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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 56ª, en miércoles 21 de julio de 2021
Ordinaria
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 16:17 a 19:43)
PRESIDENCIA DE SEÑORA YASNA PROVOSTE CAMPILLAY, PRESIDENTA;
Y SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE,
Y ÁLVARO ELIZALDE SOTO, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR,
Y EL SEÑOR ROBERTO BUSTOS LATORRE, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Alvarado Andrade, Claudio
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Quintana Leal, Jaime
--Sandoval Plaza, David
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--De Urresti Longton, Alfonso
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Lagos Weber, Ricardo
--Montes Cisternas, Carlos
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sabat Fernández, Marcela
--Soria Quiroga, Jorge
Concurrieron, además, presencialmente, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno Charme.
Asimismo, se encontraba presente el Director General de Aguas, señor Oscar Cristi Marfil.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Secretario General subrogante y Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 17 señoras Senadoras y señores Senadores.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión .
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Las actas de las sesiones 99ª a 104ª en 2020, y las actas de las sesiones 52ª y 53ª, ordinarias, en 6 y 7 de julio de 2021, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el que retira la urgencia en el despacho de las solicitudes de acuerdo del Honorable Senado para designar como Ministro Titular Abogado del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental al señor Javier Eduardo Millar Silva y para designar como Ministra Titular Abogada del Ilustre Primer Tribunal Ambiental a la señora Sandra Marianela Álvarez Torres (boletines Nºs S 2189-05 y S 2188-05, respectivamente) y, a la vez, hace presente nuevamente la urgencia a que se refiere el artículo 53, numeral 5), de la Constitución Política de la República para el despacho de los referidos asuntos.
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha rechazado las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley sobre endoso o transferencia del pasaje de transporte aéreo, del titular a un tercero (boletines Nºs 9.509-15, 9.980-03, 12.285-15, 12.773-19 y 12.825-15, refundidos), y señala los Honorables Diputados que concurrirán a la formación de la Comisión Mixta que establece el artículo 71 de la Constitución Política.
--Se toma conocimiento y se designa a los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para integrar la señalada Comisión Mixta.
Con el segundo señala que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en lo relativo al cobro de multas (boletín N° 14.336-11).
--Pasa a la Comisión de Salud y a la de Hacienda, en su caso.
Con el tercero informa que ha aprobado el proyecto de ley que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte, en el contexto de movilizaciones sociales (boletín N° 13.854-17).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Informes
Cuatro de la Comisión de Relaciones Exteriores relativos a los siguientes asuntos:
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Turquía", suscrito en Colombo, el 7 de diciembre de 2017 (boletín Nº 14.181-10).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Qatar", suscrito en Colombo, Sri Lanka, el 5 de diciembre de 2017 (boletín Nº 14.182-10).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Finlandia", suscrito en Nairobi, el 11 de diciembre de 2018 (boletín Nº 14.183-10).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Israel", suscrito en Jerusalén, el 26 de junio de 2019 (boletín Nº 14.186-10).
De la Comisión de Régimen Interior recaído en el proyecto de acuerdo sobre modificaciones al Reglamento del Personal del Senado, en lo relativo a diversas materias que indica (boletín S 2.190-09).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señoras Aravena y Carvajal y señores Durana, Elizalde y Pizarro, con la que inician un proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas para regular las multas que afecten a las cooperativas que no califiquen como de importancia económica en el régimen sancionatorio de multas (boletín N° 14.481-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Honorables Senadores señor Quinteros, señora Rincón y señores Bianchi, De Urresti y Elizalde, que modifica la ley N° 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República, para incorporar específicamente a los hijos de personas fallecidas por COVID-19.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de ley de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el artículo 65 de la Constitución Política de la República, en sus incisos tercero y cuarto, número 2, en relación con el artículo 32 numeral 11.

El señor BUSTOS (Prosecretario).- Esos son todos los documentos recibidos, señora Presidenta.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias, señor Prosecretario.
Sobre la Cuenta, ofrezco la palabra.


ADMISIBILIDAD DE PROYECTO SOBRE OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE GRACIA A HIJOS DE PERSONAS FALLECIDAS POR COVID-19

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Ha solicitado la palabra el Senador Rabindranath Quinteros.
Puede intervenir, Senador.
No lo logramos escuchar en la Sala, pero está habilitado el audio.

El señor QUINTEROS.- ¿Ahí?
Yo estoy telemáticamente, Presidenta.
¿Me escucha?

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Ahora lo escuchamos perfecto, fuerte y claro.

El señor QUINTEROS.- Gracias, Presidenta.
Yo quiero pedir votación para la admisibilidad del proyecto que hemos presentado.
Y para discutir la admisibilidad es necesario explicar brevemente los términos del proyecto.
Las pensiones de gracia, bien sabemos, las otorga el Presidente de la República y están reguladas en la ley N° 18.056, que establece quiénes pueden solicitarla y, someramente, el procedimiento aplicable para su tramitación.
Según el artículo 2º de esta ley, podrán solicitar pensiones de gracia:
a) Los que hubieren prestado servicios distinguidos al país.
b) Los que fueran afectados por accidentes o catástrofes, respecto de los cuales existan circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento de una pensión, y,
c) Las personas que se encuentren incapacitadas y no pueden solventarse por sí mismas.
Dentro de los numerosos efectos desastrosos de la pandemia en el país, uno de los más graves que hemos conocido es la situación de orfandad en que han quedado niños que han perdido a su madre, su padre o a ambos.
En la comuna de Quinchao, en la isla de Chiloé, tres hermanos de 6, 8 y 12 años perdieron primero a su padre y una semana más tarde a su madre, producto de esta enfermedad. Una hermana mayor, con familia propia y residente en Santiago, ha decidido trasladarse hasta la isla para cuidar a sus pequeños hermanos. Y como muchos chilenos, los padres trabajan de manera independiente, por lo que la situación previsional en que quedan sus hijos es incierta.
Indudablemente, más allá del apoyo de la familia y de los municipios, se trata de un drama que debe ser abordado por el Estado.
Si bien no hay cifras oficiales, se calcula que más de doscientos niños han perdido a uno de sus padres durante esta pandemia. Se trata de una herida que permanecerá abierta por muchos años.
Lo que hace el proyecto es solamente considerar la orfandad de niños, niñas y adolescentes, producto de la pandemia, con el objeto de articular dentro de las causales genéricas, actualmente contempladas en la ley, la referida a quienes fueron afectados por accidente o catástrofe.
¿Y con qué fin se hace esto? Primero, para asegurar que estos hijos sean considerados como afectados por la catástrofe.
Segundo, para eximirlos de la exigencia legal de acreditar la existencia de circunstancias extraordinarias que justifican la pensión. Con esta iniciativa serán considerados siempre como hábiles para recibirla, independientemente de la situación previsional.
Y tercero, para incorporar específicamente la condición de que el monto de la pensión será el mismo para todos los beneficiarios que se encuentren en esta situación y que se extendería hasta la mayoría de edad o hasta los 24 años, si están estudiando.
Todas condiciones se resuelven caso a caso en la normativa actual. Ninguna de estas regulaciones -¡ninguna, Presidenta!- infringe las normas de iniciativa exclusiva que tiene el Presidente de la República.
El artículo 65, inciso cuarto, N° 2, de la Constitución dispone la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para crear servicios públicos y determinar sus funciones o atribuciones. Nada de eso se hace en el proyecto, porque la atribución de otorgar la pensión de gracia ya existe para el Presidente de la República.
Tampoco se modifica dicha atribución. Solo se establecen reglas especiales para las solicitudes cursadas por un grupo de eventuales beneficiarios. No modifica la atribución presidencial de otorgar o denegar.
Finalmente, el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución se refiere a la administración financiera del Estado, pero el proyecto no considera nuevos gastos ni aumentos de beneficios; solo regula la situación particular de determinados beneficiarios potenciales para la pensión de gracia.
Tampoco establece la obligatoriedad de la pensión. Me gustaría que fuera así para todos los niños, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos a raíz de la pandemia, pero estoy consciente de que una norma de este tipo sí sería inadmisible.
La consecuencia económica del proyecto es solo indirecta y eventual. Y esta es una discusión que hemos tenido varias veces en la Sala, pues si se considerara este criterio, prácticamente la iniciativa de los legisladores sería inexistente, porque todos los asuntos tienen un efecto en la labor de un órgano del Estado que se podría traducir en un costo para ese servicio.
En definitiva, Presidenta, el proyecto ha sido redactado justamente para que sea considerado admisible y no va más allá de varias mociones que se han aprobado con ocasión de la pandemia y que, por lo tanto, revisten gran urgencia.
No se trata de un resquicio, sino de la aplicación estricta de la Constitución, la que debe ser interpretada, como toda norma de derecho público, de manera restringida.
Por estas razones, solicito respetuosamente a la Sala que declare la admisibilidad del proyecto de ley, pues permitirá dar respuesta a niños, niñas y adolescentes que viven una situación particularmente difícil en estos días y que seguramente los marcará de por vida.
Quiero agradecer a los Senadores Álvaro Elizalde, Adriana Muñoz, Carlos Bianchi, Alfonso de Urresti y Jaime Quintana por haberme apoyado en la redacción de este proyecto.
Le pido encarecidamente a la Sala que se someta a votación la admisibilidad de este proyecto y proceda a su aprobación.
Gracias, Presidenta.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias.
Hemos escuchado en extenso los argumentos del Senador Rabindranath Quinteros, quien ha solicitado la votación de la admisibilidad.
La Secretaría técnica ha declarado inadmisible este proyecto.
Respecto del mismo punto, ha solicitado la palabra el Senador Carlos Bianchi.
Tiene la palabra, Senador Bianchi.

El señor BIANCHI.- Gracias, estimada Presidenta.
En la misma línea de lo que señaló el autor de esta moción, Senador Rabindranath Quinteros, quien nos ha invitado a copatrocinarlo, quiero pedir que nos pronunciemos sobre la admisibilidad de este proyecto, pues tiene una humanidad extraordinariamente necesaria en estos tiempos.
Fíjese que solo quiero agregar un punto más.
El Senador Quinteros ya ha explicado en detalle lo que encierra y persigue este proyecto de ley en cuanto al otorgamiento de pensiones de gracia para los menores que sufren la pérdida, a raíz del COVID, de sus padres.
Pero yo quiero llevar esto a otra realidad, Presidenta, pues me parece tremendamente necesario.
Hoy llevamos 35 semanas con alzas en los combustibles. ¡Semana 35! Y lo que puede aplicar el Mepco en cuanto a lo que significan cinco pesos más o cinco pesos menos está muy lejos de la realidad.
Entonces, proyectos de ley que van en la línea de lo humano y de otorgar compensaciones me parecen del todo necesario que este Congreso los analice.
El Presidente de la República tiene la potestad, en un estado de excepción como el que estamos viviendo, de regular estos precios y no se ha hecho absolutamente nada, lo cual trae una consecuencia directa en los bolsillos de las chilenas y los chilenos.
Por lo tanto, Presidenta, yo me sumo a la petición que ha hecho el Senador Rabindranath Quinteros para que podamos votar la admisibilidad de este proyecto de ley.
Y de paso agrego algo que también afecta directamente a las chilenas y chilenos, y que el Presidente de la República no ha hecho hasta el día de hoy: normar, regular, establecer una banda de precios en alimentos, en materiales de construcción y en combustibles, productos que llevan la semana 35 de alzas, con un tremendo efecto negativo en las personas.
Muchas gracias, Presidenta.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- A usted, Senador Carlos Bianchi.
Muy bien.
Se ha solicitado la votación de la admisibilidad.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor COLOMA.- Voy a fundamentar mi voto en contra, señora Presidenta.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.- Gracias, Presidenta.
No siempre es grato lo que uno tiene que hacer, que es tratar de que se cumplan las normas constitucionales y legales. Pero, aun a punto de ser porfiado, creo que es nuestra obligación hacerlo siempre.
Comparto plenamente la inquietud del Senador Quinteros. Lo hablamos ayer y considero que el proyecto está lleno de humanidad, de sentido común, y que apunta en el sentido correcto.
Lo que pasa es que nosotros estamos sujetos a normas a las cuales todos nos obligamos. Y la Mesa -entiendo que así lo ha declarado con la Secretaría técnica- sabe que este proyecto requiere gastos. Si no supusiera gastos y no se aumentara el número de eventuales beneficiarios, obviamente uno podría hacer muchas cosas en esa lógica.
Lo que yo sugiero -eso yo lo acompaño, así como también la bancada de la UDI- es que se presente un proyecto de acuerdo para que entre todos le pidamos al Presidente de la República que presente una iniciativa en esta línea o la patrocine.
A mí me parece que está lleno de lógica el planteamiento, pero me gustaría que siempre -lo considero muy sano- tratáramos de asumir nuestros deseos en función de nuestras leyes y de nuestra Constitución.
Objetivamente, si alguien plantea un proyecto de esta naturaleza, creo que es claramente inadmisible, pero, como es muy razonable, yo sugiero ese camino. Así nos podemos entender y puede ser más eficiente el logro de incorporar a los menores que han vivido este sufrimiento dentro de aquellos susceptibles de recibir los beneficios excepcionales que el Estado otorga.
Por lo tanto, Presidenta, en lo que respecta a esta iniciativa yo propongo esa solución, porque, de lo contrario, tendríamos que votar la inadmisibilidad, cosa que es bastante evidente.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- De acuerdo a nuestro Reglamento, y el Senador Rabindranath Quinteros se ha ajustado a aquello, el Senador ha solicitado la votación de la admisibilidad.
La Mesa ha declarado inadmisible el proyecto.
Aquellos Senadores que comparten el criterio de la Secretaría deben votar a favor, y quienes coinciden con la opinión expresada por los Senadores Rabindranath Quinteros y Senador Carlos Bianchi deben votar en contra de lo que ha resuelto la Secretaría.
Le solicito al señor Secretario que tome la votación.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).- Mientras el Secretario organiza la votación, se ha solicitado por parte del Ministro de Obras Públicas que pueda hacer ingreso al Hemiciclo el Director General de Aguas, Óscar Cristi.
¿Les parece?
--Así se acuerda.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).- Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señora Presidenta, se encuentra abierta la votación en la Sala.
Como se ha indicado, la opción "sí" significa respaldar la propuesta de inadmisibilidad planteada por la Mesa y la opción "no", rechazar esa propuesta y declarar admisible el proyecto.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Votar que sí es adherir al criterio que ha tenido la Secretaría técnica de declararlo inadmisible; votar que no es sostener la tesis que ha planteado el Senador Rabindranath Quinteros.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Está también disponible la votación electrónica.
Hasta el momento han votado de manera electrónica el Senador señor Pugh, el Senador señor Quinteros, el Senador señor Soria, la Senadora señora Órdenes y la Senadora señora Allende.
Vamos a iniciar la consulta a las señoras Senadoras y los señores Senadores que aún no han votado electrónicamente y se encuentran participando de manera telemática.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.- Deseo fundamentar mi voto, Secretario.
Voy a votar que no. Creo que este proyecto es absolutamente admisible, como señalaba muy bien el Senador Quinteros. Se está simplemente buscando la ampliación de las causales para invocar este tipo de pensión.
Es, además, un proyecto de toda justicia. Las situaciones que él relataba de Chiloé son replicables en Valdivia, en Santiago, a lo largo de todo Chile, y son situaciones devastadoras.
Creo que el Estado de Chile -el Gobierno, particularmente- tiene que tomar cartas en el asunto. No puede ser que los parlamentarios estemos inhibidos de invocar una facultad de estas características para ayudar, precisamente, en una situación devastadora para familias a lo largo de todo el país.
Yo valoro que la bancada de la UDI esté disponible para un proyecto de acuerdo, pero sabemos que la fuerza vinculante, la estrechez o la miopía a veces para enfrentar este tipo de situaciones a lo largo de nuestro territorio no se va a traducir en ayudas concretas para quienes están padeciendo el fallecimiento de un ser querido y quedan en la indefensión.
Por tanto, voto que no, no compartiendo la opinión de la Mesa de la inadmisibilidad. Creo que el proyecto es plenamente inadmisible.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota en contra.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Presidenta, yo comparto plenamente el objetivo de este proyecto, creo que es muy razonable. El tema, como lo ha dicho el Senador Coloma, es que sin duda no tenemos facultades para ello, y yo creo que la Mesa ha sido muy clara en decir que es inadmisible.
Hay dos posibilidades, una es que el Ejecutivo haga suyo esta iniciativa y la otra es que asumamos un proyecto de acuerdo en la materia, con el fin de darle justamente la posibilidad real de que sea admisible.
En ese sentido, yo respaldo a la Mesa; creo que es absolutamente inadmisible.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Vota a favor?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- A favor de la Mesa.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.- Me abstengo.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Se abstiene.
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.- Voto en contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota en contra.
Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.- A favor, Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
A favor.
Senadora señora Rincón, ¿cómo vota?

La señora RINCÓN.- He tratado de acceder a la votación electrónica, Presidenta; el sistema no me lo permite. Ya me he comunicado con la gente de Informática. Por eso no estoy ocupando la plataforma.
Voto abstención.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Se abstiene.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
Senador señor Lagos.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Senador Lagos?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El Senador señor Guillier votó de manera electrónica.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Okay.
Terminada la votación.
Señor Secretario, resultado de la votación.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- A favor de la declaración de inadmisibilidad, 15 votos; en contra, 17; abstenciones, 3.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Carvajal, Muñoz y Órdenes y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Insulza, Latorre, Montes, Navarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Sabat y Van Rysselberghe y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Durana, García, García-Huidobro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.
Se abstuvieron las señoras Provoste y Rincón y el señor Huenchumilla.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se produce incidencia de las abstenciones en el resultado de la votación, motivo por el cual procede repetirla, haciendo un llamado a las señoras Senadoras o los señores Senadores que se abstuvieron a que opten por aprobar o rechazar la propuesta.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.
Colegas, hay que repetir la votación.
Lo que en estricto rigor corresponde es consultarles a quienes se han abstenido si hay modificación de voto, y si no, repetimos la votación completa.
Vamos a colocar en votación nuevamente la admisibilidad del proyecto que ha planteado el Senador Quinteros.

Les vuelvo a decir que los que están convencidos de que la propuesta es inadmisible votan que sí; los que creen que es admisible votan que no. ¿Por qué se da esa lógica? Es porque se está respaldando o no la opinión entregada por la Secretaría técnica.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
Se encuentra abierta la votación en la Sala y también de manera remota.
Han votado ya, electrónicamente, la Senadora señora Sabat, el Senador señor Pugh, la Senadora señora Allende, la Senadora señora Órdenes.
También el Senador señor Soria y el Senador señor Guillier.
Bien, vamos a consultar...

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Algo quiere decir el Senador Rabindranath Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Sí, Presidenta, perdón. Cometí un gravísimo error cuando intervine al no nombrar, en primer lugar, a la Senadora Ximena Rincón, quien fue la primera en apoyar este proyecto. Yo le pido disculpas por eso y que me perdone la omisión, pero no tenía escritos los nombres. Le pido mil disculpas. Ella fue la primera en apoyar este proyecto.
Nada más, Presidenta.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Solo para ratificar lo que señala el Senador Rabindranath Quinteros, nos estamos refiriendo a una moción presentada por la Senadora Rincón, el Senador Quinteros, el Senador Bianchi, el Senador De Urresti y el Senador Elizalde, para que nadie sea omitido.
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.- Reafirmo mi posición en contra de lo planteado por la Mesa. Creo que el proyecto es admisible.
Voto que no.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Voto que sí, Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.- Presidenta, tengo un problema, porque yo entiendo que lo que estamos votando es la admisibilidad o inadmisibilidad de la moción. Y los alegatos que he escuchado son sobre el mérito de la moción. Evidentemente que es distinto hablar acerca del mérito de la moción que pronunciarse sobre un aspecto formal, que es lo que plantea la Mesa y la Secretaría.
En consecuencia, no he tenido los argumentos jurídicos respecto de la admisibilidad de los mocionantes. Por eso, mantengo mi abstención.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Se abstiene.
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.- Señor Secretario, estaba tratando de votar electrónicamente, y ahí se me abrió la votación.
Yo me voy a abstener.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias
Se abstiene.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.- Yo voto que no, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.- Voto que sí.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.- Voto que no.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Senadora señora Rincón, ¿cómo vota?

La señora RINCÓN.- Mantengo mi abstención, señor Secretario.
Creo que el Gobierno debiera patrocinar esto, si hay algún reparo al proyecto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Se abstiene.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Terminada la votación.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Resultado de la votación: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 18 votos; abstenciones, 4.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Carvajal, Muñoz y Órdenes y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Se abstuvieron las señoras Provoste y Rincón y los señores Huenchumilla y Lagos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Conforme al artículo 182 del Reglamento, corresponde repetir la votación.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Señor Secretario, iniciemos la tercera votación.


El señor BIANCHI.- ¡Que le pregunten a la Senadora Rincón primero, porque se abstuvo!
--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se encuentra abierta la votación en la Sala y también la votación electrónica.
Han votado el Senador señor Lagos, la Senadora señora Órdenes, el Senador señor Quinteros, el Senador señor Guillier, el Senador señor Pugh.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
Vamos a consultar nuevamente.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.- En contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En contra.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.- En contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En contra.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Voto que sí.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- A favor.
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Secretario, señora Presidenta, puesto en esta circunstancia, el beneficio de la duda lo voy a dar en favor del contenido de la moción. Por lo tanto, voy a votar en contra del dictamen de la Mesa y de la Secretaría técnica.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota que no.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.- La verdad es que hay 107 proyectos de parlamentarios, según la prensa, planteando beneficios o formas de enfrentar distintas consecuencias de la pandemia.
Yo creo que el Gobierno podría sentarse y estudiar eso, y buscar soluciones, porque hay muchos problemas pendientes. En este caso, dado que el Gobierno no actúa, dada la inacción frente a muchos temas, yo he optado por votar a favor de la admisibilidad.
Por lo tanto, en este caso, voto que no.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota que no.
Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.- Voto que sí.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Vota que sí.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- La Senadora Rincón está solicitando la palabra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidenta.
No me habían tomado la votación en esta oportunidad.
Se alcanzó a escuchar a alguien que decía que por no haber sido nombrada yo me había abstenido. ¡No!, yo me abstuve porque no quería incidir, tratándose de un proyecto en que el Senador Quinteros me había pedido la firma.
Coincido en la interpretación del Senador Huenchumilla y del Senador Montes: creo que tenemos que avanzar en dar soluciones a la ciudadanía. Y aquí no las hemos visto.
Así que, en aras de beneficiar la discusión, voto en contra de la Mesa.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota que no.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto o no ha sido consultado de manera remota?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor BIANCHI.- Tengo pedida la palabra.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Senador Carlos Bianchi.

El señor BIANCHI.- Gracias, Presidenta.
Tenía pedida la palabra también para fundamentar el voto.

El señor ALVARADO.- Estamos en votación.

El señor BIANCHI.- Puede que efectivamente esta decisión esté en la línea más fina entre si es o no admisible la propuesta. Pero lo que ha dicho el Senador Montes, quien me antecedió en el uso de la palabra, a mí me hace todo sentido y debiera hacernos sentido a todos, Presidenta. Yo sé que a usted le hace un profundo sentido la reclamación que muchas parlamentarias y parlamentarios hemos hecho al Gobierno, el cual, en su gran mayoría, tiene todas las potestades reglamentarias para llevar adelante determinadas propuestas. ¡Y no las hace!
Lo dije denante, Presidenta: ¡treinta y cinco semanas con alza en los combustibles! Le hemos pedido al Gobierno de todas las formas posibles que actúe en una materia tan sensible como esa, que afecta la economía de las chilenas y los chilenos, de los hogares de nuestro país. Del mismo modo, ha aumentado lo comestible, los materiales de construcción.
¡Hay más de cien iniciativas de parlamentarias y parlamentarios! Todas apuntan a la búsqueda de propuestas y soluciones ante la emergencia producto del COVID. Y el Gobierno no las escucha, no las recoge.
Entonces, esta discusión también tiene que ser política, para hacer entender al Ejecutivo que debe sentarse a dialogar en la búsqueda de consensos y acuerdos para encontrar vías de solución a lo que nos están reclamando diariamente las familias de nuestro país, Presidenta.
Por lo tanto, entendiendo que la Mesa sostiene una cosa jurídica, que yo respeto, aquí hay prioridades humanas. He votado en contra para poder discutir este proyecto en la línea de lo que ha propuesto el Senador Quinteros, quien es su autor y ha pedido realizar esta votación.
Gracias, Presidenta.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias, señor Senador.
Terminada la votación.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Resultado de la votación: 18 votos por la afirmativa, esto es, por la declaración de inadmisibilidad; 20 votos por la negativa, en contra de esa declaración, y 2 abstenciones.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Carvajal, Muñoz, Órdenes y Rincón y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.
Se abstuvieron la señora Provoste y el señor Lagos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Estamos ya aplicando las normas del empate del artículo 182 del Reglamento, motivo por el cual, en este caso, el asunto queda sin resolver. En consecuencia, deberá ser definido en el Tiempo de Votaciones de primera hora de la sesión ordinaria siguiente, toda vez que esta materia no reviste urgencia para su tramitación.
Eso es, señora Presidenta.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchísimas gracias.
El próximo martes, entonces, será nuevamente puesta en votación la admisibilidad de esta moción.


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La señora PROVOSTE (Presidenta).- Sigue ofrecida la palabra sobre la Cuenta.
Senador David Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidenta.
Es muy sencillo.
Pido a la Sala una ampliación del plazo para la presentación de indicaciones al proyecto sobre envejecimiento positivo y cuidado integral de las personas mayores. Es el boletín Nº 13.822-07.
En el curso de la mañana hablé con la Senadora Ximena Órdenes, Presidenta de la Comisión del Adulto Mayor, en cuanto a dar plazo hasta el próximo lunes 26 de julio, lo cual no altera el calendario de tramitación del proyecto.
Muchas gracias, Presidenta.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, accedemos a la solicitud del Senador David Sandoval.
--Así se acuerda.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).- Senador Jaime Quintana, tiene la palabra sobre la Cuenta.

El señor QUINTANA.- Presidenta, también es algo breve.
Ayer la Comisión de Educación y Cultura tomó un acuerdo unánime respecto del boletín Nº 11.780-04: proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral, iniciativa que se encuentra en la Comisión de Hacienda.
La petición de la Comisión de Educación es que el proyecto vuelva a esta instancia para un nuevo segundo informe, solicitando que se abra un nuevo plazo para formular indicaciones hasta el viernes 30 de julio, a ser presentadas en la Secretaría de la Comisión.
Es todo.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, accederemos a la solicitud.
--Así se acuerda.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.- Gracias, Presidenta.
Solicito a la Sala el desarchivo del boletín Nº 3.616-07, que sanciona conductas atribuibles a la selección, financiamiento, traslado, entrenamiento y envío de mercenarios al extranjero.
Este proyecto de ley fue presentado en julio del 2004 y fue archivado en diciembre del 2008.
Hoy día, a propósito del asesinato del Presidente de Haití a manos de unos mercenarios, creo que cobra mayor vigencia el tomar una acción proactiva en torno a este tema, Presidenta. Por eso solicito que se desarchive el proyecto que he señalado.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Gracias, Senador.
Si le parece a la Sala, se procederá al examen de lo solicitado por el Senador Navarro.
Muy bien.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).- Se ofrece la palabra.
Senadora Ximena Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Gracias, Presidenta.
En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, quiero solicitar el acuerdo de la Sala para que tanto el proyecto de ley que permite a los usuarios poner término a contratos de servicios de telecomunicaciones al momento de solicitar la portabilidad de su número telefónico (boletín Nº 12.698-15), como el proyecto que modifica la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al principio de neutralidad, ambos en estado de tabla, sean remitidos nuevamente a la Comisión y se nos autorice para discutir tales iniciativas en general y en particular. Lo anterior, a fin de que el debate de ambos proyectos sea más expedito, y podamos perfeccionar de antemano su contenido antes de su discusión en Sala.
He dicho, Presidenta.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, accederemos a la solicitud planteada por la Senadora, en orden a remitir los proyectos indicados, referidos a la portabilidad, a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y autorizar que se traten en general y en particular.
¿Les parece?
--Así se acuerda.

La señora ÓRDENES.- Gracias.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Ofrezco la palabra.
Bueno, vamos a iniciar, entonces, el análisis de los proyectos en tabla.
V. FÁCIL DESPACHO



ESTABLECIMIENTO DE TRABAJO A DISTANCIA PARA CUIDADO DE NIÑOS EN CASO DE PANDEMIA


La señora PROVOSTE (Presidenta).- Conforme a lo acordado por la Sala, corresponde tratar, en primer lugar y en Fácil Despacho, el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece trabajo a distancia para cuidado de niños y niñas, en caso de pandemia (boletín Nº 14.002-13).
En discusión la enmienda introducida por la Cámara de Diputados.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.002-13) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- El señor Secretario hará una relación de este proyecto de ley. A continuación, le ofreceré la palabra a la Presidenta de la Comisión de Trabajo, para que rinda informe a la Sala.
Tiene la palabra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
La señora Presidenta ha puesto en discusión el proyecto de ley que establece trabajo a distancia para el cuidado de niños, en caso de pandemia.
Esta iniciativa de ley inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó un artículo único que agrega, en el Título II del Libro II del Código del Trabajo, referido a la protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar, un artículo 206 bis, nuevo, para establecer, en caso en estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, o una alerta sanitaria por una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, la obligación del empleador de ofrecer al trabajador o trabajadora que tenga el cuidado personal de un niño, niña o menor, o de personas con discapacidad la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo sin reducción de remuneraciones.
Respecto de dicho texto, la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, efectuó una enmienda consistente en agregar, en el inciso final del referido artículo 206 bis, una norma que establece la obligación de los trabajadores que tengan a su cuidado personas con discapacidad, de acreditar estas circunstancias "a través del respectivo certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 56 de la ley N° 20.422, a la que deberá acompañarse además la correspondiente copia del certificado, credencial o inscripción de discapacidad en el referido registro, emitido por la autoridad competente en los términos de los artículos 13 y 17, ambos de la citada ley, correspondientes a la persona cuyo cuidado detenten. Podrá asimismo acreditarse la discapacidad de esta última a través de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, conforme a los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social.".
El Senado debe pronunciarse respecto de la enmienda efectuada por la Cámara de Diputados.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por la Cámara de origen y la modificación introducida por la Cámara revisora.
Es todo, señora Presidenta.


La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias, señor Secretario.
Le ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Senadora Carolina Goic, para que dé un informe a esta Sala.

La señora GOIC.- Muchas gracias, Presidenta, y gracias también a la Sala por la disposición de ver este proyecto de tercer trámite en Fácil Despacho.
El proyecto de ley que nos ocupa tiene mucha importancia para la protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar -materia que, como ustedes saben, se encuentra en el Título II del Libro II del Código del Trabajo-, cuando se está frente a un estado de excepción constitucional de catástrofe, ya sea por calamidad pública o por una alerta sanitaria por pandemia o epidemia a causa de una enfermedad contagiosa, situación que actualmente afecta a nuestro país.
Con esta moción nos hemos puesto en el caso de que esto se presente ante otra eventualidad en nuestro territorio, para lo cual debemos estar preparados.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó la incorporación de un artículo 206 bis al Código del Trabajo, con la finalidad de considerar como norma permanente, ante la ocurrencia de los casos recién mencionados, que el empleador esté obligado a ofrecer al trabajador o trabajadora la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo en la medida en que la naturaleza de sus funciones lo permita, sin reducción de remuneraciones.
En lo específico, se distinguen tres situaciones.
La primera es respecto de aquellas trabajadoras o aquellos trabajadores que tengan el cuidado personal de al menos un niño o una niña en etapa preescolar. Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, ya sea el padre o la madre, a elección de la madre, podrá hacer uso de esta prerrogativa.
La segunda apunta a la situación de trabajadoras o trabajadores que tengan el cuidado personal de al menos un niño o una niña menor de doce años y la autoridad adoptare medidas que impliquen el cierre de los establecimientos de educación básica o impidan la asistencia a los mismos. En este caso, el trabajador deberá entregar al empleador una declaración jurada simple de que dicho cuidado lo ejerce sin ayuda o concurrencia de otra persona adulta.
Y la tercera situación se aplica para aquellos trabajadores que tengan a su cuidado personas con discapacidad. Respecto de esta última situación, la Cámara de Diputados -tal como se señaló en la relación- agregó el siguiente texto, que lo que hace es especificar la forma de acreditarla: "Esta circunstancia deberá ser acreditada a través del respectivo certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 56 de la ley N° 20.422, a la que deberá acompañarse además la correspondiente copia del certificado, credencial o inscripción de discapacidad en el referido registro, emitido por la autoridad competente en los términos de los artículos 13 y 17, ambos de la citada ley, correspondientes a la persona cuyo cuidado detenten. Podrá asimismo acreditarse la discapacidad de esta última a través de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, conforme a los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social.".
Por lo tanto, esta enmienda solamente clarifica la forma en que los trabajadores deben demostrar la discapacidad de la persona que tienen a su cuidado; así que nos parece que va en absoluta consistencia y sintonía con lo que habíamos aprobado.
Les recuerdo, además, que dicha modificación tuvo su origen en una indicación del Ejecutivo en la Cámara de Diputados.
Señora Presidenta, este proyecto de ley se originó en una moción de las Senadoras Sabat, Aravena, Muñoz, Von Baer y quien habla, y busca avanzar en la protección de niños, niñas y adolescentes, de las familias y de la salud de las trabajadoras y los trabajadores frente a situaciones no solo de emergencia sanitaria, como la que está afectando al país, sino también de otro tipo, que es razonable pensar que se pueden dar en el futuro.
Por lo tanto, sugerimos a la Sala aprobar la enmienda introducida por la Cámara Baja, y con eso permitir que este texto sea ley de la república.
Nuestra disposición -porque no vimos el proyecto en la Comisión- es favorable, al igual que nuestra votación en el primer trámite.
He dicho, Presidenta.


La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias a la Senadora Carolina Goic.
Tal como ella ha señalado, este proyecto está siendo visto hoy en Fácil Despacho por una solicitud que fue apoyada unánimemente por la Sala. Lo ratificó así también el jefe de la bancada de Renovación Nacional.
Si hay acuerdo, podríamos aprobar esta iniciativa por unanimidad.
¿Les parece?

El señor ELIZALDE.- De acuerdo.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Recabamos la unanimidad.
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
Para efectos del registro de la unanimidad, voy a mencionar a las señoras Senadoras y los señores Senadores que están participando de manera remota: la Senadora señora Allende, el Senador señor De Urresti, el Senador señor García-Huidobro, el Senador señor Guillier, el Senador señor Lagos, la Senadora señora Órdenes, el Senador señor Ossandón, el Senador señor Pugh, la Senadora señora Rincón, la Senadora señora Sabat, el Senador señor Montes y el Senador señor Huenchumilla.
En la Sala están la Senadora señora Muñoz, el Senador señor Insulza, el Senador señor Letelier, el Senador señor Elizalde, la Senadora señora Goic, el Senador señor Navarro, el Senador señor Bianchi, el Senador señor Sandoval, la Senadora señora Ebensperger, el Senador señor Coloma, la Senadora señora Von Baer, el Senador señor Alvarado, la Senadora señora Van Rysselberghe, el Senador señor Durana, el Senador señor Prohens, el Senador señor Galilea, el Senador señor Castro, la Senadora señora Aravena, la Senadora señora Provoste y el Senador señor Pizarro.
--Por unanimidad, se aprueba la enmienda introducida por la Cámara revisora, y el proyecto queda despachado en este trámite.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad y se despacha para su conocimiento y promulgación como ley por parte del Presidente de la República.

Muchas gracias.
Vamos a iniciar el Orden del Día.
VI. ORDEN DEL DÍA



REFORMA DE CÓDIGO DE AGUAS


La señora PROVOSTE (Presidenta).- Corresponde comenzar la discusión en general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reforma el Código de Aguas, con informe de la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, informe de la Comisión de Agricultura e informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 7.543-12) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Por acuerdo de Comités, en el día de hoy estamos iniciamos en esta Sala la tan anhelada discusión del proyecto que modifica el Código de Aguas.
Les damos la más cordial bienvenida al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y al Director General de Aguas, Óscar Cristi, quienes están presentes en la Sala para este debate.
Ofreceré la palabra, en primer término, al señor Secretario para que haga una relación de este proyecto de ley; a continuación, a la Senadora Adriana Muñoz, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, para que rinda informe a la Sala; después le corresponderá el turno al Senador Castro, Presidente de la Comisión de Agricultura, para que informe respecto de los avances que tuvo esta iniciativa en la referida instancia, y, finalmente, intervendrá el Senador Pedro Araya, en su condición de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Si el Ministro así lo quiere, una vez que se entreguen los respectivos informes, podrá hacer uso de la palabra para referirse, desde la perspectiva del Ejecutivo, a esta iniciativa.
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
Los principales objetivos del proyecto de ley propuesto por las Comisiones que lo analizaron son los siguientes:
-Establecer el derecho esencial al agua.
-Dar seguridad jurídica al ejercicio del derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, propiciando un adecuado balance entre la función de subsistencia, la función productiva y la función ecosistémica del recurso hídrico.
-Intensificar y complementar el carácter de uso público del agua.
-Consagrar una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción de los derechos de aprovechamiento de aguas en caso de cumplirse ciertas condiciones definidas en la ley.
-Proteger y fortalecer la función que cumple el agua dulce en los ecosistemas terrestres, aumentando las zonas de prohibición de extracción de aguas subterráneas y fortaleciendo su marco regulatorio, al igual que el de las áreas de restricción, regulándose la recarga artificial de acuíferos y creándose, además, la figura del derecho de aprovechamiento in situ, cuyo propósito es posibilitar que se destinen aguas para estos fines, eximiéndoles del pago de patentes por su no aprovechamiento.
Cabe señalar que se dio cuenta de esta iniciativa legal en la Sala del Senado en sesión de 24 de noviembre de 2016, ocasión en la cual se dispuso que fuera analizada por las Comisiones antes mencionadas.
La Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía deja constancia de que la Sala, en sesión de 4 de abril de 2017, la autorizó para discutir el proyecto en general y en particular en el primer informe, y que, en consecuencia, la iniciativa debía ser tratada de la misma forma por las Comisiones de Agricultura y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Asimismo, hace presente que, en virtud del informe emitido por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, las indicaciones formuladas por el Ejecutivo ante dicha Comisión Especial no generan costos fiscales para el Estado.
De igual modo, deja constancia de las consultas efectuadas a la Excelentísima Corte Suprema respecto de esta iniciativa de ley tanto por la Cámara de origen como por la referida Comisión.
Finalmente, la Comisión Especial aprobó en general el proyecto de ley por 3 votos a favor, de los Honorables Senadores señora Muñoz y señores Montes y Pizarro, con el voto en contra del ex Senador señor Víctor Pérez Varela y la abstención del Honorable Senador señor Chahuán. En particular aprobó la iniciativa con las modificaciones y votaciones que consigna en su informe.
La Comisión de Agricultura, por su parte, deja constancia de que, de conformidad al referido acuerdo de Sala de fecha 4 de abril de 2017, discutió esta iniciativa en general y en particular en el primer informe y que aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señoras Aravena y Rincón, señores Castro y Elizalde y el entonces Senador Felipe Harboe. En particular aprobó la iniciativa con las modificaciones y votaciones que se registran en su informe.
Consigna además que consultó la opinión de la Excelentísima Corte Suprema tras modificar la oración final del inciso quinto del artículo segundo transitorio del proyecto.
A continuación, la iniciativa fue estudiada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que hace presente que en sesión de 28 de enero de 2020 la Sala de la Corporación acordó que dicha instancia se abocara únicamente al estudio de las materias relacionadas con la Constitución Política de la República.
Asimismo, deja constancia de que, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 41 del Reglamento del Senado, le correspondió pronunciarse sobre el texto del proyecto contenido en el informe de la Comisión de Agricultura y que, luego de un acabado análisis de las normas emanadas de dicha instancia legislativa y en conformidad con el mandato de la Sala, acordó el estudio de las modificaciones incorporadas a las siguientes disposiciones contenidas en el proyecto de ley: los artículos 6°, 6° bis, 17, 20, 129 bis 1, 134 bis, 147 quáter, 314 y los artículos primero y segundo transitorios.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó la constitucionalidad de las disposiciones mencionadas con las modificaciones y las votaciones que en los respectivos casos se consignan en su informe. Y en virtud de las enmiendas acordadas, propone a la Sala la aprobación en general del texto despachado por ella.
Hace presente además que durante el examen de esta iniciativa la Comisión recibió el parecer del Máximo Tribunal con relación al texto despachado en su oportunidad por la Comisión de Agricultura del Senado, dando respuesta a la consulta que había efectuado esta última Comisión. También informa que por haberse incorporado nuevas modificaciones al proyecto de ley que inciden en las atribuciones de los tribunales de justicia se requirió, una vez más, el parecer de la Excelentísima Corte Suprema.
Por último, la Comisión hace presente que el inciso final del artículo 5° quinquies, contenido en el numeral 3; el inciso final del artículo 6° bis, contenido en el numeral 5; el literal ii) de la letra a) del numeral 46; el literal ii) de la letra f) del numeral 54; los incisos tercero y cuarto del artículo 129 bis 12 A, contenido en el numeral 55; los numerales 8 y 9, letra b), del inciso primero del artículo 134 bis, contenido en el numeral 64; el numeral 106, y el numeral 107, todos del artículo 1°, así como el inciso segundo del artículo segundo transitorio del proyecto de ley, son normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren de 25 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 318 y siguientes del informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía; en las páginas 665 y siguientes del informe de la Comisión de Agricultura; en las páginas 337 y siguientes del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Finalmente, es importante señalar que atendida la norma contemplada en el artículo noveno transitorio del proyecto de ley, referida al financiamiento del mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año de vigencia como en los posteriores, la iniciativa deberá cumplir con el respectivo trámite ante la Comisión de Hacienda del Senado.
Eso es todo, señora Presidenta.


La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias.
Le ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, Senadora Adriana Muñoz, para que rinda informe a esta Sala del proyecto que reforma el Código de Aguas.

La señora MUÑOZ.- Gracias, señora Presidenta.
El presente proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados el 17 de marzo de 2011 y comenzó su tramitación en el Senado el 24 de noviembre del año 2016, siendo remitido a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. En agosto del año 2017 fue despachado por esta Comisión, tras numerosas sesiones y luego de recibir en audiencia a un vasto número de organizaciones y expositores.
La iniciativa, como aquí ya se ha señalado, posteriormente fue considerada por la Comisión de Agricultura y por la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Se trata, señora Presidenta, de una modificación integral al Código de Aguas con diversos objetivos principales.
Un primer objetivo consiste en enfatizar y complementar el carácter de bien nacional de uso público del agua. Para ello se reemplaza el artículo 5° del Código de Aguas, consignando que las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público y su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.
En segundo lugar, se fortalece el interés público, expresando que en función de este se constituirán derechos de aprovechamiento de agua por sobre los derechos particulares, los que podrán ser limitados en su ejercicio. Se dispone, además, que en dicho concepto se entenderán comprendidas las acciones que ejecute la autoridad para resguardar los usos fundamentales y aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas.
En tercer lugar, se consagra el derecho esencial al agua, para lo cual se establece también, en el artículo 5°, el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.
La disposición, en su inciso final, regula la obligación del Estado, respecto de los territorios indígenas, de velar por la integridad entre tierra y agua y de proteger las aguas existentes para beneficio de dichas comunidades. Además, en este aspecto se establecen diversas exenciones en materia de patentes por no uso de las aguas, plazos de regularización, caducidad por no inscripción de los derechos constituidos con anterioridad a la publicación de la ley y suspensión del ejercicio de los derechos otorgados con posterioridad a la declaración de cuenca agotada.
En lo referido al objetivo de priorizar el consumo humano y el saneamiento, se intercalan diversos artículos nuevos que regulan las siguientes materias:

1.- Las diversas funciones que cumplen las aguas, tales como: subsistencia, consumo humano, saneamiento, preservación, productivas y otras.

2.- Se establece la prevalencia del uso para el consumo humano, de subsistencia y saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento.
A fin de garantizar dicha preferencia, se permiten, a continuación, medidas excepcionales, como la que posibilita a la Dirección General de Aguas autorizar transitoriamente a los APR a extraer hasta 12 litros por segundo; la facultad para que estos puedan cavar en sitio propio, y la posibilidad de que el Estado constituya reservas para asegurar las funciones de subsistencia y de preservación.

3.- La DGA podrá asimismo constituir derechos de aprovechamiento sobre las reservas hechas por el Estado para los usos de la función de subsistencia.

4.- Además, excepcionalmente el Presidente de la República, previo informe favorable de la Dirección General de Aguas, y con la sola finalidad de garantizar la función de subsistencia y fundado en el interés público, podrá constituir derechos de aprovechamiento aun cuando no exista disponibilidad.

5.- Otra disposición relevante es la que faculta al Presidente de la República para declarar zonas de escasez hídrica ante una severa sequía, reforzando la disposición vigente en términos de duración y prórroga.
Vale decir, se consagra un marco mucho más completo, tendiente a asegurar el derecho humano al agua y a resguardar claramente la preferencia de la función de subsistencia.
Un cuarto objetivo del texto es el fortalecimiento de las atribuciones de la Dirección General de Aguas en materias de fiscalización, gestión y sustentabilidad de los recursos hídricos, incluyendo la facultad de establecer un caudal ecológico mínimo.
Con esta finalidad, señora Presidenta, respecto de la explotación de aguas superficiales y en caso de no existir una junta de vigilancia, la Dirección General de Aguas podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos. Asimismo, en caso de que dos o más juntas ejerzan jurisdicción, la Dirección General de Aguas podrá ordenar una redistribución entre las distintas secciones.
Se dispone también que la prórroga de los derechos no procederá si la Dirección General de Aguas acredita el no uso efectivo de las aguas.
Se incorporó, además, una norma que faculta a la Dirección General de Aguas a eliminar el uso del derecho o a suspender su ejercicio cuando se pueda generar una grave afectación del acuífero o a la fuente superficial, o cuando el daño se haya materializado.
Otro aspecto muy significativo y que apunta a mejorar la gestión es la atribución que se entrega a la Dirección General de Aguas para exigir la instalación de sistemas de medidas de caudales extraídos y restituidos, y un sistema de transmisión de la información. Se consagra, además, la publicidad de dicha información.
En este acápite, durante el trámite en la Comisión se aprobaron ciertas disposiciones tendientes a hacer más rigurosa la aplicación de las normas vinculadas a las denominadas "aguas del minero".
Dentro de las disposiciones aprobadas por la Comisión se encuentra, asimismo, el artículo 129 bis 1, que establece que respecto de los derechos de aprovechamiento por otorgar, la Dirección General de Aguas deberá establecer un caudal ecológico mínimo, imperativo que se extiende a los derechos existentes en las áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad y a la resolución que autorice el traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento de aguas superficiales.
El quinto objetivo del proyecto, señora Presidenta, lo constituye una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción del derecho de aprovechamiento de aguas.
Con dicho objeto se modifica el artículo 6° del Código, precisando que el derecho de aprovechamiento consiste en el uso y goce temporal de las aguas y se origina en una concesión. Se dispone que el plazo de esta será de treinta años, y podrá otorgarse por un término menor, no inferior a veinte años, en cuanto a derechos no consuntivos, caso en el cual la autoridad deberá justificar fundadamente su decisión.
La duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo de las aguas. La prórroga no podrá exceder el plazo de treinta años.
Otra disposición sustancial aprobada por la Comisión es que perpetúa que los derechos de aprovechamiento se extinguirán total o parcialmente si el titular no hace uso efectivo de las aguas, vale decir, si no existen obras de captación. Lo anterior apunta a evitar la especulación, cuestión que orienta muchas de las medidas adoptadas.
El plazo de extinción será de cinco años para los derechos de aprovechamiento consuntivos y de diez años respecto de los no consuntivos.
Los plazos comenzarán a correr desde la publicación de la resolución que los incluya por primera vez en el listado de los derechos afectos a la patente por no uso.
La resolución que declare extinguido el derecho de aprovechamiento podrá ser objeto de los recursos de reconsideración y reclamación.
En esta materia se acordaron diversas disposiciones transitorias que garantizan la continuidad de la vigencia y del carácter indefinido de los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley.
Se establece que los dueños o titulares de dichos derechos quedarán sujetos a todas las demás disposiciones del Código de Aguas, los que podrán extinguirse por su no uso y caducar por su no inscripción en el Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces.
Con el objeto de fortalecer la capacidad de gestión, se obliga a los titulares de los derechos de aprovechamiento constituidos por acto de autoridad competente con anterioridad a la publicación de esta ley a inscribirlos ante el Conservador de Bienes Raíces.
Un último aspecto de la iniciativa lo constituye la protección de áreas de importancia patrimonial y ambiental, tales como glaciares, áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad, vegas, pajonales y bofedales y también humedales en ciertas regiones del país, en los que se prohíbe o se limita severamente la autorización de derechos.
Señora Presidenta, Honorables colegas, quiero remarcar que la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía realizó un intenso trabajo que implicó recibir a muchas entidades y personas, y adoptó buena parte de las resoluciones que se han reseñado en este informe con una clara mayoría.
El texto que presentamos sirvió posteriormente de base para el trabajo de las restantes instancias, persistiendo muchos de los objetivos y principios introducidos.
Es cuanto puedo informar a esta Honorable Sala, señora Presidenta.
Muchas gracias.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias a la Senadora Adriana Muñoz, Presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos.
Le ofrezco la palabra de inmediato al Senador Juan Castro, Presidente de la Comisión de Agricultura, para que rinda informe a esta Sala del proyecto de nuevo Código de Aguas.

El señor CASTRO.- Gracias, Presidenta.
A la Comisión de Agricultura del Senado le correspondió revisar el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, iniciado en moción de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda, señores Fernando Meza, Guillermo Teillier, Leopoldo Pérez y de los ex Diputados señora Andrea Molina y señores Enrique Accorsi, Enrique Jaramillo, Roberto León, Patricio Vallespín, y el actual Senador señor Alfonso de Urresti.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados para su primer trámite constitucional el 17 de marzo del año 2011. El 24 de noviembre del año 2016 ingresó al Senado, disponiéndose su estudio por la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía; por la de Agricultura, y por la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Por acuerdo de Comités, las Comisiones señaladas precedentemente fueron autorizadas para discutir el proyecto en general y en particular en el primer informe.
El 22 de agosto del año 2017 se emite el primer informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, y el 27 de marzo del año 2020 la Comisión de Agricultura emite su primer informe.
La Comisión de Agricultura, previo a su votación en general, recibió a más de ochenta expositores de diversas organizaciones de la sociedad civil, a autoridades de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a académicos y a profesionales vinculados con la regulación del uso del agua, quienes manifestaron sus observaciones y comentarios sobre esta iniciativa legal.
Posteriormente, la Comisión aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus miembros, Senadores señoras Aravena y Rincón y señores Castro y Elizalde y el ex Senador señor Harboe.
Cabe señalar que, antes de iniciar la discusión en particular, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva al texto vigente del Código de Aguas, omitiendo el texto aprobado en general por nuestra Comisión, correspondiente al propuesto por la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
En atención a lo expuesto, la discusión en particular en este informe se divide en dos partes: una trata la indicación sustitutiva, signada como la indicación número 1; y otra contiene las indicaciones presentadas al texto aprobado en general por nuestra Comisión, que corresponde al texto propuesto por la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, que van desde la indicación número 2 a la 82b, entre las cuales se intercalan las indicaciones que presentó el Ejecutivo el 17 de julio de 2019 y el 9 de marzo de 2020.
Asimismo, se deja constancia de que dentro del artículo único del proyecto de ley aprobado por la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía fueron consideradas normas orgánicas constitucionales las siguientes: el inciso final del artículo 5 quinquies, contenido en el numeral 3; el inciso final del artículo 6 bis, contenido en el numeral 5; el literal ii) de la letra a) del numeral 31 (que pasó a ser 46); el literal ii) de la letra c) (que pasó a ser la letra f) del numeral 37 (que pasó a ser 54); los incisos tercero y cuarto del artículo 129 bis 12 A, contenido en el numeral 38 (que pasó a ser 55); la segunda oración del inciso quinto del artículo 134 bis contenido en el numeral 43 (que pasó a ser 64); el artículo segundo transitorio del Código de Aguas, contenido en el numeral 65 (que pasó a ser 106); el artículo 5° transitorio del Código de Aguas, contenido en el numeral 66 (que pasó a ser 107), y la oración final del inciso quinto del artículo segundo transitorio del proyecto de ley, conforme al artículo 77 de la Constitución Política de la República, toda vez que modifican la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Cabe hacer presente que se consultó oportunamente a la Corte Suprema y se recibió su respuesta.
La Comisión de Agricultura modificó la oración final del inciso quinto del artículo segundo transitorio y, al respecto, consultó a la Corte Suprema por oficio.
En cuanto a su estructura, el proyecto consta de dos artículos permanentes: el primero comprende ciento diez numerales que modifican el Código de Aguas y el segundo deroga el artículo 5° del decreto ley N° 2.603, de 1979. Además, considera diecisiete disposiciones transitorias.
Cabe destacar que los principales objetivos del proyecto aprobado por la Comisión de Agricultura dicen relación con los siguientes:
-Dar seguridad jurídica al ejercicio del derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, favoreciendo un adecuado balance entre la función de subsistencia, la función productiva y la función ecosistémica del recurso hídrico.
-Intensificar y complementar el carácter de uso público del agua.
-Consagrar una nueva regulación para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento y establecer disposiciones que regulan la extinción y la caducidad de los derechos de aprovechamiento en caso de cumplirse ciertas condiciones definidas en la ley.
-Proteger y reforzar la función que cumple el agua dulce en los ecosistemas terrestres, aumentando las zonas de prohibición de extracción de aguas subterráneas y fortaleciendo su marco regulatorio, al igual que el de las áreas de restricción, regulándose la recarga artificial de acuíferos y creándose, además, la figura del derecho de aprovechamiento in situ, cuyo propósito es permitir el destinar aguas para estos fines, eximiéndoles del pago de patentes por no aprovechamiento.
Finalmente, hay que hacer presente que durante la tramitación del proyecto la Comisión recibió una serie de solicitudes de diversas comunidades indígenas respecto de la necesidad de someter esta iniciativa legal al procedimiento de consulta consagrado en el artículo 6° del Convenio N° 169 de la OIT.
Sobre el particular, la Comisión invitó al Ejecutivo y a representantes de los pueblos originarios a analizar este tema, resolviendo oficiar al entonces Presidente del Senado para manifestarle su preocupación por el hecho de que el Congreso Nacional no cuenta con un procedimiento que aborde la consulta indígena, solicitándole aprobar, en un plazo prudente, un reglamento de consulta indígena acorde a los estándares internacionales que regulan esta materia, con los recursos que sean necesarios para su implementación.
Es cuanto puedo informar, señora Presidenta.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias al Senador Juan Castro, Presidente de la Comisión de Agricultura.
A continuación, le ofrezco la palabra al Senador Pedro Araya, Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para que rinda informe a esta Sala respecto del tratamiento en su Comisión del proyecto de nuevo Código de Aguas.
Senador Araya, tiene la palabra.

El señor ARAYA.- Señora Presidenta, el proyecto que esta Sala va a discutir en general en esta oportunidad tiene su origen en una moción de autoría de los Diputados señora Alejandra Sepúlveda y señores Fernando Meza, Guillermo Teillier, Leopoldo Pérez y de los ex Diputados señora Andrea Molina y señores Enrique Accorsi, Enrique Jaramillo, Roberto León, Patricio Vallespín y del actual Senador señor Alfonso de Urresti.
Cabe hacer presente que la iniciativa en estudio ingresó a tramitación en el Senado con fecha 24 de noviembre de 2016, determinándose su estudio por las Comisiones de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, de Agricultura y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Asimismo, se debe consignar que en sesión de 28 de enero de 2020 la Sala de la Corporación acordó que la instancia parlamentaria que presido se abocara únicamente al estudio de las materias que digan relación con la Constitución Política de la República. Para enfrentar este cometido, la Comisión contó con la permanente colaboración, en el ámbito técnico, del Director General de Aguas, señor Oscar Cristi; y del ex Director de esa repartición, señor Carlos Estévez.
De igual manera, para el debido estudio de las normas de competencia de la Comisión, se recibió la opinión de diversos académicos de derecho constitucional, a saber, la señora Tatiana Celume y los señores Arturo Fermandois, Enrique Navarro, José Antonio Ramírez y Emilio Pfeffer. De igual modo, se contó con el relevante aporte de representantes del Ministerio de Obras Públicas, quienes, tomando como base la discusión suscitada en el seno de la Comisión, efectuaron proposiciones que perfeccionaron la redacción de las disposiciones que conforman el texto de la iniciativa.
A partir de ese estudio, el proyecto que se presenta a la consideración de la Sala persigue, entonces, modificar en forma integral el Código de Aguas para establecer el derecho esencial al agua; dar seguridad jurídica al ejercicio del derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, propiciando un adecuado balance entre la función de subsistencia, la función productiva y la función ecosistémica del recurso hídrico; intensificar y complementar el carácter de uso público del agua; consagrar una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción de los derechos de aprovechamiento de aguas en caso de cumplirse ciertas condiciones definidas en la ley, y proteger y fortalecer la función que cumple el agua dulce en los ecosistemas terrestres.
Con la finalidad de cumplir estrictamente el mandato de la Sala del Senado, se encargó a los entonces Senadores señores Andrés Allamand y Víctor Pérez, exintegrantes de la Comisión, la confección de un listado de disposiciones emanadas del proyecto evacuado por la Comisión de Agricultura sobre las cuales tendrían reparos de constitucionalidad.
A partir de esa labor, se definieron los preceptos sobre los que se centraría la discusión, de manera de superar eventuales observaciones de constitucionalidad que se hubiesen formulado y asegurar su plena concordancia con los preceptos del Texto Fundamental.
A continuación efectuaré una descripción de las disposiciones estudiadas.
En primer lugar, se consideraron las enmiendas propuestas por la Comisión de Agricultura para el artículo 6° del Código de Aguas, que en lo medular determina las características, formas de constitución y duración del derecho de aprovechamiento de aguas.
A este respecto, cabe señalar que si bien la constitucionalidad de la mayoría de los incisos que componen el precepto fue sancionada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, en algunos casos con enmiendas destinadas a reforzar su concordancia con otras disposiciones del proyecto de ley, se presentó una votación de mayoría en el inciso segundo, que aborda la duración del derecho de aprovechamiento de aguas. Sobre el particular, el voto de minoría observó la diferencia de plazos que se instauró entre los derechos consuntivos y los no consuntivos, que se estimó de carácter injustificado.
En el artículo 6° bis, que trata las causales de extinción de los derechos de aprovechamiento y la contabilización de los plazos que darán lugar a esta sanción, se produjo una situación similar. En efecto, solo en el primer inciso se verificó una votación de mayoría, mientras que sobre las demás disposiciones hubo total consenso en la Comisión sobre su conformidad con la Carta Fundamental.
Sin perjuicio de la aprobación de algunas modificaciones que perfeccionaron su redacción, el voto de minoría, en este caso, reprochó un doble castigo para los mismos hechos, pues, en su opinión, el no uso efectivo del derecho, que daría lugar a la extinción, ya estaría sancionado por el pago de la respectiva patente.
Luego, en lo concerniente a las enmiendas propuestas en el artículo 17, la Comisión circunscribió su examen únicamente al inciso cuarto, definiendo su constitucionalidad por mayoría de sus integrantes.
La citada disposición regula la facultad de la Dirección General de Aguas para ordenar una redistribución del recurso hídrico en aquellos casos en que dos o más juntas de vigilancia ejerzan jurisdicción en la totalidad de la fuente de abastecimiento, cuando una de estas organizaciones se sienta perjudicada por las extracciones que la otra realice. Al efecto, la posición minoritaria opinó que la amplitud de la redacción, que no señalaría los lineamientos a los que se deberá sujetar la autoridad, tanto en el procedimiento a utilizar como en la forma de resolver la discrepancia, podría derivar en la adopción de decisiones eventualmente arbitrarias o discriminatorias.
En el siguiente precepto sometido al estudio de constitucionalidad, esto es, la propuesta para el inciso segundo del artículo 20 del Código de Aguas, la Comisión, junto con aprobar de forma unánime su constitucionalidad, decidió modificar su texto para precisar que, en el caso de los derechos de aprovechamiento sobre las aguas que corresponden a vertientes que nacen, corren y mueren dentro desde una misma heredad, como asimismo sobre las aguas de lagos menores no navegables por buques de más de 100 toneladas, de lagunas y pantanos situados dentro de una sola propiedad y en las cuales no existan derechos de aprovechamiento constituidos a favor de terceros, el uso y goce de esas aguas por parte del propietario de la ribera tendrá el carácter de derecho real.
En seguida, correspondió el estudio de las enmiendas al artículo 129 bis, N° 1, que contaron con el apoyo unánime de los miembros presentes de la Comisión. Dicha instancia legislativa, además de ratificar su concordancia con el texto constitucional, reordenó algunas de sus disposiciones por razones de técnica legislativa y rechazó la constitucionalidad de uno de sus incisos, a saber, el que disponía una excepción del establecimiento del caudal ecológico mínimo para los derechos de aprovechamiento de aguas cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.910, por estimarse que importaría una discriminación arbitraria y una infracción al principio de igualdad ante la ley, pues no hay una razón de fondo para circunscribir los efectos de la excepción únicamente a quienes ejercen labores agrícolas.
Posteriormente, la Comisión se abocó al estudio de una de las disposiciones centrales de la iniciativa de ley y que fue objeto de uno de los análisis más exhaustivos por parte de la Comisión. En efecto, se acordaron una serie de enmiendas al artículo 134 bis, todas aprobadas unánimemente, por las que se regularon detalladamente las fases del procedimiento de extinción de los derechos de aprovechamiento de aguas, tanto en su fase administrativa como en su sede judicial.
Del mismo modo, se acordó de forma unánime enmendar la propuesta para el artículo 147 quáter con la finalidad de explicitar que la atribución excepcional del Presidente de la República para constituir derechos de aprovechamiento, aun cuando no exista disponibilidad, deberá contar con un informe previo y favorable de la Dirección General de Aguas que justifique tanto que es con la sola finalidad de garantizar el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia, como que no ha sido posible la aplicación de otras normas que establece el Código de Aguas o que estas no han sido efectivas.
La última de las modificaciones permanentes examinadas fue la que recae en el artículo 314 del Código de Aguas, destinada a regular la facultad presidencial para declarar zonas de escasez hídrica ante una situación de severa sequía. Sobre estas reglas se dispuso que dicha facultad se debía ejercer previo informe favorable de la Dirección General de Aguas, priorizándose el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia.
La mayoría de los incisos concitaron el apoyo unánime de la Comisión, que ratificó su plena concordancia con el texto constitucional, salvo en aquella norma que consigna que, para efectos del proceso de fijación de tarifas establecido en el decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, se considerará que las aguas entregadas en virtud del presente artículo son aportes de terceros y tienen un costo igual a cero; y la que instituye que todo aquel titular de derechos que reciba menor proporción de aguas que la que correspondía de conformidad a las disponibilidades existentes tendrá derecho a ser indemnizado por el Fisco. Dichas disposiciones fueron aprobadas por la mayoría de los miembros de la Comisión.
Finalmente, se estudiaron dos disposiciones transitorias.
En primer término, se ratificaron unánimemente las enmiendas propuestas en el artículo primero transitorio, que postula que los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de la normativa en debate continuaran estando vigentes y mantendrán su carácter de indefinidos en el tiempo.
Sobre este punto, y para una mayor claridad de la regla estatuida, la Comisión decidió el reemplazo de la expresión "usos susceptibles de regularización" por "usos que fuesen regularizados por la autoridad competente", que también mantendrán su naturaleza indefinida.
Por último, en el artículo segundo transitorio, la Comisión acordó importantes modificaciones para circunscribir la sanción de caducidad de los derechos de aprovechamiento a su falta de inscripción en los registros de propiedad de aguas de los conservadores de bienes raíces. En tanto, el incumplimiento del registro de tales derechos en el catastro público de aguas, a cargo de la Dirección General de Aguas, será penado con una multa de segundo grado, correspondiente a un monto de 51 a 100 unidades tributarias mensuales.
La mayor parte de estas disposiciones transitorias recibió el apoyo unánime de la Comisión, la cual avaló su plena correspondencia con las normas constitucionales, salvo dos incisos que fueron aprobados por mayoría de votos.
Señora Presidenta, hago notar que el informe de la Comisión da cuenta del extenso trabajo realizado, consignando las intervenciones escuchadas durante el ciclo de audiencias que se llevó a cabo, la discusión de los preceptos abordados y los acuerdos alcanzados a su respecto.
Es cuanto puedo informar en mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias al Senador Pedro Araya.
Solicito el acuerdo de la Sala para que pueda presidir momentáneamente el Senador Álvaro Elizalde.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Le vamos a dar la palabra al Ministro de Obras Públicas.
Ministro, tiene la palabra.

El señor MORENO (Ministro de Obras Públicas).- Muchas gracias, Presidente.
Chile tiene varias décadas en las cuales se ha estado reduciendo la pluviometría. De hecho, si miramos las décadas anteriores, ha estado cayendo la cantidad de lluvia en aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento por cada década. En la última, entre 2010 y 2019, esto se aceleró. Y si miramos entre Santiago y Valparaíso, la pluviometría disminuyó en casi 40 por ciento. Eso incluyó el año 2019, que es el más seco de nuestra historia. También hemos tenido el 2020 y el 2021 años bajo lo normal. Incluso, pensamos que este año 2021 puede ser tan malo como el año 2019.
Todo indica que esta situación va a continuar. Lo que tenemos al frente es un cambio climático permanente. Y esto afecta a una zona entre el centro norte y el centro sur de nuestro país, donde está el 80 por ciento de la población y se concentra el 72 por ciento del producto geográfico.
Es vital que tomemos las medidas de fondo, las medidas de emergencia y de largo plazo, para poder enfrentar esta nueva realidad. Tenemos que asegurar nuestra seguridad hídrica; tenemos que asegurar la sustentabilidad de los acuíferos y de los ecosistemas; tenemos que asegurar un marco legal e institucional adecuado a ese desafío.
El Código de Aguas no resuelve todo esto, aunque es un pilar importante. De hecho, en estos días estamos iniciando la tramitación de otros proyectos de ley, como el que crea el nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos; se estableció la Mesa Nacional del Agua; se están desarrollando planes estratégicos de cuenca para todas las principales cuencas del país; se han declarado en prohibición o restricción más de la mitad de los acuíferos para protegerlos, y se ha incrementado enormemente la inversión hídrica en desaladoras, embalses, canales, APR, nuevos pozos, etcétera.
Pero el Código de Aguas es una pieza muy importante de la solución, porque en sus 317 artículos resume buena parte de la legislación sobre el agua: define su naturaleza jurídica, la forma de asignar y terminar los derechos de agua, las normas de protección y prioridad del consumo humano y de los ecosistemas, entre otras. Esto incluye definir las atribuciones y responsabilidades de la Dirección General de Aguas.
Este proyecto, que hoy día ustedes van a votar, se inició mediante una moción hace más de diez años; tuvo indicaciones sustitutivas de la Presidenta Bachelet y del Presidente Piñera en distintos años, y lo han revisado y debatido las Comisiones Especial sobre Recursos Hídricos, de Agricultura y de Constitución del Senado, como hemos escuchado por parte de sus Presidentes.
Las posiciones iniciales en esta discusión eran muy diferentes en un tema que además es de gran interés público. Sin embargo, con el dedicado trabajo de todos los Senadores y también del Ejecutivo ha sido posible revisar y mejorar cada parte de este proyecto, concitando en su conformación la unanimidad del apoyo de todos los Senadores que lo revisaron en prácticamente todas las materias.
No me voy a explayar en los aspectos técnicos, que ustedes ya conocen, que han escuchado de parte de los Presidentes de las Comisiones y que seguramente han examinado en los estudios efectuados sobre el particular; pero esta iniciativa refuerza la protección y la seguridad del consumo humano, agregando, además -cosa que no tenía el Código de Aguas actual, del año 1981-, las necesidades de saneamiento y de subsistencia; la prioridad para resguardar también los ecosistemas, y luego, la seguridad que requieren los distintos usos productivos. De la misma forma, refuerza la naturaleza jurídica de bien nacional de uso público del agua.
Por otra parte, el proyecto mejora las facultades fiscalizadoras y reguladoras de la Dirección General de Aguas; asegura que esta entidad contará con la información sobre los derechos de agua y sus propietarios, adecuadamente inscritos y registrados.
Todo lo anterior se hace en un marco de seguridad jurídica y de procedimientos adecuados para la defensa de los derechos de quienes los ejerzan, permitiendo que puedan tomar sus decisiones con razonable certidumbre.
Por todo lo expuesto, el Ejecutivo espera que el Senado respalde este proyecto, que ha sido elaborado con la participación y el apoyo de todos los sectores.
Ello va a permitir contar con una herramienta inestimable para enfrentar la nueva realidad hídrica y poner este desafío donde realmente corresponde; un desafío que no tiene ningún color político, que supera largamente nuestras fuerzas individuales y que exige de todos la necesidad de acordar una ruta común, aceptada por todos y que posibilita concentrar las energías en la única y verdadera tarea: cómo adaptarnos más rápidamente y en forma menos dolorosa al cambio climático que nos está afectando.
Muchas gracias, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Gracias, Ministro.
Tiene la palabra el Senador Alfonso de Urresti, quien está participando de esta sesión telemáticamente.

El señor DE URRESTI.- Presidente, quiero saludar a todos los integrantes de las Comisiones que han informado este proyecto; al Ministro; a los colegas.
Como autor de este proyecto, que presentamos el 17 de marzo del 2011 -se han cumplido prácticamente diez años desde su ingreso-, me alegra que comencemos a ver el final de esta tremenda discusión.
Deseo enumerar los principales contenidos de esta reforma, porque deben quedar en la historia de la ley.
Primero, la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento de aguas.
Se intensifica la noción de que las aguas son un bien nacional de uso público y que pertenecen a la sociedad toda.
Se resguarda la multifuncionalidad de las aguas, posibilitando el consumo humano, el saneamiento, el uso doméstico de subsistencia, la preservación ecosistémica y la productiva.
La función de interés público consagra limitaciones y restricciones al ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas, los cuales dejan de ser perpetuos, posibilitando su extinción y caducidad tanto de antiguos como de nuevos derechos.
Se explicita que el derecho de aprovechamiento nace de una concesión y que los nuevos derechos serán temporales. Este es un tremendo cambio desde el punto de vista de una noción distinta de la que tuvo el legislador, especialmente en la dictadura, al consagrar estos derechos.
En el caso de los territorios indígenas, el Estado deberá velar por la integridad entre tierra y agua y proteger las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, un principio fundamental que se está restableciendo.
El segundo principio tiene que ver con la priorización de las aguas para la función de subsistencia.
Se reconoce el acceso al agua potable, al saneamiento como un derecho humano, esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Prioriza el uso para el consumo humano, de subsistencia y saneamiento tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento, como en el caso de los decretos de escasez hídrica. De igual manera, para asegurar el consumo humano, el saneamiento y los usos domésticos de subsistencia el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, pudiendo para ello denegar solicitudes de derecho de aprovechamiento.
Se faculta a la Dirección General de Aguas para autorizar extracciones por un caudal no superior a 12 litros por segundo mientras una APR tramita sus derechos de agua. Esto es tremendamente importante.
Se resguarda la calidad de las aguas, especialmente si son aprovechadas para el consumo humano, pudiendo la Dirección General de Aguas limitar su uso, o suspender su ejercicio de existir riesgo de una grave afectación a la fuente natural de donde se extrae.
Por otro lado, cualquier comité de agua potable rural podrá cavar en el suelo propio o en el de cualquiera de sus integrantes pozos para consumo humano y uso doméstico. Se trata de un derecho que se concede por el solo ministerio de la ley (esto se consagra en el artículo 56).
Se exime del pago de patente a los derechos no ejercidos por un APR. Excepcionalmente, el Presidente de la República, con la sola finalidad de garantizar los usos de la función de subsistencia, podrá constituir derechos de aprovechamiento, aunque no exista disponibilidad.
Las asociaciones de canalistas que abastezcan a prestadores de servicios sanitarios deberán adoptar las medidas necesarias para que APR y sanitarias reciban el caudal requerido a fin de garantizar el consumo humano y los usos domésticos de subsistencia.
El tercer principio se vincula con la protección de áreas de importancia ambiental y patrimonial.
Aquí avanzamos tremendamente en esto, cuando la ley no consagraba los temas de escasez como una función, como una realidad que hoy tenemos demasiado extendida.
Promueve la preservación ecosistémica y el desarrollo productivo.
Prohíbe exploraciones y extracciones de aguas en glaciares, en áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad, en aguas subterráneas que alimentan humedales y pajonales de la macrozona norte; en terrenos que corresponden a sectores acuíferos que alimenten humedales que hayan sido declarados por el Ministerio del Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios priorizados; en zonas de turberas en las Regiones de Aysén y Magallanes, principalmente.
Establece que ante una degradación de un acuífero que afecte su sustentabilidad la Dirección General de Aguas deberá limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento en la zona degradada a prorrata de ellos.
Crea un nuevo tipo de derechos de aprovechamiento de aguas in situ, o que no requiere la extracción de las aguas tanto para fines de conservación ambiental como para el desarrollo de un proyecto de turismo sustentable, recreacional o deportivo.
El cuarto principio fundamental de esta modificación es el fomento de la gestión eficiente de las aguas -tema tremendamente relevante- no solo en la explotación, sino también en el cuidado del ciclo hidrogeológico y de los ecosistemas que interactúan con el agua, previniendo afectaciones del aprovechamiento sobre un acuífero o fuente superficial. La Dirección General podrá limitar su uso o suspender su ejercicio.
Se establecen medidas inhibitorias y sanciones frente a la tenencia ociosa y especulativa de los derechos que se aprovechan. Con esto se impacta, se interviene directamente en la especulación, con fines lucrativos de la constitución de derechos.
Se consagra el principio de "úselo o devuélvalo", posibilitando la extinción de derechos que no se aprovechan total o parcialmente para que puedan decretarse reservas o para que vuelvan a la sociedad como bienes nacionales de uso público.
Se duplica incrementalmente, cada cuatro años, el monto de la sanción de pago de patentes por no aprovechamiento de las aguas parcialmente si su titular no hace uso efectivo del recurso.
Todos los derechos deberán inscribirse -y esto es tremendamente importante- a riesgo de su caducidad en caso contrario.
Se pone el foco en la relevancia de la información para mejor gestión de las aguas y se combate a los especuladores que eluden inscribir sus derechos y pagar patente. Esto es de enorme trascendencia, porque hay una opacidad en el mercado de las aguas, en el mundo de quienes tienen constituidos derechos sobre ellas. Entonces, no hay un registro público, no se pagan las patentes, y con eso se genera una nebulosa que solo afecta a los especuladores.
Se premia al usuario diligente; no tiene riesgo de extinción o caducidad el titular del derecho de aprovechamiento con obras de aprovechamiento y que inscribe sus derechos.
Se regulan los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas para propiciar la seguridad hídrica frente al cambio climático. Estos planes deberán considerar a lo menos los siguientes puntos: la modelación hidrológica o hidrogeológica de la cuenca; un balance hídrico; la recuperación de acuíferos cuya sustentabilidad esté afectada; un plan para hacer frente a la necesidades futuras de recursos hídricos con preferencia, evidentemente, en el consumo humano; evaluación por cuenca al objeto de implementar, innovar con fuentes alternas para el aprovechamiento y reutilización de las aguas, con énfasis en soluciones basadas especialmente en la naturaleza (la evaluación incluirá, entre otros, la identificación de potenciales impactos ambientales, sociales y las proyecciones de demanda para consumo humano en un plazo de diez años); un programa para la implementación y modernización de las redes de monitoreo fluviométrica, meteorológica, sedimentométricas, y la mantención e implementación de la red de monitoreo de calidad de las aguas, de niveles de pozos, embalses, lagos, glaciares y otros elementos técnicos para anticipar la disponibilidad de agua.
Por último, se crea un fondo para la investigación, innovación y educación en materia de recursos hídricos.
Señor Presidente, he querido enumerar un conjunto de principios con los cuales se han hecho las modificaciones, en que se han detenido las diversas sesiones que hemos llevado a cabo especialmente en la Comisión de Constitución, donde nos tocó ver los aspectos constitucionales y realizar la discusión acerca de su impacto en la Carta Fundamental.
Quiero aprovechar esta instancia para agradecer el debate, porque en todas y cada una de las sesiones en que analizamos esta materia no solo hubo académicos y académicas que nos ilustraron con sus distintas posiciones, pero fundamentándolas desde el ámbito de su competencia: también concurrieron el actual Director General de Aguas como el ex Director Carlos Estévez, dos personas que participaron permanentemente, que conocen la temática y que les ha tocado lidiar esta institución, y el Ministro de Obras Públicas, además de otros profesionales.
Pero lo más relevante es que, al menos en la Comisión de Constitución, donde nos tocó dar esta discusión, la mayoría de los artículos fueron aprobados por mayoría. Para descartar cualquier reclamación ante el Tribunal Constitucional se consignó el voto de minoría por quienes así lo manifestaron; pero se hizo el esfuerzo de despejar cualquier duda de constitucionalidad para eventuales recursos que se quieran intentar ante el TC.
Por último, señor Presidente, transcurridos diez años desde la presentación de este proyecto, de decenas de sesiones, de reuniones, creo que comienza a ver la luz un nuevo Chile que también se hace cargo de recuperar las aguas para todos nuestros compatriotas, para evitar la especulación y también para darles un mensaje a quienes son sus principales usuarios: los consumidores humanos; los comités de agua potable rural a lo largo de todo Chile; las comunidades indígenas, los territorios donde claramente no se entiende que en algún momento ocurrió esta situación de desacoplar el agua de la tierra. Eso es algo que no existe en otras partes del mundo.
Voy a votar a favor de este proyecto, señor Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Gracias, Senador De Urresti.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Presidente, como acaban de señalar los tres informantes de las respectivas Comisiones: la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, que fue la primera encargada de revisar este proyecto, lleva diez años en ello; posteriormente, la Comisión de Agricultura, y finalmente la Comisión de Constitución; y como lo acaba de decir uno de los autores del proyecto, en ese entonces el Diputado De Urresti, es bien impactante que hayan transcurrido diez años de tramitación de una reforma inicialmente muy resistida por algunos sectores de la industria, a pesar de la enorme justicia histórica en la distribución de las aguas en Chile, más aún si estamos experimentando, como país tan vulnerable al cambio climático, una de las mayores sequías.
El Ministro de Obras Públicas, a quien aprovecho de saludar, nos hablaba del déficit pluviométrico, que alcanza al 40 por ciento en la región central y que afecta particularmente a la Región de Valparaíso. Es cosa de recordar lo que ocurre en el valle de Aconcagua, en comunas como Petorca, La Ligua, Cabildo, en fin, cuya situación es dramática. Producto de ello, miles de personas, de pequeños agricultores hoy día no pueden satisfacer sus necesidades más básicas, ni siquiera para generar esa agricultura de subsistencia.
Asimismo, cabe recordar también cómo durante el estallido social la ciudadanía exigía recuperar el agua para Chile. Y a pesar de eso, una reforma constitucional que presentamos mediante la cual consagrábamos el agua como un derecho humano esencial y disponíamos que era obligación del Estado garantizarlo fue aprobada por 24 votos a votos a favor y 12 en contra, lo que impidió que pudiésemos establecer ese derecho a nivel constitucional. ¿Por qué? Por el famoso quorum de dos tercios.
Espero, obviamente, que ello sea tratado en la Nueva Constitución, como corresponde.
También quiero recordar que en 1981, en plena dictadura, cuando se estableció el Código de Aguas, se instaló este verdadero mercado del agua, que entrega su propiedad en forma gratuita y a perpetuidad a través de estos llamados "derechos de aprovechamiento", que son heredables, vendibles y para toda la vida, no necesariamente asociados a proyectos y muchos de ellos de carácter muy especulativo.
Una vez que se promulgó el Código de Aguas en 1981, la escasa información sobre cómo obtener esos derechos de aprovechamiento permitió que en menos de una década grandes grupos económicos, dueños del sector eléctrico, minero y agrícola exportador, concentraran la propiedad de estos derechos de aprovechamiento en desmedro del acceso a este bien para habitantes rurales.
Este mercado, sin duda, ha sido extraordinariamente injusto para equilibrar el uso ambiental y social del agua con el productivo, y, desde luego, generando sobreotorgamiento de derechos de agua.
Por lo tanto, los problemas de la tierra y su disociación con el agua y la gente que no accede a ella no son solamente problemas técnicos y de gestión. Aquí debemos -cosa que afortunadamente se recupera en las modificaciones que estamos introduciendo- darle prioridad al consumo humano, a la conservación, al agua como un bien nacional de uso público que le pertenece a toda la nación.
Hoy estamos dando ese paso, es decir, estamos concediéndole prioridad al consumo humano y a la conservación ambiental. Es más, quiero recordar lo que señaló la Corte Suprema, que se pronunció claramente ante la insuficiencia de medidas para paliar la crisis hídrica, particularmente de aquellas personas que hoy día se abastecen por la vía del camión aljibe y que no pudieron acceder a los 100 litros de agua, situación que se ha vivido en Cabildo, en La Ligua, en Petorca, como ya recordé.
Esta reforma, como bien se ha dicho aquí, tiene cuatro ejes fundamentales.
Se cambia la naturaleza jurídica del agua, de los derechos de aprovechamiento; el agua, entonces, pertenece -y esto hay que enfatizarlo- a la nación toda; los derechos son fruto de concesiones y serán temporales, y son extinguibles y caducables. Los derechos de agua dejan de ser perpetuos, posibilitando su extinción y caducidad según si no hay obras, o bien no han sido registrados como corresponde.
Por lo tanto -y esto es aplicable para los derechos antiguos y nuevos-, se explicita que el derecho al agua nace de esta concesión. De aquí que los nuevos derechos -son cada vez menos los que van a quedar- sean temporales.
Se consagra la función de subsistencia del agua, priorizando el derecho humano del acceso al agua potable y el saneamiento, importante para reforzar los APR, en que podrán (cualquier APR) cavar en suelo propio o de cualquier integrante pozos para el consumo humano y de uso doméstico. Se trata, pues, de un derecho que se le concede por el solo mérito de la ley, y se le exime del pago de patente a derechos no ejercidos por un APR.
Se consagra también la función de protección de los ecosistemas del agua y -esto es muy importante- su adaptación al cambio climático.
Se prohíbe la extracción en glaciares, humedales y turberas, así como también las exploraciones y extracciones de agua en zonas sensibles para la diversidad.
Se crea un nuevo tipo de derechos de aprovechamiento in situ, que no implican extracción y que sirven tanto para conservación ambiental como para proyectos, como aquí se ha mencionado, de carácter turístico, sustentable, recreacional o deportivo.
Se pone énfasis en una gestión eficiente del agua. Por eso hablábamos de "la extinción de los derechos ociosos". Es muy importante terminar con la especulación.
Asimismo, cabe destacar los planes estratégicos de recursos hídricos en las cuencas. Recién llevamos 10 de las 101 cuencas con las que debemos trabajar en esos planes estratégicos.
El Fondo de Investigación e Innovación.
Por supuesto, son dignas de resaltar las mayores facultades que se le otorgan a la Dirección General de Aguas para la fiscalización, regularización e intervención en la gestión de casos de escasez hídrica, la que nos afecta seriamente.
Es relevante también la consagración del principio, como se ha dicho, de "o lo usa o lo devuelve", el cual posibilita la extinción de derechos cuando no se aprovechan, cuando no hay obras o cuando solo se aprovechan parcialmente, pudiendo decretarse reserva o devolverlos a la sociedad como un bien de uso público.
En definitiva, los derechos no son derechos si no son para todos, y terminan transformándose en privilegios.
En nuestro modelo de mercado existe hoy día una evidente crisis social y ambiental en la medida que no hay suficiente protección ambiental y que no todos los ciudadanos acceden al agua potable. Por eso, esto se termina transformando en privilegios injustos para aquellos que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder al consumo.
Por lo tanto, tenemos que devolver la idea de que el Estado debe proteger a los más débiles.
Pienso, por ejemplo, en aquellos crianceros de la región, que deben elegir entre dejar morir a sus animales o dejarlos a su libre suerte; o en aquellas familias que deben migrar por falta de agua.
Insisto: llevamos diez años esperando una reforma al Código de Aguas, que avance en declarar el agua como un bien nacional de uso público, en consagrarla como un derecho humano y en un deber del Estado el protegerla, cosa que no logramos el año pasado a nivel constitucional.
Esta reforma avanza en la fiscalización y regulación del mercado a través de las nuevas facultades de la Dirección General de Aguas y, sobre todo, apunta a la protección de la biodiversidad y de nuestros recursos naturales, porque, si no usamos esos recursos naturales para protegernos de los efectos del cambio climático, estaremos dejando de lado uno de los mejores instrumentos.
Necesitamos, entonces, no volver más pobres a los pobres. No podemos seguir esperando una resolución central para establecer un modelo más integral del agua, pues carecemos todavía de la suficiente información.
Claramente tenemos que recuperar al agua para Chile, tal como lo expresaban durante el estallido social esos miles de ciudadanos que circulaban por las calles haciendo tal exigencia.
Tarea de la nueva Constitución es también consagrar el agua como un derecho humano esencial, que el Estado debe, por supuesto, garantizar.
Por todas estas razones, considero que este proyecto representa un claro avance y que son muy importantes los elementos que aquí se han logrado establecer.
Por ello, desde ya anuncio, Presidente, mi voto a favor.
He dicho.

El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Gracias, Senadora Allende.
Tiene la palabra el Senador Sandoval, y posteriormente, el Senador Bianchi.
Senador Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidente.
Sin duda, este es un proyecto de larga tramitación -como bien se ha señalado acá, prácticamente diez años-, que fue presentado de manera transversal, lo que habla de la preocupación sobre un tema tan significativo para nuestro país como es el agua.
Efectivamente, este proyecto incluye a parlamentarios de diferentes bancadas -obviamente de nuestro sector también- frente a un tema que cada vez está adquiriendo (hace diez años ya) mayor significación.
El proyecto tiene por objeto establecer el derecho esencial al agua y dar seguridad jurídica a su ejercicio; intensificar y complementar el carácter de uso público del agua; consagrar una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción de los derechos de aprovechamiento de agua; proteger y fortalecer la función que cumple el agua dulce en los ecosistemas de nuestro país y, obviamente, de todo el planeta.
En ese sentido, el proyecto adquiere hoy una significación muy particular, especialmente cuando el mundo se ha visto azotado por procesos muy activos desde el punto de vista del cambio climático y de los cuales nuestro país, por cierto, no ha estado exento. Se han profundizado los déficits en aquellas áreas donde, hace algún pasado bastante remoto, las precipitaciones lograban cubrir las necesidades que existían.
Han aumentado los procesos de desertificación. En el norte chico la típica frontera de la desertificación ha ido avanzando hacia latitudes ubicadas más al sur.
En nuestro país la cantidad de gente que vive el problema de la falta de suministro hídrico no es menor.
Según los estudios de la última Casen, del año 2017, 1.400.000 personas no tienen acceso a agua potable o alcantarillado. ¡Dramático es lo que ello significa! ¡1.431.000 personas!
Por su parte, 384.000 viviendas de nuestro país no tienen agua potable.
Estamos hablando, evidentemente, de una situación bastante compleja. ¡238 comunas del país, de las 347, sufren carencia de agua en nuestro país!
Por eso, creemos que esta situación debemos enfrentarla.
Este proyecto de ley apunta a crear un marco institucional básico que se haga cargo de estas materias, establecer algunos procedimientos específicos, otorgar el goce temporal de las aguas y eliminar la especulación por medio de un incremento en las patentes por no uso. ¡Cuánta gente pedía derechos sin ni siquiera tener un metro cuadrado, a lo más un macetero en su casa, y sin embargo era tenedora de sendos derechos de agua, con el único afán de establecer niveles de especulación para venta o comercialización!
Se establece la obligación de informar los cambios de usos productivos, así como la caducidad de los derechos no inscritos en los conservadores de bienes raíces.
Se consagra el reconocimiento del acceso al agua para bienes y servicios ambientales, y el fortalecimiento de los caudales ecológicos; se consagra un Estado que vele por la integridad entre tierra y agua y proteja las aguas existentes para el beneficio de las comunidades en general, por cierto de las comunidades indígenas.
Evidentemente, los acontecimientos derivados del cambio climático han repercutido en todo el país. Para qué decir en nosotros, que somos de la zona austral, donde Aysén es la región del agua y que posee una de las mayores reservas del recurso, adscritas a los dos campos de hielo de la zona austral: el Campo de Hielo Norte, el más cercano, dicho sea de paso, a la Línea del Ecuador, y el Campo de Hielo Sur.
Asimismo, contamos con el río más caudaloso de Chile, el Baker, que atraviesa nuestra región desde norte a sur, como desembocadura a su vez del lago más grande del país, lago binacional por lo demás: el General Carrera.
Y sin embargo, a pesar de todas estas virtudes y ventajas, también hemos podido percibir la reducción en los niveles de precipitaciones. Hoy día mismo en Coyhaique, ya a 21 de julio, estamos terminando uno de los meses más complejos que climáticamente tenemos en la zona austral -y aquí está mi amigo Carlos Bianchi, de Magallanes-, pero hemos visto una fuerte reducción de las precipitaciones nivales. ¿Y eso qué significa? Que no hay acumulación de agua para los períodos estivales, y ya en verano nos hemos encontrado con muchos pobladores dedicados a la ganadería, que han tenido que llevar sendos sistemas de suministro de agua para sus propios animales.
¡Eso era impensado hace algunos años en nuestra región! Antes uno caminaba algunos metros y se encontraba con un arroyo, con una laguna, con un río. Y nuestros arroyos son verdaderos ríos para cualquier otra zona de nuestro país.
El 97,5 por ciento del agua del planeta es salada: está en los mares y en los océanos. Solamente el 2,5 por ciento es agua dulce. Por lo tanto, la necesidad de establecer mecanismos de resguardo, de protección, de fijación de uso para el consumo humano debe ser una prioridad absolutamente fundamental.
Por eso uno lamenta que 1,4 millones de personas en nuestro país no tengan un acceso expedito. ¡Y vemos cuántos municipios han tenido que transformarse ante el problema de los famosos camiones aljibe, con todo lo que eso significa hoy día en materia de calidad de vida, en materia de salud! Y para qué decir en el contexto de pandemia que estamos viviendo.
Por ello, evidentemente nosotros tenemos hoy día la obligación absoluta de aprobar un proyecto de esta naturaleza. Incluso, con varios Senadores de nuestras bancadas fuimos autores de un proyecto de modificación constitucional, cuyo boletín es el Nº 12.482-07, presentado el año 2019, que se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y no se ha movido lo que es un centímetro, en circunstancias de que estamos hablando de un recurso acerca del cual hacemos sendos discursos en cuanto a la urgencia, la oportunidad.
Ese proyecto apuntaba fundamentalmente a incorporar un nuevo inciso segundo al número 8° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, estableciendo asimismo el deber del Estado de velar por el acceso igualitario de todas las personas al agua para su subsistencia.
La iniciativa en comento probablemente no resuelve todos los problemas que hubiésemos querido, pero entiendo que ha habido un amplio consenso en su formulación y en su desarrollo.
Yo destaco aquí la labor y el papel de la Dirección General del Aguas, del Ministerio de Obras Públicas en la línea de lograr construir los acuerdos básicos para avanzar en un tema que ha sido extremadamente complejo, que hoy día está en el centro de la discusión política en el marco del nuevo proceso constitucional que va a vivir nuestro país, y que -no me cabe duda alguna- va a ser una parte esencial de él.
Por eso voy a votar absolutamente a favor, Presidente, de esta iniciativa.
Quiero volver a destacar el trabajo que han realizado las autoridades ministeriales y también, por cierto, la iniciativa que suscribieron diferentes Diputados, que ingresó el 17 de marzo del año 2011.
Y espero sinceramente que en la Comisión de Constitución puedan tramitarse los proyectos que mencioné hace un momento -probablemente hay muchos más, sin duda- y que dan cuenta hace bastante tiempo de esta urgencia y de esta necesidad.
Voto absolutamente a favor, señor Presidente.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- A usted, Senador Sandoval.
Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.

El señor BIANCHI.- Muchas gracias, estimado señor Presidente.
¡Cuántos años hubo que esperar para llegar a este momento especial que estamos viviendo en el Senado!
Yo estaba haciendo memoria y me recuerdo cuando ingresé a este Congreso. El año 2007 presentamos el primer proyecto (el boletín 4.902-09) para garantizar que el agua fuera de consumo humano. Después el 2011, 2012, 2014 y el 2017, ¡cinco proyectos de reforma constitucional he presentado en esta misma línea y ha sido absolutamente imposible poder avanzar!
Entonces, uno tiene que alegrarse, pero también preocuparse por la realidad que ha expresado el Senador David Sandoval, quien me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a la situación que enfrentamos como Patagonia y como regiones extremas.
Efectivamente, ha habido en esas zonas una enorme disminución en la cantidad de nieve y agua caídas, y ahí está la mayor reserva de agua natural del mundo: Campos de Hielo Sur, la propia Antártica y nuestra Patagonia, tanto en las Regiones de Aysén y de Magallanes como en la de Los Lagos, poseen una de las mayores reservas de agua dulce.
Entonces, que este proyecto proteja y cuide a la Patagonia, con sus principales características, es de mucha importancia.
Pero yo voy a agregar, Presidente, otro tema, que aquí no se ha debatido y que mantiene una línea de relación con lo que estamos discutiendo en cuanto a que el agua sea un derecho humano.
¿Qué va a pasar con las personas que, por ejemplo, hasta el día de hoy llevan un año y medio de deuda en sus cuentas de agua potable y que no han podido pagarlas producto de la pandemia?
Ese problema tampoco se ha resuelto, no se ha solucionado y falta un pronunciamiento del Gobierno para ver qué vamos a hacer con adultos mayores que se han visto imposibilitados y que en algún momento pueden sufrir el corte de un vital elemento como es el agua.
Por lo tanto, creo que el derecho humano al agua no puede seguir esperando. Más de diez años han pasado desde el inicio de la tramitación de estos proyectos de ley, mientras los dueños del agua usan y abusan de ella como si no existiera el cambio climático y como si no hubiera comunidades enteras soportando sequías que ponen en riesgo sus propias vidas.
Estamos viviendo un escenario complejo a nivel medioambiental. No son normales las actuales temperaturas en la zona centro y en Magallanes, como ya lo hemos explicado.
Es por esto que no podemos esperar a que la Convención Constitucional defina el nuevo catálogo de derechos, pues el agua es un bien nacional de uso público y necesario para la subsistencia humana.
Con la tramitación de este proyecto de ley estamos abriendo la discusión que habrá, sin duda, en la Nueva Constitución, donde el agua sea un derecho humano. Y también estamos modificando la regulación sectorial para que ese principio se pueda aplicar cuanto antes y de la mejor manera posible.
La ley debe estar al servicio de la Constitución, por cierto, pero hoy podemos progresar en lo que en este país no se ha avanzado en décadas. Confiamos en la Convención, pero vamos a avanzar en la legislación cuando de ella dependan los derechos humanos.
Las comunidades que viven gracias a la llegada de los camiones aljibes, las dificultades que pasan los pequeños agricultores que deben ver secarse sus plantaciones desde la ribera de un río, son realidades que tienen que llamarnos a una profunda reflexión y búsqueda de soluciones, que es lo que estamos haciendo con la tramitación de este proyecto.
No es una iniciativa perfecta, sin lugar a dudas, y quedará espacio para debatirlo ya sea en la discusión particular o en la Comisión Mixta, pero es un proyecto urgente y absolutamente necesario.
Presidente, yo felicito el avance en la definición de la naturaleza jurídica del agua. Desde luego, es un progreso el hecho de que este recurso se declare como bien nacional de uso público. Hoy más que nunca el agua debe estar al servicio de la humanidad, de la sociedad en su conjunto, y no responder al uso de unos pocos.
Es importante, entonces, crucial diría yo, que el consumo humano también sea protegido. Si no lo garantizamos de manera efectiva, de nada va a servir declarar el agua como un bien común. Incluso, ha sido tremendamente engorroso sacar adelante este proyecto en los diez años que ha demorado.
El cambio climático no es un hecho aislado, y la evidencia científica nos invita a concluir que el hombre es el principal responsable de la devastación ecológica que vive hoy el mundo.
Es por esto que debemos realizar un esfuerzo adicional en respetar y cuidar nuestros glaciares, humedales y turberas, logrando un equilibrio tal que permita ciertas actividades económicas, nunca por sobre el ecosistema y nunca por sobre la explotación de los recursos. Lo anterior, unido directamente con una gestión eficiente del agua.
Se debe sancionar de manera ejemplar a quienes mal utilizan sus derechos de aprovechamiento de agua, los futuros y los ya concedidos.
Ningún artículo transitorio, Presidente, debe dejar en la impunidad a quienes ya tienen sus derechos inscritos. Llamo a revisar con atención, en la discusión particular, las normas transitorias que regulan los famosos derechos de aprovechamiento de aguas ya concedidos.
Queda tan poca agua que, si aseguramos el abuso del derecho de aprovechamiento a los dueños de hoy, es muy probable que en una fecha muy cercana, en un futuro muy cercano, vivamos una carencia angustiante de este vital elemento.
Yo voy a votar favorablemente este proyecto de ley.
Efectivamente, vamos a presentar indicaciones al momento de tratarlo en particular, y nos alegramos de poder avanzar en esta materia. Esta va a ser una de las grandes discusiones que habrá en la Nueva Constitución, pero hoy día el Senado da un paso tremendamente crucial e importante, que de alguna manera va a facilitar el debate en la próxima Constitución.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Bianchi.
Tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.- Muchas gracias, Presidente.
El 7 de enero de 2020 pusimos en votación la reforma constitucional para declarar en la Carta Magna el agua como bien nacional de uso público y establecer el acceso a ella como un derecho humano. Obtuvimos 24 votos a favor, pero los 12 votos en contra del Oficialismo fueron suficientes para que la iniciativa se desechara, dados los quorum que exige esta Constitución. Simplemente inentendible, más aún cuando habían pasado pocos meses desde el estallido social, que al parecer algunas y algunos olvidaron rápidamente.
En pleno siglo XXI, y con la crisis climática haciendo estragos en muchos países, incluido el nuestro, es un sinsentido que la única vez que la Constitución menciona la palabra "agua", sea para garantizar el derecho de propiedad de los particulares sobre ella. Sin lugar a dudas, este será, como aquí lo han dicho varios colegas, uno de los temas que resolverá la Convención Constitucional.
Pero no podemos esperar a que termine el proceso de discusión de la nueva Carta Fundamental y las adecuaciones legales que vendrán después de ello. El problema es urgente y está ocurriendo hoy día: 500 mil familias siguen dependiendo de un camión aljibe para subsistir; sufrimos la peor megasequía desde 1915, y más de cien comunas han sido declaradas en estado de escasez hídrica.
En el caso de La Araucanía, Erika Álvarez, Directora del Centro del Territorio de la Universidad Mayor de Temuco, ha señalado que el problema de abastecimiento de agua comenzó al menos hace quince años, con cuatro comunas afectadas, mientras hoy día ya son las treinta y dos comunas de la región.
Las precipitaciones anuales llegarán a rangos de 550 a 750 milímetros, muy por debajo de los niveles históricos de 1.500 a 2.500 milímetros anuales.
El 77 por ciento del uso consuntivo del agua en Chile corresponde a la agricultura. En La Araucanía, el 64 por ciento de las tierras dedicadas al sector silvoagropecuario corresponde a plantaciones forestales con un uso intensivo de agua, que está degradando los suelos y secando muchos de los pozos de las localidades rurales y las comunidades indígenas adyacentes.
El agua escasea y en ese escenario es una indecencia que siga entregada al mejor postor en la ruleta del mercado. Esto es un escándalo que debe terminar.
La reforma que estamos votando introduce grados de sensatez al intensificar la caracterización del agua como bien nacional de uso público; establecer la temporalidad de los nuevos derechos de aprovechamiento; priorizar el consumo humano; facilitar la obtención de agua de los proyectos de agua potable rural; cuidar los ecosistemas y fomentar el uso eficiente del agua, castigando a quienes la están acaparando, y crear el Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos, entre otros avances.
Valoro especialmente que se disponga el deber del Estado de proteger las aguas existentes en beneficio de las comunidades indígenas.
Voto a favor de esta reforma, porque es un anticipo de lo que todos esperamos que ocurra en la Nueva Constitución, terminando con la anomalía de ser el único país del mundo donde el agua está completamente privatizada, y tomando conciencia de que sin un acceso justo al agua no hay ningún proyecto de desarrollo posible.
Por esa razón, votaré a favor cuando proceda, Presidente.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Quintana.
Vamos a dejar con la palabra a la Senadora Luz Ebensperger.
Tiene la palabra, Senadora.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidente.
El agua, sin duda, como acá se ha señalado por casi todos los Senadores que me han antecedido, es hoy día o siempre un recurso escaso, pero de vital importancia tanto para la vida como para la actividad humana. De ahí la necesidad de normar y de actualizar su uso y aprovechamiento, sobre todo en las aguas continentales, reguladas en el Código de Aguas.
Era necesaria esta modificación. Sin embargo, se celebra aquí el que el agua, a consecuencia de esta iniciativa, sea un bien nacional de uso público. Por cierto que estamos de acuerdo con que lo sea, pero ese concepto o esa calificación no es de ahora. La calificación del agua como bien nacional de uso público la encontramos en el artículo 595 del Código Civil, en el artículo original de ese año, 1855, en que se establecía a las aguas como bienes nacionales de uso público. Sí había, en dicho Código, ciertas excepciones, que fueron subsanadas, porque el Código Civil original permitía que los lagos fueran privados y, por lo tanto, en ese caso esas aguas no eran de uso público. Eso fue modificado en el año 81.
Por su parte, el Código de Aguas establecía, en el artículo 9°, de 1951, que las aguas eran bienes nacionales de uso público; lo dice también el artículo 9° del Código de Aguas de 1969, y lo reitera ahora el Código de Aguas, una vez más.
Es decir, siempre las aguas han sido un bien nacional de uso público; nuestra legislación lo ha reconocido así. Y este proyecto lo reafirma una vez más, tanto en el artículo 5° del Código de Aguas como en el 595 del Código Civil, que se mantienen inalterables.
En seguida, de acuerdo a la importancia que tiene cada día más este recurso, dada su escasez, y a su calidad de bien nacional de uso público -decíamos que siempre lo ha sido-, se establecen en estas modificaciones al Código de Aguas ciertas prioridades en su uso, otorgándoselo por cierto al consumo humano, y también se introducen una serie de otras modificaciones que señalaremos a continuación.
Como aquí se ha señalado, las ideas centrales o los objetivos generales del proyecto son generar seguridad y equidad en el acceso al agua -vuelvo a decir-, priorizando siempre el consumo humano, como bien nacional de uso público; constituir los derechos de aprovechamiento de agua en una función de interés público, resguardando no solamente el consumo de agua y de saneamiento, sino que también la preservación ecosistémica y la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y en general todas aquellas acciones destinadas a promover un equilibrio entre la eficiencia y la seguridad en los usos productivos del agua.
Se establece también en estas modificaciones un nuevo régimen jurídico respecto a la naturaleza de los derechos de aprovechamiento de aguas, distinguiendo que quedarían dos tipos de derechos a su respecto: los que se constituyan a partir de la aprobación de esta reforma del Código, que serían temporales y otorgados por una concesión, y aquellos que se encuentren vigentes hasta la promulgación de esta reforma, que van a permanecer siendo indefinidos, no obstante que en algunas limitaciones, como su extinción, van a estar sometidos a la nueva legislación.
¿Que se hizo en la Comisión de Constitución? Lo que se hizo fue revisar, a raíz de la presentación efectuada por los ex Senadores Pérez y Allamand, no todas estas modificaciones, sino que aquellas que en esa presentación se entendía que podían tener un vicio de inconstitucionalidad.
Deseo reconocer el trabajo de los Presidentes de la Comisión, tanto el Senador De Urresti como ahora el Senador Araya, con la participación del Ministerio de Obras Públicas. El Ministro nos acompañó en todas las sesiones, de la misma manera que el Director General de Aguas actual, don Óscar Cristi, y el señor Carlos Estévez.
Se hizo un trabajo profundo. Primero, se habían aprobado algunas normas simplemente por mayoría, pero después de un nuevo trabajo se llegó a ciertas redacciones que lograron, casi en la totalidad de las normas revisadas por esta Comisión, la unanimidad.
Entonces, creo que aquí hay un trabajo serio, importante, no obstante que todavía quedan algunas materias en las que el Ejecutivo ha comprometido presentar indicaciones, ya que en la revisión en particular hay cosas que de repente no se entienden, como que en ciertos casos se permita un otorgamiento del derecho de aprovechamiento de aguas con un plazo mínimo de veinte años a los no consuntivos y a los consuntivos no se les ponga ese límite, lo que parece extraño.
También hay otras cosas que establecen una doble penalidad: a aquellos titulares de derechos de aguas que no den a conocer o no entreguen los antecedentes necesarios, como el certificado de vigencia de dominio de este derecho inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, se les aplica una multa, y podrían tener, incluso, otra sanción. Por lo tanto, ahí hay una doble penalidad.
Tampoco se entiende que, existiendo en nuestra legislación la obligación de los conservadores de bienes raíces de informar a la Dirección General de Aguas de estas inscripciones, sea a otro al que se castigue, cuando a lo mejor debieran modificarse las normas del Conservador de Bienes Raíces, haciendo mucho más imperativo el cumplimiento de esta obligación.
En fin, creo que quedan cosas por mejorar, lo que esperamos se haga en el estudio en particular.
Espero también que el Ejecutivo cumpla con presentar las indicaciones que ha comprometido para, ojalá prontamente, no solo ver el estudio en las Comisiones, sino que aprobar en la Sala, lo antes posible, la modificación o el análisis en particular de este Código.
Dicho lo anterior, Presidente, anuncio mi voto favorable con las aprensiones manifestadas, pero entendiendo que esto va en el camino correcto para un bien tan importante como es el agua, un bien escaso hoy día y que sin duda debe tener las prioridades que se están estableciendo en estas modificaciones.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Ebensperger.
Voy a dejar con la palabra ahora a la Senadora Aravena, y después, al Senador Guillier, que está a distancia, para los efectos de que esté atento.
Senadora Aravena.

La señora ARAVENA.- Muchas gracias.
Yo quiero partir agradeciendo.
El proyecto, efectivamente, tiene casi once años de tramitación, y tuve el honor de trabajar en él por dos años en la Comisión de Agricultura.
Está presente don Óscar Cristi. Quiero agradecerle a él y, en su nombre, a todos los funcionarios de la Dirección General de Aguas que participaron aquí -algunos ya no están, incluso, en este proceso-, porque fue un trabajo extraordinariamente profesional, muy largo e intenso.
Agradezco también a don Carlos Estévez, el ex Ministro de Obras Públicas, con el que trabajamos arduamente. Creo que en esta sociedad de ambos se demostró que los temas técnicos, y sobre todo los científicos, van más allá de los colores políticos. Eso es valorable.
Y deseo destacar el trabajo que realizamos en la Comisión, en la que participaron don Álvaro Elizalde, como Presidente; el actual Presidente, Juan Castro; la Senadora Adriana Muñoz y la Senadora Yasna Provoste, quien estuvo reemplazando a la Senadora Rincón. El trabajo se realizó con mucha altura de miras y principalmente pensando en el país.
Quiero aclarar un punto que planteó el Senador Quintana. Efectivamente, algunos de nosotros votamos en contra de la reforma constitucional, porque justamente estábamos trabajando en este proyecto y sabíamos que venía una importante reforma al Código de Aguas que de una u otra manera se acercaba bastante a la idea de los autores de esa iniciativa. No es que no estuviéramos de acuerdo, sino que sabíamos que no tenía mucho sentido si había un proyecto que recogía todas las demandas ciudadanas, de los sectores productivos, de la ciencia y de las ONG en Chile.
Para ir avanzando, cabe recordar que el 70 por ciento de la superficie del planeta está cubierta por agua, y el 2,5 por ciento es agua dulce; es muy poco. Por lo tanto, hay que cuidarla.
Sin duda, el sector agrícola es el que utiliza más agua en el mundo, no solo en Chile. Es probable que al 2050 -lo afirma el Banco Interamericano de Desarrollo- seamos más de 9 mil millones de habitantes. Es muchísima gente y, en consecuencia, el desafío es enorme no solo en el agua de consumo, sino en cómo somos capaces de producir alimentos, que obviamente dependen de este recurso, para desarrollar una alimentación eficiente y adecuada a toda la población del mundo.
Aquí también hay diferencias, y algunos Senadores plantearon que este tema tiene que ver más con disponibilidad. Bueno, no lo dijo así la Fundación Chile en el 2019, en un estudio en que plantea que el 44 por ciento de los problemas de brechas y riesgos hídricos en las cuencas son efectivamente fallas en la gestión de agua y gobernanza.
Por lo tanto, deseo felicitar al Ministro de Obras Públicas aquí presente por haber recogido una demanda que se planteó en la Comisión de Agricultura por parte de varios académicos de la Universidad Católica, respecto a la importancia de la Subsecretaría de Aguas para evitar esta increíble diversidad de instituciones vinculadas al tema.
El 17 por ciento de los problemas que tenemos con el agua está provocado principalmente por actividades productivas y otorgamientos de derechos de aprovechamiento. Porque -lo vamos a explicar después-, como bien dijo mi antecesora, doña Luz Ebensperger, lo lógico sería que supiéramos cómo están distribuidas las aguas, pero la realidad es que en Chile hay muchas formas de tenencia de agua. Y la Dirección General de Aguas solo tiene registrado el 50 por ciento; el resto está distribuido.
Por último, solo el 12 por ciento de los problemas de agua que tiene Chile están vinculados a los cambios climáticos, al derretimiento de nieve, etcétera, cuestión que no deja de ser importante. Por consiguiente, es un factor que evidentemente hay que tomar en cuenta, dado que esto vino para quedarse.
Para ir avanzando, quiero retomar el punto del bien nacional de uso público. Efectivamente quedó así en este proyecto de ley, y se reconoce que es un derecho humano irrenunciable. De hecho, se garantiza el agua para consumo humano por sobre todos los usos.
Por otro lado, se consagran los derechos de aprovechamiento de agua en función del interés público, lo que no es un tema menor desde el punto de vista de lo que implica la labor del Estado, asegurando, obviamente, el consumo humano, el saneamiento y algo que es muy valioso en este Código -porque el agua no hay que mirarla como un elemento en solitario-: que el agua pertenece a un sistema integrado. Por lo tanto, la preservación ecosistémica es clave para que la mantengamos como un recurso disponible y abundante, ojalá, en Chile.
Nosotros estamos en el lugar número quince de disponibilidad de agua en el mundo. No tenemos un problema de agua: nuestro problema está vinculado a la distribución geográfica de las lluvias en el país. Y no hemos hecho inversiones para distribuirlas a las zonas con menos agua.
Quiero destacar lo más importante, en mi opinión, dentro de lo que ha sido polémico en nuestro país, que es la eliminación de la especulación por medio de incrementos en las patentes, que va muy alto, y la extinción de los derechos de agua por no uso, que efectivamente era un tema muy esperado.
En mi región hay 400 mil litros por segundo de agua que no se usan, que se pidieron y jamás se utilizaron. Es muchísima agua, y es muy importante que el proyecto incorpore este tema.
Se amplía la facultad expropiatoria del Estado para priorizar el consumo humano y la conservación, y también -esto es muy valorable- se mejora la potestad sancionatoria de la Dirección General de Aguas. Eso es clave para que ellos puedan hacer una vinculación con la fiscalización. Y se autoriza la tramitación de solicitudes en línea, lo que mejorará obviamente el proceso.
Se establece que los nuevos derechos subterráneos y superficiales se entregarán de manera temporal, y que se renovarán automáticamente cada treinta años en la medida en que, evidentemente, se estén utilizando para lo que los pedimos.
La contabilización de los plazos es de cinco años para los derechos consuntivos y de diez para los no consuntivos, en caso de que no se estén usando. Creo que es importante hacer la diferencia porque efectivamente el consuntivo no se devuelve al curso de agua y el no consuntivo sí, por lo que ambos tienen una importancia distinta respecto del ecosistema.
Un aspecto muy importante es la inscripción obligatoria. Y quiero explicarlo brevemente. Es muy relevante que sea así, porque solo el 50 por ciento de los derechos de agua los tiene la DGA inscritos. El resto están en los conservadores de bienes raíces, que jamás informaron, y también hay muchos derechos de agua consuetudinarios que no están inscritos en ninguna parte y que aparecen cuando alguien desea hacer un trámite.
Otro aspecto muy significativo es que tendremos un registro nacional de aguas y catastros nacionales que hoy día no existen.
La posesión de los derechos de agua se adquiere por inscripción en el Conservador, con excepción de vertientes que nacen, corren y mueren en la propiedad de las personas que las tienen. Y eso es muy importante, por lo menos en mi región.
Los derechos reconocidos o constituidos antes de la publicación de la ley continuarán estando vigentes, también para aclarar la certeza jurídica de muchos agricultores en Chile que tuvieron dudas con la modificación de este proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, quedarán, obviamente, sujetos a toda la normativa que hoy se está tramitando.
Se crea la figura de los derechos de aprovechamiento de aguas de conservación. ¡Extraordinaria noticia para las personas que se dedican al turismo y requieren un paisaje que incluya, obviamente, las aguas, que son parte importante de la oferta que ellos presentan, por lo menos en nuestra región! ¿Y por qué no, si tengo un agua que corre cerca de mi predio, poder pedirla para conservación, cuando también es una manera de proteger el medio ambiente?
Y voy terminando.
Solamente quiero valorar el que se fortalezca la relación de las organizaciones de usuarios, que podrán modificar los cauces artificiales o las recargas artificiales en épocas extraordinarias de sequía. También valoro muchísimo el hecho de que trabajemos con planes de gestión estratégica en cuencas, lo que va a permitir un manejo integrado de estas, con todo lo que eso conlleva. Y ya tenemos planificados en estos momentos planes de manejo de más de sesenta cuencas para 2021 y 2022.
Por último, deseo valorar lo relativo al fortalecimiento del caudal ecológico, que va a implicar que el 20 por ciento de las aguas disponibles en un cauce quede protegido, más allá de la disponibilidad de aguas que cada uno pueda adquirir. Esto significa que vamos a proteger el caudal, con lo cual tendremos una disponibilidad permanente de agua y no habrá situaciones extremas, como las que enfrentamos hoy día en Chile.
Por lo tanto, voy a aprobar este proyecto, y nuevamente quiero felicitar a todos quienes, de una u otra manera, ayudaron a que resultara.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senadora Aravena.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Alejandro Guillier, y luego, a la Senadora Provoste.

El señor GUILLIER.- Muchas gracias, Presidente.
Nada como cuando la realidad obliga a que los dogmas se hagan a un lado, si la necesidad de supervivencia se impone.
Efectivamente, como decía el Ministro Alfredo Moreno, el cambio climático ya es muy evidente en el mundo, y causa distintos fenómenos: en algunas partes se están muriendo ahogados y en otras hay que repartir el agua en bidones o camiones aljibe.
Las aguas superficiales, las aguas subterráneas, la necesidad de cuidar los acuíferos, las hoyas hidrográficas, la visión integrada, todos esos conceptos se han ido imponiendo por la fuerza, contra los dogmas y, a veces, contra intereses creados. Todos sabemos que el agua dulce es un bien escaso y, por lo tanto, se establece el principio del derecho al agua como un bien de uso público y el Estado como un garante del acceso.
Este proyecto, en particular, también modifica el concepto de derecho de aprovechamiento de aguas, para que tenga un carácter temporal, para priorizar el consumo humano y para reconocer derechos de uso no extractivos; por ejemplo, la necesidad de conservar el medio ambiente; generar actividades no invasivas, como el turismo, y restringir derechos de aguas para quienes han obtenido concesiones especiales y así poder racionar el recurso de otra manera cuando haya situaciones extremas de escasez, como está pasando en La Araucanía. Y también se plantea facilitar la intervención en áreas hidrológicas por parte del Estado, si fuera necesario.
Esto parece de sentido común hoy, pero hace diez años fue motivo para que algunos se escandalizaran. Revisando la prensa, hasta hace no muy poco algunos sostenían que esto era una violación de la Constitución, de las leyes, del derecho de propiedad; que esto iba a ser un caos, y que el país iba a caer en una tragedia. ¡No ha sido así! Se ha impuesto el sentido común, y hoy estamos sacando este proyecto prácticamente por consenso.
Pero quiero decir que efectivamente eso no es suficiente. Estoy de acuerdo con lo que dijo el Ministro: tenemos que hacer mucho más. Además de trabajar mejor el agua y mejorar los sistemas de almacenaje, de distribución, de regadío, hay que considerar algunos fenómenos.
Yo quiero contarles que Antofagasta ha hecho hoy realidad lo que hace veinte años era un sueño: tener desalación de agua de mar para consumo humano. Hoy la ciudad de Tocopilla está abastecida por agua desalada en un 100 por ciento; la población de Antofagasta y Mejillones, en un 80 por ciento. Y no han llegado al 100 por ciento por un tema con los planos reguladores, que dificulta la ampliación de las plantas desaladoras. Pero vamos a llegar al 100 por ciento en dos años más, de acuerdo a los planes de desarrollo.
Interesante es también lo que está pasando en la minería: la utilización de agua salada y desalada para uso industrial en las faenas mineras ha ido bajando la presión sobre las aguas fósiles, en beneficio de su uso en la pequeña agricultura y ganadería en el Alto El Loa y en las zonas más cordilleranas. Antofagasta se va transformando en un ícono para América Latina, pues cuenta con la mayor planta desaladora del continente americano para uso industrial minero. Eso significa 2.500 litros por segundo. Hubo una inversión fuerte (4 mil millones de dólares) para poder llevar adelante esa realidad, y vamos a tener que seguir invirtiendo. El país va a tener que plantearse la desalinización de agua de mar en muchas partes de Chile, porque el agua no se distribuye equitativamente.
También vamos a tener que repensar los estilos de desarrollo, pues algunas especies son altamente consumidoras de agua y hacen inviables otras formas de economía, golpeando principalmente a la economía familiar campesina y a las comunidades indígenas, que reclaman no solo sus derechos de tierra, sino también los derechos del agua, porque van juntos. Son parte de un ecosistema.
Este buen clima que se ha terminado por imponer -la realidad nos ha obligado- es un buen momento para reactivar numerosos proyectos de ley que hay sobre estas materias en el Congreso.
Al finalizar mi intervención, hago un reconocimiento especial a Carlos Estévez, quien nos ha enseñado a todos sobre este tema e hizo una labor enorme -no sé si fue Ministro; si lo fue, se me escapó- en la Dirección General de Aguas y en otros organismos. Viene trabajando hace más de treinta años en esta materia, y yo se lo agradezco. Creo que es una de las personas que puede sentirse orgullosa del paso que finalmente, aunque con bastante retraso, este Congreso está dando.
Voto a favor, por supuesto, señor Presidente.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Alejandro Guillier.
Vamos a dejar con la palabra a la señora Presidenta del Senado, Senadora Yasna Provoste Campillay.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidente.
Saludo, por su intermedio, al Ministro de Obras Públicas y al Director General de Aguas.
Sabemos que los sistemas naturales que sustentan la vida están siendo afectados por los desafíos supremos de nuestro tiempo: el cambio de estilos de vida y patrones de consumo, el aumento de la población, la urbanización, el cambio climático y su impacto en los comportamientos hidrológicos, la disponibilidad de agua dulce para consumo humano y la sostenibilidad, además de los efectos combinados de eventos climáticos extremos.
Vivimos una época de riesgos sin precedentes, pero también de grandes oportunidades para el futuro de nuestro planeta.
Los desafíos para una gestión inclusiva y sostenible del agua son transversales y están interconectados. Pero Chile y sus regiones deben identificar y resolver los principales cuellos de botella para una gobernanza del agua basada en el conocimiento; que sea participativa, eficiente, sostenible, y que resguarde tanto la vida y la salud de las personas como los ecosistemas que alimentan y dependen del agua.
Entre las principales brechas de la gestión sostenible del agua, destaca la de carácter normativo, donde la Constitución vigente y el Código de Aguas de 1981 han sido emblemas de lo que Chile ya no quiere más. De hecho, en el texto de la actual Constitución, la palabra "aguas" solo se encuentra dos veces, y ambas en el artículo 19, N° 24º, que se refiere a la propiedad. Presumimos y esperamos que esto cambie en la propuesta que la Convención Constitucional hará al país. Y si bien no sabemos cómo quedará ese texto, asumo que habrá muchas convergencias con lo que este Senado votará en las sesiones correspondientes respecto a una reforma sustantiva al Código de Aguas.
En el intertanto, hay 1.431.000 compatriotas pertenecientes a 478.308 hogares que no poseen servicios básicos como agua potable y red de alcantarillado, o bien declaran no tener una llave de agua dentro de su vivienda. Ellos y ellas no pueden seguir esperando y, junto con las importantes reformas que este proyecto de ley plantea, es preciso focalizar inversiones y soluciones.
Lamentablemente, el COVID-19 ha puesto de manifiesto que la urgencia no es solo para la bebida humana, sino también para contar con agua debidamente tratada para saneamiento e higiene. El uso de mascarillas y el lavado de manos con agua y jabón han sido esenciales para combatir la pandemia.
¿Qué propone este proyecto de ley, señor Presidente?
La iniciativa tuvo su origen en una moción en la Cámara de Diputados en el año 2011; fue patrocinada por la Presidenta Bachelet en el 2014, y fue sancionada, en su primer trámite constitucional, en noviembre de 2016. Siendo Diputada e integrante de la Comisión Especial de Recursos Hídricos, me correspondió participar activamente en la presentación de indicaciones que contribuyeron a mejorar este proyecto de ley.
En abril de 2017, la Sala del Senado autorizó a las Comisiones de Recursos Hídricos, de Agricultura y de Constitución a discutirlo y votarlo tanto en general como en particular.
El proyecto de ley que hoy venimos a aprobar es consistente. Se reemplazan o modifican noventa y tres artículos; se suprimen al menos nueve artículos y varios incisos o numerales, y se agregan diecisiete artículos, además de otras diecisiete disposiciones transitorias.
El Código de Aguas de 1981 ha sido ampliamente cuestionado por expertos y por una gran mayoría del pueblo de Chile. En él se debilitó la noción de interés público asociada al agua, limitándose la función administrativa a entregar derechos, para luego dejarlo a un mercado no regulado. Es decir, se permitía a un particular obtener gratuitamente un derecho a extraer aguas, retenerlo sin hacer nada más que esperar que aumente el estrés hídrico, para después enajenarlo de acuerdo a los valores del mercado.
En general, ese Código reducía la capacidad precautoria, de administración, de regulación y de fiscalización pública, entregándose a los supuestos "dueños" (palabra que ahora se elimina del Código) de derechos de agua y a las organizaciones de usuarios de aguas la decisión de cuánto y cómo explotar, distribuir y proteger tanto las fuentes naturales como la calidad del recurso.
Tampoco cautela el buen uso de las aguas ni establece prioridades para ello; por ejemplo, que el agua para bebida y otros usos domésticos sea más importante para la vida humana que el agua para recreación o riego. Por el contrario, la actual legislación ampara su mala utilización al no exigir al titular del derecho de aprovechamiento un uso eficiente y consciente de un recurso cada vez más escaso.
Es increíble que nuestro marco regulatorio aún no reconozca ni garantice el derecho humano de acceso al agua potable y su saneamiento. En esta misma Sala, 24 Senadores y Senadoras, contra 12, votamos por reformar la Constitución en esta materia. ¡24 contra 12! Sin embargo, las amarras de la Carta Fundamental impidieron consagrarlo en su texto. Asumo que la Nueva Constitución corregirá ese error.
Este proyecto de ley no solo reconoce ese derecho humano, sino que contiene múltiples disposiciones que lo aterrizan y hacen practicable.
Sabemos que el Código aprobado por la Junta Militar ha tenido algunas modificaciones. Destaca la del año 2005, que fortaleció la función ecosistémica de las aguas al crear normas de caudal ecológico mínimo, y la del 2018, que fortaleció las funciones de la Dirección General de Aguas en materia de información, calidad de aguas, fiscalizaciones y sanciones.
Ahora se permitirá que las normas de caudal ecológico afecten a derechos antiguos cuando estos se encuentren en áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad. Además, siguiendo ese mismo parámetro, se desarrolla el principio de sustentabilidad del acuífero, haciéndose obligatorio para la Administración limitar el ejercicio de los derechos de agua cuando conste una degradación del acuífero o de una parte de este, al punto que afecte su sustentabilidad.
Si bien es casi imposible resumir los extensos contenidos de esta iniciativa, permítanme destacar algunos.
Primero, la naturaleza de las aguas: "Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación" (artículo 5º). En esa norma también se incluyen los glaciares y las aguas en ambientes criogenizados y se recoge especialmente la norma del Código Civil de que pertenecen a la sociedad toda; por tanto, el Estado no puede enajenarlas.
Segundo, la naturaleza de los derechos de agua. Se establece que el derecho que recae sobre las aguas "consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad con las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este Código".
Tercero, la priorización de las aguas para la función de subsistencia. Se reconoce al acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Se prioriza el uso para el consumo humano, subsistencia y saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación del ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Para asegurar este derecho, el Estado podrá constituir reservas de aguas y denegar solicitudes de derechos. Se faculta a la Dirección General de Aguas para autorizar extracciones del recurso hídrico a comités de APR, hasta 12 litros por segundo, mientras estén tramitando sus concesiones.
También se resguarda la calidad de las aguas, especialmente si son aprovechadas para el consumo humano.
Cualquier comité de APR podrá cavar en suelo propio o en el de cualquiera de sus integrantes pozos para consumo humano y usos domésticos. Se trata de un derecho que se concede por el solo mérito de la ley.
Se exime del pago de patente a los derechos no ejercidos por un APR.
Y el Presidente o la Presidenta de la República, con la sola finalidad de garantizar los usos de la función de subsistencia, podrá constituir derechos de aprovechamiento, aunque no exista disponibilidad.
Es importante también destacar lo que estas modificaciones hacen en materia de protección de áreas de importancia ambiental y patrimonial.
Se prohíben exploraciones y extracciones de aguas en glaciares; en áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad; en aguas subterráneas que alimentan humedales y pajonales de la macrozona norte; en terrenos que correspondan a sectores acuíferos que alimenten humedales que hayan sido declarados por el Ministerio del Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, y en zonas de turberas en las Regiones de Aysén y de Magallanes.
Como señalé, se posibilita aplicar retroactivamente el caudal ecológico mínimo a derechos preexistentes en parques nacionales, reservas nacionales, reservas de región virgen, entre otras.
Y se fomenta la gestión eficiente de las aguas.
Estoy segura, señor Presidente, de que los Senadores y las Senadoras tienen a la vista la gran cantidad de posibilidades que nos ofrece esta importante reforma, que siempre será perfectible y adecuable a los mandatos que resulten de una nueva Constitución. Esperamos que este sea el nuevo piso para apostar a una gestión del agua que no excluya a nuestros compatriotas.
Pensamos que con nuestro voto favorable a esta iniciativa hacemos justicia histórica, pero también devolvemos la esperanza en que efectivamente el agua estará al alcance de todos los chilenos y chilenas como un derecho humano esencial.
Anuncio mi voto a favor de esta iniciativa.
He dicho.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Provoste.
Va a hacer uso de la palabra ahora el Senador Claudio Alvarado. Con posterioridad, está inscrito el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor MOREIRA.- ¿Se puede abrir la votación?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- No, no se puede, Senador, porque tenemos el acuerdo de hacer la discusión del proyecto en esta sesión y realizar la votación el día martes de la próxima semana.
Senador Alvarado, le damos la palabra.

El señor ALVARADO.- Muchas gracias, Presidente.
En primer lugar, quiero valorar y destacar que, después de un largo proceso legislativo, estemos hoy día discutiendo en general en el Senado el proyecto que perfecciona el Código de Aguas, una normativa que data del año 1981, ¡cuarenta años atrás! Y la reforma que estamos analizando y debatiendo es producto de una moción parlamentaria que se presentó hace diez años.
Este largo proceso de debate ha permitido, con el paso del tiempo, buscar acuerdos y consensos. Creo que todos quienes participamos de esta sesión tenemos claro que estamos frente a una iniciativa que adecúa el Código de Aguas a una nueva realidad. ¿Cuál es esa realidad? La sequía que nuestro país enfrenta ya por años, la cual llegó para quedarse. Por lo tanto, responsablemente, debemos hacer las modificaciones que sean suficientes y necesarias para regular el uso y consumo de las aguas en el futuro.
¿Cuál es la idea central de esta reforma? Dar prioridad al agua para consumo humano y, en definitiva, contar con una mayor seguridad y equidad en el acceso al agua. Estos criterios están presentes tanto en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas como en la limitación y ejercicio de tales derechos.
Para garantizar el objetivo de dar mayor seguridad y equidad en el acceso, el proyecto establece que el agua es un bien nacional de uso público, cuyo dominio y uso pertenecen a todos los habitantes de nuestro país. De esa forma, se pretende generar un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas.
También hay normas especiales que impiden o evitan la especulación y, de alguna otra forma, el mal uso de los derechos de aprovechamiento.
Así, se elimina la especulación vía el aumento o incremento del valor de las patentes por el no uso; extinción de derechos de agua sin uso, ya sean total o parcialmente; caducidad por no inscripción de los derechos en los conservadores de bienes raíces; establecimiento de la obligación de informar cambios de usos productivos, y asimismo, que los derechos de aprovechamiento de aguas van a ser entregados mediante una concesión por un plazo de treinta años, que se renovará automáticamente si están en uso y de acuerdo a las disponibilidades del recurso.
Señor Presidente, creo que estamos frente a un buen proyecto, el cual ha sido perfeccionado en las diferentes Comisiones en las cuales se ha discutido larga y extensamente su contenido. Y también existe el compromiso del Ejecutivo de ingresar en la discusión en particular las indicaciones que permitan perfeccionarlo aún más, para que así podamos despacharlo. Es una legislación muy importante porque entrega certeza jurídica. Y la certeza jurídica nos permite confiar en inversiones y asegurar el uso del agua para consumo humano.
Y también quiero señalar que por los efectos de la sequía el Ejecutivo ha venido invirtiendo cada vez más para poder abastecer de agua potable a las diferentes comunidades y a los diversos sectores. Así, entre los años 2018 y 2020, sumando las inversiones de la Subdere y de los gobiernos regionales, se han destinado del orden de 130 mil millones de pesos para llevar agua potable mediante el mejoramientos de redes de distribución a diferentes ciudades, localidades, especialmente del mundo rural; además del esfuerzo que realiza el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas.
Por lo tanto, cuando discutimos las leyes de Presupuestos este mismo Congreso ha ido marcando qué recursos de inversión se destinen prioritariamente a la construcción de pozos profundos, al mejoramiento de las redes de agua potable, porque tenemos plena conciencia de la necesidad y de la escasez del vital elemento y de cómo necesitamos proveerlo de mejor manera para mejorar la condición y calidad de vida de los habitantes de nuestro país.
He dicho, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Claudio Alvarado.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.- Gracias, Presidente.
Yo soy de la generación que estudió bastante detenidamente el proyecto de refundación capitalista por parte de la dictadura, en aquello que se llamaron "las siete modernizaciones".
La Flacso desarrolló unos trabajos extraordinarios viendo qué pasaba en América Latina, cuáles eran los temas estructurales que se impulsaron. Sin duda, dentro de las siete modernizaciones hubo no solamente una intención de refundación capitalista, sino una reversión respecto a lo que era el rol del Estado en la administración de los recursos naturales. No es casual que dentro de las siete modernizaciones hubiese estado, entre otras cosas, el nuevo Código Minero y el nuevo Código de Aguas, que se complementaron con el nuevo Código del Trabajo y con otras acciones que se impulsaron durante la dictadura para replantear un modelo de producción, de acumulación en nuestra sociedad.
Yo nunca he dejado de reconocer la genialidad de los abogados que inventaron este concepto de concesión de los recursos naturales y que los pusieron en el mercado con la idea tan novedosa del "derecho de uso", pero que lo transformaron en un título casi de dominio pleno. Y de esa forma ocurrieron y han ocurrido situaciones como las que se viven en Petorca, que sin duda es un valle que permite explicar bien el fenómeno: cómo se separó la propiedad del agua de la propiedad de la tierra y se creó un mercado del agua como nunca antes existió; se logró que una persona pudiese acumular un derecho de aprovechamiento de agua de manera independiente de lo que habitualmente sucede en los territorios donde escurre el agua. Y así se llega a que con procedimientos mecánicos se pueda impulsar las plantaciones de paltos en los cerros, método usado para que no se hielen y para que no los afecten las heladas. Pero mediante esa acumulación lograron quitarles el derecho al agua a las comunidades que habitan el territorio y han destruido prácticamente la agricultura familiar campesina de esos lugares, cambiando incluso la realidad de tales ecosistemas por la forma como se acumuló el agua y como se entregó al mercado.
Yo no soy contrario a los procesos productivos, sea en la minería, sea en la agricultura u en otras actividades. Pero el procedimiento aplicado debe tener una racionalidad y ser guiado por algo que en nuestra Constitución y en nuestra sociedad se ha perdido: el concepto del bien común, el bien de las mayorías, el bien colectivo. Y la exacerbación del mercado en materia del agua, como en otras, sin duda ha producido tremendas distorsiones.
Yo no sé si con la creación de la Nueva Constitución se va a lograr revertir totalmente el punto, porque esta reforma que vamos a impulsar y que vamos a aprobar no lo va a revertir del todo. Porque junto con establecer el principio de que el agua es un bien nacional de uso público, algo que pertenece de todos los chilenos, se reconocen derechos adquiridos; es decir, todos los que ya tienen los derechos de agua, aunque sean excesivos, van a poder seguir manteniéndolos en la lógica del mercado. Aunque se abre una luz, porque el Estado podrá intervenir una cuenca y crear más acciones. Y eso es lo novedoso de la distribución del agua: uno no posee una cantidad de agua, sino un porcentaje sobre el agua que escurre en una cuenca o sobre los acuíferos.
Yo quiero valorar ese tema, Presidente, porque aquí se abre una puerta que es necesaria. Y estoy seguro de que cuando lo votemos se va a notar la disparidad de criterios en esta materia. Tal como lo hemos visto en el accionar de los grandes agricultores, que ponen letreros en las carreteras contra los parlamentarios que bregamos por que se restablezca un nuevo equilibrio en el uso y la orientación del agua.
Yo no soy de aquellos que creen que tenemos poca agua, yo no soy de aquellos que creen que hay carencias de recursos hídricos; sí creo que está pésimamente gestionado, y no es por maldad.
En verdad, veo lo que hace la Dirección General de Aguas. Y aprovecho de saludar, junto al Ministro, al señor Director de la DGA, y quiero reconocer que es de los servicios públicos que, en verdad -y no puedo decirlo como me gustaría-, se sacan la mugre trabajando con muy pocos funcionarios, con muy pocos recursos, enfrentando un desafío de época gigante. Valoro en este proyecto que se le dé más atribuciones a la DGA. Y espero que la Diprés le dé más recursos para contar con más personal, porque parte de los problemas que presenta un Servicio tan esencial para el país es que aún se halla jibarizado.
Pero quiero volver a la esencia del proyecto. Este proyecto establece el criterio de que el agua es un bien nacional de uso público ¡Y lo subraya! Lo decía una Senadora de las bancas del frente que me antecedió en la palabra, quien nunca entró a cuestionar lo que nosotros cuestionamos a este lado del Hemiciclo, relacionado con lo que tiene que prevalecer: el bien común por sobre el interés privado. Y cuando uno lo quiere establecer en profundidad, debe entrar a cuestionar los actuales derechos constituidos. Y esta situación genera una inquietud en lo relativo a la certeza jurídica. Y entiendo que es un área de discusión. Creo que deberíamos repasar y pensar un poco más el asunto, y sobre todo porque en la agricultura es donde está el mayor uso del agua; no así en la minería, como piensan algunos; es en la agricultura y silvicultura. Y ahí debemos realizar un nuevo debate.
Presidente, privilegiar el consumo humano del agua resulta fundamental.
Entiendo el esfuerzo que realizó la Senadora Muñoz, al igual que el Senador que preside la sesión, el Vicepresidente Pizarro, cuando ven con tremenda satisfacción el concepto de la economía de subsistencia. Yo a veces dudo de si están demasiado condicionados por la realidad del norte chico.
Pero respecto del valle central nos gustaría que el mismo privilegio fuera para la agricultura familiar campesina, para los que producen los alimentos de Chile, y que eso tuviera mayor prioridad que la economía agrícola o la empresa agrícola de exportación. Porque ahí es donde entramos a discutir otros conceptos: el bien común, la ocupación territorial, el desarrollo cultural, el desarrollo de los pequeños empresarios que producen alimentos en nuestro país.
Espero que en futuros debates logremos avanzar.
Yo, Presidente, por cierto, voy a apoyar la mayor parte de este proyecto, sin duda. Entiendo que es un paso en la dirección correcta. Pero no se logra revertir del todo la inspiración que tuvo la refundación capitalista cuando creó el Código de Aguas actual, en los años 80, donde introdujo el agua al mercado en forma tan brutal y donde separó el agua de la tierra -¡porque qué brutal es tener un campo sin contar con agua!-; ni tampoco ver -y son los otros debates que no me parecen que estén suficientemente abordados acá y que tuvimos en estos últimos años- la capacidad de la DGA de evitar que los empresarios grandes hagan pozos profundos en plena sequía y dejen secas a otras comunidades. ¿Por qué? Porque son más grandes, porque el Estado no está presente, porque no se puede controlar.
Por eso, aplaudo las facultades que va a tener la DGA, pero no sé si va a tener la fuerza para poder imponer ciertos criterios en esta materia.
Presidente, hay muchos otros puntos relacionados con esto y que diversos colegas han subrayado. Yo solamente quiero decir que lo de ahora constituye un avance importante, pero no logra quebrar completamente la lógica del Código de Aguas de los años 80. Pienso que ese es el debate que va a quedar pendiente. No lo digo porque quiera perjudicar la actividad productiva en otros ámbitos, sino porque sí busco un equilibrio distinto, y no creo que esta reforma vaya a lograr todo lo que algunos de nosotros quisiéramos.
Esperemos que los debates de la sociedad en los próximos años nos permitan buscar de nuevo el bien común o una definición compartida del bien común y que, junto con esta reforma, avancemos en las otras reformas que están pendientes.
He dicho, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Letelier.

--Queda pendiente la discusión general del proyecto.


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Quiero decirles a los colegas que el orden de inscripción, que va a quedar registrado en la Mesa para la continuidad de esta discusión el próximo martes, es: Senador Durana, Senadora Órdenes, Senador Navarro, Senador Chahuán, Senadora Ximena Rincón, Senadora Carolina Goic y Senador Galilea. Y seguramente más de alguien también se va inscribir.
Senador Moreira, ¿lo inscribo?
Bien, y se agrega además el Senador Coloma, quien quedó en noveno lugar.
Se dejará en la Secretaría, entonces, el orden de inscripción para darle continuidad a esta discusión.
Vamos a entrar a la hora de Incidentes...

El señor LAGOS.- Señor Presidente, yo también pedí la palabra, por si acaso.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Lo anoto inmediatamente, Senador Lagos. Perdone, no alcancé a verlo.

El señor LAGOS.- Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Si alguien más quiere anotarse, puede hacer llegar su inscripción.
¿Senador Montes?
Bien.
Y se agrega también el Senador Huenchumilla.
Entramos, a continuación, a la hora de Incidentes.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, para darle a conocer PETITORIO DE FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA DE REGIÓN DE MAGALLANES DONDE SOLICITAN AMPLIAR LA DOTACIÓN EN RECINTOS DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO, ESPECIALMENTE DE LA ZONA AUSTRAL, ANTE PROBLEMAS DISCIPLINARIOS POR SOSTENIDO AUMENTO DE POBLACIÓN PENAL, LA EVIDENTE FALTA DE CUSTODIOS Y EL DESGASTE FÍSICO Y EMOCIONAL DEL PERSONAL.
Del señor GIRARDI:
Al Alcalde de Antofagasta, a la Seremi de Salud de Antofagasta y al Jefe de Zona Antofagasta de Carabineros, consultándoles por DILIGENCIAS DESTINADAS A SOLUCIONAR CASO DE INSALUBRIDAD Y MALTRATO ANIMAL.
Del señor GUILLIER:
Al Contralor General de la República, solicitándole información sobre MECANISMO DE INTERPRETACIÓN QUE CONTRALORÍA HA REALIZADO PARA CONSTITUCIÓN DE CONSEJOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC) MUNICIPALES DURANTE LA PANDEMIA.
De la señora RINCÓN:
Al Presidente de la República, solicitándole que informe RAZONES QUE FUNDAMENTAN SOSTENIDA DISMINUCIÓN DE TASA DE INTERÉS TÉCNICA PARA RETIROS PROGRAMADOS Y PROYECCIONES QUE HACE SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES SOBRE COMPORTAMIENTO DE DICHA TASA HACIA EL FUTURO.
Del señor SANDOVAL:
Al Director Nacional del Servicio Electoral, para que informe sobre EVALUACIÓN Y DETALLES DE PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE QUIENES NO SERÁN CONSIDERADOS EN EL PADRÓN ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE PRÓXIMO, CONFORME LO DISPUESTO EN LEY N° 21.311; CANTIDAD DE PERSONAS QUE HAN EJERCIDO SU DERECHO A RECLAMO; MOTIVOS DE RECLAMACIONES RECHAZADAS, Y SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES RESPECTO DE APLICABILIDAD DE LA NORMA, ASÍ COMO DE SU EVENTUAL PERFECCIONAMIENTO LEGISLATIVO.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido Socialista.
No hará uso de su tiempo.
¿Comité Partido Demócrata Cristiano?
¿Comité Partido País Progresista e Independientes?
Senador Navarro, tiene la palabra.
¡Trate de hablar lo justo y necesario...!

El señor NAVARRO.- Gracias, Presidente.
Agradezco también al Comité Partido Socialista por haberme concedido su tiempo para esta intervención en la hora de Incidentes.


RECHAZO A PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE CONCEPCIÓN. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Presidente, el 6 de agosto debiera producirse en la Región del Biobío la votación del Gore, Gobierno regional, para en mi opinión el rechazo del Plan Regulador Metropolitano de Concepción.
Sorpresivamente, hace dos semanas se anticipó la votación. Un día viernes en la tarde, Patricio Lara, Presidente del Gore, anuncia que se votará el lunes a las 15:30 horas, lo que provocó, por cierto, reacciones. Y en mi caso personal, junto a organizaciones de pueblos originarios de Concepción, presentamos un recurso de protección el día lunes, a las 10 de la mañana, señalando que en lo que respecta al Plan Regulador Metropolitano de Concepción ¡no se realizó consulta indígena!
No pudimos en poco más de veinticuatro horas contactarnos con todas las organizaciones de pueblos originarios, particularmente de la nación mapuche, para ingresar al unísono el rechazo de dicho plan por no existir consulta indígena. La consulta indígena deriva de la aprobación del Convenio 169 de la OIT, que rige como una ley chilena. Y efectivamente se debe realizar dicha consulta por cuanto se afectan territorios de reserva de la naturaleza y áreas en las cuales ¡sí tienen acción las comunidades indígenas!
El intendente regional, Presidente, hoy día delegado presidencial, figura que tiene corta duración -así espero-, autoridad nombrada a dedo por el Presidente, versus la soberanía del pueblo en las regiones, que han elegido a sus gobernadores, ha señalado que se va a votar el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, respecto del cual se opone la mayoría de los alcaldes de la Región del Biobío; no todos, pero se opone el Gobernador electo, hoy día en ejercicio, Rodrigo Díaz. ¿Y por qué? Porque este plan comienza a elaborarse el 2013 y estamos en el 2021: ha cambiado no solo la ciudad, sino también la prioridad en cómo debe conformarse la ciudad, o la megaciudad, o el Gran Concepción. Y hay un sinnúmero de observaciones que no pudieron ser incorporadas porque ¡no hubo!, Presidente, participación ciudadana.
El mismo informe de los técnicos, de profesionales destacados señala que solo siete -esto es increíble- ¡solo siete! personas de la sociedad civil participaron en el conocimiento y elaboración del Plan Regulador Metropolitano de Concepción. Por lo tanto, estuvieron ausentes las comunidades indígenas, porque no ha habido consulta indígena, y la participación ciudadana. En estos últimos dos años, la región ha sido afectada por la pandemia en diversos proyectos de desarrollo productivo en Concepción, y también de desarrollo minero, entre ellos el Proyecto Tierras Raras de Penco, que esperamos que tampoco sea aprobado. No hubo participación. Y se ha reiterado y exigido el derecho a la participación.
Yo quiero solicitar, Presidente, que se oficie al señor Gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, al Consejo Regional, a los cores, al Gobierno Regional a fin de que nos hagan llegar todas las observaciones que fueron presentadas al proceso de elaboración del Plan Regulador Metropolitano de Concepción y que no obtuvieron respuesta, especificando cuál fue el mecanismo de participación ciudadana.
Lo único que sabe el Alcalde de Coronel, Boris Chamorro, es que los humedales de Coronel están amenazados, y lo que sabe Miguel Rivera, Alcalde de Hualpén, es que la península de Hualpén, ¡reserva natural!, está amenazada: hoy día hay una densidad de construcción habitacional que, por la vía de los hechos, mediante parcelas de agrado, ha generado construcciones, y se quiere amplificar esa capacidad a cuarenta viviendas por hectárea en áreas que deben ser preservadas para el goce, disfrute y uso de toda la comunidad, sin exclusiones, y no para fines, aunque legítimos, particulares.
El Alcalde Miguel Rivera ha señalado que no solo va a pasar el Puente Industrial y su conectividad asociada por su comuna, sin decir "agua va", sin tener participación ciudadana, sino que además se pretende intervenir sectores que la comuna ha decidido que sean preservados.
Los ediles de Coronel, de Hualpén, y el Alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, han señalado su oposición a la aprobación en estos términos del plan regulador. Claramente, y se lo plantee al alcalde Álvaro Ortiz, se requiere un Plan Regulador Metropolitano, porque ha habido un abandono sistemático de las ciudades. Esta responsabilidad radica en el Minvu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) -que se quiso llamar "Ministerio de la Ciudad y Vivienda"-, que no ha realizado un proceso de planificación, porque no existe un plan regulador; sin embargo, las comunas han crecido.
Hoy día discutíamos en la Comisión de Vivienda, que preside el Senador Carlos Montes, la ley denominada de "integración social", que regulará cómo se determina la incorporación dentro del área metropolitana de las viviendas sociales y el uso de espacio para el fin colectivo y social, que considere áreas que no solo son públicas, sino también de servicios a la comunidad.
Ese proyecto de ley lo estamos discutiendo y tiene defensores y opositores, en un país donde la planificación del suelo urbano y rural es un desastre, porque su uso especulativo y la falta de regulación ha llevado a que, de la noche a la mañana, en la Región Metropolitana y en muchas otras ciudades de Chile, la división entre lo urbano y lo rural varíe de acuerdo con el plan regulador y enriquezca a muchos propietarios de tierras.
El Senador David Sandoval, de Aysén, nos ha señalado que su ciudad ha crecido de manera desbordante y que las periferias no están reguladas. Nosotros queremos hacerlo. Se requieren los planes reguladores; su mérito es reconocido. El tema es el proceso, el procedimiento, cómo hacerlo, qué instrumentos pueden regular el uso del suelo en un país donde su uso se ha desregulado.
En tal sentido, si el plan regulador se aprueba tal como va, Presidente, provocará un conflicto institucional en la Región del Biobío, porque es rechazado ampliamente por la ciudadanía y tiene observaciones no resueltas. Se nos dice que hay que aprobarlo y que luego la carga se arregla en el camino. Se han invertido centenares de millones de pesos; se ha trabajado firmemente, y lo reconocemos. Pero bien podemos paralizar el proceso, darnos el plazo de dos años para tener un plan regulador del Gran Concepción para los próximos diez, quince años y no tener que andar parchándolo. Porque una vez que se apruebe, muchos van a emprender, ya que si se les permite construir en zonas que antes eran de reserva, lo van a hacer, y se va a producir un mecanismo de los hechos consumados.
Creo que existe una enorme responsabilidad hoy día en el Ministerio de Vivienda. Por eso, quiero que se oficie al señor Ministro Felipe Ward para que tome nota de que las regiones eligieron a sus líderes, y el Gobernador de mi región ha planteado una fuerte oposición, fundada, fundamentada y apoyada por la ciudadanía, de rechazo al plan regulador como está.
Pedimos que se paralice, que se dé un tiempo prudente -uno o dos años-, que haya participación ciudadana para tener un buen Plan Regulador Metropolitano y no uno que dé cuenta de parámetros de hace más de ocho años y con una -reitero- negada participación de la ciudadanía.
No es solo la altura máxima de los edificios del centro de Concepción, que, por lo demás, han sido determinadas y reguladas; se trata del crecimiento ordenado y en pleno conocimiento de lo que queremos para la gran ciudad.
¡Yo quiero un Concepción moderno y un Gran Concepción integrado! ¡Quiero un metro para Concepción! Hay diez líneas proyectadas en Santiago. ¡Diez líneas de metro, por favor! ¡La séptima con 2.500 millones de dólares! Y nosotros tenemos un transporte público absolutamente retrasado en la Región del Biobío, porque el FAR (Fondo de Apoyo Regional), ley espejo del Transantiago, en mi región se ocupa en un 90 por ciento, ¡un 90 por ciento!, en proyectos distintos a los que tienen que ver con mejorar la calidad del transporte público para los pasajeros, los conductores, los peatones.
Por lo tanto, queremos una red de transporte público priorizada, con un plan regulador que dé cuenta de los proyectos inmediatos y futuros; queremos integración entre metro y acercamiento. Y lo queremos hacer con la gente de la Región del Biobío, con los pequeños transportistas organizados. ¡No queremos el modelo Transantiago! ¡No queremos que grandes empresas internacionales vengan a determinar cómo se van a distribuir el mercado y cómo van a transportar a los pasajeros de mi región! Queremos discutirlo con los ciudadanos, con los usuarios. Queremos conformar un trazado de la ciudad y de la megaciudad acorde a las necesidades del futuro. Tan simple como eso.
Tomemos como ejemplo el Parque Nacional Nonguén, ex Reserva Nonguén. Un día miércoles, al igual que hoy, le pedí al Presidente Sebastián Piñera: "¡Firme el decreto de parque nacional!". Bien, tengo que agradecerle al Presidente Piñera, porque lo firmó ¡el día viernes! ¡Muy bien, Presidente! No sé si ve esta hora de Incidentes. Pero lo firmó el día viernes y hoy día es parque nacional, protegido, una reserva de 3 mil hectáreas, escúchenme bien, a 6 kilómetros del centro de la ciudad. No hay otra capital en el mundo que tenga una reserva natural como el actual Parque Nacional Nonguén -anterior Reserva Nonguén- con esa increíble capacidad hídrica y con esas bondades de la naturaleza.
También decimos que los proyectos eléctricos que quieran pasar con transporte de energía eléctrica tienen que ser evaluados, tienen que ser discutidos y tienen que ser priorizados o desechados.
Hago presente lo que pasó con el proyecto de tierras raras o BioLantánidos en Penco, cuyo bosque de queules de manera totalmente casual queda incluido, para posibilitar el desarrollo del proyecto minero. ¡Eso es pura casualidad, Presidente...! ¡Pura casualidad que de Penco lo único que se incluya sean los queules cercanos al proyecto BioLantánidos, que está a 2 kilómetros del moderno Hospital de Penco Lirquén y a 2,3 kilómetros de la plaza de Penco!
Por tanto, hay un interés real de la ciudadanía en que el plan regulador sea detenido o que los consejeros regionales asuman la responsabilidad de rechazarlo, para volver a construirlo.
Puede ser cualquier día, antes del 6 de agosto, pero quiero llamar a la responsabilidad de los consejeros regionales frente al nuevo Chile, frente a una elección que los legitimó mediante la participación ciudadana y cuya reelección es en noviembre. De cara a la ciudadanía, yo los invito a que digan si van a aprobar o a rechazar y que no mantengan su voto oculto, porque cuando se trata de asuntos públicos el voto siempre debe ser público, jamás secreto, ni privado, ni oculto.
Pido que se envíen los oficios que he señalado al señor Intendente de la Región del Biobío y al señor Ministro de Vivienda. Y esperamos que exista racionalidad y amor por las regiones para rechazar este Plan Regulador Metropolitano Concepción.
He dicho, Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador.
Ningún otro Comité hará uso de la palabra.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:43.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante