Comienza debate sobre el reglamento del Lobby

La Cámara Alta comenzó el análisis en general del proyecto de acuerdo que aprueba el reglamento de los registros de agenda pública y de lobbistas y gestores de intereses particulares del Senado (boletín S 1742-09), el que se espera sea sometido a votación durante la sesión de mañana.

El proyecto propuesto por la Comisión de Ética y Transparencia, y que debe estar operativo el 29 de noviembre, busca dar cumplimiento al mandato contenido en los artículos 10, inciso cuarto; 12, N° 4; 13, inciso final y segundo transitorio de la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, en el sentido de proponer a la Sala las normas que regulen los Registros a que se refiere ese cuerpo legal y las otras disposiciones administrativas que sean convenientes.

Durante la sesión intervinieron los senadores Hernán Larraín, Rabindranath Quinteros, Andrés Zaldívar, Alejandro Guillier, Jorge Pizarro y Alejandro Navarro.

Entre los antecedentes de la materia se indica que "La propia ley reconoce la necesidad de ajustar normativamente sus exigencias, en función de la naturaleza de las entidades a las que pertenecen los sujetos pasivos y a las funciones que cada uno de ellos realice, haciendo un llamado a la autoregulación. En el caso del Congreso Nacional, hace recaer una parte central de esta responsabilidad en las respectivas Comisiones de Ética y Trasparencia, a las que asigna competencias que se suman a las ya atribuidas  por otros mandatos legales y reglamentarios. Ello exigirá, en su momento, elaborar un diagnóstico de línea base de su funcionamiento actual y su proyección futura, que le permita colaborar con mayor eficacia  en la inserción de la cultura de transparencia en el ámbito parlamentario".

El senador Larraín recalcó la importancia de contar con un instrumento adecuado para "asegurar que las actuaciones de terceros que procuran influenciar, sean hechas transparentemente y así evitar acciones indebidas o influencias impropias", y aclaró que se incluyen las acciones de lobby remunerado y las acciones particulares hechas por personas que no persiguen fines de lucro, con una Agenda Pública que incluirá registros de: audiencias y reuniones, donativos y viajes. Asimismo indicó que existirán sanciones para quienes no cumplan y recordó que se realizó un trabajo previo a través de la web del Senado, del canal de televisión y de la plataforma de participación Senador Virtual.

En tanto, el senador Quinteros reflexionó sobre la relación del reglamento y la imagen que tiene el parlamento ante la opinión pública, que se enmarca "en la  necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía, factor político de primera importancia", señaló. A su juicio, "antes de preguntarnos cómo se implementará la ley convienen atender las expectativas de la ciudadanía (…) También la ciudadanía pretende que exista igualdad en los accesos y la toma de decisiones". Además enfatizó en que debe existir máximo de donaciones con fines electorales y la prohibición de los aportes reservados y los viajes anexos a la labor parlamentaria.

A su turno, el senador Zaldívar recordó que no era partidario de la ley de lobby tal como está, sino que prefería un lobby activo, como el implementado en Estados Unidos, "sin embargo se optó por un sistema de lobbista pasivo, que creo no es conveniente para regular". Según adelantó, para aplicar el artículo 11 se tendría que tener "un verdadero staff jurídico para recibir las audiencias", aludiendo la gran cantidad de detalles que se deben contemplar en los registros y con respecto a los viajes, manifestó que se deberían registrar todos, no solo los de cargo del Congreso.

A su vez, el senador Guillier valoró el trabajo realizado para regular el lobby porque es una contribución en momentos que se requiere mayor transparencia y seguimiento de los procesos legislativos. Asimismo hizo notar la necesidad de analizar más detalladamente qué sucederá con la validación de las audiencias solicitadas, ya que “el legislador no tiene como contrachequear a la persona que la solicitó”.

Una visión más crítica hizo presente, el senador Pizarro quien expresó que “el peso de la prueba recae en los sujetos pasivos de lobby, lo que podría atentar contra la labor representativa que ejercen los senadores”. “Seremos pasto fácil de la descalificación” dijo y consultó por la autonomía de los parlamentarios una vez que haya sido objeto de lobby y el efecto que tendrá en la opinión pública.

Finalmente, el senador Navarro también consideró que el tema “es complejo” e hizo hincapié en qué sucederá con la regulación del lobby que se produce en la esfera personal o familiar. Recordó además todo el esfuerzo que significó sacar el Comité de Auditoría parlamentaria “y, a pesar de haber sido pioneros los resultados son mediocres”.