Quieren fortalecer la persecución de falsificación de tarjetas bancarias y obtención fraudulenta de datos
Entre las medidas propuestas se encuentra sancionar con penas de cárcel de entre 3 años y un día a 5 años; y multas de 16 y 20 UTM, a quienes cometan este tipo de delitos.
7 de abril de 2013
A través de un proyecto de ley, los senadores Alberto Espina y Eugenio Tuma propusieron fortalecer la persecución de falsificación de tarjetas bancarias y obtención fraudulenta de datos. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se puso en conocimiento de la Corte Suprema.
La moción contempla introducir en el Código Penal una norma que establezca que quien cometa falsedad haciendo o utilizando cheques, tarjetas de crédito, de débito u otro sistema similar para uso en equipos que permiten efectuar transacciones con entidades comerciales o bancarias, será sancionado con pena de presidio menor en su grado máximo –de 3 años y un día a 5 años de cárcel- y multa de 16 a 20 unidades tributarias mensuales, es decir entre $640 mil y $800 mil, aproximadamente.
Según plantearon los parlamentarios “es punible -no sólo el uso, venta, exportación, importación o distribución de los datos o el número de una tarjeta de crédito o débito, haciendo posible que terceros realicen operaciones de compra o de acceso al crédito o al débito que corresponden exclusivamente al titular- sino que también constituye delito realizar dichos ilícitos valiéndose en los términos expuestos de la información impresa en dichas tarjetas; por lo que debe sancionarse con severas penas”.
Además, propusieron algunas medidas cautelares, como el que “las víctimas puedan solicitar de manera expedita a los tribunales, que ordenen a las instituciones bancarias abstenerse de girar los fondos que han sido transferidos de manera ilícita a través de estos medios a terceros, entre otras medidas; aun cuando los delincuentes no hayan podido ser habidos o identificados, pero existan antecedentes fundados de que se ha cometido un delito”.
DELITOS EN EL EXTRANJERO
Por otra parte, los parlamentarios consideraron el uso indebido de los medios de pagos en el extranjero, por lo que plantearon que los tribunales chilenos tengan competencia para conocer de los delitos que provoquen sus efectos en Chile, aunque sean cometidos en el extranjero, y cuando sus autores se hayan valido de medios informáticos o hayan utilizado tarjetas de crédito o débito o sus datos.
Cabe señalar que según información del Ministerio Público, las denuncias por uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito alcanzó la cantidad de 6.487 delitos el año 2011, y a junio de 2012 ya se había denunciado la cantidad de 5.989 delitos de la misma especie, “lo que hace presagiar que este año dichos ilícitos han tenido un auge muy significativo”, señalaron los senadores Espina y Tuma.