Indicaciones de proyecto de identidad de género: Comisión de DD.HH. estudia procedimiento judicial de solicitud

¿Cómo formalizar la solicitud de cambio de sexo? Esa pregunta han buscado dilucidar los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, en el marco del estudio de las indicaciones al proyecto que reconoce y da protección al derecho de identidad de género.

La norma en primer trámite, está siendo estudiada por dicha instancia, la que en su última sesión se abocó a analizar dos opciones de procedimiento judicial: que la solicitud la reciba el juez y proceda a concederla por ese solo hecho; o que el trámite implique datos adicionales.

La presidenta de la Comisión, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe admitió ser partidaria de la segunda alternativa. “Creo que debe ser un trámite más complejo, por ejemplo, donde se pidan datos del solicitante al Registro Civil y de Identificación o la PDI. No es algo trivial pedir un cambio de sexo, ello implica cambiar el nombre y la identidad de una persona, y puede ser usado para evadir a la justicia”, explicó.

En ese sentido, hizo ver que muchas personas podrían tener causas judiciales pendientes o figurar con matrimonios vigentes. “Creo que si el solicitante está casado, su cónyuge debería enterarse de esta solicitud. Además hay una serie de consideraciones patrimoniales que podrían surgir. No es un tema fácil”, aclaró.

Otra materia tratada en la sesión fue la iniciativa, en segundo trámite, que otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado (Boletín N° 10.196-17).

En este caso, los legisladores comenzaron el estudio de las ideas matrices. Para hacerse un marco de esta propuesta del Ejecutivo, los senadores escucharon al dirigente de la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos, David Quintana, quien entregó detalles de las demandas que le han hecho al Gobierno, asegurando que el proyecto va en la línea del acuerdo establecido entre las partes.

Cabe consignar que el 23 de mayo pasado, el Gobierno junto a representantes de las víctimas de prisión política y tortura llegaron a un acuerdo luego que estos últimos realizaran una serie de huelgas en las diversas comunas del país.

“El proyecto establece el pago de una vez, de un millón de pesos. Esto es algo de justicia. No estamos pidiendo una limosna. Recordemos que Chile ha ratificado varias veces la resolución de la ONU 60/147 de 2005 que establece que es deber de los Estados reparar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad”, recordó David Quintana haciendo ver que otra de las demandas es recibir una pensión que se iguale con la que reciben los afectados contemplados en la comisión Rettig.

Al respecto, la senadora Van Rysselberghe explicó que la Subsecretaria general de la Presidencia, Patricia Silva explicó en términos generales el proyecto. “En las próximas semanas, vamos a invitar a más actores implicados. Ahora, por lo que entendí, este dinero sería cancelado una vez, pero formaría parte de un monto mayor que no se ha definido”, aseguró.

Por su parte, el senador Rabindranath Quinteros empatizó con los afectados manifestando que “el Estado tiene una deuda histórica con ellos y creo que llegó el momento de saldarla”. A su parecer, “lo más conveniente es que el Gobierno ponga suma urgencia a este tema aunque sabemos que ningún dinero va a compensar el daño causado, tanto en lo físico como sicológico”.