Comisión de Economía aprueba norma que garantiza pago oportuno a las pymes

En condiciones de ser visto por la Sala, quedó el proyecto que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas, más conocido como “pronto pago”.

Esto luego que los integrantes de la Comisión de Economía aprobaran el texto en general y particular, luego de escuchar las observaciones que realizó el Ejecutivo a la norma, en voz del Subsecretario de Economía, Alejandro Micco.

Al respecto, el senador Eugenio Tuma explicó que “el objetivo del proyecto es enfrentar la asimetría y la falta de transparencia que existe en el mercado respecto a la determinación de los plazos de pago en las transacciones comerciales”.

Adicionalmente, aclaró que con la norma, se busca impedir plazos de pago excesivos que afectan la liquidez de las empresas, y a su vez, proporcionar certezas a las compañías proveedoras de bienes y servicios a la hora de la organización de su contabilidad y la proyección de su escalamiento productivo.

“Con esta iniciativa queremos terminar con la mala práctica de diferir el pago a proveedores. Las grandes empresas no pueden seguir obteniendo su liquidez a costa del capital de trabajo de sus proveedores, es una conducta abusiva que hay que terminar”, aseguró el integrante de la Comisión.

Cabe recordar que el proyecto estipula como plazo máximo 60 días para cancelar y a contar del día siguiente, se cobran intereses a las empresas que no cumplan con lo pactado. Para la venta de alimentos frescos y perecederos, se establece que el plazo no se podrá exceder de los 30 días contados a partir de la fecha de entrega.

Si las grandes empresas no pagan en el plazo convenido tendrán que cancelar el interés máximo convencional, “porque es el costo del dinero que las pequeñas empresas deben cancelar al sistema financiero a través de crédito para seguir operando mientras les pagan sus productos o servicios”, explicó el senador Tuma.

El proyecto conocido como “pronto pago” establece que la ley entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, salvo respecto de los contratos de compraventa y prestación de servicios que se celebren por el Ministerio de Salud (Minsal) y sus organismos y servicios dependientes y las Municipalidades en calidad de compradores.

A su vez, los legisladores recibieron al presidente ejecutivo de la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo), en el marco del estudio de las ideas matrices del proyecto que extiende a dos años la garantía de los bienes durables, el que cursa su primer trámite (Boletín N° 10.452-03).

Los legisladores tras escuchar las impresiones del especialista, aprobaron la idea de legislar, por lo que esta normativa también se encuentra en condiciones de ser vista por la Sala en una próxima sesión ordinaria.

Pickering se mostró a favor de ampliar la garantía legal de 3 meses, pero cuestionó que deba extenderse a dos años. “Nuestros productos, Smartphone, básicamente de gama alta y baja, tiene una obsolescencia rápida considerando que el desarrollo tecnológico genera nuevos modelos cada 6 meses”, explicó.

“Creemos que fijar en dos años esa garantía es excesivo, de hecho nuestros clientes cambian su teléfono en ese lapso, en promedio. Me comprometo a entregar una propuesta respecto a cuánto tiempo debería durar una garantía en este tipo de aparatos. Le consultaremos a nuestros técnicos”, hizo ver.

Al respecto, los senadores coincidieron con el ejecutivo en cuanto a la necesidad de establecer condiciones de garantía especiales cuando se trate de Smartphone, especialmente los de baja gama que suelen fallar dentro del año.

El senador Tuma se mostró preocupado respecto a que fijar un plazo más breve implique un alza en los valores de estos dispositivos. “Me imagino que esto tendrá un impacto en el consumidor considerando que cambiar las reglas del juego implicará hacer modificaciones tecnológicas”, indicó.

Por su parte, el senador Jorge Pizarro consultó por la segmentación de este mercado en cuanto a la venta de Smartphone de baja y alta gama, considerando los abonados a través de un contrato y los llamados planes de prepago.

A su vez, el senador Iván Moreira insistió en que la idea es “no rigidizar a la industria, sino más bien asegurar a los consumidores que sus derechos a contar con un producto de buena calidad van a ser respetados, pero a la vez, dar la posibilidad a este sector a plantear plazos de garantías de acuerdo a sus particularidades”.