Crisis del Sename: senadores profundizan razones de hacinamiento, gestión y falta de recurso humano

Las diferencias que existen entre los funcionarios y la dirección del Servicio Nacional de Menores (Sename) quedaron en evidencia en la última cita que tuvieron los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

En la jornada, los legisladores escucharon a dirigentes de diversas asociaciones de trabajadores del organismo entre esos Anfur y Antrase, a Gendarmería y al titular del Sename, Hugo Herrera.

Tras las exposiciones, el presidente de la Comisión, el senador Alejandro Navarro comentó que a la próxima sesión, se invitará a la Ministra de Justicia, Javiera Blanco; a la Ministra de Salud, Carmen Castillo; y  la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz.

“Lo que hemos observado acá es que existen una serie de factores que intervienen en la actual crisis que vive el Sename. Su institucionalidad no da para más, por lo que debemos hacer cambios normativos. Por ejemplo existen 143 proyectos de ley en tramitación asociados a la infancia”, explicó.

El legislador destacó el diagnóstico que hicieron los funcionarios en la sesión. “No puede ser que los centros estén sobrepoblados. Por ejemplo, el servicio cuenta con cuatro mil trabajadores, de los cuales un 25% cada mes presenta licencia médica por estrés. Algo está mal. Estamos ciertos que se necesitan más recursos para solucionar la actual precariedad del sector, pero también definiciones políticas respecto a la necesidad de una política integral de la infancia”.

Cabe consignar que el 95% de los centros del servicio son privados, por ello el presupuesto anual de 118 mil millones de pesos, en su mayoría va a parar a estas casas de acogida. “Nos parece bien que haya una solidaria alianza público-privada; pero también criticamos por ejemplo, que 800 adultos –de entre 24 y 67 años- formen parte de esta red porque se trata de discapacitados o niños que crecieron”, acotó.

La Comisión no descartó sesionar en el norte y sur del país para conocer en terreno la realidad del servicio. Cabe recordar que los legisladores se trasladaron –a mediados de abril- hasta el Centro de Protección Galvarino, en Santiago, lugar donde murió una menor de 11 años en extrañas circunstancias.

Por su parte, el senador Baldo Prokurica cuestionó la actitud de la dirección del Sename, planteando que “no se está priorizando como se debe considerando la precaria situación económica en que viven estos niños”. A su vez, el congresista pidió “sincerar la realidad porque acá se está tapando el sol con un dedo, se nos dice que se han mejorado muchas cosas, pero es evidente que nada ha sido suficiente”.

“Nosotros necesitamos que los funcionarios y servicio vengan con la problemática y sus demandas claras para que luego nosotros revisemos con el Gobierno, los cambios legales que resultan necesarios (…) Entiendo que el director tenga lealtad con el Gobierno, pero no podemos esconder la nefasta realidad”, insistió.

La presidenta de la Asociación Funcionarios, Alicia del Basto confesó que los cambios que se han realizado en los últimos años para mejorar la infraestructura de los centros no son adecuados para su función. “Ahora tenemos centros que no cumple con la orientación de integración social. Hablamos de espacio reducido y muros altos, se parecen más a prisiones y deberían ser escuelas de formación”, graficó.

Respecto a la necesidad de una nueva institucionalidad, la dirigente reconoció que “dividir en dos departamentos el organismo (de Protección de Derechos y de Justicia Juvenil) ha servido, pero creemos que deben hacerse cambios más de fondo (…) La mayor parte de los problemas descansan en la precariedad del sistema. Todos los centros tienen déficit de personal administrativo, profesional y médico. Además no hay espacio para tantos niños, lo que genera hacinamiento. Necesitamos que se creen más centros de administración directa y se construyan lugares de acogida en cada región para evitar complejos traslados”.

Finalmente, del Basto culpó a saliente dirección del actual caos institucional junto con cuestionar la denominación de Hugo Herrera. “Todo indica que se hacen nombramiento considerando criterios políticos pero no técnicos”, aseguró.

El líder de la Anfur, Rubén Munizaga explicó que “no tenemos capacidad de atender a niños con trastornos siquiátricos, sin embargo, la mayoría de los menores que tenemos tienen alguna patología asociada, El problema es que el Ministerio de Salud no se hace cargo de esto”.

El dirigente comentó que “muchos niños que no tienen trastornos siquiátricos terminan con uno porque debido al hacinamiento, debe relacionarse con aquellos que sí están enfermos. El 70% de los pequeños que tenemos requiere sicofármacos, y un 10% de ellos internación”.

En la misma línea, el presidente de Antrase, Walter Arancibia aclaró que “los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) fueron creados para atender a niños altamente complejos, sin embargo muchos no cumplen con ese perfil y los recibimos porque los Juzgados de Familia los mandan. Los jueces insisten en que los Cread sean la puerta de entrada al sistema y así no podemos cumplir con nuestra función específica”.

“190 mil niños ingresaron al sistema de protección el 2014, de los cuales poco más de 3 mil fueron derivados a nuestros centros. En rigor, ni siquiera la mitad debía ingresar a un Cread. Ellos deberían ir a los centros de protección simple. La realidad es dura, hay dos educadores por casa y en cada una hay en promedio 30 niños. Un profesional para esa misma proporción es poquísimo, así es imposible que se puedan hacer las intervenciones en forma adecuada. Cada niño debería tener a lo menos, 2 sesiones semanales”, describió.

El recién asumido director del organismo, reconoció el difícil momento que vive la institución.  “Es importante cambiar la visión que hemos tenido del infancia. En los últimos 15 años hemos observado una pugna de poderes del Estado que no ha logrado solucionar la falta de medios para funcionar”, reconoció.

“Desde que conocimos las recomendaciones que hizo la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, hemos introducido varios cambios en materia de gestión y mejoras al recurso humano”, comentó junto con destacar el rol que cumplen una serie de fundaciones y entidades que están a cargo de centros de acogida.