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Proyecto que regula obtenciones vegetales: surgen dudas en materia de derechos de pequeños agricultores

La Comisión de Agricultura aprobó -en votación dividida- la idea de legislar de la iniciativa que cumple su segundo trámite y que dará sustento al Convenio del UPOV de 1991, del cual Chile es adherente.

30 de julio de 2013

Imagen foto_00000015En condiciones de ser analizado por la Sala del Senado quedó el proyecto de ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga ley N° 19.342, que se encuentra en su segundo trámite constitucional y que complementa el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV ´91, ratificado por el Congreso.

 

La Comisión de Agricultura aprobó, por tres votos contra dos, la idea de legislar de la iniciativa  luego de concluir las rondas de audiencias públicas sobre el texto legal que regula los derechos sobre obtenciones vegetales y que nace como la ley que sustentará el UPOV de 1991, del cual Chile es adherente. (Vea nota relacionada)

 

Por la afirmativa votaron los senadores Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma y José García Ruminot; mientras que por la negativa se pronunciaron los senadores Ximena Rincón y Juan Pablo Letelier.

 

Al respecto, el senador Hernán Larraín, quien preside la instancia señaló que “este proyecto cumple con un convenio internacional al cual Chile ya se sumó”. Recordó que en “la Cámara de Diputados se aprobó por amplia mayoría y sin embargo, ahora se han representado algunas inquietudes que me parecen algo injustas”.

 

Indicó que “cuando alguien obtiene una patente porque genera una especie vegetal que no existía tiene derecho a una patente intelectual como cualquier persona que crea algo. Ese reconocimiento es necesario y sirve de estímulo a la investigación y desarrollo que en Chile se hace y además para proteger esas creaciones”.

 

El legislador descartó que en este texto legal se estén regulando los transgénicos, “no tiene relación porque estamos hablando de semillas producidas por desarrollos biológicos y no biogenéticos”, y añadió que el proyecto establece claramente que “las semillas que son nativas no son susceptibles de apropiación y sus derechos quedan abiertos por lo que los pequeños agricultores y las comunidades de pueblos originarios no se verán afectados”.

 

Puntualizó que “estamos avanzando en un compromiso específico de Chile y adicionalmente todos los convenios con EEUU y otros acuerdos de libre comercio establecen este compromiso de asumir esta responsabilidad de reconocer los derechos de propiedad intelectual sobre obtentores, es decir, se están cumpliendo acuerdos anteriores”.

 

Respecto a los diversos cuestionamientos que ha recibido esta legislación, el parlamentario señaló que “creo que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua y, por razones ideológicas, se está levantando un conflicto. Es completamente falso que se estén afectando derechos de especies autóctonas”.

 

CONVENIO 169 DE OIT

 

Una opinión distinta manifestaron los senadores Ximena Rincón y Juan Pablo Letelier, integrantes de la Comisión, quienes manifestaron sus aprensiones sobre esta iniciativa ya que, a su juicio, vulnera los principios del Convenio 169 de OIT, los derechos de pequeños agricultores reconocidos por acuerdos internacionales previos y el debido resguardo de nuestro patrimonio genético.

 

La senadora Rincón lamentó la aprobación de esta iniciativa en la Comisión “pese a los argumentos que hemos, dado que a través de este proyecto se está contraviniendo el Convenio 169 de la OIT en materia de biodiversidad y protección de nuestras semillas y toda la política alimentaria internacional”.

 

Indicó que “con esta nueva normativa nuestros pequeños campesinos quedarán fuera de toda posibilidad de seguir emprendiendo, van a tener que pagar por aquellas semillas que sean productos de sus cosechas. Van a tener que respetar los derechos de propiedad intelectual del inventor y ese es un tema que no se resuelve adecuadamente en esta legislación”.

 

Aseveró que “nosotros no logramos votar en contra del Tratado de la UPOV 91 y tenemos la esperanza que no se apruebe este proyecto que es necesario para la validación del acuerdo internacional”.

 

La legisladora manifestó que “si queremos ir en protección de los derechos de los campesinos hay que respetar los acuerdos básicos y previos. La ciencia es necesaria, pero no tiene que ir en desmedro de nuestros productores. Por eso de este concepto de FAO de ‘seguridad alimentaria’ pasamos al ‘dominio alimentario’ y esta legislación va en el sentido contrario”.

 

DERECHOS Y PATRIMONIO GENÉTICO

 

A su turno, el senador Letelier expresó que “si bien hay un tratado que define en general que el país reconoce ciertos procesos de registro de obtentores vegetales que estaban contenidos en la denominada ley de semillas del país; este proyecto que el gobierno ha presentado y que es requisito para que el Tratado tenga validez “tiene varios elementos inaceptables”:

 

a)    Despoja al campesino de lo que se conoce como el derecho del  agricultor, es decir, que el campesino que tiene una siembra y realiza una cosecha no va a tener derecho a utilizar una semilla que él mismo ha producido si es que originalmente usó semillas certificadas o incluidas en un registro.

b)    El proyecto es muy ambiguo porque no es precedido de un catastro del patrimonio genético nacional. Chile tiene el deber de cautelar el patrimonio genético de esta parte del mundo porque constituye su ventaja comparativa y porque ha sido cautelado por siglos por los pueblos originarios y los campesinos. Esa base genética tiene que ser catastrada de modo que mañana alguien no trate de registrar algo que de ahí en adelante no sea un producto chileno.

c)     Este proyecto debe ser consultado a los pueblos originarios de acuerdo al Convenio 169 de la OIT por cuanto los afecta en sus derechos históricos y esto es algo que el Tribunal Constitucional ya había indicado.

 

El senador Letelier agregó que “estamos viendo un proyecto que el gobierno ha impulsado que no resguarda los intereses de chilenos, de la biodiversidad nacional ni de los pueblos originarios, al contrario, es una ley que resguarda exclusivamente intereses de transnacionales que producen el 85% de productos vegetales que se quieren registrar en el país”.

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