Comisión de Seguridad Ciudadana afina propuesta para dotar de mayor protección a fiscales
Así lo manifestaron los senadores Felipe Harboe y Alberto Espina tras la sesión en que se analizaron los actos de violencia de los que fue víctima el fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Collipulli.
8 de junio de 2017Una serie de medidas, algunas legales y otras de carácter administrativo, está elaborando la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado a fin de dotar a las policías y a la Fiscalía de las herramientas necesarias para hacer frente de manera efectiva los hechos de violencia que han afectado a La Araucanía.
Así lo manifestaron los senadores Felipe Harboe y Alberto Espina, presidente e integrante de la citada instancia, respectivamente, al término de la sesión en que se analizaron los actos de violencia de los que fue víctima el fiscal del Ministerio Público de Collipulli.
“Vamos a continuar nuestro trabajo porque vamos a pasar a medidas concretas, algunas son legales y otras administrativas, para ir mejorando los niveles de eficacia y eficiencia y aportando a quienes están cumpliendo labores de seguridad en la zona más complicada”, dijo el senador Haboe tras recordar que la instancia está trabajando hace más de un año en este tema.
“Estamos trabajando hace un año y medio, tenemos una propuesta que le vamos a enviar al fiscal nacional para que la valide y una vez que esté validada vamos a entregarla al gobierno. Si la sociedad le encomienda a policías y a fiscales la seguridad y la persecución penal, lo mínimo que tiene que hacer el Estado es dotar de seguridad a quienes ejercen esa labor. Los fiscales tienen que tener mayor nivel de protección y en eso estamos trabajando”, dijo el legislador.
Por su parte, el senador Espina señaló que al menos dos medidas se deben implementar en el corto plazo: Jueces y fiscales especiales para indagar estos hechos; y la creación de un estatuto de protección a víctimas y testigos.
“La necesidad planteada por el fiscal Guzmán -según su experiencia- que debiera crearse jueces y fiscales especiales para investigar los delitos de terrorismo. Es una medida que han adoptado otros países y que es fundamental implementar”, puntualizó.
Agregó que “estamos trabajando cómo hacemos una hoja de ruta que nos permita cambiar el destino que parece irreversible de La Araucanía y de las regiones del sur respecto de los hechos de violencia que gran parte de los cuales corresponden actos de terrorismo”.
Además, el parlamentario y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana añadió que se encuentra pendiente la implementación de un estatuto de protección a víctimas y testigos.
“El grave problema que existe en nuestro país para meter preso a los delincuentes que cometen actos terroristas, o incluso delitos comunes como robos con violencia o asalto, es que la gente no va a declarar porque tienen miedo. Y hasta ahora no hay un estatuto, por eso las causas se archivan por falta de posibilidades de contar con pruebas de testigos o de las propias víctimas”, concluyó.