Avanzando en la agenda de probidad

El proyecto de  Ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia viene a materializar otro de los  compromisos referente a la Agenda de probidad y transparencia  que hemos asumido transversalmente todos los sectores políticos con representación en este Congreso.

La iniciativa se votó casi en su totalidad en segundo trámite constitucional en el Senado, quedando con la mayoría de sus artículos aprobados. Sólo falta un pronunciamiento sobre las sanciones y multas, tema que será revisado por la Comisión de Constitución este martes.

En el último tiempo las instituciones y, en particular,  los partidos políticos, han incrementado el rechazo por parte de la ciudadanía debido a los casos de financiamiento ilegal de campañas.  Está claro que si no tomamos medidas radicales para fijar mayores estándares de probidad y transparencia, ponemos en serio  riesgo el sistema  democrático de nuestro país.

Para ello, era necesario establecer reglas claras a todos lo actores y precaver que no ocurran los mismos hechos que afectan en la actualidad al sistema democrático del país.

Es importante señalar que el presente Proyecto de ley incorpora varios elementos de las propuestas realizadas  y acogidas por el  Consejo Asesor Presidencial. Uno de ellos, por ejemplo, es el establecimiento de un sistema de financiamiento público a los partidos  políticos y a las campañas, asegurando que todo ingreso que reciban los partidos y candidatos tenga un origen conocido, publicitando su fuente y limitando el tope del gasto.

Asimismo, recoge la propuesta de transformar al Servicio Electoral (Servel) en un órgano con recursos suficientes, con amplias facultades y con capacidad real para fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales.

Este proyecto representa un paso importante en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, ya que intensifica de manera certera el control, la transparencia y el financiamiento de la actividad política.

Con respecto al contenido de la iniciativa, se establecen campañas electorales más equitativas y respetuosas de la ciudadanía, mediante  la regulación de la propaganda electoral en espacios públicos y/o privados y en la obligación de los candidatos de llevar un registro de brigadistas, sedes y vehículos que utilicen es sus campañas.

Además, establece normas para mayor transparencia y control de eventuales conflictos de interés,  mediante la obligación de los candidatos y precandidatos de efectuar declaración de patrimonio e intereses. También  rebaja el límite del gasto electoral en que pueden incurrir los candidatos a los cargos de Presidente de la República, senador, diputado, alcalde, consejero regional o concejal, e intensifica el financiamiento público de las campañas,  en desmedro del financiamiento privado.  

El proyecto crea nuevos delitos electorales, establece infracciones graves a las normas de transparencia, límite y control del gasto electoral que, de verificarse, podrían dar lugar a la pérdida del cargo.

Los Partidos políticos gozarán de más transparentes de cara a la ciudadanía, lo que se traduce en la regularización de los aportes que recibirán, en la obligación que tendrán de actualizar sus registros  y de reinscribir a sus afiliados dentro del plazo establecido en el proyecto.

La iniciativa establece un control efectivo de la actividad política mediante el fortalecimiento del Servel, el que contará con nueva estructura que contempla la creación de tres subdirecciones y el fortalecimiento del Director y del Consejo Directivo de dicho organismo.

Con este proyecto estamos reafirmando nuestro compromiso con el país, refrendado en la última cuenta pública realizada en este Congreso, a fin de erradicar del  campo político y empresarial viejas prácticas que han debilitado nuestro sistema democrático.