Unánime respaldo a la idea de legislar del proyecto que perfecciona la reforma procesal penal

En condiciones de ser votada en general por la Sala del Senado quedó el proyecto que perfecciona la reforma procesal penal para corregir las deficiencias que se han detectado durante su funcionamiento. Ello, luego que la Comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobara por unanimidad la idea de legislar sobre la iniciativa que cumple su primer trámite.

Así lo informaron los senadores Patricio Walker y Hernán Larraín, presidente e integrante de la citada instancia, respectivamente, al término de la sesión en que escucharon los alcances de la iniciativa por parte de la Ministra de Justicia, Patricia Pérez y la Comisión Asesora Presidencial que tuvo a su cargo el estudio de los posibles cambios, y entre cuyos integrantes estaba el senador Alberto Espina.

El senador Walker explicó que si bien la reforma procesal ha sido positiva, pues permitió terminar con un sistema secreto, hay una serie de deficiencias que se debe mejorar. Entre ellas, citó la “falta de coordinación de los actores: policías, fiscales, jueces; falta de capacitación, por ejemplo los fiscales no basta que sean teóricos tiene que haber una capacitación permanente, metas comunes y sobre todo modificaciones legales que permitan que las víctimas de los delitos se sientan realmente protegidos”.

Agregó que “no puede ser que un 17% o un 19% de las causas terminen por un archivo provisional y que muchas veces habiendo imputado conocido, ni siquiera se fundamente la decisión de archivar provisoriamente o definitivamente las investigaciones por parte de los fiscales…lo mismo cuando los fiscales deciden no perseverar en la investigación. Eso debe ser fundado”.

El senador Walker también planteó la importancia que “las policías puedan recabar las huellas o las pruebas al momento de cometerse el delito y que no tengan  que esperar dos semanas por órdenes de investigar”.

CORRECCIONES NECESARIAS

Por su parte, el senador Larraín señaló que la tramitación de este proyecto “es un paso muy necesario, no obstante tener algunas inquietudes que quedan pendientes, en lo fundamental nos permite revisar ese resultado de la reforma procesal penal, corregir esos errores y avanzar en nuevas medidas que permitan asegurarle a la ciudadanía la mayor tranquilidad respecto de los delitos que se cometen con mucha frecuencia”.

Precisó que en lo fundamental, el proyecto “avanza en mecanismos para mejorar la protección de las víctimas, para mejorar la persecución penal del Ministerio Público, para fortalecer los distintos aspectos de funcionamiento del sistema. Busca la coordinación de los distintos actores, las policías, el Ministerio Público, los jueces de una manera más expedita y también procura la capacitación de los distintos actores del sistema”.

Indicó que durante la tramitación en particular presentarán indicaciones que apunten a establecer una mayor evaluación de los actores en forma permanente y legal; “más fortaleza para evitar el archivo provisional que es una manera a través del cual los fiscales terminan la persecución o la investigación de un delito muy determinado a veces en forma muy discrecional”.

Indicó que “también nos parece importante tener un mecanismo de evaluación del funcionamiento policial en el uso de las tecnologías que permitan asegurar que sean utilizadas debidamente. Hemos mencionado  la necesidad de que la defensoría de las víctimas que está aprobada constitucionalmente se implemente. Tal vez esta sea la oportunidad de incorporar esa iniciativa en este proyecto”.

ALCANCES DEL PROYECTO

En lo medular, el proyecto enviado por el Ejecutivo se estructura en torno a cuatro ejes: medidas para aumentar la protección y participación de las víctimas; para mejorar la persecución penal que realiza el Ministerio Público; para fortalecer el trabajo Policial; y para mejorar el perfeccionamiento del sistema en su conjunto.

Entre las propuestas se busca aumentar el control de la víctima y el querellante sobre las actuaciones del Ministerio Público, fundamentalmente en lo referente a los derechos de información y reclamación, y la ampliación de la facultad de recurrir;  fortalecer el control administrativo del Ministerio Público; ampliar el catálogo de medidas cautelares personales; ampliar la competencia del juez de garantía para conocer del control de detención; y establecimiento de estándares legales para el reconocimiento de imputados, entre otros.