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Comisión de Economía analiza junto a expertos mensaje que sanciona la colusión con cárcel efectiva

El lunes 21 se desarrollará la última sesión de audiencias, tras lo cual debería votarse la idea de legislar. Hasta ahora se ha debatido intensamente sobre lo complejo que resulta hacer complementario el juicio antimonopolio con el penal.

17 de diciembre de 2015

Imagen foto_00000028A analizar las nuevas atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y evaluar la conveniencia de la criminalizar los ilícitos ligados a la colusión, estuvieron abocados los integrantes de la Comisión de Economía en la última sesión.

 

Cabe recordar que los legisladores se encuentran estudiando las ideas matrices del mensaje que fija normas para la defensa de la libre competencia. En ese entendido recibieron al Fiscal Nacional Económico, Mario Ybar; al ex ministro titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Radoslav Depolo; y al académico Renzo Arata.

 

El presidente de la Comisión, el senador Eugenio Tuma comentó que el próximo lunes 21 de diciembre se procederá a terminar con las audiencias, tras lo cual se votaría la propuesta en segundo trámite.

 

“Tuvimos una interesante sesión en que no solo hablamos de las multas y penalizaciones que tendrían los infractores; sino también profundizamos en un tema central que es la concentración del mercado. No puede ser que tres empresas manejen la telefonía; tres el 85% de los supermercados; dos el sector papeles y detergentes; uno los combustibles; y cuatro el 70% del movimiento bancario”, sostuvo.

 

Por su parte, la senadora Lily Pérez San Martín valoró la exposición de los académicos, destacando que “es vital establecer reglas claras para defender la libre competencia, puesto que su principal enemigo es la colusión”. En cuanto a la libertad económica que defiende, aseguró que “se necesita un Estado más regulador, no uno más grande o invasivo. No son sinónimos estos términos. Deben haber sanciones inolvidables que generen real disuasión”.

 

“Las multas no son un real desincentivo. Los profesores apuntaron a incrementar la cuantía de éstas tal como se hace en Estados Unidos y Europa. La penalización es discutible pero estamos de acuerdo con sancionar e incentivar la delación compensada”, añadió.

 

DELACIÓN COMPENSADA

 

El ex ministro titular del TDLC, Radoslav Depolo se mostró a favor de la iniciativa, pero aclaró que “hay que revisar su mecánica interna y qué problemas podrían generar”.

 

Comenzó planteando que “soy partidario de que se mantenga la forma de elegir al presidente del tribunal que hoy surge de una quina de la Corte Suprema a partir de la cual, la Presidenta decide. El proyecto plantea que el presidente sea designado por los miembros de esta instancia por mayoría simple. Creo que eso puede generar rivalidades”.

 

“Me parece adecuado que se establezca ahora dedicación exclusiva para los integrantes del tribunal, puesto que se evitan conflictos de interés”, añadió.

 

En relación a la delación compensada, hizo ver que “el instrumento beneficia al primero y segundo en cuanto al juicio por la libre competencia; pero en lo penal solo el primero estaría resguardado. Esto genera incoherencia porque el incentivo de ser segundo puede producir que la gente se cierre mucho más a denunciar o se genere una apuesta a llegar primero. Pienso que podrían darse beneficios al segundo como atenuantes, todo pensando en la posibilidad de obtener información”.

 

Depolo también aseguró que “el FNE pasa de ser un ente poderoso a uno super poderoso. Esto no me parece mal pero creo que debe haber algún grado de compensación interna dentro de la fiscalía. Por ejemplo en otros países el organismo fiscalizador tiene un cuerpo investigativo distinto que toma la decisión más un consejo asesor externo”.

 

Finalmente, confesó que “respecto al acceso al expediente de investigación que elabora la FNE, el Ministerio Público debería acceder a él con ciertos cuidados. Creo que el ministerio debería elaborar sus propios antecedentes. Ojo que esta materia la está viendo el Tribunal Constitucional (TC)”.

 

“VACÍO NORMATIVO”

 

Por su parte el profesor Arata reconoció que “actualmente existe un vacío normativo entre la ley antimonopolio y la del consumidor. Hoy cuando ya hay sentencia ejecutoriada en el TDLC, recién los consumidores pueden ejercer acciones individuales en procedimiento sumario”.

 

Así planteó que “la protección antimonopolio va por la vía pública administrativa, mientras que los directos afectados deben esperar años en los tribunales ordinarios. Esto es indefensión. En esto el proyecto avanza mucho y me parece adecuado. Terminado el procedimiento antimonopolio, el Sernac, las asociaciones o grupos de éstos, podrán poner acciones colectivas. Vemos que cambia el paradigma de protección”.

 

“El artículo 30 con las modificaciones de la Cámara Baja establece que las acciones individuales van a ser conocidas por el TDLC pero las de clase, serán de competencia de los tribunales ordinarios. Pienso que ambas acciones deben estar radicadas en el mismo tribunal”, comentó.

 

En cuanto a las multas, Arata aseguró que actualmente no son disuasivas, por lo que los cambios que se proponen serían los adecuados. “El piso de las multas debe ser el beneficio económico obtenido durante la colusión. Los montos son acertados como también la forma. Soy partidario de establecer el techo en el doble del beneficio económico obtenido con el tope del 30% de las ventas”.

 

Finalmente respecto a técnica legislativa insistió en que “no creo que haya que criminalizar este ilícito porque las multas serán suficientes para actuar como disuasivo”. Planteó que la cárcel efectiva generará problemas con la delación compensada, así relató que “en Inglaterra donde hay una norma como la que se propone, en 10 años solo se ha encarcelado a 4 ejecutivos”.

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