Fiscalía Nacional Económica iniciará la acción penal para perseguir delito de colusión previa sentencia del TDLC

Un avance trascendental tuvo el proyecto que busca sancionar penalmente la colusión, luego que la Comisión de Constitución del Senado estableciera que la acción penal para perseguir el delito de colusión va a ser iniciado por la Fiscalía Nacional Económica una vez que se termine el procedimiento administrativo de sanción en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Así lo informó el nuevo presidente de esa instancia legislativa, senador Pedro Araya tras explicar que también se logró establecer "un plazo especial de prescripción de estos delitos en 10 años después que ha terminado la investigación administrativa de forma tal que el Ministerio Público efectivamente pueda perseguir la responsabilidad penal de aquellas personas que han incurrido en el delito de colusión".

Cabe recordar que el objetivo de la iniciativa es introducir la sanción penal a la colusión, que actualmente es sancionada con multa. De este modo, se estableció que dicho delito contempla una pena que va de 3 años y un día a 10 años de cárcel y que durante el primer año de la pena se suspenderá cualquier sanción sustitutiva que se haya impuesto, lo que implica que a todo evento, el primer año de la condena el culpable lo va a pasar en la cárcel.

Asimismo, se estableció una pena de inhabilitación absoluta que puede fluctuar entre los 7 años y 1 día a 10 años, para ejercer el cargo de director, gerente o administrador de una sociedad anónima abierta, especial de una empresa del estado y el cargo de director o gerente en una asociación gremial o profesional.

Además, se estableció que el inicio de la acción penal requiere de dos elementos: que exista una sentencia previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que condene a alguien por colusión y que la Fiscalía Nacional Económica ejerza la acción penal presentado la correspondiente querella ante el tribunal de garantía para que el Ministerio Público siga con el caso.

Según explicó el senador Araya  "a este proyecto le quedan todavía varios capítulos para despachar, entre otros, poder abocarnos derechamente a los temas de libre competencia, lo que es integración vertical, así como también lo que es la composición del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, entre otros".

Consultado respecto a las prioridades que tendrá la Comisión de Constitución durante este año legislativo, el senador Araya señaló que "esperamos tener un año legislativo intenso. Tenemos que abordar una serie de proyectos de derechos humanos, el proyecto de entrevista video grabada que lo que busca es terminar con la victimización secundaria, especialmente de los menores de edad".

Asimismo, manifestó que espera que el Ejecutivo pueda presentar durante este año el nuevo Código Penal y "también hacernos cargo de lo que dice relación con las reformas constitucionales que está impulsando la Presidenta de la República".

El legislador también se refirió a la denominada agenda corta antidelincuencia. En tal sentido, dijo que han recibido documentos de diversas organizaciones como Unicef, por lo que está en un proceso de reflexión antes de la votación definitiva en lo que respecta al control preventivo de identidad.

“La norma que aprobó la Comisión de Constitución del Senado respecto al control de identidad preventivo es una norma totalmente distinta a la que aprobó la Cámara de Diputados, porque tiene muchas más cortapisas de las que se permitían. En esa línea, es un cuerpo legal que le entrega atribuciones a la policía para controlar la identidad, pero también le entrega derechos a aquellas personas que van a ser controladas, por ejemplo, en el caso que tenga que ser trasladada a unidad policial puede hacer una llamada telefónica, no puede ser trasladada a un calabozo, y tienen que dar las facilidades para acreditar la identidad”, explicó.