Comisión de Salud despacha ley Ricarte Soto con importantes cambios

Incorporar los costos del diagnóstico, fijar el umbral en un 40% y establecer una inversión de 100 mil millones de pesos, fueron algunas de las decisiones adoptadas por los integrantes de la Comisión de Salud, en el marco de la votación de las indicaciones de proyecto que crea un Sistema de Protección Financiera para Tratamientos de Alto Costo y rinde homenaje póstumo a Ricarte Soto Gallegos.

Los artículos de la norma en segundo trámite, fueron sometidos a análisis, considerando las distintas mejoras propuestas por el Ejecutivo, cuyos insumos fueron las disposiciones de los propios senadores y las opiniones de los pacientes. Ahora, la Sala será la encargada de analizar el texto, una vez que la Comisión de Salud elabore el informe respectivo.

• Se fijó en un 40% el umbral. Eso quiere decir que se entenderá una patología como catastrófica cuando los gastos familiares por dicho concepto alcancen un 40% o más de sus ingresos mensuales descontando las necesidades básicas. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda indica que el ingreso anual promedio de una familia chilena alcanza los 750 mil pesos, si se descuentan los gastos básicos (20%) se cuenta con 520 mil pesos líquidos. Considerando esos dineros, si una familia destina 280 mil pesos o más a salud, se podría calificar como de alto costo dicho gasto.

• Se acortó la transición de tramos en la entrada en vigencia de cada uno de los decretos que incorporarán nuevas enfermedades.

• Se aprobó que una vez promulgada la ley este año, se destinen 30 mil millones de pesos. En el 2016 se sumarán otros 60 mil millones; de manera que al 2017 se cuenten con 100 mil millones de pesos para solventar dicho fondo de enfermedades de alto costo.

• Se aprobaron 54 indicaciones que incorporan el diagnóstico dentro de la cobertura del citado fondo. Así se financiarán todos los diagnósticos de alto costo.

• Se consideraron las enfermedades raras como parte del Sistema de Protección Financiera.

• Respecto a la participación ciudadana, se incrementaron los representantes de organizaciones de pacientes en la comisión de diagnóstico y tratamiento, y en la comisión de vigilancia y control.

En la última sesión, los congresistas hicieron diversas consultas referidas al umbral del fondo, el rol de la Superintendencia de Salud y la Cenabast, la inversión total y su gradualidad, la validación de tratamientos en el extranjero, la publicidad de los fármacos y la investigación científica.

Con la presencia del Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, los legisladores despejaron las indicaciones relativas a dos materias básicas: el umbral y la entrada en vigencia de la norma.

Respecto de lo primero, del Ejecutivo asumió el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir definir como un mal de alto costo, cuando éste represente un 40% de los ingresos anuales de una familia. Ello fue respaldado en forma unánime por los congresistas.

En relación a la entrada en vigencia, se decidió adelantar los decretos que definirán qué enfermedades entrarán al fondo, esto como una forma de agilizar dicha cobertura. Al 2018, el fondo contará con 100 mil millones de pesos.

El senador Francisco Chahuán valoró la incorporación de algunas de las inquietudes de la sociedad civil y agrupaciones de pacientes, pero lamentó que “no se ha cumplido con la palabra, cuando se sostuvo que se dispondrían 200 mil millones de pesos en el fondo que entraría en vigor en 2018”.

El parlamentario agregó que se solicitó al Gobierno el estudio de una nueva redacción respecto de los umbrales que se considerarán para las coberturas, lo que a su juicio “hoy está en una nebulosa” y agradeció que se haya acogido el planteamiento respecto que los comités de vigilancia incorporen a la sociedad civil con 4 representantes elegidos por las asociaciones con personalidad jurídica, de manera de “evitar que el gobierno de turno nombre a alguien de su conveniencia.”

El senador Guido Girardi hizo referencia a las facultades de la Central Nacional de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast). A su juicio, debería permitirse que esta entidad pueda comprar.

En cuanto a la calidad de los fármacos que se financiarán, el legislador solicitó que el reglamento establezca la provisión de éstos a través de laboratorios identificados y calificados por una institución internacional, como una forma de garantizar las buenas prácticas de manufacturas.

Respecto a la publicidad de medicamentos, el senador se opuso a toda fórmula. “La política de medicamentos no puede ser regulada como cualquier producto que se comercializa porque está en el ámbito de la salud. Es evidente que la publicidad no cabe. Promocionar genera flexibilidad y eso es un instrumento para estafar a los pacientes”, explicó.

En cuanto a la cobertura de afiliados de Isapres, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe hizo ver la necesidad de contemplarlos, duda que fue aclarada por el Minsal. Éste manifestó que tanto los cotizantes con o sin CAEC (Cobertura Adicional de Enfermedades Catastróficas), están contemplados.

Respecto al umbral, declaró como “insuficiente el esfuerzo del Gobierno” puesto que “no me puedo conformar con 100 mil millones de pesos como total”. Asimismo manifestó que “una ley sin recursos es una ley muerta, y todo el esfuerzo que se ha hecho no vale la pena si no hay la inversión necesaria”.

Desde la otra vereda, la senadora Carolina Goic valoró el esfuerzo del Ejecutivo explicando que “desde la Cámara Baja sigo la tramitación y soy testigo de cómo se han ido incorporando  mejoras, y creo que lo que hoy se presenta es fruto de un proceso que responde a lo que pedimos”.

“Creo que la gradualidad en la entrada en vigencia tiene un sentido, y también quiero valorar el criterio de universalidad y ello hay que destacarlo. Debemos potenciar la solidaridad y retomar la idea de un fondo mancomunado que se relaciona con los fondos previsionales para salud”, comentó.

Otras materias analizadas fueron:

Un aspecto que concitó la atención fue el rol de la Superintendencia de Salud en la controversia que se produce cuando un prestador no quiere calificar una situación como urgencia vital. Así se estableció que el paciente puede recurrir a ese organismo en esos casos, en ese tenor se aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los sistemas de rescate de los sistemas de salud.

Respecto a los tratamientos validados en el extranjero, se estudió considerarlos cruzando principios como la evidencia científica consensuada (estudios basados en experiencia puntual) y el mecanismo de riesgo compartido.

El Minsal sostuvo que cuando los procedimientos que se aplican para frenar la evolución de determinado mal no cuentan con estudios fase 3 o 4, se pretende aplicar el riesgo compartido donde el laboratorio en el primer año, se hace cargo del tratamiento.

También generó controversia el análisis de las nuevas exigencias que se realizarían para el desarrollo de investigación científica relacionadas con estas enfermedades de alto costo. El proyecto establece que los pacientes que sean objeto de ensayos clínicos, tendrán derecho a que quienes realizaron la investigación les otorguen "a su costa, la continuidad del tratamiento por todo el tiempo que persista su utilidad terapéutica".

Además, establece una "responsabilidad solidaria" entre el dueño del medicamento, el patrocinante del estudio, los investigadores y los centros a los que estos pertenezcan. Internacionalmente, los únicos responsables son los patrocinantes. Para la comunidad científica, estos cambios desincentivarán las investigaciones farmacológicas en el país.