Reforma Procesal Penal: Comisión de Constitución analizará indicaciones del Ejecutivo

Con la presencia del Defensor Nacional, Georgy Schubert, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento dio por terminada la etapa de audiencias respecto al proyecto, iniciado en mensaje que modifica el Código Procesal Penal.

La iniciativa también conocida como ‘Reforma a la Reforma’, busca reforzar la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la operatividad del sistema de justicia penal. Ésta se encuentra en primer trámite y está siendo estudiada en particular por la citada instancia.

En este contexto, el Ejecutivo presentó un conjunto de indicaciones tendientes a  facilitar la detención de delincuentes confesos, aumentar las facultades de la policía para practicar las primeras diligencias en la investigación, permitir a los jueces de garantía la suspensión de la primera audiencia judicial por un plazo de dos horas y aumentar las facultades de los jueces para dejar en prisión preventiva por un delito.

El presidente de la Comisión, Patricio Walker explicó que durante la sesión se escuchó al Defensor Nacional, quien hizo una serie de observaciones a las indicaciones presentadas, las que a su vez serán consideradas por los senadores al momento de votar.

Por su parte, la senadora Soledad Alvear, también integrante de este grupo parlamentario, aseguró que le llama la atención que el Ejecutivo esté presentando estas observaciones junto ahora que se está en plena campaña electoral.

Añadió que “llama la atención que después de meses de tramitación de este proyecto, una vez que vamos a iniciar el estudio en particular, se vuelvan a presentar indicaciones por el Ejecutivo, que modifican el proyecto presentado por el propio Gobierno, luego de trabajar durante meses con una comisión de expertos. Esto merece un estudio en particular muy acucioso”.

Asimismo, la legisladora manifestó que la intención del proyecto no sólo busca modificar el marco jurídico, sino también generar una real política de prevención del delito que no sabido concretar la subsecretaría con dicho nombre. A su vez, mencionó que otras situaciones como la escasez de fiscales y una nula estrategia de rehabilitación delictual son factores que imposibilitan la debida persecución penal.

Respecto de las indicaciones, el senador Alberto Espina –quien también es miembro de la Comisión-, argumentó que “durante los años del Gobierno del Presidente Piñera cerca de 300 mil familias dejaron de ser víctimas de la delincuencia, sin embargo hay más de un millón 800 mil delitos que se siguen cometiendo en nuestro país”.

En tal dirección, el legislador explicó que las observaciones del Ejecutivo buscan entregar a los jueces, fiscales y la policía todas las herramientas e instrumentos para que no tengan ninguna excusa que permita que una investigación fracase o que un delincuente capturado quede libre.

Finalmente, subrayó que se trata de decidir “si vamos a estar por otorgar esas facultades para que la gente se sienta legítimamente más tranquila y los delincuentes paguen con la cárcel cuando corresponda a su delito, o vamos a seguir con facultades limitadas que le impide actuar de la forma que he señalado”.

En tanto, el senador Hernán Larraín mencionó que estas nuevas indicaciones van a terminar con la “puerta giratoria” que y que además, “van a ayudar a una mayor efectividad en la solución de los casos al permitir que las policías y el Ministerio Publico tenga mayores atribuciones al momento que se comete el delito y en los días siguientes”.

Explicó que actualmente existen dificultades respecto  de la resolución de los casos. “La experiencia demuestra que lo que no se logra esclarecer en los primeros días es muy difícil que se haga con posterioridad, por lo tanto lo que hacen estas indicaciones es fortalecer la posibilidad, que la policía y el Ministerio Público, puedan tener más facultades para resolver lo antes posible los delitos de los cuales toman conocimiento”.

“El principio de inocencia  hace difícil que los jueces puedan en principio decretar la prisión preventiva, porque es muy restrictiva. Lo que las indicaciones están haciendo en esta materia es buscar darle al juez mayor responsabilidad para determinar, si él lo estima necesario, que no hay que ir hacia la insuficiencia de las otras medidas cautelares, sino que su criterio lo puede llevar directamente a decretar la prisión preventiva”, aseguró.