REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 91ª, en martes 9 de noviembre de 2021
Ordinaria
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 16:24 a 20:18)
PRESIDENCIA DE SEÑORA XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA,
Y SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR,
Y EL SEÑOR ROBERTO BUSTOS LATORRE, ACCIDENTAL
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Bianchi Chelech, Carlos
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sabat Fernández, Marcela
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Delgado Mocarquer; de Defensa Nacional, señor Baldo Prokurica Prokurica; Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y la Ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Karla Rubilar Barahona.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Secretario General accidental y Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 22 señoras Senadoras y señores Senadores.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 85ª y 86ª, ordinarias, en 12 y 13 de octubre de 2021, respectivamente, que no han sido observadas.
Las actas de las sesiones 87ª y 88ª, ordinarias, en 2 y 3 de noviembre de 2021, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores, para su aprobación hasta la próxima sesión ordinaria.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Dos Mensajes de S.E. el Presidente de la República:
Con el primero, hace presente la urgencia calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-El que establece como agravante el incendio de la cabina de un camión (Boletines Nos 13.716-07 y 13.719-07, refundidos).
-Reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica (Boletín N° 13.086-07).
-El que modifica artículo 476 del Código Penal, para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso (Boletín N° 13.889-07).
-El que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana (Boletín Nº 12.288-14).
-El que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de terminación de arrendamiento y de comodato (Boletín N° 12.809-07).
-El que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales (Boletín N° 12.092-07).
-El que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial (Boletín Nº 12.979-04).
-El que aumenta las penas asociadas al daño o afectación de monumentos nacionales (Boletín Nº 14.102-12).
-El que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad (Boletín Nº 13.046-07).
-El que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletines Nos 13.115-06 y 13.565-07, refundidos).
-El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín Nº 11.174-07).
-El que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago (Boletín Nº 12.042-15).
-El que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas que indica (Boletines Nos 14.107-07 y 14.123-07, refundidos).
-El que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social (Boletines Nos 13.588-07, 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07, refundidos).
-El que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública (Boletines Nos 13.752-07 y 13.651-07, refundidos).
-El que regula los biocombustibles sólidos (Boletín Nº 13.664-08).
-El que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal (Boletín Nº 12.208-07).
-El que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados (Boletín N° 12.065-15).
-El que modifica la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en materia de cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales, por motivos de seguridad (Boletín N° 13.885-06).
-El que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución (Boletín N° 14.008-07).
-El que modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios (Boletín N° 14.032-06).
-El que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor (Boletín Nº 13.822-07).
Con el siguiente hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para el despacho de las siguientes iniciativas:
-El que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest (Boletín Nº 12.192-25).
-El que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura (Boletín N° 14.178-21).
-El que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín Nº 12.250-25).
-Sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín Nº 11.540-14).
-El que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad (Boletín Nº 12.467-15).
-El que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos (Boletín Nº 11.958-07).
--Se toma conocimiento de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Uno de la Honorable Cámara de Diputados
Con el que informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, inciso primero, de la Constitución Política de la República, ha dado su acuerdo a la solicitud efectuada por S.E. el Presidente de la República, en orden a prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía, declarado por decreto supremo N° 270, de 12 de octubre de 2021 y prorrogado por el decreto supremo N° 276, de 26 de octubre de 2021, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el plazo de 15 días, a contar del vencimiento del período previsto en el artículo primero del señalado decreto supremo N° 276 (Boletín N° S 2.218-14).
--Queda para Tabla.
Del Excmo. Tribunal Constitucional
Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 294 bis, del Código del Trabajo (Rol N° 11929-21 INA).
-artículo 4° BIS, inciso segundo, de la Ley N° 17.322 (Rol N° 12039-21 INA).
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 12197-21 INA; Rol N° 12205-21 INA; Rol N° 12185-21 INA; Rol N° 12193-21 INA, Rol N° 12168-21 INA; Rol N° 12060-21 INA; Rol N° 12191-21 INA; Rol N° 11972-21 INA; Rol N° 11971-21 INA).
- artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 12183-21 INA; Rol N° 12194-21 INA).
-artículo 162, inciso; quinto, parte final; sexto y séptimo, del Código del Trabajo (Rol N° 12040-21 INA).
-248, letra c), del Código Procesal Penal (Rol N° 12030-21 INA).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Defensa Nacional
Remite respuesta a consulta del Honorable Senador señor De Urresti, relativa a terrenos bajo la administración del Ejército en la comuna de Valdivia, región de los Ríos.
Del señor Subsecretario de Educación
Informa solicitud del Honorable Senador señor Araya, acerca de la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las Aulas Hospitalarias.
Atiende requerimiento del Honorable Senador señor De Urresti, relativo a la situación financiera que afecta a las escuelas hospitalarias por la disminución en la subvención escolar.
Da respuesta a consulta del Honorable Senador señor Quinteros, respecto de las medidas adoptadas para proteger a las mujeres que trabajan como manipuladoras de alimentos en los establecimientos educacionales de todo el país, por el inicio de la presencialidad voluntaria en las salas de clases.
Informa planteamiento del Honorable Senador señor Navarro, respecto de la posibilidad de considerar el ingreso a la carrera docente de las educadoras de párvulos que no han sido traspasadas a los servicios locales de educación pública.
Del señor Director General de Concesiones de Obras Públicas
Responde consultas del Honorable Senador señor Prohens, sobre el estado de avance de las reparaciones efectuadas por la empresa que indica en el acceso sur a Caldera, y sobre la responsabilidad por falta de cierres perimetrales en las autopistas de la concesión ruta 5 norte, tramo Vallenar-Caldera.
Del señor Director Nacional de Obras Portuarias
Responde consulta de la Honorable Senadora señora Allende, relativa al estado de avance del "Proyecto Muelle para Pescadores Artesanales de la Comuna de Algarrobo".
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis
(Boletín Nº 11.327-11).
--Queda para Tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señores Kast, Galilea y García, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de asegurar el cumplimiento efectivo de la pena para los que cometan delitos graves contra la infancia (Boletín N° 14.688-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyecto de Acuerdo
De los Honorables Senadores señor Coloma, señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Rincón, Sabat y Von Baer y señores Alvarado, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Insulza, Kast, Lagos, Montes, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quintana y Sandoval, por el que solicitan a S. E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya al Ministro de Relaciones Exteriores para que se condene el proceso electoral viciado realizado en la República de Nicaragua y que consolida una dictadura en dicho país (Boletín N° S 2.219-12).
--Queda para para ser votado en su oportunidad.
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Es todo, señora Presidenta.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
A usted.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Conforme a los acuerdos de Comités para la sesión ordinaria del día de hoy, se contempla tratar una tabla de Fácil Despacho, y posteriormente, en el Orden del Día, el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción.
En tal sentido, correspondería entrar primero a la tabla de Fácil Despacho...
)------------(
El señor COLOMA.-
¿Me permite, Presidenta, sobre la Cuenta?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Gracias, Presidenta, muy brevemente.
Se dio cuenta de un proyecto de acuerdo, ingresado por varios señores parlamentarios, que quiero ver si podemos votarlo, o al final de esta sesión, o al inicio de ella, para lo cual habría que solicitar la unanimidad de la Sala. Tiene que ver con las recientes elecciones en Nicaragua.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Efectivamente, colega, hay un proyecto de acuerdo sobre la situación de Nicaragua, que sería importante votarlo el día de hoy, por la gravedad de los hechos.
Por lo tanto, recabo el asentimiento de la Sala para proceder en esos términos.
Si no hay objeción, así se acordará.
Acordado.
¿Alguien más desea referirse a la Cuenta?
Entonces, si les parece, vamos a partir con Fácil Despacho, luego pasamos al proyecto de acuerdo y posteriormente seguimos con el Orden del Día.
REFORMA DE SISTEMA DE JUSTICIA POR IMPACTO DE CRISIS SANITARIA EN FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
La señora Presidenta pone en discusión, en tabla de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 13.752-07 y 13.651-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto inició su tramitación en el Senado, que aprobó un texto de nueve artículos permanentes y veintidós disposiciones transitorias.
El objetivo de la iniciativa es modificar diversos cuerpos legales, mediante normas permanentes y transitorias, a efectos de enfrentar el impacto que tendrá la crisis sanitaria en el funcionamiento de los tribunales de justicia una vez que concluya la vigencia de la ley N° 21.226; procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga del trabajo sobreviniente, y limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios.
A su respecto, la Honorable Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, efectuó diversas modificaciones, despachando un texto compuesto por diez artículos permanentes y diecinueve normas transitorias.
Dichas enmiendas abordan, entre otras materias, las siguientes:
-En las modificaciones que introduce la iniciativa en el Código Procesal Penal: plazo para declarar el cierre de la investigación; forzamiento de la acusación; comparecencia del fiscal y del defensor en la audiencia de preparación de juicio oral, y resolución inmediata.
-En las enmiendas que introduce en el Código de Procedimiento Civil: deber de promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos; designación de domicilio conocido en la primera gestión judicial; comparecencia remota por videoconferencia; vista de la causa; alegatos vía remota por videoconferencia, y aceptación del cargo de peritos.
-En las modificaciones que incorpora en la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia: notificaciones electrónicas; comparecencia voluntaria de las partes a audiencias por videoconferencia; mediación y registro de mediadores.
-En las enmiendas que introduce en el Código del Trabajo: competencias del juez del trabajo; comparecencia remota por videoconferencia, y resoluciones en que se ordene la comparecencia personal de las partes.
-En las modificaciones que incorpora en el Código Orgánico de Tribunales: autorización para la adopción de un sistema de funcionamiento excepcional que habilite al tribunal a realizar de forma remota, por videoconferencia, las audiencias de su competencia; audiencias bajo la modalidad semipresencial o vía remota en los procedimientos penales en trámite ante los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema; juramento de los miembros de la Corte Suprema, los jueces, los abogados integrantes y los auxiliares de la administración de justicia, y competencia de los receptores de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel.
-En las enmiendas que introduce en la ley N° 20.886, que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital en los procedimientos judiciales: principio de actualización de los sistemas informáticos; patrocinio y poder electrónicos, y oficios y comunicaciones judiciales.
-En las modificaciones que incorpora en la ley N° 18.287, que establece procedimientos ante juzgados de policía local: oficios, comunicados y exhortos por medios electrónicos, y comparecencia por vía remota mediante videoconferencia.
-En el Código de Justicia Militar: plazo para la duración en el cargo de los ministros de Cortes de Apelaciones que integren las Cortes Marciales.
Asimismo, se enmiendan las disposiciones transitorias sobre plazos de entrada en vigencia de ciertas normas permanentes, modalidad de funcionamiento excepcional de los tribunales e incidente de entorpecimiento por mal funcionamiento de los medios tecnológicos, y se eliminan las normas transitorias relativas al procedimiento monitorio aplicable al delito del artículo 318 del Código Penal, a la vigencia de la ley 21.226, y la que introduce modificaciones al Código del Trabajo.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone, con las votaciones que en cada caso se consignan en su certificado, aprobar todas y cada una las enmiendas incorporadas al proyecto de ley por la Honorable Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional.
Igualmente, cabe hacer presente que las enmiendas recaídas en el artículo 3, números 1, 8 y 10; artículo 4, N° 2; artículo 5, números 1 y 2; artículo 6, números 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 15; artículo 9, N° 2, y en los artículos duodécimo, decimosexto y decimoséptimo transitorios requieren, para su aprobación, 24 votos favorables por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.
El Senado debe pronunciarse respecto de las modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcribe el texto aprobado por esta Cámara de origen en el primer trámite constitucional; las enmiendas introducidas por la Cámara revisora en el segundo trámite constitucional, y los acuerdos adoptados a su respecto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Cabe recordar que conforme a los acuerdos de Comités, de los cuales se dio cuenta el día de ayer, para el tratamiento de esta iniciativa se ofrecerá el uso de la palabra al Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a fin de que rinda el respectivo informe, y enseguida, sin discusión ni fundamento de voto, será puesta en votación.
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
No sé si la Presidenta alcanzó a saludar al Gobernador de La Araucanía, don Luciano Rivas, quien se encuentra con nosotros, acompañándonos en esta sesión.
Aprovecho de darle las gracias, señor Gobernador, por venir.
Vamos a dejar con la palabra, entonces, al Presidente de la Comisión de Constitución, para que rinda el informe,
¿Lo va a hacer usted, Senadora Ebensperger?
La señora EBENSPERGER.-
Sí, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Adelante.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
En nombre del Presidente de la Comisión de Constitución, don Pedro Araya, vengo a informar el proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública (boletines Nos 13.752-07 y 13.651-07, refundidos), que cumple su tercer trámite constitucional en la Corporación y que se inició mediante mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.
Para su despacho se ha hecho presente la urgencia en el carácter de "discusión inmediata".
Para el análisis de este asunto, la Comisión contó con la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, quien estuvo acompañado del Subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela, y de la Jefa de la Dirección Jurídica, señora Mónica Naranjo.
El objetivo del proyecto es, en síntesis, modificar diversos cuerpos legales, mediante normas permanentes y transitorias, para enfrentar el impacto que tendrá la crisis sanitaria en el funcionamiento de los tribunales de justicia una vez que concluya la vigencia de la ley N° 21.226; procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo sobreviniente, y limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios.
Con motivo de este tercer trámite constitucional, la instancia parlamentaria, que presidió el Senador Pedro Araya, acordó aprobar la totalidad de las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional. Estos acuerdos se adoptaron por unanimidad, salvo en el caso de las modificaciones recaídas en los números 4 y 16 del artículo 1, relativos al Código Procesal Penal, que fueron acordadas por el Senado.
Estas disposiciones se refieren a lo siguiente.
En lo tocante al numeral 4, el Senado, en primer trámite, tratándose del plazo de cierre de investigación, estableció que el fiscal debe proceder a cerrarla transcurridos dos años, en dos hipótesis: desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, o que una persona hubiese sido declarada en calidad de imputado.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, eliminó la segunda hipótesis, esto es, el plazo de dos años desde que una persona hubiere declarado en calidad de imputado.
En lo que atañe al numeral 16, el Senado, en el primer trámite constitucional, sustituyó el inciso segundo del artículo 395 del Código Procesal Penal para prescribir que el fiscal podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo, debiendo considerar previamente las reglas de determinación de penas establecidas en el Código Penal y en leyes especiales. En el caso de la multa, podrá solicitar una inferior al mínimo legal. La norma añade que la regla anterior no será aplicable cuando se deba proceder a nueva audiencia por causa de inasistencia injustificada del imputado.
La Cámara revisora, en el segundo trámite, sustituyó el artículo 395 para precisar que el tribunal preguntará al imputado si admite responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento, o si, por el contrario, solicitará la realización de la audiencia. En caso de que el imputado admitiere su responsabilidad, el fiscal podrá modificar la pena requerida y solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados en la ley, y en el caso de multa podrá solicitar una inferior al mínimo legal.
La norma añade que, en lo que respecta a la facultad del fiscal para modificar la pena, solo será aplicable en la primera audiencia a la que se haya citado al imputado, o en la nueva audiencia a la que se le deba citar cuando su no comparecencia se encuentre debidamente justificada. Si el imputado compareciere a una nueva audiencia en razón de su inasistencia injustificada a la primera audiencia a la que se le haya citado, su admisión de responsabilidad podrá ser considerada por el fiscal como suficiente para estimar que concurre la circunstancia atenuante del artículo 11, N° 9, del Código Penal. Si el imputado admitiere su responsabilidad en el hecho, el tribunal dictará sentencia inmediatamente. En estos casos el juez no podrá imponer una pena superior a la solicitada en el requerimiento, permitiéndose la incorporación de antecedentes que sirvieron para la determinación de la pena.
De igual modo, se destacan otras modificaciones realizadas por la Cámara revisora en el segundo trámite constitucional.
En materia civil, en lo que respecta a las notificaciones, la electrónica se entenderá practicada desde el momento de su envío.
Asimismo, en la comparecencia remota por videoconferencia se amplía el plazo para que la parte interesada solicite comparecer de doce horas del día anterior a dos días antes. Esta modificación se replica en materia laboral.
En lo concerniente a la constatación de identidad, se sustituye la exigencia de remitir copia íntegra de su cédula de identidad por la exhibición de esta o pasaporte, de lo que se dejará registro. Esta enmienda se replica en materia laboral.
En caso de acoger el incidente de entorpecimiento, el tribunal fijará un nuevo día y hora para la continuación de la audiencia sin que se pierda lo obrado con anterioridad a dicho mal funcionamiento. En la nueva audiencia que se fije, el tribunal velará por la igualdad de las partes en el ejercicio de sus derechos. Modificación que replica en el Código Orgánico de Tribunales y en la ley N° 20.886.
Por último, en la mediación, el mediador podrá llevar adelante este proceso siempre que se encuentre adscrito al territorio jurisdiccional del tribunal competente para conocer del conflicto.
En materia laboral, se dispone que la solicitud de informe de la Dirección del Trabajo o de otros órganos de la Administración del Estado procederá siempre a petición del trabajador. Asimismo, se establece que, si el demandado no hubiere realizado ninguna actuación en juicio, las resoluciones le serán notificadas por carta certificada al domicilio en que hubiere sido emplazado, de conformidad a los artículos 436 y 437, según corresponda.
En materia de justicia militar, en relación con la facultad de la Corte Suprema de extender el plazo en que un Ministro de la Corte de Apelaciones integra la Corte Marcial como Ministro visitador, se aumentó el límite de este de dos a cuatro años.
En resumen, la Comisión de Constitución propone a esta Honorable Sala aprobar las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.
Es todo cuando puedo informar, señor Presidente.
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora Ebensperger.
Este asunto está puesto en la tabla de Fácil Despacho, como todos sabemos, y si hubiera acuerdo de la Sala, lo podríamos aprobar por unanimidad.
¿Les parece?
Vamos a dejar constancia del quorum y lo aprobamos por unanimidad.
--Por unanimidad, se aprueban las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
constitucional requerido (27 votos a favor), y queda despachado el proyecto.
El señor MOREIRA.-
¿Ahora no me pregunta cómo voy a votar?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿Cómo?
El señor MOREIRA.-
¿Ahora no me pregunta cómo voy a votar?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Parto de la base de que usted está votando a favor, Senador Moreira.
¡Igual como lo hizo en la mañana...!
El señor NAVARRO.-
¡Ahora sí que quiere votar...!
El señor ELIZALDE.-
¡Ahora no arranca...!
El señor MOREIRA.-
¡No, no me presté para un engaño!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿No se prestó para qué?
El señor MOREIRA.-
No me presté para un engaño. (Rumores).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Le ruego que se coloque la mascarilla, Senador Moreira, por favor.
Al Senador Kast también le vamos a pedir lo mismo: que se ponga la mascarilla.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Señor Secretario, vamos, entonces, al proyecto de acuerdo, tal como se señaló al inicio de la sesión.
CONDENA A PROCESO ELECTORAL VICIADO QUE CONSOLIDA DICTADURA EN REPÚBLICA DE NICARAGUA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo presentado por los Honorables Senadores señor Coloma, señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Rincón, Sabat y Von Baer y señores Alvarado, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Insulza, Kast, Lagos, Montes, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quintana y Sandoval, en virtud del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya al Ministro de Relaciones Exteriores para que se condene el proceso electoral viciado realizado en la República de Nicaragua, y que consolida una dictadura en dicho país.
--A la tramitación legislativa de este proyecto de acuerdo (boletín S 2.219-12) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Eso es, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Muchas gracias.
Conforme al Reglamento, tenemos que someter a votación el proyecto de acuerdo, sin debate.
Si le parece a la Sala, lo podemos aprobar con la misma votación del proyecto anterior.
¿Si le parece?
Gracias.
El señor NAVARRO.-
¡No!
Le pedí votación.
El señor COLOMA.-
¡Apruébelo con la abstención del Senador Navarro!
El señor NAVARRO.-
¡No! Póngalo en votación.
Yo pedí votación.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Okay.
En votación. (Rumores)
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Colegas, en votación el proyecto de acuerdo sobre Nicaragua.
El señor NAVARRO.-
¡Proyecto de acuerdo para reforzar a Piñera!
La señora RINCÓN (Presidenta).-
No, Senador Navarro: proyecto de acuerdo sobre la situación de Nicaragua.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (26 votos a favor y 1 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Alvarado, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
Votó por la negativa el señor Navarro.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senadora Carvajal, ¿perdón?
La señora CARVAJAL.-
Señora Presidenta, le pido agregar mi voto a favor.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Sumamos su intención de voto a favor, Senadora Carvajal, no hay problema.
Y también sumamos los votos de la Senadora Allende, de la Senadora Von Baer y del Senador Soria.
Señor Secretario, pasamos al Orden del Día.
PRÓRROGA DE VIGENCIA DE ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE EMERGENCIA POR GRAVE ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN PROVINCIAS DE BIOBÍO Y ARAUCO (REGIÓN DEL BIOBÍO) Y DE CAUTÍN Y MALLECO (REGIÓN DE LA ARAUCANÍA)
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La señora Presidenta pone en discusión el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual, en virtud de los dispuesto en el artículo N° 42 de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo del Congreso Nacional a efectos de prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público en las provincias del Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía, declarada por decreto supremo N° 270, de 12 de octubre de 2021, y prorrogada por el decreto supremo N° 276, de 26 de octubre de 2021, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
--A la tramitación legislativa de este oficio (boletín S 2.218-14) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Sobre el particular, el Ejecutivo señala que mediante el citado decreto supremo N° 270 fue declarado el estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público en las provincias antes indicadas, por un lapso de quince días, como consecuencia del preocupante aumento y concentración de actos de violencia vinculados al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado cometidos por grupos armados que no solo han atentado en contra de la vida y la integridad física de los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad, sino también de civiles, y han destruido casas, iglesias, escuelas, instalaciones y bienes destinados a actividades turísticas, industriales, agrícolas y comerciales en las mencionada provincias.
Con posterioridad, dicho estado de excepción constitucional fue prorrogado, por igual período, mediante decreto supremo N° 276, de 26 de octubre de 2021, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública.
El oficio en trámite solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar el referido estado de excepción constitucional por un plazo adicional de quince días a contar del vencimiento del período previsto en el artículo 1° del mencionado decreto supremo N° 276.
Al respecto, cabe señalar que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 42 de la Carta Fundamental, el estado de emergencia no podrá extenderse por más de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre el acuerdo del Congreso Nacional.
Agrega la norma que el referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo N° 40.
Por su parte, el mencionado inciso segundo del artículo N° 40 del Texto Fundamental dispone que el Congreso Nacional, dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha en que el Presidente de la República someta a su consideración la declaración del respectivo estado de excepción, deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición, sin que pueda introducirle modificaciones.
Añade que, si el Congreso no se pronunciara dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición del Presidente de la República.
La Honorable Cámara de Diputados, en sesión del día de hoy, aprobó la proposición en referencia.
Finalmente, es dable indicar que el Primer Mandatario, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo N° 42 de la Constitución Política, informa acerca de las medidas adoptadas a la fecha en virtud de la declaración del ya mencionado estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración al orden público.
Cabe recordar a Sus Señorías que, conforme a los acuerdos de Comités, de los cuales se dio cuenta el día de ayer, para el tratamiento de este asunto se otorgará la palabra, durante el debate, por cinco minutos a cada señora Senadora o señor Senador que quiera hacer uso de ella; y luego, dos minutos para fundamentar el voto si así lo estima pertinente, pudiendo sumar dichos tiempos de una sola vez para utilizarlos en una única intervención, hasta por siete minutos.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Hay un tema de Reglamento para el que nos está pidiendo la palabra el Senador Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Gracias, Presidenta.
Seré breve.
Hay un proyecto de ley que tiene que ver con normas vinculadas con el territorio Rapa Nui (boletín N° 11.407-07), que está en la Comisión de Constitución, y queremos solicitar el acuerdo de la Sala para que pueda ser remitido a la Comisión de Gobierno para refundirlo con una iniciativa sobre la misma materia.
Son proyectos que queremos refundir para tratarlos con urgencia absoluta en la Comisión de Gobierno.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
¿Cuál es, Senador Bianchi, perdón?
El señor BIANCHI.-
El correspondiente al boletín N° 11.407-07
, sobre el territorio de Isla de Pascua.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, se accede a lo solicitado.
--Así se acuerda.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER
.-
Presidenta, si puede solicitar la autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario del Interior, señor Francisco Galli, por favor.
El señor NAVARRO.-
No.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
No hay acuerdo, colega.
La señora EBENSPERGER.-
¿Quién se opone?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
El Senador Navarro.
En discusión el oficio del Presidente de la República.
Le ofrezco la palabra al señor Ministro del Interior.
El señor DELGADO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-
Muchas gracias, Presidenta.
Por su intermedio, saludo a la Mesa -por supuesto- y a los Senadores y Senadoras que están presentes en la Sala.
Ha sido una jornada en la cual pasamos inicialmente, como bien saben ustedes, por la Cámara de Diputados.
Me acompañan el Ministro Baldo Prokurica y la Ministra Karla Rubilar. Nosotros lo que vamos a hacer es exponer los antecedentes de lo que han sido no solamente estos treinta días, en donde hemos tenido dos períodos de estado de excepción, sino que también el continuo del trabajo, porque hay que recordar que hubo un estado de excepción, en este caso de catástrofe, obviamente con otro objetivo, que era el de atender la pandemia, hasta el 30 de septiembre, y posteriormente tuvimos la posibilidad de contar con treinta días para la concurrencia de las Fuerzas Armadas para poder colaborar con las policías.
Y en esto quiero ser muy muy enfático y claro: el trabajo que se ha hecho estos últimos treinta días se basa en el aprendizaje de los más de quince meses de estado de excepción previo, a pesar de que la naturaleza era distinta: era por catástrofe, era acompañamiento por la pandemia, por los temas vinculados con el COVID, y no necesariamente por un asunto de seguridad.
Posteriormente, ustedes recordarán, fuimos a la Contraloría con el decreto N° 249, que era una especie de símil del N° 265 que se aplicó para la macrozona norte, y el Contralor consideró que no era pertinente. Eso ya es parte de una discusión más jurídica y constitucional. Aceptamos y acatamos, por supuesto, esa definición, y fuimos con esta primera quincena de declaración de estado de excepción constitucional, que renovamos por una segunda quincena, bajo la regla de la colaboración de las Fuerzas Armadas.
Pero las Fuerzas Armadas no pueden reemplazar a las policías, ya que no pueden hacer ejercicios autónomos, sino que siempre realizar acciones de acompañamiento estratégico y también de aseguramiento de los perímetros en los casos de las labores que realizan las policías.
Los detalles de aquello los vamos a ir entregando durante las distintas presentaciones, sobre todo del Ministro Prokurica, quien va a tener la posibilidad de mostrar las estadísticas.
Yo solo quiero señalar lo siguiente, y haciéndome cargo de algunos comentarios que se formularon durante la mañana en la Cámara de Diputados, y también de algunas declaraciones de Senadores y Senadoras que hemos revisado en los medios de comunicación.
Lo primero, este estado de excepción no es contra un pueblo determinado, una etnia específica o el pueblo mapuche, sino que contra quienes, aprovechándose de una causa, tomándola como falso paraguas -entre otras cosas-, y afincándose en ella, buscan finalmente tomar definiciones violentas para generar acciones en contra de la gente, mapuches y no mapuches, o aplicar estrategias de violencia ligadas al narcotráfico, al robo de madera o al uso de armas.
¡Y qué duda cabe de aquello! Porque nosotros reunimos la evidencia. Cuando nos preguntan: "Cómo sabe usted, Ministro, que hay narcotráfico", bueno, porque efectivamente tenemos evidencia.
Cuando entramos a Temucuicui en enero pasado, lamentablemente generamos un mártir más, en este caso para la institución de la Policía de Investigaciones, el inspector Morales, quien muere cuando viene saliendo del lugar. Muchos discutían acerca de la efectividad de aquella operación, y hubo muchas críticas. Pero yo les puedo decir, más allá de las objeciones, que ese operativo tuvo el resultado positivo de poder reunir evidencia gráfica de lo que, lamentablemente, ocurre en parte del interior de Temucuicui.
Aquí, desde el punto de vista comunicacional, hemos sido muy cuidadosos con el lenguaje y con los conceptos. No queremos generalizar ni criminalizar a nadie, pero en algunos puntos dentro de esa comunidad hay evidencia que ha servido para seguir las investigaciones y para poder generar órdenes de detención de personas que tenían viveros con cientos de plantas de cannabis, y que contaban con armas o vehículos robados.
Y ni hablar del recibimiento que muchas veces sufren las policías cuando ingresan a acatar alguna orden de detención o a realizar diligencias en causas pendientes como fue el caso ocurrido meses atrás, en donde los uniformados ni siquiera pudieron bajarse dentro de esa comunidad: armas de grueso calibre, armamento de guerra, y un fuerte contingente los reciben muchas veces.
Por lo tanto, hay gente que cuando reivindica los, muchas veces, actos violentos, cuando hay una quema o un atentado, los panfletos y los carteles... (se desactiva el micrófono)...
Ahí sí...
Los panfletos y los carteles lo que hacen es reivindicar en reiteradas oportunidades a personas que han sido juzgadas, que tienen juicios en curso e incluso son prófugos de la justicia.
Algunos han sido detenidos con cientos de kilos de droga en otras regiones y siguen siendo motivo de reivindicación cuando hay un acto terrorista. Los ponen en el panfleto, y declaran: "Nosotros queremos reivindicar a tal persona, porque está privada de libertad de manera injusta y porque está ligada con la causa mapuche".
Cuando yo digo, y cuando como Gobierno decimos, que hay gente que se aprovecha de la causa mapuche para ejercer actos violentos es una cosa comprobable: es cosa de ver las reivindicaciones.
Lo mismo sucede con una persona que lamentablemente resultó muerta. Y digo "lamentablemente" porque nosotros como Gobierno siempre vamos a lamentar la pérdida de una vida. Me refiero a Pablo Marchant.
Pablo Marchant ingresa encapuchado y con un fusil de guerra a un fundo en Carahue, donde les dispara a los trabajadores, pero queda herido; y después nadie nunca más se preocupó del hecho. Pero yo quiero entregar un antecedente: Ceferino González, trabajador forestal de sesenta y cinco años, un adulto mayor si queremos mirarlo desde ese punto de vista, resultó herido de extrema gravedad.
Y cuando finalmente fallece Pablo Marchant, las reivindicaciones apuntan a que no debería haber sido él, sino que lo habían confundido con el hijo de un líder de la CAM. Y toda la prensa y las reivindicaciones hablaban de aquello. Pero nadie condenaba que esta persona hubiera entrado a un fundo y le hubiera disparado a un adulto mayor; jamás recibió esa condena, sino que la condena apuntaba a por qué esta persona había muerto, cuando ni siquiera estaban los méritos, los antecedentes arriba de la mesa y la investigación seguía su curso.
Entonces, si hay algo que hemos logrado quienes queremos separar la violencia de las causas sociales, étnicas y territoriales y que queremos hacer una división que no se pueda disolver, es que hoy día la comunidad, y no solamente la de las dos regiones, sino que la gente en general, y los medios de comunicación evalúan de manera distinta y saben separar el narcotráfico y las armas de una causa social. Porque en ese contexto no tendría por qué haber ninguna diferencia entre una persona que ejerce acciones violentas o se dedica al narcotráfico en la macrozona sur y quien hace lo mismo en una comuna de la Región Metropolitana, en una comuna de la Región de Coquimbo o de Tarapacá o de Atacama. ¡No hay ninguna diferencia!
Entonces, debemos tratar, obviamente, el narcotráfico como lo que es, con los peligros, los riesgos que tiene, y no justificar la violencia que conlleva, muchas veces porque se ejerce en una zona determinada.
Estamos en presencia de una situación que la hemos conversado largamente con el Ministerio Público, con el Poder Judicial. Incluso este también ha pedido resguardo. Muchas veces el Poder Judicial, puntualmente la Corte Suprema, siente que no están las garantías para poder ejercer su trabajo, porque se sienten amenazados. Y lo propio ocurre con nuestras policías, porque muchas veces la diferencia de armamento es enorme, porque el equipamiento está a favor, lamentablemente, de quienes no tienen Estado de derecho.
Las personas que quieren ejercer hoy día las acciones violentas, no tienen que venir al Congreso a exponerles ni a ustedes, ni a la Cámara de Diputados qué van a hacer los próximos quince días. Ellos atacan, y lamentablemente lo hacen contra familias inocentes, contra personas que quieren salir en la mañana a trabajar en su vehículo o que quieren ir a trabajar para una empresa determinada, y hay quienes se creen con la altura y con el derecho de decirles: "Yo lo ataco porque usted trabaja en un lugar determinado" o "Yo lo quiero sacar de su casa porque usted vive en un lugar donde no acepto que usted viva".
¡Esa es la argumentación! ¡Ese es el temor de la gente de la macrozona sur!
Esas personas son parte del 81 por ciento que respondió la encuesta ciudadana, que lideró tanto el Gobernador Rivas como también la Asociación de Municipios de La Araucanía. Y nosotros felicitamos, justamente, al Gobernador y a los alcaldes que lideraron esto, porque fue un ejercicio importante, un insumo relevante. Hay quienes ya están buscando cómo criticar aquella consulta: que la participación fue poca. Yo les quiero decir: los municipios hicieron una consulta similar después del estallido social para ratificar que se requería un plebiscito. Y los mismos que hoy día critican, ¡felicitaban a los municipios!, con la misma metodología, con el mismo padrón, con la misma instancia, exactamente la misma forma de votar.
Entonces, entendamos que cuando uno conversa con las víctimas, cuando uno conversa con las personas que están siendo afectadas sistemáticamente con este tipo de ataques, ahí no hay ideología, no hay partido político; ahí no hay personas que estén contaminadas con una versión u otra; es gente que nos pide, nos ruega a todos, al Estado (no solamente al Gobierno, no solamente a una policía), protección.
Dicho esto, Presidenta, nosotros sabemos que con este estado de excepción no se soluciona el fondo del problema. Por supuesto que no se soluciona todo. Tuvimos un estado de excepción hasta el 30 de septiembre, en una colaboración distinta, pero que nos sirvió de aprendizaje. Los controles mixtos que se hacen, los patrullajes, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas o el Ejército, dependiendo de la región, puedan colaborar, asegurar los perímetros, brindar protección, es tremendamente importante, porque eso ratifica y empodera justamente a las policías para que puedan actuar en lo que tienen que hacer, que es generar las medidas de protección que otorga, en este caso, la Fiscalía a distintos predios; o a veces, realizar diligencias muy sencillas.
Por ejemplo, en algunas ocasiones hay comunidades que requieren que ingresen las policías a realizar un procedimiento de violencia intrafamiliar, y allí las esperan a tiros. Cuando ingresa un carabinero o una patrulla los esperan a tiros, porque piensan que van a detener a alguien en virtud, nuevamente, del narcotráfico u otras acciones más violentas, y, sin embargo, solo van a salvar a una persona que está siendo agredida dentro de su vivienda y, pese a ello, son sacados a tiros y con armamento de guerra.
Entonces, lo que estamos haciendo -el Ministro Prokurica va a dar a conocer las estadísticas al respecto- es entregar protección. Y aquí quiero aprovechar la presencia de la Ministra Rubilar, que es muy importante, para recordar algo que hemos dicho: no es estado de excepción o diálogo; no es estado de excepción o trabajo territorial de los Ministros o las Ministras; no es estado de excepción o inversión; es estado de excepción y trabajo y diálogo, además de inversión, además del plan de fortalecimiento con los municipios, además del plan de fortalecimiento también de las distintas estrategias en materia de educación, en materia social, en materia de compra de tierras.
Eso continúa. Yo he escuchado algunas críticas que aparentemente lo que buscan es confundir a la gente, como que el estado de excepción deja de lado el trabajo que se está haciendo permanentemente. A lo mejor, si tenemos que hacer una autocrítica sería que no hemos contado todo lo que estamos haciendo.
Por eso es tan importante que la Ministra Rubilar exponga también, Presidenta, en esta jornada y pueda contar en qué hemos avanzado. Y romper con ese mito de que el estado de excepción eclipsa todo lo otro, porque déjeme decirle una cosa: nosotros estamos disponibles para el diálogo, ningún problema, pero no podemos sentarnos a dialogar con quien sube un video mostrando un armamento de guerra, encapuchado y camuflado. ¿Con esa persona nos vamos a sentar a conversar? Definámoslo. Yo creo que no: no podemos sentarnos a conversar en esas condiciones, pero sí nos podemos sentar a conversar con todos aquellos que quieran dejar atrás las armas y la violencia y que tengan un compromiso real, para seguir avanzando.
El Ministro Prokurica va a entregar la estadística de cuántos han sido los patrullajes, cuántos detenidos tenemos, cuál ha sido la situación en cada una de las cuatro provincias que estamos evaluando para este estado de excepción.
Si lo permite, Presidenta, dejo con la palabra a la Ministra Rubilar.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Por supuesto, señor Ministro.
Tiene usted la palabra, señora Ministra.
La señora RUBILAR (Ministra de Desarrollo Social y Familia).-
Muchas gracias, Presidenta.
Por su intermedio, saludo al Honorable Senado, a las Honorables Senadoras y Senadores.
Tengo una presentación que algunos funcionarios me van a ayudar a mostrar, a los cuales agradezco.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Por supuesto, señora Ministra.
La señora RUBILAR (Ministra de Desarrollo Social y Familia).-
Muchas gracias, Presidenta.
Es muy importante, tal como decía el Ministro Delgado y como también se señalará en la exposición que hará el Ministro Prokurica, contar un poco los avances del Acuerdo Nacional por La Araucanía en materia de política indígena, que es lo que a nosotros nos corresponde como Ministerio de Desarrollo Social, un poco para mostrar que nos interesa, por supuesto, que la Región de La Araucanía y la provincia de Arauco, y saludo -por su intermedio- al Gobernador, puedan vivir en paz, pero también que haya un desarrollo.
Y somos conscientes de que efectivamente para haber paz tiene que haber justicia.
En ese sentido, quiero mostrar un poco, de una manera bastante más didáctica, cómo hemos ido avanzando.
El Acuerdo Nacional por La Araucanía, Presidenta, tiene tres ejes: Voluntad de diálogo, acuerdo y búsqueda de paz; Reconocimiento y valoración de nuestra diversidad, y Desarrollo integral e inclusivo para la región.
Y esto, por supuesto, no nace de cero desde el Gobierno del Presidente Piñera, sino que hay un trabajo mancomunado de los diferentes gobiernos anteriores, que han ido dando pasos en esta materia.
Es evidente que dichos esfuerzos todavía son insuficientes, que nos queda mucho por avanzar, pero tenemos un trabajo mancomunado de los diferentes gobiernos, de los parlamentarios, de Senadores que están aquí. En particular, de los Senadores de la Región de La Araucanía, quienes han hecho un esfuerzo importante en esta materia.
En ese sentido, Presidenta, queremos dar cuenta de los avances del Acuerdo Nacional por La Araucanía, y para ello hemos utilizado la figura de un semáforo.
Así, efectivamente tenemos, dentro de los ejes de diversidad cultural, tres áreas que están completamente cumplidas en materia del Acuerdo Nacional: el reconocer la calidad de educador tradicional y apoyar su desempeño en el aula. Esto se inició en julio de 2018.
Nosotros hemos avanzado de forma muy importante. Tenemos un reconocimiento ya de 538 educadores tradicionales, reconocidos por Mineduc.
Hemos firmado más de 292 convenios con escuelas uni, bi o tridocentes y rurales de la Región de La Araucanía.
Estamos financiando la participación de 180 educadores tradicionales en la enseñanza de la lengua y cultura mapuche. Y desde el año 2021 la Región de La Araucanía está recibiendo el 45 por ciento del Presupuesto nacional destinado a financiar estos educadores tradicionales a través de la educación intercultural bilingüe. Son más de 488 millones.
Además, estamos en la formación inicial de 32 estudiantes de la región en programas de pedagogía, en educación intercultural bilingüe, con la Universidad Católica de Temuco.
Respecto de las bases curriculares para la asignatura de Lengua y Cultura Indígena de 1º a 6º año, también durante los años 2018-2019 realizamos el proceso de consulta indígena a nivel nacional para definir las nuevas bases curriculares de esta asignatura. Este fue uno de los acuerdos más importantes del proceso: adicionar a los nueve programas del curso de cada uno de los nueve pueblos indígenas en Chile que figuraban en ese momento -recordemos que ahora tenemos el pueblo chango- la elaboración de un décimo dedicado a la enseñanza de estos pueblos. Esto es muy importante, porque es un tremendo avance en la materia.
Presidenta, elaboramos el instructivo presidencial que ya está completamente difundido en todo lo que es salud o lengua y ceremonia intercultural, con el objetivo de que las autoridades y los funcionarios de Gobierno utilicen un protocolo que reconozca sus tradiciones y cultura al momento de saludar y despedirse.
También tenemos en verde, cumplido, el promover la alimentación saludable propia de los pueblos originarios a través de Elige Vivir Sano. Junto con Indap, hemos desarrollado un programa en esta materia y es muy importante decir que a la fecha cuenta con 112 productores con resolución de sello originario y más de 134 postulaciones recepcionadas. El 79 por ciento de ellos corresponden a mujeres mapuches y 21 por ciento a hombres. Este es un trabajo mancomunado desde la UCAI, Elige Vivir Sano e Indap.
Presidenta, sobre el fortalecimiento de la participación de mujeres de pueblos indígenas, quiero contarle que también, en un trabajo mancomunado de nuestro Ministerio con la Conadi y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, formamos ya más de cien lideresas indígenas de diferentes pueblos durante el año 2019, y este año anunciamos la agenda de mujeres indígenas con diferentes acciones que está ejecutando el Ministerio de Desarrollo Social junto con la Conadi, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Sernameg, Corfo, ProChile y ONU Mujeres, en una agenda que podrán encontrar en la página especialmente destinada a ello.
Con el fin de fomentar los productos indígenas en los mercados mundiales, en marzo de 2019 firmamos un convenio con ProChile, donde ya tenemos mujeres exportadoras y hemos incorporado un profesional exclusivo a cargo de este plan en la Región de La Araucanía.
Sobre la diversidad cultural, reconocemos también que tenemos el compromiso de transferir 98 sitios de significación ceremonial, que hoy pertenecen al Estado, a comunidades indígenas de la Región de La Araucanía. Deseo contarles que ya hemos transferido 32 inmuebles directamente a comunidades indígenas de la región: 3 han sido entregados a los municipios con concesiones de título gratuito, y durante el mes de octubre el Ministro Isamit hizo un traspaso, a partir de un compromiso con profesionales a cargo, para avanzar efectivamente en todo lo que nos falta. Ya tenemos diez visitas nuevas para dejar transferidos casi la totalidad de los 98 sitios al término del mandato del Presidente Piñera.
Con el propósito de potenciar la atención de medicina mapuche en los establecimientos de la salud de la región y el rol de los machis, en un trabajo mancomunado entre Minsal y Conadi, hemos dado prioridad a la inversión de centros de salud que permitan, obviamente, la interculturalidad y el reconocimiento de la medicina ancestral mapuche, como son el hospital familiar y comunitario Makewe, el consultorio rural Boroa Filulawen y el centro de salud mapuche en Galvarino.
Además, hemos retomado el trabajo para que la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes también tenga pertinencia indígena. Un trabajo que reconocemos que viene desde el Gobierno anterior y la Subsecretaría de Salud Pública.
Respecto del punto 7, potenciar el rol de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, a través de Conadi y del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con la Universidad Arturo Prat, tenemos diseños que consideran la entrega de la casa del Consejo de Lonkos en La Araucanía y el fondo Trawün, donde hemos entregado los recursos a una enorme cantidad de organizaciones para que puedan desarrollar sus propios encuentros.
Sobre el desarrollo de denominaciones de origen y marcas colectivas y territoriales, tenemos, sobre todo, a dos marcas colectivas en La Araucanía, y, además, el desarrollo para la participación económica a proveedores artesanos y gastronómicos de toda la región. Y desde septiembre del 2021 hasta mediados del próximo año, estaremos ejecutando todos los documentos técnicos en el registro de estas marcas colectivas.
Respecto del punto 10 de la mesa de trabajo con historiadores indígenas y no indígenas, quiero contarles que aquí estamos avanzando en la actualización de textos escolares de 1º a 3º básico para lengua y cultura mapuche, además de aimara, quechua y rapanuí. Y estamos elaborando el texto escolar intercultural que incorporará las cinco nuevas lenguas.
Es muy importante decir que entre septiembre y octubre de este año realizamos las primeras instancias participativas para revisar los textos de historia a partir de la revisión de los criterios de cautela, que analizará, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, el tratamiento de los temas de acuerdo con el currículum, las ilustraciones pertinentes, entre otras. Por tanto, en eso también estamos bastante avanzados.
Acerca del reconocimiento constitucional y la Ley de Cuotas que estaban en el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, por supuesto que no vamos a avanzar en esto como proyectos de ley del Gobierno propiamente tal.
Pero sí podremos avanzar en institucionalidad a través de la Ley de Escaños Reservados, que agradezco al Parlamento, en general, y al Honorable Senado, porque aquí tuvimos una Comisión de Constitución que fue muy relevante para sacarla adelante. Eso nos va a permitir, sin duda alguna, avanzar y que sea la Convención, encargada de redactar la nueva Constitución, la que determine efectivamente los escaños que habrá en el Parlamento, en los municipios; ojalá puedan avanzar en esa materia. Si bien hay proyectos de ley que se están tramitando en este Senado sobre el reconocimiento constitucional propiamente tal, nosotros creemos que es vital que sea la Convención la que lo realice.
Además, avanzamos en materia... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Vaya redondeando, Ministra.
La señora RUBILAR (Ministra de Desarrollo Social y Familia).-
Muchas gracias, Presidente.
Avanzamos también en materia de reconocimiento del Día Nacional del Feriado Indígena, donde este Congreso tuvo mucho que decir, y lo agradecemos, porque este efectivamente ha sido un avance muy importante que ha hecho nuestro país, a diferencia de otros países que todavía no lo logran.
Aquí, Presidenta, efectivamente tenemos dos proyectos de ley que han estado detenidos, a pesar de que ingresamos indicaciones en el año 2019, que vamos a retomar. Agradecemos profundamente al Presidente de la Comisión de Gobierno, al Senador Bianchi, quien nos va a ayudar a ponerlo en tabla próximamente -esperamos que sea al retorno de la semana regional-, y ojalá con la urgencia que le vamos a dar podamos sacarlo adelante. Esto fue aprobado de forma unánime en la Cámara de Diputados.
Tenemos las modificaciones legales, que es la consulta de tierras que no pudimos sacar adelante, pero también es cierto que estamos ahora en un proceso que pronto va a estar licitado -probablemente la próxima semana-, que se refiere a la materia de catastro de tierras y de títulos de merced, a fin de entregar efectivamente el listado de tierras pendientes, para que sea el próximo Gobierno el que pueda definir, ya con una mirada de largo plazo, cuántos recursos inyecta y cómo puede dar respuesta a esta demanda tan sentida.
Y, por último, Presidenta, Voluntad de Diálogo.
Efectivamente, el Gobierno apoya el trabajo que se está realizando, impulsado por los Senadores y por los rectores de las diferentes universidades en materia de diálogo.
Además, cabe destacar el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, un organismo de Noruega, especializado, que está haciendo un trabajo bastante silencioso, pero que es necesario por lo quebradas que están las confianzas. Ya hubo un encuentro en octubre de este año y va a haber otro los próximos días de noviembre, cercano a la quincena. Esperamos que esto efectivamente pueda dar fruto; confiamos en el diálogo, en la experiencia del Centro Nansen. Y esperamos de verdad que esto sea complementario a lo que se está buscando por parte de la región para encontrar la paz.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Ministra.
Vamos a dar la palabra inmediatamente al Ministro.
¿Senador Chahuán?
El señor CHAHUÁN.-
Presidenta, simplemente quiero pedir autorización para que entren los Subsecretarios Galli y Pavez.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
No hay unanimidad, estimado colega.
El señor CHAHUÁN.-
Okay.
Presidenta, solicito que se mantenga el orden de las intervenciones.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
¿Perdón?
El señor CHAHUÁN.-
Es que no quiero perder el orden de intervención que tenía.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Sí.
No se preocupe. Lo dejamos.
Antes de darle la palabra al Ministro -no se puede abrir la votación mientras estén los Ministros exponiendo-, les pido a los jefes de Comité que por favor me acompañen a una reunión de Comités, porque tenemos que resolver algunos temas importantes de nuestras sesiones siguientes.
Va a seguir presidiendo el Vicepresidente.
Ministro, tiene usted la palabra.
El señor PROKURICA (Ministro de Defensa Nacional).-
Gracias, Presidenta.
Señoras Senadoras, señores Senadores, el Estado tiene la obligación constitucional, pero también ética y moral, de utilizar todos los recursos que posee para enfrentar y combatir flagelos como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, que tanto daño les causan a tantas personas y a tantas familias en la macrozona sur.
Por tanto, este decreto tiene como objetivo valerse de los medios y capacidades institucionales, contempladas en la Constitución y en las leyes, para resguardar la seguridad, el orden público y el Estado de derecho, y así proteger a las familias de estos territorios, permitiendo que las Fuerzas Armadas sigan prestando apoyo logístico, tecnológico, de comunicaciones, así como también de apoyo, vigilancia, patrullaje y transporte a todos los procedimientos policiales que se desarrollen en las provincias aludidas.
Durante el último mes en estado de excepción el trabajo de las Fuerzas Armadas ha sido eficaz. La ciudadanía lo ha advertido. Y la prueba de ello es que el 81 por ciento de quienes participaron en la consulta ciudadana apoyaron la extensión de este decreto.
Quiero saludar y felicitar al Gobernador Regional de La Araucanía, junto con la Asociación de Municipalidades de la región, que tuvieron la iniciativa de sacar adelante esta consulta para preguntarle a la gente, a los que viven allá, a los que sufren esta realidad, qué opinión tienen respecto a este tema.
La ciudadanía, señor Presidente, nos ha enviado un potente mensaje. Y esto no solo nos obliga a escuchar, sino que es un imperativo en la acción.
En estas cuatro primeras semanas, las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas han realizado un trabajo de alto profesionalismo y con resultados que son evidentes. Hemos desplegado dos mil militares en las cuatro provincias, quienes se suman a los efectivos de Carabineros y la PDI. Y, además de la labor disuasiva, logística y de apoyo de nuestros policías, se incluye el trabajo con drones, con camiones, con Humvee, helicópteros y aviones, junto con fiscalizaciones marítimas.
Desde que se inició el estado de excepción hasta el 2 de noviembre teníamos resultados positivos. Por ejemplo, como lo decía el Ministro del Interior, más de setenta detenciones en operativos policiales y controles mixtos de personas que tenían orden de detención pendiente de los tribunales; los hechos de violencia bajaron considerablemente a un 65 por ciento menos (nadie pretende no tener ningún hecho de violencia, porque se trata de una región enorme y por supuesto que hay todavía algunos brotes); los atentados incendiarios cayeron casi a la mitad; las usurpaciones de terreno bajaron en un 88 por ciento; y los caminos, en algunos casos hasta la carretera 5 Sur, que era uno de los permanentes problemas, no se han tomado y en un 90 por ciento siguen abiertos hasta el día de hoy.
En este período, además, se han realizado más de mil quinientos operativos militares mixtos y patrullajes en conjunto con Carabineros y la PDI, y se han efectuado más de veintiún mil controles a personas y vehículos.
El estado de emergencia no se dirige contra ningún pueblo, ni etnia o grupo especial, señor Presidente. Su objetivo es proveer más y mejores herramientas para combatir con mayor eficiencia el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico y la violencia desatada para poder entregar una mayor seguridad, mayor paz y mayor tranquilidad a las familias chilenas.
Es importante recalcar que las Fuerzas Armadas colaboran y no reemplazan, como lo dice el decreto, a las Fuerzas de Orden y Seguridad, y no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial. Solo el trabajo conjunto permite tener buenos resultados. Por ejemplo, este domingo en Carahue un patrullaje mixto de Carabineros y el Ejército permitió detener a una persona que portaba dos pistolas de 9 milímetros, un revolver calibre 38, un cañón de recambio calibre 22, dos cargadores de pistola, chalecos balísticos, máscaras, camuflaje, cargadores de cartucho calibre 22, y así una serie de elementos.
Otro ejemplo relevante es que durante casi un año y medio la ruta P-72, que une Cañete con Tirúa, estuvo bloqueada, con lo que se impedía el libre tránsito a las personas en ambas comunas. Lo van a decir, seguramente, los Senadores de la Región. Era una verdadera aduana ilegal la que operaba en dicho lugar.
Quiero insistir en que en ese punto las Fuerzas Armadas están cumpliendo su misión con estricto apego a la legislación vigente y a su firme compromiso con los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos.
Señor Presidente, el combate al terrorismo, a la violencia tiene que ser una misión país, del Estado, donde todos los actores y las instituciones tienen un rol que cumplir. Las policías están en la primera línea, las Fuerzas Armadas colaboran; pero también debe estar el Poder Judicial, la Fiscalía y la sociedad civil en su conjunto. Todos debemos condenar la violencia. No puede haber un doble estándar. Y el Estado debe seguir buscando mecanismos que resuelvan las demandas de las comunidades mapuches, que tienen legítimas demandas y lo manifiestan en paz, dentro del Estado de derecho.
Tanto la Ministra Rubilar como el Ministro Delgado han hecho una descripción de los procesos paralelos, junto con este, que se están llevando a cabo, como el proceso de diálogo promovido por las universidades, el obispo de la zona y también el Centro Nansen, que está a cargo de ello. Y lo mismo sucede con la ayuda social que desarrolla la Ministra Rubilar en terreno.
Señor Presidente, señores Senadores, hace algunos días el país completo pudo apreciar un video de uno de los grupos terroristas que operan en el sur. Allí se exhibieron fusiles M16, utilizado por los ejércitos de al menos veinte naciones; fusiles AK-47, armas con capacidad de hasta 600 balas por minuto -es un arma de guerra-; un fusil Colt M4, que puede disparar hasta 900 tiros por minuto; un fusil M1 Garand, con capacidad de penetrar blindaje a vehículos livianos. Eso, entre tantas otras armas que pudimos apreciar en este video.
Señor Presidente, señoras y señores Senadores, hemos escuchado críticas que califican a este estado de emergencia como la militarización de la macrozona sur. Yo me pregunto, de verdad, con la mano en el corazón, y les pido que les consulten a quienes representan a las familias de La Araucanía y también de la provincia de Arauco, quiénes han militarizado esa zona. El asesinato de personas, la destrucción de sus pertenencias, casas, escuelas, iglesias, fuentes laborales, que son el sustento de cientos de pequeños microempresarios, afecta a familias completas, son hechos que deben ser enfrentados con toda la fuerza del Estado.
Hace unos días recibí un video que exhibía el llanto de un niño al ver su casa incendiada. Es algo que no solo nos debe hacer reflexionar, sino que nos debe movilizar en contra de quienes realizan estas acciones.
Señor Presidente, señoras Senadoras y señores Senadores, no es el momento para que tengamos en esta materia señales equívocas. No es el momento de medidas tibias contra el terrorismo. Ha llegado el momento de la acción, de enfrentar y combatir juntos como Gobierno, como Congreso, como Oposición, a quienes llenan de dolor y destrucción el país en esa zona.
Creo que en esta materia estamos pidiendo apoyo, como el que hemos recibido hoy día en la mañana en la Cámara de Diputados, no solo para... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Un par de minutos, señor Ministro.
El señor PROKURICA (Ministro de Defensa Nacional).-
... una medida que el Presidente Sebastián Piñera, a través de este decreto, está impulsando, sino especialmente para las familias que viven en la región, que pienso que con el estado de excepción constitucional han logrado mejorar su condición de vida, como lo han expresado en esta consulta por una amplia mayoría.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Ministro.
Colegas, siguiendo con los acuerdos de Comités de ayer, vamos a ofrecer la palabra para el fundamento de voto por hasta siete minutos, los que lo estimen conveniente.
Así que voy a ir ofreciendo la palabra.
Vamos a abrir la votación.
Secretario, abra la votación y empiece a tocar los timbres.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Le vamos a dar la palabra en primer lugar al Senador Moreira para que fundamente su voto.
El señor MOREIRA.-
Gracias, Presidente.
En primer lugar, yo quiero felicitar y agradecerle al Ministro del Interior y, especialmente, al Ministro de Defensa por la labor que han desarrollado y la responsabilidad que está sobre sus hombros.
Verdaderamente, ser Ministro de Defensa y ser Ministro del Interior es muy difícil en momentos en que hay algunos que pretenden poco menos que derrocar al Gobierno por otras vías. Pero yo valoro la valentía, la hombría del Ministro del Interior y del Ministro de Defensa por lo que ellos han hecho y tendrán que hacer en estos difíciles meses, hasta marzo.
Presidente, como Estado de Chile, todos los órganos de la Administración deben estar enfocados en lograr los fines del Estado, como es la defensa de la familia y del orden público.
En la hoy denominada "macrozona sur" hace más de veinte años que existe un área gris, donde el Estado no hace todo lo que debe, sino simplemente todo lo que puede. Desde el primer incendio en la comuna de Lumaco el año 1997, el Estado se ha demostrado cada vez más ausente, a pesar de declaraciones más o menos rimbombantes o de la interposición de querellas con más o menos antecedentes.
Las acciones de violencia, que son de terrorismo, han generado cientos de víctimas, no solo entre quienes han sido objeto de atentados incendiarios, sino entre quienes han perdido sus ingresos, quienes han debido marcharse de lo que siempre han llamado "su hogar". (Rumores en la entrada a la Sala).
Por favor, pido que cierren la puerta.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador, no podemos cerrar la puerta. Lo que vamos a solicitar es que la gente salga de ahí.
Dejen abierta la puerta y, por favor, despejen el pasillo.
Senador, usted sabe que las puertas están abiertas por razones sanitarias.
El señor MOREIRA.-
Perfecto.
Como decía, el terrorismo ha generado cientos de víctimas, no solo entre quienes han sido objeto de atentados incendiarios, sino también entre quienes han perdido sus ingresos; quienes han debido marcharse por la delincuencia; quienes han perdido su hogar; transportistas que deben cambiar sus rutas. Pero también se han causado muertes, víctimas inocentes, como el matrimonio Luchsinger-Mackay o el cabo Naín.
La mezcla entre las reivindicaciones territoriales, justificadas o no, y la delincuencia de alto calibre, como el robo de madera o el narcotráfico, ha generado un caldo de cultivo que solo ha beneficiado a los que no creen en el Estado de derecho. Por lo mismo, es obligación del Estado usar todas las herramientas a su disposición para que los chilenos puedan ejercer sus derechos constitucionales.
No podemos permitir que particulares instalen aduanas en zonas como la ruta P-72, que une Cañete y Tirúa. No podemos permitir que grupos paramilitares armados se paseen con armamento de guerra, no con palos, llevando el fuego y el terror por la región.
¡Sí! Grupos paramilitares armados se pasean con armamento militar. ¿De dónde lo sacan? Nadie sabe. Y están llevando el fuego y el terror por la Región de La Araucanía y la zona sur del Biobío, e incluso han llegado a la Región de Los Lagos.
En la Región de Los Lagos existe temor de que esta ola de violencia vaya a la zona de San Juan de la Costa, de Osorno, donde ya han ocurrido hechos graves pero aislados por ahora.
El Estado se encuentra obligado a usar estas herramientas que le permiten el uso de las capacidades de movilización de las Fuerzas Armadas. Son una de esas herramientas, por supuesto. Es arriesgado, sí, pero lo único peor de correr riesgos es seguir haciendo lo mismo. ¿Diálogo? ¡Por cierto! ¡Pero cuando esté controlada la violencia!
Sí, las Fuerzas Armadas son una herramienta, arriesgada, pero necesaria. ¡No podemos seguir corriendo riesgos! ¡No podemos seguir haciendo lo mismo! Reitero: ¿Diálogo? ¡Por cierto! ¡Pero cuando esté controlada la violencia!
Según informa el Gobierno, desde el inicio del estado de excepción se han incautado 683 armas, ¡incluidos fusiles de guerra!, ¡más de 900 kilos de droga!
La extensión del estado de excepción apuesta por desarmar una bomba que está activada bajo los pies de gente inocente; pero no solo de sus pies, sino que se cierne como una tormenta que nunca acaba sobre su paz social, sus fuentes de trabajo, sus viviendas y sus templos religiosos.
¡Cómo han tenido que sufrir distintas iglesias evangélicas cuando hacen arder estos templos construidos con amor a Dios, con fuerza, con mucho sacrificio!
Yo, Presidente, termino indicando que voy a votar a favor de esta extensión. Hay que dar una señal potente de involucramiento del Estado en materia de seguridad y orden público, pero siempre con pleno respeto al Estado de derecho y en defensa de los derechos de todas las personas y de La Araucanía, no solamente de algunos, como ocurre actualmente. ¡Todos tienen el derecho a vivir en paz! Y si las Fuerzas Armadas pueden controlar esa violencia y son símbolos de paz, serán necesarias en este estado de excepción.
Reitero mi gratitud y mi reconocimiento al Ministro del Interior y al Ministro de Defensa por su trabajo, por su sacrificio y por su compromiso y amor por Chile.
Voto a favor de la prórroga del estado de excepción.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Gracias, Senador Moreira.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Kast.
No se encuentra en la Sala.
Senador Chahuán, ¿quiere plantear un asunto de reglamento? Estamos en votación.
¿Quiere inscribirse?
El señor CHAHUÁN.-
Ya estaba inscrito, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
No lo tengo anotado, pero lo voy a registrar.
Tiene la palabra el Senador García.
El señor GARCÍA.-
Muchas gracias, señor Presidente, Honorable Sala.
Saludo a la señora Ministra, a los señores Ministros que se encuentran con nosotros y, por supuesto, con mucho afecto, a nuestro Gobernador Regional de La Araucanía, don Luciano Rivas, a quien aprovecho de felicitar junto con la Asociación de Municipalidades de nuestra Araucanía por la exitosa consulta que se realizó los días viernes, sábado y domingo recién pasados.
Señor Presidente, esta es una decisión muy importante para la macrozona sur de nuestro país y, particularmente, para nuestra Región de La Araucanía.
Yo quiero pedirles a las señoras y los señores Senadores que nos pongamos en los zapatos de las miles y miles de familias que sufren todos los días la violencia.
A estas miles y miles de familias les ha cambiado la vida porque no saben cómo salir a trabajar, cómo dar seguridad a sus niños, cómo llegar a los centros asistenciales, porque son demasiadas las veces en que los caminos están cortados, están bloqueados, en que los incidentes en las carreteras hacen imposible el traslado fácil y oportuno a las distintas ciudades, a los distintos centros de salud, a los distintos centros comerciales, ¡en fin!, a la realización de la vida cotidiana.
El próximo año se van a cumplir veinticinco años desde el primer atentado, cuando se quemaron tres camiones en la comuna de Lumaco. Entonces, uno pregunta: "¿Estamos en presencia de qué?". Porque algo que comenzó hace veinticinco años en lugar de terminar, en lugar de desaparecer, en lugar de tener un cauce, sigue ocurriendo y, al contrario, cada vez hay más violencia, cada vez se usan armas más sofisticadas, con organizaciones paramilitares, hasta llegar, señor Presidente, a estos extremos, ¡a estos extremos! (el Senador muestra una imagen impresa): organizaciones que se jactan de las armas y del alto poder de destrucción que tienen.
¡A esto ha llegado nuestro país!, y ninguna región está libre de que esta violencia se siga expandiendo.
Por eso, les ruego encarecidamente que demos la oportunidad de que por quince días más tengamos el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, para que en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones hagan un control del orden público mucho más eficiente.
También quiero decir que la inmensa mayoría de nuestro pueblo mapuche nos pide, nos suplica que no los metamos en esto. Son personas de bien, de trabajo, honradas, que salen todos los días a trabajar, a ganarse el pan con el sudor de la frente para sacar adelante a sus familias. No son violentos, no tienen que ver ni participan en estas actividades o en el narcotráfico. Y les molesta, les duele enormemente cuando generalizamos, porque -repito- ellos nada tienen que ver con ninguno de estos hechos de violencia ni con actos delictivos que normalmente se están informando por la prensa.
Cuando hablamos de extender el estado de emergencia por quince días se trata también de defender a miles de comunidades indígenas que quieren orden, paz y tranquilidad; se trata de proteger a muchos de sus dirigentes que también han sido víctimas de ataques violentos y han sido perseguidos; estamos hablando también de escuelas y de iglesias incendiadas. En fin, todos lo sabemos porque escuchamos y leemos las noticias; sabemos de lo que estamos hablando.
Esto, señor Presidente, es una oportunidad para que en la macrozona sur podamos tener un poco de tranquilidad, para lograr que por fin el Estado de derecho impere. No estamos pidiendo ninguna legislación especial; estamos pidiendo los instrumentos que nuestro propio ordenamiento constitucional establece para garantizar el orden, para devolver la paz y la tranquilidad.
Señoras Senadoras, señores Senadores, estimados colegas, ¡no dejemos sola a la macrozona sur! ¡No dejemos sola a la Región de La Araucanía! ¡Defendámosla! ¡Porque es parte de nuestro Chile, es parte de nuestro territorio! ¡No permitamos que el narcotráfico, el terrorismo se siga apoderando de una zona de nuestro país, porque va a terminar extendiéndose por todo el territorio nacional!
Este es el momento de demostrar con nuestro voto que queremos orden, paz y tranquilidad para que el progreso llegue a todos los rincones de nuestro Chile.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senador García.
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena, luego la Senadora Ebensperger y el Senador Chahuán.
Si alguien más se inscribe, lo iré anotando.
La señora ARAVENA.-
Gracias, Presidente.
En La Araucanía somos poco menos de un millón de personas. El último Censo señala que somos 938 mil habitantes, de los cuales alrededor de un 32 por ciento se declara mapuche.
Quiero plantear un primer argumento que dice relación con que no mezclemos peras con manzanas. Y lo digo porque creo que hay un grupo de personas del crimen organizado que ha utilizado las dificultades, las complejidades que han existido para zanjar muchas de las deudas que tiene el Estado de Chile con la población mapuche en la Región de La Araucanía y también con las poblaciones indígenas en otras regiones.
Pero las orgánicas radicalizadas, que conocemos por cada lienzo que queda en La Araucanía tras un atentado, como la CAM, la Weichan Auka Mapu, la Resistencia Mapuche de Malleco, entre otras, no solo han atentado contra la vida de policías, civiles, mapuches y no mapuches, sino que también han afectado la integridad física y psíquica, como lo vimos en el último atentado en Carahue, en donde quemaron diez casas, y escuchamos el llanto de un niño que lo había perdido todo.
También lamentamos la pérdida de iglesias, escuelas, bienes destinados a actividades turísticas, postas rurales, y de asaltos a funcionarios públicos y privados, entre muchos otros casos.
La verdad es que puedo dar muchos argumentos para que apoyen este aplazamiento del estado de excepción, pero quizás no van a escucharlos ni tampoco les interesa hacerlo, porque, como dije en la mañana, estamos tan divididos en el pensamiento que al final del día puede que les dé lo mismo que nosotros volvamos a nuestras regiones, porque mi familia, yo y algunas de mis hijas vivimos allá y tenemos que transitar por treinta y dos comunas.
Sentimos el dolor de cada uno de los habitantes que han perdido no solo sus cosas materiales, sino también la seguridad, porque viven con miedo, con angustia. Muchos de ellos, al igual que yo, nacimos, nos educamos, criamos a nuestros hijos, formamos nuestras familias y teníamos la esperanza de morir en nuestra región, pero el problema es que muchos están muriendo por ataques terroristas. Y eso es muy grave.
Quedará en la conciencia de cada uno cómo votemos hoy.
Esto no es política; esto es el derecho humano a vivir en paz, el derecho a transitar por el territorio que nos vio nacer. Y ese es un derecho que este Congreso no puede coartarle a la Región de La Araucanía.
Se hizo una consulta ciudadana, que ha sido la más importante que hemos tenido por lo menos desde que yo tengo memoria, donde votó más del 12 por ciento de los habitantes de La Araucanía, pese a todos los problemas de cobertura que tenemos, porque la mitad de las antenas fue derrumbada por ataques violentistas. Aun así, la gente votó ese día. Y resulta, según sé, que hoy día se quiere desconocer la opinión que tenemos la gran mayoría de los habitantes de nuestra región.
No podemos vivir siempre en estado de emergencia; es seguro que no podemos seguir así eternamente. Pero necesitamos ordenar las cosas y separar a la inmensa cantidad de comunidades indígenas, con las que yo trabajo -lo he hecho una vida entera-, que lo único que quieren es paz, porque hoy están siendo víctimas igual que los no mapuches.
Lo único que pido en este Senado es compromiso, conciencia y responsabilidad, porque hoy día tenemos una decisión muy grande que tomar.
Desde hoy día en adelante, todas las víctimas que mueran, que sean quemadas -como hemos visto-, que sean desmembradas -también lo hemos visto-, las mujeres violadas, las casas e implementos de trabajo quemados, serán nuestra responsabilidad.
Porque, pese a que la Cámara de Diputados votó a favor, nosotros no queremos extender quince días más este estado de emergencia, que ha permitido disminuir en más de 50 por ciento los ataques terroristas y detener al menos a más de setenta personas vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.
Defiendo absolutamente al pueblo mapuche, porque he trabajado una vida con ellos y creo que son personas extraordinarias de las que he aprendido mucho. No mezclemos al pueblo mapuche con la situación de narcoterrorismo ni con el crimen organizado, son cosas muy distintas.
Voto a favor de este proyecto.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Gracias, Senadora Aravena.
Vamos a dejar con la palabra a la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Quiero saludar a la Ministra, a los Ministros y agradecer la exposición. También saludar especialmente al Gobernador Regional de La Araucanía, Luciano Rivas.
Hay sectores en la Región de La Araucanía, en la provincia de Arauco de la Región de Los Ríos, donde las policías no pueden entrar, donde los tribunales no ejercen jurisdicción, lugares donde ni siquiera es posible censar. En definitiva, donde el Estado de derecho no rige.
Siempre hablamos de la importancia de respetar la democracia, del poder de la ley, de ser un país desarrollado que satisfaga todas las necesidades de las personas, del respeto a los derechos humanos. Pues bien, hay caminos en estos lugares públicos de Chile donde no se puede transitar, porque roban, queman, disparan contra vehículos y sus ocupantes, y producen la muerte de personas. Hay chilenos que no duermen por las noches por temor a que un grupo enmascarado llegue e incendie sus casas y los asesine en la impunidad de la madrugada.
¿Dónde están los derechos de esas personas? ¿Dónde está y dónde ha estado el Estado en esos casos? No están.
Presentar querellas que quedan en un cajón, que es lo que se ha venido haciendo durante los últimos veinte años, no sirve. Hay una evidente falta de servicio del Estado con estas personas. No lo digo yo, lo dicen o lo han dicho reiterados fallos de la Corte Suprema. Y no es solo un problema de este Gobierno, sino que los sucesivos gobiernos y parlamentos han dejado que suceda.
Una vez más, frente a estas lamentables situaciones, falta una condena firme y categórica a la violencia como método de acción política. No vale, como se ha hecho hasta ahora, hacerlo tímidamente, condenar tal o cual hecho delictual diciendo: "Condeno la violencia, pero...", "Estas cosas no debieran ocurrir, pero...", "Es malo, pero hay que ir a las causas".
¡No basta, Presidente, esa tibia condena a la violencia!
No hay "pero" que valga frente a la violencia, ¡porque se debe estar del lado de las víctimas y no de los verdugos! No se puede seguir protegiendo a delincuentes señalando que "son catalizadores de cambios sociales, jóvenes luchadores", o planteando proyectos de indulto para delincuentes.
Espero que todos los parlamentarios aquí presentes condenen esa violencia terrorista en público y en privado, con un discurso que sea el mismo -reitero- en lo público y en lo privado, con o sin cámaras grabando. En Temuco, en este Senado, en Cañete, donde sea, el discurso siempre debe ser el mismo: ¡rechazar con fuerza la violencia!
No son estas personas, como se les llama, "jóvenes idealistas ni luchadores sociales". ¡Los delincuentes que han matado, robado y amedrentado en el centro-sur del país son terroristas! Es importante señalarlo, y ya es hora de que así se reconozca.
Estamos avanzando a pasos agigantados hacia situaciones como aquella que, por ejemplo, desangra hace mucho tiempo a Colombia: una mezcla entre bandas terroristas armadas, narcotráfico, robo de madera y violencia. Si no se para esto ahora, es muy predecible que lamentablemente se continúe con secuestros o atentados en distintas ciudades y contra autoridades y más personas civiles.
Así, el famoso control territorial se puede traducir rápidamente en amplias zonas controladas por narcotraficantes y terroristas, en zonas habitadas en su mayoría por chilenos pertenecientes al pueblo mapuche, pero que son víctimas de unos pocos que se apropian del nombre de ese pueblo para delinquir y asesinar.
Presidente, no se puede romantizar políticamente el terrorismo, la violencia y la muerte.
Surge la pregunta de por qué debiéramos prorrogar este estado de emergencia. Y la respuesta nace inmediatamente: porque la vida de los chilenos se defiende con toda la fuerza del Estado, porque al terrorismo se le combate, porque si los militares no apoyan a los carabineros, lamentablemente las policías no tienen cómo enfrentar bandas armadas con alto poder de fuego. Todo Chile ha visto los videos de las ráfagas de armas de guerra donde se amenaza al Estado y se reivindica lo injustificable: el asesinato y el terrorismo.
Para el diálogo político, Presidente, se requieren pocas cosas. Tal vez, la primera es la paz. Si el Estado no logra imponer la paz por medios superiores a los que usan los delincuentes, no hay diálogo fructífero. Colombia va encontrando poco a poco la paz, no por los acuerdos de La Habana, sino porque primero derrotó militarmente a las FARC. Y el país vasco obtuvo también la paz derrotando primero a la ETA.
Este Senado ha entrampado algunas reformas legales para perseguir el robo de la madera que financia a los terroristas o para dotar de mejores técnicas en materia de inteligencia y de investigaciones. Pero si no aprueba esta prórroga del estado de excepción, se convierte en cómplice de cada muerte que se puede evitar en La Araucanía y en la provincia de Arauco.
Voto a favor, Presidente.
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora Ebensperger.
Senador Francisco Chahuán, tiene la palabra.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, vemos el debilitamiento progresivo del estado de derecho, la incapacidad de poder sorprenderse por parte de la opinión pública de los hechos que ocurren día tras día en La Araucanía y en la macrozona sur, la falta o la pérdida de capacidad de asombro y, por supuesto, la incapacidad del Estado de poder realizar su labor. Nosotros, como bancada de Renovación Nacional, esto lo hemos tomado como un tema serio y nos hemos reunido tanto con el Fiscal Nacional cuanto con el Ministro de Justicia, el Ministerio del Interior y el Fiscal Regional, y finalmente presentamos algunas querellas criminales, fundamentalmente por el caso del incendio agravado con resultado de muerte de don Hernán Allende y la situación de estado gravísimo en que se encuentra hoy día doña Delia Flores.
Ciertamente, esto es parte de un indicador: más de 18 escuelas y jardines infantiles quemados y 660 niños no tienen posibilidades de acceder a la educación. El Ministro de Educación calificó aquello como un acto miserable. ¡Cómo no va a ser miserable incendiar una escuela! ¡Cómo no va a ser miserable incendiar un jardín infantil! ¡Cómo no va a ser miserable generar condiciones que ocasionen miedo en la zona! La última fue la Escuela de Lautaro.
Son 866 hechos de violencia, 94 por ciento más que en el año 2020, y los detenidos subieron 407 por ciento. De más está decir que las personas detenidas son 304; por robo de madera, 165, y por desórdenes públicos, 17. Y el Ministerio del Interior ha presentado 113 querellas, de las cuales el Observatorio Judicial de La Araucanía ha señalado que solo el 9 por ciento ha terminado en formalizaciones.
Cuando fuimos a hablar con el Fiscal Regional, este nos decía: "Miren, la unidad de delitos complejos tiene una persona a cargo". ¡Una persona a cargo! Y al preguntarle si efectivamente los fiscales iban al lugar de los hechos, nos señaló: "No, porque no podemos poner en riesgo a los fiscales".
Es decir, ¡tenemos un Estado de derecho debilitado! Y por eso los Senadores de Renovación Nacional le enviamos una carta abierta a la Corte Suprema manifestándole que estamos dispuestos a hacer las adecuaciones legislativas necesarias para garantizar el derecho de vivir en paz a todos y cada uno de los vecinos de La Araucanía.
Cabe señalar que el 42 por ciento de los detenidos en los últimos cuatro años se ha verificado en el primer semestre del 2021 y que han sido incautadas 331 armas, la mayor parte entre mayo y junio: 117 corresponden a réplicas, hay 3 fusiles, 68 escopetas, 47 revólveres, 37 pistolas y 15 armas de grueso calibre.
O sea, se ha perdido la capacidad de asombro en La Araucanía y la macrozona sur. Más bien, se ha normalizado la violencia.
El narcoterrorismo, que se esconde detrás de la causa legítima de los pueblos originarios, ¡no puede mantenerse en la impunidad! Y por eso hacemos un llamado a este Congreso Nacional a que en definitiva sepa distinguir lo que es la causa legítima de los pueblos originarios que, por de pronto, defendemos.
Nosotros hemos presentado proyectos de ley que dicen relación con el reconocimiento constitucional de aquellos pueblos, como también la iniciativa que buscaba establecer el Día de los Pueblos Originarios, o el reconocimiento de las tradiciones y prácticas deportivas ancestrales, o reconocer la lengua de los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile. Son proyectos de ley de nuestra autoría que se encuentran en este Parlamento, y estamos esperando que se resuelvan.
Pero lo que estamos viendo ahora no tiene que ver con los pueblos originarios. ¡Esto dice relación con el narcoterrorismo que se esconde detrás de la causa legítima de los pueblos originarios!
Presentamos esta querella para que se investigue a la CAM, para que sea declarada una organización terrorista, así como a las distintas organizaciones que validan la violencia y que se jactan de tener justamente armas de grueso calibre, que ejecutan al cabo Naín, que ejecutan a la policía, como ocurrió en el caso de Temucuicui: ¡ejecuciones!; ¡actos deliberados!
Por eso, claramente, hacemos el llamado de atención respecto de una región que sin lugar a dudas ha sufrido, y no solamente el miedo. Nos reunimos con las comunidades mapuches, las que nos reclamaban por más seguridad: hay dos hijos de un lonco miembro del parlamento mapuche que fueron acribillados; hay algunos loncos que están con miedo y pavor, a quienes les han quemado sus viviendas y sus herramientas de trabajo.
¡Por eso hago este llamado de atención!
Tenemos que terminar con lo que ha sido una situación dramática en La Araucanía, una de las dos regiones más pobres de Chile; una región donde en el primer trimestre de este año ha aumentado la usurpación de tierras en un 688 por ciento; una región en que se han quemado iglesias. ¡Qué tiene que ver... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador Chahuán, lleva más de siete minutos con su argumentación.
Por favor, trate de redondear, dentro de lo que pueda.
El señor CHAHUÁN.-
Presidente, el pueblo evangélico y las comunidades católicas que han sufrido las quemas de iglesias; los estudiantes de los colegios en las escuelas rurales; las postas rurales, o los niños que están en los jardines infantiles ¡qué culpa tienen!
Acá el combate al narcoterrorismo debe ser frontal. No puede haber zonas al margen de la ley.
Por eso, por supuesto apoyamos al Gobierno para la extensión del estado de excepción y apoyamos al Gobierno en las labores que dicen relación con establecer elementos de desarrollo para nuestros pueblos originarios, para aquellos que se han visto exhortados, increpados por la violencia y el narcoterrorismo.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias.
¿Supongo que vota a favor después de su intervención?
El señor CHAHUÁN.-
A favor.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidente.
Quiero poner en el debate algunas palabras, algunas reflexiones de la actual Presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, que comparte en una columna de hace algunos días llamada "Diálogos plurinacionales constituyentes". Ella dice que desde los años noventa las políticas del Estado se han dirigido hacia el pueblo mapuche en dos direcciones: por un lado, focalización de la pobreza; y por el otro, políticas de seguridad o militarización. Todos los gobiernos han utilizado exactamente la misma fórmula; han existido momentos donde el Ministerio de Desarrollo Social tiene la hegemonía del debate, y cuando fracasa, atento se encuentra el Ministerio del Interior para incorporar más gastos en seguridad y estrategias de militarización.
Esta fórmula fracasó, y en la actualidad es incompatible con los grandes debates que debemos darnos como sociedad plurinacional.
No son muchos los instantes que tenemos en la historia para dialogar amplia y profundamente sobre nuestras heridas colectivas y buscar caminos de sanación. Uno de estos caminos es la Convención Constitucional: ¡es una oportunidad!
Por ello es necesario que allí se converse de ciudadanías interculturales, autonomías, plurinacionalidad y territorio, demandas históricas que no han sido oídas en las últimas décadas.
Para asumir estas grandes tareas históricas, un primer elemento fundamental que debe despejarse de todo discurso político es el siguiente: los mapuches no son los enemigos internos del país; por el contrario, son otro de los pueblos de esta comunidad política, un pueblo preexistente al propio Estado y que busca su reconocimiento como tal para desde allí avanzar en la redistribución del poder y las condiciones para la existencia digna de todos los pueblos.
Por otra parte, Fernando Pairican, un destacado historiador, joven mapuche, en otra reflexión sobre la desmilitarización del Wallmapu plantea que el informe Ejecutivo sobre Verdad Histórica, Reparación y Garantías de no Repetición de los Pueblos Originarios, redactado al interior de la Convención Constitucional, ha concluido que algunas prácticas históricas del Estado, en relación con los pueblos indígenas, deben ser consideradas actos de genocidio. Ello se ha traducido en la necesidad de una reparación integral, material, política y simbólica. Para llevarlo a efecto se necesitan garantías de no repetición. Y la militarización va en sentido contrario: no garantiza la repetición de actos de graves violaciones a los derechos humanos.
Todo podría haberse evitado si los gobiernos hubiesen insertado los derechos colectivos de los pueblos indígenas, del pueblo mapuche en particular, acorde a las reformas institucionales que se recomendaban desde los organismos internacionales hace mucho tiempo a Chile.
Sin embargo, el camino fue otro: incrementar la represión. Y el movimiento mapuche inició, claro, una campaña social bajo el lema "Desmilitarización del Wallmapu".
Difícil que no fuese de ese modo. La violencia ha ido escalando. Se comprueba con el reciente caso del joven Jordan Yempi, una nueva víctima de la política que solo ha incrementado la violencia.
Entiendo que -y el Gobierno me puede corregir-, según la Fiscalía de Cañete, se estaría afirmando la tesis de un asesinato por parte de agentes del Estado, de las Fuerzas Armadas a un joven que se encontraba en el patio de su casa, y que los detenidos ni siquiera fueron pasados a formalización por la Fiscalía.
Otra víctima joven, que se suma a Alex Lemun, Matías Catrileo, Mendoza Collío, Camilo Catrillanca, escalando el conflicto y la violencia: cada muerte de cada joven mapuche en democracia escala el conflicto y la violencia. La pregunta es: ¿eso quieren?
Ahora bien, es importante dar cuenta de algunos datos del estudio de opinión del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas en la medición de agosto del 2021. Al consultar sobre cómo debería solucionarse el conflicto con los pueblos originarios, un 34 por ciento estuvo a favor de la restitución de tierras; un 35 por ciento, por reconocerlos constitucionalmente, e invirtiendo en salud y en educación; mientras que las cifras sobre el aumento de la seguridad pública contaron solo con el apoyo del 1 por ciento de adhesión.
Por otro lado, una consulta ciudadana no vinculante en la comuna de Tirúa en diciembre del 2019, en pleno contexto del estallido social, arrojó que una inmensa mayoría estaba a favor de que se vayan las forestales del territorio.
Sabemos que las forestales han sido fuente de conflicto y despojo violento, ecosocial a comunidades desde la dictadura y durante las últimas décadas. Sería ciego no ver esa realidad.
Esta consulta solo se llevó a cabo en la Región de La Araucanía, porque en la del Biobío no se realizó, donde participó un bajo porcentaje del padrón electoral y solo se hizo por internet. Fue un ejercicio mediático de los sectores conservadores y críticos al movimiento mapuche, orquestado desde el Gobierno, desde el gobernador regional, impulsado políticamente desde La Moneda, sectores opositores, conservadores a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Por último, Jan Jarab, de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dice que es de especial preocupación el estado de excepción constitucional impuesto en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía, que posibilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones. Los militares y las Fuerzas Armadas están entrenados para la guerra, para enfrentar a otro ejército, no para tareas de orden público, y menos en un contexto de conflicto histórico.
Jan Jarab recalcó que la solución a la conflictividad crónica no será resultado de políticas y medidas de seguridad que favorezcan la militarización en la zona, sino de todo lo contrario: del diálogo, del reconocimiento de las demandas históricas, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente del pueblo mapuche.
Aprovecho de preguntarle -por su intermedio, Presidente- al Ejecutivo qué pasa con la ejecución presupuestaria de Conadi para la compra de tierras y su potencial relación con el aumento de la conflictividad en el territorio.
No estoy disponible para cheques en blanco a este Gobierno; no estoy disponible para la prórroga de este estado de excepción, Presidente.
Voto en contra.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Latorre.
Tiene la palabra el Senador Kast.
El señor KAST.-
Gracias, Presidente.
Primero, quisiera hacer una breve reflexión política antes de entrar en el fondo de lo que estamos conversando hoy día, que claramente es muy complejo.
Lo cierto es que creo que hay algo que hace falta actualmente en nuestro mundo político, y es que la democracia se trata de un pacto donde aceptamos todo menos la violencia. ¡Todo! Esa es la gracia. Es terminar con la ley de la selva y, por lo tanto, decir que todas las diferencias políticas se resuelven por la vía política, con un lápiz y un papel, y nunca tolerando la violencia. Por consiguiente, son adversarios, son enemigos todos aquellos que ocupan la violencia. No es lo mismo el monopolio de la fuerza del Estado para justamente garantizarles la paz a los ciudadanos que quienes se atribuyen el derecho de utilizar la violencia contra otros ciudadanos. Eso, obviamente, siempre respetando los procedimientos de respeto a los derechos humanos.
Por eso es de conocimiento público que, luego de décadas de sufrimiento, la semana pasada se promovió una consulta ciudadana histórica en la Región de La Araucanía. Quiero aprovechar de felicitar al Gobernador Luciano Rivas y a cada uno de los alcaldes de distintos colores políticos, quienes, en lugar de simplemente decir "Esto es lo que hay que hacer", escucharon a la ciudadanía.
Muchos hablan acá de descentralización y de participación ciudadana. Bueno, hoy vamos a ver si efectivamente esas dos palabras, "descentralización" y "participación ciudadana", se transformarán en los votos de los distintos Senadores de Chile; o si, por el contrario, no se va a querer escuchar a las regiones y finalmente se hará simplemente lo que deseen las distintas personas y no lo que la ciudadanía está pidiendo.
Algunos han señalado: "No, es que votó muy poca gente".
Yo quisiera dar a conocer algunos datos. ¿Saben cuántas personas votaron en la última elección de gobernadores? Lo hicieron 124 mil. ¿Saben cuántos votaron en la consulta ciudadana que realizaron los municipios con el gobernador? Fueron 145 mil.
El Alcalde de Temuco salió elegido con 24 mil votos, como ejemplo: un merecido triunfo. Bueno, en Temuco votaron 52 mil personas: ¡el doble!
Y con respecto los Senadores que estamos acá, simplemente para hacerles el cuento: yo saqué 63 mil votos; Francisco, mi colega aquí, 38 mil; el Senador Quintana, 34 mil. Si sumamos a todos los Senadores, son 173 mil votos. La consulta estuvo muy cerquita de esa cifra: tuvo 150 mil.
Entonces, a los Senadores que tal vez legítimamente piensen "No, sabe que no me gusta esta estrategia" les quiero decir que hoy día enfrentamos una decisión muy relevante, porque el mandato principal del Estado es justamente garantizar la paz.
Y cuando escucho algunos discursos que hablan del pueblo mapuche pregunto: "¿Con qué derecho asocian el terrorismo con el pueblo mapuche?". Esa es una falta de respeto. Porque al final están diciéndoles, todos los que he oído señalar que lo que aquí están haciendo es ir en contra del pueblo mapuche, como si aquellos que usan la violencia lo representaran. ¡Por favor! Yo si fuese dirigente del pueblo mapuche, estaría completamente indignado si dijeran que esto se relaciona con mi pueblo.
Lo que se busca es todo lo contrario: avanzar simplemente en garantizarles la paz y defender a mapuches y no mapuches en el mandato básico que tiene. Y algunos preguntan: "¿De qué ha servido?". Déjenme decirles algunos datos, que también los mencionó el Ministro Baldo Prokurica.
Se han reducido los ataques incendiarios en 48 por ciento; se han reducido los hechos de violencia en 65 por ciento. La media de hechos de violencia diaria era 6,5 antes del estado de emergencia: ¡6,5 hechos de violencia al día! Ahora es de 2,4.
Nadie está diciendo que esta medida va a solucionar la violencia, Acá se requiere inteligencia, modernización, tecnología y todo tipo de cosas. ¡Pero por supuesto que esto ayuda!
Finalmente, las usurpaciones se redujeron 88 por ciento.
Entonces, es curioso, porque les aseguro que si estuviéramos, como se hizo en el pasado para el norte, una ley para enfrentar el narcotráfico y con las mismas atribuciones, no habría ni un problema.
Aquí lo que se está haciendo es justamente lo contrario. Y uno se pregunta cuántas personas más tienen que morir para que finalmente el Senado, la Cámara de Diputados y el Congreso estén a la altura.
Tenemos diecinueve personas fallecidas: ¡diecinueve! De ellas, tres miembros de las policías y de la Policía de Investigaciones; personas como Eugenio Naín; Pedro Cabrera, un trabajador agrícola; Juan Barrios, un camionero que murió quemado, de Rancagua.
Entonces, de verdad, si hay algo que tal vez nos ha faltado en el último tiempo es ponernos de acuerdo en una gran cosa: que Izquierda y Derecha en materia de violencia no vamos a transar. Y perdónenme que les diga, con mucho respeto: creo que en eso la Izquierda se está equivocando.
Es más, puede que les cueste la elección presidencial, porque en el último tiempo tal vez la ciudadanía puede haber querido un cambio. ¿Pero sabe qué? El ver proyectos sobre indulto; el ver que hoy algunos de ustedes no van a apoyar el estado de excepción, el ver en el fondo esa ambigüedad para enfrentar la violencia está haciendo que la ciudadanía se canse. Lo peor de todo es que empieza a polarizarse el país. Y los que queremos acuerdos, los que queremos tener efectivamente cambios profundos, sociales, pero al mismo tiempo orden, muchas veces nos quedamos sin interlocutores válidos.
Eso desgraciadamente es lo que hemos visto. Por ello aspiro sinceramente a que en este debate, que no es solamente por La Araucanía, sino también por la Región del Biobío, los distintos Senadores, y particularmente aquellos que no pertenecen a esa zona, los que son del norte, empaticen con quienes sufren en la región. Y si realmente creen en la descentralización -porque he visto a muchos que incluso han hecho comisiones y trabajos variados-, bueno, hoy llegó la hora de la verdad: ¿van a votar escuchando a la gente de las regiones o simplemente lo harán haciendo caso a las órdenes de partidos?
Espero que sea lo primero y no lo segundo.
Por todo ello felicito al Gobierno, que finalmente tomó esta decisión, que desde Evópoli la habíamos pedido hace mucho tiempo, porque no podemos escatimar ningún recurso constitucional, dentro del Estado de derecho y respetando los derechos humanos, para garantizarles la paz a quienes sufren.
Hoy día son miles las víctimas que nos están escuchando en La Araucanía. Son 150 mil los que votaron en esta consulta y que esperan que, tal como lo hizo la Cámara de Diputados hace pocas horas, en que aprobó la extensión del estado de excepción constitucional, este Senado proceda a lo mismo.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Kast.
Tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Gracias, Presidente.
El colega que me antecedió en el uso de la palabra señaló textual: "Si yo fuera mapuche, estaría indignado porque esta ley se relacione con el pueblo mapuche".
Escuchando con mucha atención al señor Ministro del Interior, con quien nunca he conversado -nunca me ha llamado, siendo Senador de La Araucanía, ni siquiera por esta votación; tampoco lo ha hecho el Gobernador de La Araucanía, y eso que integro la Comisión de Seguridad-, constato que lo único que ha hecho en esta intervención ha sido justamente centrar el problema de La Araucanía en que los mapuches son los violentos; que los mapuches son los que queman; que los mapuches son los que destruyen.
Hizo una descripción de lo que es Temucuicui y de las comunidades, y finalmente la respuesta que el Ministro da es que la solución para esto es el Ejército.
Una de las razones por las cuales se invoca este estado de excepción es el narcotráfico: o sea, mapuches y, además, narcotraficantes. Si eso no es estigmatización, yo no sé qué es. Otra cosa es decir: "En tal comunidad, o tal persona que es buscada por la justicia". Esa es otra discusión. Pero nada de eso ocurre.
Entonces, señor Presidente, aquí hay colegas que plantean esto como si fuera en blanco y negro, como si aquí hubiera algunos que están a favor de la paz y otros estuvieran poco menos que promoviendo la violencia.
Ya sabemos que hubo un actor político en la región que dijo tamaña expresión y que dicho actor político es el que en rigor tendría que haber hecho la encuesta. Porque seamos claros: esta encuesta se diseñó, se pensó en La Moneda, no en el gobierno regional.
Ya dijo aquello el Senador Chahuán.
Bueno, la verdad es que el Senador Chahuán dijo esto hace varios días. Era cosa de escuchar a mi colega Felipe Kast durante la semana pasada cómo en todas las radios de La Araucanía -estaba en su derecho; seguramente pagó por esa frase- llamaba a votar por el "sí" en esta encuesta.
Entonces, cuando me dicen que esta encuesta es comparable con la elección de gobernador, con la elección de diputado, con la elección de alcalde, con la elección de constituyente, ¡por favor, cómo va a ser comparable! ¡Dónde están los apoderados! ¡Pero si en esta encuesta había hasta un recurso de protección presentado por un dirigente, Aucan Huilcaman, el que además fue acogido por la Corte de Apelaciones!
Luego, comparar esto con cualquier proceso electoral público francamente no lo entiendo.
Decía que dentro de los argumentos para prorrogar está esto de los quince días. Porque hay gente que nos está escribiendo y que piensa que el estado de excepción constitucional de emergencia se prorroga eternamente. ¡No! Es por quince días, algo que en treinta días no ha funcionado.
El propio Ministro del Interior señalaba: "Es que estos treinta días hemos estado aprendiendo". "¡Hemos estado aprendiendo!". Palabras textuales del Ministro del Interior. También han estado prendiendo del proceso de la pandemia, en fin, para ser estricto.
Por lo tanto, cuando dentro de los argumentos que se dan está el narcotráfico -o sea, mapuches asociados al narcotráfico-, yo no sé cómo solucionamos un conflicto histórico, étnico, cultural con ese tipo de estigmatizaciones y expresiones de un Ministro del Interior.
A mayor abundamiento, se dice que todo esto se debe al exceso de armas que circulan ilegalmente -obvio: la circulación es ilegal- y que no están registradas. Pero yo pregunto: ¿quién es el responsable de las armas en este país? El señor Ministro Prokurica. Él es el responsable de las armas, del control de las armas. ¡Él y el Ejército de Chile! ¿A través de qué? De la Dirección General de Movilización Nacional, dependiente directa del Ministerio de Defensa. O sea, no es que a los militares haya que sacarlos a custodiar porque alguien tiene que preocuparse de las armas, pues han tenido esta responsabilidad cinco, diez, cincuenta años, en realidad cuarenta y nueve, para ser exactos.
Cuarenta y nueve años los militares han estado a cargo del control de las armas en Chile a través de dos organismos: la Dirección General de Movilización Nacional -su jefe, el ex Senador Prokurica- y el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército. Entiendo que ambas instituciones están dirigidas, además, por militares en ejercicio. ¡Cuarenta y nueve años! Y hoy día tenemos un descontrol completo de las armas en manos del narcotráfico.
Entonces, ¡por favor!, no pongamos esta discusión entre buenos y malos.
Quienes algo conocemos al Presidente Piñera sabemos que él es el autor intelectual. El Presidente Piñera -no nos perdamos- es el autor intelectual de esta consulta y del estado en que estamos hoy día.
Tiene razón el Senador Kast: tenemos un país extremadamente polarizado. Pero algunos creen que la mejor solución para un país polarizado es este estado de excepción.
Ahora, si a mí me dijeran, con datos de la Fiscalía, objetivos, que estos últimos treinta días han sido más tranquilos, ¡por favor! ¡Si tuvimos un lactante muerto en Santa Rosa, en Temuco, la semana pasada! ¡Cuándo había ocurrido eso en Temuco! ¡Nunca! ¿Por qué ocurre eso? Eso es consecuencia de que las policías se han replegado.
Hay un dato real de los que entrega el Gobierno: se han registrado más detenidos, más personas que eran buscadas y tenían órdenes pendientes.
Pues bien, lo dice también el...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador, trate de redondear la idea. Cumplió su tiempo.
El señor QUINTANA.-
Son siete minutos.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Sí. Eso es lo que les hemos estado dando a todos.
El señor QUINTANA.-
Me faltan dos minutos.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
No, partió con siete.
Trate de redondear.
Tiene la palabra, Senador.
El señor QUINTANA.-
Entonces, señor Presidente, no es que aquí haya algunos que estén a favor de la violencia y otros que estén en contra de ella. ¡No! Todos condenamos los hechos de violencia.
Esta típica consulta: "¿Usted condena la violencia?". ¿Pero quién no condena la violencia? Lo que pasa es que esa condena tiene que hacerla quienes correspondan, en este caso la justicia. Nosotros tenemos que generar condiciones para que esa violencia no ocurra.
Entonces, yo llamo al Gobierno -en los pocos segundos que me quedan; yo pensé que había siete minutos para todos-, así como optó por el diálogo en los primeros meses de su mandato -nadie lo puede discutir; el Ministro Moreno jugó un rol y efectivamente tuvo una voluntad en ese sentido-, a que haga lo mismo en los cuatro meses que le quedan; a que restituya los fondos de la Conadi que han sido suprimidos -hay una bajísima ejecución presupuestaria-; a que fortalezcamos el rol de las policías.
Si quiere, urgencia al proyecto de seguridad pública... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Señor Secretario, para que el Senador Quintana pueda manifestar su voto.
¿Senador Quintana?
¿Senador Quintana?
Bueno.
Tiene la palabra el Senador Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Gracias, Presidente.
Quienes no vivimos en la Novena Región pero que día a día somos espectadores o auditores, a través de los diferentes medios de comunicación, de los hechos de violencia que ocurren a cada instante en la macrozona sur, indudablemente tenemos un profundo grado de preocupación, pues lo que se nos propone hoy día es prorrogar la vigencia de un estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público.
Y si alguien piensa que descarrilar vagones de trenes, quemar camiones, incendiar casas, disparar a trabajadores (a veces con resultado de muerte), incendiar peajes en carreteras, tomar predios no es una alteración grave al orden público, creo que debiéramos revisar conceptualmente en qué estamos pensando.
En ese sentido, cuando tenemos esta grave alteración del orden público, sin duda, ante situaciones excepcionales se requieren, se necesitan y urgen medidas excepcionales, más aún cuando se ha acreditado que en la zona predominan el crimen organizado y el narcotráfico, que generan estas alteraciones del orden público, alteraciones a vivir en paz y en tranquilidad.
Si nos colocamos en el lugar de la gente de la región que decide voluntariamente a través de los órganos más cercanos y más representativos de su comunidad, que son los municipios, para hacer una consulta ciudadana y expresar su opinión con respecto a esta situación de emergencia y de grave alteración al orden público que se vive en la macrozona sur, y nos encontramos con una participación de 145 mil personas, participación ciudadana que lideran 32 municipios de la región y donde un 82 por ciento manifiesta la necesidad de mantener esta situación, creo que en un acto de humildad como Congreso debemos ser receptivos a esa opinión ciudadana; como un acto de humildad debemos saber escuchar lo que nos dicen las personas que viven diariamente estas situaciones gravísimas y que alteran su vida cotidiana.
En consecuencia, cuando ya está operando este estado de excepción y se nos demuestra con datos objetivos y reales que se ha producido una baja en los hechos de violencia, que los atentados incendiarios se reducen, que disminuyen las usurpaciones de terrenos, que aumentan las detenciones, indudablemente eso da cuenta de que se necesitan este refuerzo y este complemento.
Quiero terminar mis palabras, Presidente, invitando a que hagamos esta reflexión y, fundamentalmente, a que escuchemos a las personas, a la ciudadanía, que están viviendo este calvario y este infierno que impacta profundamente en su vida cotidiana, pues no pueden vivir en paz y en tranquilidad.
Y si esta medida a ellos les ayuda, espero que en este Congreso estemos a la altura y podamos aprobar esta propuesta de mantener, de prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público en la macrozona sur de nuestro país.
He dicho, señor Presidente.
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Alvarado.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Presidente, debo empezar por decir que me explico perfectamente la actitud de mi colega el Senador Jaime Quintana, quien de pronto siente que aquí cada uno hace su sesión aparte, discute sus cosas en distintos lugares de la Sala y nadie escucha un debate que a mi juicio es de importancia fundamental.
Yo quiero empezar, por lo tanto, por preguntarme cuál es la naturaleza de este debate.
Aquí se está pidiendo la prórroga de un estado de excepción cuyo objetivo principal -puede haber otros, por cierto- es poder disponer de Fuerzas Armadas en la zona de La Araucanía, en virtud de la situación de violencia que -no lo niego- es real y existe. Y estamos preocupados de esto.
Ciertamente la situación en La Araucanía se ha agravado, y muchas de las cosas que aquí mencionaba hace un momento atrás... (Rumores).
¡Por favor, por favor! ¡Por lo menos hablen afuera! ¡Por Dios!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Escuchemos al Senador, por favor.
El señor INSULZA.-
Gracias, Presidente.
Como decía recién el Senador Alvarado, en La Araucanía han ocurrido todas las cosas que se han mencionado aquí. Han ocurrido incendios, han ocurrido quemas, han ocurrido tomas de terreno y otra serie de cosas.
¿Cuál es la naturaleza de lo que estamos viviendo? El Gobierno no nos define la naturaleza de lo que estamos viviendo al pedirnos la ampliación del estado de excepción. Y naturalmente puede ser de una o dos maneras, porque por algo tenemos en nuestro país Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Pública. Ambas están en la Constitución Política y tienen dos usos distintos: las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están para controlar situaciones de violencia interna que no llegan a ser enfrentamientos militares. Y también existen las guerras internas, para lo cual algunos países han utilizado muchas veces las Fuerzas Armadas.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un problema de orden público o de un problema de guerra interna?
Yo no creo que estemos hablando de un problema de guerra interna. ¡No lo creo! Creo que hay violencia, hay problemas complicados, hay desobediencia de la ley y todas esas cosas, pero me parece que este es un problema de orden público, y lo primero que tendría que hacer el señor Ministro es decirnos cuál es el resultado del trabajo de las Fuerzas de Orden Público. (Rumores).
¡Por favor! Gracias.
Presidente, es difícil seguir hablando así, digámoslo con franqueza. Yo llamo la atención sobre esto, porque es muy difícil hilar un discurso aquí con todo el mundo conversando alrededor. Pero voy a intentar seguir.
¿Cuál es el resultado del trabajo del Gobierno en materia de orden público en La Araucanía? ¿Para qué ha servido? Día a día escuchamos que hay más desórdenes, que se asaltan y se queman más camiones, que se incendia más madera y que, además, hay grupos que claramente proclaman subversión. ¿Ese es el resultado del trabajo de orden público?
¡Rindamos cuenta, pues! Rindamos cuenta primero y digamos: "No somos capaces de hacerlo; aquí pasa algo distinto". ¡Yo no he escuchado eso! Solamente he escuchado pedir que pasemos a una etapa bastante más complicada, bastante más complicada. Esto no es cualquier cosa.
El uso de fuerzas militares dentro de un país no es simple, no es una escala. Es un cambio cualitativito. Y ese cambio cualitativo significa declarar que ese problema requiere una fuerza interna que está destinada a la guerra. Para eso sirven las Fuerzas Armadas: para proteger al país en la guerra.
Y como dijo alguna vez alguien que no me gusta nombrar pero que a mi juicio en esto tenía razón, cuando en marzo del año 73 una periodista le preguntó al General Jefe de la Guarnición de Santiago, don Augusto Pinochet, si iba a ser necesario movilizar al Ejército, él respondió: "Ojalá que no, señorita; porque cuando el Ejército sale, sale a matar". "No me gusta decir esto", dijo, "pero es lo que sabe hacer y es para lo cual se prepara".
El Ejército no sale para detener a nadie, no sale para maniatar, no sale para tirar bombas lacrimógenas, no sale para repeler desórdenes; sale a defender su causa de la manera en que se defiende: disparando.
Hemos tenido hasta ahora un solo muerto en La Araucanía durante estos días, más allá de lo que dijo el Senador Kast. Ha habido otros casos -es cierto-, pero es raro que en la primera ocasión que se produce un incidente se termine con un muerto.
Por eso, si realmente van a mandar a las Fuerzas Armadas a La Araucanía deben tener claro que va morir gente, porque a eso van. ¡Está en su naturaleza! Esto no es una crítica. Yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas y su función, pero no es una crítica decir que cuando salen a trabajar ¡tienen que disparar, pues!
Ahora, alguien podrá decirme "Es bueno que disparen", pero eso no es compatible con lo que nos ha contado aquí la Ministra de Desarrollo Social.
No existe esto de que estamos, por un lado, con este estado de excepción y, por otro, con el diálogo. Eso no es posible. Eso se dijo al principio del Gobierno, y no funcionó.
Entonces, yo por lo menos, Presidente, espero que me definan qué se quiere hacer aquí. ¿Declarar que en esa zona hay un estado de guerra interna o declarar que hay un fracaso de la seguridad pública? Yo creo que hay un fracaso de la seguridad pública, pero no estoy disponible para aprobar un acto de guerra interna.
Más aún, quiero decir con mucha franqueza que esto lo hemos vivido ya. Cuando llegan las Fuerzas Armadas, es muy fácil que entren y es muy difícil que salgan, porque naturalmente estas guerras, estos conflictos siguen. El enemigo -entre comillas- se repliega y después vuelve, etcétera. Entonces, no me hablen de Afganistán, de Vietnam ni de esas cosas. Estas técnicas no funcionan.
Los conflictos sociales, cualesquiera que sean sus causas, no se resuelven por la guerra, sino finalmente en alguna forma de negociación.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Concluyó su tiempo, Senador.
Dele un minuto, Secretario.
El señor INSULZA.-
Sería bien interesante que este Gobierno también nos dijera, si cree que tiene un enemigo, qué hace para negociar con él, qué tipo de solución busca, qué le quiere ofrecer. ¿Quiere discutir el problema de las tierras? ¿Quiere discutir el problema de la representación política? Lo que se quiera. Pero en algún lugar y en algún momento este conflicto tiene que resolverse de otra manera; por la vía militar no se resuelve.
Nosotros hemos vivido situaciones así y no estamos dispuestos a vivirlas de nuevo de manera tan simple, más allá de que le duela a quien le duela.
Por lo tanto, voto en contra, Presidente.
Yo no soy partidario del uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, pues eso es profundamente negativo para el país y para su democracia.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senador Insulza.
Vamos a dejar con la palabra a la Senadora Ena von Baer.
La señora VON BAER.-
Gracias, Presidente.
¿Cuál es el deber del Estado cuando sus ciudadanos sufren diariamente violencia, cuando bajo amenazas encapuchados les piden que paguen peaje para circular por rutas públicas, cuando queman sus maquinarias de trabajo, cuando queman sus casas, cuando rocían con bencina a los conductores de camiones, cuando asesinan a sus compatriotas?
¿Cuál es el deber del Estado cuando los ciudadanos viven con miedo permanente?
¿Cuál es el deber del Estado cuando sus compatriotas viven aterrorizados?
Presidente, es claro. El rol del Estado es utilizar todos los medios para reestablecer la paz y el orden público. Y si las policías no son capaces -y no lo han sido durante todos estos años, tanto en los gobiernos de Izquierda como en los de Derecha-, no solo es legítimo utilizar el apoyo de las Fuerzas Armadas, sino que es deber del Estado recurrir a ellas, porque el Estado es el responsable de que los ciudadanos vivan tranquilos y vivan en paz.
Señor Presidente, nosotros, los Senadores, también somos parte del Estado y, por lo tanto, también somos responsables de que los chilenos vivan en paz.
No basta con condenar la violencia: hay que actuar en contra de ella.
¡Cuántas veces -y lo repite hoy, por su intermedio, Presidente, el Senador Insulza- hemos escuchado que el orden público y la lucha contra la violencia solo son tareas del Ejecutivo!
Sí, es verdad.
Pero hoy, señor Presidente, la carga de la prueba también está sobre nuestros hombros.
Hoy el Senado y cada uno de los Senadores -también el Senador Insulza- es responsable de la lucha contra la violencia.
¿Solo vamos a hablar en contra de la violencia o también vamos a actuar en contra de ella?
Hoy nosotros en este Senado estamos llamados no solo a hablar, sino que también a actuar en contra de la violencia.
Yo pregunto en esta Sala cuántos van a pasar realmente del discurso a la acción. ¿Cuáles son los Senadores que se comprometen a actuar y a trabajar por la paz? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son?
Señor Presidente, por su intermedio, al Senador Quintana: usted, no los ministros, no nosotros, relacionó esta medida, que busca combatir la violencia, con el pueblo mapuche. Y no hay relación entre la violencia y el pueblo mapuche. ¡No hay relación! Esta es la acción de grupos narcoterroristas -eso está demostrado-, y el estado de excepción es contra ellos.
Y por su intermedio, nuevamente al Senador Insulza: me parece que usted no cree que los conflictos sociales impliquen violencia.
--(El Senador Insulza niega con su dedo índice).
La violencia no significa y no es igual a los conflictos sociales; la violencia nunca debe tener espacio...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Pida la venia de la Mesa, Senadora Von Baer, si quiere dirigirse a alguien.
La señora VON BAER.-
La violencia, por su intermedio, Presidente -y no me estoy dirigiendo a nadie-, nunca debe tener espacio en nuestra democracia.
Señor Presidente, lamento que el Senador Quintana diga que va a votar en contra, porque, cuando se trata de "sus" objetivos políticos, ofrece "retroexcavadoras", pero, cuando se trata de dar seguridad a los vecinos de nuestro sur, les niega la sal y el agua; se opone a medidas permanentes, a la ley de tráfico de madera, a la ley de usurpación, y ahora, también, se opone a las medidas transitorias.
Señor Presidente, yo me comprometo con la paz. Y no solo eso: insisto, en esta Sala, en que hay que solicitarle al Presidente de la República que el estado de excepción se amplíe a la Región de Los Ríos, pues no podemos permitir que el narcoterrorismo extienda su control territorial a zonas donde hasta ahora había paz.
En nuestra región, señor Presidente, ya no la hay. No solo hemos tenido situaciones fuertemente violentas (una emboscada que terminó con siete carabineros heridos), sino que también se quemó la maquinaria que se estaba usando para arreglar el camino que va de Valdivia a Curiñanco, camino que está al servicio de las personas. Ahora ya no está siendo arreglado, justo cuando tenemos mejor clima.
Señor Presidente, desgraciadamente la violencia ya no es un problema exclusivo de las provincias de La Araucanía y el Biobío. Las pymes, los vecinos y las familias de Los Ríos miran con mucho temor cómo grupos con alta capacidad de fuego actúan en nuestra región. Nuestros carabineros no tienen los medios ni tampoco la preparación para enfrentarse a estos grupos.
Hago un llamado al Gobernador Regional, don Luis Cuvertino, que descarta de plano extender el estado de excepción a Los Ríos, para que empatice, ¡empatice!, con el miedo que tienen hoy las familias de nuestra región; a que vea cómo los atentados han afectado no solo a privados, sino también a maquinarias destinadas a mejorar y reparar caminos.
Le pido al Gobernador que haga una consulta ciudadana, como la que se hizo en La Araucanía, para que se pueda expresar el sentir de los habitantes de la Región de Los Ríos, porque, señor Presidente... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Un minuto, Senadora, para que pueda terminar su intervención.
La señora VON BAER.-
Como decía, le hago un llamado al Gobernador de mi región y le pido que efectúe una consulta ciudadana como la que hizo el Gobernador de La Araucanía, para que se pueda expresar democráticamente el sentir ciudadano de Los Ríos, porque, señor Presidente, los chilenos quieren paz.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Juan Pablo Letelier.
No se encuentra en la Sala.
Por lo tanto, tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, Presidente.
La verdad es que he quedado muy impactado con lo que ha dicho la Senadora Von Baer, pues encuentro que ella apunta certeramente al tema de fondo, que no es otro que reconocer que existen situaciones excepcionales en determinadas regiones de Chile, hoy día radicadas en La Araucanía, pero que evidentemente pueden extenderse también a otras zonas, como la Región de Los Ríos, donde han ocurrido hechos de distinta naturaleza que así lo sugieren, donde hay descarrilamientos, incendios de iglesias, muerte de personas en forma bastante significativa, usurpaciones, sensación de inseguridad muy masiva.
La lógica del Estado es justificar su naturaleza. Y la pregunta de fondo es qué se hace -que es lo que plantea, creo que en el sentido correcto, la señora Senadora- cuando existe una situación objetiva. Porque creo que uno puede interpretar determinadas causas y efectos, pero lo que no puede hacer es desconocer o hacer como que no ve situaciones bastante dramáticas que están ocurriendo en algunos sectores del país.
Entonces, dado que eso ocurre, la pregunta es qué se hace de acuerdo con la lógica del Estado. No estoy hablando de una lógica política o una lógica de partido, sino de la lógica del Estado. Y a mí me parece que la conclusión es que, ante hechos de esta naturaleza, todo lo que signifique usar toda la capacidad del Estado para garantizar la paz apunta en el sentido correcto.
Lo anterior no es contrario a que uno pueda generar espacios de diálogo, como lo hizo este Gobierno -lamentablemente, sabemos que muchos de sus esfuerzos no fructificaron, aunque no por su voluntad; podemos analizarlo en otro escenario-, y eso tampoco excluye lógicas de desarrollo, de crecimiento, pero, cuando uno habla de usar toda la capacidad del Estado para garantizar la paz, tiene que hacerlo de esa manera, puesto que lo contrario significa una renuncia a tener Estado, a ser parte de ese Estado.
Ahora, lo importante es que eso se haga con un sentido de racionalidad en relación con lo que se pretende enfrentar. Por eso, Presidente, quiero señalarle al Senador Insulza, por su intermedio, que no es lo mismo una situación de guerra interna, que podría generar un estado de sitio, donde sí hay una acción militar activa, que una grave alteración del orden público, donde las Fuerzas Armadas tienen otro rol, que es de colaboración, de ayuda a la sociedad civil, y por eso se concede por plazos determinados y requiere la ratificación del Parlamento cada cierto período de tiempo.
Esto es bien importante porque, con acierto, la misma Constitución, de la cual el Senador fue parte en su génesis, igual que muchos otros, generó una diferenciación de las distintas características de los momentos especiales en que el Estado actúa de una manera más masiva. No es igual en un caso y en otro, y por eso hay plazos, causales y lógicas diferentes.
Y lo que el Gobierno está planteando ahora me parece de alto sentido común, que es decir: ya que estamos en una situación de mucho dramatismo, de inseguridad -insisto, porque a mí me ha impactado harto-, de descarrilamientos, de muertes, de incendios -se produjo la muerte de un camionero que a todos nos impactó y que dio origen a la Ley Juan Barrios-, el Estado debe, porque tiene sentido, usar sus capacidades, con sus lógicas y sus limitaciones. ¿Cuáles lógicas y limitaciones? Primero, que las Fuerzas Armadas cumplen un rol -voy a emplear una expresión correcta- no de primera línea, sino de colaboración y ayuda con la autoridad. Y segundo, sin afectar distintas garantías de las personas, como puede ser, por ejemplo, el toque de queda, que sí es propio de otros estados de excepción, como el estado de sitio.
Lo que aquí se busca es decir: si tenemos una lógica para congregarnos como Estado y hay una situación que está cercenando las libertades y la vida de las personas, tratemos de enfrentarlo como Estado mismo y dentro de la legalidad, con sus capacidades, aunque con las lógicas y las limitaciones que los distintos estados suponen, porque no son iguales.
Con respecto a las cifras que se han dado -no las voy a reiterar-, uno siempre podrá discutirlas, pero parece evidente que, cuando se plantea una baja, en el corto período transcurrido -porque estos son períodos breves-, en la lógica de la violencia y de los hechos contra las personas, creo que es una señal, y una señal por un período determinado. ¡Si esto tampoco es para siempre! El constituyente hizo bien en colocar plazos, para que el Congreso pudiera evaluar periódicamente. Pero haría mal este Congreso si dijera: "Mire, yo no voy a utilizar las armas que el Estado, ¡el Estado!, dentro de la legalidad, me da para enfrentar una situación excepcional".
Porque lo otro sería decir: "No está ocurriendo nada en La Araucanía". Yo no le he oído a nadie señalar aquello. Aunque alguien puede estar más a favor o más en contra, nadie lo afirma, porque sería negar una realidad.
Bueno, ante eso, uno puede graduar la utilización de las lógicas del Estado, pero me parece que sus capacidades existen justamente para garantizar la paz.
¿Qué busca esto, al final? Avanzar hacia la paz. ¿Es garantía? No es garantía; nada lo será. Pero sí me inquieta que se diga que esto, que puede estar pasando en una región e incluso extenderse a otras, es producto de la falta de Estado para hacerse cargo de una situación que violenta las garantías de las personas.
Por eso, y porque creo de verdad que esto hay que hacerlo de una manera racional, como se ha planteado, voy a votar a favor, instando a que demos estas herramientas, las cuales, insisto, se hallan consagradas constitucionalmente.
Voto que sí, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Coloma.
Tiene la palabra el Senador Navarro, don Alejandro.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidente.
El señor LETELIER.-
¡Presidente!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador Letelier, lo que pasa es que le he tratado de dar dos o tres veces la palabra y justo usted no ha estado sentadito.
El señor NAVARRO.-
¡Descuénteme el tiempo, Presidente!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¡Quédese ahí, hasta que termine el Senador Navarro! ¡Está obligado a escucharlo!
El señor NAVARRO.-
¡Si no, no hablo!
Si quiere usar de la palabra el Senador Letelier, no tengo inconveniente, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Senador Navarro.
El señor NAVARRO.-
Pero le pido retroceder el reloj.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Sí, de todas maneras le vamos a dar treinta segundos más.
El señor NAVARRO.-
Bien.
Presidente, escuché con mucha atención la exposición del Ministro del Interior, Rodrigo Delgado; del Ministro Baldo Prokurica, de la Ministra Rubilar, respecto de la forma como interpretan la situación en el Wallmapu.
Escuché también, con sorpresa, a Francisco Chahuán, que nos hizo un relato apocalíptico de lo que hoy día sucede ahí. Un domingo, estando en Tomé, escuchando la radio Bío-Bío, le oí anunciar a él, como Presidente de Renovación Nacional, que el Presidente Piñera iba a ordenar el decreto del estado de emergencia, de la militarización en el Wallmapu. Y pregunté: "¿Echaron al vocero de Gobierno? ¿Galli se fue?". Algo pasó, porque el Presidente de RN anunciaba un hecho extraordinario antes que el Gobierno lo informara cuatro días después. ¡Chahuán tenía razón! ¡Lo conversó con el Presidente de la República!
Por eso decimos que no cualquiera puede presidir la Comisión de Derechos Humanos, más aún cuando efectivamente hay esa connivencia, legítima, con el Presidente de la República, cuestionado y denunciado por violación a los derechos humanos.
Pero lo que más me sorprende -muy brevemente, y lamento que no esté Francisco en la Sala- es que olvide la lucha palestina, las veintiséis resoluciones de las Naciones Unidas en contra de Israel por los asentamientos judíos en territorio palestino; que olvide los miles de muertos en Palestina producto de las armas de fuego de Israel, por la lucha de la tierra. ¡La tierra! En Palestina también luchan por la tierra, como lo hicieron las primeras naciones en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, también en los Estados Unidos, Presidente.
Aquí viene llegando Chahuán.
Y claramente...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Diríjase a la Mesa no más, Senador.
El señor NAVARRO.-
... la tierra es un elemento central. Pero lo que escucho de los Ministros es robo de madera, narcotráfico. No hay robo de tierras. ¡No! No existe un conflicto. Es el negacionismo, la invisibilización de las causas. Ni uno solo de los Senadores de Derecha ha ido a las causas. Ni Coloma, ni Ebensperger, ni uno de los que han hablado se han referido a los hechos que ocurren en la realidad. Los militares están en el Wallmapu, donde hay conflictos graves de violencia, quema de camiones, quema de casas, quema de escuelas, ¡que condenamos! ¡Es una violencia que queremos terminar!
Lo que les decimos a los tres Ministros que nos acompañan aquí atrás, a Prokurica, a Delgado, a la Ministra Rubilar, es que este no es el camino. Este camino va a agravar los hechos. La militarización no va a resolver el problema de la violencia, que condenamos, porque ha afectado a personas, porque también hay más de quince comuneros mapuches muertos: Alex Lemun, Zenón Díaz, Johnny Cariqueo, Matías Catrileo, José Suárez Marihuan, Julio Huentecura Llancalao, Juan Collihuin, Mendoza Collío, Catrillanca, y hoy día se suman los peñis muertos por los militares.
¡Cuándo va a terminar esto!
Con más militares se equivoca el camino, Ministro de Defensa; equivoca el camino, Ministro del Interior; equivoca el camino, Ministra de Desarrollo Social. ¡Hablen de las causas, de qué pasa en el Wallmapu, de por qué hoy día se ha desatado allí un enfrentamiento!
Y, claro, hay niños que lloran porque ven su casa quemada: los niños de Temucuicui. Chile ha sido condenado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque han vivido la violencia, los desalojos. La violencia debe ser erradicada, pero hay que ir a sus causas. Y aquí están (el Senador exhibe un libro). Se lo recomendé a Coloma; todavía no se lo regalo: La historia del despojo, El origen de la propiedad particular en el territorio mapuche, de Martín Correa Cabrera.
Presidente,...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¡Regáleselo de una vez, Senador!
El señor NAVARRO.-
... algunos creen que es nuevo.
En un editorial de El Mercurio de Valparaíso se lee: "El Diputado por Valdivia y luego por Cautín, quien declama ante sus pares" (aquí, en este pinche Congreso) "que el indio no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización porque sólo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la tensión y todo ese conjunto de abominaciones que constituyen la vida salvaje".
"Es cierto que el indio es valiente, pero ¿qué salvaje no lo es? Es cierto que el indio defiende su suelo; pero lo defiende porque odia la civilización, odia la ley, el sacerdocio, la enseñanza. La patria que él defiende es la de su libre y sanguinaria holgazanería, no la santa patria del corazón, herencia de nuestros mayores, santificada por sus leyes, sus tradiciones y sus tumbas. Es una cosa probada que el indio no sabe nada de ese poderoso heroísmo de sus abuelos, que nosotros por moda les atribuimos".
¿Qué decía El Mercurio, como también hoy día lo hace? "La barbarie de Arauco: Han vuelto otra vez los indios a comenzar sus depredaciones en los pueblos de la frontera. La provincia de Arauco es nuevamente amenazada por estos bárbaros y la inquietud y la alarma se han extendido en las poblaciones del sur. ¡Qué familia puede estar tranquila y entregarse con confianza a sus trabajos, si el día menos pensado una turba de malhechores salvajes llega a su puerta, incendia sus propiedades y las hace perecer en el martirio, sin respetar a las mujeres, a los ancianos y a los niños! Ya es llegado el momento de emprender seriamente la campaña contra esa raza soberbia y sanguinaria, cuya sola presencia en esas campiñas es una amenaza palpitante, una angustia para las ricas provincias del sur".
¡El Mercurio, 1° de noviembre de 1860!
Algunos creen que este es un tema de hoy. ¿Creen estos Ministros que este es un tema que comienza cuando ellos llegaron al gobierno?
Este es un tema de historia: ¡la usurpación de las tierras mapuches! Y mientras todos los gobiernos de la Concertación, todos ellos, más este Gobierno de Piñera, ¡pinche Gobierno!, no entiendan que con los militares no van a resolver el problema, que se requiere ir a las causas originales, basales, para conversar de verdad, para que esto no continúe, para que la violencia termine, no vamos a avanzar, señor Presidente. ¡No avanzaremos!
La militarización va a traer más muertes. ¿Y a quién tiran a la cancha? ¡A la Armada de Chile!... (se desconecta el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Redondee, señor Senador, por favor.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Senador Pizarro.
Tiran a los infantes de marina, a los hijos del pueblo, quienes luego van a ser abandonados por el Gobierno, quienes, después de matar a un mapuche o a una familia mapuche y ser procesados y perseguidos por violaciones a los derechos humanos, van a tener que defenderse solos, y tal como en Punta Peuco hoy día, estarán abandonados por quienes los incitaron a cometer estas tropelías. El Comandante en Jefe de la Armada lo sabe: serán abandonados por este Gobierno de Derecha, que los utiliza, una vez más, en contra del pueblo mapuche.
Lo que queremos es terminar con la violencia, pero esta no se termina militarizando. Protejamos los bienes de las personas, aumentemos la dotación de Carabineros, aumentemos la inteligencia policial. Si hay narcotráfico, si hay robo de madera, esa es inteligencia policial: ¡más carabineros, más PDI! ¡No más militares!
Por eso, voto en contra de esta extensión, que además Piñera la hace coincidir: ¡ocho días antes de la elección! ¡Este es un diseño político-electoral!
Voto en contra.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Navarro.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Letelier.
El señor CHAHUÁN.-
Presidente, pido que se eliminen las expresiones...
El señor LETELIER.-
Después podrá el Senador pedir la palabra...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Senador Letelier.
El señor CHAHUÁN.-
Presidente, le voy a responder al Senador Navarro.
¡Que elimine las expresiones "pinche Congreso" y "pinche Gobierno"!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador Chahuán, los colegas tienen pleno derecho en la Sala a decir lo que les parezca pertinente. Si yo tuviera que dar la palabra cada vez que alguien se pudiera sentir aludido, no terminaríamos nunca, porque los argumentos van y vienen. Lo único que siempre tratamos es cautelar que se intervenga con el respeto que corresponde.
Si alguna intervención va más allá, la corrige la Mesa, y si alguien cree que se ha faltado a alguna norma reglamentaria o ética, bueno, existen las instancias para reclamar de aquello.
Senador Letelier, tiene la palabra para fundamentar su voto.
El señor LETELIER.-
Gracias, Presidente.
A mí me gustaría partir señalando que no es cierto lo que manifestó una Senadora de las bancas del frente respecto a quién es responsable del uso del poder de fuego en nuestra sociedad. Porque quien es responsable de administrar ese monopolio es el Gobierno, y no el Congreso.
Me pareció lamentable que tratara de traer a esta sede legislativa una responsabilidad que no nos corresponde.
Y quiero partir mis palabras diciendo aquello, por cuanto es falso que aquí existan los que están en contra de la violencia y los que estén a favor de la violencia.
¡Estamos todos contra la violencia!
¡Contra el crimen organizado!
¡Contra el narcotráfico!
Contra el hecho de que maten a personas inocentes, que mueran personas inocentes, o que los baleen porque a alguien se le salió un tiro.
Nadie está a favor de eso. Y pediría que dejemos las caricaturas de lado en esa materia.
Segundo, creo que todos sentimos que el Estado de Chile tiene un déficit gigante en inteligencia, en orden público, en seguridad, y no solamente en la llamada "macrozona sur", sino también en nuestras poblaciones, donde se ha metido el narcotráfico con la pasta base y ha destruido o deteriorado la convivencia y donde existe una gigantesca falta de inteligencia. Necesitamos más inteligencia para los temas de seguridad y orden público.
Pero ese no es el debate, sino cómo enfrentamos de mejor manera el fenómeno que estamos viviendo en diferentes territorios.
Aquí nos están pidiendo conceder autorización para prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia por quince días: dos semanas, ¡apenas dos semanas! Como si en dos semanas fueran a cambiar algo de lo que pasa en la macrozona sur. Nos piden dos semanas para seguir destinando a funcionarios de las Fuerzas Armadas a actividades de patrullaje, en conjunto con Carabineros.
En verdad, señora Presidenta, comparto lo que señaló el Senador José Miguel Insulza respecto a la presencia de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna: no están para eso; no hay una guerra en nuestro país: una guerra interna.
Estoy seguro de que los funcionarios de las Fuerzas Armadas de nuestro país no quieren estar en la macrozona sur. Tengo la convicción de que aquí hay un error político del Gobierno al meter a las Fuerzas Armadas en actividades que no les son propias.
¿Será porque el carabinero es muy débil?; ¿porque Investigaciones no es capaz?; ¿o será porque el Gobierno ha tomado una acción equivocada frente a un fenómeno que todos compartimos que debe ser enfrentado, pero donde nuestra diferencia es cómo enfrentarlo?
No sé cómo este Gobierno, o por qué -más bien- este Gobierno no ha seguido con una política de compra de suelos, o tratado de corregir, incluso, errores que cometieron gobiernos de los cuales yo era parte, donde en vez de estar comprando suelos deberían haber hecho una restitución de suelos. Pero eso forma parte del debate acerca de la macrozona sur. Porque uno de los orígenes de la violencia -y no de la que estamos preocupados: del narcotráfico, de personas armadas- tiene que ver con un asunto más histórico, que está pendiente.
Yo estuve consultando cuánto ha gastado Conadi para comprar tierras, y es bien sorprendente. El actual Gobierno es el que más ha retrocedido en las políticas de compra y restitución de suelos. Y eso se calla.
El Gobierno partió muy bien, a mi juicio, con el Ministro Moreno en su esfuerzo de diálogo en La Araucanía. Y lamento, por los episodios que se generaron, que se haya quebrado eso.
Pero recordemos por qué ocurrió aquello.
Quisieron copiar el modelo colombiano, como si estuviéramos en una guerra interna, con el Comando Jungla. ¿Y qué pasó? Lo que siempre pasa cuando los militares se meten en temas internos en los países: se generaron conflictos innecesarios.
En el caso nuestro, primero fue Carabineros con este Comando Jungla, y ahora, cuando los militares salieron a la calle, según los antecedentes de que disponemos -veremos cómo terminan las investigaciones-, parece que no fue un enfrentamiento con personas armadas la causa de que alguien terminara baleado en un camino entre Cañete y Tirúa.
Presidente, nosotros no queremos militarización; no creemos que sea el camino; no queremos a las Fuerzas Armadas metidas en este conflicto, consideramos que es un error histórico; no pienso que se justifique usar a los militares para defender a los camioneros, para defender la propiedad privada. No va por ahí el asunto.
Porque, de alguna forma, el Presidente Piñera nos está diciendo que falló; que tenemos un Estado fallido en ese territorio, y yo renuncio a creer que eso sea real. Estimo que hay carencia de políticas claras en ese territorio y la militarización constituye un error.
Y aunque uno dijera "ya, usemos a las Fuerzas Armadas" -yo estoy en contra-, pero hagámoslo con cierta responsabilidad. Nadie resuelve el conflicto con quince días de prórroga de un estado de excepción. Y qué curioso, como decía un colega que me antecedió en la palabra, que se solicite justo en medio de una elección presidencial.
Miren, la intención evidente es otra. El libreto que leyó la Senadora a quien yo me refería antes es conocido: se usa para preparar impactos electorales. Veo que aquí algunos utilizan el tema para fines contingentes en vez de buscar una solución institucional a algo que nos duele. A nadie le gusta lo que está pasando en el sur, y que haya inseguridad, que haya conflictividad; denunciamos la violencia, pero la solución a la violencia no es militarizar... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Un minuto.
El señor LETELIER.-
Por eso, señor Presidente, solo me resta decir que voy a votar en contra de esta solicitud, porque no creo que sea el camino. Ninguna cosa de las que me han dicho alcanza para convencerme de lo contrario.
El señor Ministro del Interior entiendo que cumple una tarea, pero creo que debe utilizar los instrumentos del Ministerio del Interior: Carabineros, seguridad e inteligencia, para enfrentar los temas que ahí ocurren. El Ministerio del Interior debe fortalecer los procesos de diálogo, de conversación. Y si el Gobierno quisiera realmente avanzar, debería restablecer el esfuerzo que se hizo con el Ministro Moreno y enviar a alguien de alta jerarquía, de alto rol, para que se debatan de otra forma los problemas de la violencia en la ahora llamada "macrozona sur" de nuestro país.
He dicho, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Letelier.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Elizalde, don Álvaro.
El señor ELIZALDE.-
Gracias, Presidente.
En primer lugar, considero necesario señalar que no hay que subestimar los hechos de violencia que se están produciendo en la Región de La Araucanía, en la provincia de Arauco, e incluso en el norte de la Región de Los Ríos.
Nosotros condenamos toda forma de violencia. Creemos que los conflictos, las diferencias entre las personas, los grupos humanos, no se pueden resolver a través de la violencia. Por tanto, obviamente el Estado tiene que garantizar la paz, el respeto irrestricto al derecho, sobre la base de la justicia.
Aquí se mezclan distintos fenómenos.
Grupos radicalizados por la reivindicación de una causa justa. Pero una causa justa no significa que todos los medios utilizados para reivindicarla sean legítimos. Y, por cierto, hay medios reñidos con la ley y que pueden constituir claramente ilícitos.
Por otro lado, se presentan fenómenos delictuales tales como el narcotráfico, el robo de madera y otros delitos comunes. Y también casos de autoatentados de quienes inescrupulosamente han pretendido generar una imagen de descontrol o, eventualmente, cobrar seguros.
Todo eso ha ocurrido en la zona. Con hechos lamentables, donde no solo ha habido daño contra la propiedad pública y la propiedad privada, sino que además algunas personas han sido lesionadas, e incluso han resultado muertas.
Y ante eso obviamente el Estado debe dar una respuesta, no puede quedarse de brazos cruzados.
Sin embargo, creo que la política que ha implementado el Gobierno del Presidente Piñera es errada. Lo fue cuando anunció con bombos y platillos el Comando Jungla, que se tradujo al paso del tiempo en un aumento significativo de la violencia rural en la zona en más de un 70 por ciento, de acuerdo con los informes del Ministerio Público, porque no constituye una política inteligente ni eficiente.
Lo digo con toda claridad: los militares no están preparados, no han sido formados para desarrollar de manera permanente este tipo de funciones si el estado de emergencia se prolonga por quince días más, que se pueden renovar sucesivamente, a contar de la segunda prórroga, con autorización del Congreso Nacional.
Cuando los militares ingresan a un conflicto de cualquier naturaleza, y para cumplir distintas funciones, así como existe un diseño para su ingreso, debe contemplarse un diseño para su retiro. Y esto no está presente en la propuesta del Gobierno.
Quienes deben enfrentar los delitos comunes deben ser, obviamente, las fuerzas de seguridad, y no las Fuerzas Armadas. Y si el argumento es que hay delitos graves, tales como el narcotráfico y otros tantos, la pregunta es por qué no se recurre al uso de la fuerza militar en el caso de las poblaciones de Santiago, donde hay zonas prácticamente tomadas por los grupos de narcotraficantes y el Estado está lejos de dar una respuesta adecuada. Son muchos los casos de balas locas, balas perdidas que han terminado con niños, infantes, recién nacidos muertos, algo que exige revisar los protocolos y la forma en la cual se está desarrollando el trabajo policial.
Pero la represión indiscriminada, e incluso el control indiscriminado, lejos de aumentar la base de apoyo social a las medidas que debe adoptar el Estado y aplicar las Fuerzas de Orden y Seguridad como detentores del derecho al monopolio en el uso de la fuerza, hacen que esa base de legitimidad y apoyo social se vea disminuida.
Y tenemos un serio problema en Chile con la inteligencia policial, que resulta claramente ineficiente.
Lo primero que se requiere aquí es dotar de base de apoyo social a las medidas que se están adoptando. Hay ejemplos en la historia que son evidentes, en el estallido del 18 de octubre el Presidente Piñera podría haber prolongado el estado de excepción. ¿Qué hicimos los partidos políticos, los parlamentarios? Arribamos al acuerdo del 15 de noviembre, que generó un clima distinto. Nos hicimos cargo de la demanda ciudadana respecto del mal funcionamiento de las instituciones y trazamos el diseño de un proceso constituyente, con virtudes, y también con defectos, pero que permitía ofrecer una salida y una respuesta a dicha demanda. Y cambió el clima de manera significativa, no en forma inmediata, pero sí de manera significativa, y con el tiempo ese cambio se fue consolidando para recuperar la paz social en Chile.
Y, ¡ojo!, hay que estar atentos porque ese proceso está pendiente y es muy importante situarse a la altura de las demandas de la ciudadanía, porque es un tema que no está del todo resuelto.
En dictadura proliferaron muchos grupos que hicieron uso de la fuerza, de la violencia para, precisamente, oponerse a lo que acontecía en nuestro país. Pues bien, la democracia resultó infinitamente más eficiente para restablecer la paz, porque la base de apoyo a estos grupos disminuyó de manera significativa. Y sin base de apoyo no pudieron seguir operando y debieron responder ante la justicia cuando, de hecho, cometieron delitos atroces en democracia, que todos condenamos de manera clara y nítida.
Por tanto, lo que se requiere es hacerse cargo de una deuda histórica a través de un diálogo que permita disminuir la base de apoyo social respecto de los grupos más radicalizados, y que le dé un marco de legitimidad a la acción policial y al Estado respecto de la persecución penal para la investigación y sanción de los delitos.
Y para ello -reitero- se requiere un trabajo mucho más adecuado y eficiente por parte de la inteligencia policial.
Y existen otros ejemplos. Sin ir más lejos, a propósito de cómo el contexto cambia las circunstancias y las situaciones, el Ministro Moreno promovió un diálogo en la zona, y se respiraba, se sentía un clima diferente. Bueno, ocurrieron distintos hechos lamentables y fue reemplazado por el Ministro Sichel.
¿Y qué hizo el hoy candidato presidencial en La Araucanía y respecto a La Araucanía?
¡Nada!
¡Nada!
Ni siquiera se dignó a visitar la zona.
Entonces, ahí tenemos un primer desafío.
El segundo desafío dice relación con la acción de las fuerzas policiales, con cómo generar las instancias para que cuenten con instrumentos que les permitan ser más eficientes en su actuar, con un alto estándar en materia de derechos humanos, con respeto irrestricto a la legislación vigente y con herramientas de inteligencia que posibiliten mucha más eficiencia en la investigación y sanción de los hechos delictivos. Y eso está completamente ajeno y lejos... (se desactiva el micrófono por haberse acabado el tiempo).
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Dispone de un minuto más para fundamentar.
El señor ELIZALDE.-
Gracias.
Decía que eso está completamente ajeno y lejos de lo que hoy día está haciendo el Gobierno.
Y podría alargarme más en mi exposición respecto a distintas propuestas que hemos hecho en esta materia para que sean consideradas por parte de las autoridades.
Este no es un tema fácil, sino que una cuestión enormemente compleja, y creo que no hay que evadirla. Pero con la misma fuerza señalo que el diseño que ha establecido el Gobierno no da cuenta de la profundidad del fenómeno, ni es una respuesta adecuada.
Por tanto, mi votación en contra de la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia dice relación con que no estimo que sea lo que se requiere para la zona, y que no va a traer paz permanente a La Araucanía. Porque ¿qué va a pasar al día siguiente de que salgan los militares del lugar?
Y la pregunta: ¿los militares se sienten cómodos desarrollando estas funciones que les ha asignado el Presidente de la República? Creo que no.
Por lo señalado, voto en contra, y espero que haya una rectificación por parte de la policía, particularmente en una zona que ha sido golpeada por hechos de violencia que todos condenamos.
Creo que no vale la pena aquí caricaturizar las distintas posturas, y que la intervención de la Senadora Ena von Baer no contribuye a desarrollar un debate con altura de miras, en donde entendamos que tenemos legítimas diferencias, pero que compartimos un objetivo común: que en Chile exista paz, sobre la base de la justicia. Y, por cierto, considero imprescindible promover un diálogo que se haga cargo de las demandas históricas de los pueblos originarios, porque Chile está al debe en esa materia.
En síntesis, diálogo, por un lado, y, asimismo, acción eficiente por parte de las fuerzas policiales, del Ministerio Público y de todos los organismos encargados de investigar los delitos para que sus autores sean sancionados.
Voto en contra.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Elizalde.
Tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros, y luego el Senador Huenchumilla.
El señor QUINTEROS.-
Gracias, Presidenta.
Comparto absolutamente las reflexiones que ha hecho el Senador José Miguel Insulza.
Recuerdo que, cuando asumió el actual Gobierno, prometió tomar la iniciativa para enfrentar el conflicto mapuche de manera integral y con ánimo de diálogo, pero el saldo final de este período presidencial será de muchas víctimas, pocas iniciativas políticas y casi ningún avance.
A esta Sala solo han llegado un par de proyectos del Ejecutivo, todos ellos de carácter penal, y ninguno destinado a enfrentar los problemas de fondo. Y esa es la razón principal, como acá lo han dicho miembros de mi bancada, por la que objetamos la renovación del estado de excepción.
Nuestra Diputada mapuche Emilia Nuyado condenó la violencia, señalando que ese no es el camino que anhelan como pueblo-nación. Los mapuches -dice- no somos los enemigos de este país, no somos enemigos de la sociedad chilena; somos un pueblo que exige respeto, que exige reconocimiento político y territorial, y que quiere el diálogo político.
Por eso, para mí es inaceptable que el Gobierno renuncie a utilizar las herramientas de la política y solo se limite a recurrir a la represión.
Ningún conflicto se resuelve solo por el uso de la fuerza. De esta manera solo lograremos eternizarlo. No quiero decir con esto que neguemos la necesidad del uso de la fuerza legítima del Estado contra quienes ejercen la violencia; al revés, apoyamos todo lo que sea fortalecer la acción de los órganos persecutores.
Porque sufrí la violencia, siempre he sido contrario a ella.
Lo he dicho y lo reitero: condeno la violencia en contra de la vida y la integridad de las personas, sean civiles o uniformados, y condeno los atentados en contra de la propiedad pública o privada. Esos actos no tienen ninguna justificación, ni antes ni ahora.
Nadie niega que hay un problema real de violencia en la región, pero tenemos visiones distintas sobre la política que debemos implementar. Es urgente, creo yo, reponer la seguridad, pero para que ello sea sólido, debe fortalecerse la acción de los órganos permanentes que están a su cargo: la inteligencia, las policías, el Ministerio Público y los tribunales.
La seguridad no se puede sostener sobre las Fuerzas Armadas, que solo pueden actuar en el marco de un estado de excepción y por un tiempo muy limitado. ¿O acaso pretende el Gobierno resolver la situación de orden público en quince días? ¿O planea renovar el estado de emergencia indefinidamente cada quincena?
Requerimos, entonces, hablar en serio sobre la seguridad y no con eslóganes o recetas generales.
¿Por qué circulan sin problemas los camiones con madera robada? ¿Por qué se incendian maquinarias, escuelas y viviendas, incluso con toque de queda y protección policial?
Es evidente que las respuestas no son simples ni las soluciones llegarán en el corto plazo.
El Gobierno creo que no tiene un plan. Su propuesta es una maniobra efectista: engaña a la opinión pública cuando promete paz, pero lo único que entrega es más vigilancia; promete más seguridad, pero solo hay más violencia.
El Gobierno utiliza a las Fuerzas Armadas, pues las involucra en un conflicto para el que no están formadas; solo las utiliza con fines electorales. No se puede interpretar de otra manera que haya dispuesto el estado de excepción en la fecha exacta en que su renovación coincidiría con la última etapa electoral. ¿Por qué no lo había decretado antes?
Las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, pero no son ingenuas.
Por cierto, entiendo la desesperación de las personas. Legítimamente, los habitantes de la zona quieren ver más efectivos, sean policiales o militares, pero los engañaríamos si les dijéramos que con estas medidas se controlará la violencia. Por el contrario, la renovación del estado de emergencia polariza, exacerba los ánimos y el conflicto y, al final, terminará generando más violencia.
Señora Presidenta, el país enfrenta en estos tiempos un trance histórico, una crisis general que involucra no solo el conflicto mapuche. Para ella existen dos respuestas.
Una, la de los extremos y los fanáticos, adversarios de palabra, pero aliados en la polarización, que pretenden imponer cada uno su propia visión.
La otra es la de la transformación y el diálogo, que no quiere imponer, sino que acordar una solución; una respuesta que quiere hacer cambios, pero que sean perdurables y, por eso mismo, compartidos; una voz que hoy puede aparecer disminuida, cuando priman los vociferantes, pero que estoy seguro interpreta a la gran mayoría de los chilenos y chilenas y así se verá reflejado en los próximos días.
Por estas razones, voto en contra, Presidenta
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Rabindranath Quinteros.
Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo escuchaba al Senador Coloma decir que tratemos este problema como una cuestión de Estado, con una mirada de Estado, y yo creo que eso es lo correcto.
Y creo, señora Presidenta, que nosotros en La Araucanía -hablo por esa zona, que represento- efectivamente tenemos un problema de convivencia, de confianza, de violencia y una sociedad fragmentada. Hay distintos sectores que están sufriendo esta situación. Esa es una realidad.
Yo siempre he sostenido que la obligación de un político, en este caso de alguien que es una autoridad en una de las corporaciones más importantes del Estado como es el Senado, es tratar estos temas con sentido de Estado. Y yo creo que las obligaciones nuestras son dos.
Una, conocer la historia de Chile. Yo creo que es difícil que alguien aspire a conducir organismos en el Estado si no conoce la historia de su país ni cómo llegó el Estado chileno a fines del siglo XIX a la Región de La Araucanía.
Y la segunda obligación que tiene es no justificar la violencia, pero buscar una explicación de por qué hemos llegado a este conflicto social que se arrastra por ciento cuarenta años.
Entonces, vamos al fondo del tema: aquí efectivamente fue el Estado el que usurpó, de manera violenta y sin título jurídico ni político alguno, las tierras del pueblo mapuche. Lo redujo de 5 millones de hectáreas a poco más de 400 mil y lo sumió en la pobreza, en la exclusión y en el racismo. Y ahí trajo a colonos chilenos y extranjeros, y hoy día los actuales descendientes, la tercera o cuarta generación, están sufriendo los embates de esta violencia. Yo eso lo comprendo. Y también sufren los camioneros por este conflicto. Ambos sectores sociales no tienen arte ni parte en este incordio entre el pueblo mapuche y el Estado chileno.
El Estado chileno no ha dado respuesta al fondo del problema que se discute hace ciento cuarenta años.
Mire, el Reino de España trató mucho mejor a los mapuches que el Estado chileno: fue a la guerra, ganó, perdió y al final firmó la paz el año 1641, con el tratado de Quilín, el que le reconoció la autonomía y la independencia al pueblo mapuche, pacto que se rompió cuando el Estado chileno no cumplió su palabra y se metió por la fuerza a maltratar, a humillar, a matar y a despojar al pueblo mapuche no solo de sus bienes, sino que de su hábitat, de sus cosas, de su habitación, de su familia.
Cuando tú no resuelves adecuadamente los problemas en la historia, esta te persigue. Y estamos pagando el racismo de la sociedad oligárquica del siglo XIX; el racismo brutal de las autoridades, la sociedad dominante de esa época y los medios de comunicación, y la pobreza y la exclusión que se sufrió en el siglo XX.
Entonces, hoy día tenemos un Gobierno de Derecha. La gente en La Araucanía -y quiero decírselo, porque seguramente están escuchando-, ellos, ustedes, agricultores y camioneros mayoritariamente, votaron por este Presidente. ¿Y qué ha hecho este Presidente en la Región de La Araucanía para resolver este tema? Nada, desde el punto de vista político, para solucionar el conflicto.
Reconozco los esfuerzos en políticas públicas de la Ministra Rubilar, pero eso va por otra vía y no resuelve el tema de fondo.
Y, entonces, el Presidente no encuentra nada mejor, en un clima electoral, cuando está acusado constitucionalmente, cuando tiene un bajísimo respaldo y en Chile nadie le cree, que meter a las Fuerzas Armadas en este conflicto.
En consecuencia, yo digo: aquí hay una utilización de instituciones de la república que deberían estar fuera de la contingencia política. Porque todos sabemos que en las grandes crisis que ha tenido la república, sobre todo en el siglo XX, cuando se han metido las Fuerzas Armadas, hacen el trabajo sucio y los sectores poderosos se quedan con las empresas y con los bienes. Y después los jefes militares terminan en Punta Peuco, porque hoy día en el mundo se persigue la violación a los derechos humanos hasta arriba de los árboles y per
saecula saeculorum. De tal manera que es necesario tener eso presente.
Entonces, esto es el fracaso de la política; el fracaso total de este Gobierno; el fracaso de la policía, porque si hay algo que ha fracasado en la Región de La Araucanía es la inteligencia, la anticipación, la predicción. Anticiparse a los hechos no existe.
Y por eso que estamos en este problema.
Mire, aquí ya se ha dicho: las Fuerzas Armadas tienen otra misión, y nosotros debemos cuidar a las instituciones del Estado para recuperar la confianza y la legitimidad que hoy están quebradas en Chile, que vive un proceso polarizado para el 21, con una Convención Constitucional que quiere crear reglas nuevas del juego. Y si se actúa tan irresponsablemente -y lo digo responsablemente-, como el señor Presidente de la República, en jugar con estas instituciones, entonces no vamos bien encaminados.
Le pido un minuto más, Presidenta, para cerrar y terminar.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Okay, Senador.
El señor HUENCHUMILLA.-
Mire, nosotros no somos tan exclusivos como país para pensar que somos originales. En muchas partes del mundo ha habido problemas similares, en todos los países desarrollados con conflictos parecidos: en Estados Unidos, en Canadá, en los países nórdicos, en Nueva Zelanda, paradigmático país, donde se ha buscado una solución por la vía política y se ha conseguido la paz.
No hay conflicto social en el mundo en que la última palabra la tengan las armas, en los grandes conflictos hoy día, contemporáneos incluso. La última palabra siempre la tienen el diálogo y la política.
Entonces, el mundo mapuche viene caminando hace mucho tiempo, peleando con muchos Estados, y no crea que sea tan fácil pensar que esto se va a terminar por la vía de la fuerza.
Por lo tanto, señora Presidenta, voto en contra de la proposición del Presidente.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Huenchumilla.
Tiene la palabra la Senadora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Muchas gracias, Presidenta.
La macrozona de La Araucanía vive una situación crítica. La violencia se ha transformado en una constante. Y al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche que se arrastra por décadas y siglos, fundado en legítimas demandas, se han sumado el problema de la delincuencia, del crimen organizado y del narcotráfico.
Digámoslo con claridad: el Estado ha fallado, y el Gobierno, con todas sus facultades y capacidades operativas, ha fallado reiteradamente. Ha sido incapaz de identificar los fenómenos y actuar sobre cada uno de ellos.
En cambio, ha simplificado el conflicto de manera artificial. Un día son todos terroristas, otro día son todos delincuentes. Insisten una y otra vez en simplificar. ¿Qué ha logrado hasta ahora? Solo administrar y de mala manera la situación que vive la zona, profundizando el conflicto político legítimo y aumentando la delincuencia, la violencia y el narcotráfico.
La ciudadanía se siente abandonada y tiene miedo. Con ello, pide respuestas inmediatas por mayor protección y seguridad. Necesita certezas. Cuando la alternativa que se les da es la militarización o la inseguridad, nunca va a optar por la inseguridad. Este es elemento de fondo que debemos entender. Aquí el fracaso es garantizar la seguridad a través de la intervención de militares y seguir escalando el conflicto, pero para que ello no sea así la ciudadanía necesita ver alternativas.
El Gobierno actual no quiere dar otras alternativas, y no quiere hacerlo entre otras razones porque, tal como se ha señalado aquí, estamos a doce días de las elecciones, y pretende hacer de esto un tema electoral, separando de manera populista y simplona, tal como lo han sido sus cuatro años de gestión, a quienes supuestamente ellos quieren hacer ver ante la ciudadanía que están a favor de la violencia o los que están a favor del orden.
¡Populismo puro! ¡Una ilusión de orden!
Presidenta, esto no va a resultar; esto va a ser nuevamente un fracaso.
En este marco, se realiza la consulta ciudadana en La Araucanía. Más de ciento cuarenta y cuatro mil personas votaron, con un 81 por ciento ganó la opción del "sí". Es una consulta a tener presente. Su resultado es la evidencia de lo que decía: la ciudadanía se siente abandonada y tiene miedo. Ante eso, la presencia militar brinda una sensación aparente de tranquilidad y, sin embargo, aun así, los variados hechos de violencia se agudizan. ¡Se agudizan, señor Presidente, dentro de este tiempo!
Acabo de conversar con el Diputado Jorge Rathgeb, quien me consta que tiene una buena conversación y diálogo con las comunidades, y en este período, cuando estaban los militares en pleno estado de excepción constitucional, le quemaron buena parte de su fundo. Y él me acaba de decir: "Quienes primero me llamaron fueron gente de las comunidades".
Entonces, esta aparente sensación de tranquilidad no lo es tal.
Esta consulta, su resultado y la continuidad del estado de emergencia solo confirman el fracaso que el Gobierno ha tenido en estos temas. Cuando un mandatario renuncia a ejercer su deber con las herramientas y recursos que tiene y busca a militares es porque reconoce por sus acciones que simplemente no puede cumplir su mandato. Cada militar en La Araucanía es un retroceso en el diálogo, como también una señal viva del fracaso estatal liderado por esta Administración.
Lo peligroso es que sabemos cómo terminan las militarizaciones. Sobra evidencia en nuestro país, en América Latina, que habla de las escaladas de violencia, de las espirales de conflicto y, por sobre todo, del costo que pagan los inocentes. Esto termina por empoderar más a quienes queremos que sean investigados y condenados por sus delitos, más que fortalecer a quienes queremos la paz.
Aprendamos algo de los errores de los países de nuestro vecindario para que no estemos después lamentándonos con lo que ocurre, mirando atrás estos errores históricos.
En concreto y como lo hemos venido diciendo por mucho tiempo: este es un problema que requiere de dos ejes centrales. El primero es el diálogo, los acuerdos y la convivencia. De eso no tenemos duda alguna. Y lo segundo es una acción policial eficiente y con la legitimidad para hacerlo.
Por eso, justamente hemos propuesto una serie de medidas de corto y mediano plazo para abordar estas urgencias, incluyendo la urgencia de una mejor inteligencia, para terminar con las acciones masivas que terminan por generar más costos que beneficios, y avanzar a acciones focalizadas sobre justamente quienes debemos perseguir.
Quiero profundamente la paz en La Araucanía, como la quiero en todo Chile, como la quiero en cada espacio y territorio de nuestro país. Por eso votaré en contra de la extensión del estado de excepción, porque no resuelve lo esencial, esconde los problemas de fondo y contribuye a profundizar una crisis que requiere respuestas políticas, algo que ya resulta imposible pedirle a este Gobierno.
Vamos a lograr la paz, y lo vamos a hacer de manera permanente. Lo haremos desbaratando las bandas del crimen organizado y narcotráfico, persiguiendo sin contemplaciones a los delincuentes y a cualquier red de corrupción que oculte la verdadera realidad de la zona. Y lo haremos convocando al más amplio diálogo político para resolver el conflicto que ya existe por mucho tiempo. A ese diálogo estarán invitados todos, y si alguien se autoexcluye será él mismo responsable del camino que escoja.
Chile ha tenido tres leyes indígenas importantes: la de 1961, luego la del año 1972 y, finalmente, la ley N° 19.253, actualmente vigente y que ya ha cumplido veintiocho años. Es decir, solo tres leyes históricas ha dictado el Estado chileno y ninguna ha sido suficiente.
Si miramos esto en comparación con la enorme cantidad de leyes que han beneficiado, entre otros, a quienes despojaron de su territorio al pueblo mapuche, los resultados son asombrosos. Y aun así, la inmensa mayoría de los integrantes del pueblo mapuche han escogido el camino de la institucionalidad. Y es ese camino por el cual vamos a reencauzar las propuestas, que dialogaremos políticamente con sus autoridades ancestrales.
Le pido, por favor, un minuto.
Mi opción personal es que debemos actuar sin contemplaciones para ninguna forma de violencia, cualquiera sea el motivo que la sustente. Y en lo que se refiere al pueblo mapuche, dado que el tema central es la histórica deuda contraída respecto de la propiedad comunitaria y ancestral de la tierra indígena, esa deuda será abordada con decisión para resolverla por caminos políticos. ¡Ese es nuestro compromiso! Resolver esa deuda será una importante contribución del Estado para reparar y restablecer una merecida paz. Todo será mediante caminos políticos y las acciones de fuerza ajenas al Estado de derecho serán respondidas con el rigor de la ley, con los recursos necesarios que nuestra democracia nos ofrece.
En el Chile que estamos construyendo no hay espacio para la violencia política. Y si alguien opta por ese camino, será perseguido con las armas de la ley y con las policías: herramientas que el Estado de derecho nos entrega.
Por eso, Presidente, anuncio mi voto en contra.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senadora Provoste.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende, y luego el Senador Rodrigo Galilea.
La señora ALLENDE.-
Presidenta, he estado escuchando atentamente el debate de esta tarde. Por cierto, creo que se vive una difícil situación en la Región de La Araucanía: hay dolor, sufrimiento, fraccionamientos, como señalaba también el Senador Huenchumilla, que afectan a la región considerada, quizá, más pobre del país. Y eso también nos debiera llamar la atención. No hemos escuchado demasiado sobre eso, salvo los esfuerzos que hace el Ministerio de Desarrollo Social, la Ministra Karla Rubilar, pero se muestran insuficientes.
La utilización de las Fuerzas Armadas para el control del orden público claramente es un símbolo del fracaso de la política de Sebastián Piñera en La Araucanía. Pero no solo aquello: es el fracaso de un Presidente que prometió seguridad, que terminaría con la fiesta de los delincuentes y que se acabaría la puerta giratoria.
Yo le pregunto a la sociedad chilena cómo se siente hoy día, cómo vive hoy día cada uno de los delitos y la penetración, más lamentable, de bandas de narcotraficantes e incluso de bandas internacionales.
Lamentablemente, ante ese fracaso que se manifiesta particularmente en la Región de La Araucanía, la solución que intenta dar el Gobierno es solo con las armas y no con el diálogo necesario que debiera existir y ser prioritario para terminar efectivamente con la violencia.
¡Qué duda cabe de que todos nosotros condenamos la violencia! Lo hemos dicho una y otra vez. No podemos amparar esa violencia. Nadie de nosotros puede avalar los crímenes que han ocurrido, la muerte de esos comuneros, la muerte de un matrimonio quemado y tantos hechos que se registran.
Pero claramente, ¡claramente!, aquí hay de partida una deuda histórica a la que se hace poca mención, una usurpación que ocurrió hace bastantes años, pero que se pretende negar o no reconocer.
Recordemos la primera imagen de la región, cuando con tanto orgullo el Presidente Piñera nos presentó el Comando Jungla de Carabineros. ¿Y en qué terminó? Ni más ni menos que con la muerte de Camilo Catrillanca. Y peor aún: el montaje, cómo se desvirtuó la verdad, cómo hubo que hacer una investigación profunda para llegar a ella. ¡Injustificable! Y cómo se demostró el abuso de la fuerza por parte de agentes del Estado.
Y lamentamos muchísimo que los esfuerzos iniciales del ex Ministro Moreno -aquí lo hemos reconocido varios de nosotros- en cuanto a establecer de verdad, ¡de verdad! un diálogo, hayan terminado, como hemos señalado, en el montaje y en el asesinato de Camilo Catrillanca. Y de ahí, evidentemente, no se continuó con eso.
Pero creemos que el camino es, como lo están incentivando rectores de las universidades de la región, conversar con los distintos actores. Porque claramente la solución está en el diálogo, en la convivencia, en la justicia, en el reconocimiento, en el rencuentro, en fin. Lo que no va es justamente lo que el Gobierno pretende. Lo que hemos llamado la "militarización" lo único que está haciendo es polarizar aún más la sociedad, exacerbar más los estados de ánimo.
Se nos dice que ha habido más detenciones de personas que ya tenían órdenes. Muy bien. ¿Pero saben el costo? Ya hay una persona muerta y varios heridos.
¿Ustedes creen que eso es razonable?
¿Por qué tendrían que actuar las Fuerzas Armadas en algo que no es su rol, que no les compete? No son las adecuadas para las respuestas sociales, para las demandas postergadas de una de las regiones más pobres del país. ¿Por qué deberían ser, entonces, las Fuerzas Armadas las que tendrían que actuar ante la insuficiencia de las respuestas entregadas hasta ahora por nuestras policías, la insuficiencia de la inteligencia, la insuficiencia de una respuesta que permita mantener el orden público? Y por eso decimos que las armas solo van a traer más violencia en este caso.
Me gustaría preguntarle al Gobierno, ya que está el Ministro del Interior: ¿Cuánto se ha avanzado con el proyecto de ley del Ministerio de Pueblos Originarios o con el Consejo de Pueblos Indígenas? ¿Dónde está la reforma que reconoce a esos pueblos originarios? ¿Dónde está incluso la representación -eso también debiéramos considerarlo nosotros plenamente- en el Parlamento? Hablo de todas estas medidas del Plan Araucanía que el Gobierno le prometió al país y que, por cierto, ha olvidado en su camino.
Creo que hoy el Gobierno intenta evadir sus propias falencias, utilizando a las Fuerzas Armadas para controlar el orden público. Claramente, no es la respuesta, no es la solución. Evidentemente, no hace más que reflejar el fracaso, la incapacidad de mantener el orden público.
Pero lo que es más duro: ha faltado diálogo. Aquí se necesitan soluciones políticas; aquí se requiere un diálogo amplio. Ojalá esta fundación de Noruega pueda continuar con su trabajo. Pero, obviamente, no es muy compatible un intento de diálogo para lograr esa convivencia y caminos consensuados con la militarización que pretende el Gobierno.
¡Qué triste ver cómo muere un comunero con una bala, una bala de la Armada! Además, el Gobierno pasó varias horas en silencio, y cuando el Ministro habló, después de muchas horas, mencionó incluso dos muertes, cosa que ni siquiera era exacta. Hoy día esperamos una investigación a fondo y que nos digan exactamente qué es lo que ha pasado.
Necesitamos que exista claridad sobre las violaciones de derechos humanos que se dan en distintos sectores. No es aceptable la violencia. Pero requerimos también unas policías con su inteligencia y que ojalá sean más eficaces preventivamente, que es lo que estamos esperando. Les corresponde a esas policías, en su especialización, mantener el orden público, y no a las Fuerzas Armadas.
Por eso no estamos de acuerdo con la prórroga que se nos está pidiendo, porque no es la respuesta, no va a ser ninguna solución en quince días. No es más que un intento de hacer una utilización lamentable, pues aquí hemos tenido que escuchar que se nos ha dicho: "Quiénes están por la violencia y quiénes están por la paz". Me parece, francamente, que es de una simplificación inaceptable... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Un minuto.
La señora ALLENDE.-
Es inaceptable para este Senado.
Hemos dicho en todos los tonos que condenamos la violencia, pero no creemos que esta sea la solución.
Más aún cuando hoy día tenemos el desafío de una Convención Constitucional, reconocida mundialmente por ser paritaria y con representación de pueblos originarios. Hoy presidida ni más ni menos que por Elisa Loncon, primera mujer mapuche que preside una Convención Constitucional. Y ella ha dicho siempre que son el diálogo, la política, la cultura, el desarrollo económico las respuestas adecuadas, y no el uso de la fuerza.
Con mayor razón quiero decir, Presidenta, que voto en contra. No estoy a favor de esta respuesta.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senadora Allende.
Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea, y luego el Senador García-Huidobro.
El señor GALILEA.-
Gracias, Presidenta.
Varios de los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra han dicho cosas que son ciertas y otras, profundamente erradas. Pero me voy a concentrar básicamente en las que son ciertas.
Efectivamente, el conflicto en la macrozona sur del país, la zona de Arauco, tiene raíces históricas largas. Pero que tenga raíces históricas largas no puede ser una justificación en ningún lado para la violencia.
Ese es el objetivo de esta prórroga de estado de excepción: intentar impedir que siga existiendo violencia en la macrozona.
Las herramientas que posee Chile, lamentablemente, son limitadas.
Muchos han hecho referencia a la falta de inteligencia, y yo soy un convencido de que, efectivamente, Carabineros de Chile, la PDI no han logrado desarrollar una inteligencia suficientemente fuerte para prevenir y controlar actos de violencia. De hecho, creo que nuestra institucionalidad chilena, desde el punto de vista de las policías, desde el punto de vista de la Fiscalía, desde el punto de vista del Poder Judicial, no está preparada para actuar en la situación a la que estamos expuestos en la macrozona sur.
Hay varios países que van mucho más adelante que nosotros en este tipo de aspectos.
España, por ejemplo, que fue asolado por fenómenos terroristas en el País Vasco, tomó decisiones importantes en este sentido. No solo se capacitaron bien las policías y lograron tener una inteligencia para finalmente obligar al desarme y deposición de las armas de este grupo terrorista, sino que también delitos como el de drogas y el terrorismo no tienen una competencia local, sino nacional. Y desde Madrid, fiscales, investigadores, inteligencia, etcétera, fueron capaces de ir acorralando y finalmente desarmando a ese flagelo que fue el movimiento terrorista vasco, la ETA.
En Inglaterra también tuvieron problemas enormes. Y los ingleses usaron el ejército para combatir el IRA. ¿Y por qué emplearon el ejército? Porque era la mejor opción con que contaban para terminar con un flagelo, que era el terrorismo, y generar finalmente las condiciones de diálogo, de paz, de un tratado que fue, efectivamente, ratificado por la ciudadanía.
Y en Chile, donde tenemos un montón de carencias, es evidente que no estamos suficientemente preparados con nuestras policías. Me encantaría que Carabineros de Chile, que la PDI fueran capaces de prevenir y controlar la violencia en La Araucanía. Pero toda la evidencia nos indica que no es así.
Sabemos que la Presidenta Bachelet conformó este Comando Jungla, mandando a policías a prepararse a Colombia. Y ella lo hizo de buena fe. Terminó en el problema que todos conocimos, con la muerte de Catrillanca. Pero fue una respuesta que el Gobierno de la Presidenta Bachelet ideó para tratar de mejorar el combate a este tipo de terrorismo.
Si uno analiza una línea más larga de tiempo, observa que, a pesar del trabajo de la Conadi, de entrega de tierras, de compra de tierras, la situación de violencia va siempre creciendo. Hay algo en que pareciera que no hemos sabido responder.
¿Y al día de hoy qué es lo que tenemos? Una policía que está demasiadas veces sobrepasada. Y el Estado no puede renunciar al diálogo, pero tampoco a hacer prevalecer el orden y la seguridad en la zona.
Y si la mejor opción es el Ejército -estoy de acuerdo en que ojalá no se usara, pero es la alternativa que tiene hoy el Estado para prevenir los actos de violencia gravísimos-, yo creo que no debemos tener ningún trauma. Lo hará lo mejor posible, prevendrá lo mejor que pueda, hará círculos de seguridad, apoyará a Carabineros, apoyará a la PDI, en fin, hará todo lo que sea necesario para que esto funcione mejor y la gente allá viva en paz. De eso se trata.
Muchos han alegado en el sentido de por qué es por quince días. Lamentablemente, la interpretación constitucional dice que no podemos prorrogar por más de quince días. Yo estaría de acuerdo en que dijéramos de una sola vez: "Tres meses con un plan mucho más largo". Me encantaría que fuera así. Yo creo que al Ministro del Interior también le gustaría. Pero la interpretación constitucional señala que tenemos que ir de quince días en quince días. Y tenemos que ser capaces de aprovechar este de quince en quince, como sociedad civil, para generar condiciones.
La gente en Arauco que está armada hasta los dientes -todos hemos visto los videos-, que tiene pretensiones que van más allá de lo que este país puede aceptar y tolerar, debe deponer las armas. Esa es una exigencia absolutamente irreductible para los diálogos de paz. Así ha ocurrido en España, en Inglaterra y en montones de países del mundo que han sufrido este flagelo. Si no se deponen las armas, si no se depone la vía violenta, es muy difícil llegar a algún tipo de tratativas, ya sea en procesos constituyentes, ya sea en procesos plebiscitarios posteriores, en fin. Muchas de las alternativas que existen siempre van a tener como condición la deposición de las armas.
Por lo tanto, Presidenta, yo creo que la medida es correcta. Me hubiese gustado tener la posibilidad constitucional de hacer algo más largo, de manera de contar con una planificación más larga en todo esto, pero es la mejor opción que tenemos. En esto muchas veces el ideal no existe. Tenemos opciones reales, y nuestra mejor alternativa real hoy es contar con el Ejército, que no dudo que hará lo mejor que pueda en su labor de proteger la integridad y seguridad de las personas en ese territorio.
Ayudemos a eso y no pongamos cortapisas en la labor de seguridad y prevención del delito en la que estamos empeñados.
Voto a favor, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Galilea.
Tiene la palabra el Senador Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Muchas gracias, Presidenta.
Quiero saludar al Gobernador Luciano Rivas, nuestro Gobernador de una zona que está muy afectada, como La Araucanía.
Valoro también esta consulta. Porque le preguntaron a la ciudadanía algo que era fundamental: si querían que tuviéramos prórroga, que es esencial en un estado de excepción constitucional, con el fin de que podamos apoyar a nuestras policías con nuestras Fuerzas Armadas.
En tal sentido, señora Presidenta, el Senado no puede ser un cómplice pasivo del terrorismo, ni del narcotráfico, ni tampoco de la violencia contra quienes viven en la macrozona sur. Todo lo contrario, debemos usar todos los recursos legales que tiene el Estado para combatir a quienes siembran el miedo y la violencia en nuestro país y para brindar protección a las víctimas. Ese es precisamente el rol de nuestras policías y, en tal sentido, necesitamos el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas.
A este respecto, Presidenta, es importante señalar, cuando se habla de que no tenemos inteligencia, que este Senado hace más de cuatro años despachó el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado a la Cámara de Diputados, y no lo han querido mover. Por lo tanto, hay una deuda esencial. Bien lo han dicho: "Aquí no existe la inteligencia que el país requiere".
Resulta fundamental entender que el pueblo mapuche tampoco quiere la violencia. Lo que desea es que haya paz, que haya trabajo, que haya armonía y que haya justicia. No podemos seguir, como bien lo dije, siendo cómplices pasivos de lo que está ocurriendo en la macrozona sur.
Señora Presidenta, ojalá que quienes no quieren apoyar esto entiendan que pueden cometer un error histórico. Porque no es posible dejar hoy día al pueblo de La Araucanía y la macrozona sur sin el apoyo de aquellos que están obteniendo resultados, según la información que nos entregaron el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa y la Ministra de Desarrollo Social. Eso es clarísimo.
Por lo tanto, yo voy a votar a favor. Creo que es fundamental apoyar.
Ojalá fueran más de quince días, porque tienen razón en que necesitamos más tiempo. Pero creo que la señal que se está dando en esta votación es fundamental.
Voto a favor, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador García-Huidobro.
Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Muchas gracias, Presidenta.
Hoy en la mañana, a raíz de otro proyecto que estuvo al sometimiento del Senado y que también es muy sensible para la ciudadanía, yo planteaba que es muy difícil legislar o buscar soluciones sobre temas complejos en tiempos electorales. Ello, porque se pierde, como señalé, la mirada larga, la visión integral, el sentido de bien común y se privilegia el objetivo corto.
En tiempo de elecciones aquello queda marcado por lo electoral, por cómo va a ser percibido por la opinión pública, por cómo lo van a recibir los votantes. Son sectores todos muy legítimos, pero que muchas veces impiden tener una visión más integral del problema y, por lo tanto, que entre todos busquemos una salida que sea objetivamente posible de mantener en el tiempo y definamos las estrategias para solucionar un conflicto como el que estamos viviendo.
Es un problema complejo, de difícil solución. Y como han dicho varios Senadores -en particular, mi colega Huenchumilla, respecto a estas materias que hemos conversado tantas veces, no solo en este Gobierno, sino también en los anteriores-, es consecuencia de que nuestro país, nuestro Estado de Chile en sus distintos gobiernos no ha sido capaz de diseñar una política integral para buscar un entendimiento, una validación de las reivindicaciones legítimas del pueblo mapuche, partiendo por reconocer su existencia, sus derechos, su cultura, su lenguaje, sus tradiciones.
Y esa política o estrategia integral para enfrentar este desafío necesariamente debe contener lineamientos políticos, sociales, culturales y también económicos, porque, como también varios colegas han señalado, aquí hay relaciones de poder o situaciones de intereses económicos que muchas veces nublan la mente o la posibilidad de buscar soluciones.
Este problema es de hace muchos años. Nuestros Gobiernos, ¡todos los gobiernos!, han fracasado. Y hoy día se vive una situación de violencia extrema mucho más grave de la que teníamos hace un tiempo. Desconocer eso creo que es cometer un error o llevar a confusión lo que son los conflictos objetivos que hoy día estamos enfrentando.
En La Araucanía se vive violencia, y violencia planteada por grupos pequeños, armados, cuyos objetivos son completamente distintos a las reivindicaciones legítimas de las comunidades mapuche. Me parece que eso genera polarización, genera temor, genera desconfianza en los ciudadanos. Y cuando se plantea cuál debe ser el rol del Estado, quién tiene la responsabilidad de garantizar los derechos, la vida de las personas, evidentemente los cuerpos policiales han fracasado. Y hemos fracasado, por tanto, todos.
No quiero hacer mención de los hechos que ya se han planteado, pero la verdad es que fracasamos una y otra vez. ¿Qué va generando eso? Una situación de indefensión para los ciudadanos; una sensación de impunidad para quienes cometen este tipo de delitos o forman parte de estos grupos armados. Esa impunidad es la que va dejando en una situación de incertidumbre a las comunidades mapuche; a todos los ciudadanos que viven en esa zona, mapuche o no mapuche, que quieren paz, desarrollarse, tener una vida tranquila y con mayor normalidad.
¿Cuál es el problema hoy día, entonces? Que se nos pide una prórroga de quince días al estado de excepción. Y se nos dice que es fundamental para seguir teniendo éxito en la lucha contra la represión de estos grupos que cometen delitos, desde delitos comunes hasta violencia contra las personas, la propiedad, indefensión, etcétera.
Y el argumento es el que no me gusta: "Ah, es que los militares son necesarios para apoyar la labor de control que hacen las policías".
Como se ha dicho aquí, no es rol de los militares.
El punto está en que, si uno supiera o tuviéramos un consenso, un acuerdo, para que junto a esta medida de excepción que se plantea se trabajara una propuesta política, económica, social, cultural, integral para reconocer las demandas y las reivindicaciones legítimas de las distintas comunidades mapuche, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Y el llamado que ha hecho acá la Senadora Provoste es justamente a eso.
La diferencia que tengo con algunos de mis colegas es que, si al Gobierno le corresponde la responsabilidad de resguardar el orden público, de garantizar los derechos de las personas, de todos los ciudadanos, ¡de todos!, y para eso está pidiendo la ampliación de un estado de excepción, yo, Presidenta, estoy dispuesto a darle esa posibilidad.
Es una responsabilidad que están asumiendo ellos ¡porque son los responsables del orden público! No es este Senado el responsable del orden público, como algunos han dicho acá.
Yo no me siento cómplice pasivo ni nada porque en un momento determinado el Senado tome una decisión que es legítima. Decir que nosotros nos transformamos en cómplices pasivos respecto de lo que está sucediendo allá no es correcto. No solo no es correcto; no es aceptable, ¡no es aceptable! Es confundir los roles. Y, ¡claro!, en tiempos electorales hay mucha facilidad para confundir estas materias; por eso es que no me gusta que este tipo de temas tan complejos los legislemos en tiempos electorales, porque se confunden los roles.
El punto está hoy día en cómo aislamos a los grupos extremistas que existen en la macrozona. Hay que aislarlos, claro, con un control policial, sin duda; con mayor inteligencia, como se ha dicho. Pero, fundamentalmente, implementando políticas públicas integrales, que abarquen todas las necesidades de reconocimiento a las identidades, reivindicación a su cultura, el tema de las tierras, etcétera, etcétera, etcétera.
Si el Gobierno quiere quince días, yo estoy por votar que sí, Presidenta. Será su responsabilidad venir luego a decirle a este Senado y a la Cámara para qué sirvieron, qué se hizo, qué propuesta distinta se tiene transcurridos estos quince días, qué política integral para enfrentar el problema de fondo de La Araucanía se ha pensado en el largo plazo y que sea capaz de ser sostenible en el tiempo. Y para eso se requieren grandes acuerdos políticos nacionales, salidas políticas, como ha dicho reiteradamente el Senador Huenchumilla, y como planteaba en nuestro Gobierno, años atrás, cuando él era intendente.
No hay otra alternativa, no hay fórmulas mágicas. Se requiere esta propuesta integral. Y si el Gobierno viene en quince días más y nos dice que esa propuesta se puede avanzar, ¡bienvenido sea!
Yo voy a votar a favor, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Pizarro.
¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?
Senador, le pediría que volviera a la Presidencia para poder intervenir yo.
Gracias, colega.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senadora Rincón, tiene la palabra.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidente.
La Araucanía, al igual que Chile, necesita paz y diálogo. Necesita paz y diálogo para crecer y desarrollarse.
La decisión del Gobierno de declarar estado de excepción constitucional en comunas de las Regiones del Biobío y de La Araucanía es un reconocimiento a la incapacidad de resolver mediante las vías de diálogo un conflicto centenario, como se ha demostrado en otros conflictos similares en otros lugares. Esto, sin lugar a dudas, es el fracaso de la política.
La situación de orden público es tremendamente grave y peligrosa. Esta es una responsabilidad del Gobierno y de las policías.
¿Tiene sentido en ese escenario involucrar a las Fuerzas Armadas en el control de este conflicto? Debemos hacer, sin lugar a duda, todos los esfuerzos para que el diálogo entre las partes se transforme en el principal protagonista de la paz.
La presencia de las Fuerzas Armadas en la zona sur, Presidente, técnicamente refleja un proceso que muta desde la fragilidad democrática y territorial hacia una guerra de baja intensidad, cuestión que solo significará una escalada de violencia si no hacemos algo más.
Debemos fortalecer el sentido de justicia nuevamente en la zona, no solo en la aplicación de la ley, sino también para acelerar las causas judiciales y convocar a un gran acuerdo histórico-territorial a un nuevo Parlamento.
El problema o conflicto en La Araucanía no solo es social y político; también es cultural y económico.
Recuerdo con fuerza a Muhammad Yunus, Premio Nobel de Economía, quien sostenía que los pobres no tienen derechos humanos porque no cuentan con acceso al dinero.
Esto pareciera ser la toma de decisiones contra alguien de una naturaleza distinta.
Este es un conflicto entre chilenos. Por ende, no son las armas las que deben mediar en este conflicto. El estado de excepción constitucional no es, creo yo, el camino en la línea de lo correcto.
Como dijo Sergio Micco, Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, "Las armas deben guardar silencio". "Lo esencial es una investigación pronta y exhaustiva. Los tiempos de la justicia penal no son los tiempos de la paz social".
Esta situación no se soluciona con la votación a favor o en contra de un estado de excepción constitucional, requiere de una profunda discusión que no hemos realizado en décadas.
El reencuentro, la paz y el desarrollo de nuestro país pasa necesariamente por la desmilitarización y el diálogo urgente y oportuno con las comunidades y las autoridades.
Existe una violencia inaceptable, y el Gobierno con sus medios no tiene la capacidad de resolverla. Aunque sea una extensión de quince días, no creo que las armas vayan a resolver el problema, pero aun así hay que proteger a la ciudadanía. Por ello, debemos utilizar todos los medios a disposición con el fin de fortalecer los canales de diálogo. Basta leer este fin de semana el esfuerzo del Centro Nansen, que señaló que el diálogo es la forma de construir soluciones.
Creo profundamente en que el monopolio de las fuerzas es del Estado, y tenemos que defender aquello. Es fundamental que exista orden, respeto, que las personas tengan seguridad. Y, en este escenario en donde no existe, las Fuerzas Armadas son las que tienen que permitir que construyamos o mantengamos un Estado de derecho.
Junto con el Senador Lagos presentaremos una indicación al proyecto de Ley de Presupuestos para constituir una comisión de reencuentro en la que podamos realizar una evaluación no tan solo de las acciones del Estado chileno en el Wallmapu durante los últimos treinta días del estado de excepción constitucional, sino que además respecto de lo que se ha hecho durante el mandato del actual Gobierno y de los gobiernos anteriores.
Insto al Gobierno a perseverar por la vía del diálogo, con o sin estado de excepción constitucional, y de cara a la ciudadanía y a las comunidades. Como segunda autoridad de nuestro país, me ofrezco para mediar en este diálogo y fortalecerlo en aras de buscar una solución al conflicto.
Por tanto, no se trata de aprobar o rechazar; se trata de hacer las cosas de manera distinta.
Presidente, a través de usted, solicito al Primer Mandatario de nuestro país que dé respuesta favorable a la solicitud que haremos con el Senador Lagos para que se constituyan los fondos, pero, más importante aún, para que se constituya en esa comisión.
No estoy en condiciones de rechazar la solicitud del Gobierno, pero tampoco creo que sea este el camino. Por ello, me abstengo.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora Ximena Rincón.
Señor Secretario, consultemos si falta alguien más.
Falta que emita su voto, Senadora Rincón.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la solicitud presidencial (21 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Bianchi, De Urresti, Elizalde, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Se abstuvieron la señora Rincón y el señor Lagos.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
Señor Ministro del Interior, usted estaba inscrito, ¿quiere intervenir?
El señor DELGADO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-
No, muchas gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Okay.
El señor Ministro de Defensa, Baldo Prokurica, solicita intervenir.
El señor PROKURICA (Ministro de Defensa Nacional).-
Queremos, en nombre del Gobierno, agradecer el apoyo que el Senado le ha entregado a esta solicitud a fin de que, a través de este decreto, se pueda extender el estado de excepción constitucional y permitir que se puedan utilizar los mecanismos existentes en la Constitución y en la ley para llevar paz y resguardar a la gente de estas regiones que hoy viven una situación compleja y difícil.
Tal como usted planteó, Presidenta, se debe resolver no solo con el estado de excepción, sino con buena voluntad, con diálogo y también con las otras vías que el Estado tiene. Por eso, agradecemos su propuesta para los efectos de abrir otras líneas de trabajo que permitan llegar a un objetivo que todos queremos.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, señor Ministro.
Secretario, tiene la palabra para que dé cuenta de los acuerdos de Comités.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Vamos a dar lectura a los acuerdos de Comités adoptados el día de hoy, en reunión celebrada en horas de la tarde.
Los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Abrir los siguientes plazos para presentar indicaciones o solicitudes de votación separada a las partidas que en cada caso se señala, respecto del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2022 (boletín N° 14.609-05):
-Hasta las 9 horas del miércoles 10 de noviembre en curso, respecto de las siguientes partidas:
Partida 07 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Partida 11 Ministerio de Defensa Nacional
Partida 12 Ministerio de Obras Públicas
Partida 13 Ministerio de Agricultura
Partida 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Partida 19 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Partida 21 Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente
Partida 27 Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Partida 30 Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación
-Hasta las 14 horas del miércoles 10 de noviembre en curso, respecto de:
Partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Partida 09 Ministerio de Educación
Partida 16 Ministerio de Salud
Partida 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Partida 22 Ministerio de Secretaría General de la Presidencia
Partida 29 Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Partida 50 Tesoro Público
Articulado
2.-
Designar a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento como integrantes de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para autorizar el retiro anticipado de los fondos previsionales, con los límites y en las condiciones que indica (boletines números 14.210-07, 14.287-07, 14.293-07, 14.301-07, 14.307-07 y 14.246-07, refundidos).
3.-
En relación con la tramitación de la acusación constitucional, declarada admisible por la Honorable Cámara de Diputados, en contra de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, se acordó lo siguiente:
Dicha acusación se comenzará a tratar el día martes 16 de noviembre del presente, en las sesiones especiales de Sala que se citarán al efecto.
La primera sesión será convocada de 09:00 a 13:30 horas, y se iniciará con la relación de la acusación que efectuará el señor Secretario General del Senado, por el término de treinta minutos. En seguida, se escuchará, hasta por sesenta minutos, a la Comisión designada por la Honorable Cámara de Diputados para formalizar dicha acusación en todos sus capítulos. Seguidamente, se escuchará a la defensa del acusado, por igual tiempo, respecto de todos los capítulos de la acusación. Luego, los Honorables Diputados acusadores podrán realizar la réplica y, posteriormente, la defensa hará su dúplica, otorgándose cuarenta y cinco minutos a cada parte para los efectos señalados.
Ese mismo día martes 16 de noviembre, se citará a una segunda sesión especial, de 15 horas y hasta el total despacho de este asunto, para que cada señora Senadora y cada señor Senador pueda fundamentar su voto, hasta por quince minutos en total, respecto de los dos capítulos del libelo acusatorio. Terminados dichos fundamentos, se pondrá en votación separada cada uno de los capítulos de la acusación.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
¿Hay acuerdo?
El señor GALILEA.-
Sí.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Así se acuerda.
Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
Hasta mañana, queridos y queridas colegas.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor CHAHUÁN:
A los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, y a la Subsecretaria de Derechos Humanos, para reiterar oficio en que se solicita el envío de información relativa a ENTREGA DE PENSIONES DE GRACIA Y OTORGAMIENTO DE PROGRAMA PRAIS A MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE EX CONSCRIPTOS, 1973-1990.
Y a los Ministros del Interior y Seguridad Pública y del Trabajo y Previsión Social, a fin de que remitan información sobre AMPLIACIÓN DEOTORGAMIENTO DE PENSIONES DE GRACIA A TRABAJADORES AFECTADOS POR LICITACIÓN DE ESPIGÓN DE VALPARAÍSO.
Del señor DE URRESTI:
A los Ministros de Obras Públicas y de Salud, pidiéndoles que se remitan antecedentes acerca de FISCALIZACIÓN DE SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD DE QUILAHUIN, COMUNA DE LOS LAGOS.
Y al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Obras Hidráulicas, para que envíen información sobre PRIORIZACIÓN DE OBRAS DE DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE APR LAS CHABELITAS, COMUNA DE VALDIVIA; acerca de VISITAA TERRENO A LOCALIDAD DE NELTUME, COMUNA DE PANGUIPULLI PARA EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD DE ESTUDIO DE FUTURA OBRA DE CONSERVACIÓN DE LA RIBERA Y DEL CAUCE NATURAL DE ESE SECTOR; en cuanto a PRIORIZACIÓN DE OBRAS DE DISEÑO E INGENIERÍA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ACTUAL SERVICIO SANITARIO DE LOCALIDADES CHABELITA, COMUNA DE VALDIVIA; DE CIRUELOS, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA; DE NONTUELÁ, ALTO FUTRONO; DE LA AGUADA, COMUNA DE CORRAL, Y DE MARRIAMO, COMUNA DE RÍO BUENO; y acerca de FACTIBILIDAD DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS PARA SEGUNDO SONDAJE DE APR EL TRÉBOL, COMUNA DE LOS LAGOS, Y DE INGRESO DE PROYECTO DE APR DE ACTUAL COMITÉ DE LAS QUEMAS, COMUNA DE FUTRONO, A LA CARTERA DE DISEÑOS DE INGENIERÍA DOH-MOP.
Al Ministro de Obras Públicas, al Director Nacional de Obras Hidráulicas y al Alcalde de Paillaco, para que consideren PRIORIZACIÓN DE ASFALTO BÁSICO EN CARRETERA T-206, PAILLACO-VALDIVIA, Y RUTA T-616, LA BETONERA-REUMÉN.
Al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Vialidad, para que remitan antecedentes sobre INSTALACIÓN DE TACHAS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN RUTA T-851, LOCALIDAD DE PITREÑO;OBRAS DE MANTENCIÓN EN CAMINO PITREÑO-PARQUE FUTANGUE (AMBOS EN COMUNA DE LAGO RANCO) YOBRAS DE ASFALTO BÁSICO PARA 2,2 KILÓMETROS QUE UNEN CARRETERA T-206 (PAILLACO-VALDIVIA) CON LA RUTA T-616, LA BETONERA- REUMÉN.
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo y al Alcalde de San José de la Mariquina, solicitando información sobre PROYECTO "QUIERO MI BARRIO" SOLICITADO POR JUNTAS DE VECINOS EL ESFUERZO, RÍO LINGUE, PORVENIR Y SAN FRANCISCO, INDICANDO CRONOGRAMA, MONTO DE INVERSIÓN, DETALLES DE LA OBRA Y PROPUESTA DEL CITADO PROYECTO.
Al Ministro de Bienes Nacionales, pidiéndole informar sobre el PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE PROPIEDAD RAÍZ ESTABLECIDA EN DECRETO N° 2695 A NOMBRE DE SEÑOR HÉCTOR FLAVIO LEMARÍ LEMARÍ, UBICADA EN SECTOR LOS GUINDOS, COMUNA DE VALDIVIA.
A la Ministra del Medio Ambiente y al Subsecretario del Patrimonio Cultural, en cuanto a la posibilidad de aplicar CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN O MONUMENTO A CERRO ILLI, COMUNA DE LAGO RANCO.
A la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y al Alcalde de San José de la Mariquina, para que indiquen ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE SEDE SOCIAL DEL COMITÉ DE ADELANTO PORVENIR Y DE SEDE SOCIAL UCAM MEHUÍN.
Al Superintendente de Pensiones, con el fin de que informe acerca de SITUACIÓN DE DON SERGIO ALFREDO AGUAYO FERRADA ANTE IMPOSIBILIDAD DE JUBILACIÓN POR TENER PENSIÓN DE REPARACIÓN.
Al Superintendente de Servicios Sanitarios, pidiéndole remitir antecedentes acerca de FISCALIZACIONES EN TORNO A DENUNCIA DE MUERTE DE DECENAS DE PECES EN RÍO NILAHUE, COMUNA DE LAGO RANCO, Y RELACIÓN DEL SUCESO CON EXISTENCIA DE PISCICULTURA RÍO NILAHUE UBICADA EN LAS CERCANÍAS.
Al Superintendente del Medio Ambiente y al Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, para que puedan remitir antecedentes sobre FISCALIZACIONES POR DENUNCIAS DE MUERTE DE PECES EN RÍO NILAHUE, COMUNA DE LAGO RANCO, REALIZADAS POR VECINOS Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR, DONDE SEÑALAN QUE PODRÍA RELACIONARSE CON PISCICULTURA RÍO NILAHUE, UBICADA EN LAS CERCANÍAS, DADA LA INEXISTENCIA DE ACTIVIDAD HUMANA.
A la Directora de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Región de Los Ríos, para que informe acerca de SITUACIÓN DESEÑORITA YENNEVITH AMANDA MARTIN JELDRES, EXCLUIDA DEL PROGRAMA "YO ELIJO MI PC" POR CAMBIO DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, DESDE ESCUELA RURAL MISSISSIPPI A LICEO SEMINARIO SAN FIDEL, QUIEN CUMPLE LOS REQUISITOS PARA PODER OPTAR AL BENEFICIO Y PARA LA CUAL SE SOLICITA QUE SEA INCLUIDA EN LOS NUEVOS PROCESOS O PLAZOS PARA UNA NUEVA POSTULACIÓN.
A la Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Los Ríos, solicitando que se remitan las actas de los PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADOS EN PURINGUE RICO, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MARIQUINA, PARA DEFINIR NOMBRE DE JARDÍN INFANTIL DEL SECTOR, PUES ALGUNOS VECINOS MANIFIESTAN DESACUERDO CON LA DENOMINACIÓN "NEWEN SAYEN", SEÑALANDO QUE SE DEFINIÓ SIN UNA ADECUADA INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD.
Y al Alcalde de Lago Ranco, para que informe sobre GESTIONES MUNICIPALES PARA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE CERRO ILLI, UBICADO EN COMUNA DE LAGO RANCO, ESPECIFICANDO SI EXISTE O SE EVALÚA ALGÚN PLAN DE CONSERVACIÓN EN CURSO ANTE DENUNCIA DE VECINOS POR MALAS PRÁCTICAS DE VISITANTES Y PREOCUPACIÓN POR EQUILIBRIO ECOSISTÉMICO DEL LUGAR.
Del señor GARCÍA:
A la Ministra de Desarrollo Social y Familia, para que indique ESTADO DE POSTULACIÓN DE DOÑA MIRIAM LEPTICIA CERDA AGUILERA A SUBSIDIO ESTIPENDIO.
Del señor PUGH:
Al Presidente de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional del Ministerio Público, consultándole a este último por ATAQUE INFORMÁTICO A PODER JUDICIAL y pidiéndole considerar en investigación ASPECTOS DE CIBERSEGURIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, DE MANERA DE DETERMINAR LAS VULNERABILIDADES EXPLOTADAS, TANTO PARA EL ACCESO REMOTO COMO LAS RELACIONADAS CON LAS AUTENTICACIONES Y VALIDACIONES DE LOS ACCESOS A LOS ARCHIVOS AFECTADOS.
Del señor QUINTEROS:
A los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Obras Públicas, a fin de que informen sobre AFECTACIÓN DE CRISIS EN EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS, MEDIDAS ADOPTADAS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y ESTUDIOS DESTINADOS A EVALUAR LA SITUACIÓN QUE AFECTA A CONSTRUCTORAS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS.
De la señora RINCÓN:
Al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que dé a conocer NÚMERO DE PERSONAS CUMPLIENDO CONDENAS EN RECINTOS DESTINADOS A PRISIÓN PREVENTIVA A LO LARGO DEL PAÍS; CENTROS DE PRISIÓN PREVENTIVA QUE, A PESAR DE INCLUIR A PERSONAS CONDENADAS, NO SE ENCUENTRAN INCORPORADOS ADMINISTRATIVAMENTE AL RÉGIMEN JURÍDICO DE CUMPLIMIENTO DE CONDENAS; MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO PARA PONER TÉRMINO A ESTA IRREGULARIDAD; EQUIPOS DESTINADOS A ELABORACIÓN EXTRAORDINARIA DE INFORMES PSICOSOCIALES REQUERIDOS PARA EL EJERCICIO DE ESOS DERECHOS; Y FECHAS EN QUE SE DIO O SE DARÁ INICIO A LA ELABORACIÓN DE LOS MISMOS EN CADA UNO DE ESTOS RECINTOS, EN PARTICULAR EN EL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA SANTIAGO 1.
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo, planteándole REVISIÓN DE SOLICITUD DE SEÑORA MYRIAM ALTAMIRANO HERNÁNDEZ RESPECTO DE AUTORIZACIÓN PARA VENDER SU VIVIENDA SOCIAL A FIN DE RADICARSE EN OTRA REGIÓN POR RAZONES MÉDICAS DE SU HIJA.
Al Presidente de BancoEstado, exponiéndole SITUACIÓN DE FUNCIONARIA DE BANCOESTADO AQUEJADA DE ASMA BRONQUIAL CRÓNICA PARA QUE PUEDA MANTENERSE DESEMPEÑANDO FUNCIONES SIN ATENCIÓN A PÚBLICO.
Y al Director Nacional de Gendarmería, solicitándole información sobre PERSONAS QUE PERMANECEN RECLUIDAS EN DEPENDENCIAS CARCELARIAS EN CUMPLIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA EN CAUSAS JUDICIALES ABIERTAS CON OCASIÓN DE DELITOS COMETIDOS DURANTE ESTALLIDO SOCIAL INICIADO EN OCTUBRE DE 2019.
Del señor SANDOVAL:
Al Director Regional de Aysén del Servicio de Impuestos Internos, consultándole por PROYECTOS ADSCRITOS A LEY AUSTRAL EN ÚLTIMOS CUATRO AÑOS EN REGIÓN DE AYSÉN.
Y al Alcalde de Cisnes, requiriéndole información respecto de FUNCIONAMIENTO DE VERTEDERO DE LA JUNTA, PRECISANDO MEDIDAS CONTEMPLADAS Y ADOPTADAS ANTE IMPACTO PARA HABITANTES DEL SECTOR.
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--Se levantó la sesión a las 20:18.
Mario Inostroza Sepúlveda
Jefe de la Redacción suplente