Avanzar en penas alternativas

El día miércoles 8 de diciembre el impacto que vivió el país con respecto a la tragedia de la cárcel de San Miguel, puso en evidencia ante la opinión pública una situación dramática, de hacinamiento de los presos y de precariedad en el trabajo de Gendarmería y de los gendarmes.

Y eso sucede en todas las cárceles del país: hacinamiento y precariedad en el trabajo de funcionarios públicos, abnegados, que tienen una labor extraordinariamente compleja y difícil y que no tiene por parte del Estado casi ningún respaldo en materia logística o de funcionamiento en todo lo que requiere y se necesita para una tarea de esa magnitud.

¿Y por qué ha pasado esto? ¿Por qué hemos llegado a una situación tal en que el país se da cuenta de que quienes son condenados en las cárceles viven en situaciones infrahumanas y de hacinamiento, y quienes trabajan en representación del Estado, como funcionarios públicos, lo hacen en un grado de precariedad mayor?

Porque las decisiones que ha tomado el Estado, los Gobiernos, y particularmente los 20 últimos años, han estado dirigidas a una parte del problema, a un aspecto vinculado al combate a la delincuencia. Y eso es investigar y juzgar.

Ahí está la Reforma Procesal Penal, más allá del juicio de valor que uno pueda tener, allí hubo una decisión del Estado, del Gobierno de la Época de destinar recursos cuantiosos para poder investigar y juzgar los delitos cometidos. Y tenemos una infraestructura a lo largo del país moderna, tenemos cuadros de fiscales y de funcionarios de la fiscalía acordes con esa tarea, tenemos tribunales y jueces en número suficiente para abordar esa tarea: investigar y juzgar y sancionar.

Pero antes de investigar y de juzgar un delito está todo un mundo de prevención, de evitar que los delitos puedan suceder, de evitar la criminalidad y de bajar la tasa de criminalidad. En eso no ha habido ningún esfuerzo sustantivo para poder decir estamos haciendo una inversión en mejorar las condiciones de la vida en familia, en mejorar las condiciones de la vida en comunidad, de generar una acción preventiva que verdaderamente nos permita trabajar adecuadamente en esa tarea.

Posterior al juzgamiento, muy poco o nula inversión y fracasada inversión en materia de infraestructura de cárceles. Tampoco hay avances en las penas alternativas.

En la Región del Bíobío he conversado con los funcionarios de Gendarmería que están a cargo de estas materias, y nuevamente nos encontramos frente a la precariedad. Por otra parte, no hay duda de que nuestras cárceles están llenas, muchas veces, de personas que son reincidentes, que han cometido un tercer delito, y que en el primero y en el segundo delito se les ha establecido penas alternativas que no existen y que están solo en el nombre o en el articulado de la ley, pero que no tienen ninguna aplicación práctica, y, por lo tanto, es como impunidad y como un incentivo a seguir delinquiendo. Y para qué hablar en materia de rehabilitación.

Creo que esta es una gran oportunidad. Tenemos un Ministro de Justicia que tiene una visión sobre este tema -que la tenía antes de la tragedia del día 8 de diciembre- y por lo tanto, creo que la acción del Ministro de Justicia va a tener el respaldo de la gran mayoría de los sectores políticos del país para abordar esto en una mayor integralidad.

Tenemos que fortalecer y modernizar este sistema y darle la dignidad a Gendarmería para una tarea tan esencial como esa. Pero también tenemos que estar en las medidas de prevención, en las medidas de rehabilitación, y sobre todo hacer que la ley en lo que dice relación con el cumplimiento alternativo de las penas sea una realidad. Y para eso también hay que darle a Gendarmería los instrumentos necesarios.

La tragedia del 8 de diciembre mostró una realidad que nos condena a todos y como Estado debemos asumirla como una de las tareas pendientes y como una de las oportunidades para colocar al país en materia de seguridad pública, en un lugar adecuado.