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Retoman estudio de proyecto que sanciona penalmente la colusión con hasta 5 años de cárcel

La Comisión de Constitución recibió al Fiscal Nacional Económico para conocer su opinión sobre la iniciativa y la próxima sesión recibirá al Fiscal Nacional del Ministerio Público.

14 de septiembre de 2014

Con la exposición del Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento retomó el estudio del proyecto que sanciona penalmente la colusión con penas que van desde los 61 días a los 5 años de presidio.

 

La iniciativa está originada en una moción de los senadores Alberto Espina, Antonio Horvath, José García Ruminot y los ex senadores Carlos Cantero y Andrés Chadwick y ya fue aprobada en general por la Sala del Senado, pero su discusión en particular se había postergado hasta ahora.

 

Según explicó el presidente de la Comisión de Constitución, senador Felipe Harboe “hemos retomado la discusión, porque es muy importante que busquemos mecanismos destinados a disuadir a aquellos empresarios que deciden coludirse o ponerse de acuerdo para defraudar al mercado, vale decir a los consumidores”.

 

Indicó que durante su exposición, el Fiscal Nacional Económico entregó una serie de propuestas destinadas a mejorar la iniciativa legal. “Él planteó la necesidad de eliminar el techo a las multas o establecer el mecanismo que se utiliza en Europa, que son porcentajes de las ventas, porque hoy día puede ocurrir que un gran empresario saque el cálculo de las multas y lo incorpore dentro de los costos de su modelo de negocios y se coluda, asumiendo el pago de las multas porque la colusión le va a dejar ganancias mayores  que las multas establecidas en la ley”.

 

El senador Harboe señaló que para la próxima sesión se invitó al Fiscal Nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán a objeto de conocer la postura de esa entidad respecto de la penalización de este delito. No obstante, dijo que “hay posiciones encontradas entre el Fiscal Nacional Económico y el Fiscal Nacional del Ministerio Público, porque mientras el primero considera que podría verse un problema de prueba en el proceso penal, el segundo considera que es muy importante que la persecución penal la haga el Ministerio Público y no la Fiscalía Nacional Económica y vamos a ver cómo resolvemos ese problema institucional”.

 

SANCIONES PENALES

 

En tanto, el senador Alberto Espina destacó que se retomara el estudio de esta iniciativa, destacando que “establece penas de cárcel que llegan hasta 5 años para aquellos casos en  que se produce una colusión; esto es, un acuerdo ilegal entre empresas y que tiene por objeto defraudar a los consumidores, ya sea porque se ponen de acuerdo para fijar un mismo precio; para fijar una cuota de producción determinada o se distribuyen zonas determinadas de venta, dándose así la exclusividad para vender ellos en determinado lugar”.

 

El senador explicó que en el resto del mundo, todas estas conductas “son sancionadas no solo con fuertes multas, que ascienden a un porcentaje muy importante de las ventas que se realizan fraudulentamente, sino que también con penas de cárcel”.

 

Agregó que “para tener autoridad moral y decir que uno es partidario de la libre competencia y que es bueno que los emprendedores puedan competir, tiene que garantizar que esa competencia sea leal, que no se distorsione y sea de buena fe. Por eso que esta iniciativa busca que quienes sean condenados por estos tres casos de colusión, se establece  por primera vez una pena que puede ir hasta 5 años de cárcel”.

 

DELITOS DE CUELLO Y CORBATA

Imagen foto_00000016Por su parte, el senador Alfonso de Urresti valoró la exposición del Fiscal Nacional Económico y señaló que existe “el desafío de avanzar aún más en tener una legislación que sancione efectivamente a estos delitos de cuello y corbata, que no solamente impongan importantes multas en función de lo que ellos han facturado, multas abstractas que muchas veces resultan solo un porcentaje de las utilidades que han tenido y también medidas más eficaces para la delación compensada, interceptación telefónica y otras medidas para romper aquellas colusiones o situaciones ilícitas que terminan no solo afectando el funcionamiento normal del mercado, sino que a miles de ciudadanos”.

 

El parlamentario añadió que en la Comisión “estamos abriendo la fórmula para ver si el delito de colusión lo establecemos como un delito autónomo o entregamos más  atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica. Por eso se han escuchado interesantes opiniones, se ha destacado la claridad, la certeza con que nos ha entregado al información el Fiscal Nacional Económico y la próxima sesión vamos a escuchar al Fiscal del Ministerio Público para ver cómo se compatibilizan estas dos instituciones en la persecución de estos delincuentes de cuello y corbata”.

 

 

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