Camino a una educación de calidad para todos

Comienzo por decir que creo en una educación pública y privada de calidad: en una educación mixta, que sepa conciliar el derecho a la educación con la libertad de enseñanza. Y un aspecto fundamental de la libertad de enseñanza es la existencia de la educación particular subvencionada.

Es deber del Estado garantizar una educación de calidad en condiciones de equidad para todos, pública y privada. Y este proyecto busca prohibir el lucro con fondos públicos en educación, que es un bien público, que se puede proveer o financiar por el sector público y privado.

El 55% de la educación que se imparte hoy día en Chile es educación particular subvencionada; el 8 % particular pagada, y el 37% pública de tipo municipal. Entonces, uno de los aspectos de esta garantía por parte del Estado de una educación de calidad en condiciones de equidad, es el tema del lucro.

En el ámbito universitario esta ley ya existe. Otra cosa es si se cumple o no. Pero lo importante es aplicar este principio en materia de educación básica y media.

Muchos creemos que los establecimientos educacionales que reciben una subvención, no debieran seleccionar alumnos; ni lucrar con fondos públicos en educación y además, evitar un financiamiento compartido.

Cuando decimos "no al lucro con fondos públicos en educación básica y media", significa que la subvención, es decir, los fondos públicos que se transfieren a la escuela subvencionada, vaya íntegramente al proyecto educativo, al establecimiento.

Un grupo transversal de siete senadores, queremos constituirnos en un germen que permita un acuerdo para resolver que no se lucre con fondos públicos en educación.

Queremos que la totalidad de esos 6 mil millones de dólares que se transfieren al año a la educación subvencionada pública municipal, pero sobre todo particular subvencionada, vaya íntegramente al proyecto educativo y no al bolsillo del sostenedor.

¿Qué se puede hace con la subvención? Pagar remuneraciones al personal docente, directivo, paradocente; adquirir materiales recursos didácticos, insumos complementarios; adquisición o arriendo de inmuebles, obviamente, invertir en la educación, recuperar la inversión.

¿Cuál es el gran cambio? Que la subvención deje de ser como es hoy día de libre disposición por parte del sostenedor. Que se regule un mercado desregulado como es el de la educación y que la ley garantice -y se pueda por lo tanto fiscalizar - que esos recursos públicos lleguen al proyecto educativo.

No hay ninguna razón para crear una suerte de manto de sospecha, de campaña del terror, de que estamos queriendo terminar con la educación particular. Eso es falso.

Estamos proponiendo que este Congreso Nacional, como una instancia republicana y democrática, se dedique a la idea de un cambio estructural que signifique un nuevo acuerdo social y político que prohíba lucrar con fondos públicos en educación.

Que las subvenciones dejen de ser de libre disposición y pasen a ser reguladas por la ley.

Ojalá logremos el mayor acuerdo posible para poder acceder a uno de los requisitos a esa educación de calidad en condiciones de equidad.

Creo que este proyecto puede ser el germen -y debe serlo- de un cambio estructural en la educación, que permita verdaderamente garantizar por parte del Estado esa educación de calidad en condiciones de equidad, garantizando, por cierto, que la educación sea un bien público, con provisión y financiamiento público, y privado de calidad, conciliando derecho a la educación con libertad de enseñanza.