Inician estudio de indicaciones a proyecto que endurece sanciones para conductores ebrios

Tras haberse aprobado en general por la Sala, la Comisión de Constitución del Senado inició el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto que endurece las sanciones en contra de quienes conduzcan en estado de ebriedad causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte, iniciativa también conocida como “Ley Emilia”.

La comisión se abocó a analizar las indicaciones presentadas por los senadores Alberto Espina, Lily Pérez y Francisco Chahuán, para lo cual invitaron a los abogados penalistas Juan Domingo Acosta y Julián López, quienes entregaron sus opiniones en torno a la materia.

Así lo explicaron los senadores Patricio Walker y Hernán Larraín, presidente e integrante de la citada instancia legislativa, respectivamente, quienes señalaron que la próxima semana esperan tomar una definición sobre la materia.

“Con la ley actual la pena para estos delitos es de 5 años máximo y nosotros la aumentamos a entre 3 a 10 años. Por supuesto se pueden aplicar agravantes o atenuantes y hay indicaciones de los senadores Espina, Chahuán y Lily Pérez que estamos analizando”, explicó el senador Walker.

Precisó que una de las propuestas apunta a que se aplique la pena en un grado más, es decir de 5 a 10 años, en el caso de que una persona maneje a más de 30 Km/hr de la velocidad máxima permitida o en el caso de que la persona que comete el delito tenga alguna remisión o suspensión del procedimiento.

En la misma línea, el senador Larraín señaló que “no hemos resuelto nada aún, hemos discutido y oído la opinión de los profesores que nos asesoran y esperamos resolver la próxima semana sobre ello”.

PROFESORES A CONTRATA

En tanto, la Comisión de Constitución escuchó la opinión de la Ministra de Educación, Carolina Schmidt, en torno a la problemática que hay detrás del proyecto de ley que amplía el plazo de la ley sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos públicos subvencionados. Ello, en el marco de la definición que debe adoptar esa instancia, en cuanto a si es admisible o no dicha iniciativa.

Según explicó el senador Walker “el 36% de los profesores en Chile están a contrata, no obstante que la ley permite que un máximo del 20% estén a contrata. Hay una irregularidad que se sanciona solamente descontando un porcentaje de la subvención de hasta un 3% a los establecimientos educacionales que pertenecen a los municipios que incurren en esta mala práctica. Pero tenemos que pronunciarnos si es admisible o no el proyecto de ley, no respecto del fondo”.

El senador Larraín señaló que “hay opiniones divididas en la materia. Sin embargo hay bastante unanimidad y así se le planteó a la Ministra de Educación y al presidente del Colegio de Profesores que este es un problema de fondo que no se resuelve con esta ley. Porque de alguna manera si se declara inadmisible el problema queda pendiente, pero si se declara admisible, lo único que está haciendo es extender un plazo para que puedan seguir resolviéndose los problemas de los profesores a contrata”.

Precisó que “le hemos planteado al Ministerio que pueda hacer una propuesta que resuelva en forma definitiva esta situación al menos para los profesores de manera que el tema de los funcionarios a contrata en la administración pública entre por un cauce de solución ya que no solamente es en los municipios donde se está transgrediendo la norma y generando un conflicto”.