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Comisión de Constitución analizará si da o no lugar a demanda civil contra Ministra Carolina Schmidt

Ello, en el marco de la atribución exclusiva que le confiere al Senado, el artículo 53 de la Constitución Política. Dicho mecanismo se ha utilizado solo en tres oportunidades anteriores desde 1990 a la fecha.

3 de julio de 2013

Imagen foto_00000028La Comisión de Constitución del Senado inició el estudio del oficio de la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el cual se comunicó la resolución del ministro de Fuero Enrique Durán, recaída en la demanda civil presentada en contra de la ministra Carolina Schmidt Zaldívar, cuando se desempeñaba como titular del Sernam.

 

De acuerdo a lo explicado por los senadores Patricio Walker y Hernán Larraín, presidente e integrante de la instancia legislativa, respectivamente, la Comisión debe pronunciarse si ha o no lugar la admisión de dicha acción judicial, pero no entrará al fondo del tema, pues así lo establece el artículo 53 N°2 de la Constitución Política que señala: es atribución exclusiva del Senado “decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretende iniciar en contra de algún ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo”.

 

El senador Walker expresó que “después de recibir informes en derecho constitucional y revisar antecedentes jurídicos de la historia de acciones por indemnizaciones civiles vamos a escuchar, a partir de la próxima semana,  al acusador o su representante y a la parte demandada, es decir, la ministra Schmidt o su representante para recoger los distintos argumentos y luego compartir las impresiones entre los senadores sobre si corresponde o no esta especie de solicitud de desafuero para ejercer acciones civiles”.

 

Precisó que la demanda se inscriben en el marco de unas declaraciones que habría emitido la ex ministra Sernam, en relación al acusador en su rol de Directora de dicho servicio. Luego, la Sala se deberá pronunciar y el reglamento del Senado contempla la posibilidad que la parte acusadora y del acusado se puedan expresar pero lo habitual es que eso se haga antes en la Comisión”.

 

Recordó que “existen precedentes de otras solicitudes de este tipo en 1991 cuando una ex rectora de la Universidad de Playa Ancha pidió el desafuero al Senado respecto de todos los ministros del ex Presidente Aylwin por un decreto de insistencia que habrían dictado. En la misma línea se presentó una acción similar en contra del ex ministro Cortázar”.

 

FACULTAD EXCLUSIVA

 

A su turno, el senador Larraín Fernández, aseveró que “recién hemos conocido esta causa y no hemos tomado ningún pronunciamiento solo hemos recibido opiniones por escrito de constitucionalistas como Miguel Ángel Fernández y escuchamos al jurista Gabriel Zaliasnik”.

 

Manifestó que “luego queremos escuchar al demandante y a la demandada o sus respectivos representantes y solo después adoptaremos un pronunciamiento sobre esta solicitud de desafuero civil y si es procedente para continuar en los tribunales o bien si se trata de las materias en que el fuero protege a un Ministro para evitar demandas irresponsables”.

 

Puntualizó que “esta es una atribución exclusiva del Senado que consiste en un fuero, es decir, una protección a los Ministros para cuando sean demandados civilmente por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que hayan sido cometidos injustamente, de modo que puedan ser abiertos a la tramitación judicial correspondiente”.

 

Aseveró que “si alguien quiere demandar por razones políticas o por cualquier motivo, a un ministro de Estado el fuero lo protege para evitar proliferación de demandas injustas”.

 

Precisó que “lo que hace la Comisión es informar a la Sala sobre si al parecer hay o no responsabilidad o fundamento sobre la petición que está haciendo una persona. No se pronuncia sobre el fondo solo si la demanda alude a un acto personal del ministro en el ejercicio personal de sus funciones, que haya provocado perjuicio y que haya sido cometido en forma injusta”.

 

Agregó que “si se reúnen esos requisitos el Senado debería permitir que continúe el juicio por indemnización civil, de lo contrario, entonces no procedería la solicitud”. Por lo tanto, “una vez que escuchemos a las partes tendremos que emitir un pronunciamiento a la Sala que es la que tiene la última palabra y también puede escuchar a las partes”.

 

DEMANDA QUE ORIGINA LA SOLICITUD

 

En este caso, la demanda de indemnización de perjuicios en contra de la ministra Schmidt, asciende a $1.065.950.000 por daño material y moral, y fue presentada por el abogado, ex rector de la Universidad Sek y ex Vicepresidente de la ANFP, Gonzalo Febrer Pacho.

 

El profesional sostiene que la demanda se funda en las supuestas imputaciones realizadas a través de diversos medios de comunicación por parte de la secretaria de Estado quien “de forma irresponsable, sin prueba y sin fundamento alguno” habría señalado que Febres habría cometido un delito por una eventual agresión a su cónyuge, lo que la causó un grave daño a su imagen y derivó en la pérdida de sus trabajos.

 

ANTECEDENTES PREVIOS

 

Desde 1990, el Senado ha tenido que pronunciarse tres veces sobre acciones civiles presentadas en contra ministros de Estado.

 

La primera de ellas fue en el caso de la ex rectora de la Universidad de Playa Ancha, Mariana Martelli Ukrow, quien presentó una acción de indemnización de perjuicios en contra de todo el gabinete de ministros de Estado. En esa ocasión, la Comisión recomendó declarar que “ha lugar” a la admisión de dicha acción.

 

Luego, el año 2005, trabajadores portuarios presentaron una acción judicial en contra de los entonces ministros José Miguel Insulza y Carlos Cruz para obtener resarcimiento por los perjuicios causados a los trabajadores del sector producto del proceso de concesiones portuarias.  En ese caso, la acción no prosperó porque, en el intertanto, ambos dejaron sus cargos.

 

Posteriormente en 2008 se presentó una acción en contra del entonces ministro René Cortázar a raíz de la aplicación del Plan Transantiago. En esa oportunidad, la Comisión recomendó desestimar la acción, pues no correspondía acudir al Senado por delitos ambientales o penales.

 

En todo caso, la Comisión de Constitución emitió un informe, el 19 de marzo de 1991, precisando la naturaleza de la atribución exclusiva en cuestión. En esa oportunidad señaló que la decisión que le corresponde adoptar al Senado en ejercicio de esa atribución “tiene el carácter de un simple permiso o pase previo que habilita al particular para ocurrir ante los Tribunales de Justicia con el objeto de perseguir la responsabilidad civil de los ministros de Estado”.

 

Agregó que al Senado “solamente le corresponde determinar si se trata de un acto personal del ministro en ejercicio de su cargo y si, de los antecedentes que se acompañan, aparecen fundamentos racionales de controversia jurídica acerca de la eventualidad de que tal acto pudiere haber ocasionado perjuicios injustos al solicitante”.

 

Finalmente, señala que “la declaración de admisibilidad por parte de la Corporación, no implica un pronunciamiento de fondo sobre la existencia de los eventuales perjuicios, ni acerca de si ellos son justos o injustos, materias que por su naturaleza corresponderá conocer a los tribunales de justicia”.

 

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