Fiscalía Nacional Económica tendrá iniciativa penal para querellarse en casos de colusión
Así lo aprobó la Comisión Mixta de senadores y diputados, que se inclinó mayoritariamente por dejar en manos de ese organismo la acción penal cuando existan casos que atenten gravemente la libre competencia.
4 de julio de 2016
Con ocho votos a favor y dos en contra, la Comisión Mixta encargada de zanjar las diferencias respecto del proyecto que sanciona la colusión, aprobó la norma que establece que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) será el único ente que deberá iniciar acciones penales en casos en los que se produzca colusión, y deberá hacerlo obligatoriamente cuando se afecte gravemente la libre competencia.
Asimismo, el organismo estará obligado a explicar los casos en que no presente querella. Así lo explicaron los senadores Pedro Araya, Hernán Larraín, Alfonso De Urresti y Alberto Espina, presidente e integrantes de la citada Comisión Mixta, respectivamente.
"Se ha optado porque en primer lugar actúen las autoridades de carácter administrativo, que se sea la Fiscalía Nacional Económica la que realice la primera investigación. Si determina que estos hechos son graves llevará ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que es el organismo especializado en determinar si se atenta o no contra la libre competencia y si existe o no un cartel, antes de que opere la acción penal, porque justamente lo que se busca es desbaratar carteles…lo que hace este proyecto es reforzar las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica para perseguir actos contra la libre competencia", dijo el senador Araya.
En tanto, el senador Larraín precisó que "llegamos a un acuerdo en donde le dejamos la responsabilidad de la iniciativa penal al Fiscal Nacional Económico, pero en el entendido que estará obligado a hacerlo, toda vez que los delitos en contra la de la libre competencia, sean muy graves y se le da un plazo para que ejerza esta acción. Con esto se garantiza que en esa situación va a haber persecución penal y no se va a ver afectado a la delación compensada porque si se afecta ésta, no va a haber posibilidad alguna de descubrir, detectar y poder sancionar a los casos de colusión que se desarrollan en nuestra legislación".
A su turno, el senador De Urresti indicó que "hemos apoyado la propuesta que hizo el gobierno. Esto equilibra muy bien las herramientas que tiene la Fiscalía Nacional Económica para perseguir los carteles y con las facultades que se tienen posteriormente por parte del Ministerio Público para iniciar las acciones penales y condenar penalmente a quienes se coluden".
En tanto, el senador Espina explicó por qué votó en contra de que sea solo la Fiscalía Nacional Económica la que inicie la acción penal. "Yo era partidario que el Ministerio Público, una vez que había condena por colusión pudiera deducir la acción penal, para lo cual en el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia debía establecerse si existía o no una grave afectación a la libre competencia. Yo creo que el Ministerio Público debía tener el derecho a querellarse en ese caso y que no me parecía correcto inhibirle ese derecho y por eso voté en contra", indicó.
Finalmente, el legislador recordó que la delación compensada ha sido el principal instrumento que permitió desbaratar los carteles de colusión, ya que el primero en confesar todo, a cambio de eso, no recibe sanción penal.