Comisión de Constitución: comenzarán estudio de proyecto que permitirá agilizar la toma de razón y registro de los actos administrativos

Para el lunes 3 de marzo la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento fijó el inicio del análisis del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre procedimiento de toma de razón y registros electrónicos.

Para la oportunidad, se invitó al Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y el Contralor de la República, Ramiro Mendoza, quienes expondrán sus puntos de vista frente a la iniciativa legal que comenzará su tramitación en general en la Cámara Alta.

El mensaje tiene por objeto agilizar el trámite de la toma de razón y registro de los actos administrativos por la vía de la implementación del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, mecanismo que permite tramitar documentos afectos a la toma de razón o exentos de ella, de manera rápida, estandarizada y clara por medio de plataformas electrónicas, lo que se concreta por medio de modificaciones a la ley 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República.

Así, el proyecto expresa que: “La toma de razón y el registro podrán realizarse a través de técnicas, medios y procedimientos que consideren el empleo de documentos y firmas electrónicas. El Contralor General establecerá, mediante resolución, los actos administrativos cuya toma de razón o registro podrán efectuarse electrónicamente y los servicios que, previo convenio, someterán tales actos a dicha tramitación. También determinará los medios de verificación y la forma para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales que precisen los actos administrativos antes señalados (…)”.

Según consta en el texto legal, esta iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del Estado, orientado a optimizar el cumplimiento de las tareas propias de los servicios públicos y de la Contraloría General de la República, por medio de la utilización de modalidades que emplean tecnologías de la información y generan procedimientos que redundan en beneficios significativos para dichas instituciones y la ciudadanía.

Asimismo se hace presente que la modernización del Estado ha sido un permanente desafío para distintos gobiernos y prueba de ello lo constituyen iniciativas como “Chile sin Papeleos”, “ChileAtiende” y “Chile Gestiona”.

Con respecto a la Contraloría General de la República, se señala que en el año 2001 se suscribió un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del cual se aportó para apoyar algunas tareas de renovación de esa entidad y permitió efectuar importantes esfuerzos en la renovación de sus procesos por medio de tecnologías de la información.

En virtud de lo anterior, se creó el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), inserto en el proyecto de Gestión del Gasto Público, financiado por el Banco Mundial.

En otro orden, el texto legal precisa que por medio de la toma de razón, la Contraloría examina si los decretos con fuerza de ley, decretos y resoluciones cumplen con los requisitos de forma y fondo que a su respecto exige el ordenamiento jurídico, agregando que se trata de un control preventivo, de juridicidad, imprescindible e impeditivo.

Al referirse a la toma de razón electrónica, el mensaje contempla que con esta nueva disposición serán los distintos servicios públicos quienes podrán tramitar sus actos administrativos relativos a su personal, por medio de la plataforma web de la Contraloría, lo que permitirá efectuar el control de juridicidad en línea, reduciendo drásticamente los tiempos de tramitación actuales, los que pasarán de días a minutos, disminuyendo notoriamente la cantidad de documentos que ingresan a diario a la Contraloría para su estudio y tramitación y permitiendo, por tanto, que el órgano contralor focalice sus esfuerzos en otras funciones.

Este nuevo mecanismo automático de toma de razón, se constituiría en un factor de modernización del Estado porque permitirá el acceso vía internet desde cualquier servicio o entidad pública que tenga los medios, a la información disponible en la Contraloría y, a la vez, permitirá a las instituciones tramitar electrónicamente sus actos administrativos, dando lugar a respuestas automáticas acerca de su potencial toma de  razón y registro, sin perjuicio, además, que propenderá a la masificación de la firma electrónica a nivel de los órganos de la Administración del Estado.