Dejan pendiente votación del plazo para inscribir pre candidatura presidencial

Mejorando la redacción de una serie de indicaciones, los integrantes de la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia, avanzaron en la votación de los artículos del proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia.

La norma en segundo trámite, está siendo estudiada en aspectos concretos tales como los tipos penales y sanciones, los rechazos de los aportes, las formas de efectuar depósitos privados, la publicidad de éstos, los procedimientos del Servicio Electoral (Servel) para dar cuenta de esos fondos, los plazos y campañas de las candidaturas, y la aplicación de las multas al candidato y su administrador.

Dentro de las indicaciones aprobadas se encuentran –entre otras- las siguientes temáticas:

• Entre 90 y 200 días antes de la elección, los potenciales candidatos podrán declarar su precandidatura al Servel. Ello se materializará efectuando la declaración de patrimonio e intereses, e informando al Servicio la apertura de una cuenta bancaria donde se depositarán los aportes.

• Los candidatos podrán rechazar un aporte hasta 5 días hábiles después de que éste se lleve a efecto.

• El Servel generará un mecanismo para que las personas puedan concretar los aportes por medio de transferencia electrónica o depósito bancario.

• Los aportes anónimos no deberán superar las 100 Unidades de Fomento (U.F.) por persona. El Servel será el encargado de la fiscalización. Los funcionarios de este servicio deberán mantener reserva de la identidad de los aportantes y les serán aplicables los artículos 246 y 247 del Código Penal.

En cuanto a las materias que quedaron pendientes, está el procedimiento de notificación de los aportes al partido político o candidato por parte del Servel, y el momento a partir del cual éste se hará público.

Uno de los tópicos centrales que serán resueltos en los próximos días dice relación con los plazos para declarar la precandidatura presidencial. En estos comicios, se está evaluando si ello se hace efectivo 365 días antes de la elección.

Para revisar éste y otros temas, la Comisión acordó sesionar el martes 22 de septiembre entre las 9 de la mañana y las 20 horas, en las dependencias del ex Congreso Nacional en Santiago, de manera de despachar todo lo pendiente.

Con antelación a la votación de las indicaciones, los senadores escucharon a los expertos en derecho penal: Jean Pierre Matus y Giovanni Calderón.

El primero revisó una serie de indicaciones presentadas por el Ejecutivo y los senadores, interpretando su sentido y recomendando nueva redacción o la formulación de nuevas disposiciones.

En este sentido, se refirió a la tipificación de delitos de aportes de campañas, responsabilidades de los operadores políticos, la recolección de fondos en campañas, la obtención fraudulenta de aportes, la responsabilidad de la persona que recibe esos dineros, los conceptos “maliciosamente versus dolosamente”, y el fraude de subsidios del Estado.

En la misma línea, el abogado Calderón profundizó también en la conducta de obtención fraudulenta de aportes, distinguiéndola de la obtención distinta de fondos del Estado. Otro tema analizado fue la penalidad de los delitos comunes contra la fe pública.

El académico recomendó compilar las figuras delictivas en una ley individual o en alguna de las leyes vigentes, considerando que “ello facilitaría la tarea del legislador”. A su vez consideró relevante ampliar el catálogo de las infracciones relacionados con los bienes jurídicos.

Tras estas exposiciones, los legisladores dieron inicio a una ronda de preguntas.

El senador García Ruminot consultó respecto de las sanciones que deberían tener las empresas estatales que realicen aportes a campañas. “Sé que esto está prohibido, pero quisiera saber cuál es la condición de los ejecutivos que la dirigen en este caso porque ellos serían los responsables de este delito”, declaró.

En tanto, el senador Harboe mencionó los sujetos activos, la titularidad de la acción del Servel y la posibilidad que ésta sea colectiva o individual, la proporcionalidad de las penas y la diferencia en abstracto versus su aplicación práctica. “Los jueces están autorizados para alterar la proporcionalidad establecida por el legislador (en abstracto), esto aplicando atenuantes. Así en la práctica esto se rebaja (aplicación práctica)”, insistió.

El Pérez Varela planteó que “creo que existe la necesidad de sistematizar las conductas y sanciones en materia de delitos electorales, sería conveniente generar un capítulo específico para ello”. A su vez, valoró el aporte de los juristas “que permitirá ordenar las indicaciones que hemos presentado”.

Finalmente, el presidente de la Comisión, el senador Ignacio Walker, se refirió a la legislación comparada, en el caso particular de México. “Hay que tener cuidado con los modelos que en el pizarrón parecen perfectos y en la práctica son letra muerta. La fiscalización es muy importante”, hizo ver junto con manifestar que “hay que cargarle más la mano al candidato y el administrador electoral”.