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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 115ª, en martes 11 de enero de 2022
Ordinaria
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 16:49 a 19:13)
PRESIDENCIA DE SEÑORA XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA,
Y SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, presencialmente, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Delgado Mocarquer; Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:49, en presencia de 16 señoras Senadoras y señores Senadores.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 106ª a 109ª, en diciembre de 2021, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Cinco Mensajes de S. E. el Presidente de la República.
Con el primero y último, hace presente la urgencia calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-Reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica (Boletín N° 13.086-07).
-El que modifica el artículo 476 del Código Penal, para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso (Boletín N° 13.889-07).
-El que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana (Boletín Nº 12.288-14).
-El que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales (Boletín N° 12.092-07).
-Introduce un nuevo párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes (Boletín Nº 14.440-07).
-El que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución (Boletín Nº 14.008-07).
-El que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas que indica (Boletines Nº 14.107-07 y 14.123-07, refundidos).
-El que regula los biocombustibles sólidos (Boletín N° 13.664-08).
-El que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor (Boletín Nº 13.822-07).
-El que modifica Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal (Boletín N° 7.567-07).
-El que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso (Boletín Nº 14.309-04).
-El que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad (Boletín N° 13.657-07).
-El que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de terminación de arrendamiento y de comodato (Boletín Nº 12.809-07).
-El que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros (Boletín Nº 14.570-05).
-El que crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional (Boletín Nº 10.372-03).
-El que modifica la ley N°21.239, para prorrogar nuevamente el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica, debido a la pandemia producida por el COVID-19 (Boletín Nº 14.747-06).
-El que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados (Boletín Nº 12.065-15).
-El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín Nº 11.174-07).
-El que crea la Pensión Garantizada Universal (Boletín Nº 14.588-13).
-El que modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios (Boletín Nº 14.032-06).
-El que modifica la ley N°20.128, sobre responsabilidad fiscal (Boletín Nº 14.615-05).
-El que modifica la ley Nª 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República, para incorporar específicamente a los hijos de personas fallecidas por COVID-19 (Boletín N° 14.489-06).
-El que modifica la ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública (Boletín Nº 12.100-07).
-El que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social (Boletines Nos 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos).
Con el segundo y cuarto, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:
-El que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest (Boletín N° 12.192-25).
-Sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (Boletín Nº 11.540-14).
-El que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad (Boletín Nº 12.467-15).
-El que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos (Boletín Nº 11.958-07).
-El que reduce o elimina exenciones tributarias que indica (Boletín N° 14.763-05).
Con el tercero, hace presente la urgencia calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que aumenta las penas asociadas al daño o afectación de monumentos nacionales (Boletín Nº 14.102-12).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De S.E. el Presidente de la República
Con el que solicita el acuerdo del Senado para ausentarse del territorio nacional, desde el 25 al 28 de enero de 2022, conforme al itinerario que señala, en la República de Colombia, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25 y en el número 6) del artículo 53 de la Constitución Política de la República.
Asimismo, informa que durante su ausencia, lo subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el señor Ministro Titular de la Cartera de Interior y Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Fundamental (Boletín N° S 2.236-06).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados
Con el primero, informa que ha aprobado el proyecto de ley que reduce o elimina exenciones tributarias que indica (Boletín N° 14.763-05) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Con el segundo, comunica que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas (Boletín Nº 7.543-12).
Con el tercero, informa que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de considerar a las marejadas como fuerza mayor, para evitar la caducidad de la inscripción de los pescadores artesanales en el Registro respectivo (Boletín Nº 11.311-21).
--Quedan para Tabla.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional
Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-la frase "y, en consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento", contenida en el artículo 429, inciso primero, parte final, del Código del Trabajo (Rol N° 12385-21 INA).
-artículos 2°, del Decreto Ley N° 3.643, de 1981; y 4°, del Decreto Ley N° 2.067 (Rol N° 12490-21 INA; Rol N° 12185-21 INA).
-artículo 196 ter, inciso primero, parte final; e inciso segundo, parte primera, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 12566-21 INA).
-artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal (Rol N° 12453-21 INA).
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 12641-21 INA; Rol N° 12519-21 INA; Rol N° 12651-21 INA; Rol N° 12627-21 INA; Rol N° 12661-21 INA; Rol N° 12547-21 INA; Rol N° 12535-21 INA; Rol N° 12673-21 INA; Rol N° 12643-21 INA; Rol N° 12629-21 INA; Rol N° 12571-21 INA; Rol N° 12616-21 INA; Rol N° 12685-21 INA; Rol N° 12696-21 INA; Rol N° 12554-21 INA; Rol N° 12657-21 INA; Rol N° 12619-21 INA; Rol N° 12675-21 INA; Rol N° 12691-21 INA; Rol N° 12505-21 INA; Rol N° 12694-21 INA; Rol N° 12465-21 INA; Rol N° 12636-21 INA; Rol N° 12654-21 INA; Rol N° 12692-21 INA).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Remite copias de sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a los siguientes preceptos legales:
-artículo 1° de la Ley N° 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la Republica y modifica la Ley Nº 19.848 (Rol N° 11459-21-INA).
-artículo 1º de la Ley N° 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la Republica y modifica la Ley Nº 19.848 (Rol N° 11153-21).
-artículo 418, del Código Procesal Penal (Rol N° 10871-21).
-artículos 166, 171, inciso segundo, y 174, inciso primero, del Código Sanitario (Rol N° 9707-20-INA).
--Se manda archivar los documentos.
Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público
Envía respuesta a solicitud de la Honorable Senadora señora Rincón, en relación con la investigación que indica.
De la señora Presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones
Comunica la proclamación, como Presidente Electo de la República de Chile, del ciudadano señor Gabriel Boric Font, y adjunta copia autorizada de la sentencia de Calificación y Proclamación y Acta de Proclamación.
Del señor Ministro de Salud
Responde inquietud de la Honorable Senador señora Sabat, acerca de la posibilidad de reconsiderar el Plan Fronteras Protegidas.
A la misma señora Senadora, informa en relación con la posibilidad de comunicar a todas las instituciones hospitalarias, públicas y privadas, sobre la existencia y obligatoriedad de la ley N° 21.372, que modifica la ley Nº 20.584, estableciendo medidas especiales en relación al acompañamiento de los pacientes que se indican.
Atiende presentación del Honorable Senador señor Ossandón, acerca de la situación que afectaría a funcionarios públicos de la salud a los que, a partir de la ley N° 20.972, se les habría encasillado en la categoría de directivos de confianza.
Informa solicitud del Honorable Senador señor Navarro, relativa a la existencia de la Mesa Covid.
Al mismo señor Senador, envía respuesta sobre una eventual planificación de entrega del denominado carnet Covid-19, y sobre los criterios de inclusión para la hospitalización de pacientes en el Centro Hospitalario de Huechuraba.
Del señor Subsecretario de Hacienda
Responde petición del Honorable Senador señor Bianchi, en relación con la creación de un sistema de apoyo económico para las familias más carenciadas y que no podrán dar cumplimiento al pago de sus servicios básicos, una vez que culmine la ley que suspende los cortes de suministros por deudas de dichos servicios.
Del señor Director Nacional de Arquitectura
Reporta solicitud de la Honorable Senadora señora Allende, relativa al estado de avance del proyecto "Estadio Municipal de San Antonio".
Del señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social
Hace llegar respuesta a consulta del Honorable Senador señor García, sobre si, a la persona que individualiza, le corresponde acceder al bono de reconocimiento por haber realizado el servicio militar obligatorio.
Informa requerimiento del Honorable Senador señor De Urresti, en relación con la situación previsional de la persona que señala.
De la señora Directora General de Concesiones de Obras Públicas
Responde planteamiento del Honorable Senador señor Navarro, relativo a la posibilidad de establecer una norma que obligue al levantamiento de las barreras de los peajes cuando los incendios forestales afecten a sectores de carreteras concesionadas.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal
Hace llegar antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor Navarro, sobre los planes de manejo forestal de loteos y urbanizaciones en zonas con bosque nativo de la provincia de Chiloé.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios
Atiende presentación del Honorable Senador señor Navarro, relativa a las fiscalizaciones realizadas a la planta elevadora de aguas servidas ubicada en la Población La Estrella, sector Michaihue de San Pedro de La Paz.
Del señor Presidente del Consejo Fiscal Autónomo
Remite Nota del Consejo N° 10, denominada "Análisis sobre el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal".
Del señor Director SERVIU Región Valparaíso
Atiende inquietudes de la Honorable Senadora señora Allende, en relación con el estado de avance de los proyectos Villa El Rosario I y II de Olmué y Valles de Limache.
--Se toma conocimiento y quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prohíbe informar las deudas contraídas para financiar atenciones de salud (Boletín Nº 14.211-11).
De la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la Mujer y la Igualdad de Género, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales, y evitar su revictimización (Boletín Nº 13.688-25) (con urgencia calificada de "simple").
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que suspende, por el plazo de cinco años, la inscripción de vehículos destinados al servicio de transporte público remunerado de pasajeros, en sus modalidades urbana y rural, en el Registro Nacional de Transportes de Pasajeros (Boletín N° 14.770-15).
Informe complementario del segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro (Boletín Nº 14.486-05) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para Tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señora Aravena y señores Castro, Ossandón y Pugh, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, con el objeto de determinar la responsabilidad del arrendatario en el pago de las cuentas de servicios básicos (Boletín N° 14.792-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Honorables Senadores señoras Aravena y Órdenes y señores Castro, Chahuán y Durana, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, con la finalidad de establecer el deber del empleador de capacitar a los trabajadores de restaurantes y locales de expendio de comida en maniobras de primeros auxilios (Boletín N° 14.793-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los Honorables Senadores señora Órdenes y señores Bianchi, Chahuán, Girardi y Quinteros, con la que inician un proyecto de ley que dispone la obligación de fortificar ciertos alimentos con vitamina D (Boletín N° 14.794-11)
--Pasa a la Comisión de Salud.

El señor BUSTOS (Prosecretario).- Eso es todo, Presidente.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Prosecretario.
Terminada la Cuenta.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra respecto de la Cuenta.
¿Senadora Provoste?

La señora PROVOSTE.- Presidente, solo deseo solicitar que el boletín N° 14.782-13, sobre equiparación de derecho a sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores e independientes, luego de ser despachado por la Comisión de Trabajo, pase a la Comisión de Educación, por favor.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Perdón, ¿cuál, señora Senadora?

La señora PROVOSTE.- El 14.782-13.
No es de esta sesión, Presidente. Es anterior.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muy bien.
¿Habría acuerdo?

El señor MONTES.- Sí.
--Así se acuerda.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Entramos ahora a Fácil Despacho.
Deseo señalar que tenemos una tabla bastante poblada.
V. FÁCIL DESPACHO

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Hay un proyecto respecto del cual lo único que queda es hacer la votación de las normas que quedaron pendientes, para cuya aprobación se necesitan 25 votos.
La idea es dar cuenta de la iniciativa y ver si están los votos para aprobarlas.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Ese proyecto quedó de la semana pasada?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La semana pasada estuvo en discusión.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Okay.
Entonces, en Fácil Despacho voy a dejar con la palabra al señor Secretario para que dé cuenta de la referida iniciativa, para lo cual pido que se toquen los timbres y que los colegas permanezcan en la Sala a fin de alcanzar el quorum necesario.
Tiene la palabra, señor Secretario.



INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ASIGNATARIAS DE PENSIÓN DE INVALIDEZ

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
Se trata del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. Tiene segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "suma".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 14.445-13, 14.449-13 y 13.011-11, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Respecto de esta iniciativa, en sesión de 5 de enero pasado fueron aprobadas las enmiendas unánimes introducidas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Corresponde ahora dar por aprobadas aquellas disposiciones que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, esto es, los números 1), 2), 3), 4) y 6) del artículo 1°; los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 8° permanentes, y los tres artículos transitorios.
Los artículos 2°, 3° y 4° del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren de 25 votos favorables para su aprobación.
Es todo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, señor Secretario.
Vamos a aprobar dichas normas dejando constancia del quorum requerido.
Por favor.
--(Pausa prolongada).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Ya tenemos quorum, señor Secretario?
Bien.
¿Habría acuerdo para aprobar aquellas disposiciones?
--Se aprueban las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones (26 votos favorables), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido, y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Colegas, les comunico que tenemos una tabla en que prácticamente todos los proyectos son de quorum especial, partiendo por el que estaba primero en Fácil Despacho.
Tiene la palabra, señor Secretario.



APLICACIÓN DE NORMATIVA ESPECIAL PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA A VEHÍCULOS DE SERVICIO DE SEGURIDAD, SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
El señor Presidente pone en discusión en Fácil Despacho el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para aplicar las normas relativas al personal y vehículos de los cuerpos de bomberos y otros de emergencia al personal y vehículos de servicios de seguridad, salvamento y extinción de incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 12.867-15) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa tiene por objeto incorporar a los vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil dentro de la normativa especial que rige a los vehículos de emergencia, en el marco de la Ley de Tránsito.
Asimismo, se incluyen modificaciones en lo relativo a la exigencia de licencia especial clase F para conducir los vehículos de aquel servicio y a las condiciones técnicas de los vehículos utilizados para la realización de dicha labor, haciéndoles aplicables a estos últimos el régimen excepcional al que se sujetan los móviles de Bomberos de Chile.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones hace presente que, por tratarse de un proyecto de artículo único, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, discutió la iniciativa en general y en particular a la vez y acordó proponer a la Sala que lo debata y estudie en los mismos términos.
Además, el referido órgano técnico deja constancia de que aprobó la iniciativa en general y en particular por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señora Órdenes y señores García-Huidobro, Letelier, Navarro y Ossandón, con las modificaciones que consigna en su informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 12 del informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Voy a dejar con la palabra a la Senadora Ximena Órdenes, Presidenta de la Comisión de Transportes.
Señora Senadora, puede intervenir.

La señora ÓRDENES.- Muchas gracias, Presidente.
El proyecto que esta Sala va a discutir en general y particular en esta oportunidad tiene origen en una moción de los Honorables Diputados señoras Claudia Mix y Camila Rojas y señores René Alinco, Jorge Brito, Marcos Ilabaca, Jaime Mulet, Nicolás Noman y Pablo Vidal.
Su objetivo es incorporar a los vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil dentro de la normativa especial que rige a los vehículos de emergencia, en el marco de la Ley de Tránsito.
Además, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones incluyó modificaciones en lo relativo a la exigencia de la licencia especial clase F para conducir los vehículos de aquel Servicio y a las condiciones técnicas de los vehículos utilizados para la realización de dicha labor, haciéndoles aplicables a estos últimos el régimen excepcional al que se sujetan los móviles de Bomberos de Chile.
Cabe consignar que, por tratarse de una iniciativa de artículo único, y de conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento del Senado, la Comisión procedió a discutirla en general y particular a la vez.
Durante la discusión del proyecto, la referida instancia contó con la participación del Jefe de Gabinete de la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos González, y de la asesora legislativa del Ministerio, señora Romina Garrido.
Asimismo, fueron especialmente invitados a exponer sus puntos de vista las siguientes entidades: de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Director General de Aeronáutica Civil, General de Brigada Aérea Raúl Jorquera; el Fiscal señor Alberto Mena, y el Director de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, señor Juan Carlos Rojas; del Colegio Profesional de Técnicos en Salvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves de Chile A.G., su Presidente, señor Ángelo Muñoz; de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, el asesor jurídico señor Fernando Recio.
El proyecto de ley en estudio está estructurado sobre la base de un artículo único con cuatro numerales, que introduce diversas modificaciones a la Ley de Tránsito, como también de un artículo transitorio, que fue agregado por la Comisión que tengo el honor de presidir. Ambos preceptos se configuran en los siguientes términos:
El número 1 del artículo único, por medio de una modificación al numeral 47) del artículo 2° del citado cuerpo legal, incorpora dentro del concepto legal de "vehículo de emergencia" a los móviles del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
El número 2 de dicha disposición, a través de una enmienda al artículo 12 de la referida ley, incluye a los vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil dentro de los móviles que deberán ser conducidos por personas que cuenten con una licencia especial clase F.
El número 3 del precepto en cuestión modifica el artículo 62 del cuerpo legal en comento, ampliando el deber del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de considerar no solo las necesidades especiales de los vehículos de Bomberos al momento de determinar sus condiciones técnicas, sino también las de los móviles del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Por último, el número 4 de la referida norma amplía la exención, actualmente solo aplicable a los vehículos de Bomberos, de poder emitir materiales o gases contaminantes en un índice superior a los permitidos para el resto de los vehículos, también a los móviles del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
La Comisión, durante el análisis y discusión de la iniciativa, sugirió la redacción de un artículo transitorio, estableciendo el período de vacancia legal de un año, desde la publicación de la ley en proyecto, para el cumplimiento de la exigencia de contar con la licencia especial clase F a los conductores de los vehículos empleados por el Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la DGAC.
Señor Presidente, debo hacer presente que en votación general y en particular a la vez del proyecto de ley en estudio, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señora Órdenes y señores García-Huidobro, Letelier, Navarro y Ossandón, lo aprobó con modificaciones, incorporando en su texto el artículo transitorio antes descrito.
Finalmente, hago notar que el informe de la Comisión da cuenta del trabajo realizado, consignando las intervenciones escuchadas, la discusión de los preceptos abordados y los acuerdos alcanzados a su respecto.
Es cuanto puedo informar en mi calidad de Presidenta de la Comisión.
He dicho, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora.
El proyecto fue acordado de manera unánime.
Si le parece a la Sala, lo daremos por aprobado en los mismos términos.

--Por unanimidad, se aprueba en general y particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Pasamos, entonces, al tercer proyecto de la tabla de Fácil Despacho.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.



RENOVACIÓN DE VIGENCIA DE DISPOSICIONES PARA REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES DESTINADAS A MICROEMPRESAS INOFENSIVAS O EQUIPAMIENTO SOCIAL


El señor GUZMÁN (Secretario General).- El señor Presidente pone en discusión general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señor Chahuán, señora Aravena y señores Castro, Montes y Sandoval, que modifica el plazo de la ley N° 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, y en moción del Senador señor Castro, que extiende el plazo previsto en el artículo 4° de la ley N° 20.898, sobre regularización de edificaciones, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines, 14.676-14 y 13.860-14, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Este proyecto de ley tiene por objeto ampliar el plazo para que los propietarios de viviendas que no cuenten con recepción definitiva, total o parcial, emplazadas en áreas urbanas o rurales, puedan hacer uso del procedimiento simplificado de regularización de viviendas, contemplado en la ley N° 20.898, y renovar la vigencia del procedimiento simplificado para la regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo hace presente que, en conformidad a lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió este asunto en general y en particular, toda vez que las mociones refundidas constaban originalmente de un artículo único.
Asimismo, la referida Comisión deja constancia de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Castro, Montes, Sandoval y Soria. En particular aprobó la iniciativa por la misma unanimidad con las modificaciones que consigna en su informe, de acuerdo a las cuales el texto del proyecto de ley quedó compuesto por tres disposiciones permanentes.
Finalmente, la Comisión, teniendo en cuenta la fusión de las dos iniciativas precedentemente mencionadas, resolvió proponer a la Sala sustituir sus denominaciones originales por la siguiente: "Proyecto de ley sobre vigencia de los procedimientos excepcionales de regularización de viviendas y de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social".
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 11 del informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Dejaremos con la palabra al Presidente de la Comisión de Vivienda, Senador Carlos Montes.

El señor MONTES.- Gracias, señor Presidente.
Este proyecto de ley, que está en primer trámite constitucional, refunde una moción de los Senadores señor Chahuán, señora Aravena y señores Castro, Montes y Sandoval, con otra del Senador señor Castro
, en relación con la vigencia de los procedimientos excepcionales de regularización de viviendas y de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social.
En el debate estuvieron presentes representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En lo sustantivo, se propone prorrogar hasta el 4 de febrero del 2023 el plazo para que los propietarios de viviendas que no cuenten con recepción definitiva, total o parcial, emplazadas en áreas urbanas, puedan hacer uso del procedimiento simplificado de regularización de viviendas, contemplado en la ley N° 20.898.
Además, se renueva hasta esa misma fecha la vigencia del procedimiento simplificado para la regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social, la que ya había expirado.
Durante la discusión del proyecto se tuvo en cuenta que su objetivo es ampliar y renovar la vigencia del mecanismo -esto es muy importante-, pero sin alterar en forma alguna las características de las construcciones que pueden acogerse al mismo ni las normas aplicables.
Asimismo, se precisa que el cómputo del término en cuestión se vincula con las fechas de ingreso de las solicitudes, por lo que las direcciones de obras municipales podrán revisar las carpetas respectivas y resolver con posterioridad. Es decir, será posible presentar las carpetas hasta el 4 de febrero del 2023.
Se coincidió en que los regímenes especiales que permiten eximir del cumplimiento de la normativa sobre urbanismo y construcciones deben ser siempre excepcionales, tanto en su ámbito de aplicación como en su vigencia, y que lo ideal sería apuntar a que las edificaciones cumplan con la preceptiva desde un comienzo.
No obstante, se tuvo presente que el caso en examen encuentra su fundamentación en las dificultades derivadas de la pandemia, período en el cual ha sido muy difícil hacer los trámites y cumplir con los procedimientos de regularización planteados.
Esto ha impedido que aquellos que han querido realizar el trámite hayan podido hacerlo, por lo que el plazo adicional de un año resulta pertinente por ese tiempo que no se pudo emplear esta ley, más aún cuando esto pudiera contribuir también a la recuperación económica del país.
En consecuencia, y pese a que contempla tres artículos, la iniciativa podría aprobarse en general y particular, dado que se trata de una materia concreta que reviste cierta urgencia y que fue unánime en la Comisión.
Es cuanto puedo informar a esta Honorable Sala.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- A usted, Senador Montes.
Senador García-Huidobro, ¿usted pidió la palabra?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Era para lo anterior, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Okay.
Entonces, vamos a dejar con la palabra al Senador Chahuán.
Senador Montes, entiendo que al refundir las mociones resultó un artículo único. La idea sería votarlo en general y particular, y hacer una sola votación.

El señor MONTES.- Así es.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Vamos a darle la palabra al Senador Chahuán y después votamos.
¿Les parece?
Muy bien.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, quiero agradecer la pronta tramitación de este proyecto de ley, que fue analizado en la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Sin lugar a dudas, esta iniciativa responde a los impedimentos que surgieron para acogerse a las disposiciones de la denominada "Ley del mono", que permite la regularización de viviendas, extendiéndola por un año adicional.
En el texto de la actual ley N° 20.898 se establecía la vigencia de un plazo de seis años, contados desde su publicación, para que las personas que estuviesen en esa condición pudieran regularizar sus obras y sus viviendas, así como también las edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social por el tiempo que reste para completar el plazo de siete años desde la publicación de la referida ley 20.898.
El proyecto establece que los plazos de vigencia aludidos en los artículos precedentes, tal como señala el texto de la norma que se propone, corresponden a aquellos que tienen los propietarios para ingresar las solicitudes de regularización ante las respectivas direcciones de obras municipales, no pudiendo hacernos cargo del tiempo que demoren ellas para aprobar las mismas.
No hemos alterado en absoluto las condiciones que se establecían en la ley N° 20.898 para proceder a aquello. Entre ellas, que las viviendas hayan sido construidas antes de la publicación de la ley; no estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, entre las declaradas de utilidad pública o bienes nacionales de uso público, o de tratarse de áreas urbanas estar emplazadas en suelos que admitan uso residencial; contar con avalúo fiscal de hasta 1.000 unidades de fomento; tener una superficie cuyo recintos habitacionales, incluidos baño y cocina, no excedan los 90 metros cuadrados; no tener, a la fecha de ingreso de la solicitud de regularización, reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas ante la dirección de obras municipales o el juzgado de policía local respectivo, y cumplir con el resto de las normas que se indican a continuación, tales como altura, terminación de interior, ventilación, resistencia al fuego, adosamientos, cálculo estructural, entre otras.
Por lo tanto, Presidente, tengo a bien acoger lo que se ha planteado en el sentido de votar el proyecto en general y particular, porque se trata una norma que muchos ciudadanos están esperando ansiosamente.
Este es un proyecto que trabajamos junto con el Senador Juan Castro, quien había presentado con antelación una moción en tal sentido, y también con la Senadora Carmen Gloria Aravena.
Por lo tanto, espero que podamos despacharlo ojalá en general y en particular.
Gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muy bien.
Entonces, vamos a someter a votación este proyecto en general y en particular.
Si le parece a la Sala, lo aprobaremos de manera unánime.

--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- A continuación pasaremos al Orden del Día.
Les recuerdo que tenemos una larga tabla y los proyectos que vienen son de quorum especial.
VI. ORDEN DEL DÍA



CREACIÓN DE MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- En primer lugar, corresponde discutir en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, con informe de la Comisión Seguridad Pública y urgencia calificada de "suma".
Cabe recordar que esta iniciativa la teníamos en tabla desde la semana pasada y quedó para iniciar su tratamiento en Sala el día de hoy.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.614-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley tiene por objeto crear el Ministerio de Seguridad Pública como la Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República, en asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública, con la finalidad de permitir a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas alcanzar una condición en la que se encuentren lo suficientemente resguardados de peligros, riesgos, amenazas e interferencias externas e internas, antrópicas y naturales.
La Comisión de Seguridad Pública hace presente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, discutió la iniciativa solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Insulza, Moreira, Pizarro, Pugh y Quintana.
Asimismo, la Comisión deja constancia de que los incisos tercero y cuarto del artículo 1°, el artículo 4° (ambos preceptos contenidos en el Artículo Primero), así como el número 1) del Artículo Segundo, el Artículo Quinto, todos permanentes, y el párrafo segundo del número 3) del artículo primero transitorio requieren 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.
Por su parte, el artículo 25, contenido en el Artículo Primero permanente del proyecto, requiere 22 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de quorum calificado.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 73 y siguientes del informe de la Comisión de Seguridad Pública y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.


El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
¿Senador Alvarado?

El señor ALVARADO.- Señor Presidente, solo quiero solicitar la autorización de la Sala para que ingrese al Hemiciclo el Subsecretario del Interior, don Francisco Galli.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muy bien.
Está el señor Ministro presente.
¿Habría acuerdo?

La señora CARVAJAL.- No.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Hay una oposición en la Sala.
Entonces, en la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.- Muchas gracias, Presidente.
Este tema ya lleva muchos años con nosotros, y cada vez se ha ido haciendo más agudo y problemático, fundamentalmente en torno a las realidades subjetivas y objetivas que...
(Rumores).
Si me permiten los Senadores y el Ministro, por favor.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Ministro y Senadores, por favor, escuchemos el informe.

El señor INSULZA.- Gracias, señor Presidente.
Decía "realidades subjetivas", porque no cabe duda de que ha aumentado sustantivamente el temor ciudadano con relación a los problemas de violencia, de delitos y de transgresiones que vivimos en el país. Y digo "objetivas", porque también debemos reconocer que se han incrementado los delitos.
Más allá de las cifras que generalmente se dan y que son distorsionadas, por ejemplo, por la existencia de una discusión al respecto, se considera que los delitos de mayor connotación social son el homicidio y el hurto. Y la verdad es que, desde el punto de vista del daño que causan en la población, con todo respeto por las personas que han sufrido algún hurto, resulta indudable que el homicidio es mucho más grave.
Entonces, muchas veces las cifras agregadas de la delincuencia no cuentan la real historia.
Los homicidios sí nos cuentan una trágica historia.
Hace poco más de una década, nuestro país tenía una tasa de 2,5 homicidios por cada 100 mil habitantes, que era una de las menores de América, compitiendo con Canadá. Ningún otro país en toda la región americana tenía una cifra menor de homicidios. Hoy tenemos 5,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, según ha informado hace poco a nuestra Comisión el Presidente de la Asociación de Fiscales.
Algunos dicen que esto se debe a las pandillas y los narcos, lo cual es cierto. Las guerras entre pandillas, en torno a los narcos y las armas, son muchas veces las causantes de este aumento.
Pero la realidad de las muertes también incluye a muchos inocentes que han muerto por balaceras, por balas perdidas y homicidios en los barrios de nuestras ciudades.
Ha aumentado, entonces, la violencia tanto en los delitos de particular visibilidad, que antes no existían como los portonazos o los saqueos, como en aquellos donde resultan agraviadas nuestras mujeres, es decir, los femicidios, que se incrementan sustantivamente todos los años.
Por su parte, el tráfico de armas y el narcotráfico han crecido de manera exponencial en los últimos años.
En consecuencia, tenemos un fenómeno real, una realidad subjetiva, pero también una realidad objetiva. La gente tiene temor, pero no solo por lo que muestra la televisión, sino por lo que ocurre cuando sale a la calle.
Desde un punto de vista doctrinario, no cabe duda de que la seguridad es un deber de Estado. No olvidemos que entre los grandes teóricos se afirma que los Estados nacionales nacen fundamentalmente por la necesidad de protección que tienen las personas, necesidad que sigue existiendo. La gente quiere ser protegida y exige que el Estado la proteja: que proteja su integridad, su seguridad y su propiedad.
Sin embargo, debemos reconocer que como autoridades civiles y electas del Estado no hemos ejercido esas funciones desde hace bastante tiempo, entregándoselas solamente a las fuerzas policiales, a las cuales hemos hecho cargo muchas veces de este problema.
Cuando dije alguna vez, en una frase que pronuncié, que las fuerzas policiales se mandan solas, no era una crítica a las policías, ni a Carabineros ni a la PDI, sino al hecho de que carecían de mando civil y de que nadie se encargaba de formular una política de seguridad pública efectiva.
Por lo tanto, hay en el país un aumento de los riesgos crecientes de la delincuencia, pero también una incapacidad en la dirección y una incapacidad creciente de nuestros servicios de hacerse cargo de ellos.
Pregunten ustedes nuevamente a la Asociación de Fiscales cuántos casos de hurto y de robo, cuántos homicidios se resolvieron en los últimos años. Las cifras son alarmantemente exiguas.
Ahora bien, en función de la idea de contar con un Ministerio de Seguridad Pública, que se ventiló por primera vez hace veinte años, a lo mejor era comprensible, considerando el nacimiento del Estado que fundamentalmente se hace cargo de la seguridad de la gente, que este organismo estuviera ligada con el Ministerio de Gobierno y no con el Ministerio del Interior -yo nunca estaría de acuerdo con cambiarle el nombre a este último, porque existe desde 1811-, toda vez que es la Cartera del gobierno, por excelencia, la que le da su orientación, la que sigue los temas en el Congreso, la que prepara los proyectos de ley, la que da el seguimiento a la acción cotidiana de la administración, etcétera.
Por lo tanto, parecía razonable que ese Ministerio se hiciera cargo de la principal preocupación: la existencia de las policías.
Pero hoy día las tareas de las policías y las exigencias de seguridad pública han llegado a tal volumen que es imposible que en un mismo Ministerio se gestionen las acciones del Gobierno en general y la función social que supone la seguridad pública.
La seguridad pública es un bien social tan importante como los otros. Así lo demuestra la misma gente cuando le preguntan cuáles son sus prioridades. Las personas están tan preocupadas de su salud, de su educación, de su previsión, de su empleo, así como también de su seguridad personal y de no ser objeto de la delincuencia.
Por lo tanto, ese servicio público debe existir, y debe hacerlo de manera autónoma.
Por estas razones, algunos parlamentarios y el señor Ministro, en conjunto con la ex Presidenta del Senado, decidieron crear una Comisión Bicameral para esto, de la cual salió la mayor parte de las ideas fuerza que están en este proyecto, reconociendo, como diré más adelante, que hay algunos problemas algo más graves que discutir.
¿Cuáles son las ideas fuerza? Y las tomo de esa discusión.
La primera es separar las funciones políticas de gestión del Gobierno -lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior- de la responsabilidad de mantener la seguridad y el orden público en el país, porque esto ha pasado a ser una política social de primer orden y de dedicación exclusiva.
Eso lo conversamos hace mucho tiempo; se decía cuando yo era Ministro del Interior, y todos estábamos de acuerdo en esto. Pero por algún motivo le pusimos apellido al Ministerio del Interior, y le llamamos "Ministerio del Interior y Seguridad Pública", en lugar de separarlo en ese momento de manera definitiva, como parecía ser el consenso, cuando dejé esa Cartera.
La segunda idea fuerza es la subordinación de las policías al poder civil. Y aquí, ¡ojo a los tamaños y no solamente a las palabras! Porque uno puede decir que le entrega al Ministerio la gestión de todo este tema, y tener una oficina de diez personas para dirigir entidades públicas con varias decenas de miles de funcionarios. Pero necesitamos un Ministerio de Seguridad Pública con peso específico, con especialistas, con capacidad de fijar y evaluar políticas. De lo contrario, como lo dijo algún Subsecretario recientemente -y no fue de este Gobierno, sino de alguno anterior-, uno termina haciendo exactamente lo que ellos dicen porque no saben ni siquiera cómo responder.
Por lo tanto, la subordinación de las policías no pasa simplemente por decir: "Le damos estas facultades", sino con crear una masa crítica capaz de dirigir efectivamente desde un punto de vista civil la política de seguridad pública.
La tercera idea fuerza es reunir en un solo Ministerio las instituciones públicas que tienen que ver con la seguridad.
Aquí tenemos algunas controversias. Y no voy a entrar todavía al debate entre seguridad pública y seguridad ciudadana, pues respecto de eso no me importa con cuál de los nombres asume: la Comisión de la Cámara se llama de "Seguridad Ciudadana", la de este Senado se llama de "Seguridad Pública". ¡No! ¡El concepto de seguridad humana es mucho más vasto, pues! El concepto de seguridad humana incluye la salud, la vejez, la vivienda.
Por lo tanto, este Ministerio es de algún tipo de seguridad.
Por eso, porque el ciudadano hoy día se encuentra crecientemente, como lo diría un famoso columnista mexicano, León García Soler, con que el fuego que la gente enfrenta no es necesariamente el de las balas, ni el de los automóviles, de la violencia callejera, ¡es el fuego del desamparo! ¡Y el Estado lo está amparando, Presidente! ¡Y eso lo tiene que hacer el Estado en su conjunto!
El Ministerio de Seguridad Pública es para una función específica, que tiene que ver fundamentalmente con la conducción de las Fuerzas de Orden y Seguridad creadas por el Estado.
Ese criterio se discutió mucho en la Comisión bicameral, sobre todo algunos temas... (falla de audio)...
Y naturalmente esto sigue, a mi juicio; continúa en el Ministerio del Interior. Nosotros no pensamos que fuera bueno. No pensábamos en ese momento en que el tema de las catástrofes fuera materia puramente de la policía, o de este Ministerio. Ahí también llegan las Fuerzas Armadas, la salud, los de vivienda, los de orden público. Eso debe coordinarlo el Ministerio del Interior, y no el de Seguridad Pública.
En seguida, está el tema de Gendarmería, que en algunas partes integra el Ministerio del Seguridad Pública. No olvidemos que en algunos países de nuestra región existen Ministerios de Justicia y Seguridad Pública.
No estamos planteando eso aún.
Por lo tanto, no estamos por hacer transformaciones ahí.
Además, está el tema de la inteligencia.
Y aquí sí: la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, debe depender del Ministerio de Seguridad Pública, porque su función es la investigación y la inteligencia sobre el crimen organizado, llámese "narcotráfico", "terrorismo", "tráfico de armas" o "piratería", o lo que se quiera, es un tema propiamente delictual que debe estar dentro del sistema de seguridad pública y, por lo tanto, de la Agencia Nacional de Inteligencia, si la incluimos. Y lo mismo vale para la ciberseguridad.
Será un tema nuevo, pero no cabe duda de que debe estar dentro de este Ministerio.
En cambio, hay discusión respecto del sistema del Servicio Nacional de Drogas, porque es rehabilitador. Tal vez, debería considerarse que estuviera en otro Ministerio.
Todas estas discusiones, señor Presidente, hacen que nosotros estemos planteando aquí la aprobación de la idea de legislar sobre este Ministerio.
Los señores Senadores y señoras Senadoras podrán leer bien después, con detalle, el articulado, y formarse sus propias opiniones. E iniciaremos una discusión que no será breve, pero que ha llegado el momento de iniciar.
Ese es el sentido de la discusión que estamos teniendo hoy día, y de la propuesta unánime de la Comisión de Seguridad Pública.
Y, además, yo pediría, interpretando la opinión de la Comisión bicameral, que este Ministerio fuera aprobado en el día de hoy.
Muchas gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Insulza.
Yo no sé si el señor Secretario...

La señora VON BAER.- Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Senadora Von Baer.

La señora VON BAER.- ¿Puede abrir la votación manteniendo los tiempos?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí.
Pero primero vamos a darle la palabra al señor Ministro, porque si abrimos la votación, no se la puedo dar.
¿Le parece?
¡Salvo que ustedes no quieran que hable su Ministro...! Lo que sería un poco complicado.

La señora VON BAER.- ¡Le damos la palabra al Ministro...!

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Señor, Ministro, ¡con la venia de su bancada le vamos a dar la palabra...!

El señor DELGADO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- ¡Quedó muy clara la venia de la bancada, Presidente...! Agradezco la oportunidad.
Tomándome tal vez de las palabras finales del Senador Insulza -a quien aprovecho de agradecer-, pudimos compartir en la Comisión Bicameral. Fue una instancia prelegislativa que convocamos hace algunos meses para desarrollar puntualmente este tema; algunos relacionados también con la reforma de Carabineros, en la cual pudimos debatir: tener las distintas miradas, aproximaciones, a algo tremendamente necesario y que transversalmente se ha manifestado. Obviamente vamos a estar muy atentos a la opinión de los Senadores y las Senadoras.
Pero creemos que transversalmente hay una opinión mayoritaria con respecto a que en Chile se requiere tener, tal como ocurre en el resto del mundo, en muchos países, un Ministerio propio para la seguridad pública.
Ahora, con respecto a cuál es el enfoque de esa seguridad, efectivamente es la seguridad humana, poniendo a la persona en el centro, respecto de las amenazas que puede tener cualquier ser humano; también es algo con lo cual concordamos.
Por lo tanto, lo primero es transmitir, Presidente, el beneplácito del Gobierno para estar discutiendo este proyecto, que tiene muchos meses de maduración, en distintas instancias de conversación. Efectivamente, data también de algunas reformas que se contemplaron en el pasado. Por ejemplo, en el 2005, en la reforma relativa a la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en la cual se dispuso que dependerían del Ministerio encargado de seguridad pública para estos efectos.
A partir de ahí, el año 2006, la entonces Presidenta Michelle Bachelet presentó a este Congreso Nacional un proyecto de ley cuyo objeto fue crear el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y modificar, además, diversos cuerpos legales para tal efecto.
Así quedó graficado en ese momento.
Pero también en los años posteriores, el 2008, se alcanzó el acuerdo político legislativo en materia de seguridad ciudadana, suscrito entre el Gobierno de la época y la entonces Alianza por Chile, por lo cual se acordó que el Ministerio del Interior sería el encargado de la seguridad pública, y que concentraría y coordinaría los programas gubernamentales relacionados con esta materia.
De igual forma, como consecuencia de dicho acuerdo, se convino que dicha Cartera sería la responsable política de la seguridad pública del país, y que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerían de ella, dando cumplimiento así con el mandato de la reforma constitucional del año 2005, al tenor del actual inciso segundo del artículo 101 de la Carta Fundamental.
La modernización de las policías, Presidente, ha sido uno de los ejes de este Gobierno, y así lo hemos manifestado en distintas etapas.
Por ejemplo, el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública determinó la necesidad de avanzar en 150 propuestas en diversos ámbitos, los cuales se han traducido en numerosas iniciativas, muchas de las cuales han sido aprobadas por este Honorable Senado.
Sin embargo, los déficits exhibidos por las policías en materia de control de orden público, con ocasión de la violencia del 18 de octubre, y las semanas siguientes, dejaron en evidencia la necesidad de mirar profundamente a nuestras policías, para poder modernizarlas y darles la solidez y la legitimidad que el actuar policial requiere frente, por supuesto, a una sociedad que es cada vez más exigente en la materia.
El desafío de profundizar la legitimidad policial fue advertido tempranamente como algo necesario. Así, tanto el Programa de Gobierno, el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública como las acciones emprendidas desde el inicio de esta Administración para profundizar el enfoque de Derechos Humanos en las policías, desde antes como después del 18 de octubre de 2019, han permitido consensuar la necesidad de avanzar en estructuras políticas que otorguen mayor legitimidad a los cuerpos policiales para que estos puedan cumplir de manera efectiva su rol de garantizar la seguridad pública y el orden público.
En ese contexto, Presidente, con el apoyo de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales, y con la activa participación de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones se inició un proceso que tiene como objetivo reformar nuestras instituciones policiales, buscando poner el foco en la defensa y en la protección de las personas, guiado por los principios democráticos, el enfoque de género y el irrestricto respeto por los derechos humanos.
En este trabajo de reforma de Carabineros de Chile, con la participación triestamental (vale decir, del Gobierno, de la sociedad civil y de los mismos Carabineros de Chile), se han consensuado numerosos cambios a la estructura de seguridad del país.
Entre otros, justamente se acordó la necesidad de crear un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. ¿Y por qué hago todo este relato? Porque efectivamente es importante recordar, sobre todo a la gente que nos pueda estar escuchando, que esta propuesta surge de la reforma de Carabineros y no al revés, como muchos pueden pensar.
El proceso se funda en cuatro ejes esenciales, que son: las reformas a la institucionalidad y gobernanza, a la modernización de la gestión, al control de orden público y a la carrera y formación. Precisamente este proyecto logra abarcar la totalidad de estas áreas, por cuanto permitirá mejorar la sujeción a la autoridad civil de las policías, con una dirección civil que sea capaz de evaluar su gestión financiera, administrativa, operativa e incluso educacional, con el objeto de orientar su accionar hacia las personas.
Sin embargo, que estemos sosteniendo hoy esta discusión es también gracias al trabajo de diversas instancias de participación, reflexión y proposición, tales como el Consejo Asesor para la reforma de Carabineros y la Comisión para la reforma de Carabineros.
Esta última instancia es liderada por el ex Senador Felipe Harboe.
No obstante, resulta particularmente importante el rol que tuvo la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, a la cual comencé otorgando algunas palabras que efectivamente nos permitieron discutir, debatir y ver las distintas miradas, y lo más importante: llegar a un consenso transversal de la necesidad de discutir este proyecto.
Quizás también, Presidente, el principal fundamento del proyecto radica en que la seguridad pública debe estar orientada hacia la persona, buscando prevenir peligros que, si no son debidamente abordados, se convierten en situaciones dañosas, como pueden ser los delitos. No se trata, por tanto, de prevenirlos simplemente, sino que también se busca una mirada mucho más integral. De esta manera, la seguridad no tiene por oposición el delito, sino que es una tarea del Estado cuyo resultado es permitir que las personas vivan en sociedad lo más libres de todos los riesgos que las puedan aquejar.
Para alcanzar este fin el proyecto, en lo esencial, aborda las siguientes materias:
-En cuanto a su función, será la Secretaría de Estado la encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública.
-Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán de este Ministerio, así como la Agencia Nacional de Inteligencia. Es algo que el Senador Insulza ya relató.
-Le corresponderá la gestión de los asuntos y procesos administrativos que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública requieran para la implementación de sus funciones y que sean de su competencia.
-El Ministro de Seguridad Pública deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública interior, orden público, prevención del delito, rehabilitación de infractores de ley y la reinserción social, por supuesto.
-Finalmente, en cuanto a los ámbitos de competencia, le corresponderá todo lo relativo a la seguridad y el orden público; la dirección, control y gestión de las policías, la prevención del delito, el resguardo de las fronteras, la ciberseguridad, la inteligencia y la seguridad privada.
-En cuanto a la orgánica, se contemplan dos subsecretarías: una, la de seguridad pública, que colaborará con la coordinación de las acciones de los ministerios y también los servicios públicos que se relacionen con la seguridad pública. Y realizará un análisis multidimensional sobre los desafíos y los riesgos en materia de seguridad pública. Tendrá la dirección, el control y gestión de las policías y el control y la evaluación de los sistemas de seguridad privada.
Asimismo, se contempla una Subsecretaría de Prevención del Delito, la cual colaborará en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir los delitos, rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de ley. También evaluará las políticas públicas en materia de prevención del delito y apoyo a las víctimas diseñando o formulando proyectos a través del Ministerio o por otros servicios públicos, según las directrices metodológicas que esta imparta. Y sistematizará y disponibilizará la información para el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Por último, Presidente, el proyecto contempla la reformulación de instancias de coordinación y de instrumentos, como son el Consejo de Seguridad Pública y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a partir de la experiencia que se ha tenido en su funcionamiento a través de estos años.
No puedo, finalmente, Presidente, dejar de agradecer a todos los miembros de la Comisión de Seguridad Pública el trabajo que han realizado en esta materia. Después de varias sesiones, donde se escuchó transversalmente a diversos actores, el proyecto que hoy discutimos viene a continuar la necesaria reforma y modernización de nuestras instituciones de seguridad, profesionalizando y tecnificando su gestión y dirección, pero sobre todo permitiendo avanzar en la consolidación de un nuevo paradigma de seguridad, cuyo centro es la persona, profundizando, además, el enfoque de derechos humanos en la acción del Estado y, particularmente, del Gobierno, en materia de seguridad pública.
Por ello, señor Presidente, quisiera pedirle a este Honorable Senado que apruebe el proyecto, pues resulta indispensable para continuar avanzando en la modernización y en la reforma de la seguridad pública y, especialmente, de nuestras policías.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Ministro.
Me han solicitado permiso para que ingrese a la Sala el señor Subsecretario del Interior.
Si le parece a la Sala, ¿habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Abriré la votación y les daré la palabra a los colegas que están inscritos.
En votación general el proyecto.
(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Moreira para fundamentar su voto.

El señor MOREIRA.- Gracias, Presidente.
Mire, la verdad es que la seguridad de los habitantes de una república debe ser claramente una de las responsabilidades más esenciales de cualquier Estado. Y es una responsabilidad que cada vez se hace más difícil de cumplir en Chile y en el mundo. Sin seguridad apropiada de parte del Estado no hay confianza; y sin confianza no hay inversión, no hay paz, ni puede existir el Estado de derecho.
No nos engañemos. En estas últimas décadas se ha ido desgastando el Estado de derecho y ha habido demasiadas debilidades en este aspecto.
Por eso es que los desafíos en materia de seguridad son enormes y desde ya abarcan mucho más de lo que ordinariamente denominamos "la seguridad pública".
A medida que las sociedades se desarrollan, las relaciones entre los actores se complejizan y las soluciones van más allá de la simple represión.
Obviamente la seguridad de un país abarca aspectos técnicos y políticos.
La experiencia internacional ha demostrado que los ministerios encargados de la seguridad pueden ser usados de manera poco apropiada. No solo para crear más burocracia y contratar asesores de muchos trajes y pocas ideas, sino también para perseguir rivales políticos o hacer la vista gorda ante ciertas situaciones conflictivas que afecten al gobierno de turno.
Sin embargo, nunca había sido tan necesario ordenar el trabajo del Estado y de sus brazos operativos.
Los escándalos de platas que ocurrieron en Carabineros, así como la falta de preparación para enfrentar los masivos hechos violentos a partir del 19 de octubre del 2019 o los actos de terrorismo en la macrozona sur, que desbordaron el accionar de nuestra policía, son antecedentes claros de que la orgánica actual no da el ancho. Y tampoco lo da para perseguir el narcotráfico, aunque aquí hemos hecho demasiados esfuerzos en materia legislativa.
La función de jefe de gabinete y la de actor político del Ministerio del Interior implican una dedicación que le impide entregarse con el ahínco necesario a las funciones de seguridad, especialmente cuando la actual definición de seguridad va mucho más allá de la seguridad pública y el terrorismo.
Los expertos que invitamos a nuestra Comisión de Seguridad Pública han sido claros en su mayoría en cuanto a la necesidad de este proyecto, como también en algunos aspectos a mejorar, aun cuando las ideas principales vienen ya desde el diagnóstico del año 2005 y las intervenciones en la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, que aportó insumos relevantes para él.
Obviamente, no se puede esperar que haya resultado inmediato al aprobar esta iniciativa. Si alguien piensa que con el Ministerio de Seguridad vamos a solucionar los problemas de terrorismo, de delincuencia, de narcotráfico, están equivocados. Pero sí es un paso importante para que tengamos un Ministro con dedicación exclusiva, que debe contar con recursos; y también resulta relevante que existan las leyes necesarias para que las policías puedan actuar con algunas medidas intrusivas.
La verdadera función del Ministerio y sus dos Subsecretarías tiene que ver con la planificación, supervisión y análisis de escenarios de peligro y conflictos. Y eso requiere tiempo.
Mi gran preocupación tiene que ver con la medición de resultados; cómo determinamos que lo creado es un aporte y no otro elefante blanco que solo sirva para entregar gráficos y presentaciones en PowerPoint para justificar su inoperancia.
Con todo, creo que este proyecto tiene la mayor relevancia y es de aquellos que pueden cambiar positivamente la vida de las personas; y, por lo mismo, estimo que lo debemos aprobar en esta instancia.
Nadie sabe lo que ha de pasar; pero es un avance ante una preocupación del Estado, con un cargo ministerial, un subsecretario, un ministro que tendrá atribuciones; y, tal como ha ocurrido en otros países del resto del mundo, creo que será de gran ayuda. Pero lo relativo al terrorismo, la delincuencia y el narcotráfico no se logra paralizar, neutralizar con un ministerio. También son importantes las leyes adjuntas para que las policías puedan actuar operativamente a fin de descubrir, arrestar para que vayan a juicio y sean sancionadas todas estas organizaciones criminales.
Señor Presidente, este proyecto se ha trabajado en la Comisión de Seguridad Pública, donde ha habido un esfuerzo permanente del Gobierno; del Ministro del Interior, Rodrigo Delgado; del Subsecretario Galli, quien debiera estar acá presente, pero lamentablemente no lo dejan entrar por razones políticas, o personales -no sé el motivo para esto-, porque fue quien estuvo con nosotros invariablemente junto al Ministro viendo los detalles, escuchando las ponencias de los miembros de la referida instancia para llevar adelante esta iniciativa.
Voto a favor.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Moreira.
Está inscrito el Senador Jaime Quintana para fundamentar su voto.
Puede intervenir, Su Señoría.

El señor QUINTANA.- Gracias, Presidente.
Por favor, quiero el mismo tiempo que tuvo el Senador que me antecedió,...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Sí; dele nomás.

El señor QUINTANA.- ... y ya estaba abierta la votación.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- No hay problema.

El señor QUINTANA.- Concuerdo también, Presidente, con los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que pensar que un ministerio por sí solo va a resolver los problemas de seguridad que se han venido arrastrando por décadas, en donde las amenazas hoy en día son muy diversas, muy disímiles, es bastante iluso. Pero de que ayuda, por lo menos la evidencia que hay va en esa dirección; de hecho, los países -y no vamos a decir exitosos, porque no hay ningún país en el resto del mundo que lo sea en materia de control del crimen organizado- que han tenido algunos logros son justamente aquellos que han sido capaces de separar en materia de ministerios lo que tiene que ver con la coordinación política de los asuntos propiamente de seguridad. Y hay varias naciones en distintos continentes que han ido en esa dirección, por lo que a mi juicio este es un paso que va en la línea correcta.
Por eso este proyecto, como han señalado los colegas y el propio Ministro, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Seguridad, y además teniendo a la vista mucha documentación y evidencia. En tal sentido, creo que se está haciendo un trabajo bastante concienzudo en esto. Y digo que se está haciendo, porque todo indica que la discusión en particular no va a ser sencilla.
Si bien el trabajo de la Comisión Bicameral allanó los esfuerzos, y de ahí el resultado (5 por 0), creo que los aspectos que van a ir en la bajada serán no menores.
Antes de entrar a los aspectos más precisos, quiero decir también, aprovechando la presencia del Ministro, algo que he señalado muchas veces, pues he sido majadero en ello: pienso que este debió haber sido el proyecto número uno, el primer proyecto que el Gobierno del Presidente Piñera, probablemente con menos expectativas que las que generó su primer mandato, debió haber puesto en discusión; este proyecto debió haber sido el buque insignia que guiara la disposición de las demás piezas en esta materia. Pero finalmente se optó por dejarlo casi como un barquito a la deriva al final. Esperemos que no vaya a la deriva, lo cual va a depender mucho de este Senado y de cuáles serán las otras discusiones que se abrirán sobre el particular.
Esto también -y hay que consignarlo- va de la mano con un tema en que se ha avanzado muy poco en Chile en muchos años; en particular, en estos últimos cuatro no se ha avanzado nada. Y me refiero a la inteligencia, entendiéndola como la capacidad de producir bienes, elementos, información. No cualquier información de un analista es de inteligencia, que permite anticiparse y eventualmente poder desactivar una amenaza o neutralizarla, o cambiar su curso. ¡No!
Aquí se ha de realizar un trabajo muy profundo.
Efectivamente, existe un proyecto del año 2018 que el Senado ya aprobó, que a esta altura creo que está obsoleto; se encuentra en la Cámara de Diputados. A veces se dice que los proyectos duermen acá; ¡pero a veces el sueño reparador en la Cámara también es intenso...!
Como sea, a mi juicio le va a corresponder al próximo Gobierno presentar indicaciones al proyecto sobre inteligencia, porque las amenazas hoy día son distintas a las que teníamos antes de la pandemia: esa es una iniciativa prepandemia.
Ahora bien, existen acá cuestiones relevantes, y por eso digo que la discusión en particular no va a ser algo tan sencillo, pues hoy día tenemos distintos paradigmas en materia de seguridad pública. El que estamos creando es el Ministerio de Seguridad Pública, y esto viene de los tiempos de la Guerra Fría. Claramente es un concepto del siglo XX, y da cuenta de lo que son las luchas, las relaciones internacionales entre los Estados y de cómo los distintos bloques significaban amenazas también para países alineados o no en determinado frente.
Claro, lamentablemente, si uno se queda con lo que fue la campaña presidencial reciente, vemos que todavía hay algunos sectores pegados un poco en la lógica de la seguridad nacional, que es una de las variantes. Uno de los paradigmas de la seguridad pública, quizás el más antiguo, muy pegado en la Guerra Fría, es el de la seguridad nacional, en la lógica del enemigo interno.
A mi juicio, el mejor ejemplo de esto lo tenemos con el Presidente Piñera, el actual Primer Mandatario, cuando en 2019, dos días después del estallido social, les declaraba la guerra a los chilenos. Eso es propio de un concepto de seguridad pasado de moda en el mundo, completamente arcaico, como es la seguridad nacional. Creo que el candidato Kast claramente representa eso también, la seguridad nacional, en la lógica del enemigo interno: la zanja y todo lo que hemos visto.
Bueno, todavía en Chile probablemente haya gente que cree que esa es la solución a los problemas de seguridad: la famosa "mano dura". Yo creo que mano dura se requiere siempre, Estado de derecho siempre; pero, ante todo, mano inteligente. Y eso -insisto- nos ha faltado.
Dentro de las otras concepciones, uno podría situar aquello muy bien dentro de lo que fueron los gobiernos de la Concertación, que es el concepto de seguridad ciudadana.
Cuando uno mira el mensaje del Ejecutivo que da lugar al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, constata que hay algunos conceptos muy interesantes también, igual que lo planteado por el Presidente electo, Boric, acerca de la seguridad nacional.
Pienso que ese es el concepto más completo para abordar estos temas, la seguridad nacional...
Perdón, me refiero a la seguridad humana -algunos colegas me corrigen-, porque se hace cargo de un conjunto de amenazas: por supuesto, la ciberseguridad; las cuestiones ambientales; los temas económicos, en fin, que hoy representan peligros.
La necesidad de separar -y para nadie es un misterio- el Ministerio del Interior, como coordinador de las tareas políticas del Presidente, de las cuestiones vinculadas con seguridad es fundamental, porque además tiene muchas tareas, y lo sabe el Ministro del Interior acá presente. De él dependen la ciberseguridad, donde se ha avanzado poco también: fronteras, migrantes, territorio.
Me imagino que la pega de la coordinación con las regiones, con los gobernadores, pero también con los delegados, debe consumir buena parte del tiempo del Ministro del Interior hoy en día; y, por supuesto lo relacionado con la seguridad privada, la prevención del delito y el control.
Creo que esas son cuestiones centrales.
Hay algunas cosas que, a mi juicio, van a ser parte de la discusión igualmente y que no son menores. En la última sesión de la Comisión, precisamente cuando aprobamos en general el proyecto, escuchamos al Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales; a la Jefa de la División de Anticorrupción del Ministerio Público; al Jefe Nacional Antinarcóticos del Ministerio Público, y, por supuesto, al Subsecretario Galli. No voy a hablar de un conflicto de competencias, pero ahí hubo tensiones, las cuales se van a expresar en el debate en particular. ¿Por qué? Porque el tema del control civil, al cual se refería el Senador Insulza, no se resuelve solo con que tengamos un Subsecretario o Subsecretaria del Interior y que respondan a él o a ella.
En la misma lógica del paradigma nuevo de la seguridad humana, hoy día se requiere además que haya otras organizaciones que opinen, que tengan algo que decir en materia de seguridad. Y eso no está contemplado acá. Pero a mí me preocupa fundamentalmente la tensión que se va a dar entre la dependencia orgánica del Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad Pública en el futuro, léase Subsecretario de Seguridad Pública. De él dependen orgánicamente. Le van a decir "el jefe". ¿Pero cómo le van a decir al fiscal que está a cargo de la investigación y que los tiene también como subordinados?
Entonces, es una institución que sigue teniendo una estructura militar. Estas cosas las hemos reflexionado muchas veces, pero lamentablemente no logramos tener mínimos comunes en esta discusión sobre seguridad pública.
¿A quién le van a responder? O sea, si alguien cree que esa policía va a responder funcionalmente al fiscal, como debe ser, porque es el responsable de la investigación de manera exclusiva, y orgánicamente al Ministerio de Seguridad Pública, e incluso algunos creen que también había que transferir atribuciones en materia de seguridad a los gobernadores regionales, bueno, es cosa de mirar lo que pasa en algunos países latinoamericanos con realidades federales.
Les aseguro que no es la solución.
Para finalizar, quiero decir que existe un asunto no menor que surge también de escuchar a los invitados en esta Comisión: la corrupción. No hay ninguna posibilidad de que tengamos este nivel de avance del narcotráfico en Chile, en distintas comunas del sur de Santiago, en el norte del país; que hoy día Chile sea un país ya no de tránsito, no de paso, sino de exportación, de procesamiento, de alto consumo, sin que exista cierta responsabilidad de algunos agentes públicos. Y digo algunos agentes, porque seguramente son muy pocos. Pero yo no veo un plan preventivo en ninguna institución para detectar esos focos de corrupción, que son reales y que están permitiendo que la droga siga su avance.
Por último, creo que la discusión de este proyecto va a dejar en evidencia la necesidad de una coordinación, que no hay. Los comités de seguridad y de inteligencia -ya lo decía- no existen. La posibilidad de juntar órganos autónomos y no autónomos para establecer cuáles son esas nuevas amenazas, qué debemos enfrentar, de qué debemos preocuparnos es una cuestión que francamente no está hoy día presente.
Con todas esas aprensiones, por supuesto yo voto a favor de este proyecto. Pero todo augura que la discusión en particular va a tener también estos ribetes de complejidad, y debemos escuchar a todos los actores. Me parece que esta es la oportunidad para hacer una transformación en serio en las policías. Creo que el gran problema del Presidente Piñera, quien la intentó llevar a cabo, es que una reforma no se hace solo con los mandos en una institución como Carabineros, que es escalafonal o biescalafonal: también ha de realizarse con la tropa, lo cual es un proceso. Bueno, también hubo algunos especialistas que en el marco del Senado le hicieron recomendaciones al Ejecutivo, que claramente desoyó.
Entonces, simplemente he querido plantear esas materias, porque creo que son las discusiones que vendrán. Pero, con todo, pienso que hay que respaldar esta iniciativa.
Gracias, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Quintana.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.- Gracias, Presidente.
La seguridad pública es un tema transversal; todo Gobierno debe considerarla como una preocupación primordial en su gestión. Obviamente, sus principales objetivos son la modernización de las policías, el combate al narcotráfico, reformas legales que apunten en esta dirección y que deben ser parte de una política integral del Estado que contemple un enfoque técnico respetuoso de los derechos humanos y eficaz en sus objetivos.
El alcanzar hoy día los objetivos fijados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública va repercutir favorablemente en nuestro país, en nuestra sociedad. Por eso en la mesa de trabajo transversal que se ha constituido quedó de manifiesto la necesidad imperiosa de modernizar el sistema de seguridad pública del país, lo que ha significado una serie de iniciativas, como el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, el proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Una de las primeras conclusiones de este trabajo consiste en la ineludible división de funciones entre la gestión política y la gestión de seguridad ciudadana. De esta forma, el enfoque de la función de un futuro Ministerio de Seguridad Pública será técnica, conservando los aspectos políticos en el Ministerio del Interior.
La creación de un Ministerio de Seguridad Pública fue recomendada por el Consejo para la Reforma de Carabineros de Chile, por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, así como por la Comisión Bicameral de Seguridad, que reunió a parlamentarios de distintas tiendas políticas.
Es importante avanzar en el fortalecimiento institucional de los órganos estatales destinados a garantizar la seguridad de la ciudadanía, sobre todo en estos últimos años, en que tanto la delincuencia como la sensación y percepción de inseguridad que tienen los chilenos ha ido en aumento exponencial. Ojalá también se pueda considerar a Gendarmería dentro de las instituciones que debiesen estar en coordinación con la Subsecretaría de Seguridad Pública, o, incluso, ser parte del propio Ministerio, toda vez que esta entidad juega un rol fundamental en la materia al verificar la existencia de delitos tanto en recintos carcelarios o bajo supervisión de personas cumpliendo condenas en los mismos recintos penitenciarios.
El enfoque en materia de derechos humanos en el actuar policial evidentemente debe tener los resguardos necesarios propios de la democracia. Solo así se cumplirán los objetivos del nuevo Ministerio que se propone y se podrán respetar los nuevos paradigmas de seguridad pública.
Para tener una política de seguridad eficaz el Estado debe ser capaz de enfrentar las nuevas formas en la comisión de delitos con todos los medios que estén a su alcance, lo cual excede obviamente el ámbito meramente policial, e involucra a diversos sectores públicos y privados. Por eso se tiene que fortalecer la labor de coordinación e interacción, y ciertamente la prevención del delito.
Nada de esto podría realizarse sin un adecuado fortalecimiento de la capacidad profesional, estratégica, operativa, presupuestaria y administrativa de las entidades involucradas; y para ello debemos contar con el compromiso de todos los sectores políticos y autoridades involucradas para su adecuado cumplimiento.
Este proyecto es el inicio de un proceso de modernización del Estado en materia de seguridad pública, el que, si bien debe afinarse en ciertos detalles, constituye el fiel reflejo de un esfuerzo y trabajo transversal por mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.
Voto a favor, Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Durana.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Kenneth Pugh para que fundamente su voto.

El señor PUGH.- Muchas gracias, señor Presidente.
También solicito el tiempo normal para los efectos de poder intervenir.
¿Por qué Chile necesita un Ministerio de Seguridad Pública? Esto obviamente obedece a una reflexión, a un estudio que permite comprobar con data concreta que es mucho más eficaz tener una institución especializada con un ministro a cargo para poder dirigir un sistema multiagencial con interoperabilidad. Esa, quizás, es la característica principal de este nuevo Ministerio. Es una Cartera que no solo posee las características propias del resto de las subsecretarías: también tiene capacidades para poder generar diferentes operaciones tanto en el territorio nacional como en el extranjero; tiene capacidades para operar tanto en el mundo físico como en el mundo digital.
Estamos hablando, señor Presidente, de un nuevo sistema que va a proteger a Chile de las amenazas multidimensionales que lo están afectando.
Este Ministerio, entonces, tiene esa responsabilidad: resolver un problema gigantesco, de riesgos y amenazas que, una vez conocidas, se puedan mitigar, pero, para hacerlo, se requieren agencias especializadas.
Tomemos la primera de ellas, la Agencia Nacional de Inteligencia. Ya se encuentra en proceso de discusión la reforma al Sistema Nacional de Inteligencia para permitir que este organismo tenga una dotación de personal adecuada. Chile tiene intereses en todo el mundo, y esta agencia con lo primero que debe contar es con agentes que operen no solo en lugares conocidos, sino en cualquiera donde nuestro país tenga intereses, y con esto me refiero al extranjero. Chile debe tener la capacidad de adelantarse y anticiparse a los efectos que puedan ocurrir en nuestro territorio. De hecho, situaciones como el narcotráfico, que vemos aquí, se gestan y originan en otras partes.
Hoy, nuestra agencia no cuenta con esa capacidad. Debe ser capaz de formar agentes, de reclutarlos y mantenerlos en el tiempo. Y es por eso que esperamos y aspiramos a que en el nuevo Gobierno se tome esto como una medida de Estado, se avance en la nueva Ley de Inteligencia y se dote a dicho organismo de los elementos necesarios, especialmente agentes.
También hay que operar en el mundo digital. El Presidente anunció, en su mensaje a la nación del 1 de junio, la creación de la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, la que, como es nacional, tiene que ser capaz de coordinar el trabajo de los diferentes CSIRT (centros de respuesta), de gobierno, de defensa y de toda la infraestructura crítica, porque aquí, señor Presidente, está nuestra gran vulnerabilidad. Hoy dependemos de toda esta infraestructura crítica, que en gran parte está en manos de privados y que nos debe proveer de servicios básicos.
Es por eso que se requiere una respuesta integral, con sistemas propios de las empresas, con sistemas contratados externos, con toda la protección física, pero también con toda la protección digital.
También es necesario tener policías especializadas en la prevención del delito, con sistemas asociados; por ejemplo el programa Barrio Seguro, que fue capaz de licitar un sistema de disponibilidad: se compra disponibilidad, cámaras (en inglés, un service-level agreement), para que quienes tienen que prevenir el delito, quienes tienen que tomar acciones concretas, cuenten con elementos para poder coordinarse. Me refiero a las comunas, que son las que enfrentan esta situación, y a Carabineros, que debe realizar una labor preventiva, tratando de evitar que se cometan delitos. Y si estos ocurren, esas mismas cámaras permitirán entregar la evidencia necesaria para perseguirlos y ponerla a disposición de la fiscalía. Pues bien, hay mil cámaras que no están conectadas; no existe una central unificada, y ahí es donde cobran relevancia los términos "multiagencial" e "interoperabilidad".
Yo espero, señor Presidente, que seamos capaces de darle gobernanza a este nuevo Ministerio, que probablemente quedará radicado en el mismo edificio Bicentenario -es cosa de cambiarle la placa-, para que pueda resolver los problemas en forma efectiva y eficaz.
Pero no basta con la creación del Ministerio: requerimos dotarlo de las agencias que ya he mencionado y hacer todas las reformas que sean necesarias para que nuestras policías cuenten con el mejor personal, con el mejor equipamiento, con el mejor presupuesto y con el mejor mantenimiento.
No olvidemos, señor Presidente, que la inteligencia se lleva a cabo con recursos especiales. No podemos limitar... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Muchas gracias, señor Presidente.
No podemos limitar los recursos que se ocupen para desarrollar tal capacidad porque algunas personas crean que ellos no tendrán control. Todos los recursos están controlados. Y esperamos que este año, cuando se tramite la Ley de Presupuestos, tengamos los recursos para que este Ministerio pueda funcionar en plenitud.
Por lo expuesto anteriormente, señor Presidente, quiero felicitar a todas las Comisiones, tanto a aquellas convocadas por el Gobierno como a as autoconvocadas por el Senado, en las cuales pude participar, que trabajaron para que esto se hiciera realidad.
Entiendo que haya Senadores y Senadoras a los que no les guste la idea, pero, si se hace de la forma que he explicado, puede marcar una diferencia, un antes y un después.
Todos queremos un Chile más seguro, pero para eso necesitamos un sistema más seguro.
Muchas gracias, señor Presidente.
Voto a favor.
He dicho.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senador Pugh.
Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.- Gracias, Presidente.
La verdad es que esta -y tiene razón quien informó el proyecto- ha sido una discusión muy larga en nuestro país, donde hemos pasado por distintas alternativas, visiones, opciones, y donde creo que el tema ha ido madurando en la lógica de comprender que la seguridad pública requiere un principio de especialización que de alguna manera hay que desvincular, en lo que tiene que ver con la orgánica, del Ministerio del Interior, que a esta altura ya tiene misiones de otro tipo, muy definidas.
Reconozco que este es un asunto en el que siempre he tenido dudas y que hemos discutido en distintos gobiernos, más allá de cualquier visión partidista: cómo enfrentar el tema de la seguridad, que ya en ese tiempo se veía que poseía una identidad propia y que no estaba necesariamente vinculado a los vaivenes lógicos de la política; que tenía secuencias, tácticas, procedimientos y estrategias bien diferentes. Y eso es lo que de alguna manera valoro que la Comisión de Seguridad haya ido madurando hasta entregarnos el día de hoy un proyecto que creo que está bien pensado.
Considero que el Ministro del Interior ha hecho un gran esfuerzo en la lógica de mantener lo que en su momento fueron los acuerdos nacionales por la seguridad pública y para entender que la prevención de peligro es un nuevo paradigma en materia de seguridad. Esto, obviamente, requiere una función especial del Estado para evitar que las personas resulten dañadas en cualquier aspecto. Y tiene que haber, por tanto, un sistema de seguridad pública, con funciones y atribuciones propias, para enfrentar los nuevos desafíos, ante la enorme multiplicidad de peligros existentes en la sociedad.
No puedo dejar de recordar a un Subsecretario del Interior que no era de mi coalición que, cuando iba saliendo del cargo, dijo reflexivamente que lo único que tenía claro era que el próximo subsecretario iba a tener más problemas que él, y así sucesivamente, porque era parte de las lógicas de seguridad que se van produciendo y de los nuevos enfoques que se van planteando.
Creo que poner a las personas en el centro de la seguridad es el elemento fundamental de una estrategia nacional de seguridad pública. El Estado debe cumplir un rol anticipativo, para evitar peligros, pero también uno reactivo, para tratar las consecuencias. Y ese sistema de seguridad, que tiene distintas funciones (preventivas, ejercicios de control, de reinserción para los infractores, entre otras), debe ser parte de una estructura especial dentro de nuestra orgánica pública.
Esta coordinación de los sistemas de seguridad pública es el objetivo del nuevo Ministerio. En el fondo, se trata de lo siguiente.
Se ha llegado al tema de la inseguridad. Lo voy a plantear en esa lógica. Creo que llegó el minuto, la hora en la que en el Estado la gestión política debe estar separada de esta otra función. Así lo ha dicho el Ministro del Interior, con buenos argumentos, y así también lo han señalado los Senadores miembros de la Comisión de Seguridad, que han llegado a la convicción de que este es un paso necesario.
Yo comparto la inquietud de algunos en cuanto a que la proliferación de ministerios no necesariamente constituye la solución a los problemas que existen, y que a veces, en vez de ir reduciendo instancias, algunas de las cuales serían necesarias, vamos aumentándolas. Me parece correcto el análisis en general, pero si hay algo que la práctica, en las décadas pasadas, ha sido muy consistente en demostrar es que el sistema de seguridad pública debe estar separado de la orgánica política, propia del Ministerio del Interior.
Así que creo que apunta en una buena dirección y al fortalecimiento institucional el tener una visión integral en materia de seguridad, con atribuciones precisas para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con relaciones internas que también tienen una especificidad particular, con deber de información al Congreso, lo que siempre es importante en la lógica democrática, y con una estrategia que, espero, sea transversal, rápida y nos dé más serenidad respecto de lo que viene.
Por eso, como creo en el principio de especialización a esta altura del desarrollo, porque entiendo que es la mejor forma de enfrentar tiempos complejos como los que hemos vivido y seguiremos viviendo en este ámbito, me parece que este proyecto apunta en la lógica correcta y que muchas de las inquietudes que se han planteado podrán ser resueltas en las instancias pertinentes.
Por lo tanto, voto a favor.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Coloma.
Tiene la palabra el Senador García.

El señor GARCÍA.- Muchas gracias, señora Presidenta.
La última semana del mes de diciembre recién pasado, la prensa publicó un sondeo realizado por Espacio Público, junto a Ipsos, sobre las principales preocupaciones ciudadanas. En este estudio -muy reciente, repito- el 56 por ciento de los encuestados indica como principal preocupación la delincuencia y la inseguridad. ¡56 por ciento! Lo más grave, quizás, es que cuando a las personas consultadas se les pide que se transporten diez años más adelante y señalen cuál sería su principal preocupación, el 38 por ciento responde que la seguridad ciudadana, la delincuencia.
Este estudio revela, como todos sabemos, lo que muchos otros han venido reflejando, a través de varios años, como la principal preocupación de nuestra ciudadanía. Nosotros lo escuchamos en las conversaciones con nuestros vecinos, con nuestras amistades, con nuestros familiares: ¡la seguridad ciudadana es la principal preocupación de las personas en nuestro país!
Por lo tanto, siento que este proyecto de ley, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, es una respuesta concreta, contundente, a esa legítima preocupación ciudadana. Y por eso me alegro de que lo estemos votando hoy en su idea de legislar, cuestión que, en mi opinión, debimos haber hecho mucho antes, pero bueno, nunca es tarde. Lo importante es hacernos cargo de una situación que cada día es más compleja, más grave y afecta a más personas, a barrios enteros, a territorios completos donde no es posible encontrar seguridad, no es posible encontrar tranquilidad, no es posible encontrar paz.
Todos los días las noticias nos sorprenden con hechos extremadamente violentos: muertes, narcotráfico, crimen organizado, terrorismo. Para qué decir las situaciones que hemos vivido en la Región de La Araucanía, de violencia extrema, de personas que han sido no solo asesinadas, sino también mutiladas.
Esto revela claramente que estamos en presencia de una violencia muy muy extrema, y que necesitamos, en este caso, un ministerio especializado, un ministerio técnico, dedicado única y exclusivamente a las tareas de orden y seguridad. Naturalmente, había que separarlo del Ministerio del Interior -ya lo dijeron varios de quienes me antecedieron en el uso de la palabra-, que tiene tantas funciones, tantas tareas, tantas complejidades, tantos problemas que abordar, que le resulta imposible hacerse cargo de los temas de seguridad de manera intensa, casi de manera exclusiva, porque, como digo, tiene responsabilidad en muchas otras materias.
Por lo tanto, creo que el paso que estamos dando es una respuesta concreta, una respuesta contundente, y esperamos que cuanto antes el proyecto sea ley de la república, para tener un Ministerio de Seguridad Pública que la ciudadanía está exigiendo, porque necesitamos un organismo técnico que ponga su mirada, que ponga toda su atención en lo que está ocurriendo, en lo complejo que son todas las organizaciones criminales, en los apoyos internacionales que puedan tener, de tal manera que seamos eficaces en el control de la violencia, en el control de la delincuencia, en el control del narcotráfico, en el control del terrorismo, y le entreguemos a nuestra ciudadanía orden, paz y tranquilidad, elementos sin los cuales es imposible alcanzar un verdadero desarrollo.
Gracias, señora Presidenta.
Voto a favor.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador García.
Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.

El señor MONTES.- Muchas gracias, señora Presidenta.
Bueno, en primer lugar, quiero plantear que, si la discusión fuera si la seguridad debe seguir unida con los asuntos de gobierno interior, tendría que decir que estamos ante un proyecto muy necesario, donde resulta muy importante que se desarrolle una perspectiva de ministerio de seguridad, con su propia especificidad y desarrollo, y eso, sin lugar a duda, lo voto a favor.
Sí quiero plantear algunos temas que me preocupan para el debate en particular.
Hoy día, en un seminario que tuvimos en la mañana, Innerarity, que participó en él, dijo que el mayor riesgo de nuestras sociedades, el mayor riesgo de la democracia es la simplicidad, o sea, la dificultad para asumir los procesos como complejos, para entender esos procesos como complejos, y tener capacidad de enfrentarlos de acuerdo a lo que los problemas son.
Creo que la seguridad es un tema de mucho dinamismo. Uno no podría decir que la situación de seguridad de hoy tiene algo que ver con la del año 90, por ejemplo. Yo podría relatar una experiencia de esa época, donde en una comuna llegamos a armar setenta comités de seguridad ciudadana. Conseguimos que hubiera Ministerio Público, que hubiera nuevas comisarías, más dotación. Pero cada día los temas de seguridad son más complejos, más difíciles y se alejan de las capacidades de control.
Entonces, uno se pregunta qué ha cambiado. ¿Ha cambiado el tejido social? En gran medida ha cambiado el tejido social. ¿Ha cambiado la capacidad de las policías para actuar? Yo creo que se han ido dotando de más equipamiento, de más condiciones. El año 90 en Chile había 23 mil policías o algo así. Hoy día, los cupos, o las vacantes -no sé cómo las llaman-, son 57 mil. Claro, 48 mil están ocupados; el resto, no.
Las realidades son bastante distintas desde aquella época hasta ahora.
Yo les diría a los colegas que existe una dimensión del problema que resulta fundamental asumir. Hay que tratar de comprender lo que está ocurriendo en la realidad y que provoca los problemas de convivencia, de inseguridad. ¿Qué está sucediendo? ¡Si no es solo el delito y cómo lo perseguimos! ¡Hay algo que está en la base del delito!
Por ahí me contaban que esto es muy parecido a lo que ocurrió en otra época, en la historia del siglo XVIII, cuando se provocó una desarticulación del sistema anterior sin crear otro, etcétera. Pero aquí hay que tratar de entender. O sea, uno mira el perfil de este Ministerio y observa que está muy ligado a hacer planes y programas, a coordinar, en fin. Yo creo que también se necesita una capacidad de entender la realidad y de hacer convenios con las universidades, con organismos internacionales, para comprender lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es muy volátil, va cambiando mucho.
Innerarity también señaló hoy día que una cuestión que está muy débil en la democracia y en la política es la disposición y capacidad de comprender, de aprender, de ir aprendiendo.
Nosotros creamos la Subsecretaría de Prevención del Delito con el mejor de los ánimos, pero, después de todos estos años, uno se pregunta qué ha pasado con esta instancia que se creó. Yo he visto a los subsecretarios y la verdad es que a casi todos me ha tocado evaluarlos en la discusión del Presupuesto. Los veo con hartas ganas, ¡pedaleando, pedaleando!, pero bastante en banda. ¿Qué pasa, entonces? ¿Qué es lo que no estamos tomando bien? Porque al frente tenemos una delincuencia que sabe actuar, que va aprendiendo, que va cambiando, con gran dinamismo. Entonces, tenemos que aprender.
Por lo tanto, lo primero que les diría a los colegas que están en este tema es que tratemos de que este Ministerio tenga la humildad de decir: tenemos que comprender mejor la realidad y tenemos que dedicarle distintos espacios. No basta con planificar, no basta con coordinar, no basta con supervigilar, no basta con las técnicas propias de la planificación, sino que es muy importante comprender los problemas de base para ver cómo poder actuar mejor frente a ello.
La segunda cosa que quiero señalar se refiere a la relación de este Ministerio con el alto mando de las policías, de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Creo que aquí también hay que darle un par de vueltas al diagnóstico.
Hay un francés, Roché, cuyo enfoque y análisis me parecen muy importantes. Y la verdad es que aquí hay un tema de doctrina: qué es la seguridad, para qué se orientan los dispositivos de seguridad, si solo es para perseguir delincuentes o si también es para construir condiciones de convivencia distintas. Esto tiene que ver con el rol del sistema de seguridad para construir convivencia, que es la discusión que se ha dado en Francia, en Inglaterra y en otros lados donde se han logrado resultados variables, pero están buscando otros caminos... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Además, el tema de la doctrina, el replantear el tipo de rol a desempeñar, creo que es importante incluirlo en este proyecto.
Una tercera cosa que llama mucho la atención es la seguridad privada. La seguridad privada cuenta con tres veces la dotación que tiene la seguridad pública, ¡tres veces, y más! ¿Cuánta plata mueve al año la industria de la seguridad privada en Chile? Más de dos mil millones de dólares.
Entonces, no se trata de solo un punto más, sino que hay que replantear el sistema.
Y el Subsecretario Galli, que es de los que más sabe del asunto porque él trabajó el tema en el Gobierno de Piñera 1, y nos tocó analizarlo juntos, dice hay que tomar muy en serio esto, porque es algo muy grande. Y no alcanzo a explicar todos sus componentes.
Y para terminar, para no alargarme -perdón, Presidenta-, a mí me parece importante insistir en una cosa que recién mencionaba el Senador García: aquí es clara la relación con el narcotráfico. Pero el narcotráfico no se encuentra articulado, sobre todo el tema de la droga. A mí me gustaría ver de qué manera se articula un Ministerio de Seguridad con el servicio que está dedicado a la droga, porque es fundamental, ya que hoy día un factor central de inseguridad es el narcotráfico, que ha ido consumiendo y corrompiendo el tejido social del país.
Pero no solo el narcotráfico, sino también la relación con el control de las armas, para que las armas no terminen copando todos los espacios, que es una situación que en sí misma genera desprotección, distancia.
Lo decía también algún colega: el problema de la inteligencia. A lo mejor aquí está considerado el punto en alguna parte que no la veo, porque esto lo estudié ahora diagonalmente y rápido, pero creo que la inteligencia es clave, que es distinto que entender la realidad, ya que implican ver cuáles son los operativos y cómo operan, cómo se mueven.
Bueno, considero importante aprobar este proyecto. Sin embargo, creo que... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)...
Decía que hay que asumir la realidad actual y estar permanentemente trabajando. En tal sentido, sugiero que tengamos un convenio permanente, al menos con las universidades estatales, de tal forma de que haya mucho más pensamiento y desarrollo sobre en qué realidad estamos situados y cómo recomponerla.
Además, es algo que abarca diez años, por lo menos; o sea, cuando un presidente dice "yo pongo como primera prioridad es la seguridad", creo que se equivoca. Son procesos largos y hay que enfocarlos desde el comienzo de dicha manera, tomando todas las medidas de corto plazo, conteniendo; pero estos son procesos largos y no solo nacionales, porque tienen muchos ribetes internacionales.
Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Montes.
Tiene la palabra el Senador Navarro y luego la Senadora Provoste.

El señor NAVARRO.- Gracias, Presidenta.
Esta es la primera discusión que hacemos sobre la creación de un Ministerio de Seguridad Pública.
Está claro que la delincuencia no es un problema de Chile, sino que un problema mundial. Algo hay en el modelo neoliberal que genera una externalidad tremendamente negativa, donde un sector de la sociedad decide participar de ese proceso de desarrollo desde la marginalidad, pero una marginalidad ligada al poderoso señor dinero.
La delincuencia que hoy día encontramos no es el monrero, no es el cogotero; no es solo la acción contra un auto que es vulnerado y robado.
¿Qué ejemplo reciben los jóvenes respecto de los delitos menores? Hoy día los delitos menores no se investigan en Chile: 70 por ciento de las carpetas de Fiscalía no reciben mención alguna y solo un 30 por ciento de las denuncias de la ciudadanía se pesquisan. Entonces, si permitimos lo menos, es claro que permitimos lo más.
Y aquí yo quiero señalar que la creciente inseguridad y ola delictual que incorpora el sicariato en Chile debe recibir una evaluación política, que no solo está focalizada en el Ministerio del Interior o en la Fiscalía Nacional, sino que hay un componente ligado a la nueva realidad de Chile. Y a mí me extraña que el Ministerio propuesto no considere expresamente facultades para poder coordinarse con los países desde los cuales tenemos una franca acción migratoria.
¿Puede el Ministerio de Seguridad Pública pensar que la seguridad radica solo dentro de Chile; es decir, que solo los factores que operan al interior del territorio nacional son los que producen la delincuencia? Claramente no.
Y espero que mejoremos el proyecto, porque la coordinación no solo es necesaria entre las policías, la PDI, la Interpol, sino que también entre los países que están combatiendo de verdad la delincuencia y el terrorismo. Y dentro de las facultades del nuevo Ministerio no veo que siquiera se haya discutido el asunto. Leí detenidamente el informe.
Además, quiero señalar que falta debate sobre la descentralización: ¡muy bien!, policía unitaria.
Puede haber un riesgo en la descentralización de la facultad, pero ¿la prevención del delito, la rehabilitación y la reinserción van a ser dirigidas y diseñadas en Santiago? ¿Vamos a seguir con el fracasado sistema de adoptar políticas desde las cuatro cuadras del poder de La Moneda? ¿Los canales de televisión seguirán transmitiendo en los matinales noticias solo sobre Santiago, ignorando las regiones; es decir, los fenómenos que provoca la delincuencia en Aysén, en Magallanes, son los mismos que en la Región Metropolitana? ¡Por supuesto que no! Se requiere una política descentralizada de este Ministerio y no veo allí una instancia adecuada de coordinación con los gobernadores. Los gobernadores regionales no son títeres, no pueden ser entes sin poder, sino que se requiere analizar qué tipo de facultades tendrán para poder colaborar en la tarea preventiva.
¡Saquemos a los jóvenes tempranamente de la delincuencia! Eso están haciendo países modernos como Alemania, donde de raíz ingresan a la tarea de la prevención, no esperando que el delito se consume, sino que advirtiendo las señales mediante las cuales se prevé que va a ocurrir una acción delictual cometida por jóvenes.
Quiero además señalar que la ANI, cuyo proyecto de ley está en tramitación desde el 2018, nos revela claramente que sin Ley ANI no hay inteligencia. Aquí hay una falta de inteligencia policial absoluta.
¿Cuál es el rol que va a cumplir Gendarmería? Se toca tangencialmente su rol dentro del Ministerio de Seguridad Pública, pero no existen en Gendarmería condiciones reales para hacer reinserción y rehabilitación. ¿Quién se encarga de aquello? Porque si tenemos a un joven de catorce años delinquiendo, porque hoy día son susceptibles de proceso penal los jóvenes de aquella edad, y no abordamos el problema habrá un cliente frecuente de las cárceles por décadas, hasta que ese chico se muera. No existe una política dirigida a aquello, y Gendarmería no posee las condiciones. Podrá contar con el mandato, pero no lo aplica.
El Fiscal Nacional Jorge Abbott señalaba que la expansión del derecho penal sancionatorio o punitivo bordea el populismo penal. Si seguimos insistiendo solo en castigar penalmente y combatir la delincuencia de dicha manera vamos a cometer un gran error.
El Ministerio Público versus el Ministerio de Seguridad Pública. Entre la PDI y Carabineros hay un largo historial de desavenencias que han ido siendo superadas, pero lo que visualizo es que si entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública no hay un corte efectivo de condiciones... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Si el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública no tienen las facultades claramente determinadas o una coordinación, se producirán encontrones. El control civil de Carabineros se hace necesario; aquí estamos ordenando arriba, pero no abajo.
El otro día aprobamos un proyecto de ley que, según el Ministro de Justicia, permitirá que cuando haya un teniente, cuando haya un cabo que denuncie a un general, eso va a ser presentado ante la Contraloría General de la República, pero si no pueden casarse sin autorización del alto mando y si no pueden ni siquiera ir a su casa sin permiso del capitán, del coronel, ¡menos van a poder denunciar ante la Contraloría cuando haya corrupción o cuando haya desviación!
Entonces, tenemos un desafío muy global. Creo que el proyecto de ley constituye un primer paso importante, pero le faltan muchos de los aspectos que aquí se han señalado, y espero que haya tiempo y voluntad para poder incorporar algunos asuntos y mejorarlo.
Voto a favor, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Navarro.
Tiene la palabra la Senadora Provoste y luego la Senadora Allende.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidenta.
La intervención del Senador Alejandro Navarro nos ahorra bastantes argumentos sobre nuestras preocupaciones.
Si revisamos cualquier estudio de opinión a lo largo del tiempo, desde hace ya varios años la seguridad pública se repite entre las primeras preocupaciones y urgencias de la ciudadanía. Hay quienes buscan hacer de la seguridad pública un tema de política pequeña, de trincheras, simplificando una realidad compleja.
La lógica de la consigna de terminar con la puerta giratoria; de creer que solo la represión resuelve los problemas de delincuencia; del populismo penal, han demostrado una y otra vez su fracaso.
Por eso que saludamos el presente proyecto, que recoge una propuesta que varias de nosotras y nosotros venimos haciendo de manera reiterada: la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, cuyo establecimiento tiene, en mi opinión, un conjunto de beneficios para el país.
Junto con relevar políticamente la importancia de esta temática y la profundidad del fenómeno, un Ministerio de Seguridad Pública debiera permitir coordinar bajo una misma institucionalidad el conjunto de herramientas de política pública en su reflexión, en su diseño, en la implementación, resguardando, por cierto, el rol que en particular compete a las instituciones policiales y de justicia.
Este debate legislativo se encuentra en su primera etapa y existen ciertos aspectos que deberán ser revisados en su discusión en particular, para aclararlos o darles una mejor solución institucional. Y otros probablemente deberán ser adecuados a los resultados del proceso constituyente que se lleva a cabo en el país.
Voy a votar a favor de esta iniciativa.
Sin embargo, en mi fundamento de voto quiero dejar expuestos algunos de los puntos que espero sean recogidos mediante las indicaciones necesarias.
El proyecto establece niveles de coordinación territorial de acuerdo con la actual estructura regional. No obstante, varios sectores, incluyendo al Presidente electo, hemos planteado la necesidad de fortalecer la figura de los gobernadores regionales y terminar con los delegados regionales y provinciales. Esperamos que esto se haga realidad, por lo que el nuevo Ministerio, así como el resto del Ejecutivo en el país, deberá ser redefinido, con relación al territorio, respecto de esa eliminación y de las nuevas funciones que sean traspasadas a los gobernadores y gobernadoras regionales.
En segundo lugar, el proyecto no deja claro ni el rol ni la relación de la nueva institucionalidad con la Agencia Nacional de Inteligencia, como lo decía el Senador Navarro. Esto nos parece que es un tema central, pues aquellos aspectos vinculados con la inteligencia han sido transversalmente reconocidos por todos los sectores como los más débiles en nuestra institucionalidad.
En tercer lugar, nos parece relevante incluir una perspectiva de transversalidad de las políticas públicas en materia de seguridad al interior del Estado, en consideración a la multidimensionalidad de los fenómenos de seguridad.
Esta cuestión, que fue planteada por alguno de los invitados en la Comisión, pareciera del todo pertinente pensando, por ejemplo, en sectores como Obras Públicas, Vivienda, Educación y muchos otros.
Igualmente, en la perspectiva de género, desde el punto de vista de la iluminación, de la discriminación, de la vulnerabilidad en la que viven importantes sectores de nuestro país, pareciera pertinente incorporar junto a la idea de la transversalidad, la idea de la interseccionalidad de las políticas públicas.
En cuarto lugar, y lo planteó el Fiscal Nacional, el proyecto no aborda la relación con el Ministerio Público, tampoco con la Defensoría Nacional. Al establecer en la presente iniciativa el diseño de una política nacional de seguridad pública, pareciera indispensable ordenar adecuadamente esta materia. Y ordenar también la relación con el Poder Judicial, más allá de lo que señala con respecto al Ministerio de Justicia.
En quinto lugar, el proyecto no establece claramente el destino del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el Senda. No nos parece que esta definición quede pendiente, menos aún cuando existe un debate público relativo al enfoque que la mencionada institución debiese tener.
En el caso de la nueva institucionalidad para la infancia, tampoco se señalan con claridad los mecanismos de coordinación en aquellas materias relativas a la reinserción y a la prevención.
Le pido, Presidenta, para que no se corte mi intervención, que me pueda conceder más tiempo.
Finalmente, creo necesario que el proyecto de ley sea más explícito en lo relativo al compromiso respecto a los derechos humanos en materia de seguridad.
Por lo mismo, me parece relevante la propuesta y los planteamientos realizados por el Director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, con el propósito de relevar la mirada en cuanto al respeto, reconocimiento y no repetición en materia de derechos humanos en la nueva institucionalidad.
Para concluir, creo indispensable alertar que esta nueva institucionalidad abre un futuro para el Ministerio del Interior, que será despojado de un conjunto de funciones y facultades que hoy se radican en él.
Por cierto, no creo posible que la creación de la nueva institucionalidad destinada a la seguridad deba esperar por dichas definiciones, pero como Senado pronto deberemos abordarlas a la luz de lo que, espero, sean las proposiciones sobre el régimen político que la nueva Constitución precise para nuestro país.
Voto a favor del proyecto, y anuncio que presentaremos varias indicaciones en esta línea.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Provoste.
Tiene la palabra la Senadora Allende, y luego el Senador Sandoval.

La señora ALLENDE.- Presidenta, creo que inevitablemente una de las tareas que va a dejar en deuda el presente Gobierno es -y hay que decirlo- el combate contra la delincuencia.
Según el índice de Paz Ciudadana de 2021, en tres de cada diez hogares al menos una persona ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses, con lo cual hay un aumento de 4,2 puntos porcentuales en relación con el año 2020.
La semana pasada, en el informe del Observatorio del Narcotráfico, escuchamos cómo aumentó el uso de armas y los delitos violentos en el país producto del crimen organizado.
En la Región de Valparaíso las balaceras parecen estar descontroladas. Desde el 8 de diciembre del año pasado se han producido once episodios, siete de ellos en pleno centro de Viña del Mar y Valparaíso, con cuatro muertos y once heridos. Este último fin de semana ocurrieron tres de esos hechos, resultando un ciudadano muerto en el mercado de Viña y tres heridos en una discoteca del barrio puerto.
Obviamente que nos preocupa la seguridad de los vecinos y las vecinas de la región, y hemos oficiado a diversas instituciones para ver qué planes se están ejecutando para prevenir y perseguir este tipo de delitos.
Me he acercado a conversar con el Ministro del Interior para manifestarle que me parece preocupante la situación. Y estuvimos de acuerdo en que el exceso de armas circulando, hechizas o reales, es algo que no puede continuar. En el país está dando vuelta gran cantidad de armas internadas de manera irregular o adquiridas en un mercado negro que es extremadamente preocupante.
Se acerca el verano, época que proveerá una de las pocas opciones para levantar la alicaída economía de nuestra región, pero claramente hay una exigencia en términos de seguridad pública. No podemos fomentar, potenciar ese turismo si estamos viendo espectáculos como los que han ocurrido exactamente el fin de semana pasado, que es más que lamentable.
Y por eso es tan importante un avance real en materia de seguridad.
En la Comisión de Seguridad, la Asociación de Fiscales expuso la preocupante tasa de homicidios en el país, la cual todavía resulta baja si nos comparamos con el subcontinente. Sin embargo, ha ido en aumento, donde el año 2020 pasó de 4,8 a 5,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, duplicándose en una década. Y alertaron que de mantenerse dicha alza podríamos llegar a una tasa similar a la de México.
El Presidente ha intentado desde el inicio de su gobierno hacerse cargo del tema. Y en tal sentido, creó un acuerdo en torno a la materia con más de ciento cincuenta propuestas, entre las cuales se considera modernizar el sistema de seguridad pública.
El presente proyecto de ley me parece que va en un sentido correcto ya que todos los expertos han planteado la necesidad de separar el asunto y que haya una autoridad específica preocupada de la seguridad pública dentro de las labores tradicionales del Ministerio del Interior.
Entonces, existe coincidencia en que hay un problema de atribuciones dentro del Ministerio del Interior, ya que la autoridad que lo encabeza mantiene funciones de control del orden público y de seguridad, pero además tiene responsabilidades en materia de gobierno interior y de desarrollo regional, y cumple obviamente una labor política al ser el jefe del gabinete. Y dicha dualidad, por cierto, siempre ha significado un problema para enfrentar de forma más adecuada, más acertada el combate a la delincuencia.
Como dijo el profesor Luis Cordero, dicha institución ha mantenido su estructura desde 1871 hasta 2011.
Ya en el 2006, cuando en el primer Gobierno de Bachelet se ingresó la reforma que derivó en la subordinación de las policías al Ministerio del Interior, se trató de separar sus funciones en dos ministerios, cosa que no se concretó.
Por eso, creemos que es muy importante que más adelante queden explícitas las funciones políticas que va a desarrollar el Ministerio del Interior, porque, de otro modo, no podemos dejar de pensar en cómo se va a coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública. En verdad, tengo algunas dudas. Considero absolutamente necesario separar las funciones del Ministerio del Interior y las del Ministerio Seguridad Pública.
No sé si será conveniente seguir creando ministerios. A estas alturas creo que ya suman veinticuatro y no sé si es una buena política seguir y seguir creándolos.
Pero debemos avanzar en los aspectos que aquí se han mencionado, por ejemplo, en que haya una mejor coordinación y en que hace falta una inteligencia -y lo hemos dicho muchas veces-, más allá de las reformas profundas a las policías.
Claramente, hacen falta más estudios para comprender -como lo dijo muy bien el Senador Montes- esta realidad de hoy día. Y necesitamos, por supuesto, saber cómo se va a coordinar con otras áreas que tienen que ver con el narcotráfico y, también, con el tema que ocurre actualmente en nuestras cárceles, donde desgraciadamente el hacinamiento impide toda política de buena rehabilitación.
Es claro y sabido que mucha de la delincuencia se gesta en torno a las mismas cárceles, y, por lo tanto, necesitamos avanzar en aquello que hoy día es seguramente un tema aún pendiente: cómo impedimos que siga este hacinamiento y cómo podemos mejorar la rehabilitación. Y para qué decir si pudiésemos hacer una mejor prevención.
Le dije al Ministro del Interior que lamentablemente en la actualidad ya hay muy poca confianza en el delegado y respecto de cualquier declaración más que haga en la Región de Valparaíso.
Hoy día la gente quiere acciones concretas y sentir que de verdad hay planes, estrategia, apoyo, avance, inteligencia, prevención y más eficacia.
Lo cierto es que la sensación de abandono que pueden tener... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)...
Decía que la sensación de abandono que pueden tener los vecinos y las organizaciones no deben ser ignoradas, Presidente, porque esa es la realidad. La gente siente que efectivamente semana a semana están ocurriendo hechos violentos y delictuales importantes, y no logramos avanzar en aquello que le importa a la ciudadanía.
Yo entiendo que esta es una tarea colaborativa, que es de todos, que tiene que partir justamente de la expresión territorial, desde las propias juntas de vecinos y otras organizaciones, y de ahí ir avanzando de manera efectiva en mejores coordinaciones.
Por supuesto, vamos a votar a favor del proyecto, porque creemos que va en la línea correcta, pero pensamos claramente que más adelante habrá que ver con mucho más detalle lo que puede ser justamente esa discusión en particular
: cómo avanzamos para una mejor coordinación, dónde van a quedar radicadas las coordinaciones -como dije- con inteligencia, con Gendarmería, en materia de narcotráfico... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo) .

El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Allende.
Dejo con la palabra al Senador David Sandoval para que fundamente su voto.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidente.
Sin duda que las informaciones de delitos de violencia y otros se han hecho parte en nuestro colectivo, en la conciencia de toda nuestra comunidad, como también el enorme efecto e impacto que esto tiene en la seguridad, en el desarrollo y en las comunidades en general.
De acuerdo con los últimos sondeos -así se dice-, hay un aumento en la proporción de delitos violentos, pasando de 24 por ciento el 2020, a un 28 por ciento el 2021.
En este contexto, en Santiago se concentran los delitos más violentos, el 31,4 por ciento, mientras que en las regiones es el 19,3 por ciento.
La delincuencia en homicidios alcanzó su peak el año 2020 y crece un 46 por ciento en cinco años.
El Departamento de Análisis Criminal de Carabineros detectó que el 60 por ciento de los casos tienen como escenario la vía pública. El espacio público es donde la inmensa mayoría de los delitos se cometen.
El proyecto invoca una serie de fundamentos para justificar su presentación y eventual materialización. Pero, en realidad -uno también lo ha pensado varias veces-, ¿se resuelve el problema con la creación de una institucionalidad? ¿Será que eso puede lograrse con la creación de este Ministerio?, que evidentemente generará expectativas y hará pensar a la comunidad que probablemente entraremos a dar pasos significativos para ese objetivo.
Si se parte de la premisa de que cada problema lo vamos a resolver con una institucionalidad, bueno, uno se pregunta ¿por qué hoy día el Ministerio de Salud no ha resuelto los problemas de salud?; ¿por qué el Ministerio de Vivienda no ha solucionado los problemas de vivienda, de campamentos, de marginalidad y otros tantos más?
Sin embargo, entendemos que esta es una realidad que está superándose día a día por la complejidad también que va adquiriendo el fenómeno de la delincuencia y el narcotráfico. Los últimos casos -a propósito, comentaba recién con la Senadora Ebensperger lo del secuestro con homicidio ocurrido en el norte- son delitos que hasta hace poco eran absolutamente desconocidos. La delincuencia cada vez entra en niveles de especialización más significativos.
Por eso, la prevención de los peligros, como un nuevo paradigma en materia de seguridad, sin duda que constituye una tarea que tenemos que enfrentar dada la complejidad que el fenómeno hoy día está adquiriendo.
Asimismo, las personas deben estar en el centro de la seguridad pública; la protección de ellas es un elemento fundamental en toda la estrategia que debe impulsar el Estado.
Y, además, obviamente, tiene que existir coordinación en el sistema público. Porque aquí a veces se han señalado los encuentros y las descoordinaciones que han ocurrido en ese contexto. Por tanto, le corresponderá a este nuevo Ministerio ser el organismo superior de un sistema de seguridad pública.
¡Ojalá que así sea así y se concreten los objetivos!
También es necesario dividir las funciones de gestión política de la gestión de seguridad pública, que evidentemente ha sido una discusión permanente desde hace mucho tiempo.
Espero sinceramente que esta iniciativa, respecto de la cual les confieso que he tenido ciertos niveles de aprensiones, pueda dar con las soluciones que nuestra población, nuestra comunidad plantea.
El constituyente Felipe Harboe formuló en su presentación, con motivo de la tramitación de este primer informe, varias observaciones y aludió al rol y los cambios que eventualmente a través de la Constituyente se van a plantear en este sentido. Y me parece legítimo considerar ese contexto.
Ha habido una fuerte discusión sobre el rol de los delegados regionales y provinciales presidenciales; el rol de los gobiernos regionales, y el rol de los propios municipios, que, cuáles más o cuáles menos, hacen algunos esfuerzos por procurar mantener a raya algunos niveles mínimos de seguridad pública.
Creo que evidentemente este proyecto impone un enorme desafío -este es su primer trámite-, y espero sinceramente que los miembros de la Comisión hagan un profundo análisis acerca de la complejidad del tema.
Siendo yo en realidad un poquito pesimista respecto del rol de la institucionalidad, de lo que significa la creación de una institucionalidad para resolver un problema, espero que se logren los objetivos. Ojalá sea así, en bien de nuestra sociedad, en bien de la seguridad que hoy día está agobiando evidentemente a toda nuestra comunidad.
Voto a favor, Presidenta.
Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Sandoval.
Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier; después intervendrá la Senadora Ebensperger y, seguidamente, el Senador Huenchumilla.

El señor GUILLIER.- Presidenta, quiero destacar que voy a apoyar este proyecto porque la verdad es que hace mucho tiempo que lo necesitábamos. Porque hay que separar la conducción política de un Gobierno del tema de la seguridad, en el más amplio sentido.
Todos nosotros, particularmente en la zona norte de Chile, pero no somos los únicos, estamos observando cómo crecientemente la capacidad de producir drogas en territorio chileno y el involucramiento de organizaciones criminales extranjeras empiezan a asociarse. De hecho, la propia Fiscalía Nacional ha dado cuenta de cómo organizaciones criminales mexicanas poderosas y complejas -por ejemplo, el cartel de Sinaloa y también el cartel Jalisco Nueva Generación; en otro lado, el cartel del Golfo, de Colombia- han ido incursionando en nuestro país tanto en el tráfico de drogas desde nuestros puertos, sobre todo a Europa, pero también en la construcción en Chile de infraestructura para generar esa droga.
Esta es una de las dimensiones más graves de lo que estamos viviendo, y no hemos apuntado a eso porque nunca hemos pasado de la represión del tráfico a investigar de verdad el crimen organizado y, sobre todo, el lavado de dinero, que es lo que mueve la industria de la droga. Mientras no lo abordemos con servicios policiales altamente especializados y con facultades legales excepcionales, no vamos a poder penetrar el círculo poderoso del lavado de dinero, que se mezcla con actividades lícitas para poder justificar ingresos que son de altas dimensiones.
Pero además hay otros hechos: están apareciendo distintas formas de crimen organizado, por ejemplo, el cibercrimen.
Hoy, en la Comisión de Defensa, se presentó por parte del Senador Pugh una interesante observación en orden a crear en Chile el mes de la seguridad, en el amplio espectro, porque nos damos cuenta de que la seguridad actualmente no dice relación simplemente con los delitos de asalto, de secuestro -que se empieza a instalar en nuestro país como un gran negocio lucrativo-, de portonazos y otros, sino con delitos más sutiles, con gente muy preparada, que maneja negocios internacionales y que nos van a introducir hacia formas criminales para las que nuestras policías no están preparadas, nuestras fiscalías tampoco y nuestra legislación aún menos.
Se trata de amenazas no convencionales. No es solo el crimen organizado, es el cambio climático; el ciberespacio; las crisis financieras; las capacidades de desmontar sistemas financieros, servicios básicos; la seguridad humana que queda expuesta a todas estas mafias y organizaciones, que también se globalizan a alta velocidad.
Nosotros necesitamos efectivamente un Ministerio de Seguridad, aunque debo decir que tiene un aspecto excesivamente burocrático eso de crear organismos. Pero aquí lo clave, lo fundamental es el talento humano, la capacitación, la formación de personal especializado y, además, protegido, porque pueden ser víctimas también de represalias del crimen organizado. De igual modo, necesitamos descentralizarlo a lo largo del territorio.
Estamos hablando de cambios constitucionales, en que obviamente habrá distribución de poderes también en los territorios. Ahí tenemos que generar capacidades y, finalmente, coordinación.
La creación del Ministerio Público debe ser una labor asociada para que aquel se transforme realmente en el organismo que coordine la seguridad de las personas en el más amplio espectro, incorporando estas nuevas formas criminales de que estamos siendo víctimas. Y, además, tiene que ser capaz de anticiparse en políticas sociales preventivas y de rehabilitación.
Espero que este paso no termine en un mero acto burocrático, simplemente por cumplir algo, y que de verdad haya detrás la voluntad política de combatir el crimen organizado, porque cuando se combate caen intereses muy poderosos, muchas veces aparentemente legítimos. Y eso, desde hace mucho tiempo, por lo menos en Chile, no hemos sabido que se esté investigando.
Muchas gracias, Presidenta.
Voto a favor.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Alejandro Guillier.
Tiene la palabra la Senadora Ebensperger, y finalmente, el Senador Huenchumilla.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidenta.
Yo no sé si la creación de este Ministerio va a ser o no un avance. Espero que ayude.
Hoy día, y desde hace mucho tiempo, el tema de la seguridad, en cualquier encuesta que se haga, es siempre la primera preocupación de la ciudadanía.
En la actualidad, mi Región al menos está absolutamente secuestrada por el crimen organizado: todos los días hay homicidios; ¡narcotráfico, para qué decir! Lamentablemente, estamos en una situación grave grave, diría yo.
La migración es otro tema que está descontrolado, porque nadie sabe quién entra al país, lo que también es un descontrol.
No tengo dudas de que dentro de las personas que ingresan debe haber gente que viene huyendo de un país donde le privaron todas sus libertades, en que no tenían qué comer y buscan una mejor calidad de vida. Pero, claramente, también viene bastante delincuente. No puede un país, por mucho que quiera ayudar a esas personas, dejarlas entrar sin saber quiénes son.
Hoy día la PDI las llama a autodenunciarse, pero cualquier persona va y dice: "Me llamo Juanito Pérez". No basta con eso, porque lo más probable es que ese no sea su nombre.
No puede un país no saber quién entra a su territorio. Lo que corresponde es hacer un catastro y que este sea biométrico, con huellas, con fotos, e investigar si los que han ingresado son efectivamente quienes dicen ser.
Se hablaba acá hace un rato que existe en algunos gobiernos -haciendo alusión, probablemente, al Gobierno del Presidente Piñera- un populismo penal. Pero resulta paradójico echarle la culpa a otro cuando muchas veces este Congreso, que exige o critica a un gobierno determinado por el poco éxito en materia de seguridad, les niega los recursos a las policías, les quita y les rebaja los gastos reservados. ¿Cómo quiere que Carabineros, la PDI o cualquier otra institución hagan inteligencia? ¿Cómo se les paga a los informantes? ¿Querrá que vayan al Servicio de Impuestos Internos e inicien actividades, saquen boletas y estas les sean pagadas como informantes?
¡Eso no tiene ni pies ni cabeza!
Cuando se habla de "acabar con la puerta giratoria", se juzga y critica al Poder Judicial; pero los tribunales aplican las leyes. Por lo tanto, ¡hagamos buenas leyes!
El viernes pasado me junté con el General Telchi, Jefe de Zona de mi Región, quien me mostraba al responsable del último homicidio -no el último, porque desde que yo hablé con él a esta fecha ya han ocurrido como tres homicidios más-, a la persona que habían detenido por el crimen que se cometió allá y me decía: "Mire, Senadora, este caballero ha sido detenido treinta y nueve veces por Carabineros, es responsable de tres homicidios ¡y está libre!".
¡Si esa persona se encuentra libre es porque el Poder Judicial está aplicando leyes que hemos aprobado nosotros y que le permiten dejarla en libertad!
Entonces, ¡no rasguemos vestiduras en contra del Poder Judicial o del Ejecutivo y miremos también nosotros las leyes que estamos aprobando!
Tenemos un sistema excesivamente garantista porque nosotros lo hemos aprobado así: nos preocupamos de darles todas las garantías a los delincuentes, pero no de las víctimas. ¡Por lo tanto, no nos quejemos luego de la falta de seguridad!
Si creemos que hoy día se ha llegado a un punto sin retorno, preocupémonos entonces de modificar esas leyes y hagamos otras mejores para que no pueda existir esa puerta giratoria, para que los delincuentes tengan asegurados sus derechos y para que todas las buenas personas puedan también vivir en paz sabiendo que hay buenas leyes y que los tribunales las podrán aplicar correctamente. Así, ¡los que tienen que estar en las cárceles van a estar en las cárceles!
Mientras eso no ocurra, podemos continuar dando grandes discursos, pero las malas personas y los delincuentes van a seguir... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
Presidenta, un minuto y termino.
(Se vuelve a activar el micrófono por indicación de la Mesa).
Como decía, los delincuentes van a seguir en las calles y las buenas personas -que es lo que ocurre en la Región de Tarapacá- continuarán viviendo cada día más encerradas, porque a partir de las seis de la tarde no pueden salir de sus casas debido a que la calle es un verdadero infierno.
En consecuencia, nosotros, este Congreso, este Poder Legislativo, somos tan responsables como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de la delincuencia que hoy día existe en nuestro país y de la falta de buenas leyes que hagan que quienes deban estar tras las rejas sean los delincuentes y no las buenas personas encerradas en sus casas.
Voy a votar favorablemente, Presidenta, aunque no sé si este es el camino correcto.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Ebensperger.
Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Muchas gracias, Presidenta.
Estimo que esta es una buena iniciativa porque pretende establecer una nueva institucionalidad para el Estado, orientada a una materia específica, respecto de la cual todos estamos de acuerdo en que requiere de un tratamiento diferente, distinto, moderno. Porque sabemos que la delincuencia hoy día, en el siglo XXI, ha tomado características de profunda gravedad. Lo vemos en nuestro país con nuevas fórmulas para delinquir y con hechos de narcotráfico, de crimen organizado, de ciberseguridad en un mundo globalizado.
Por cierto, una nueva institucionalidad y una nueva ley no hacen milagros, pero dotan al Estado de facultades para combatir este flagelo que azota a la sociedad, a toda la gente en Chile y en el mundo. Por eso, reitero, esta es una buena iniciativa.
En seguida, quisiera precisar un par de cosas.
Lo primero: el proyecto habla de "seguridad multidimensional". Y yo debo entender que se está refiriendo a la seguridad en las relaciones de los seres humanos. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos otras fragilidades; por ejemplo, la fragilidad de nuestro propio cuerpo, y, por lo tanto, la seguridad en la salud y en lo sanitario no queda incluida dentro de este concepto multidimensional; tampoco quedan incluidos los avatares de la naturaleza que nos golpean y nos crean inseguridad. Es decir, todos los fenómenos que tenemos en relación con eso, a mi juicio, no entrarían dentro del concepto multidimensional a que se refiere el presente proyecto de ley.
Lo segundo: creo que aquí hay un cambio también, porque normalmente los partidos conservadores y de Derecha en el mundo colocan gran parte del acento de la seguridad en el sistema penal. Entonces, tradicionalmente se piensa que el combate contra el delito y el resguardo de la seguridad le corresponden al derecho penal. Y eso significa policía, significa Poder Judicial y significa cárcel.
Esto es así desde hace trecientos años: desde que se inventan las cárceles como una manera de represión.
Creo que eso hoy día requiere un tratamiento y una visión diversa, porque así es el nuevo procedimiento en los países más avanzados, fundamentalmente en Europa, donde lo esencial, aparte del sistema penal, dice relación con las políticas de prevención, dentro de las cuales un lugar importante lo juega el sistema de inteligencia que permite anticiparse y prevenir, de tal manera que la autoridad pueda obtener buena información para tomar las medidas que correspondan.
Eso demanda, por lo tanto, que tengamos una policía reformada, con sistemas de inteligencia al más alto nivel que permitan dotar a la autoridad de este Ministerio y al Jefe del Estado de la información necesaria para adoptar las medidas correspondientes.
Además, requiere la prevención de la criminología, que es el estudio del delito y de la reacción social frente al delito.
Entonces, yo espero que este Ministerio tenga un departamento que se dedique a estudiar a fondo los fenómenos criminógenos que hoy día azotan a Chile y al mundo.
Por último, también hay una nueva política, llamada "la prevención situacional del delito", para la cual este Ministerio deberá tener facultades normativas con el fin de inundar al resto de la Administración del Estado, que tiene que ver con cuestiones situacionales como, por ejemplo, el desarrollo territorial, el urbanismo, la construcción de calles o carreteras, para impedir que, por determinadas circunstancias, el delito simplemente se multiplique.
Termino diciendo que tengo muchas esperanzas en que podamos contar con una buena institucionalidad a raíz de este proyecto de ley.
Por lo tanto, vamos a votar a favor y espero que en la discusión particular podamos avanzar notablemente en esta iniciativa.
Voto a favor.
Muchas gracias, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- A usted, Senador Huenchumilla.
Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (36 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Queda aprobado en general el proyecto y vuelve a la Comisión respectiva.
Corresponde fijar plazo para indicaciones.
Nos indican el jueves 17 de marzo, a las 12 horas.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.

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La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Gracias, Presidenta.
Quiero solicitar la autorización de la Sala para que el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de sostenibilidad económica y social para la actividad pesquera y acuícola y de desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles, entre otras materias (boletín Nº 14.667-21), sea tratado en general y en particular por la Comisión en su primer informe.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Muy bien.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado por el Senador Quinteros.
--Así se acuerda.

El señor QUINTEROS.- Gracias, Presidenta.
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La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Presidenta, sé que estamos terminando el Orden del Día, pero quiero solicitar que usted recabe la autorización de la Sala para que la Comisión de Infancia emita un nuevo segundo informe del proyecto, en primer trámite constitucional, que regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo, y que figura en el número 3 del Orden del Día.
La verdad es que tal como se aprobó la regulación del matrimonio igualitario, y esto ya fue modificado, creo que esta materia debiera revisarse con más cuidado en un nuevo segundo informe.
Entiendo que hay varias peticiones de votación separada.
Por eso me parece que sería mejor examinar el proyecto con más detalle, ver bien lo que ya se cambió con la ley de matrimonio igualitario y así poder trabajarlo de mejor manera.
Reitero: es el proyecto que figura en el punto 3 de la tabla.
Sería bueno si hubiese un nuevo informe.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay.
Lo que tendríamos que acordar, Senadora Allende, es un informe complementario del segundo informe, para adecuar el proyecto a la luz de la ley sobre matrimonio igualitario.
Esto sería en la Comisión de Infancia.
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La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
Luego, la Senadora Ebensperger.

La señora ARAVENA.- Gracias, Presidenta.
Solicito que recabe el acuerdo de la Sala para fusionar el proyecto correspondiente al boletín Nº 13.835-07, de mi autoría junto con los Senadores Castro y Chahuán, con el del boletín Nº 14.629-07.
Lo anterior, debido a que ambos proyectos tienen la misma idea matriz, se presentaron en octubre del año recién pasado y están en la Comisión de Constitución del Senado, en la misma etapa legislativa.
Ambos buscan impedir las candidaturas de personas condenadas por violencia intrafamiliar y deudoras de pensiones alimenticias.
Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay.
Senadora, tenemos que dejar pendiente su solicitud para la siguiente sesión, porque nos falta quorum para tomar acuerdos.
Queda pendiente la aprobación de la solicitud.
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La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Presidenta, con relación a lo que solicitaba recientemente la Senadora Allende, la Comisión de Constitución -los cuatro Senadores presentes, no los cinco, pues el Senador De Urresti no estaba, quien además, entiendo, es autor de ese proyecto- acordó unánimemente pedir, en el mismo sentido de lo que señala la Senadora, que el proyecto fuera a la Comisión de Constitución, por un plazo acotado, precisamente para poder concordarlo y no dejar normas contradictorias con lo que nosotros ya aprobamos en la ley sobre matrimonio igualitario.

La señora RINCÓN (Presidenta).- A ver.
Primero, no tenemos quorum para acordarlo.
Segundo, lo que me transmitió a mí el Senador Galilea es que querían -puedo estar equivocada yo- revisar el proyecto en Constitución para ver si no había normas contradictorias con la Ley de Adopción, no con la de matrimonio igualitario.

La señora EBENSPERGER.- Con ambas.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Ya. Son ambas.
Entonces, dejemos pendiente el acuerdo.
Senadora Allende, la pregunta es si usted quiere que vaya a ambas Comisiones o solo a Constitución.

La señora ALLENDE.- Me da la impresión de que si lo revisa Constitución, que ha visto el matrimonio igualitario y el tema de las adopciones, puede perfectamente hacerlo coherente.
Bastaría con...

La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay.
Entonces, dejamos pendiente el acuerdo para que sea un informe complementario del segundo informe despachado por Constitución en un tiempo acotado.

La señora ALLENDE.- De acuerdo.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Después pediré que nos pongamos de acuerdo -no hoy día, sino en la próxima sesión- en cuál va a ser el plazo que le vamos a dar a la Comisión de Constitución.

La señora EBENSPERGER.- Porque el plazo sería bueno verlo con el Presidente de la Comisión, Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).- Sí, por eso.
Todo esto lo resolveremos en la próxima sesión, pero la idea es que el plazo sea acotado.
Así lo haremos.
Muy bien.
Terminado el Orden del Día.
Por haberse cumplido con su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al Ministro del Interior y Seguridad Pública, al Subsecretario del Interior y a la Subsecretaria de Prevención del Delito,
solicitándoles PLANES, POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA PREVENIR Y PERSEGUIR HECHOS DELICTIVOS CON ARMAS DE FUEGO OCURRIDOS EN VIÑA DEL MAR Y VALPARAÍSO, Y PLAN DE REFORZAMIENTO POLICIAL PARA AMBAS COMUNAS DURANTE ÉPOCA ESTIVAL.
Y a la Dirección General de Aguas, para que informe sobre HALLAZGOS TRAS FISCALIZACIONES REALIZADAS EN QUEBRADA PINOMAR, COMUNA DE EL QUISCO.
Del señor ARAYA:
Al Alcalde de la Municipalidad de Antofagasta, pidiéndole información sobre uso durante 2022 de complejo Deportivo, Recreacional y Promotor de la Salud Coviefi (CPR), utilizado como centro de vacunación y de estacionamiento para vehículos que prestan servicios de atención domiciliaria de salud.
Del señor BIANCHI:
Al Presidente de la República y a los Ministros de Hacienda, de Obras Públicas y de Energía, solicitándoles INCORPORACIÓN a clientes deudores de servicio de Gas por redes A Proyecto de Ley que regula EL prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos, generadas durante la pandemia por COVID-19.
Y al Consejo Nacional de Televisión, reiterándole solicitud para proceder a FISCALIZACIÓN DE SEÑAL TELEVISIVA DE INVERSIONES PATAGÓNICA S.A, POR OPERAR EN CONDICIONES DE ILEGALIDAD EN REGIÓN DE MAGALLANES.
Del señor CASTRO y los señores GARCÍA-HUIDOBRO, GUILLIER, ELIZALDE y MONTES; señora ARAVENA; señores ALVARADO, SANDOVAL, CHAHUÁN y MOREIRA; señora VAN RYSSELBERGHE; señores PIZARRO, GARCÍA, COLOMA, LETELIER y PUGH; señora EBENSPERGER, y señores OSSANDÓN, PROHENS y LAGOS:
Al Presidente de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, consultándole sobre DIVERSAS MATERIAS DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL A FIN DE APORTAR A QUE EL ÓRGANO QUE LLEVA A CABO EL PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE CUENTE CON TODOS LOS ELEMENTOS FACTIBLES PARA LA REDACCIÓN DEL NUEVO TEXTO FUNDAMENTAL.
Del señor DE URRESTI:
Al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Vialidad, a fin de que indiquen ALCANCES DE OFICIO DIRIGIDO A EMPRESA TRICAM LIMITADA ACERCA DE TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO EN RELACIÓN CON SOLUCIÓN ESTRUCTURAL DE RUTA TOROBAYO-CURIÑANCO.
Al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Obras Hidráulicas, para que remitan antecedentes relativos a PRIORIZACIÓN DE NUEVO SONDAJE Y ESTUDIO DE DISEÑO DE INGENIERÍA PARA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LOCALIDAD DE SAN PEDRO, COMUNA DE MÁFIL; Y DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SECTOR HUEIMÉN ORIENTE-PIEDRA MESA, COMUNA DE LAGO RANCO.
A la Ministra de Agricultura y al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, solicitando información relativa a NÚMERO DE CERTIFICADOS DE SUBDIVISIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS OTORGADOS POR EL SAG EN COMUNA DE VALDIVIA DESDE 2010, SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EXENTA N° 3904/2019 DE MINISTERIO DE AGRICULTURA, ESPECIFICANDO AÑO DE OTORGAMIENTO, UBICACIÓN Y ROL DE AVALÚO FISCAL.
Al Superintendente de Electricidad y Combustibles para que remita información sobre REITERADOS CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (HASTA VENTISÉIS HORAS) EN ZONA DE RIÑINAHUE, COMUNA DE LAGO RANCO, SIN QUE HAYA RESPUESTA POR PARTE DE EMPRESA SAESA.
Y al Director General de Aguas del MOP a fin de que envíe antecedentes relacionados con DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DISPONIBLES EN SECTOR DE SAN PEDRO, COMUNA DE MÁFIL, ESPECIFICANDO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MISMOS.
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La señora RINCÓN (Presidenta).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:13.
Mario Inostroza Sepúlveda
Jefe de la Redacción suplente