad de integrantes de cada hogar y de renta por persona, sin hacer distinciones territoriales ni sanitarias.
De esta manera, un hogar, por ejemplo, de un integrante, percibe un ingreso de 177 mil pesos al mes, mientras que un hogar con cuatro integrantes, obtiene 500 mil pesos mensuales.
Ello constituye el progreso material, palpable, positivo, más evidente hacia un umbral mínimo de protección garantizada, exigible, justiciable, para todas las familias chilenas sin excepción, que lo hemos entendido como nuestra Renta Básica Universal.
También propusimos abordar en serio la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Llevábamos ya un año y medio con intentos fallidos, con proyectos mal diseñados o sin solvencia técnica, que las limitadas facultades del Congreso no podían remediar.
Nuevamente, en diálogo con los destinatarios de la política pública, en concordancia con las organizaciones de pequeñas empresas, elaboramos una propuesta que las fortaleciera frente al riesgo de la quiebra, el desempleo y que, a la vez, comportara una inyección reactivadora de la economía. Creíamos indispensable asignar a este propósito un monto de recursos fiscales de alrededor de 3 mil millones de dólares en subsidios directos.
Mediante la ley N° 21.353, promulgada en junio, se establecieron importantes medidas tributarias; se suprimió transitoriamente el pago de la tasa del 1,5 por ciento por mora en el pago de impuestos y se determinó la devolución del remanente de crédito fiscal del impuesto al valor agregado.
A través de la ley N° 21.354 se asignó el Bono de Alivio a Micro y Pequeñas Empresas por la suma de 1 millón de pesos, y con requisitos más flexibles que los propuestos por el Gobierno, a fin de llegar a la mayor cantidad de pymes posible, incluidos aquellos sectores especialmente afectados por la pandemia, como la gastronomía, los servicios de eventos, cultura, turismo, belleza, peluquerías, gimnasios, transporte escolar, jardines infantiles y ferias libres. La misma ley asegura un bono adicional variable, equivalente a tres meses del promedio del IVA pagado en el año 2019, con un tope de 2 millones de pesos y un bono para el pago de cotizaciones.
La implementación de este beneficio a las pymes no ha estado exenta de problemas, producto de algunos sectores productivos que, entendiéndose como objetos de esta legislación, no han accedido a sus beneficios por cuestiones administrativas. Instamos al Gobierno a resolver a la brevedad estas situaciones.
Todo esto parece un balance de proyectos, números de beneficiarios, plazos, metas. Pero es mucho más que esto. Es el rostro humano de un país golpeado por la tragedia. Es la mirada dolida, pero esperanzadora, de un pueblo que cree en su destino. Es la voz de un país que habla con serenidad, pero sin resignación.
Junto a la Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, estuvimos con don Pedro y la señora Maritza, personas mayores que viven de un sueldo que, tras iniciarse la pandemia, se hizo menos que mínimo. Ambos vinieron a recibir el primer apoyo del Estado después de quince meses, durante los cuales vieron acumularse cuentas, deudas por la compra de medicamentos, préstamos para poder sobrellevar las necesidades de alimentación y abrigo.
En la comuna de Pedro Aguirre Cerda, junto al Alcalde Luis Astudillo, estuvimos con Marco y Stephanie, dos microempresarios que también recibían por primera vez auxilio para mantener sus negocios abiertos y, en el caso de Marco, conservar el empleo de dos trabajadores. Stephanie habría quedado fuera del beneficio, si no hubiera sido porque los dirigentes de las pequeñas y medianas empresas pidieron enmendar el proyecto original para poder apoyar a microempresarios que trabajaran solos. Luego, fue necesario convencer al Gobierno de la verdadera necesidad que tenían trabajadores y trabajadoras por cuenta propia.
Cuando veo esos rostros de hombres y mujeres de Chile, siento que la política aún es la máxima expresión del bien común y que esta es la función del Congreso: poner la dignidad de las personas en el centro, para trabajar sin cálculos, sin pensar en lo pequeño, sin mezquindades, sino para deliberar y lograr acuerdos que beneficien a personas cuyo rostro hemos visto en Maritza o en Marco.
Persistiremos en otras dos estrategias que aún no llegan a puerto, como son el diseño de una Gobernanza Sanitaria para la transición que se avecina y el financiamiento de la reconstrucción económica y productiva que debemos afrontar, y, por cierto, un conjunto de exenciones y cambios tributarios, entre otras políticas públicas. En ambos aspectos abrigamos la expectativa de que el Ejecutivo gobierne hasta el último día de su mandato, destinando tiempo valioso a impulsar estas urgentes iniciativas que deberían reflejarse en los proyectos de Ley de Presupuestos.
Especial énfasis deseamos poner en una aspiración muy sentida por la ciudadanía y que ha sido reiteradamente planteada en los diálogos políticos y sociales que hemos sostenido. Me refiero a los estándares de respeto y garantía a los derechos humanos y de seguridad y orden público que exhibe nuestro país.
La violencia en La Araucanía no nos puede dejar indiferentes, pues hay víctimas inocentes, inermes y no causantes de los conflictos ocasionados. El Estado de derecho no se puede inhibir de su función de proteger a las personas y comunidades. No es tolerable la disputa del monopolio del Estado sobre el uso de las armas. No es aceptable la violencia ni el descrédito de las instituciones, tampoco lo es criminalizar legítimas demandas de nuestros pueblos originarios cuando procuramos resolver nuestras diferencias en una Convención Constitucional legítima, democrática y mandatada por la ciudadanía.
Lo señalé al asumir la Presidencia del Senado: "El país no puede esperar hasta el año 2027 una reforma profunda de Carabineros". Hoy, no mañana, necesitamos una institución confiable, proba, eficiente, respetuosa de los derechos humanos, sometida sin discusión al poder civil y fiscalizable. Una reforma que incorpore su estructura interna, los procesos formativos, sus procedimientos de actuación, sistemas de monitoreo y control, incluyendo una clara subordinación a la autoridad civil y una evaluación con participación de la ciudadanía, así como un cambio mayor y de índole legal en su marco normativo.
Actualmente se tramita en el Senado el proyecto de ley, iniciado en moción parlamentaria, que concede indulto general por razones humanitarias a las personas detenidas durante el estallido social. Ha sido aprobado por las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad, y en este momento se encuentra en la Comisión de Constitución a la espera de recibir antecedentes solicitados a distintas instituciones públicas. Deseamos que prontamente pase a la Sala, para el debate de las Senadoras y los Senadores.
No debemos temer al debate parlamentario. No podemos eludir la deliberación democrática que es camino de la racionalidad y el entendimiento, que conduce a la justicia y a la paz. Conversemos en la Sala, hagamos el trabajo en las Comisiones, imaginemos las indicaciones que mejoren el proyecto para beneficiar a aquellos que en justicia lo merecen, pero ofrezcamos una salida política a un problema real que se agudiza con el correr de los tiempos.
En pocos meses se van a cumplir dos años desde el inicio del estallido social, y es claro que Chile tiene una gran deuda en cuanto a las graves violaciones de derechos humanos realizadas por agentes del Estado durante las manifestaciones. Las, hasta ahora, poquísimas sentencias condenatorias no se explican por la ausencia de evidencias, sino por una respuesta tardía y débil de las instituciones llamadas a hacerse cargo de la demanda de verdad y justicia. No existe un cambio relevante sobre la no repetición, en cuanto, como hemos dicho, están aún pendientes los verdaderos cambios estructurales que transformen a la policía en una institución respetuosa de los derechos humanos. La reparación está aún fuera del alcance de las víctimas. Nuestra institucionalidad de protección de los derechos humanos está tensionada y no ha logrado apuntar a sistematicidad de las vulneraciones y a la responsabilidad de los mandos. En general, en Chile no se han hecho valer cabalmente las responsabilidades jurídicas y políticas por las violaciones a los derechos humanos.
Por ello, Presidente, se ha hecho imprescindible, como lo ha planteado también el Senador Pedro Araya, Presidente de la Comisión de Constitución, que usted pueda evaluar la creación de una Comisión para la Verdad y la Reparación, que pueda aclarar de manera ágil y certera, con claridad, la magnitud, entidad y calificación de las violaciones ocurridas, así como las situaciones de las víctimas y proponer las reparaciones debidas. Debe ser un órgano independiente e integrado por reputadas mujeres y hombres con experticia en derechos humanos, que sean capaces de dar confianza a las víctimas y sus organizaciones, y que realicen en un breve tiempo un trabajo imparcial. No debe reemplazar jamás a los tribunales, pero deberá permitir un nuevo impulso en las acciones, en coordinación con el Ministerio Público. Nos parece que esta es una tarea urgente de nuestro país y que debemos acometer con fe y con esperanza.
Esta semana, en la Sala del Senado, hemos iniciado la discusión, en segundo trámite constitucional, de otra iniciativa que ha esperado largo tiempo. Me refiero al Código de Aguas, proyecto que ha demorado más de diez años en su tramitación y, como hemos señalado al asumir la Presidencia, es una prioridad. Entre sus aspectos más relevantes, figura la prioridad del agua para el consumo humano, restablecer el carácter de bien nacional de uso público del agua en todos sus estados y que los nuevos derechos de aprovechamiento dejen de otorgarse a perpetuidad y tengan un plazo de treinta años, como máximo. También propone que expiren cuando no se haga uso del caudal asignado.
La Dirección General de Aguas tendrá la facultad de conocer y fiscalizar el cambio de uso de un derecho de aprovechamiento, así como de suspender derechos cuando se afecte gravemente un acuífero o fuente superficial de donde se extrae el agua.
Es una reforma premonitoria del lugar que ocupará -no nos cabe ninguna duda- el derecho al agua en la futura Constitución. Confiamos en que esa discusión estructural sea resuelta de manera adecuada, con el bien común como objetivo inspirador, por la Convención Constitucional.
Como puede advertirse, la labor realizada por el Senado durante estas intensas jornadas da cuenta, más allá de su productividad legislativa, del cambio profundo que está viviendo nuestro país. Basta mirar las decisiones que han recaído en este Congreso para aquilatar los cambios estructurales, institucionales, políticos, sociales y culturales que están ocurriendo en la sociedad chilena.
Lo cierto es que en estos agitados meses ha brotado una auténtica voluntad republicana y democrática, que ha sido retribuida por la ciudadanía con responsabilidad y disciplina cívica. La cultura política nacional ha vuelto a sorprender a los observadores externos por la originalidad de sus arreglos; incluso a riesgo, para las formaciones políticas que le dieron viabilidad a esta vía chilena, de saber que se perdía influencia y gravitación en el escenario que se inaugura. Es una ventana abierta al mañana, hacia el horizonte que vemos más allá de esta década asombrosa.
Entre estos relevantes cambios, sin duda, la asunción de las nuevas gobernadoras y gobernadores elegidos por primera vez por la ciudadanía es uno de los que más esperanzas entrega a Chile. Confiamos plenamente en las capacidades de las comunidades regionales para asumir responsabilidades en la gestión de su desarrollo. Por lo mismo, se requiere avanzar resueltamente en fortalecer a los gobiernos regionales, dotándolos de autonomía financiera y mayores facultades y atribuciones para responder a las expectativas y esperanzas de sus comunidades.
Pero no hay umbral posible de alcanzar si no es con nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso, hemos convocado, como Mesa del Senado y con la Comisión de Educación, presidida por el Senador Jaime Quintana, a un diálogo político y social amplio, inclusivo y transversal, que nos permita asumir la realidad de la pandemia y sus efectos, que probablemente se van a mantener por un largo tiempo.
Nos hemos propuesto construir desde este espacio, en unidad con el mundo social, con el Colegio de Profesoras y Profesores, con los asistentes de la educación, con los distintos gremios de la primera infancia, con la sociedad civil, con los especialistas, con fundaciones, con nuestras universidades, con madres, padres y apoderados, y con los propios estudiantes, una propuesta seria y sustentable, validada por los principales actores, que priorice la mayor urgencia de los próximos meses y proyecte fórmulas para el mediano y largo plazo. Recuperar la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes es el propósito.
Sabemos que, mientras persista la pandemia, el retorno a la plena presencialidad en salas será imposible, pues no existen infraestructura ni condiciones sanitarias para ello. En el mejor de los casos, lograremos implementar un sistema de educación en parte presencial y en parte a distancia, durante un largo tiempo.
Para conseguirlo, es fundamental diseñar estrategias integrales que le den viabilidad y realidad a la presencia en aulas para vigorizar y hacer posible la educación a distancia.
En los próximos días concluiremos esta propuesta para presentar al Gobierno y a Chile. Con humildad, quiero invitar al Presidente a escucharla con atención, para que hagamos las cosas bien y no perdamos un segundo año en intentos fallidos de un falso retorno.
Todo parece estar configurándose de nuevo.
La Convención Constitucional ha emprendido su tarea mostrando al mundo el rostro originario de nuestra tierra y de su gente. Lo ha hecho dos semanas después del solsticio de invierno, cuando por ley, emanada de una moción senatorial, celebramos por primera vez el Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
Lo ha hecho en el antiguo edificio del Congreso Nacional. Un evento auspicioso, porque enseña que nada puede desdeñarse como enteramente obsoleto y nada puede pretenderse como completamente nuevo.
La instalación de nuestra Convención trajo también consigo un hecho que nos debe llenar de orgullo: la elección de nuestra hermana Elisa Loncon como su primera Presidenta, mujer mapuche, que ha demostrado las cualidades precisas para este momento tan particular, la templanza, la sabiduría, la capacidad de escuchar y de decidir. Por lo mismo, no puedo dejar, no solo como Presidenta del Senado, sino también como mujer y como diaguita, expresar mi admiración y toda mi solidaridad por los ataques racistas y xenófobos de los que fue objeto hace unos días. ¡Chile no puede aceptar estos hechos!
--(Aplausos).
Tenemos que hacer las cosas bien.
Como país tenemos desafíos grandes por delante. Por eso, desde esta testera, quiero invitarlos a construir un país más próspero, más justo, más respetuoso de la dignidad de su gente.
Ayer dimos un paso histórico en esta dirección al aprobar en la Sala del Senado el proyecto de matrimonio igualitario. Hace algunas semanas, en este mismo Salón, en su cuenta pública el Presidente Piñera anunció que pondría urgencia a esta iniciativa, después de años de espera. El Presidente cumplió. Como Senado también cumplimos y tramitamos con diligencia y rapidez esta demanda histórica que hace justicia a tantos, tantas y tantes que desean algo tan simple, algo tan básico: el derecho a vivir en el amor, a construir una familia, a ser respetados y respetadas y a terminar como sociedad con cualquier signo de discriminación. Mis agradecimientos a quienes han luchado por décadas por este derecho, porque nos permitirán vivir en un mejor y nuevo Chile.
Sigamos en esta dirección, desde este Congreso Nacional y desde cada espacio del compromiso cívico, del compromiso público, que no es otra cosa que el compromiso con nuestros semejantes.
Trabajemos para recuperar el crecimiento de nuestra economía, con ética y en armonía con la naturaleza y las comunidades, para crear más y mejores empleos. Y, a partir de los estándares fijados en el Ingreso Familiar de Emergencia, vamos a luchar hasta consolidar la Renta Básica Universal, a fin de que ningún hogar quede por debajo de la línea de la pobreza y, aún más, para que todas las familias cuenten con recursos suficientes y puedan cubrir las demandas y las necesidades fundamentales de sus integrantes.
Hagamos de la educación un derecho, para poner en el centro de las cualidades del sistema educacional que queremos heredar a nuestros hijos e hijas, lejos de las reglas que dicta el mercado. Pondremos la universalidad y la igualdad de condiciones para nuestros descendientes en el lugar de la meritocracia, que nunca es del todo recompensada, como cínicamente se publicita a sí misma. Pondremos el enfoque de derechos en el lugar que ocupa el lucro y el modelo de negocios.
Luchemos como país por el reconocimiento constitucional de la salud, para que sea un derecho universal, centrado en la persona, solidario, integral y preventivo. Es lo que anhelan las personas con las que estamos permanentemente en el territorio: no quedar abandonados a su suerte.
Es imperativo vencer la violencia, la inseguridad y el maltrato para iniciar una era de paz y de dignidad.
Vamos a vencer el miedo y el dolor de la pandemia. Lo haremos llevando en nuestros corazones el recuerdo de quienes nos dejaron.
Confiamos en Chile y su gente; confiamos en nuestro pueblo, en su mandato y en nuestras fortalezas.
He dicho.
Muchas gracias.
--(Aplausos).
Habiéndose cumplido el objeto de dar cuenta pública de las actividades realizadas por el Senado y por la Cámara de Diputados en el período comprendido entre el 24 de julio del año 2020 y el 22 de julio del año 2021, se levanta la sesión.
--(Aplausos).

--Se levantó a las 12:35.
Daniel Venegas Palominos
Jefe subrogante de la Redacción del Senado