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Dan luz verde a obligación de las autoridades del Congreso de dar cuenta pública

La Comisión de Constitución también revisó la moción que consagra en la Carta Fundamental el derecho a la protección de los datos personales, como así también aquella que reforma el Código Procesal Civil.

5 de julio de 2014

Imagen foto_00000014Luego de realizar sucesivas sesiones en las que se analizó el articulado del proyecto de ley que establece la obligación  de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento despachó el texto en particular.

 

De esta forma, la norma en primer trámite, será vista por la Sala, considerando las observaciones realizadas por la citada instancia parlamentaria. En términos generales, el texto propone que tanto senadores como diputados rindan a sus electores un detalle de su gestión, razón por la cual la Comisión intentó concordar criterios que uniformen dichos informes.

 

En esa línea, el presidente de esta instancia, el senador Felipe Harboe comentó que recibieron al Secretario General del Senado, Mario Labbé, quien informó que en la página web www.senado.cl se encuentran a disposición del público, los principales antecedentes de los senadores, tales como su currículum, las votaciones y las declaraciones de patrimonio, entre otros datos.

 

“(Labbé) Nos entregó información interesante que nos permite pensar en un mecanismo para rendir cuentas. El Senado se ha modernizado y ello implica también transparentar nuestros procesos. Todos los senadores de la Comisión estamos de acuerdo que debe haber un patrón para dar cuenta, puesto que no se trata que cada uno lo haga a su manera”, explicó el legislador.

 

El congresista recordó que este proyecto se enmarca en la línea de la nueva ley de lobby, en virtud de la cual las comisiones de ética tanto de la Cámara de Diputados como del Senado deberán proponer a los parlamentarios la regulación de los registros que estarán a su cargo. Estos son, la agenda pública (audiencias, reuniones, viajes y donativos) y el registro de lobbistas y de gestores de intereses particulares.

 

DATOS PERSONALES

 

En tanto, otra de las propuestas que se sometieron a análisis corresponde a la moción que consagra el derecho a la protección de datos personales (Boletín N° 9384-07), la que se encuentra en primer trámite. En este caso, se comenzó el estudio de las ideas matrices, por lo que se decidió invitar a autoridades y académicos expertos para confrontar opiniones

 

Ver más detalles del proyecto, en la nota relacionada.

 

“Esta norma consagra este derecho de tercera generación, como es la protección de los datos personales. Así las personas podrían exigir correcciones e incluso exigir que sus antecedentes sean borrados de los registros cuando el titular así lo determina” manifestó el senador Harboe mencionando que también se pretende generar una institucionalidad que vele por el cumplimiento de la ley.

 

A su juicio, es fundamental hacer esta modificación a la Constitución Política puesto que “hoy existe un ilimitado tráfico de datos que es desconocido por los titulares. Es más Chile por la OCDE como uno de los países miembros más inseguro en esta materia”.

 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

 

Asimismo, los integrantes de la Comisión siguieron profundizando en la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el nuevo Código Procesal Civil (Boletín N° 8197-07).

 

El lunes pasado fueron invitados a la sesión representantes de la Asociación de Magistrados, del Colegio de Abogados de Chillán y Los Ángeles, y de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción.

 

El senador Harboe explicó que se ha intentado dar una mirada regional a esta propuesta que se encuentra en segundo trámite, considerando que la realidad de provincia es muy distinta a la de la capital.

 

“Nos hacían ver, por ejemplo que los tiempos de demora en la tramitación de causas por parte de las Cortes de Apelaciones del país son distintos. De las 17 cortes, 11 que están en regiones, y éstas no superan los 70 días a la hora de dictar resoluciones de causas civiles, mientras que en Santiago el promedio alcanza los 240 días”, aseguró el legislador enfatizando la necesidad de cuidar los alcances que tendrá esta normativa.

 

 

 

 

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